More share buttons
Comparta este artículo








Enviar

R186/2022

Comparta este artículo








Enviar

Petición de información planteada al Ayuntamiento de Teguise acerca de la iniciativa popular “La Graciosa, la octava isla”| Estimatoria

Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Teguise relativa a la iniciativa popular “La Graciosa, la octava isla” (19-VII-2022)

Comparta este artículo








Enviar

Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo, vuelve al Parlamento de Canarias con la conferencia “Inteligencia artificial y proceso penal: ¿hacia una justicia robótica?”

Comparta este artículo








Enviar

Dentro de los actos conmemorativos del 40º aniversario del parlamentarismo en Canarias, que pretenden poner en valor estas cuatro décadas de actividad de la Cámara autonómica, se impartirá la conferencia “Inteligencia artificial y proceso penal: ¿hacia una justicia robótica?” este lunes día 6 de junio a las 18:30 horas en la sede del Parlamento de Canarias. La conferencia será impartida por D. Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien ya en 2017 ofreció otra conferencia titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal».

En 2017 Manuel Marchena impartió en el Parlamento de Canarias la conferencia titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal».

Transcripción de la conferencia «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal»

La transcripción de esta conferencia de Manuel Marchena en 2017 comienza después de la introducción y presentación de la conferencia, en la que intervienen la entonces presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. 

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo:

Bueno, ya saben que a mí me ha tocado hablar de lo que es la influencia de las nuevas tecnologías en el proceso penal. Yo les anticipo una primera premisa metodológica. Ya saben ustedes que la Constitución Española reconoce la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, entonces yo creo que sería inhumano que yo me extendiera muchísimo en una intervención de estas características un viernes por la mañana. No seria degradante porque ustedes tienen una dignidad que yo no puedo degradar, pero si sería inhumano. En consecuencia, yo les invito, como siempre que intervengo en un acto de esta naturaleza, a que hagan ejercicio de esos derechos no declarados pero que son connaturales a cualquier jurista y, por supuesto, connaturales a cualquier asistente a un evento de estas características. El primero de ellos es el derecho a la deserción, es decir, cuando ustedes estén aburridos no duden en coger el teléfono móvil, hacer como que le llaman y marchar. Incluso, si no necesitan la cuartada del teléfono móvil ustedes no se molesten, que yo no me siento perturbado, sino al revés, digo hombre es probable que yo a estas alturas ya hubiera hecho lo mismo. Y luego por otro lado, no dejen de ejercer su sagrado derecho a la desconexión. ¿En qué consiste el derecho a la desconexión? Pues consiste en aparentar que uno no está atento y en realidad estar pensando en sus propias cosas y en sus propios problemas, estos son derechos legítimos y yo creo que, en alguna reforma futura del Estatuto de Autonomía, si seguimos por la línea de incorporar una carta de derechos, pues podríamos incorporar también estas dos ideas claves: derecho a la desconexión y derecho a la deserción.

Dicho esto, ¿por qué es importante hacer unas reflexiones que lo que buscan sobre todo es transmitirles a ustedes mis dudas? Porque, aunque les parezca mentira, yo estoy inmerso en un mar de dudas, porque todo lo que está relacionado con la investigación de las nuevas tecnologías, la investigación penal basándose en las nuevas tecnologías, es algo que efectivamente, lo que suscita son muchísimos interrogantes.

Miren, en la exposición de motivos de la reforma que se hizo recientemente de la Ley Orgánica 13/2015 hay una frase que a mí me parece que es una frase antológica. Dice “la Ley de enjuiciamiento criminal no ha podido sustraerse al paso del tiempo”. Y es que es verdad. Quienes han podido bucear en la Ley de enjuiciamiento criminal se darán cuenta que ese Ministro de Justicia, que tenía nombre de estación de metro madrileño, que es don Manuel Alonso Martínez, la estación de Alonso Martínez, de ahí en la plaza de Alonso Martínez; pues este hombre, el tipo de delincuente en el que pensaba era en el asesino, el asesino que normalmente por un problema de tierras de lindes cogía un día la hoz, un hacha, y se la clavaba a su vecino colindante para arreglar un problema que se había perpetuado incluso por generaciones. Alonso Martínez pensaba en ese tipo de delincuentes. Si ustedes ven las pruebas periciales, la autopsia, todo esta pensando en una delincuencia violenta, en una delincuencia casi casi de persona física a persona física y en otro tipo de atentados contra el patrimonio, robos, hurtos, y todo eso estaba regulado de una manera que inspiraba ese sentido decimonónico de esa regulación, pero que en cualquier caso era un instrumento eficaz para lo que entonces había que investigar. El problema cuál es, pues el problema fundamental que se plantea ahora es que internet ha supuesto una sacudida conceptual a la tranquilidad de los juristas en el principio de territorialidad, en el anonimato con el que muchas ocasiones se comenten delitos amparados en la red, en una forma de comunicación personal de intercomunicación que eran inimaginables con el paso del tiempo y esto ha provocado que falten instrumentos legales, que falten instrumentos jurídicos porque los que teníamos eran manifiestamente insuficientes.

Fíjense, ustedes tienen que pensar, que hasta el año 1988, 1988, la Ley de enjuiciamiento criminal no usaba la palabra “teléfono”, contemplaba otro tipo de comunicaciones, las comunicaciones telegráficas y telefónicas, y estas eran las que en un momento determinado el legislador consideraba que había que interceptar porque en ocasiones los delincuentes se comunicaban por teléfono o por telegrama.

Fíjense, yo recuerdo hace mucho tiempo dando una clase de derecho procesal en la Autónoma y cuando explicaba esto recuerdo que pedí entre los alumnos si algún de ellos había escrito alguna vez una carta. Eran jóvenes de 18- 19 años y la verdad es que se miraron todos entre ellos buscando a alguien que hubiera escrito alguna vez una carta. Bueno, pero cuando les hablo de una carta quiero decir un sobre, un folio, un sello, que vamos al buzón… y la verdad que no había nadie. Bueno, pero al fondo levanto la mano una chica que yo creo que su mirada soñadora ya reflejaba bien a las claras qué tipo de carta, que hasta podrían ser perfumadas, por la sonrisa con la que ella reconoció antes sus compañeros “yo escribo cartas”. Yo les aseguro que esta chica, a partir de entonces, se convirtió un poco en la friki de la promoción porque era la que escribía cartas y allí todo el mundo como se comunicaba era por WhatsApp, por teléfono, por teléfono móvil, por mensajería instantánea, que si Facebook que sin Instagram…, en fin. Claro, dije a continuación, “oigan y quién ha escrito alguna vez un telegrama”, yo les aseguro que ya no estaban buscando a la friki, estaban buscando al extraterrestre. O sea, a ver quien era el alumno de la universidad autónoma que había escrito un telegrama y les aseguro que nadie había escrito un telegrama.

¿Cuál es el problema fundamental? pues que las comunicaciones postales y las comunicaciones telegráficas eran las únicas que hasta el año 1988 contemplaba la Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que España estaba haciendo algo que no dejaba de ser una extravagancia, los jueces estaban acordando, los jueces de instrucción, intercepciones telefónicas con la cobertura analógica que le daba, “hombre el teléfono se parece a la carta, hombre, también se parece en algo al telegrama…”, luego, si el legislador nos permite interceptar telegramas y cartas, por qué no vamos a interceptar teléfonos. Claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ya a España en varias ocasiones, pero yo creo que el Tribunal Europeo ya con los españoles ha dicho “con los españoles no hay quien pueda”, porque teníamos varias condenas, se hizo una ley, esa ley que yo les acabo de comentar, la Ley Orgánica 4/1988, que introdujo un párrafo en el articulo 579 y que decía en el mismo lugar en el que se admitía la posibilidad de intervenir las comunicaciones postales y telegráficas añadía que también se podrá interceptar las comunicaciones telefónicas por un periodo de tres meses prorrogables por iguales periodos y se añadía algo especializado respecto de los casos en los que se tratara de una investigación por delitos de terrorismo.

Bueno, ¿el problema cuál es? Hasta hace unos pocos años -y les voy a indicar los hitos que en mi opinión han sido determinantes de que todo haya cambiado-, hasta hace muy poco, ese 579, ese artículo 579, que era de un laconismo absoluto, porque ese precepto, repito, decía “se puede intervenir el teléfono, se puede intervenir las comunicaciones telegráficas y también se pueden intervenir las comunicaciones postales”. Claro, cuando surge la necesidad de intervenir un correo electrónico, el primer juez de instrucción que está antes este interrogante pues yo creo que la cuestión que se planteaba era “oye, ¿se puede intervenir un correo electrónico?, alguno le diría “pues claro, se puede intervenir un telegrama, se puede intervenir una carta, se puede intervenir un teléfono, pues claro que se puede intervenir el correo electrónico”. Claro, inmediatamente la duda surgiría: “pero el correo electrónico, ¿qué es? ¿Es más correo que electrónico o es más electrónico que correo?” porque si es correo tengo que mirar las regulaciones de las comunicaciones postales, pero si es electrónico quizás se parezca más a las comunicaciones telefónicas.

Bueno, al final el problema que teníamos era que en España estaba en manos de la imaginación y de la sensibilidad democrática de cada juez de instrucción la duración, los límites, el tipo de delito por el que se podía acordar estas interceptaciones telefónicas… En consecuencia, el problema era ya un problema inaplazable, pero, ¿qué es lo que ha determinado que se haya desencadenado esa reforma?, que también está planteando algunos problemas, pero que por lo menos ya nos ha dado una cobertura a partir del año 2015. Pues miren, han sido dos sentencias muy claras y muy concretas. La primera sentencia es una sentencia del Tribunal Constitucional que es la sentencia 145/2014, esta sentencia, la sentencia 145/2014, contempla un supuesto especialmente llamativo y del que es probable que ustedes escucharan algo, incluso algunos, estoy seguro de que habrán leído la sentencia. Este supuesto es el siguiente. Se investigaba un asesinato. El sospechoso, el principal sospechoso según la policía, era un ciudadano que no había o no quería declarar, ni ante la policía ni ante el juez de instrucción. Entonces la policía le sugiere al juez de instrucción colocar un micrófono en el calabozo, en el calabozo, allí oculto un micrófono para permitir captar las comunicaciones entre ese sospechoso y otros detenidos el mismo día y alguno de ellos que podía incluso tener algún género de complicidad. ¿Qué es lo que sucede?, que efectivamente se obtienen unas conversaciones, y a raíz de ese material probatorio este ciudadano es condenado por un delito de asesinato.

 

Resulta que la Audiencia provincial que ha dictado esta sentencia condenatoria conoce la interposición de un recurso que eleva al Tribunal Supremo porque el afectado decía, “oiga, esa interceptación que usted ha hecho mediante un micrófono no está contemplada en la Ley, usted no ha tenido aquí otra cobertura jurídica que la imaginación del juez de instrucción, usted no puede interceptar lo que yo hablo con otra persona mientras estoy en el calabozo”. ¿Qué es lo que le dijimos en el Tribunal Supremo? Dijimos “mire, no es algo tan extraño a la Ley, porque la Ley General Penitenciaria regula las comunicaciones entre el interno, incluso ante su propio letrado. Se puede. Hay una referencia normativa que nos da un cuadro que más o menos puede adaptarse a este supuesto concreto. Esto contó con autorización judicial y en definitiva esa interceptación es válida.

Bueno llegó el Tribunal Supremo y en esa sentencia 145/2014, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Dice: “mire, evidentemente se puede interceptar un teléfono, evidentemente se puede colocar un micrófono en unas dependencias judiciales, pero ¿sabe usted qué es lo que pasa? Que para colocar in micrófono en unas dependencias policiales no basta con el artículo 579, no basta con lo que dijo Alonso Martínez y lo que añadió el legislador en 1988. Eso implica una vulneración tan directa de los derechos fundamentales que eso tiene que tener una cobertura normativa. Tiene que tener un reflejo legal que en esas fechas no tenía. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es otorgar el amparo y declarar la ilicitud por falta de cobertura normativa de esa conversación y de los elementos que arrojaba desde el punto de vista probatorio. Para su tranquilidad, aunque sé que están muy tranquilos, pero si alguno estaba intranquilo y dice “oye, ¿y salió absuelto el asesino? No, porque el Tribunal Constitucional decía que, pese a todo, aún suprimiendo mentalmente esas conversaciones, había elementos de prueba sobrados para proclamar y respaldar el juicio de autoría. Entonces esta sentencia fue una llamada de atención sobre que faltaba algo en el derecho español. Necesitábamos una cobertura normativa y ustedes verán el efecto que tuvo esta sentencia y lo habrán visto, insisto, algunos incluso es posible que hayan leído la sentencia, pero esto lo habían visto hasta en la tele, porque inmediatamente a raíz de esa sentencia, al menso 40 jueces de instrucción en España dieron un paso al frente y declararon la nulidad de diligencias que ellos habían acordado de colocación de un micrófono. Y uno de los casos es el que todos ustedes vieron, el de la sospecha de asesinato de una niña oriental por sus padres adoptivos, que Antena 3 sacó en televisión la conversación grabada en el calabozo entre el padre y la madre. Pues fíjense, ese juez de instrucción tuvo que declarar nula esa conversación y a partir de ahí, seguir una instrucción que ya no podía basarse en esos elementos, en esos elementos de prueba.

 

Claro, el legislador tuvo que decir, “oye que hay investigaciones en marcha de una especial seriedad y podemos encontrarnos con este problema”. Pero ustedes dirán, “bueno, era una sentencia del Constitucional, fueron solo 40 jueces de instrucción, ni más ni menos, lo que se vieron afectados…”.

Fíjense en la Audiencia Nacional, que brillantemente preside nuestro querido José Ramón Navarro, pues declaró también la nulidad de unas conversaciones que se habían obtenido colocando un micrófono en el coche de la principal responsable, era una chica, de la principal responsable del narcotráfico. Esta chica como ya tenía antecedentes penales y sabía que su primera condena había venido como consecuencia de las conversaciones telefónicas ¿qué dijo? “Yo no hablo, no hablo por teléfono”, y como la policía sabía que no hablaba por teléfono le dijeron al juez “mire, la única forma es colocarle un micrófono en el coche” y eso fue lo que permitió desarticular una de las más importantes bandas de narcotráfico, era fundamentalmente de hachís, en España. Bueno, pues aquí, sin embargo, no había otros elementos colaterales, otros elementos corroboradores y esto provocó la absolución de esta mujer por falta de cobertura normativa. Pero dentro de la zozobra o la inquietud que podía haber en relación con esta situación, resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese que vemos en Luxemburgo, distinto del de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que vemos con cierta lejanía, pero que cada vez está teniendo más influencia en la configuración de eso que se ha llamado una lectura del proceso penal, acomodado a los principios de la Unión, de la Carta de Derechos, etc., etc.… dictó una sentencia que estremeció los pilares de la investigación penal. Es la sentencia de 8 de abril de 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa sentencia de 8 de abril de 2014, declara, ni más ni menos, que la nulidad radical y absoluta de una directiva, la Directiva 24/2006. Y ustedes se estarán planteando, si no plantean tampoco importa, eh, pero imaginen que algunos se han planteado, “¿y a nosotros qué nos afecta una directiva?”. Bueno, pues que se haya declarado nula esa directiva, pues sí, amigos, sí nos afecta y de una manera directísima. ¿Por qué? Porque esa directiva había sido pactada en la Unión Europea como consecuencia de los gravísimos atentados de España y de Londres del 11M, a raíz precisamente de la amenaza del terrorismo yihadista. Entonces en ese momento, se había impuesto en esa directiva el deber de todas las operadoras de reservar los datos derivados de la comunicación por telefonía móvil y todos los datos referidos, datos electrónicos, referidos a la incorporación a un sistema público de telecomunicaciones. Todos los datos que ustedes generan, todos los datos que cada uno de nosotros genera, había una obligación legal de reservarlos durante un determinado periodo de tiempo, que iba entre 6 meses y 2 años. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que en España había salido una ley, que era la Ley 25/2007, que era la ley de transposición de esa directiva y que obligaba a Telefónica, a Yoigo, a Orange…, en fin, a todas y cada una de las operadoras a retener durante un periodo de tiempo los datos que nosotros reflejamos a partir del uso de las nuevas tecnologías.

Fíjense, que el problema fundamental radica en que hay ocasiones, y ha habido asuntos muy mediáticos en que así ha sucedido, en que ya no nos interesa tanto desde el punto de vista de la investigación qué es lo que dicen dos personas por teléfono, sino desde dónde lo dicen, a qué hora lo dicen…, por seguir con ejemplos de laboratorio ya resueltos en sentencia firme, les puedo plantear el caso, por ejemplo, del padre condenado por haber asesinado a sus dos niños en Córdoba. Lo recordarán ustedes. Bueno, pues el dato clave desde la perspectiva de la valoración de la prueba de cargo era, ni más ni menos, el dato de geolocalización. Este señor decía que estaba en el parque cuando no estaba en el parque. Este señor decía que no estaba en el lugar en el que aparecieron los cadáveres cuando su teléfono móvil indicaba que estaba en el lugar en el que aparecieron los cadáveres de los niños. Entonces, ¿el problema cuál es? Que, a la policía, a los jueces de instrucción, a los fiscales, les interesa enormemente saber no solo con quién te comunicas o qué le dices, sino, sobre todo, desde dónde llamas.

Fíjense, hay un supuesto que debería provocar la reflexión de todos nosotros, que es el que se ha dado, parece que esta muy lejos, pero no es tanto, como consecuencia de algunos de los movimientos secesionistas en alguna de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Fíjense, algo así como 6000 o 7000 personas recibieron una notificación de una sanción por infracción de la norma que regula el derecho de reunión y manifestación por haberse manifestado a favor de la independencia de Ucrania entre las 16:00 y las 18:00 de la tarde en la manifestación convocada por el partido tal. La pregunta que se hacia el ciudadano de Ucrania que había recibido esa notificación es “¿y cómo saben que yo estaba en esa manifestación?, ah, claro, serán las fotos”. No, se pidió los datos de localización a las proveedoras de servicio y se dijo “mire, todo el que esté entre las 16:00 y las 18:00 de la tarde en la calle principal- y fíjense, con un margen de exclusión de las aceras para evitar incriminar a los ciudadanos que no estaban ocupando la vía, sino que estaban exclusivamente paseando por las aceras-. Bueno, pues 4000 o 5000 personas, o 6000, depende de las fuentes que cada uno lea, fueron condenados desde el punto de vista administrativo con fundamento en sus datos de geolocalización. Consecuencia, nosotros cada vez que usamos el teléfono móvil estamos reflejando una radiografía virtual de dónde estamos. Miren, ahora Movistar sabe perfectamente por sus datos de localización, aunque ustedes tengan desactivados los datos de geolocalización, que están en el Parlamento de Canarias aburriéndose, escuchando una conferencia, lo saben porque lo determina con un margen de error de 12 cm. Lo saben perfectamente. ¿Y qué sucede? “no bueno, yo en realidad lo que voy a hacer es apagar el móvil”. “No, yo lo que voy a hacer es…”. Mire, es que, si usted quiere usar un teléfono móvil a través de las antenas BT, es el cruce para que funcione el teléfono móvil, exige la localización. Y además esa localización es indispensable para la facturación, porque no es lo mismo para Telefónica que ustedes se estén aburriendo en el Parlamento de Canarias a que estén en Australia y estén mandando una foto a cualquier amigo a través de datos. Evidentemente, la geolocalización es clave.

Bueno, pues, imaginen cómo afectaba esto al ciudadano español, pues evidentemente de una manera clarísima. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara la nulidad de la Directiva 24/2006 y nosotros tenemos una ley de transposición a la que le falta la percha. Ustedes piensen por un momento todas las investigaciones que están en marcha n las que en un momento determinado se dice “mire, es que esto no tenía cobertura normativa porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que una directiva que imponga de manera indiscriminada, generalizada, la obligación de convertir a todos los ciudadanos en sospechosos potenciales de un delito es una legislación contraria a los principios de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Esto es así. Entonces, ¿el problema cuál es? Que hay una ley española que, en transposición de esa directiva, está obligando a que las operadoras retengan esos datos, no las conversaciones, ojo, con quién se han llamado y desde dónde han llamado. Además de otro tipo de datos relacionados con correo electrónico, etc., etc., dirección IP y demás.

Bien, el problema, para tranquilidad de unos y, en fin, para escandalo de otros, depende del perfil con el que uno valore este hecho. Podría tener una solución porque se decía “mire, a nosotros no nos afecta” “¿Por qué no nos afecta esa declaración de nulidad de la directiva? porque nosotros tenemos una ley de transposición, que era le ley 25/2007, que no cae en los errores que la directiva sí incurría y que han determinado la nulidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿qué es lo que vino a decir?: “Ustedes no pueden convertir en sospechosos potenciales a todos los ciudadanos de la Unión, para empezar. En consecuencia, si usted quiere conservar los datos, primero, fije una autoridad judicial o independiente que determine quién puede acceder y con qué garantía a esos datos; segundo, fije además qué tipo de delitos se pueden perseguir o se pueden investigar con la interceptación de estos datos, solo delitos graves, delitos menos graves… esto hay que fijarlo normativamente; y además respete, por ejemplo, algunas conversaciones que están amparada en el secreto profesional. A nadie le interesa saber que un abogado ha hablado con su cliente 12 veces esta mañana. Bueno, pues ¿Cuál era la ventaja que tenía nuestra ley? Pues nuestra ley, al menos en mi opinión, daba una respuesta a esa preocupación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque imponía la autorización judicial. Además, imponía que fuera para la investigación de delitos graves y además exigía que solamente tuvieran acceso a esos datos lo que llamaban los agentes facultados, que era básicamente el CNI, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el servicio de vigilancia aduanera. Luego ha habido un momento en el que todo hemos dicho, “esto no va a conducir al desastre de la impunidad de muchos delitos como consecuencia de esa sentencia que ha privado de la percha que tenía la ley nuestra, 25/2007”. Pero estábamos tan tranquilos y de repente, el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a una cuestión prejudicial planteada por un juez sueco y un juez del Reino Unido que les hace, a ese tribunal, la misma pregunta que nos estábamos haciendo nosotros y que yo les estaba transmitiendo, “oiga, yo tenía aquí una ley de retención de datos, ¿cómo le afecta la declaración de nulidad?”. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016, hace nada, vuelve a insistir en la idea de que no caben las prospecciones y el archivo puramente prospectivo de los datos derivados de la telefonía que convierta en sospechosos a todos y cada uno de los ciudadanos.

Claro, el problema es que las soluciones que dábamos entonces… “hombre, no, la ley 25/2007 añadía cosas a la directiva…”. Ahora con esta segunda sentencia hay ya sectores de la doctrina, incluso de la propia práctica judicial, que están reclamando una urgentísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar, no ya un recurso al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, no, no, no, si no hace falta eso, mañana el juez de Icod de los Vinos presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y él solo, con independencia de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con independencia de lo que diga la Audiencia Provincial y con independencia de lo que diga el Tribunal Supremo, puede obtener una sentencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga lo que ha dicho para la legislación del Reino Unido y la legislación sueca. Yo les aseguro que es positivo que se hayan activado las alarmas, pero a mí me da la impresión de que en España todavía el exceso de garantismo, para algunos, que supuso la Ley 25/2007, éramos el único país europeo, -o de los pocos, en fin, no digo el único, porque quizás cometo un error-, de los pocos países europeos que exigían autorización judicial para la sesión de esos datos. En el resto de los países bastaba que la policía lo pidiera o el Ministerio Fiscal lo pidiera. Bueno, pues fíjense, eso, esa decisión judicial que fue entonces criticada por su garantismo es lo que puede salvar la Ley ahora frente a lo que constituye el desenlace para otros estados miembros. Bien, entonces yo les quiero decir, y voy a ser una aproximación casi casi telegráfica a las novedades mas importantes, les quiero señalar lo siguiente. Fíjense, yo creo que es muy positivo que ya el viejo artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se haya convertido en un precepto al que acompañan otros muchos preceptos que son los que integran los artículos 588 bis, 588 ter, quater, quinquies, sexies, octies… que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal está creciendo en horizontal, con excrecencias a través de una numeración que es, -siempre me acuerdo de los pobres opositores-, lo difícil que es acordarse de un artículo pues imaginen el 588 ter J y ya si tienes que decir el párrafo segundo pues entonces ya es de mérito.

En cualquier caso, ¿cuáles son las novedades más importantes? Y yo les aseguro que voy a tardar muy poco en exponerlas. Miren, la primera novedad es que lo que se ha hecho fundamentalmente es establecer una proclamación normativa de los principios que tiene que tener el juez en consideración a la hora de autorizar una medida de estas características. ¿Cuáles son? Principio de proporcionalidad, principio de necesidad, “oiga, acuerde esa medida si es necesario, porque estas medidas tienen un gran impacto en ese círculo de exclusión que cada uno de nosotros sienta frente a los demás, frente a los poderes públicos, frente a los conciudadanos”. Entonces establece una enumeración de los principios que deben inspirar la tarea del juez de instrucción.

Claro, desde el punto de vista de la técnica legislativa dices “oye, ¿y desde cuándo el legislador proclama principios? Los principios se inducen a partir de una regulación concreta y los proclama normalmente la jurisprudencia constitucional, la del Tribunal Supremo… bueno, en este caso a mi me parece que es fundamental recordarle al juez de instrucción, “oiga, usted tiene aquí unos instrumentos muy poderosos, pero no se olvide del principio de proporcionalidad del principio de necesidad y, sobre todo, de los principios de especialidad y excepcionalidad”. Esto es importante.

Además, se han establecido los supuestos en los que se pueda acordar una medida de estas características. Ya no se habla de la intervención telefónica sino de la intervención telemática. Ya se trata de acceder a los datos derivados del uso de la telefonía como del uso de internet, es decir, de las comunicaciones que mezclan telefonía e internet. Entonces, se ha establecido una enumeración de los presupuestos que son indispensables para que se pueda acordar esta medida. Tiene que tratarse de un delito que esté castigado con una pena que al menos en su mitad superior alcance los tres años. En un ámbito cuantitativo que, si lo hubiéramos fijado, si se hubiera fijado por legisladores, cinco años, pues igual dejabas fuera de la posibilidad de intervenir o de acceder a estos datos algún tipo de delincuencia que sin embargo estaba castigado por penas de 6 meses a 3 años. Además, se tiene que tratar de un delito de organización criminal, banda armada o terrorista, y de un delito que se ha cometido a través de las vías de internet. Fíjense, se ha dicho “oye, ¿y por qué no ha hecho el legislador una enumeración de los delitos mediante los cuales en su investigación se puede justificar una intervención de estas características?” En Alemania, por ejemplo, es así. Se dice, “mire usted, señor juez, usted puede acordar una intervención telefónica para estos delitos: a, b, c, d, f”. Eso da mucha seguridad. ¿Cuál es el problema? Y estoy seguro de que los alemanes no se parecen a nosotros cuando hacen un listado, entonces estoy convencido de que nosotros a los dos meses nos habríamos dado cuenta de que se nos ha olvidado alguno. Entonces, con las dificultades del consenso, “oye que quiero añadir un delito que es fundamental”, provocaría la suspicacia, seguro, “bueno, pero este ¿por qué querrá ahora añadir este delito que se les ha olvidado? Aquí hay gato encerrado”. Bueno, pues yo creo que era mejor establecer esos presupuestos y no una enumeración que podía dar lugar a que se nos olvidara alguno.

Además, se ha regulado aquello que antes no tenía una regulación satisfactoria. Se ha establecido un periodo máximo de 18 meses para la interceptación telefónica. Ustedes tienen que pensar que ha habido juzgados que han tenido durante 6 años intervenido un teléfono. Ustedes piensen por un momento lo que ustedes han podido hablar en los últimos 6 años. Y que el Estado haya tenido acceso a lo que ustedes han hablado en los últimos 6 años. Claro, esto ¿por qué se producía? Pues por el ímpetu investigador, por el deseo de esclarecimiento de un hecho muy grave. Esto tenía un problema, y es que como la ley decía, ese viejo artículo 579, que había escrito el señor con nombre de estación de metro, Alonso Martínez, ¿cuál era el problema? Que decía, cuando se modifica en el año 88 se dice, bueno, podrá acordarse por tres meses prorrogables por periodos iguales, bueno pues esto a mi me recordaba lo del tracto sucesivo de la ley hipotecaria, ¿se acuerdan? Que entonces empezaba de generación en generación a ver dónde enlaza. Bueno, pues este era el problema y ha habido teléfonos intervenidos 6 años y luego curiosamente la condena se basa en un descuido en una conversación de tres renglones donde uno,- hemos tenido algún caso- uno de los intervenidos le dice al otro, “oye, muy mala la cocaína que me has mandado” y le contesta el otro “pero yo no te he dicho a ti que me hables en metáfora, no te he dicho a ti que me hables en metáfora”, “ah, sí, sí, oye que el CD que me mandaste está fatal, horroroso, no se oye nada”, “bueno, pues ya te mando otro igual”, “sí, pero de la misma calidad, no me mandes CD peores”. Bueno, pues al final estás condenado por tres renglones, por no haber hablado en metáfora, como decía la conversación, por no haber hablado metáfora y después de 6 años de intervenido el teléfono. Bueno, pues ahora son 18 meses. Es un periodo que a mi me parece que es lo suficientemente amplio para obtener diligencias de investigación primero y de prueba después, pero que debería incluso interpretarse ese plazo máximo de acuerdo con los principios de proporcionalidad. No vale obtener la verdad a cualquier precio, eh.

Bien, ¿qué se ha hecho, además de la fijación de nuevos plazos y demás?, ¿qué se ha hecho? Miren, por ejemplo, se ha hecho una regulación del GPS. El GPS ustedes saben que es instrumento que permite la localización de un ciudadano. Ya no estamos hablando de la localización derivada del uso de la telefonía. No, esa es otra. Ahora el GPS, en una medida de investigación autónoma, que la policía con autorización judicial pone, por ejemplo, en el vehículo del malo, en el vehículo del sospechoso. Bueno, a nosotros nos habían llegado en el Tribunal Supremo muchísimos casos en los que de repente un buzo de la DEA o un buzo de la policía colombiana adosaba a un barco un GPS. Un barco que traía tres toneladas de cocaína. Y de repente, cuando estaban en aguas internacionales, una noche de luna llena, llegaba un helicóptero de los GEOS o del Servicio de Vigilancia Aduanera, -que hay helicópteros silenciosos-, y, imaginen ustedes la operación, se pone encima cuando esta toda la tripulación durmiendo, se pone encima del barco, asaltan el barco e interceptan la droga. Bien, gran éxito policial, lo aplaudimos, pero llega el juicio y dicen “oiga, ¿el buzo aquel de la DEA que puso el GPS tenía autorización judicial del fiscal o del juez estadounidense o del juez colombiano?” “mire, es que en aquellos países no se necesita la autorización judicial”. Y dice, “no, no, hay una sentencia del Tribunal Supremo americana, además, con un voto particular de la magistrada Sotomayor que dice que la constitución americana exige para tener localizado por el FBI a un ciudadano autorización judicial”. Claro, uno dice “¿y qué hacemos?” bueno, pues al final el Tribunal Supremo respondió a estas alegaciones con un argumento que yo creo que es, -iba a decir digno de aplauso, pero no, no aplaudan ustedes- era, un argumento imaginativo, porque el Tribunal Supremo dijo: “¿de cuándo un barco tiene intimidad?” “Oiga, lo que teníamos localizado era el barco, a mí el grumete, el cocinero, el jefe de máquinas…me da exactamente igual que esté ahí o que este en cualquier otro sitio. Y el Tribunal Supremo había dictado numerosas sentencias dejando bien claro que el GPS no necesitaba autorización judicial porque se ponía a un barco y lo que se perseguía era la carga del barco y el barco por definición hasta hoy no tiene intimidad. Bien, ¿cuál era el problema? Que esto chocaba pues con la, en fin, con lo que es la jurisprudencia norteamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya empezaba a hacer guiños en este sentido…, y el legislador ha exigido autorización judicial. Esta es una de las novedades.

Otra de las novedades -les voy a contar dos más y damos por terminada la intervención-. Otra de las novedades. Una cosa especialmente llamativa, que es la utilización de mecanismos de control remoto de un ordenador, es decir, ahora la Ley permite, con cobertura legislativa, lo que permite, ni más ni menos, es la utilización de un software por la policía que esclaviza el ordenador del malo, el ordenador de un sospechoso. Claro, esto imagínense lo que representa. Es una invasión absoluta, pero una invasión que en determinadas ocasiones puede estar muy justificada. Pero de lo que se trata es que precisamente, su necesidad la justifique un juez de instrucción.

Y luego, se trata también de establecer una regulación de la utilización de micrófonos. Se acuerdan el caso del 145/2014. Bueno, pues efectivamente se ha regulado eso que provocó la declaración de nulidad de la colocación de ese micrófono y se exige en todo caso autorización judicial. Fíjense que no esta sometida a un plazo y alguno ha dicho “bueno, pues esto significa que como la intercepción telefónica tiene plazo, como el GPS tiene un plazo de tres meses, como, en fin, otras diligencias tienen plazo, esto significa que la colocación de un micrófono no necesita plazo”. Pues no es así, lo que quiere decir la Ley es que solo puede acordarse la utilización de ese micrófono para un encuentro concreto y determinado entre los dos malos, entre los dos sospechosos. Es decir, la policía le tiene que decir al juez “mire, van a ir a cenar a tal sitio porque lo hemos interceptado por teléfono la reserva que ha hecho en le restaurante tal”. Entonces, se coloca el micrófono en el momento en el que están comiendo dos personas que están planeando un determinado delito. El problema, en mi opinión, se ha planteado, -no con esto, que siempre que esté sometido a la autorización judicial tienes la garantía de proporcionalidad, etc., etc.- El problema se ha planteado con la colocación de esos micrófonos incluso de cámaras en el domicilio del sospechoso. Esto ya está autorizado. O sea, el malo que sea muy malo, muy malo puede llevarse la sorpresa de que la policía con autorización judicial le instala un micrófono en su despacho o en su propio domicilio. En mi opinión, aquí el legislador creo yo que fue demasiado lejos, por lo que les comento. En el proyecto de ley se decía que esta medida solo podía justificarse en la investigación, y decía textualmente, “de delitos de extrema gravedad”. Claro, podríamos pensar, y ¿por qué? Bueno, pues fíjense ustedes la diferencia que hay entre la expectativa de impunidad que uno tiene, la expectativa de privacidad, más que de impunidad, a veces de privacidad e impunidad, cuando habla por teléfono, frente al momento en el que uno cierra esa puerta de su casa. Cuando alguien va a hablar por teléfono siempre hay algo que te dice, “oye, esto lo hablamos en persona” -ustedes no, porque son buena gente y estoy seguro de que no tiene secretos-, “pero esto lo hablamos en persona”, porque parte de la base de que el soporte técnico te lo está dando alguien que es un tercero, pero cuando tu das el portazo a la puerta de tu domicilio tu ahí tienes una expectativa de privacidad absoluta. Fíjense además que cuando se interviene un teléfono, ese teléfono puede captar las conversaciones de Carolina y mías, pero si a mí me colocan o a Carolina le colocan un micrófono en su domicilio- que no es el caso- tiene un problema. Es que van a escuchar a su marido, a mi mujer, a mis hijos, a la suegra, a todo el que pasaba por allí, al novio de la hija… claro, es que la intimidad afecta a toda la familia, por eso el proyecto decía “para la investigación de delitos de extrema gravedad”. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el dictamen previo que hace el Consejo General del Poder Judicial dijo algo que a mí me parece muy llamativo, dijo “el concepto de delitos de extrema gravedad es excesivamente elástico y habría que concretarlo más”. ¿Qué hizo el legislador? “Pues muy bien, como si fuera una escucha telefónica”. Y claro, ya tenemos el problema de que se han equiparado dos realidades ontológicamente distintas, no es lo mismo escuchar lo que dos personas dicen que meter un micrófono -y no se lo pierdan- y una cámara en el propio domicilio. Y esto es una posibilidad que está ahí al alcance de cualquier juez de instrucción en quien hay que confiar para que precisamente todo sea acorde con ese principio de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad al que antes habíamos aludido.

Yo he comentado que la Constitución prohíbe los tratos inhumanos y es el momento de que yo guarde silencio después de agradecerles que no hayan ejercido su derecho a la deserción y que si han ejercido el sagrado derecho a la desconexión yo no me he dado cuenta, con lo cual eso significa que lo han ejercido perfectamente.

Muchísimas gracias.

Comparta este artículo








Enviar

Se activa un programa para reducir los incumplimientos de resoluciones de transparencia favorables a la ciudadanía

Comparta este artículo








Enviar

– Presentación del informe del Comisionado en el Pleno del Parlamento de Canarias

– Hay todavía 137 resoluciones sin cumplir, que se espera reducir a treinta a finales de año

Grabación de la presentación del informe en el pleno del Parlamento de Canarias

El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado este miércoles 25 de mayo el informe anual de transparencia de 2019 y del avance de los informes de 2020 y 2021 en el pleno del Parlamento de Canarias. Dio cuenta de la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a información a los ciudadanos que reclaman a esta entidad por la falta de respuesta de las 98 instituciones de Canarias.

Los datos señalan que, de las 384 resoluciones estimatorias para los ciudadanos frente a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos en los años 2020 y 2021, en 201 expedientes no existía constancia de cumplimiento el pasado mes de enero. En cuatro meses se ha reducido ese incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes de cumplimiento 137 resoluciones. El equipo del Comisionado espera reducirlo otro tercio más el próximo cuatrimestre y que sean menos de treinta expedientes a final de año. “Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible”, indicó el comisionado.  

Cerdán anunció que la evaluación de este año con respecto al ejercicio 2021 comenzará el próximo 31 de mayo y se emplazará, además de a las administraciones y entidades públicas, a más de 3.200 entidades privadas que fueron perceptoras de subvenciones en 2021, frente a las 706 convocadas en el año anterior. El Comisionado de Transparencia “tiene la misión optimizar todo lo posible el sistema de rendición de cuentas informativas a los ciudadanos. Tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes de ellas; como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones, que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años evaluamos” indicó el comisionado. El número de expedientes de evaluación gestionados por el equipo del Comisionado de Transparencia aumentará casi un 60 % más que el año pasado.

Todos los evaluados conforman el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a las intervenciones de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. “Solo ya por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos, la eficiencia publica crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas en las leyes y en las garantías prestadas por consejos y comisionados de transparencia; y por los jueces en última instancia”, destacó Cerdán.

Con respecto a los datos de las evaluaciones anteriores, todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas  en los  portales de transparencia,   determinadas por las leyes estatal y autonómica.

El comisionado señaló que, en la quinta edición anual del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1.119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, 968 exactamente presentaron su autoevaluación de transparencia en 2021 a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. “Emplazar cada a año a que sean transparentes sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que no lo hacen lleva a la mejora, no lo duden. Está comprobado”, recalcó a los diputados presentes en el pleno.

Continúa incrementándose la participación año tras año, lo que permite al Comisionado calcular así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y al 95 % de todas las entidades del sector público. El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse en dos comunidades autónomas y lo hará en más en el futuro. 

En cuanto al derecho de acceso a información, los datos no son tan positivos, como se señalaba al principio. El Comisionado de Transparencia ha podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso, derivado, según señaló Daniel Cerdán, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder; no solamente coste administrativo o político, sino también social o reputacional.  “El silencio administrativo –dijo– no es un despiste, es un silencio activo, decisivo muchas veces (del que decide). Una administración puede perfectamente negar una información porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera de cinco líneas que cuesta cinco minutos. El silencio no enuncia, no afirma ni niega, no indica, ni apunta, ni sugiere: desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas», que sentencia también el refranero. El silencio administrativo es una «gran vacuna contra la verdad». Y por eso debemos combatirlo”.

Turno de los grupos parlamentarios

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron a las personas responsables de la transparencia y de la rendición de información en las evaluaciones anuales por la mejora progresiva de los datos con respecto años anteriores.

Con respecto al silencio administrativo, Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del grupo parlamentario Mixto señaló “que ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno, en algunos casos, a la toma de decisiones que pueden tener como resultado la falta de generación de actividad económica, o simplemente la falta de información”.

Desde el Grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea pidió que se den los medios al Comisionado para que puedan realizar esta labor institucional porque con los recursos que tiene, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.

El portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, destacó que la competencia que hay entre las instituciones con respecto a las puntuaciones en el Índice de Transparencia “nos parece que es sana y que no se puede descuidar. Mucha gente se está poniendo las pilas para competir por la mayor transparencia”.

Por otro lado, Luis Alberto Campos, portavoz del grupo parlamentario Nueva Canarias, recalcó que el Comisionado es una institución que vela por seguir incrementando el nivel de transparencia y, por tanto, de la calidad de nuestra democracia y “si se mejora -desde el punto de vista de la transparencia- la rendición de cuentas; las sociedades avanzan, la calidad de las instituciones avanza”.

Por el grupo parlamentario Popular, Astrid Pérez manifestó que “en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news están a la orden del día y es en este contexto en el que la transparencia real es, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático”.

Para María del Socorro Beato, del grupo parlamentario Nacionalista Canario, hay una buena evolución de los resultados, pero siguen siendo insuficientes “porque -explicó- además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya una verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer”.

Por último, Yolanda Mendoza, portavoz del grupo parlamentario Socialista, indicó que, haciendo balance de los siete años de vida del Comisionado de Transparencia y con los datos del informe, se puede afirmar “que el derecho de información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad”.

Comparta este artículo








Enviar

Por primera vez en seis años la media del sector público canario supera el notable en transparencia, con un 7,7

Comparta este artículo








Enviar

No alcanzan el aprobado 62 de las 347 entidades públicas

Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Parlamento de Canarias

Transcripción de la presentación del Informe en la Comisión de Gobernación

Por primera vez en seis años, la puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 347 entidades de todas las instituciones canarias superó el notable, al situarse en 7,7 puntos. Doce entidades seguían sin mantener y evaluar sus portales de transparencia desde que se aprobó la ley y son consideradas incumplidoras; y cincuenta no alcanzaron la nota de 5 en la última evaluación.

El comisionado de Transparencia anunció la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, complementario al ITCanarias, tendente a garantizar la entrega de la información a los ciudadanos con resoluciones favorables a sus preguntas y a determinar las responsabilidades administrativas de los que siguen sin mantener unas mínimas obligaciones informativas en internet, mediante portales de transparencia.

Las doce entidades definidas como incumplidoras en la evaluación son: El Consejo Insular del Agua de Lanzarote (Cabildo insular de Lanzarote), Eólicas de Fuerteventura (Cabildo Insular de Fuerteventura), Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA), Parque Tecnológico de Telde, S.A., Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L., Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L.; así como  las mancomunidades de municipios siguientes:  del Centro-Norte de Gran Canaria [que ya ha activado recientemente su portal de transparencia],  del Centro-Sur de Fuerteventura, de la Isla de Lanzarote (RENSUITAL), del  Nordeste de Tenerife, de  San Juan de la Rambla-La Guancha y la Mancomunidad  de Gran Canaria para la Potenciación  de  Energías Renovables, Investigación y Desarrollo.

Este lunes, 28 de marzo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha presentado su informe anual sobre el ejercicio 2019 y 2020 y los avances en la evaluación del ejercicio 2021 ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias. En el debate intervinieron Daniel Cerdán y los portavoces Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto), Melodie Mendoza (Agrupación Socialista Gomera -ASG), Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias), Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias), Luz Reverón (Grupo Popular), María del Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario) y Yolanda Mendoza (Grupo Socialista Canario).

En 2021, el Comisionado de Transparencia de Canarias gestionó 1.966 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, un 55 % más de expedientes administrativos que en 2020. En total, 4.946 expedientes administrativos abordados desde 2015, a los que se suman otras 5.411 actividades centradas en consultas y formación, como jornadas formativas, seminarios web y videotutoriales; consultas sobre evaluación o la difusión de noticias y vídeos en la web y canal de Youtube de la institución; hasta un total de 10.357 asuntos tratados. Tal crecimiento fue posible por el alto grado de gestión digital de sus procedimientos y por la intensa colaboración de los más de 800 funcionarios de todas las instituciones canarias y más de 400 trabajadores de empresas subvencionadas. El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recalcó en la comisión que se trata de un trabajo en equipo: “A ellos quiero expresar mi reconocimiento porque sin ellos nada de esto sería posible”.

En este 2022 se espera un crecimiento estimado del 57 % de las actividades del Comisionado de Transparencia, que se afrontará sin aumentos de la plantilla, cubriendo únicamente dos de las vacantes actuales.

Con respecto al derecho de acceso a la información pública, en estos casi siete años de existencia, de los 1.533 expedientes de reclamaciones resueltos, se inadmitieron 307 porque en la mayoría de los casos no estaban solicitando información o presentaron la reclamación fuera de plazo. De las 1.226 reclamaciones admitidas, se estimaron totalmente 601; parcialmente, 139; y formalmente por entrega de la información fuera de plazo o en trámite de audiencia, otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. En 65 casos las resoluciones fueron desestimatorias, 128 fueron terminaciones por pérdida de objeto de la reclamación y en 50 casos se produjo el desistimiento del reclamante.

Durante el año 2021, se produjo un incremento del 36 % en el número de reclamaciones, donde se recibieron 525 reclamaciones de personas a las que alguna de las instituciones o entidades públicas canarias les habían denegado una o varias peticiones de información.

Por otro lado, el Comisionado de Transparencia viene comprobando el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias desde el año 2015. En aquel primer análisis, las administraciones públicas se estaban adaptando a la reciente ley de transparencia canaria y solo colaboraron con el Comisionado de Transparencia 37 entidades. En la última evaluación de los portales de transparencia, únicamente 12 de los 347 sujetos públicos obligados a presentar su declaración no colaboraron con el Comisionado, es decir, el 3,46 %. Y, por primera vez en seis años,  la nota media del conjunto del sector público del archipiélago superó el notable, con un 7,7 como promedio de las evaluaciones del ejercicio 2020.

En el informe anterior, se incorporó a la evaluación a las 66 corporaciones de derecho público de Canarias, entre colegios profesionales y Cámaras de Comercio, y se solicitó la participación de las 487 entidades privadas que recibieron ayudas y subvenciones por importes acumulados superiores a 60.000 € del Gobierno de Canarias en 2019.

En la evaluación realizada en 2021, no solo se emplazó a rendir cuentas a las entidades privadas que recibieron subvenciones en 2020 de más de 60.000 € del Gobierno de Canarias, sino también a todos aquellos sujetos que recibieron ayudas públicas de los cabildos insulares por más de 100.000 € o que percibieron fondos públicos de las administraciones mencionadas que en total superaban los 100.000 €. De este modo, el censo de sujetos obligados privados ascendió en esta última evaluación a 706, los cuales percibieron en 2020 subvenciones por valor de 239.569.688,78 €. Asimismo, la participación aumentó también hasta el 82,01 %: 579 entidades presentaron su declaración de transparencia con una media de 4,83 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias. ““Esperamos que el próximo año se pueda hablar de que en el sector privado también alcanzan ya una media de aprobado en sus portales de transparencia”, sostuvo el comisionado. En 2021 también se emplazó a las mancomunidades a declarar su transparencia por primera vez y solo 5 de las 11 presentaron su declaración.

Así, en el último año, de los 1.119 sujetos públicos y privados obligados a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia, 968 finalmente colaboraron con el Comisionado presentando su declaración, esto es, el 86,51 %.

Para la evaluación del ejercicio 2021 que se realizará en los próximos meses, se estima un censo de 3.538 sujetos obligados, cifra que ha incrementado considerablemente por las entidades privadas que fueron beneficiarias en 2020 y 2021 de las ayudas para paliar los efectos de la COVID-2019.

Con respecto a la persistencia de bajas puntuaciones o incumplimientos en la presentación de la declaración de transparencia, Daniel Cerdán expuso que “a partir de este año se emplazará a los responsables de los ayuntamientos y cabildos para que determinen quién es la persona responsable de que, por seis años consecutivos, no rindan cuentas sobre la transparencia de su entidad a través de los portales”.

Los portavoces de los grupos parlamentarios hicieron un expreso reconocimiento a la labor realizada por el equipo del Comisionado de Transparencia y por el trabajo de los más de mil empleados públicos y privados que trabajan para mejorar los portales de transparencia en las entidades canarias o responden a las preguntas de los ciudadanos.

Consideraron positivo el incremento de la actividad del Comisionado de Transparencia en los últimos años, pero preocupa en general que haya aún entidades, como algunos ayuntamientos, que persistan en el incumplimiento y en bajas puntuaciones, tanto en materia de publicidad activa como en derecho de acceso.

En su intervención final, Daniel Cerdán informó a los grupos de que el Comisionado de Transparencia está trabajando en un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, que consiste en detectar y controlar a aquellas instituciones que no entregan la información a los ciudadanos que la solicitan, aun teniendo resolución estimatoria y ejecutiva por parte del Comisionado para hacerlo.

Otra de las actividades que anunció que se van a realizar en los próximos días es la recomendación de que las administraciones hagan constar en las convocatorias y concesiones de subvenciones que las entidades beneficiarias tienen obligación de publicar información relativa a la publicidad activa y a la gestión de los fondos públicos recibidos. 

Daniel Cerdán junto a miembros de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias

Enlace a la presentación utilizada en la comisión: https://view.genial.ly/623dd5f2c3e3cc0011248319

Enlace a la grabación de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad: https://www.parcan.es/video/grabacion/11158/#1

Comparta este artículo








Enviar

Daniel Cerdán explica las funciones del Comisionado de Transparencia de Canarias en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria

Comparta este artículo








Enviar

El pasado 5 de diciembre de 2021 el comisionado Daniel Cerdán explicó para qué se creó el Comisionado de Transparencia de Canarias y cuáles son las funciones de este órgano dependiente de la cámara regional en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria, presentado por Marta Modino. 

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información pública es un órgano unipersonal y tiene un requisito de elección de tres quintas partes de la cámara, por lo que se necesita el consenso de los grandes partidos. Al comisionado actual, Daniel Cerdán, lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015.

Hay dos funciones fundamentales, «una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos», explica el comisionado.

Se trata de un órgano garante del derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, puede reclamar ante el Comisionado de Transparencia, que está obligado en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle.

La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. «Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020», sostiene Cerdán. 

El comisionado de Transparencia de Canarias concluyó la entrevista con la importancia de que la ciudadanía conozca su derecho a preguntar y lo haga: «sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. […]  Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor». 

Marta Modino [MM]: Uno de los órganos dependientes, el Comisionado para la Transparencia, y su responsable, Daniel Cerdán, es hoy nuestro invitado. Bienvenido.

Daniel Cerdán (DC): Encantado de estar de nuevo en la Televisión Canaria.

MM: Es un placer recibirle en el programa Parlamento, donde también nos encargamos de que la gente entienda cómo funcionan estos órganos. Sobre todo porque en el caso de la transparencia es un eje fundamental para una acción de un gobierno: la transparencia y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Canarias.

DC: La Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, porque les da la capacidad de preguntar a cualquier administración de las 98 administraciones principales igual que un periodista. Y eso pone más en guardia a las administraciones. Y además les obliga a mejorar sus contenidos en sus portales de transparencia, porque aunque [los ciudadanos] no vayan tanto a ver la “Tele” Canaria como a ver los portales institucionales, la Administración al saber que tiene que poner la información, mejora lo que hace. Es decir, aquello de que porque te miran te comportas mejor, o porque te pueden mirar tu profesor o tu padre. El hecho de estar obligado permanentemente a mantener información sobre lo que haces mejora tu comportamiento, tu ordenanza, tus resultados; el hecho de que el ciudadano vaya a ver el portal, independientemente de que le pregunten más o menos cuestiones de derecho de acceso a la información.

El Comisionado de Transparencia es un órgano unipersonal y, al tener una requisito de elección de tres quintos, no lo puede poner solamente un grupo, ni siquiera el Gobierno, porque generalmente tiene mayoría simple por la composición política de la Cámara. Necesita, como ocurrió en mi caso hace seis años, el consenso de los grandes partidos. Al Comisionado lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015; porque hacía falta alguien que suscitara, si no la adhesión incondicional, por lo menos el respeto de más de un partido importante o de más que el Gobierno.

MM:  ¿Cuáles son las funciones básicas de un Comisionado de la Transparencia y qué es lo que ofrece al ciudadano?

DC: Sobre todo son dos. Una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos.

Somos el órgano garante de su derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento (que ahora es muy fácil, siempre lo repito, porque no tienes que ir al registro sino que con un certificado electrónico, desde casa, en cinco minutos puedes hacer diez preguntas), y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, también desde casa puede entrar en el Comisionado de Transparencia electrónico, y adjuntando su pregunta decir: “Estos señores no me han contestado” (la mayor parte de las quejas suele ser por silencio administrativo, porque ni siquiera le dicen que no). Y nosotros [el Comisionado de Transparencia] estamos obligados en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle: “Mire, esto que está diciendo el Comisionado no quiero entregarlo porque creo que no tengo que entregarlo”. Generalmente, estos recursos no han ocurrido mucho y siempre los hemos ganado.

La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020.


MM: El concepto de “transparencia” se le puede escapar a los ciudadanos, aunque es bastante obvio; y es que los ciudadanos puedan saber exactamente, para poner un ejemplo, en qué se gasta cada administración su presupuesto, cuáles son los sueldos que tiene cada una de las personas que conforman cada una de las administraciones, u otras cuestiones que también son importantes y que pueden interesar a muchos, pero que a lo mejor piensan “yo esto nunca lo voy a saber”. No, justo lo contrario, se puede saber.

DC: Lo genérico se ha de encontrar en el portal de transparencia, que obliga a tener unos 160 contenidos permanentemente actualizados, y en lo particular (cuánto se gastó en esta actividad deportiva concreta, a lo mejor no sale en el portal pero se puede preguntar. Lo que suele ocurrir cada vez más es que se utiliza para asuntos muy cercanos o propios, no siempre para asuntos de interés general. Además puede preguntar cualquiera, no hace falta ni siquiera la mayoría de edad, nacionalidad o residencia canaria. Puede preguntarnos a nosotros y a cualquier órgano en la Península o en Europa; el derecho de acceso es fuerte en Europa y puede preguntar cualquiera, hasta un chino o un japonés.


MM: Porque es importante también el avance que han hecho las administraciones, espoleadas por esta ley y por la ley canaria también, en transparencia. Porque con respecto a lo que había cuando usted llegó como comisionado imagino que el avance habrá sido notable.

DC: Sí, recuerdo que el primer año les ofrecimos un cuestionario que fue casi en mano. No respondieron ni la mitad y prácticamente la nota media era de tres y medio; eso entre los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Ahora a estamos acabando la última evaluación; no tenemos todavía las notas medias. Pero en la anterior el sector público tuvo un 6,49, y yo espero, que no lo sé todavía, que este año llegarán al 7, al notable. Me gustaría que llegaran, porque todos los años el sector público ha subido un poquito en eso.

Pero es que no solamente evaluamos a los 98 ayuntamientos, cabildos, gobierno y a las dos universidades; también a las corporaciones de derecho público, colegios profesionales y cámaras de comercio; que el año pasado no llegaron a aprobar con un 4,52. También hemos empezado a evaluar (este será el segundo año) a aquellas entidades privadas que recibiendo más de 60.000 euros de ayudas del gobierno o de los cabildos estaban obligadas por ley de transparencia a contar también en su propia página web quiénes son, quiénes les gobiernan (para que la gente pueda saber si es si son parientes de quienes les dan la subvención, es decir la identidad de quién está detrás de una ONG o de cualquiera de las organizaciones que tienen subvenciones relativamente importantes) y lo que hacen con la subvención.

Por lo tanto hemos dado un paso más en ese sentido y ahora esperamos que con toda la inmensa cantidad de recursos que va a llegar con los fondos Next Generation de la COVID esa información también la miremos. Para que las personas tengan garantías de que esa inmensa cantidad de ayudas que va a llegar, a veces con menos requisitos burocráticos para facilitar su trámite, por lo menos tenga un contrapeso: “Le vamos a eliminar pasos, pero usted se compromete a que después tiene que informar de qué está haciendo”.

 
MM: Es importante que los ciudadanos dispongan de ese acceso a la página web del comisionado, que sea muy sencillo y lo es; de hecho, es una página muy útil. Yo he estado mirándola y la verdad es que los ciudadanos lo tienen muy fácil, se les dirige a lo que quieren saber y se les explica perfectamente cómo pueden acceder a cada uno de los portales de esos ayuntamientos, por ejemplo.

DC: Efectivamente. Pueden ver las notas que tiene en su portal de transparencia el ayuntamiento… Y tenemos otro mapa además, en el que pueden pinchar directamente, para acceder directamente a la “ventanilla electrónica” del ayuntamiento en la que pueden preguntar. Es como si les lleváramos hasta la puerta o hasta la ventanilla electrónica, porque ahora el 90% de la gente ya lo presenta por la ventanilla electrónica, no se desplaza para presentarlo. Aún hay gente que sí, que va con su papel a que le cuñen, pero en este tipo de procedimiento la mayor parte lo hacen por la sede electrónica.
 
– Mapa de las ventanillas electrónicas y portales de transparencia: https://transparenciacanarias.org/mapas-ventanillas-electronicas/

 
MM: Está claro que es un órgano unipersonal, pero para realizar todo este trabajo me imagino que contará con todo un equipo que se encarga sobre todo de la parte informática.

DC: Sí, hay una parte que se dedica a atender a las que, por cierto, este año van a ser más de 500 reclamaciones de los ciudadanos. Empezamos con 91 el primer año de 2016, en un año completo, y este año vamos a día de hoy por 477 reclamaciones. No creo que sea porque las instituciones estén respondiendo peor, sino porque los ciudadanos son cada vez más conocedores. Y sí, la gente sabe que existe una ley que al fin y al cabo es muy joven, del 2014 en Canarias, pero no sabe qué puede obtener de ella. En la medida en que es más conocida es más utilizada. Aumenta el número de preguntas y aumenta el número de reclamaciones. Yo llamo transparencia “dura” a cuando te preguntan; la “blanda” es el portal de transparencia. Cuando en la “dura” ni siquiera te responden, recurren a nosotros.

 
MM: Una vez que se recurre al Comisionado para la Transparencia, ustedes directamente sobre la marcha se ponen en contacto con la institución a la que se le requiere la información que no se ha dado al ciudadano.

DC: Efectivamente. Le preguntamos por qué no lo ha hecho. Primero, porque en algunos casos, no todos, se preguntan por poner un ejemplo por tus datos tributarios, y los datos tributarios de una persona normal son privados. Hay limitaciones a la información que tienen [que dar], sobre todo en materia de datos personales que tiene la administración. Por eso siempre le preguntamos. A veces nos contestan en las alegaciones y a veces no. Entonces emitimos la resolución.

No tenemos demasiados medios coercitivos por ley, ni nosotros ni ningún órgano garante en España. Pero ahora vamos a empezar a usar el último recurso que nos queda, que es que cuando reiteradamente no hacen caso a nuestro requerimiento de la información por lo menos lo ponemos en conocimiento del Pleno. Y que sean ellos los que determinen (porque la ley se lo concede a las administraciones, no al Comisionado) si se inicia algún tipo de expediente para pedir responsabilidades por no entregar la información.

 
MM: El trabajo que han realizado durante estos años, casi seis, les ha valido varios reconocimientos; entre ellos uno muy importante, un premio nacional; fue un accésit de innovación pública del año 2020 que les premiaba por su Índice de Transparencia y también por una herramienta, T-Canarias.

DC: Sí, nosotros hemos sido de entre los órganos garantes en España los primeros que, cogiendo un modelo que había nacional de evaluación de transparencia, lo bajamos o adaptamos a la Ley canaria de Transparencia. Lo convertimos en una herramienta telemática sin la que nosotros, con el pequeño equipo que disponemos, no podríamos [evaluar a todos los que hemos podido evaluar]. Este año hemos invitado a casi 1300 entidades a declarar su transparencia. Sin esa herramienta no sería posible que las propias entidades se autoevaluaran primero, viendo en qué medida están cumpliendo; y que cuando cumplen poco “alimenten” su propio portal para que el índice les mejore. Y sin esa colaboración, que en este último año ha sido de más de 1000 empleados públicos y privados, que facilita esa herramienta, nunca se hubiera podido conseguir con tan poquito personal.

Por lo tanto, ha sido una herramienta pionera en España que es la que el Ministerio ha reconocido, y antes Telefónica, la Red de Innovadores Públicos Novagob, y todo el mundo. Una herramienta que con poco gasto público permite una evaluación constante anual de todo el mundo, y que por tanto permite mejorar; porque lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil de mejorar. Y esa herramienta lo que hace es medir una política pública cada año en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma ni ningún lugar del mundo que le sirva como referencia .

 
MM: ¿Hay algún lugar del mundo que le sirva de referencia en cuanto a Transparencia, al que le gustaría parecerse desde Canarias?

DC: La transparencia es una cultura, no solamente una obligación. España llega tarde, porque fue de los países europeos que más tarde aprobaron una ley de transparencia. Pero también es cierto que al llegar tarde estableció obligaciones que muchos países no tienen, como la del portal de transparencia, porque entre otras cosas hace 20 años Internet era pequeñita. Pero los países referencia son siempre los que desde más antiguo tienen obligaciones de dar información completa. Generalmente los nórdicos como Finlandia o Noruega, que son referencia en gobernanza democrática y en buen gobierno, y generalmente lo son también en transparencia. Y de hecho, yo creo que son referencia en buen gobierno porque lo son en transparencia, se retroalimentan.

 
MM: Como referencia, aquí en Canarias, ¿puedo preguntarle quién es el que hace el peor índice? O a lo mejor también me lo puede decir, ¿Cuál es el órgano que le sirva como referencia para el resto, del que deberían tomar nota el resto de administraciones?

DC: Por estratos, la Comunidad Autónoma no puede compararse más que consigo misma, lo cual está bien porque ya lleva un par de años por encima del 9. Entre los Cabildos, hace dos años fue el de El Hierro el mejor, fue precisamente el más pequeño. Y el Cabildo de Tenerife fichó a su responsable de transparencia y el año pasado fue el mejor. Esto tiene mucho que ver con la calidad del funcionario que está debajo. Y entre los ayuntamientos, quizá los mejores pueden ser Los Realejos o Candelaria como ayuntamientos de carácter medio; Santa Cruz [de Tenerife] estuvo bien, Las Palmas estuvo cerca del 9. Es decir, no necesariamente los mejores son los más grandes, sino que hay ayuntamientos [pequeños] muy brillantes (Los Realejos, Candelaria o Buenavista) que también tienen buena nota [no solo por su portal principal sino conteniendo a todas sus entidades públicas dependientes].

 
MM: Para terminar, porque ahora la gente tiene claro que dispone de esa herramienta que les proporciona el Comisionado para la Transparencia, ¿le gustaría que los ciudadanos utilizaran más esta herramienta que les proporciona este Comisionado que les representa?

DC: Si, sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. Porque aquello de colaborar al buen gobierno con la mera conversación de barra de bar… En este país se suele decir que tenemos millones de entrenadores de fútbol, pero de boquilla. Pues también tenemos muchas personas que en su legítimo derecho opinan sobre el futuro del ayuntamiento, pero no siempre lo hacen sobre la base de información que puede tener un concejal o un periodista. Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor.
Comparta este artículo








Enviar

R379/2020

Comparta este artículo








Enviar

Petición dirigida al Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución anual de un asesor del grupo ASG| Inadmisión

Resolución de inadmisión de reclamación contra resolución de la Mesa del Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución bruta anual de un asesor parlamentario del grupo ASG (08-I-2021)

Comparta este artículo








Enviar

El día 18 de mayo se abre el plazo para la autoevaluación de transparencia de las instituciones canarias

Comparta este artículo








Enviar

El día  18 de mayo, una semana después de lo inicialmente previsto, se abrirá el plazo de un mes para la autoevaluación anual de la transparencia de las 340 instituciones y entidades públicas de Canarias, a través del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). En el supuesto de que el periodo de alarma se prorrogara de nuevo; los plazos para presentar la autoevaluación se ampliarán hasta, al menos, quince días después  de la finalización de la alarma.

Una vez verificadas sus declaraciones por los servicios del Comisionado de Transparencia (Parlamento de Canarias), dispondrán de un periodo de alegaciones. Hasta entonces, y como las más avanzadas han venido haciendo durante los últimos meses, las instituciones pueden ir actualizando y mejorando la información que ofrecen en sus portales de transparencia.

Será el cuarto informe anual de rendición de cuentas sobre transparencia desarrollado en Canarias con su propia metodología y herramienta informática (T-Canaria) sobre todas las instituciones públicas. Analizará el cumplimiento del año 2019 con los datos publicados en los portales de transparencia en el primer semestre de 2020.

Los servicios del Comisionado de Transparencia han aprovechado el periodo de confinamiento para mejorar la aplicación informática; de forma que este año les costará mucho menos tiempo realizar la autoevaluación a los empleados públicos. Ello es así porque en la herramienta T-Canaria les aparecerán precargados los datos  de su declaración anterior (de forma parecida a como ocurre en el programa de declaración de la renta), de forma que podrán optar por cargar todos los datos o anotar solo los cambios de las direcciones web donde están obligados a publicar los contenidos informativos de la transparencia.

Aquellas instituciones que esencialmente no hayan modificado la estructura del portal de transparencia en el último año y que únicamente hayan ido actualizando sus datos [se recomienda que cada mes o trimestre en algunos casos] les va a costar mucho menos tiempo realizar la carga del T-Canarias. La novedad este año será un  nuevo cuestionario sobre los contenido informativo que cada institución haya publicado en el portal de transparencia o en su web sobre las actuaciones realizadas frente a la pandemia del Covid-19 y sus secuelas; en la medida en que toda las actividad del sector público se ha visto afectada o condicionada por ella.

 


Datos ampliados sobre la noticia:

Evaluación de las obligaciones de transparencia en Canarias mediante el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) en el periodo 2015-2018

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) representa el grado de cumplimiento de transparencia activa de las instituciones canarias y se ha constituido en la más amplia y transversal evaluación de una política pública en esta materia a nivel estatal al haber alcanzado en el pasado ejercicio a 270 de las 340 instituciones y entidades públicas de Canarias. La aplicación informática T-Canaria que lo soporta ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico, interactivo y colaborativo. Juntos, constituyen una auténtica singularidad en la medición del grado de cumplimiento de las leyes de transparencia.

Tanto la evaluación como el desarrollo de la aplicación T-Canaria han demostrado tener un claro impacto positivo en la transparencia de las instituciones y de sus sectores públicos, incrementado también por el hecho de que el proceso de evaluación es participativo y permite a las entidades analizarse, autoevaluarse y mejorar los contenidos de la web o portal de transparencia antes de rendir cuentas al Comisionado.

El primer año en el que se comenzó a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias fue 2016, año en el que se analizó la calidad de los portales de transparencia en 2015. En aquel ejercicio, solo colaboraron con el Comisionado de Transparencia 37 entidades: la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife y 32 de los 88 ayuntamientos, es decir, el 38,54 % de las administraciones públicas. Cuatro años después, y por segundo año consecutivo, en el último informe del Comisionado todas las 96 administraciones y las dos universidades públicas colaboraron remitiendo su declaración de transparencia, hecho que en España solo ocurre en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el último informe publicado en la web del Comisionado, referido al ejercicio 2018, el número de entidades no colaboradoras o incumplidoras se redujo considerablemente, quedando solo 62 sujetos públicos obligados por evaluar, es decir, el 18,24 % de los 340 sujetos obligados canarios.

Cabe destacar que esta progresión ha sido posible gracias a la colaboración y al gran trabajo de los empleados públicos encargados de alimentar y mantener actualizados los portales de transparencia y de cumplimentar y remitir los cuestionarios de las evaluaciones. En el último proceso evaluativo, más de 400 empleados públicos de las 270 entidades evaluadas trabajaron con la herramienta T-Canaria.

Todo ese esfuerzo realizado se muestra en los resultados de la evaluación: la nota media del ITCanarias 2018 de todo el conjunto de entidades evaluadas fue de 5,27, dos décimas por encima de la nota del año anterior (5,03). Aunque pudiera parecer que la dedicación de las instituciones principales y de sus entidades dependientes no tuvo una gran repercusión en la media del conjunto, como sí ocurría en años anteriores; el mayor trabajo se vio en el aumento del número de portales de transparencia creados y evaluados. Recuérdese que solo quedó el 18,24 % del censo de entidades sin evaluar, frente al 39,42 % del ejercicio anterior.

De las 278 organizaciones que rindieron cuentas sobre su transparencia, 153 alcanzaron un ITCanarias 2018 igual o superior a 5, es decir, el 55,04 %, mientras que en 2017 solo el 44,02 % lo lograba. Por lo tanto, por primera vez más de la mitad de los sujetos obligados canarios evaluados tuvo un nivel de transparencia como mínimo aceptable.

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia ascendente tanto de la participación de las entidades evaluadas como del número de entidades con notas superiores a 5.

En lo que respecta a las 96 administraciones públicas canarias, llama la atención que la media de los ayuntamientos fue ligeramente inferior a la del ejercicio 2017, 5,16 frente a 5,33, mientras que la media de los cabildos y la nota de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma aumentaron. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, este retroceso se produjo después del gran salto hacia adelante dado entre 2016 y 2017. En el primer año de las evaluaciones, la media aritmética de las 96 administraciones canarias apenas llegó a 3,14 puntos; lo que hizo reaccionar a las instituciones más sensibilizadas con la transparencia.

Por segundo año consecutivo todas las administraciones públicas alcanzaron una media del ITCanarias superior a 5, lo que refleja una consolidación progresiva de la cultura de la transparencia.

Se muestran a continuación las medias aritmética y ponderada por población de las 96 administraciones públicas, así como de cada tipo de administración.

[Nota metodológica sobre las medias. La media aritmética del ITCanarias, o simplemente media, es una medida de tendencia central, en la que se suman todas las notas de las entidades y se divide por el número total de estas. Todas las administraciones tienen el mismo peso y, por tanto, influyen de la misma manera en el resultado.

En la media ponderada por población se tiene en cuenta el peso relativo de cada administración en el total poblacional correspondiente, de forma que las entidades que afectan a un mayor número de habitantes tienen una mayor relevancia en el valor de la medida.]

Comparta este artículo








Enviar

Más del 80 % de las reclamaciones ciudadanas son porque se da la “callada por respuesta” y en nueve de cada diez veces se les estima

Comparta este artículo








Enviar
  • Crónica de la presentación del informe 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó este miércoles 19 de febrero de 2020 el informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias.

Más del 80 % de las reclamaciones que llegan al Comisionado de Transparencia, 355 en 2018 y 244 en 2019, no proceden de inadmisiones o desestimaciones de las solicitudes de información sino del silencio administrativo, por eso, indicó el comisionado, “prácticamente más del 85 % [el 88 % en concreto desde el inicio de la actividad] de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes porque no había, en muchas ocasiones, mayor problema en entregar una información, no sometida a ningún límite, ni a ninguna causa de inadmisión”. Es, por tanto, en el ámbito de la respuesta al ciudadano donde más margen de mejora tiene el sistema canario de Transparencia y “donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las administraciones públicas de Canarias”, reflexionó Cerdán. Sigue habiendo, expuso el comisionado, una gran cantidad de administraciones que responden con “la callada por respuesta”.

Daniel Cerdán comenzó su intervención haciendo referencia a las máximas que han inspirado el trabajo de evaluación y control del Comisionado de Transparencia: «lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre» del matemático William Thomson y «cuanto más te observo, mejor te comportas» de Jeremy Bentham.  

Recordó que los cuatro órganos vinculados al Parlamento de Canarias, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Diputado del Común y el propio Comisionado de Transparencia, son los ojos de la Cámara parlamentaria para el mejor cumplimiento de las leyes, “somos los delegados del Parlamento no solamente para detectar incumplimientos sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimizaciones, para empujar hacia la excelencia”.

En lo que respecta al control del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en este informe, el Comisionado de Transparencia ha señalado públicamente a las 62 entidades que no rindieron cuentas sobre el ejercicio 2018, de las que 45 ni siquiera cuentan con página web. Pero también ha destacado a aquellas entidades que lo han hecho bien. Las 86 entidades que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) fueron distinguidas en noviembre con el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y 153 de las 340 administraciones y entidades que componen el sector público canario obtuvieron el “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” por haber aprobado la evaluación del ejercicio 2018. Consideró Cerdán, en este sentido, que ya hay una mayoría de entidades que, al menos en la transparencia ejercida a través de los portales de transparencia, está por encima del 5, “después de tres años de progresiva mejora”.

Sin embargo, el comisionado de Transparencia explicó ante la Cámara que mientras que en el ámbito de la publicidad activa se ha mejorado notablemente, y así se refleja en el informe presentado, en el ámbito del derecho de acceso los datos no son tan positivos, como se ha señalado al principio.

Después de tres años de “caminar en solitario”, el modelo de evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias ha recibido dos premios nacionales. Asimismo, “otras tres comunidades autónomas en estos momentos están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), adaptándolo a su fórmula de trabajo, para implementarlo a lo largo de este año”, anunció Cerdán.

Para terminar, el comisionado de Transparencia avanzó que con la herramienta T-Canaria y la colaboración de los empleados públicos de todas las administraciones y entidades públicas canarias, en la próxima evaluación “esperamos alcanzar a los 600 sujetos evaluados y  medidos porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los 300 primeros perceptores de ayudas y subvenciones públicas”.

Grabación de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces de los grupos parlamentartios en el Pleno del Parlamento de Canarias acerca del Informe de Transparencia del ejercicio 2018

Turno de los portavoces

© Pepe Torres/ParCan.

El portavoz de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, destacó que la labor que ha realizado el Comisionado es “fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años”. Es importante, dijo, contar con los medios técnicos que favorezcan la disponibilidad de la información por lo que considera interesante el desarrollo que está haciendo el Comisionado de Transparencia para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.

Fernández de la Puente valoró que el Gobierno de Canarias y los cabildos han hecho un esfuerzo para cumplir con las obligaciones de transparencia y han evolucionado favorablemente en el Índice de Transparencia. “Es quizás- distinguió- en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones”. Para el portavoz, se debe empezar a evaluar también a las entidades que reciben fondos públicos “concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos -que recibimos ayudas-, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia”.

Sobre el derecho de acceso, el diputado de Ciudadanos destacó la “mala costumbre de dar la callada por respuesta” que tienen las administraciones, en ese sentido, dijo, “tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva”.

Fernández de la Puente acabó su intervención preguntando a Daniel Cerdán cuál cree que es el motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el Comisionado de Transparencia.

© Pepe Torres/ParCan.

Melodie Mendoza, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, empezó reseñando la evolución positiva de las administraciones hacia la transparencia desde la aprobación de la figura del Comisionado de Transparencia. Desde la Agrupación Socialista Gomera consideran una muy buena iniciativa del Comisionado de Transparencia la organización de eventos como la entrega de diplomas del pasado mes de noviembre, “ya que no solo recompensa- dijo la portavoz- a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motivan a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento”.

Para Mendoza, “cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI, para poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad”. Sin embargo, lamentó que aunque ha aumentado el número de portales de transparencia en 2018, todavía hay muchos “portales malos”, es decir, aquellos portales “que no se actualizan, que no tiene toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos”.

En cuanto al derecho de acceso a la información, Mendoza destacó que el dato empeora porque las preguntas sin respuesta se incrementan, aunque como parte positiva, “cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del Comisionado ante la falta de respuesta por parte de la administración competente, de hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos”. Al respecto, reflexionó la portavoz que si los expedientes que debe revisar y evaluar el Comisionado de Transparencia cada vez son más, “debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible”.

© Pepe Torres/ParCan.

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Francisco Antonio Déniz, destacó que los datos ofrecidos por el Comisionado de Transparencia “muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de transparentarse”. Quiso agradecer y reconocer el trabajo de los empleados públicos que realizan el trabajo de cumplir con las obligaciones de transparencia “por contribuir a una mejor democracia”.

Déniz propuso al comisionado de Transparencia incluir en la evaluación las actividades de reuniones y asambleas con vecinos que realizan los alcaldes y concejales de los ayuntamientos y otras corporaciones ya que porque “es un trabajo bastante arduo”.

Por otro lado, con respecto a las 62 instituciones incumplidoras, considera que más que aplicar medidas coercitivas, se debe “persuadir” para ver las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia. Considera también que hay varias asignaturas pendientes, “una de ellas es el control a las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo”.

© Pepe Torres/ParCan.

Sandra Domínguez, portavoz del Grupo Nueva Canarias, recordó que el informe del Comisionado de Transparencia “nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas, y que produzcan un flujo de información multidireccional”. Con respecto al derecho de acceso, destacó Domínguez que, según los datos del informe, “se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública”. Canarias es una de las comunidades autónomas con más reclamaciones, “se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados”, explicó.

La portavoz, por otro lado, achacó la falta de cumplimiento o los suspensos del ejercicio 2018 a que “se ha multiplicado la tarea de las administraciones por cuatro, cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades”.

Reflexionó también la portavoz sobre la falta de un reglamento que modifique la Ley de Transparencia y la “tarea pendiente” de ampliar el control de transparencia a otros entes privados que reciban subvenciones, partidos políticos y organizaciones sindicales. Por último, Domínguez animó al Comisionado a seguir en esta tarea “pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones”.

© Pepe Torres/ParCan.

Para la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, la transparencia es un “nuevo modo de vida y evidentemente todas las administraciones públicas pero también incluidos todos nosotros tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia”, “porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen, reseñó.

Reverón señaló a algunas entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, la Agencia Canaria de Protección Medio Natural, la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias; que descendieron en puntuación con respecto al año anterior, y entiende la portavoz que desde el Parlamento de Canarias se debería de hacer una labor, desde su función de control al ejecutivo, “para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe”.

Los ciudadanos, consideró Reverón, se quejan de no obtener la información que realmente demandan, debido a que en los portales “se carga la información institucional pero no realmente la información sobre la que el ciudadano quiere tener conocimiento”. Lamentó asimismo la falta de respuesta por parte de las administraciones a las solicitudes de información de la ciudadanía: “yo creo -dijo la portavoz- que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y, sobre todo, que un silencio por respuesta”.

La diputada del Partido Popular finalizó su intervención felicitando al comisionado “por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir”.

© Pepe Torres/ParCan.

Socorro Beato, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, consideró que hay que ser benévolos con  algunas administraciones, sobre todo con las más pequeñas, porque “estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos y la que merece la pena publicarse y por lo tanto hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información”. No se puede olvidar, expresó la diputada al respecto, la situación de muchas administraciones públicas, “la mayoría de los ayuntamientos canarios con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales”.

Beato reflexionó sobre si la transparencia está en crisis y qué medidas se pueden tomar “para volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas”, planteando la necesidad de una modificación de las leyes de transparencia “que permita saber, por ejemplo, cuales son los compromisos de gobierno”. En este sentido, preguntó la portavoz: “cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones”.

Finalizó la señora Beato animando al comisionado “a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía”.

© Pepe Torres/ParCan.

El portavoz del Grupo Socialista Canario, Manuel Martínez, habló de la evaluación con el símil académico,  donde el Comisionado de Transparencia es el tutor que presenta las notas y las administraciones y entidades públicas son los alumnos. Destacó Martínez, sobre las 62 entidades incumplidoras, que “se han fugado, y lo han hecho por tercera vez” e insistió, al igual que el portavoz de Sí Podemos Canarias, en “no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado”.

La herramienta, considera el portavoz, que tienen las administraciones públicas y la clase política para aumentar la confianza de la ciudadanía no es otra que la transparencia. Por ello, no se puede permitir “que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo”.

Desde el Partido Socialista, destacó Martínez, “entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción”. El portavoz, en este sentido, reprodujo las palabras del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, para concluir que el objetivo que deben marcarse las administraciones no es trabajar y luego abrir las ventanas sino trabajar con las ventanas abiertas.

Daniel Cerdán, en el segundo turno de intervención respondió a las preguntas más generalizadas de los portavoces. El motivo de tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso y del poco cumplimiento de las entidades dependientes con respecto a la publicidad activa, está según el comisionado de Transparencia, en “un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, le falta crecer en cultura de la transparencia”. Para eso, expresó, hace falta tiempo porque “España llegó a la transparencia obligada” por las leyes y los comportamientos no se cambian automáticamente por la vía normativa.

Otra cuestión que plantearon los diputados que intervinieron en este debate es qué medidas se pueden establecer para lograr un mejor cumplimiento. En este sentido, Cerdán explicó que ya se ha aplicado el “reconocer a los buenos” pero consideró que ya es el momento de establecer “pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, -yo espero que no lleguemos a tal nivel- pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los que peor practican la transparencia”. Al respecto, el comisionado de Transparencia adelantó que ha contactado con el Gobierno de Canarias para introducir este instrumento sancionador en la futura propuesta de ley de acompañamiento de medidas administrativas.

Informó de que el número de solicitudes de información es bajo: no hay más de 2200 solicitudes cada año frente a las 98 administraciones canarias: “Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día” en el conjunto de todas las administraciones canarias, indicó el comisionado. Por ello, en lugar de un excesivo trabajo administrativo en las instituciones públicas como señalaron algunos portavoces, Cerdán considera que es al contrario: “las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan y, por lo tanto, hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo pero, sin embargo, no la practican en el día a día ante los ciudadanos” en los referido a las demandas de derecho de acceso a la información.

Comparta este artículo








Enviar

Transcripción del debate sobre el Informe Anual 2018 del Comisionado de Transparencia de Canarias

Comparta este artículo








Enviar

Borrador del Diario de Sesiones número 27, de 19 de febrero de 2020, del Parlamento de Canarias. (Se reanuda la sesión a las nueve horas y ocho minutos).

            El señor presidente: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a…, a reanudar la sesión plenaria. Bien, señorías, vamos a reanudar, como les he dicho, la sesión plenaria.

            (La señora secretaria segunda, Reverón González, ocupa un escaño en la sala).

  • 10L/ICTR-0001 Informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Informe anual correspondiente al año 2018.

            El señor presidente: Comenzamos, como habíamos acordado, con el punto del orden del día correspondiente al Informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

            Comenzamos con la intervención del comisionado para la Transparencia, don Daniel Cerdán, buenos días, bienvenido. Tiene la palabra.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Buenos días a todos, mi saludo muy cordialmente en este segundo día de su pleno.

            Quería empezar recordando unas frases que para nosotros siempre han sido como totémicas, siempre han sido como inspiradoras.

            Durante años William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, inspiró nuestras evaluaciones y presentaciones con tres principios: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Esto ya me lo han oído más de una vez, pero he querido repetirlo aquí porque después de tres evaluaciones a todas las instituciones principales de Canarias podemos abrazar otra máxima de otro pragmático inglés, Jeremy Bentham, que aunque se excedió en su utilitarismo a ultranza dijo algo que hemos podido comprobar y demostrar en estos tres últimos años, dijo: cuanto más te observo mejor te comportas. Esta, diríamos, si habría que resumir en siete palabras la actividad sobre todo en el ámbito de evaluación y de control de comisionado en estos tres años nos veríamos también con esta máxima que, digamos, ha sido múltiples veces demostrada a lo largo de la historia, es decir, algo que no se le hace ningún caso, al que no se le mira, generalmente no tiene un buen cumplimiento.

            Los cuatro órganos vinculados al Parlamento –el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el Comisionado de Transparencia– somos sus ojos para ver el mejor cumplimiento de las leyes. Frente al incumplimiento están los jueces, pero siempre a instancia de parte. Los cuatro órganos vinculados al Parlamento somos los delegados del Parlamento no solamente para detectar incumplimientos sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimización, para empujar hacia la excelencia. Por eso, sobre el ejercicio de 2018 que ahora analizamos no nos hemos limitado a señalar a las 62 entidades de las 340 entidades públicas de Canarias que no rindieron cuentas, 45 de ellas sin tener siquiera un portal de transparencia.

            También hemos querido identificar a los 86 que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 para entregarles, en el pasado mes de noviembre, el certificado de excelencia digital en Canarias. Y también a las 153, de las 340 entidades públicas, que obtuvieron el sello de calidad de transparencia digital por haber sacado más de un 5 en el Índice de Transparencia de Canarias, logro que no es fácil, se lo aseguro, porque 125 de los 278 portales que declararon y analizamos, y otros 62 ni siquiera presentaron su declaración de transparencia.

            Por lo tanto podemos decir que ya hay una mayoría, por primera vez en estos tres años, de entidades que al menos en la transparencia pública, en la transparencia ejercida de los portales de transparencia, está por encima del 5 después de tres años de progresiva mejora.

            La Administración principal de la comunidad autónoma, con más de 9 puntos por primera vez en el trienio evaluado; los cabildos, que por primera vez aprueban todos y con una media cercana al notable, tiran de la transparencia activa hacia arriba en esta comunidad.

            Podemos, pues, concluir que cuanto más observamos mejores resultados obtienen las administraciones públicas, solo por ello, solo por ser analizadas y evaluadas sin que medie más premio o castigo que ese.

            Hasta aquí diríamos esta pequeña introducción, y ahora no esperaba volver a reproducir aquí el análisis de los dos millones de datos que contiene el informe anual del comisionado del 2018, y ya los analizamos en parte en la comisión, y doy un poco por expuesto ese análisis.

            Por actualizar de todas maneras un poco el dato, así como en el ámbito de la transparencia activa hemos podido comprobar y ustedes pueden ver en el informe que han mejorado notablemente las cosas, no es así exactamente en el ámbito de la transparencia pasiva o en el ámbito del derecho de acceso, porque sigue habiendo una gran cantidad de administraciones que responde con la callada por respuesta, es decir que responden con el silencio administrativo. Prácticamente más del ochenta por ciento de las reclamaciones que nos llegan al Comisionado –355 en el año 2018, que analizamos 245 en el año 2019, que no está en este análisis pero que es el dato más actual que cerramos en diciembre–, más del ochenta por ciento, ya les digo, no proceden por realmente haber causas de no entrega de la información al ciudadano sino simplemente de la comodidad de no responder, por eso prácticamente más del ochenta y cinco por ciento de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes, porque no había en muchas ocasiones mayor problema en entregar una información no sometida a ningún límite, no sometida a ninguna causa de inadmisión. Por lo tanto, es en el ámbito de la respuesta a los ciudadanos donde más margen de mejora tiene el sistema canario de transparencia y donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos también proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las 98 administraciones públicas de Canarias.

            En este último año también creo que merece la pena entretenerse siquiera un momento en el hecho de que después de tres años de caminar en solitario el modelo de trabajo del comisionado de Transparencia ha recibido dos premios nacionales relevantes en el ámbito de la transparencia y, sobre todo, lo que nos satisface especialmente es que otras tres comunidades autónomas en este momento están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias, adaptándolo a su fórmula de trabajo para implementarlo a lo largo de este año en otras tantas comunidades autónomas. Eso significa que lo que hemos venido trabajando aquí aplicándolo a un conjunto poblacional de dos millones de habitantes posiblemente al final de este año una cuarta parte de este país esté evaluando su transparencia con el modelo de transparencia que hemos desarrollado, hemos implementado y hemos puesto en práctica en Canarias, no solamente adaptando un modelo nacional preexistente que estaba construido a nivel teórico sino, también, construir una herramienta telemática, propia, singular, que permite a una institución como la nuestra, pequeña, de pequeñas dimensiones, con cinco funcionarios y dos becarios, llegar a, y este año, a casi trescientos sujetos públicos, y esperamos que en el año presente…

            El señor presidente: Sí. Don Daniel, perdón.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: ¿Si? Muy bien.

            El señor presidente: Se le ha agotado el tiempo. Le damos… Sí. Un segundo nada más.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: Vale.  … pues podamos alcanzar…

            El señor presidente: Sí, don Daniel. Un segundo.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: Sí.

            El señor presidente: Un segundo, un segundo. Un segundo. Ahora. Termine.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Concluía. Solamente por rematar la frase.

            Les decía que esperamos en este ejercicio precisamente porque tenemos una herramienta desarrollada y sobre todo porque tenemos más de cuatrocientos funcionarios canarios colaboradores en todas las administraciones canarias, esperamos alcanzar a los seiscientos sujetos evaluados y medidos, porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los trescientos primeros perceptores de ayudas y subvenciones…

            El señor presidente: Muchas gracias, don Daniel.

            Turno ahora para los grupos parlamentarios. Por tiempo de cinco minutos, Grupo Mixto. Don Ricardo.

            El señor Fdez. de la Puente Armas: Buenos días, señor presidente. Señor comisionado.

            En primer lugar felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo que han desarrollado. Estoy convencido de que la labor que usted viene desarrollando estos últimos años es fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años y este ejercicio concretamente. Un grupo pequeño de colaboradores pero que también se apoya en un grupo más amplio, mucho más amplio de funcionarios de distintas administraciones que le prestan su apoyo y ayuda.

            Yo soy un convencido, un fiel convencido, de que es importante contar con medios técnicos que favorezcan la información, el tener disponible la información. Por eso, como ya le dije en comisión, me parece muy interesante esa experiencia que están haciendo ustedes para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.

            Entrando en algunos detalles y viendo el Índice de Transparencia de Canarias, es evidente que las administraciones se han ido cada vez más poniendo y tomando en serio esto de la transparencia. Desde luego el Gobierno de Canarias ha hecho un evidente esfuerzo en este sentido, y si vemos cómo ha evolucionado el último informe a este vemos que pasa de un 7,6, que no está nada mal, a prácticamente un 10, un 9,04. También los cabildos han hecho su tarea y también han evolucionado favorablemente en ese índice de transparencia. Es quizás en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones. De las 340 entidades públicas que existen en Canarias aún tenemos 72 como incumplidoras, y esperamos que para los próximos informes, que ya se deben estar elaborando, esto se vaya reduciendo.

            También hay que poner de manifiesto que solo 123 de las 278 entidades que han recibido información y han colaborado han tenido algún tipo de solicitud, y creemos que todavía los ciudadanos hacen poco uso de este derecho que tienen de solicitar a la Administración información sobre aquello que consideren oportuno y necesario. Y el dato de las 2107 peticiones realizadas.

            También la actividad del Comisionado como último recurso, como se suele decir y coloquialmente la última gran esperanza. Bueno, pues también ha pasado y se ha llegado por parte de los ciudadanos a tener una mayor, digamos, presencia de pedirle al Comisionado ayuda en última instancia. Ha pasado de 154 a las 355.

            El Gobierno de Canarias es desde luego el que más visitas recibe en su página web, han sido 280 000 las visitas, de unas ochenta y cinco mil sesiones únicas, es decir ochenta y cinco mil usuarios que han consultado, han pedido información, a la página de la comunidad autónoma.

            También yo creo que otro aspecto reseñable y que pone usted de manifiesto en su informe es que quizás debemos darle una vuelta de tuerca a aquellas entidades que reciben fondos públicos, y me estoy refiriendo concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos que recibimos ayudas, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia.

            Yo sí que, por poner un pero en este informe, sí es verdad que este, digamos, número de entidades no cumplidoras por parte de la Administración, quizás no es el mejor ejemplo que se deba dar a la ciudadanía. Si nosotros, si la Administración no da ejemplo, pues mal vamos.

            También usted lo ha dicho además con palabras textuales, la Administración suele dar o suele tener esta mala costumbre de dar la callada por respuesta. Son palabras textuales suyas, que creo que también vienen reflejadas en el propio informe. Y eso evidentemente genera malestar. Pero no se queda ahí la cosa, sino que encima ustedes cuando la Administración le da la callada por respuesta y usted (ininteligible) la Administración, el Comisionado en el 50 % de las ocasiones la propia Administración también le da a usted o al Comisionado la callada por respuesta.

            Bien. Entrando también en lo que son las entidades, los ayuntamientos es donde quizás está el mayor índice de incumplimiento. 35 organismos autónomos municipales, 12 incumplen. De las fundaciones municipales, 4 de 8 incumplen. Bueno, yo creo que hay que exigirle desde luego mayor rigor para que estas entidades también cumplan con la Ley.

            Pero con todo, sí me quiero quedar, lo decía al principio, con ese dato positivo que viene reflejado en el informe del propio Comisionado.

            Yo creo que es importante que tengamos unas administraciones transparentes, los ciudadanos tienen derecho a saber y a conocer lo que sus administradores, sus responsables públicos, hacen con los dineros que recaudan. Y por lo tanto yo creo que ahí sí es verdad que tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva incluso en las propias administraciones para que sigan avanzando en esta línea.

            Yo voy terminando, y quisiera, bueno, que el aprobado raspado que tienen muchos de estos en general y se ve en el índice, al final de este año, pues, se tenga se suba hasta un notable, eso sería lo ideal y lo que incluso varias entidades dicen que sería lo deseable… (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

            El señor presidente: Continúe.

            El señor Fdez. de la Puente Armas: Sí, gracias, presidente, ya finalizo.

            Sí me gustaría terminar con una pregunta, si puede pues la responde en su segundo turno, que cuál cree que es el principal motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el Comisionado, y termino como empecé ayer, felicitándole a usted y a todo su equipo por el buen trabajo que han realizado, y le animo a seguir haciéndolo.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Muchas gracias, don Ricardo.

            Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

            La señora Mendoza Rodríguez: Gracias, presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor Cerdán, y muchas gracias también por comparecer ante este Pleno.

            La realidad es que, desde que se aprobó la figura del Comisionado de Transparencia se ha visto una evolución muy positiva en lo que a una Administración más transparente se refiere. De hecho, en 2018, de las 340 entidades del sector público canario ya colaboraban 278, pero es que ahora implica un avance considerable respecto al año 2017, que solo aportaban datos unas 204 entidades y, aunque la nota media sigue en aprobado es verdad que también va en línea ascendente, pues ha aumentado dos décimas.

            Se lo decíamos en la comisión y se lo volvemos a repetir en este Pleno, gracias al gran esfuerzo que hacen desde la oficina del Comisionado y desde las administraciones canarias que se han implicado en este objetivo, se ha conseguido tener un reconocimiento de premios a nivel nacional, como son el NovaGob y el de la Fundación Compromiso y Transparencia, un reconocimiento a todo el sector público canario, donde se ha nombrado a más de 490 empleados públicos, los cuales han aportado más de 2 millones de datos para poder confeccionar este informe.

            Hace unos meses, en esta Cámara, se entregaban las distinciones a las entidades públicas y administraciones, que conforme al baremo habían cumplido con sus deberes, obligaciones de transparencia y derecho al acceso con una calificación de excelente. He de decirle una vez más que desde Agrupación Socialista Gomera consideramos que este tipo de eventos con entrega de diplomas nos parece una muy buena idea, ya que no solo recompensa a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motiva a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento.

            Señorías, cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos, también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI para poder demostrar, o es la única vía de poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad. Por eso, señorías, debemos alentar que se siga recorriendo la senda de la transparencia y que se cumpla con el acceso a la información que demandan los ciudadanos. También en ese mismo evento se hacían las Jornadas de Transparencia Digital, en las que desde la oficina del Comisionado, y con participación de los distintos encargados de la transparencia de las administraciones del sector público, se creó un debate muy enriquecedor para mejorar, entre otras cuestiones, los portales web de transparencia.

            Precisamente, en el informe, quedaba claro que una de las cuestiones en las que hay que invertir más esfuerzo es en la transparencia digital y en el establecimiento de portales que sean fácilmente accesibles, intuitivos y que respondan a las dudas o a las peticiones de acceso de información que demanda la ciudadanía. La vía digital es la más usada por los ciudadanos para informarse, y aunque es verdad que crece el número de portales en 2018 y, además, muchos de ellos mejoran sensiblemente su utilidad pública, también ocurre que el número de portales malos también crece, y cuando digo portal malo hablo de portales que no se actualizan, que no tienen toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos.

            En cuanto al derecho a la información, el dato empeora, ya que las preguntas sin respuesta se incrementan de 46 a 233, aunque la parte positiva es que cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del comisionado ante la falta de respuesta por parte de la Administración competente. De hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos.

            En este punto queremos hacer una reflexión, puesto que los expedientes que debe revisar y evaluar la oficina del Comisionado cada vez son más, debido a la incorporación del resto de entidades públicas al compromiso de la transparencia, debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible.

            Termino, señorías, dando las gracias al señor Cerdán y a todos los trabajadores que realizan la labor de transparencia en Canarias. Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Mendoza.

            Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

            El señor Déniz Ramírez: Señor presidente, señorías.

            Señor Cerdán, y al equipo del Comisionado de Transparencia.

            Bueno, yo creo que hay una conclusión, y es que vamos avanzando progresivamente, ¿no?, me parece que los datos que usted nos ha ofrecido muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de, digamos, transparentarse. Lo que pasa es que, claro, de todas maneras este es un trabajo que realizan, como ya hemos dicho, numerosos trabajadores públicos, 400 empleados, concretamente, ¿no?, y es un trabajo de más que recae sobre mucha gente que está en las administraciones, por lo tanto, desde aquí nuestro agradecimiento por contribuir a una mejor democracia. Pero, claro, como decía la señora diputada Mendoza, es necesario más personal en esta tarea, ¿no?

            Yo creo que también una de las conclusiones suyas es que en la medida en que la sociedad va avanzando en el sentido democrático va exigiendo, se va comprometiendo más con las instituciones, va entrando más en los portales también hay un nivel mayor de exigencia, ¿no?, y por lo tanto también será una misión más de las instituciones a tenerla en la agenda, ¿no? Por lo tanto, sería importante también tener más recursos.

            Son 278 de 340 instituciones, pero efectivamente en los años anteriores eran menos las que realizaban este tipo de tareas, y esto quiero pensar que es un compromiso, y también es parte del esfuerzo que ustedes, ¿no?, desde este Parlamento, el Comisionado también se ha hecho.

            Yo creo que lo que se trata es de que los datos que manejan las instituciones, las tareas que realicen estén al servicio del ciudadano, me parece que en ese sentido los portales son importantes. También es importante las actividades, yo se lo comenté a usted también en la comisión, las actividades de reuniones que realizan en los ayuntamientos, de asambleas con los vecinos y otro tipo de corporaciones, eso por ejemplo no está recogido en la evaluación que se hace de transparencia, y a mí me parece que es una tarea, una actividad muy importante de los alcaldes y de los concejales de los ayuntamientos es el contacto directo con los ciudadanos, y eso, por ejemplo, tendríamos que nosotros incorporar algún elemento para que se evalúe también, ¿no? Aquí hay numerosos alcaldes de las instituciones, y esa es una tarea muy grata, a veces más conflictiva, en fin, depende, ¿no?, porque uno tiene que dar parte de las tareas que está haciendo, pero esa tarea es relevante, el contacto directo. Me imagino y creo que tiene que haber algún ítem que evalúe ese tipo de situaciones, ¿no?, porque es un trabajo bastante arduo.

            La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 85 % de los casos, lo cual también es bastante relevante, porque a nosotros lo que nos interesa es que el dato sea, la tendencia, ¿no?, sea al alza. Es verdad que hay 62 instituciones no cumplidoras. Yo creo que aquí más que aplicar medidas coercitivas, porque no sabemos tampoco las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia, sería también persuadir a estas instituciones, ver qué problemas tienen, a lo mejor es un problema de personal, que ya se ha hablado bastante aquí en este pleno sobre esta cuestión, ¿no?, y a lo mejor tendríamos que dotar con mayor personal, más que coerción persuasión, intentar subir la nota del 5,36, ¿no?

            Y ya digo, yo creo que la cultura … si la cultura organizacional de la sociedad, la organización social democrática aumenta, la actitud demandante también proactiva y participativa va a aumentar.

            A mí me parece que hay algunas asignaturas pendientes, una de ellas es el control o las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo, es una asignatura pendiente y me imagino que tendremos que establecer algún capítulo, alguna medida, para controlar o digamos fiscalizar que estas organizaciones en qué se gastan el dinero.

            Luego, la información sobre la ordenación del territorio, y luego también que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por silencio administrativo es un problema que aquí se ha comentado, y eso también tendremos que solucionarlo.

            Yo creo que es importante adecuar también los archivos, la organización de la información, eso necesita también personas, es una tarea, porque después es mejor producir esa información que nosotros demandamos, hay que actualizarla, y bueno, todo ese tipo de gestiones vale dinero y vale la pena invertir en eso porque ganamos en democracia y en transparencia.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señor Déniz.

            Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

            Doña Sandra, buenos días. Tiene la palabra.

            La señora Domínguez Hormiga: Gracias, señor presidente. Buenos días.

            Evidentemente, este informe nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas, y que produzcan un flujo de información multidireccional, porque no hay que negar que en las últimas décadas la confianza de la ciudadanía en la gestión pública se ha perdido y en este sentido y por este motivo es por lo que se crearon ciertas normas, como la normativa del 2014 en materia de transparencia y acceso a la información, y posibilita así que la ciudadanía pueda controlar y vigilar las administraciones, los servicios y, cómo no, el gasto público.

            Según los datos que nos expone el informe de transparencia, el comisionado, se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública, Canarias cuenta junto a Aragón y a Baleares como una de las comunidades públicas donde la gente hace más reclamaciones por cada 100 000 habitantes, se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados, y esto se multiplica por 2 la media nacional, con lo cual la ciudadanía canaria refleja que tiene interés y que se mueve en materia de reclamación.

            Señala el índice de transparencia también que, como ya decían mis antecesores, hay un descenso, un descenso porcentual de casi diecisiete centésimas, entendemos que es una cuantía baja, pero aun así lo que se ha de cuestionar son los motivos de ese descenso. Ya se dijo en la comisión en la que se llevó este informe inicialmente que uno de los motivos por los que se podía haber provocado este descenso había sido la coincidencia con el periodo electoral, nosotros en este sentido discrepamos un poco, en el sentido de que entendíamos que un proceso electoral no tenía que influir en los funcionarios, el personal que es el que vuelca la información y que en consecuencia aporta los datos para evaluar este informe, pero sí entendíamos que el otro motivo por el que se fundamentaba ese descenso porcentual era en el hecho de que son muchas las entidades dependientes de unas administraciones matrices, por decirlo de alguna manera, de la comunidad autónoma, entidades dependientes de cabildos y entidades dependientes de ayuntamientos, en concreto 234 sociedades públicas que en su mayoría suspenden en transparencia. Y esto, yo creo, que estas empresas públicas que son sociedades anónimas, sociedades limitadas, consejos, institutos, consorcios y fundaciones, pues son los que en realidad entendemos que provocan una bajada de la puntuación. En concreto, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 42 compañías, de las cuales 21 no superan el test; los cabildos tienen 88, 42 no superan el test; los municipios 99, 78 no cumplen con la Ley de Transparencia; las universidades 5, 4 no cumplen con la Ley de Transparencia. Esto nos tiene que dar motivo a una reflexión y, efectivamente, el hecho de que existan tantísimas entidades vinculadas a administraciones matrices no significa que en sí no cumplan con los requisitos, otra cosa es que puedan carecer de medios las administraciones públicas de las que provienen porque al final muchas de estas entidades no tienen un organigrama, una estructura por la que puedan llevar a cabo esta tarea y en muchísimos casos son las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos los que tienen que hacer ese doble trabajo.

            Y tenemos que tener una reflexión sobre esta tarea dado que ahora mismo nos encontramos en varias administraciones que tienen multiplicado su trabajo, aquí hay muchos alcaldes, concejales y consejeros que saben la situación que están las administraciones, la Ley de Contratos, informes del Consejo Consultivo, se ha multiplicado la tarea de las administraciones por tres o por cuatro cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades y yo creo que esto es uno de los motivos principales, estoy convencida, estamos convencidos, uno de los motivos principales por las que estas entidades sean no cumplidoras y no por ello no haya interés en llevar a cabo esta tarea.

            Una reflexión importante es la carencia de reglamento, ya lo han dicho los predecesores, necesitamos un reglamento que modifique la Ley de Transparencia y en el que efectivamente se incluyan otros entes, sean entes privados a los que se le aporta subvención, partidos políticos tienen también que cumplir en materia de transparencia y organizaciones sindicales. Entendemos que esto es una tarea pendiente que se ha de llevar a cabo. Y, simplemente, pues animarlo comisionado a que siga en esta tarea pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones.

            Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Muchas gracias.

            Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular.

            La señora Reverón González: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días al señor comisionado.

            Le tenemos que volver a agradecer que venga usted a esta Cámara a presentar su informe, además ya se lo comenté en la comparecencia que tuvimos con ocasión de este informe, pues le dije que, bueno, que era un informe bastante detallado y que dejaba pocas dudas a presentar por parte de mi formación política.

            Pero sí es verdad que lo que sí me gustaría recalcar es que desde el Partido Popular entendemos que la transparencia ha llegado para quedarse, es un nuevo modo de vida y, evidentemente, todas las administraciones públicas, pero también incluidos todos nosotros, tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia. ¿Por qué?, porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen.

            Ya se ha dicho, y sí me gustaría volver a destacar, que se ha bajado, es verdad que se ha bajado poco, pero si hacemos una comparativa en el año 2018, 2017 se ha visto un decrecimiento de esa valoración. Usted es verdad que en el informe pone que son por dos motivos: un primer motivo que ya lo ha dicho la persona que me ha precedido en la palabra que es debido a que la autoevaluación se hace con motivo en la época en la que hubo elecciones, entendemos desde mi formación política que eso no puede ser óbice para que no se cumpla con la transparencia, evidentemente tiene que quedar muy al margen de que exista un proceso de elecciones municipales y autonómicas y, por otro lado, es verdad que usted hace referencia a que la gran mayoría de las corporaciones locales lo que hicieron fue cargar sus portales de transparencia y por tanto eso es lo que ha motivado ese decrecimiento.

            Pero sí me gustaría también destacar una advertencia que usted hace y llama la atención sobre todavía existen muchos municipios que no se toman en serio la transparencia activa, y además existen muchos municipios que todavía no llegan ni a los tres puntos. Concretamente, dentro de estos municipios, las entidades dependientes son las más incumplidoras. Y sí me gustaría destacar lo siguiente: organismos autónomos son 32, de los cuales han cumplido 20, pero tenemos todavía 12 que han incumplido; de empresas públicas, 61 empresas públicas tenemos, 25 son cumplidoras pero 36 son incumplidoras, por tanto entendemos, señor comisionado de la Transparencia, que las entidades públicas locales con las que están más cercanas del ciudadano y por tanto son las que, si se me permite, tienen más que cumplir con este requisito de la transparencia.

            Otra de las cuestiones que sí me gustaría, porque es verdad que nosotros pues de manera indirecta podemos hacer un control y un seguimiento de lo que hacen las entidades locales, pero aquí, en sede parlamentaria, independientemente del poder legislativo también tenemos el poder de control en lo que es la fiscalización del Gobierno. Y aquí sí me gustaría destacar que me llamó soberanamente la atención que de las entidades dependientes, administraciones públicas dependientes, de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, ha decrecido a nivel de transparencia, entonces me gustaría saber o deberíamos saber cuáles han sido los motivos porque evidentemente aquí no cabe hablar ni de elecciones y mucho menos hablar de los portales de transparencia, y me refiero sobre todo a la Agencia Canaria de Protección Medio Natural, a la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias. Por tanto, sí me gustaría decir que las primeras sociedades de las que acabo de hacer referencia bajan en dos puntos, y entiendo que eso deberíamos de, como mínimo, deberíamos de hacer alguna labor desde el Parlamento de Canarias en nuestra función de control al Ejecutivo para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe.

            Otra de las cuestiones que sí me gustaría llamar la atención es el carácter de la información que se les ha dado a los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan de que realmente no tienen la información que ellos realmente demandan. ¿Y por qué?, pues usted comenta en su informe que probablemente es debido a que se carga la información institucional pero no realmente la información a la que el ciudadano quiere tener conocimiento. Y aquí creo que es el momento de destacar lo siguiente: nos llamó la atención que del año 2015 al año 2018 ha habido un total de 618 reclamaciones, de las cuales se han, por silencio administrativo, se han resuelto 527, yo creo que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y sobre todo un silencio por respuesta; pero también es verdad que nos llamó la atención el modo en que el ciudadano todavía se dirige a la Administración pública, y es que de esas 618 reclamaciones 363 se hicieron de forma presencial, 255 online, pero 363 de forma presencial, por tanto entendemos que todavía tenemos que entrar en el mundo de la información, en el mundo de las nuevas tecnologías, que nos… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

 

            El señor presidente: ¿Quiere terminar?

            Sí. Un momentito.

            La señora Reverón González: Gracias, presidente.

            Nada.

            Ya para finalizar sí me gustaría, bueno, pues felicitarle por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir.

            Por otro lado, felicitarle por todos los premios que ha recibido usted y su equipo por el buen trabajo y, nuevamente, darle las gracias por venir aquí y hacer un trabajo tan minucioso que nos ayuda a todos a comprender mejor la transparencia.

            Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Reverón.

            Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato.

            La señora Beato Castellano: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

            Señor comisionado, buenos días. Felicitarle por el informe de este año que incorpora además novedades como es la evolución del índice de transparencia durante los últimos años. Un informe, el del 2018, que refleja el esfuerzo y la mejora de la mayoría de las instituciones canarias.

            Es verdad que algunas administraciones, sobre todo las más pequeñas, necesitan seguir esforzándose, y siempre hemos dicho que debemos ser benévolos con estas administraciones porque estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos y la que merece la pena publicarse y por lo tanto hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información, porque no podemos olvidar la situación real de muchas administraciones públicas, la mayoría de los ayuntamientos canarios con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales.

            El informe refleja que se han entregado, después de estas elecciones, unas administraciones saneadas desde el punto de vista de la transparencia, con un altísimo cumplimiento, unos datos altísimos en el Gobierno de Canarias, la mayoría de los cabildos y la mayoría de los ayuntamientos, ya veremos qué pasa el año que viene con la evaluación del 19, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz que se entrega con casi diez puntos en el índice, a día de hoy sigue sin actualizar información desde abril del año pasado.

            Y preguntábamos en la comisión si estamos ante la crisis de la transparencia. Porque las leyes de la transparencia nacieron en un momento de grave crisis económica y como contestación a los casos de corrupción. Pero los órganos de la transparencia, sus homónimos en las comunidades autónomas, suscribieron en octubre del año pasado una declaración en la que afirmaban que la transparencia ha ido perdiendo peso después de la implosión inicial. Reclamaban más medios y reclamaban una mayor implicación de las administraciones públicas. Nosotros creemos que si las leyes nacieron por una crisis de legitimidad, ahora lo que hay es una crisis de credibilidad, porque estamos asistiendo a un abuso en los cambios de criterio, a los virajes en las posiciones políticas, a las contradicciones, a las incongruencias, a lo que algunos directamente llaman como mentiras y las redes sociales están plagadas de vídeos que hacen un contraste entre esas contradicciones y esas incongruencias, y quienes criticaban el plasma ahora hacen ruedas de prensa donde no permiten ni siquiera las preguntas de los periodistas, encuentros en la oscuridad de los aeropuertos que serán los tribunales los que los aclaren. Y hablaba usted de la callada por respuesta. Moncloa tiene el dato de la callada por respuesta, ignorar directamente al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

            Entonces no parece que la transparencia realmente sea real.

            Aquí en Canarias no conocemos ni siquiera los términos reales del pacto de gobierno. No sabemos cuál es el programa de este Gobierno. Se comprometieron a presentarlo, pero no lo han presentado, y llevan siete meses trabajando. No se conoce el programa, no se conocen sus planes. Y, claro, cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones.

            Y ante esa opacidad nos planteamos si es necesario avanzar en las leyes de transparencia, modificar las leyes de transparencia. Porque una evolución en las leyes de transparencia que nos permita sabe por ejemplo de verdad cuáles son los compromisos de un Gobierno, que nos permita castigar cambios de criterio. Porque nos interesa la economía, nos importa, pero también nos importa aparte de los datos económicos nos importa la credibilidad, nos importa la ética pública, nos importa que nos digan la verdad, porque en eso en eso debe radicar la transparencia.

            Por eso le preguntamos si realmente la transparencia está en crisis y qué medidas se podían tomar para evitar esa crisis de transparencia y volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas.

            Muchas gracias, señor…

            El señor presidente: ¿Quiere terminar, señora Beato?

            La señora Beato Castellano: Muchas gracias, señor comisionado. Felicitarlo a usted y al equipo, esto es un trabajo de equipo. Y animarlo a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Beato.

            Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez tiene la palabra.

            El señor Martínez Álvarez: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

            En primer lugar hacer un reconocimiento a los 400 empleados de todas las administraciones públicas y al equipo del Comisionado de Transparencia. Un reconocimiento por su trabajo, por sus premios a nivel nacional y por abrir las ventanas de la Administración después de realizado el trabajo, unas ventanas abiertas a la ciudadanía.

            Un trabajo que se evalúa, o mejor dicho, que cada institución o entidad pública se autoevalúa. Una autoevaluación que determina las notas de cada uno a través del Índice de Transparencia. Ya nos ha informado el comisionado de esas notas recientemente en la comisión. Y hoy quiero destacar o quiero utilizar el símil académico que ya hice también en dicha comparecencia, y podemos resumir de alguna manera que hoy el responsable del Comisionado de Transparencia es el tutor que nos hace entrega de las notas de los alumnos. Esos nombres de esos alumnos son el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos y las 2 universidades y 180 entidades públicas, en total 278. Pero faltan 62 entidades públicas por presentarse a este examen. A esos alumnos, el que mejor nota saca, es el Gobierno de Canarias y sus entidades, aunque entre ambas existen importantes diferencias. Mientras que la nota media del Gobierno es de un 9,04, es decir, un sobresaliente, las entidades obtienen un 5,07, es decir, un suficiente, y de ellas 42 no superan el 5. Pero si las entidades públicas dependientes del Gobierno no tienen buenas notas, las entidades de los ayuntamientos son peores, y algunas entidades ni se han presentado a la convocatoria.

            Esto son 12 organismos autónomos de entidades locales, 66 empresas públicas, 4 fundaciones y 2 consorcios; 54 entidades locales y 2 insulares no se han presentado al examen de transparencia, en total, 62 entidades se han fugado, y lo han hecho por tercera vez. Ya en la intervención el compañero, el señor Déniz, habrá dicho… no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado.

            Las herramientas que tenemos las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía en nosotros y en la clase política no es otra que la transparencia. No podemos permitir que haya 62 que sigan sin cumplir con sus obligaciones, que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo, como bien decía el tutor, la callada por respuesta.

            Hoy he destacado en mi intervención más las notas malas que las buenas, porque desde el Partido Socialista entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción.

            Desde el PSOE y, tal como dijo en unas declaraciones recientes nuestro consejero de Administraciones Públicas, el señor don Julio Pérez, el objetivo que debemos marcarnos no es otro que… no es trabajar y luego abrir las ventanas, el objetivo es, trabajemos con las ventanas abiertas.

            Muchas gracias, señor presidente.

 

            El señor presidente: Muchas gracias, señor Martínez.

            Turno de cierre para el señor comisionado.

            El señor Comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Muy bien, cerramos ya, por lo tanto, este pequeño debate. Primero quería agradecer a don Ricardo, a doña Melodie, a doña Sandra, a doña Luz, a doña Socorro y a don Manuel las gratas palabras que han tenido sobre todo para mi equipo y para el conjunto de la Administración pública canaria, que ha colaborado en esta evaluación.

            De sus intervenciones me gustaría centrarme en aquellas que han sido más compartidas, sobre todo en lo que se refiere a las preguntas al comisionado, y han sido fundamentalmente dos, ¿no? ¿Por qué no contestan más, por qué tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso, y en el ámbito de la publicidad activa por qué las entidades dependientes, sobre todo las instituciones principales, ayuntamientos, cabildos, universidades, Gobierno, y sus entidades dependientes, empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, etcétera, fallan más que los grandes, cuando en teoría, aparentemente, son estructuras más asequibles, más fáciles de transparentar?

            Las dos tienen un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, en el conjunto, le falta crecer en cultura de la transparencia. Eso no es una cosa que decreta una ley o determina una ley, eso hace falta tiempo. España llegó a la transparencia obligada, diríamos, a la transparencia por ley, diríamos, de los últimos en su entorno europeo, solamente llevamos cinco años con las leyes en vigor y, por lo tanto, eso tardará en calar, ¿eh? y por eso no es una cosa que se pueda, como yo muchas veces digo, que sea el código de circulación donde todo el mundo circula perfectamente al día siguiente porque si no, o se choca o le multan, ¿no?

            Y eso tiene que ver, en parte, con la otra pregunta generalizada de sus intervenciones, que es qué hacer, ¿no? Qué hacer para mejorar, para impulsar esto. Hemos practicado medidas, diríamos, reconocedoras, que reconocen a los buenos y creo que para los más incumplidores, creo que es el momento de empezar, como ya han empezado en algunas otras comunidades autónomas y como se plantea en la mayor parte de los borradores de nuevas leyes de transparencia de segunda generación, a establecer siquiera pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, yo espero que no lleguemos a tal nivel, pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los más, a los que peor practican la transparencia y en la medida en la que hasta ahora no ha servido, diríamos, la parte, diríamos, de la zanahoria, es decir, hace falta quizá un pequeño instrumento coactivo como pueden ser las multas, y es algo en lo que está de acuerdo prácticamente todo el sector transparentista de este país, tanto la academia como los órganos garantes como, incluso, los borradores de las leyes.

            Por eso en comisión les planteé esta posibilidad, lo he comentado también con el Gobierno de Canarias, y muy posiblemente, dentro de la futura propuesta de ley de acompañamiento de medidas administrativas contemos con algún instrumento de este estilo en los que ustedes al final serán los últimos decisores, porque vendrá a esta Cámara, se discutirá aquí y podrán concretarlo.

            Respecto a otras cuestiones que se han planteado, digamos más críticas con el modelo y con el futuro, concretamente con … cuando se refieren a que la Ley de Transparencia –y esto lo señalaba la portavoz, doña Socorro Beato– nacieron por una falta de legitimidad, y ahora nos encontramos ante una falta de credibilidad, yo creo que eso va a exigir un esfuerzo de todos, sobre todo mirando a largo plazo, porque efectivamente uno de los problemas porque no se toman demasiado en serio o tan en serio la transparencia en el momento presente es porque no sienten de alguna forma la presión social vía preguntas, vía protesta o vía reclamación ante el conjunto de las administraciones públicas.

            Cuando también algunos de ustedes han señalado, aquí y en comisión, que bueno, que los funcionarios de las administraciones públicas están ya muy presionados por obligaciones legales de este tipo, me gustaría recordar un dato que creo que desmonta en buena medida esa cuestión, y ya la comentaba también en comisión. Prácticamente en Canarias formalmente no hay más de 2200 solicitudes por escrito a las 98 administraciones canarias, cada año. Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día, a 98, es decir, no puede … las administraciones … (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

 

            El señor presidente: Don Daniel.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): … por falta de tiempo o de respuesta …

            El señor presidente: Sí, don Daniel, don Daniel. Espere, para que pueda concluir.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Muy bien. Voy rematando.

            El señor presidente: Sí, pero espere, espere, que le tengo que poner el tiempo.

            Adelante.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Por lo tanto, diremos ese argumento que a veces se utiliza de excesivo agobio controlador o excesivo trabajo administrativo para responder a los ciudadanos creo que es todo lo contrario, si hubiera 100 000 preguntas estaríamos ante algún tipo de medida a la contra, cómo filtrarlas, cómo atender solamente a las importantes, pero cuando hay 2200 a 98 instituciones creo que es al contrario, es decir, las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan, y por lo tanto diríamos hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo pero sin embargo no la practican en el día a día ante los ciudadanos o incluso también, porque uno de los principales y recurrentes al modelo de transparencia son los propios funcionarios y los propios concejales o políticos de la oposición. Por lo tanto, creo que hay un margen de mejora en lo cultural, y creo que en los futuros cambios de las leyes de transparencia, tanto de la estatal como de las autonómicas… (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) Muchas gracias… por el apoyo de esta Cámara al comisionado y a su pequeño equipo.

            Y hasta el año que viene.

            El señor presidente: Muchísimas gracias, señor comisionado. Muy agradecidos por su comparecencia, muchísimas gracias.

Comparta este artículo








Enviar

El comisionado de Transparencia de Canarias sugiere pequeñas multas para estimular a los incumplidores a la mejora

Comparta este artículo








Enviar
Daniel Cerdán durante su comparecencia hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias para la presentación del Informe anual de evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia en el año 2018

Santa Cruz de Tenerife, 19 feb (EFE).- El comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que en España no hay cultura de transparencia, y planteó la posibilidad de establecer pequeñas multas para las administraciones que no cumplen.

Daniel Cerdán hizo estos planteamientos durante la presentación del informe del Comisionado correspondiente a 2018 y después de que los diputados preguntasen porqué hay tanto silencio administrativo hacia las preguntas de los ciudadanos, y por qué las entidades dependientes, organismos autónomos y consorcios son los que más fallan.

Según el comisionado, ambas cuestiones tienen como fondo que en España falta cultura de transparencia, ya que, recordó, se llegó a ella por obligación de una ley, y por lo tanto, opinó, tardará en calar la idea de que hay ser transparentes desde las administraciones.

Daniel Cerdán comentó que desde el Comisionado se han hecho reconocimientos a las administraciones más cumplidoras, y en cuanto a las que no lo hacen cree que es el momento de establecer pequeñas multas para provocar mejoras.

Algo que podría plantearse en la próxima ley de acompañamiento que presente el gobierno de Canarias y que deberán votar todos los diputados, dijo Daniel Cerdán.

En cuanto al informe, en él se dice que la administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Gobierno de Canarias, obtuvo en 2018 un índice de transparencia de 9,04 puntos, frente a los 8,03 de 2017.

El conjunto de las 43 entidades de su sector público autonómico ha mejorado significativamente, al pasar su media aritmética de 4,28 puntos en el año 2017 a 5,07 en el año siguiente.

En el informe se apunta que solo 62 entidades públicas de las 340 que hay en Canarias no presentaron su declaración de transparencia.

El diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, reconoció que las administraciones se toman cada vez más en serio la transparencia, cuestión en la que consideró que deben hacer un esfuerzo organizaciones como las empresariales y los partidos políticos.

El mayor índice de incumplimiento está entre los ayuntamientos, por lo que habrá que pedirles más rigor, dijo el diputado del grupo Mixto quien preguntó si se sabe cual es el motivo de tanta falta de respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, alentó a seguir por la senda de la transparencia y porque los ciudadanos accedan a la información, y criticó la falta de respuesta por parte de las administraciones.

El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz reconoció que se avanza progresivamente en transparencia, si bien recordó que se trata de un esfuerzo que realizan unos 400 empleados públicos, y también se refirió a la necesidad de mejorar en cuestiones como controlar las obligaciones de las entidades que reciben dinero público.

La diputada de Nueva Canarias (NC) se refirió al hecho de que las entidades dependientes de las administraciones son menos cumplidoras y consideró que no se debe a falta de interés ni a que, como se dice en el informe del Comisionado a la coincidencia con un proceso electoral, y sí a la escasez de medios para hacerlo.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón recalcó que la transparencia es un nuevo modo de vida y preguntó los motivos por los que ha bajado la respuesta en entidades dependientes del gobierno regional.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato  subrayó que el informe es una muestra del esfuerzo y la mejora que hacen las administraciones, con un «altísimo» cumplimiento, y se mostró preocupada por si se están en un proceso de pérdida de interés por la transparencia.

Esto sucedería porque no hay credibilidad, señaló la diputada del grupo Nacionalista quien cuestionó en este asunto que los ciudadanos y la oposición no pueden controlar a un gobierno, el canario, porque no conocen su programa.

El diputado del grupo Socialista Manuel Martínez se mostró partidario de analizar los motivos por los que 62 entidades no han presentado declaración de transparencia.

Enlace al Informe Anual 2018 de Evaluación del Cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2018.pdf  

Presentación del Informe anual en la Comisión de Gobernación: https://transparenciacanarias.org/balance-de-cuatro-anos-863-reclamaciones-frente-a-denegaciones-de-acceso-a-la-informacion/

La nota media del Índice de Transparencia de Canarias 2018 de todas las instituciones públicas es de 5,27 frente al 5,03 de 2017: https://transparenciacanarias.org/la-nota-media-del-indice-de-transparencia-de-canarias-2018-de-todas-las-instituciones-publicas-es-de-527-2/  

Mapas de las puntuaciones de calidad de los portales de transparencia de Canarias (2016 – 2017 – 2018): https://transparenciacanarias.org/mapas-de-las-puntuaciones-de-calidad-de-los-portales-de-transparencia-de-canarias-2016-2017-2018/  

Comparta este artículo








Enviar