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Levantada la suspensión de los plazos de acceso a la información pública en materia de COVID-19 en el Gobierno de Canarias

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Con motivo del estado de alarma se habían suspendido los procedimientos de tramitación de las solicitudes de información pública, que cuentan con el plazo de un mes para ser respondidas a partir de su registro en la unidad responsable de tramitarlas

El Gobierno de Canarias ha comunicado en una nota informativa la continuación del procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la información pública relacionado con la COVID-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2914, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, ante los diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes.

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma COVID-19, se suspendieron los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público, afectando por tanto al procedimiento de acceso a la información que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; así como la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esa ley recoge que las entidades tienen un plazo máximo de un mes para dictar resolución desde la recepción de las solicitudes, tiempo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Sin embargo, la disposición adicional tercera del citado Real Decreto supuso la suspensión de las tramitaciones de todas las solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas. Por este motivo, a instancias de la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería cuyo titular es Julio Pérez y con vistas a garantizar la transparencia en materia de la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha optado por volver a activarlas en aquellas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria que afecta estos días al conjunto del país. Para el resto de solicitudes, se espera retomar dicho trámite una vez se levante el estado de alarma.

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, área dirigida por Marta Saavedra, ha venido impulsando desde el pasado mes de marzo numerosas iniciativas en materia de transparencia relacionadas con la COVID-19.

En el Portal de Transparencia se continúa actualizando la publicidad activa sin haberse interrumpido su acceso durante el estado de alarma. Además, se ha incorporado un espacio específico en el portal para la información sobre la COVID-19. Incluye el acceso directo al cuadro de mando con toda la información sobre la pandemia. Un cuadro de mando en el que la ciudadanía puede monitorizar en tiempo real la evolución del coronavirus en el Archipiélago con datos que se pueden discernir incluso por códigos postales.

También el equipo de informática del Portal de Transparencia de Canarias ha asesorado en el diseño de contenidos e información de la página web específica del virus, que ha sido desarrollada por la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios.

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Transcripción del debate sobre el Informe Anual 2018 del Comisionado de Transparencia de Canarias

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Borrador del Diario de Sesiones número 27, de 19 de febrero de 2020, del Parlamento de Canarias. (Se reanuda la sesión a las nueve horas y ocho minutos).

            El señor presidente: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a…, a reanudar la sesión plenaria. Bien, señorías, vamos a reanudar, como les he dicho, la sesión plenaria.

            (La señora secretaria segunda, Reverón González, ocupa un escaño en la sala).

  • 10L/ICTR-0001 Informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Informe anual correspondiente al año 2018.

            El señor presidente: Comenzamos, como habíamos acordado, con el punto del orden del día correspondiente al Informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

            Comenzamos con la intervención del comisionado para la Transparencia, don Daniel Cerdán, buenos días, bienvenido. Tiene la palabra.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Buenos días a todos, mi saludo muy cordialmente en este segundo día de su pleno.

            Quería empezar recordando unas frases que para nosotros siempre han sido como totémicas, siempre han sido como inspiradoras.

            Durante años William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, inspiró nuestras evaluaciones y presentaciones con tres principios: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Esto ya me lo han oído más de una vez, pero he querido repetirlo aquí porque después de tres evaluaciones a todas las instituciones principales de Canarias podemos abrazar otra máxima de otro pragmático inglés, Jeremy Bentham, que aunque se excedió en su utilitarismo a ultranza dijo algo que hemos podido comprobar y demostrar en estos tres últimos años, dijo: cuanto más te observo mejor te comportas. Esta, diríamos, si habría que resumir en siete palabras la actividad sobre todo en el ámbito de evaluación y de control de comisionado en estos tres años nos veríamos también con esta máxima que, digamos, ha sido múltiples veces demostrada a lo largo de la historia, es decir, algo que no se le hace ningún caso, al que no se le mira, generalmente no tiene un buen cumplimiento.

            Los cuatro órganos vinculados al Parlamento –el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el Comisionado de Transparencia– somos sus ojos para ver el mejor cumplimiento de las leyes. Frente al incumplimiento están los jueces, pero siempre a instancia de parte. Los cuatro órganos vinculados al Parlamento somos los delegados del Parlamento no solamente para detectar incumplimientos sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimización, para empujar hacia la excelencia. Por eso, sobre el ejercicio de 2018 que ahora analizamos no nos hemos limitado a señalar a las 62 entidades de las 340 entidades públicas de Canarias que no rindieron cuentas, 45 de ellas sin tener siquiera un portal de transparencia.

            También hemos querido identificar a los 86 que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 para entregarles, en el pasado mes de noviembre, el certificado de excelencia digital en Canarias. Y también a las 153, de las 340 entidades públicas, que obtuvieron el sello de calidad de transparencia digital por haber sacado más de un 5 en el Índice de Transparencia de Canarias, logro que no es fácil, se lo aseguro, porque 125 de los 278 portales que declararon y analizamos, y otros 62 ni siquiera presentaron su declaración de transparencia.

            Por lo tanto podemos decir que ya hay una mayoría, por primera vez en estos tres años, de entidades que al menos en la transparencia pública, en la transparencia ejercida de los portales de transparencia, está por encima del 5 después de tres años de progresiva mejora.

            La Administración principal de la comunidad autónoma, con más de 9 puntos por primera vez en el trienio evaluado; los cabildos, que por primera vez aprueban todos y con una media cercana al notable, tiran de la transparencia activa hacia arriba en esta comunidad.

            Podemos, pues, concluir que cuanto más observamos mejores resultados obtienen las administraciones públicas, solo por ello, solo por ser analizadas y evaluadas sin que medie más premio o castigo que ese.

            Hasta aquí diríamos esta pequeña introducción, y ahora no esperaba volver a reproducir aquí el análisis de los dos millones de datos que contiene el informe anual del comisionado del 2018, y ya los analizamos en parte en la comisión, y doy un poco por expuesto ese análisis.

            Por actualizar de todas maneras un poco el dato, así como en el ámbito de la transparencia activa hemos podido comprobar y ustedes pueden ver en el informe que han mejorado notablemente las cosas, no es así exactamente en el ámbito de la transparencia pasiva o en el ámbito del derecho de acceso, porque sigue habiendo una gran cantidad de administraciones que responde con la callada por respuesta, es decir que responden con el silencio administrativo. Prácticamente más del ochenta por ciento de las reclamaciones que nos llegan al Comisionado –355 en el año 2018, que analizamos 245 en el año 2019, que no está en este análisis pero que es el dato más actual que cerramos en diciembre–, más del ochenta por ciento, ya les digo, no proceden por realmente haber causas de no entrega de la información al ciudadano sino simplemente de la comodidad de no responder, por eso prácticamente más del ochenta y cinco por ciento de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes, porque no había en muchas ocasiones mayor problema en entregar una información no sometida a ningún límite, no sometida a ninguna causa de inadmisión. Por lo tanto, es en el ámbito de la respuesta a los ciudadanos donde más margen de mejora tiene el sistema canario de transparencia y donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos también proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las 98 administraciones públicas de Canarias.

            En este último año también creo que merece la pena entretenerse siquiera un momento en el hecho de que después de tres años de caminar en solitario el modelo de trabajo del comisionado de Transparencia ha recibido dos premios nacionales relevantes en el ámbito de la transparencia y, sobre todo, lo que nos satisface especialmente es que otras tres comunidades autónomas en este momento están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias, adaptándolo a su fórmula de trabajo para implementarlo a lo largo de este año en otras tantas comunidades autónomas. Eso significa que lo que hemos venido trabajando aquí aplicándolo a un conjunto poblacional de dos millones de habitantes posiblemente al final de este año una cuarta parte de este país esté evaluando su transparencia con el modelo de transparencia que hemos desarrollado, hemos implementado y hemos puesto en práctica en Canarias, no solamente adaptando un modelo nacional preexistente que estaba construido a nivel teórico sino, también, construir una herramienta telemática, propia, singular, que permite a una institución como la nuestra, pequeña, de pequeñas dimensiones, con cinco funcionarios y dos becarios, llegar a, y este año, a casi trescientos sujetos públicos, y esperamos que en el año presente…

            El señor presidente: Sí. Don Daniel, perdón.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: ¿Si? Muy bien.

            El señor presidente: Se le ha agotado el tiempo. Le damos… Sí. Un segundo nada más.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: Vale.  … pues podamos alcanzar…

            El señor presidente: Sí, don Daniel. Un segundo.

            El señor comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cerdán Elcid: Sí.

            El señor presidente: Un segundo, un segundo. Un segundo. Ahora. Termine.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Concluía. Solamente por rematar la frase.

            Les decía que esperamos en este ejercicio precisamente porque tenemos una herramienta desarrollada y sobre todo porque tenemos más de cuatrocientos funcionarios canarios colaboradores en todas las administraciones canarias, esperamos alcanzar a los seiscientos sujetos evaluados y medidos, porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los trescientos primeros perceptores de ayudas y subvenciones…

            El señor presidente: Muchas gracias, don Daniel.

            Turno ahora para los grupos parlamentarios. Por tiempo de cinco minutos, Grupo Mixto. Don Ricardo.

            El señor Fdez. de la Puente Armas: Buenos días, señor presidente. Señor comisionado.

            En primer lugar felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo que han desarrollado. Estoy convencido de que la labor que usted viene desarrollando estos últimos años es fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años y este ejercicio concretamente. Un grupo pequeño de colaboradores pero que también se apoya en un grupo más amplio, mucho más amplio de funcionarios de distintas administraciones que le prestan su apoyo y ayuda.

            Yo soy un convencido, un fiel convencido, de que es importante contar con medios técnicos que favorezcan la información, el tener disponible la información. Por eso, como ya le dije en comisión, me parece muy interesante esa experiencia que están haciendo ustedes para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.

            Entrando en algunos detalles y viendo el Índice de Transparencia de Canarias, es evidente que las administraciones se han ido cada vez más poniendo y tomando en serio esto de la transparencia. Desde luego el Gobierno de Canarias ha hecho un evidente esfuerzo en este sentido, y si vemos cómo ha evolucionado el último informe a este vemos que pasa de un 7,6, que no está nada mal, a prácticamente un 10, un 9,04. También los cabildos han hecho su tarea y también han evolucionado favorablemente en ese índice de transparencia. Es quizás en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones. De las 340 entidades públicas que existen en Canarias aún tenemos 72 como incumplidoras, y esperamos que para los próximos informes, que ya se deben estar elaborando, esto se vaya reduciendo.

            También hay que poner de manifiesto que solo 123 de las 278 entidades que han recibido información y han colaborado han tenido algún tipo de solicitud, y creemos que todavía los ciudadanos hacen poco uso de este derecho que tienen de solicitar a la Administración información sobre aquello que consideren oportuno y necesario. Y el dato de las 2107 peticiones realizadas.

            También la actividad del Comisionado como último recurso, como se suele decir y coloquialmente la última gran esperanza. Bueno, pues también ha pasado y se ha llegado por parte de los ciudadanos a tener una mayor, digamos, presencia de pedirle al Comisionado ayuda en última instancia. Ha pasado de 154 a las 355.

            El Gobierno de Canarias es desde luego el que más visitas recibe en su página web, han sido 280 000 las visitas, de unas ochenta y cinco mil sesiones únicas, es decir ochenta y cinco mil usuarios que han consultado, han pedido información, a la página de la comunidad autónoma.

            También yo creo que otro aspecto reseñable y que pone usted de manifiesto en su informe es que quizás debemos darle una vuelta de tuerca a aquellas entidades que reciben fondos públicos, y me estoy refiriendo concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos que recibimos ayudas, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia.

            Yo sí que, por poner un pero en este informe, sí es verdad que este, digamos, número de entidades no cumplidoras por parte de la Administración, quizás no es el mejor ejemplo que se deba dar a la ciudadanía. Si nosotros, si la Administración no da ejemplo, pues mal vamos.

            También usted lo ha dicho además con palabras textuales, la Administración suele dar o suele tener esta mala costumbre de dar la callada por respuesta. Son palabras textuales suyas, que creo que también vienen reflejadas en el propio informe. Y eso evidentemente genera malestar. Pero no se queda ahí la cosa, sino que encima ustedes cuando la Administración le da la callada por respuesta y usted (ininteligible) la Administración, el Comisionado en el 50 % de las ocasiones la propia Administración también le da a usted o al Comisionado la callada por respuesta.

            Bien. Entrando también en lo que son las entidades, los ayuntamientos es donde quizás está el mayor índice de incumplimiento. 35 organismos autónomos municipales, 12 incumplen. De las fundaciones municipales, 4 de 8 incumplen. Bueno, yo creo que hay que exigirle desde luego mayor rigor para que estas entidades también cumplan con la Ley.

            Pero con todo, sí me quiero quedar, lo decía al principio, con ese dato positivo que viene reflejado en el informe del propio Comisionado.

            Yo creo que es importante que tengamos unas administraciones transparentes, los ciudadanos tienen derecho a saber y a conocer lo que sus administradores, sus responsables públicos, hacen con los dineros que recaudan. Y por lo tanto yo creo que ahí sí es verdad que tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva incluso en las propias administraciones para que sigan avanzando en esta línea.

            Yo voy terminando, y quisiera, bueno, que el aprobado raspado que tienen muchos de estos en general y se ve en el índice, al final de este año, pues, se tenga se suba hasta un notable, eso sería lo ideal y lo que incluso varias entidades dicen que sería lo deseable… (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

            El señor presidente: Continúe.

            El señor Fdez. de la Puente Armas: Sí, gracias, presidente, ya finalizo.

            Sí me gustaría terminar con una pregunta, si puede pues la responde en su segundo turno, que cuál cree que es el principal motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el Comisionado, y termino como empecé ayer, felicitándole a usted y a todo su equipo por el buen trabajo que han realizado, y le animo a seguir haciéndolo.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Muchas gracias, don Ricardo.

            Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

            La señora Mendoza Rodríguez: Gracias, presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor Cerdán, y muchas gracias también por comparecer ante este Pleno.

            La realidad es que, desde que se aprobó la figura del Comisionado de Transparencia se ha visto una evolución muy positiva en lo que a una Administración más transparente se refiere. De hecho, en 2018, de las 340 entidades del sector público canario ya colaboraban 278, pero es que ahora implica un avance considerable respecto al año 2017, que solo aportaban datos unas 204 entidades y, aunque la nota media sigue en aprobado es verdad que también va en línea ascendente, pues ha aumentado dos décimas.

            Se lo decíamos en la comisión y se lo volvemos a repetir en este Pleno, gracias al gran esfuerzo que hacen desde la oficina del Comisionado y desde las administraciones canarias que se han implicado en este objetivo, se ha conseguido tener un reconocimiento de premios a nivel nacional, como son el NovaGob y el de la Fundación Compromiso y Transparencia, un reconocimiento a todo el sector público canario, donde se ha nombrado a más de 490 empleados públicos, los cuales han aportado más de 2 millones de datos para poder confeccionar este informe.

            Hace unos meses, en esta Cámara, se entregaban las distinciones a las entidades públicas y administraciones, que conforme al baremo habían cumplido con sus deberes, obligaciones de transparencia y derecho al acceso con una calificación de excelente. He de decirle una vez más que desde Agrupación Socialista Gomera consideramos que este tipo de eventos con entrega de diplomas nos parece una muy buena idea, ya que no solo recompensa a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motiva a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento.

            Señorías, cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos, también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI para poder demostrar, o es la única vía de poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad. Por eso, señorías, debemos alentar que se siga recorriendo la senda de la transparencia y que se cumpla con el acceso a la información que demandan los ciudadanos. También en ese mismo evento se hacían las Jornadas de Transparencia Digital, en las que desde la oficina del Comisionado, y con participación de los distintos encargados de la transparencia de las administraciones del sector público, se creó un debate muy enriquecedor para mejorar, entre otras cuestiones, los portales web de transparencia.

            Precisamente, en el informe, quedaba claro que una de las cuestiones en las que hay que invertir más esfuerzo es en la transparencia digital y en el establecimiento de portales que sean fácilmente accesibles, intuitivos y que respondan a las dudas o a las peticiones de acceso de información que demanda la ciudadanía. La vía digital es la más usada por los ciudadanos para informarse, y aunque es verdad que crece el número de portales en 2018 y, además, muchos de ellos mejoran sensiblemente su utilidad pública, también ocurre que el número de portales malos también crece, y cuando digo portal malo hablo de portales que no se actualizan, que no tienen toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos.

            En cuanto al derecho a la información, el dato empeora, ya que las preguntas sin respuesta se incrementan de 46 a 233, aunque la parte positiva es que cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del comisionado ante la falta de respuesta por parte de la Administración competente. De hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos.

            En este punto queremos hacer una reflexión, puesto que los expedientes que debe revisar y evaluar la oficina del Comisionado cada vez son más, debido a la incorporación del resto de entidades públicas al compromiso de la transparencia, debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible.

            Termino, señorías, dando las gracias al señor Cerdán y a todos los trabajadores que realizan la labor de transparencia en Canarias. Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Mendoza.

            Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

            El señor Déniz Ramírez: Señor presidente, señorías.

            Señor Cerdán, y al equipo del Comisionado de Transparencia.

            Bueno, yo creo que hay una conclusión, y es que vamos avanzando progresivamente, ¿no?, me parece que los datos que usted nos ha ofrecido muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de, digamos, transparentarse. Lo que pasa es que, claro, de todas maneras este es un trabajo que realizan, como ya hemos dicho, numerosos trabajadores públicos, 400 empleados, concretamente, ¿no?, y es un trabajo de más que recae sobre mucha gente que está en las administraciones, por lo tanto, desde aquí nuestro agradecimiento por contribuir a una mejor democracia. Pero, claro, como decía la señora diputada Mendoza, es necesario más personal en esta tarea, ¿no?

            Yo creo que también una de las conclusiones suyas es que en la medida en que la sociedad va avanzando en el sentido democrático va exigiendo, se va comprometiendo más con las instituciones, va entrando más en los portales también hay un nivel mayor de exigencia, ¿no?, y por lo tanto también será una misión más de las instituciones a tenerla en la agenda, ¿no? Por lo tanto, sería importante también tener más recursos.

            Son 278 de 340 instituciones, pero efectivamente en los años anteriores eran menos las que realizaban este tipo de tareas, y esto quiero pensar que es un compromiso, y también es parte del esfuerzo que ustedes, ¿no?, desde este Parlamento, el Comisionado también se ha hecho.

            Yo creo que lo que se trata es de que los datos que manejan las instituciones, las tareas que realicen estén al servicio del ciudadano, me parece que en ese sentido los portales son importantes. También es importante las actividades, yo se lo comenté a usted también en la comisión, las actividades de reuniones que realizan en los ayuntamientos, de asambleas con los vecinos y otro tipo de corporaciones, eso por ejemplo no está recogido en la evaluación que se hace de transparencia, y a mí me parece que es una tarea, una actividad muy importante de los alcaldes y de los concejales de los ayuntamientos es el contacto directo con los ciudadanos, y eso, por ejemplo, tendríamos que nosotros incorporar algún elemento para que se evalúe también, ¿no? Aquí hay numerosos alcaldes de las instituciones, y esa es una tarea muy grata, a veces más conflictiva, en fin, depende, ¿no?, porque uno tiene que dar parte de las tareas que está haciendo, pero esa tarea es relevante, el contacto directo. Me imagino y creo que tiene que haber algún ítem que evalúe ese tipo de situaciones, ¿no?, porque es un trabajo bastante arduo.

            La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 85 % de los casos, lo cual también es bastante relevante, porque a nosotros lo que nos interesa es que el dato sea, la tendencia, ¿no?, sea al alza. Es verdad que hay 62 instituciones no cumplidoras. Yo creo que aquí más que aplicar medidas coercitivas, porque no sabemos tampoco las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia, sería también persuadir a estas instituciones, ver qué problemas tienen, a lo mejor es un problema de personal, que ya se ha hablado bastante aquí en este pleno sobre esta cuestión, ¿no?, y a lo mejor tendríamos que dotar con mayor personal, más que coerción persuasión, intentar subir la nota del 5,36, ¿no?

            Y ya digo, yo creo que la cultura … si la cultura organizacional de la sociedad, la organización social democrática aumenta, la actitud demandante también proactiva y participativa va a aumentar.

            A mí me parece que hay algunas asignaturas pendientes, una de ellas es el control o las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo, es una asignatura pendiente y me imagino que tendremos que establecer algún capítulo, alguna medida, para controlar o digamos fiscalizar que estas organizaciones en qué se gastan el dinero.

            Luego, la información sobre la ordenación del territorio, y luego también que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por silencio administrativo es un problema que aquí se ha comentado, y eso también tendremos que solucionarlo.

            Yo creo que es importante adecuar también los archivos, la organización de la información, eso necesita también personas, es una tarea, porque después es mejor producir esa información que nosotros demandamos, hay que actualizarla, y bueno, todo ese tipo de gestiones vale dinero y vale la pena invertir en eso porque ganamos en democracia y en transparencia.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señor Déniz.

            Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

            Doña Sandra, buenos días. Tiene la palabra.

            La señora Domínguez Hormiga: Gracias, señor presidente. Buenos días.

            Evidentemente, este informe nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas, y que produzcan un flujo de información multidireccional, porque no hay que negar que en las últimas décadas la confianza de la ciudadanía en la gestión pública se ha perdido y en este sentido y por este motivo es por lo que se crearon ciertas normas, como la normativa del 2014 en materia de transparencia y acceso a la información, y posibilita así que la ciudadanía pueda controlar y vigilar las administraciones, los servicios y, cómo no, el gasto público.

            Según los datos que nos expone el informe de transparencia, el comisionado, se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública, Canarias cuenta junto a Aragón y a Baleares como una de las comunidades públicas donde la gente hace más reclamaciones por cada 100 000 habitantes, se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados, y esto se multiplica por 2 la media nacional, con lo cual la ciudadanía canaria refleja que tiene interés y que se mueve en materia de reclamación.

            Señala el índice de transparencia también que, como ya decían mis antecesores, hay un descenso, un descenso porcentual de casi diecisiete centésimas, entendemos que es una cuantía baja, pero aun así lo que se ha de cuestionar son los motivos de ese descenso. Ya se dijo en la comisión en la que se llevó este informe inicialmente que uno de los motivos por los que se podía haber provocado este descenso había sido la coincidencia con el periodo electoral, nosotros en este sentido discrepamos un poco, en el sentido de que entendíamos que un proceso electoral no tenía que influir en los funcionarios, el personal que es el que vuelca la información y que en consecuencia aporta los datos para evaluar este informe, pero sí entendíamos que el otro motivo por el que se fundamentaba ese descenso porcentual era en el hecho de que son muchas las entidades dependientes de unas administraciones matrices, por decirlo de alguna manera, de la comunidad autónoma, entidades dependientes de cabildos y entidades dependientes de ayuntamientos, en concreto 234 sociedades públicas que en su mayoría suspenden en transparencia. Y esto, yo creo, que estas empresas públicas que son sociedades anónimas, sociedades limitadas, consejos, institutos, consorcios y fundaciones, pues son los que en realidad entendemos que provocan una bajada de la puntuación. En concreto, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 42 compañías, de las cuales 21 no superan el test; los cabildos tienen 88, 42 no superan el test; los municipios 99, 78 no cumplen con la Ley de Transparencia; las universidades 5, 4 no cumplen con la Ley de Transparencia. Esto nos tiene que dar motivo a una reflexión y, efectivamente, el hecho de que existan tantísimas entidades vinculadas a administraciones matrices no significa que en sí no cumplan con los requisitos, otra cosa es que puedan carecer de medios las administraciones públicas de las que provienen porque al final muchas de estas entidades no tienen un organigrama, una estructura por la que puedan llevar a cabo esta tarea y en muchísimos casos son las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos los que tienen que hacer ese doble trabajo.

            Y tenemos que tener una reflexión sobre esta tarea dado que ahora mismo nos encontramos en varias administraciones que tienen multiplicado su trabajo, aquí hay muchos alcaldes, concejales y consejeros que saben la situación que están las administraciones, la Ley de Contratos, informes del Consejo Consultivo, se ha multiplicado la tarea de las administraciones por tres o por cuatro cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades y yo creo que esto es uno de los motivos principales, estoy convencida, estamos convencidos, uno de los motivos principales por las que estas entidades sean no cumplidoras y no por ello no haya interés en llevar a cabo esta tarea.

            Una reflexión importante es la carencia de reglamento, ya lo han dicho los predecesores, necesitamos un reglamento que modifique la Ley de Transparencia y en el que efectivamente se incluyan otros entes, sean entes privados a los que se le aporta subvención, partidos políticos tienen también que cumplir en materia de transparencia y organizaciones sindicales. Entendemos que esto es una tarea pendiente que se ha de llevar a cabo. Y, simplemente, pues animarlo comisionado a que siga en esta tarea pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones.

            Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Muchas gracias.

            Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular.

            La señora Reverón González: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días al señor comisionado.

            Le tenemos que volver a agradecer que venga usted a esta Cámara a presentar su informe, además ya se lo comenté en la comparecencia que tuvimos con ocasión de este informe, pues le dije que, bueno, que era un informe bastante detallado y que dejaba pocas dudas a presentar por parte de mi formación política.

            Pero sí es verdad que lo que sí me gustaría recalcar es que desde el Partido Popular entendemos que la transparencia ha llegado para quedarse, es un nuevo modo de vida y, evidentemente, todas las administraciones públicas, pero también incluidos todos nosotros, tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia. ¿Por qué?, porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen.

            Ya se ha dicho, y sí me gustaría volver a destacar, que se ha bajado, es verdad que se ha bajado poco, pero si hacemos una comparativa en el año 2018, 2017 se ha visto un decrecimiento de esa valoración. Usted es verdad que en el informe pone que son por dos motivos: un primer motivo que ya lo ha dicho la persona que me ha precedido en la palabra que es debido a que la autoevaluación se hace con motivo en la época en la que hubo elecciones, entendemos desde mi formación política que eso no puede ser óbice para que no se cumpla con la transparencia, evidentemente tiene que quedar muy al margen de que exista un proceso de elecciones municipales y autonómicas y, por otro lado, es verdad que usted hace referencia a que la gran mayoría de las corporaciones locales lo que hicieron fue cargar sus portales de transparencia y por tanto eso es lo que ha motivado ese decrecimiento.

            Pero sí me gustaría también destacar una advertencia que usted hace y llama la atención sobre todavía existen muchos municipios que no se toman en serio la transparencia activa, y además existen muchos municipios que todavía no llegan ni a los tres puntos. Concretamente, dentro de estos municipios, las entidades dependientes son las más incumplidoras. Y sí me gustaría destacar lo siguiente: organismos autónomos son 32, de los cuales han cumplido 20, pero tenemos todavía 12 que han incumplido; de empresas públicas, 61 empresas públicas tenemos, 25 son cumplidoras pero 36 son incumplidoras, por tanto entendemos, señor comisionado de la Transparencia, que las entidades públicas locales con las que están más cercanas del ciudadano y por tanto son las que, si se me permite, tienen más que cumplir con este requisito de la transparencia.

            Otra de las cuestiones que sí me gustaría, porque es verdad que nosotros pues de manera indirecta podemos hacer un control y un seguimiento de lo que hacen las entidades locales, pero aquí, en sede parlamentaria, independientemente del poder legislativo también tenemos el poder de control en lo que es la fiscalización del Gobierno. Y aquí sí me gustaría destacar que me llamó soberanamente la atención que de las entidades dependientes, administraciones públicas dependientes, de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, ha decrecido a nivel de transparencia, entonces me gustaría saber o deberíamos saber cuáles han sido los motivos porque evidentemente aquí no cabe hablar ni de elecciones y mucho menos hablar de los portales de transparencia, y me refiero sobre todo a la Agencia Canaria de Protección Medio Natural, a la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias. Por tanto, sí me gustaría decir que las primeras sociedades de las que acabo de hacer referencia bajan en dos puntos, y entiendo que eso deberíamos de, como mínimo, deberíamos de hacer alguna labor desde el Parlamento de Canarias en nuestra función de control al Ejecutivo para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe.

            Otra de las cuestiones que sí me gustaría llamar la atención es el carácter de la información que se les ha dado a los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan de que realmente no tienen la información que ellos realmente demandan. ¿Y por qué?, pues usted comenta en su informe que probablemente es debido a que se carga la información institucional pero no realmente la información a la que el ciudadano quiere tener conocimiento. Y aquí creo que es el momento de destacar lo siguiente: nos llamó la atención que del año 2015 al año 2018 ha habido un total de 618 reclamaciones, de las cuales se han, por silencio administrativo, se han resuelto 527, yo creo que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y sobre todo un silencio por respuesta; pero también es verdad que nos llamó la atención el modo en que el ciudadano todavía se dirige a la Administración pública, y es que de esas 618 reclamaciones 363 se hicieron de forma presencial, 255 online, pero 363 de forma presencial, por tanto entendemos que todavía tenemos que entrar en el mundo de la información, en el mundo de las nuevas tecnologías, que nos… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional).

 

            El señor presidente: ¿Quiere terminar?

            Sí. Un momentito.

            La señora Reverón González: Gracias, presidente.

            Nada.

            Ya para finalizar sí me gustaría, bueno, pues felicitarle por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir.

            Por otro lado, felicitarle por todos los premios que ha recibido usted y su equipo por el buen trabajo y, nuevamente, darle las gracias por venir aquí y hacer un trabajo tan minucioso que nos ayuda a todos a comprender mejor la transparencia.

            Muchísimas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Reverón.

            Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato.

            La señora Beato Castellano: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

            Señor comisionado, buenos días. Felicitarle por el informe de este año que incorpora además novedades como es la evolución del índice de transparencia durante los últimos años. Un informe, el del 2018, que refleja el esfuerzo y la mejora de la mayoría de las instituciones canarias.

            Es verdad que algunas administraciones, sobre todo las más pequeñas, necesitan seguir esforzándose, y siempre hemos dicho que debemos ser benévolos con estas administraciones porque estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos y la que merece la pena publicarse y por lo tanto hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información, porque no podemos olvidar la situación real de muchas administraciones públicas, la mayoría de los ayuntamientos canarios con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales.

            El informe refleja que se han entregado, después de estas elecciones, unas administraciones saneadas desde el punto de vista de la transparencia, con un altísimo cumplimiento, unos datos altísimos en el Gobierno de Canarias, la mayoría de los cabildos y la mayoría de los ayuntamientos, ya veremos qué pasa el año que viene con la evaluación del 19, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz que se entrega con casi diez puntos en el índice, a día de hoy sigue sin actualizar información desde abril del año pasado.

            Y preguntábamos en la comisión si estamos ante la crisis de la transparencia. Porque las leyes de la transparencia nacieron en un momento de grave crisis económica y como contestación a los casos de corrupción. Pero los órganos de la transparencia, sus homónimos en las comunidades autónomas, suscribieron en octubre del año pasado una declaración en la que afirmaban que la transparencia ha ido perdiendo peso después de la implosión inicial. Reclamaban más medios y reclamaban una mayor implicación de las administraciones públicas. Nosotros creemos que si las leyes nacieron por una crisis de legitimidad, ahora lo que hay es una crisis de credibilidad, porque estamos asistiendo a un abuso en los cambios de criterio, a los virajes en las posiciones políticas, a las contradicciones, a las incongruencias, a lo que algunos directamente llaman como mentiras y las redes sociales están plagadas de vídeos que hacen un contraste entre esas contradicciones y esas incongruencias, y quienes criticaban el plasma ahora hacen ruedas de prensa donde no permiten ni siquiera las preguntas de los periodistas, encuentros en la oscuridad de los aeropuertos que serán los tribunales los que los aclaren. Y hablaba usted de la callada por respuesta. Moncloa tiene el dato de la callada por respuesta, ignorar directamente al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

            Entonces no parece que la transparencia realmente sea real.

            Aquí en Canarias no conocemos ni siquiera los términos reales del pacto de gobierno. No sabemos cuál es el programa de este Gobierno. Se comprometieron a presentarlo, pero no lo han presentado, y llevan siete meses trabajando. No se conoce el programa, no se conocen sus planes. Y, claro, cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones.

            Y ante esa opacidad nos planteamos si es necesario avanzar en las leyes de transparencia, modificar las leyes de transparencia. Porque una evolución en las leyes de transparencia que nos permita sabe por ejemplo de verdad cuáles son los compromisos de un Gobierno, que nos permita castigar cambios de criterio. Porque nos interesa la economía, nos importa, pero también nos importa aparte de los datos económicos nos importa la credibilidad, nos importa la ética pública, nos importa que nos digan la verdad, porque en eso en eso debe radicar la transparencia.

            Por eso le preguntamos si realmente la transparencia está en crisis y qué medidas se podían tomar para evitar esa crisis de transparencia y volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas.

            Muchas gracias, señor…

            El señor presidente: ¿Quiere terminar, señora Beato?

            La señora Beato Castellano: Muchas gracias, señor comisionado. Felicitarlo a usted y al equipo, esto es un trabajo de equipo. Y animarlo a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía.

            Muchas gracias.

 

            El señor presidente: Gracias, señora Beato.

            Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez tiene la palabra.

            El señor Martínez Álvarez: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

            En primer lugar hacer un reconocimiento a los 400 empleados de todas las administraciones públicas y al equipo del Comisionado de Transparencia. Un reconocimiento por su trabajo, por sus premios a nivel nacional y por abrir las ventanas de la Administración después de realizado el trabajo, unas ventanas abiertas a la ciudadanía.

            Un trabajo que se evalúa, o mejor dicho, que cada institución o entidad pública se autoevalúa. Una autoevaluación que determina las notas de cada uno a través del Índice de Transparencia. Ya nos ha informado el comisionado de esas notas recientemente en la comisión. Y hoy quiero destacar o quiero utilizar el símil académico que ya hice también en dicha comparecencia, y podemos resumir de alguna manera que hoy el responsable del Comisionado de Transparencia es el tutor que nos hace entrega de las notas de los alumnos. Esos nombres de esos alumnos son el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos y las 2 universidades y 180 entidades públicas, en total 278. Pero faltan 62 entidades públicas por presentarse a este examen. A esos alumnos, el que mejor nota saca, es el Gobierno de Canarias y sus entidades, aunque entre ambas existen importantes diferencias. Mientras que la nota media del Gobierno es de un 9,04, es decir, un sobresaliente, las entidades obtienen un 5,07, es decir, un suficiente, y de ellas 42 no superan el 5. Pero si las entidades públicas dependientes del Gobierno no tienen buenas notas, las entidades de los ayuntamientos son peores, y algunas entidades ni se han presentado a la convocatoria.

            Esto son 12 organismos autónomos de entidades locales, 66 empresas públicas, 4 fundaciones y 2 consorcios; 54 entidades locales y 2 insulares no se han presentado al examen de transparencia, en total, 62 entidades se han fugado, y lo han hecho por tercera vez. Ya en la intervención el compañero, el señor Déniz, habrá dicho… no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado.

            Las herramientas que tenemos las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía en nosotros y en la clase política no es otra que la transparencia. No podemos permitir que haya 62 que sigan sin cumplir con sus obligaciones, que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo, como bien decía el tutor, la callada por respuesta.

            Hoy he destacado en mi intervención más las notas malas que las buenas, porque desde el Partido Socialista entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción.

            Desde el PSOE y, tal como dijo en unas declaraciones recientes nuestro consejero de Administraciones Públicas, el señor don Julio Pérez, el objetivo que debemos marcarnos no es otro que… no es trabajar y luego abrir las ventanas, el objetivo es, trabajemos con las ventanas abiertas.

            Muchas gracias, señor presidente.

 

            El señor presidente: Muchas gracias, señor Martínez.

            Turno de cierre para el señor comisionado.

            El señor Comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Muy bien, cerramos ya, por lo tanto, este pequeño debate. Primero quería agradecer a don Ricardo, a doña Melodie, a doña Sandra, a doña Luz, a doña Socorro y a don Manuel las gratas palabras que han tenido sobre todo para mi equipo y para el conjunto de la Administración pública canaria, que ha colaborado en esta evaluación.

            De sus intervenciones me gustaría centrarme en aquellas que han sido más compartidas, sobre todo en lo que se refiere a las preguntas al comisionado, y han sido fundamentalmente dos, ¿no? ¿Por qué no contestan más, por qué tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso, y en el ámbito de la publicidad activa por qué las entidades dependientes, sobre todo las instituciones principales, ayuntamientos, cabildos, universidades, Gobierno, y sus entidades dependientes, empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, etcétera, fallan más que los grandes, cuando en teoría, aparentemente, son estructuras más asequibles, más fáciles de transparentar?

            Las dos tienen un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, en el conjunto, le falta crecer en cultura de la transparencia. Eso no es una cosa que decreta una ley o determina una ley, eso hace falta tiempo. España llegó a la transparencia obligada, diríamos, a la transparencia por ley, diríamos, de los últimos en su entorno europeo, solamente llevamos cinco años con las leyes en vigor y, por lo tanto, eso tardará en calar, ¿eh? y por eso no es una cosa que se pueda, como yo muchas veces digo, que sea el código de circulación donde todo el mundo circula perfectamente al día siguiente porque si no, o se choca o le multan, ¿no?

            Y eso tiene que ver, en parte, con la otra pregunta generalizada de sus intervenciones, que es qué hacer, ¿no? Qué hacer para mejorar, para impulsar esto. Hemos practicado medidas, diríamos, reconocedoras, que reconocen a los buenos y creo que para los más incumplidores, creo que es el momento de empezar, como ya han empezado en algunas otras comunidades autónomas y como se plantea en la mayor parte de los borradores de nuevas leyes de transparencia de segunda generación, a establecer siquiera pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, yo espero que no lleguemos a tal nivel, pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los más, a los que peor practican la transparencia y en la medida en la que hasta ahora no ha servido, diríamos, la parte, diríamos, de la zanahoria, es decir, hace falta quizá un pequeño instrumento coactivo como pueden ser las multas, y es algo en lo que está de acuerdo prácticamente todo el sector transparentista de este país, tanto la academia como los órganos garantes como, incluso, los borradores de las leyes.

            Por eso en comisión les planteé esta posibilidad, lo he comentado también con el Gobierno de Canarias, y muy posiblemente, dentro de la futura propuesta de ley de acompañamiento de medidas administrativas contemos con algún instrumento de este estilo en los que ustedes al final serán los últimos decisores, porque vendrá a esta Cámara, se discutirá aquí y podrán concretarlo.

            Respecto a otras cuestiones que se han planteado, digamos más críticas con el modelo y con el futuro, concretamente con … cuando se refieren a que la Ley de Transparencia –y esto lo señalaba la portavoz, doña Socorro Beato– nacieron por una falta de legitimidad, y ahora nos encontramos ante una falta de credibilidad, yo creo que eso va a exigir un esfuerzo de todos, sobre todo mirando a largo plazo, porque efectivamente uno de los problemas porque no se toman demasiado en serio o tan en serio la transparencia en el momento presente es porque no sienten de alguna forma la presión social vía preguntas, vía protesta o vía reclamación ante el conjunto de las administraciones públicas.

            Cuando también algunos de ustedes han señalado, aquí y en comisión, que bueno, que los funcionarios de las administraciones públicas están ya muy presionados por obligaciones legales de este tipo, me gustaría recordar un dato que creo que desmonta en buena medida esa cuestión, y ya la comentaba también en comisión. Prácticamente en Canarias formalmente no hay más de 2200 solicitudes por escrito a las 98 administraciones canarias, cada año. Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día, a 98, es decir, no puede … las administraciones … (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

 

            El señor presidente: Don Daniel.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): … por falta de tiempo o de respuesta …

            El señor presidente: Sí, don Daniel, don Daniel. Espere, para que pueda concluir.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Muy bien. Voy rematando.

            El señor presidente: Sí, pero espere, espere, que le tengo que poner el tiempo.

            Adelante.

            El señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cerdán Elcid): Por lo tanto, diremos ese argumento que a veces se utiliza de excesivo agobio controlador o excesivo trabajo administrativo para responder a los ciudadanos creo que es todo lo contrario, si hubiera 100 000 preguntas estaríamos ante algún tipo de medida a la contra, cómo filtrarlas, cómo atender solamente a las importantes, pero cuando hay 2200 a 98 instituciones creo que es al contrario, es decir, las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan, y por lo tanto diríamos hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo pero sin embargo no la practican en el día a día ante los ciudadanos o incluso también, porque uno de los principales y recurrentes al modelo de transparencia son los propios funcionarios y los propios concejales o políticos de la oposición. Por lo tanto, creo que hay un margen de mejora en lo cultural, y creo que en los futuros cambios de las leyes de transparencia, tanto de la estatal como de las autonómicas… (corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) Muchas gracias… por el apoyo de esta Cámara al comisionado y a su pequeño equipo.

            Y hasta el año que viene.

            El señor presidente: Muchísimas gracias, señor comisionado. Muy agradecidos por su comparecencia, muchísimas gracias.

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Síntesis de la conferencia de Juan L. Beltrán en las Jornadas #JTDcanarias19 sobre sanidad y transparencia

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Juan Luis Beltrán durante su ponencia en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso

El 27 y 28 de noviembre de 2019 el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias celebró las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso en el Parlamento de Canarias (#JTDcanarias19). Juan Luis Beltrán Aguirre, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, habló sobre «Sanidad y transparencia, en particular en la política del medicamento», siendo presentado por Esther de Martín Pacheco, funcionaria del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales.

A continuación ofrecemos una síntesis de la conferencia facilitada por Juan Luis Beltrán.

SANIDAD Y TRANSPARENCIA (EN PARTICULAR EN LA POLÍTICA DEL MEDICAMENTO)

1. ¿ES TRANSPARENTE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD?

Cuando se analiza con cierto detenimiento el nivel de transparencia de los Servicios de Salud autonómicos, se puede comprobar que, salvo excepciones, los niveles de publicidad activa en que se sitúan no son los óptimos. Poco a poco van avanzando, pero todavía les queda bastante camino por recorrer para alcanzar el grado de transparencia deseable.

Y, en efecto, son bastantes las carencias detectables en la información sanitaria que debería publicarse según la legislación sanitaria y de transparencia. Ejemplos:

Datos de calidad, rendimiento, eficacia de los servicios y centros sanitarios (evaluación de resultados).

– Información sobre condicionantes de salud para la participación comunitaria.

– Datos resultantes de la relación público-privado: a) contratos formalizados de conciertos, concesiones, convenios; b) contratos formalizados de ensayos clínicos en hospitales públicos; c) contratos adquisición medicamentos dispensación hospitalaria.

– Datos sobre la gestión del medicamento: a) AEMPS: datos y documentación aportada para las autorizaciones de medicamentos; b) Comisión Interdepartamental Precio del Medicamento (CIPM): fijación de precios, revisiones del precio, motivación; d) Acuerdos de riesgo compartido en financiación medicamentos innovadores

– Declaraciones de intereses (conflictos de intereses) de profesionales con capacidad de decisión o de influir en la decisión.

– Datos sobre financiación pública en investigación biomédica y transferencias del conocimiento a lo privado (licencias exclusivas).

Queda, por tanto, mucho camino que recorrer para que el sistema sanitario tenga un nivel de transparencia aceptable.

Seguidamente, en función del tiempo de que dispongo para mi exposición, voy a centrarme en describir dos actuaciones a nivel estatal en favor de la transparencia, que actualmente están en plena ebullición: a) el desarrollo del artículo 11 de la LGSP; b) la opacidad en la gestión del medicamento y las actuaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

 

2. LA TRANSPARENCIA EN LA LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA.

  1. Preceptos regulando la transparencia.

Artículo 3. De los principios generales de acción en salud pública  (…)

f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos.

Artículo 11. Colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias

Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo.

A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.

Se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública.

Puede afirmarse, pues, que la LGSP trata con generosidad y acierto la transparencia en las actuaciones de salud.

  1. Proyecto de desarrollo reglamentario del artículo 11.

Durante el año 2019, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad elaboró un proyecto de reglamento de desarrollo del transcrito artículo 11, que ha sido sometido a consulta pública previa hasta el 6 de noviembre de 2019.

  1. Alcance del proyecto: a) supera el estricto ámbito de la salud pública, para regular la transparencia en toda actuación de salud; b) regula los conflictos de intereses que se generan en la actividad de salud.
  2. Contenidos del proyecto:

Capítulo 1. Ámbito subjetivo de aplicación: además de los grupos de sujetos obligados enumerados en el artículo 11 incluye los grupos de interés.

Capítulo 2. Obligaciones de transparencia en el Sistema de Salud: supera el estricto ámbito de la salud pública, para regular la transparencia en toda actuación de salud.

Capítulo 3. Composición de Comisiones y criterios para la selección de expertos (transparencia y motivación).

Capítulo 4. Declaración, publicidad y gestión de conflictos de intereses (es preciso tener muy presente que en 2018 la industria farmacéutica gastó 216 millones de euros en formación continuada de profesionales sanitarios y 259 millones en financiar investigación hecha por profesionales sanitarios).

En fin, si este proyecto de reglamento de desarrollo del artículo 11 de la LGSP es finalmente aprobado y promulgado, se habrá dado un paso de gigante en la consecución de un sistema sanitario público más transparente y con un nivel de integridad mucho mayor.

 

3. LA OPACIDAD EN LA POLÍTICA DEL MEDICAMENTO. ACTUACIONES DEL CTBG.

  1. El tratamiento de la transparencia en la legislación del medicamento.

Legislación Europea:

– Directiva 89/105/CEE, de 21-12-1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad

Considerando quinto:

El objetivo de la presente Directiva es obtener una visión general de los acuerdos nacionales de fijación de precios, incluyendo la forma en que operan en casos individuales y todos los criterios en los que están basados, así como proporcionar acceso público a dichos acuerdos a todos aquéllos implicados en el mercado de los medicamentos en los Estados miembros; que esta información debería ser pública.

– RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo de 2 de marzo de 2017, diseñando opciones para mejorar el acceso al medicamento y la transparencia en su gestión pública.

 Legislación Nacional:

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (TRLM).

a) Administraciones sanitarias:

Artículo 7: Las administraciones sanitarias garantizarán la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en materia de medicamentos y productos sanitarios, sin perjuicio del derecho de la propiedad industrial.

b) Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios:

Artículo 16.4. Para garantizar la transparencia de sus actuaciones, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios asegurará el acceso público de sus decisiones sobre las autorizaciones de medicamentos, sus modificaciones, suspensiones y revocaciones, cuando todas ellas sean firmes, así como el resumen de las características del producto. Será, asimismo, de acceso público el informe de evaluación motivado, previa supresión de cualquier información comercial de carácter confidencial. La confidencialidad no impedirá la publicación de los actos de decisión de los órganos colegiados de asesoramiento técnico y científico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relacionados con la autorización de medicamentos, sus modificaciones, suspensiones y revocaciones.

Artículo 97: Información económica.

  1. A los efectos de la fijación de precios, los laboratorios farmacéuticos deberán facilitar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad toda la información sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros.
  2. La información que en virtud de este artículo obtenga la Administración General del Estado será confidencial.

Puede comprobarse, pues, que el Texto Refundido es poco generoso en lo relativo a la transparencia pues la somete a múltiples condicionantes. Además, no exige expresamente transparencia ni publicidad alguna por parte de la CIPM respecto de los datos manejados y de sus decisiones fijando el precio de los medicamentos.

  1. La tradicional opacidad en la gestión del medicamento.

Por parte de la industria farmacéutica nunca se hacen públicos los costes de investigación y fabricación de medicamentos, amparándose pare ello en un supuesto perjuicio a intereses económicos y comerciales de la industria farmacéutica y en la confidencialidad de esos datos según el art. 97.3 TRLM.

Por parte de la Administración sanitaria nunca se han hecho públicas la documentación y las decisiones motivadas de la AEM y de la CIPM en relación con las autorizaciones de medicamentos, su financiación pública y la fijación de precios (art. 16.4 TRLM: ha funcionado hasta ahora una presunción general de confidencialidad).

  1. Escalada de precios de medicamentos supuestamente innovadores.

Causas:

Posibilidad de patentar el medicamento (la patente dura 20 años ampliables por otros 5). La legislación que permite la patente del medicamento fue efectiva en España a partir de 1992. Antes de esta fecha ningún medicamento podía patentarse.

– Sustitución del precio industrial (investigación, fabricación, comercialización) por el precio según “valor”, es decir, el precio más alto que esté dispuesto a pagar el cliente por razón del valor terapéutico del medicamento innovador.

– Aterrizaje en le industria farmacéutica de fondos de inversión que solo buscan la máxima rentabilidad.

Consecuencias:

– En nuestro país dos millones de personas no acceden a los medicamentos recetados por no poder asumir el copago que les corresponde (fuente: Baremo Sanitario 2018).

  1. Reacción de la sociedad exigiendo transparencia en la gestión del medicamento y un acceso justo al mismo. Ejemplos de iniciativas:

Iniciativa legislativa popular de modificación del TRLM admitida a trámite en el Congreso de Diputados (25 de septiembre de 2019).

– Constitución en 2017 de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento.

– Campaña NO ES SANO promovida por sociedades científicas y Organizaciones (12).

– Resolución de la OMS en su 72ª asamblea (julio de 2019) sobre mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos.

  1. Transparencia en la fijación de precios.

Argumentario a favor de la transparencia.

a) Art. 94 TRLM: los precios de los medicamentos deben fijarse de modo motivado y conforme a criterios objetivos. La motivación y objetividad exigidas legalmente solo pueden ser contrastadas y evaluadas con el debido nivel de transparencia.

b) Art. 14.1.h) LTAIBG: perjuicio a intereses económicos y comerciales: aplicación del test del daño y del test del interés público: criterio interpretativo 1/2019 CTBG. Sentencia del Tribunal General de la UE de 5-2-2018 (asunto T-235/15): EMA: acceso a documentos presentados en el procedimiento de solicitud de autorización de comercialización: intereses económicos y comerciales: una vez hecho el test del daño y del interés público superior, concede el acceso por existir un interés público superior.

c) Negociación no justa: asimetría en la información de que dispone la CIPM y el laboratorio farmacéutico durante las negociaciones para la fijación del precio. Según los estudios, buena parte de la documentación que ha de presentar el laboratorio (por ejemplo, escandallo de costes) no se valora por la Administración sanitaria porque es muy poco fiable.

d) El artículo 97.3 TRLM no declara confidenciales los criterios de fijación de los precios de los medicamentos. Por otra parte, este artículo, al declarar la confidencialidad de los aspectos técnicos, económicos y financieros aportados a la Administración por el laboratorio, no puede justificar la exclusión automática y mecánica todos estos datos. Esta idea resultaría incompatible con los principios y la propia regulación sustantiva del derecho de acceso, ya que supondría admitir que, tras la entrada en vigor de la legislación de transparencia, persisten ámbitos materiales enteros que, como reductos impenetrables y opacos, quedan excluidos completa e incondicionalmente del conocimiento ciudadano (R/299/2018, de 25 de octubre, de GAIP).

Argumentario en contra de la transparencia.

  1. a) Art. 97.3 TRLM: declara la confidencialidad de los aspectos técnicos, económicos y financieros que el laboratorio ha de facilitar a la Administración sanitaria.
  2. b) Farmaindustria justifica la confidencialidad de los precios en la posibilidad que ofrece de «maximizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores«. A este respecto, afirma que esa confidencialidad “favorece el interés público al permitir que cada país consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias (coberturas públicas, copagos, capacidad económica…)», siempre en «equilibrio con el necesario retorno económico para las compañías farmacéuticas».

«Si no hubiera confidencialidad en el ámbito europeo, los precios tenderían a igualarse en un valor único que podría ser relativamente bajo para los países más ricos, pero demasiado alto para los de menor capacidad económica«, y eso «podría complicar el acceso en los de menos recursos».

  1. Resoluciones del CTBG resolviendo reclamaciones por no facilitar información relativa a la gestión del medicamento:

Resoluciones en pro de la transparencia.

En este apartado enumero las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que han estimado las reclamaciones formuladas ante la negativa de la Administración sanitaria de facilitar la información que se había solicitado sobre cuestiones atinentes a los medicamentos, instando a dicha Administración a que facilite esa información. Es de observar que en las cuatro primeras se ha facilitado la información por no haberse recurrido al contencioso-administrativo o por haber sido desestimado el recurso. Las dos últimas han sido recurridas al contencioso-administrativo por el laboratorio Novartis y por la AGE y, al tiempo de escribir estas líneas están sin resolver los correspondientes recursos. Las sentencias que los resuelvan serán de enorme trascendencia en orden a fijar criterios de transparencia en la gestión del medicamento.

R/231/2017, 24 octubre: información medicamento TRUVADA: impugnada en el contencioso-administrativo por la AGE: La Sentencia de 10-5-2018 desestima el recurso.

– R/239/2018, 13 julio: actas de la CIPM desde 2007 a 2017

– R/257/2018, 19 julio: precio medicamentos aprobados en 2017

– R/266/2018, 23 julio: precio medicamento Sovaldi

– R/79/2019, 30 abril: precio y motivación para aprobar el medicamento Kymriah: impugnada en el contencioso por Novartis

– R/262/2019, 8 julio: Desglose de medicamentos de gasto hospitalario en 2018: impugnada en el contencioso por la AGE.

Resolución en favor de la confidencialidad

– R/478/2019, 26 septiembre: precio e inclusión del medicamento Hyrimz en el SNS. En este caso, el CTBG desestima la reclamación por considerar que los argumentos alegados por la Administración y el laboratorio resultan conformes con la aplicación justificada y restrictiva de los límites al acceso a la información y, en concreto, al recogido en el art. 14.1 h) de la LTAIBG (perjuicio a intereses económicos o comerciales).

Vista la trayectoria que ha mantenido de forma continuada el CTBG en favor de la transparencia, ha sorprendido mucho esta última resolución en la que se pronuncia a favor de la confidencialidad.

Vídeo de la ponencia de Juan Luis Beltrán en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso

–> Acceso a la Lista de reproducción #JTDcanarias19 con los 29 vídeos de las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso organizadas por el Comisionado de Transparencia:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAPMNvuz1BYK0FJWsadJgY1JoWo9uzUg

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Síntesis de la conferencia de E. Samarra en las Jornadas #JTDcanarias19 sobre transparencia parlamentaria y de los grupos políticos, información tributaria, publicidad de informes públicos y derecho de acceso de los diputados

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Elisabet Samarra, presidenta de la GAIP, en su ponencia en las I Jornadas Canarias de Transparencia y Derecho de Acceso

El 27 y 28 de noviembre de 2019 el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias llevó a cabo las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso en el Parlamento de Canarias (#JTDcanarias19). Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), habló sobre Casuística en reclamaciones: subvenciones a los grupos políticos municipales, fincas exentas de IBI y transparencia de estudios e informes.

En una primera parte de la intervención, se exponen algunos de los criterios de interpretación de la legislación de transparencia en materia de derecho de acceso a la información que la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) ha consolidado en el ejercicio de su actividad como órgano de garantía creado por la ley de transparencia catalana.

En segundo lugar, se aborda el régimen de acceso a la información de los miembros del Parlamento de Cataluña y su garantía ante la GAIP.

1. Algunos criterios doctrinales de la GAIP

La publicidad activa de las subvenciones a los grupos políticos municipales y la justificación de los gastos realizados con cargo a ellas.

Las aportaciones económicas que las corporaciones locales hacen a los grupos políticos para su funcionamiento, al amparo del artículo 76.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, tienen naturaleza jurídica de subvención (son aportaciones sin contraprestación directa de los beneficiarios; sujetas a un objetivo o actividad concreta –la actividad del grupo- y otorgadas con una finalidad de utilidad pública, como lo es facilitar el funcionamiento y la actividad de los electos dentro de las corporaciones locales, artículo 2 LGS, y  la propia LGS se refiere a ellas expresamente como subvenciones al regular su exclusión de su ámbito de aplicación (4.d LGS: «las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales»). La exclusión del ámbito de aplicación de la LGS no le resta tal naturaleza, sino que simplemente establece que no quedan sujetas al régimen jurídico general de control y fiscalización de las subvenciones, sino al control del Pleno, conforme al artículo 76.3 LBRL.  Puesto que son subvenciones, les es de aplicación el régimen de publicidad activa de las subvenciones.

Por otro lado, existe un interés público en permitir el control ciudadano del destino dado a esas subvenciones por parte de los grupos políticos, en la medida en que, por un lado,  se hacen con cargo a los presupuestos públicos de la Corporación Local sometidos a un régimen de transparencia; por otro lado, los beneficiarios son cargos públicos –concejales, consejeros comarcales o diputados provinciales, agrupados en grupos políticos-  sometidos a un especial escrutinio y a la exigencia de un mayor grado de transparencia en la gestión que hagan de los fondos públicos que administran; y finalmente, la aplicación de estas dotaciones no está necesariamente sometida a controles internos regulares excepto que se prevea así en los reglamentos municipales, lo que ha, sido hasta ahora, nada habitual.

En base a estas consideraciones, se establece el criterio, a seguir por todas las corporaciones locales, de que el artículo 15 de la ley de transparencia catalana es de plena aplicación a las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales, por lo que éstas deberán publicar en su portal de transparencia la siguiente información:

  • El importe anual de las subvenciones (coste global para la Corporación Local), así como el importe del tanto fijo por grupo y del tanto para cada miembro que se aplica, con indicación del acuerdo del Pleno que los fija y de los elementos que permitan conocer el proceso de toma de esta decisión;

  • Los grupos políticos beneficiarios, con indicación de la cantidad anual que perciben;

  • El objeto de la subvención (los gastos de funcionamiento del grupo) y las prohibiciones legales de destino de estos fondos en el artículo 73.3 LBRL;

  • La información relativa a su control financiero;

  • La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención, consistente en una relación detallada de los gastos anuales agrupados por conceptos, que deberán ser suficientemente específicos y claros: alquiler, material de oficina, imprenta, envíos postales, gastos de representación, desplazamientos, etc.

La publicación en el portal de transparencia de las facturas no queda directamente exigida por el artículo 15 LTAIPBG, si bien puede ser recomendable. Sin embargo, para el caso de que se publiquen, desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal convendría que previamente se anonimizaran los datos de terceras personas físicas ajenas al grupo que puedan figurar en ellas, por no ser necesarios para la finalidad de rendición de cuentas de la actuación de los grupos mediante publicidad activa.

Puede consultarse el texto íntegro del criterio general en: http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/Obligatorietat-de-la-publicitat-activa-de-les-subvencions-als-grups-politics-de-les-Corporacions-Locals

 

El acceso a información tributaria:  las fincas exentas de IBI.

La GAIP viene interpretando que cuando una norma con rango legal establezca el carácter reservado de una información, como sería el caso de la información tributaria,  esta previsión de reserva de la ley sectorial debe integrarse en el catálogo de límites legales al acceso  y debe aplicarse como cualquier otro límite al acceso establecido por la propia LTAIPBG (aplicación restrictiva en beneficio del derecho de acceso, ponderado conforme a los criterios de proporcionalidad y temporalidad y permitiendo el acceso parcial en lo posible), y no como un régimen especial de acceso que excluya total y automática el acceso, ni siquiera parcial,  a toda la información de naturaleza tributaria.

La proporcionalidad en la aplicación del límite de reserva de la información tributaria exige que se aplique sólo en aquello que sea necesario para la protección del bien jurídico que ampara, que es el derecho de los obligados tributarios a la confidencialidad de la información que aportan a la administración tributaria para la liquidación de impuestos, de forma que si la información tributaria no puede asociarse a ningún obligado tributario identificado o identificable, el bien jurídico protegido por la reserva no se vería perjudicado y no resultaría proporcionado restringir el acceso. Tampoco resultaría proporcional aplicar restrictivamente el carácter reservado de la información tributaria para limitar el acceso a la identidad de la administración titular de una finca exenta de IBI, considerando que el patrimonio público debe estar sometido a publicidad activa.

La Sentencia de la Audiencia Nacional 251/2017, de 6 de febrero, no tiene valor de jurisprudencia y no puede servir para interpretar y aplicar los principios y la regulación contenida en la ley de transparencia, sino que, como indica la propia sentencia, “debe ajustarse a la valoración de la actuación administrativa con el ordenamiento jurídico, que ha tenido cada caso concreto sometido al juicio de valor jurisdiccional”. Pero incluso si se quisiera reconocer a esa sentencia un valor como criterio judicial interpretativo y de aplicación de la ley de transparencia que sólo le corresponde a la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, deberíamos descartar que tal criterio interpretativo sea, en realidad, contrario u opuesto al criterio de la GAIP, puesto que  se pronuncia exclusivamente sobre las alegaciones y pretensiones de las partes (derogación tácita del artículo 95 LGT por la ley de transparencia, o aplicabilidad por la vía de la Disposición Adicional Primera.2 LTAIPBG), sin que se le planteara y tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de la reserva de la información tributaria como límite, opción ésta que estaría perfectamente alineada con el pronunciamiento judicial, puesto que lo sustantivo de la sentencia es el carácter limitativo del derecho de acceso que debe reconocerse a la previsión legal de reserva de la información tributaria, y lo accesorio es si esa limitación se incorpora al régimen de acceso por la vía 2 de la integración en el catálogo de límites, o por la vía de la Disposición Adicional Primera.2. En cualquier caso, no hay ningún pronunciamiento en tal sentencia que determine que la limitación del derecho de acceso derivada de la reserva de la información tributaria conlleva la exclusión total y automática de ese ámbito administrativo de la esfera del derecho de acceso a la información.

Puede consultarse el texto íntegro de la Resolución en: http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions-2019/20191121_Resolucio_728_2019_estimacio_parcial_464_2019_CAST.pdf

 

La publicidad activa de los estudios, informes y dictámenes contratados por la Administración.

La contratación de estudios o dictámenes externos es un ámbito de actuación y del gasto público sobre el que se proyectan a menudo recelos y desconfianzas por haber sido objeto reiteradamente de denuncias de corrupción o de corruptelas (encargo de estudios innecesarios, o que no se han llegado a entregar, o que contienen un escaso o nulo valor científico) como vía para favorecer o beneficiar a sus autores con prácticas de clientelismo político o nepotismo, o de financiación irregular de partidos políticos. Es éste, pues, un ámbito al que resulta especialmente recomendable proyectar la transparencia, a fin de desvanecer sospechas y recuperar la confianza de la ciudadanía y en este sentido y orientada a tal fin hay que interpretar la previsión del artículo 8.1.h LTAIPBG con respecto a la publicidad activa de los estudios.

La previsión que contiene el artículo 8.1.h de la ley de transparencia catalana (publicidad activa de los informes y estudios) no puede considerarse satisfecha con la mera relación de los estudios e informes encargados, la persona adjudicataria, el importe y el procedimiento de contratación, y un resumen de su objeto, puesto que estos elementos solos no permiten el control ciudadano de la oportunidad del estudio, su calidad y su adecuación al precio. Considerando que el artículo 8.2 LTAIPBG establece la obligación de publicidad activa de «todos los documentos» y de la información «adecuada y completa» que sea «congruente con la finalidad de conocimiento», y que los artículos 6.1.a LTAIPBG y 7.2 LTAIPBG  imponen una interpretación amplia y prevalente del principio de transparencia, el cumplimiento de la previsión de publicidad activa de los informes y estudios debe satisfacerse con la difusión del propio estudio o informe (ya sean elaborados por la Administración o encargados a terceros) así como -en el caso de contratación de estudios externos- de los informes de validación que emita el órgano de contratación en la recepción del estudio contratado, valorando su calidad, utilidad y adecuación al precio y a la finalidad perseguida, si se han elaborado en el marco del procedimiento contractual. Estos elementos informativos, junto con los relativos a la contratación que ya vienen exigidos por los artículos 8.1.f y 13 LTAIPBG, son los que permitirían realmente acercar a la ciudadanía el conocimiento de la actividad pública en esta materia y rendir cuentas de ella proactivamente, conforme a la voluntad del legislado

Puede consultarse el texto íntegro de la resolución en: http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions- 2019/20191010_Resolucio_591_2019_estimacio_436_2019_CAST.pdf

 

2. El régimen de acceso de los Diputados al Parlamento de Cataluña y su garantía ante la GAIP

Los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña pueden reclamar ante la GAIP si no se tienden o si se limita el acceso a información solicitado en el ejercicio de sus funciones al gobierno o la administración, y la GAIP resolverá aplicando su régimen especial de acceso, regulado en el Reglamento del Parlamento de Cataluña.

Por expresa previsión del Reglamento de la cámara, el acceso a la información de los miembros del Parlamento está sometido a los mismos límites que establece la legislación de transparencia, si bien en su aplicación deberá ponderarse la prevalencia de su  derecho de acceso a información como un instrumento necesario para el ejercicio de las funciones de control e impulso del gobierno inherentes a su condición y, por tanto, como parte indisoluble de ius in officium amparado en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Por lo tanto, al derecho de acceso de los parlamentarios en el ejercicio de su función debe reconocérsele un vigor y una protección reforzados en relación con el derecho de acceso de cualquier otro ciudadano, que puede ser determinante del resultado de la ponderación entre aquel derecho de acceso y la protección de otro derecho privado o bien jurídico protegido por un límite, de forma que se deba permitir el acceso a información afectada por límites a las diputadas y diputados, en atención a la alta representación que ostentan y la función institucional de control que ejercen y a la que sirve el derecho de acceso.

Sin embargo, si como resultado de la satisfacción de este derecho fundamental, la información no queda solo en manos de los diputados y diputadas, sino que se abre al conocimiento general de toda la ciudadanía, los derechos privados que se opongan o los bienes jurídicos que resulten dañados deberán ponderarse no ya en relación con el derecho fundamental de la diputada o diputado que pide la información, sino en relación con el derecho de acceso del público final que la pueda conocer, es decir, de cualquier persona que consulte las publicaciones del Parlamento, o siga las sesiones en el Canal Parlamento, o que sea informada por la propia diputada o diputado en la divulgación de su acción parlamentaria, que, en general, no está limitada ni condicionada a la obligación de confidencialidad o de sigilo profesional.

Se sometió a dictamen de la Comisión, ante la petición de una diputada de que el consejero de Economía informase en  sesión informativa sobre la condonación de deuda del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al Grupo Zeta en la operación de su venta a Prensa Ibérica, a la vista de que  el ICF actúa como entidad bancaria independiente de la Administración y sometida a criterios de mercado y al derecho privado del sector en lo referente a sus operaciones de crédito (y por ende, está sometida al deber de reserva en relación con las operaciones saldos, posiciones y transacciones de sus clientes, excepto cuando una ley autorice su comunicación (artículo 83 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

La GAIP aplicó su criterio doctrinal de considerar que el secreto impuesto por la legislación bancaria de la información que el ICF conoce de sus clientes debe aplicarse como un límite, y no como una exclusión del ámbito de ejercicio del derecho de acceso, y en la aplicación de este límite, debería tenerse en cuenta que existe un interés indudable, desde el punto de vista del ejercicio del ius representandi, en el control parlamentario de las actuaciones y decisiones del ICF  y que no estaría justificado que esta empresa pública quedara al margen de la exigencia de responsabilidades políticas que puedan derivarse de su actuación. Por lo tanto, su deber de reserva o la sumisión de su actividad comercial al derecho privado no comportan que el ICF quede inexorablemente excluido del alcance del control parlamentario; ésta sería una interpretación restrictiva de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado a los parlamentarios y limitativa de la institución parlamentaria estatutariamente reconocida, que no se puede justificar en la previsión general de reserva de una ley ordinaria sectorial.

En consecuencia, si bien  el ICF informará ordinariamente en el Parlamento de su actividad de forma agregada y salvaguardando la identidad de sus clientes, sin embargo será prevalente el derecho de acceso vinculado al ejercicio de la función parlamentaria de control si la naturaleza extraordinaria de la operación o la transacción con un cliente justifica el interés público en el control parlamentario de decisiones lesivas de los intereses del ICF, o de aquellas que puedan beneficiar con condiciones inusualmente ventajosas a determinados clientes. En estos casos, el acceso de las diputadas y diputados debe materializarse adoptando las medidas necesarias para que se permita el control y parlamentario, salvaguardando al máximo el bien jurídico protegido por el límite, que es la expectativa de confidencialidad del cliente del ICF en relación con las operaciones o transacciones con su banco, lo que conlleva restringir la difusión y acotar a la arena parlamentaria la difusión de la información reservada, en un régimen de confidencialidad que suponga el mínimo daño indispensable en los derechos de los terceros que requiere el ejercicio de la función parlamentaria de control de las decisiones y actuaciones del gobierno y del órgano de dirección o gobierno del ICF.

Puede consultarse el texto íntegro del dictamen en: http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/Dictamen-2019_06

Vídeo de la ponencia de Elisabet Samarra en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso

Acceso a la Lista de reproducción #JTDcanarias19 con los 29 vídeos de las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso organizadas por el Comisionado de Transparencia:

https://www.youtube.com/watch?v=sltIOXyE1_c&list=PLzAPMNvuz1BYK0FJWsadJgY1JoWo9uzUg

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El Tribunal  Superior de Canarias (TSJC) confirma la resolución que obliga al Colegio de Enfermería de Tenerife a informar sobre un proceso electoral

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  • Segundo pronunciamiento favorable del  TSJC en los recursos interpuestos contra decisiones del Comisionado de Transparencia de Canarias 
  • De sus 421 resoluciones sobre derecho de acceso a la información aprobadas, 5 han sido recurridas ante el TSJC  y ninguna hasta ahora invalidada 

El Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife tendrá que facilitar la información que una ciudadana había solicitado acerca del proceso electoral del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería.

Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la decisión del Comisionado de Transparencia de Canarias frente al recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife; que se ha negado hasta ahora a facilitar a la reclamante determinados documentos del proceso electoral del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería en el año 2016. Ante la negativa a entregarlos, la ciudadana interpuso una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias,  que es el órgano que la Ley Canaria de Transparencia ha previsto para resolver de forma rápida y gratuita las reclamaciones de los ciudadanos cuando se les niega información pública

Este órgano garante  dictó una resolución que ordenaba la entrega de la información solicitada puesto que, como razonó el Comisionado en su resolución,  “….el procedimiento electoral de un colegio profesional es claramente una materia sujeta a derecho administrativo en tanto en cuanto se trata de proteger un interés público general como es el de que su modo de organización y de actuación sean democráticos. Sustraer el procedimiento electoral a esa condición para hacerlo sujeto de secreto y reserva del alguna de su partes no podría sino limitar gravemente la calidad democrática de sus elecciones, sobre el que existe un claro interés públic,  no solo de los miembros del colegio sino de cualquier ciudadano.” La resolución aprobada por Daniel Cerdán concluía que la información relativa a las candidaturas a los órganos de gobierno de un colegio profesional es «información pública» sobre el que existe derecho de acceso, sean o no ciudadanos interesados en el procedimiento.

Con posterioridad el Colegio de Enfermería pretendió recurrir la resolución dictada por el Comisionado de transparencia ante el propio Comisionado, que resolvió inadmitiendo el recurso presentado por improcedente. Ahora, en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en la que el Comisionado actuaba representado por el letrado Juan Carlos García Melián, se desestima el recurso interpuesto por el Colegio de Enfermería y se confirma el acto dictado por el Comisionado. La sentencia representa todo un reconocimiento de que el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos también alcanza al proceso electoral de  los colegios profesionales. La sentencia condena al pago de las costas del pleito al Colegio de Enfermería.

“De las 421 resoluciones sobre derecho de acceso a la información aprobadas en los poco más de tres años de existencia del Comisionado,  han sido recurridas únicamente 5, pero hasta ahora ninguna ha sido invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, indica el comisionado Daniel Cerdán. Esta sentencia es la segunda que emite el TSJC sobre la actividad del Comisionado de Transparencia de Canarias. La primera también resultó  favorable al reconocimiento que el órgano garante hacía sobre el derecho de un ciudadano a conocer si determinado plan urbanístico estaba vigente o no. En aquella ocasión el Tribunal resolvió que “…por mucho que se sepa que el Plan se ha aprobado, el administrado no sabe si se le han dado al expediente los demás trámites previstos legalmente a los efectos de su entrada en vigor; y esa información tiene derecho a saberla, y no es ninguna opinión jurídica. El comisionado ha obrado con toda corrección ajustándose a las exigencias de la LTAIP.”

Además de los dos casos mencionados con sentencias favorables, otros dos recursos interpuestos ante el TSJC de Canarias fueron archivados al desistir los demandantes por satisfacción extraprocesal, quedando en la actualidad pendiente de sentencia un último recurso relativo al derecho de acceso a la información pública en un procedimiento de contratación ya finalizado.

La Resolución del Comisionado de Transparencia  que ahora ha quedado confirmada se halla en la siguiente dirección web


Información sobre la primera sentencia del TSJC en 2018

Más información sobre las reclamaciones sobre derecho de acceso en 2017  en Canarias y en España (Informe Anual)

Resumen Ejecutivo, Conclusiones e Informe Anual 2017 del Comisionado

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En 2018 el Comisionado de Transparencia recibió 357 reclamaciones ciudadanas frente a denegaciones de información de las instituciones canarias; un 131% más que en 2017

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Durante el año 2018 se recibieron 357 reclamaciones en el Comisionado de Transparencia de Canarias frente a las denegaciones de acceso a la información pública hechas a las solicitudes de los ciudadanos por las 98 instituciones del Archipiélago y sus entidades dependientes. Tal cifra representa un incremento de 203 reclamaciones sobre las 154 presentadas en el año 2017; es decir, se ha producido un crecimiento del 131%.

“Este aumento de las reclamaciones no se debe a que las administraciones denieguen más o menos que antes, sino a que los ciudadanos conocen más y mejor esta posibilidad gratuita, sencilla y accesible de reclamar ante nosotros a través de la sede electrónica”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

En los tres años y medio de funcionamiento de este órgano garante de la transparencia y el derecho de acceso a la información en Canarias el Comisionado ha recibido un total de 620 reclamaciones, ya que en 2016 fueron 91 y llegaron a 18 las recibidas en los últimos meses de 2015.

El otro ámbito de actividad de este órgano es el control de cumplimiento de las obligaciones informativas en los portales de transparencia; cuyo resultado se refleja en el último informe anual del Comisionado que se debatirá el próximo jueves en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias.

En el pasado ejercicio el Comisionado emitió 191 resoluciones, de las que 57 fueron de inadmisión (porque no se tramitó bien la solicitud o se pedían cosas diferentes a información pública disponible de las administraciones). Y de las 134 admitidas a trámite, únicamente nueve (el 6,7%) se desestimaron por completo; ya que en el resto los ciudadanos reclamantes lograron resoluciones en las que se les reconoce su derecho a toda la información solicitada o al menos –en nueve casos –  a una parte de lo piden. Es por ello que más del 93% de las reclamaciones admitidas a trámite obtuvieron resultados favorables para los ciudadanos.  Del conjunto de las reclamaciones presentadas a lo largo de 2018 restan actualmente 229 por resolver; ya que parte de las resoluciones emitidas en 2018 habían sido presentadas en 2017.

Las administraciones públicas más reclamadas en 2018 fueron los dos ayuntamientos de las islas capitalinas: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 51 reclamaciones y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 22. El resto de administraciones con diez o más reclamaciones en 2018 son la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (15), Radio Televisión Canaria (12), el Cabildo de Tenerife (10), el Cabildo de Gran Canaria (10) y el Ayuntamiento de Guía de Isora (10).


Desde la aprobación de la Ley de Transparencia de Canarias, cualquier ciudadano puede solicitar a las administraciones públicas, organismos, instituciones, sociedades y fundaciones dependientes de las mismas la información pública, sin necesidad de que tenga la condición de interesado o afectado en un procedimiento; es decir, tal como hasta ahora lo pueden hacer los periodistas.

Si la respuesta no es satisfactoria (sea CIUDADANO, PERIODISTA, SINDICALISTA o REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURÍDICA) puede realizar un recurso o reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por vía presencial, presentándola en cualquier registro público, por correo electrónico (y posterior identificación desde el órgano garante) y a través de la sede electrónica del Comisionado. Las indicaciones para presentar una reclamación se explican en este enlace: https://www.transparenciacanarias.org/hazunareclamacion.

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Los órganos de control de la transparencia en España firman en Cádiz una declaración para demandar más apoyo y compromiso a los poderes públicos

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Los Consejos y Comisionados de la transparencia estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, firmaron una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un «apoyo explícito» a su labor desarrollada y un «compromiso decidido» en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

 

Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia estatales.

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del III Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Cádiz, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia firmó una declaración colectiva por la transparencia, apoyada por treinta y dos entidades de la sociedad civil. El texto pone de manifiesto que “nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general”. Por ello, “Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad”. 

La “Declaración de Cádiz” reafirma el compromiso de los Consejos y Comisionados de Transparencia con la implantación definitiva y eficaz de la Transparencia en España. Los órganos de control de la Red demandan un apoyo de los poderes públicos a la importante labor que estos realizan. Demandan también una reforma que mejore las garantías del derecho de acceso, consagrándolo como un derecho fundamental del ciudadano, “el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.

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Primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aplicando la Ley de Transparencia

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El TSJC da la razón al Comisionado de Transparencia frente al Ayuntamiento de Santa Úrsula
Deberá informar sobre el Plan Plan Especial del Camino del Litoral

Hoy se ha comunicado la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se desestima íntegramente el recurso del Ayuntamiento de Santa Úrsula y lo condena en costas;  frente a la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias. En la misma se da la razón a un ciudadano y ordena a la entidad local a facilitar la información que había solicitado sobre la vigencia del Plan Especial del Camino del Litoral de Santa Úrsula; en el ejercicio de los nuevos derechos de acceso a la información pública por cualquier persona, que contempla la Ley de Transparencia de Canarias.

Esta sentencia es la primera que se dicta en Canarias respecto a los cinco recursos judiciales planteados por la instituciones canarias contra alguna de las mas de 250 resoluciones acordadas por el comisionado Daniel Cerdán Elcid,  en sus casi tres años de mandato.  El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano de control que, además de vigilar el cumplimiento de la norma en materia de portales de transparencia (más de 200 instituciones y entidades públicas se han evaluado este año), resuelve las reclamaciones que los ciudadanos le presentan cuando no les responden con la información que piden. Esta institución es la más joven y la más pequeña de Canarias; con solo cuatro puestos de trabajo en su RPT y solo dos de ellos cubiertos desde la marcha a la Presidencia de la Audiencia de Cuentas de uno de sus artífices, Pedro Pacheco. «No es que el órgano esté pendiente de reforzarse; es que esta pendiente de constituirse realmente. Sin el sobreesfuerzo del equipo, habríamos fracasado en toda regla», indica su responsable.

La sentencia aludida afirma… «que la posición del Ayuntamiento para no dar la información solicitada resulta absolutamente improcedente. Ni está acreditado que se diera dicha información, ni el informe del Ayuntamiento de Santa Úrsula cumple con el cometido de la información. En él se dice: parece que el interesado lo que pretende es que los funcionarios de este ayuntamiento emitan una opinión jurídica respecto de la petición o solicitud…..función esta que no compete en modo alguno a los funcionarios municipales, que están obligados a referir sobre las actuaciones que pretenden realizar los ciudadanos, esto es, licencias, actividades, pero no sobre si consideran o no vigentes o ajustados a derecho la actuación municipal pues esta labor compete a los tribunales ordinarios….” Y  más adelante añade: “Es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor…”.

Y al final concluye: “Con lo cual, por mucho que se sepa que el Plan se ha aprobado, el administrado no sabe, si se le han dado al expediente los demás trámites previstos legalmente a los efectos de su entrada en vigor; y esa información tiene derecho a saberla, y no es ninguna opinión jurídica. El comisionado ha obrado con toda corrección ajustándose a las exigencias de la LTAIP.”

Según señala el letrado que ha defendido la posición del Comisionado en el pleito, el especialista en transparencia y contratación Juan Carlos García Melián, se da la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de comunidades autónomas, al ser el Comisionado un órgano del Parlamento de Canarias, es el Tribunal Superior de Justicia y no los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelven los recursos frente a sus resoluciones.

 

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El Comisionado de Transparencia explica el funcionamiento de “T-Canaria” al sector público empresarial de Canarias

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La aplicación telemática T-Canaria creada por el Comisionado de Transparencia sirve para conocer el cumplimiento de la transparencia de las instituciones y entes dependientes de la administración general de la comunidad autónoma, cabildos, ayuntamientos y universidades de Canarias. Pretende ser una herramienta de autoevaluación para todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia  de Canarias antes de que presenten al Comisionado su propia “declaración de transparencia”.

En la jornada formativa que tuvo lugar el 4 de abril en el Parlamento de Canarias, el comisionado, Daniel Cerdán, transmitió a los asistentes, miembros de entidades públicas dependientes del Gobierno de Canarias, la importancia de proceder a la autoevaluación sobre el cumplimiento de la Ley, “porque la base de un gobierno abierto es la transparencia y lo que no se mide no se mejora”. La actualización y el conocimiento de las herramientas adecuadas facilitan y mejoran la calidad y transparencia de las instituciones.

El comisionado recomendó a todas las instituciones y entidades que habiliten un espacio de transparencia donde publiquen la información requerida por la ley, con claridad y accesibilidad para cualquier ciudadano que quiera descargarla; tener el control de las solicitudes de información, resolverlas y elaborar una memoria anual de transparencia.

Daniel Cerdán expresó que “la transparencia, una vez organizada en cada entidad se va normalizando como una actividad más de la administración”. Además, el comisionado señaló que la meta es que todos los portales tengan los datos en diferentes formatos abiertos, expresados en un lenguaje que también sea entendido por las máquinas, para que puedan ser reutilizables.

“Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y sus centros directivos: se mantiene entre sus objetivos prioritarios la transparencia de la gestión pública; aspiración que se integra en un movimiento más amplio como es el de Gobierno Abierto” indicó la directora general de Transparencia del Gobierno de Canarias, María Ascensión Toledo.

José Miguel Barragán, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad indicó que “la cita de hoy nos brinda la oportunidad de intercambiar criterios y conocimientos para actualizar y mejorar los contenidos de los portales de transparencia”. En este sentido, sostuvo el consejero que “el Gobierno de Canarias ha trabajado desde el inicio de esta legislatura en actuaciones tendentes a mejorar y profundizar la transparencia en nuestro ámbito de competencia y, en este sentido, hemos aprobado la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, con la finalidad de incorporar esa perspectiva”.

Por su parte, el jefe de servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de Transparencia, Pedro Pacheco, recordó que los obligados por la Ley tienen dos tareas: la de la publicidad activa, a través de la publicación de la información en sus portales de Transparencia, y la de garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. El objetivo es dar satisfacción a una creciente demanda de la población por estar informados. Las solicitudes de información deben de contestarse siempre y en caso de haber conflicto con la protección de datos u otros límites al derecho de información, se le debe explicar el motivo de la negación.

De las reclamaciones de los ciudadanos presentadas en 2017 se han resuelto hasta el presente 92: el 79% han tenido una resultado favorable total o parcial para los ciudadanos, bien porque el comisionado determinó que habían de entregarle toda o parte de la información solicitada, o bien porque la administración reclamada les ha facilitado los datos una vez que fue requerida a presentar alegaciones por parte del órgano de control. Las 101 reclamaciones de acceso a la información presentadas al Comisionado en los tres primeros meses de 2018 duplican a las presentadas en el primer trimestre de 2017.

Con respecto al cumplimiento de la transparencia, este año la evaluación se realizará con la metodología MESTA, desarrollada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A través de la herramienta, se valoran 7 criterios relacionados con el contenido de la información y 3 relacionados con el soporte web en el que están publicados los datos.

José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia del Comisionado de Transparencia, explicó que “esta metodología tiene tres grandes características. En primer lugar, que puede ser aplicada con homogeneidad a todos los organismos y entidades obligadas, independientemente de su naturaleza jurídica. En segundo lugar, permite medir con eficacia el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y por último, permite establecer líneas de estudio y mejora continua, de cara al futuro, para ver cómo van evolucionando las distintas entidades obligadas”.

⇒ Ver: Presentación SECTOR PÚBLICO CAC: Publicidad activa (Jornada Formativa, 4 de abril de 2018)

Lista de Reproducción de la Jornada Formativa

 

«T-Canaria», nueva aplicación telemática del Comisionado para conocer el cumplimiento de la transparencia de todas las instituciones canarias

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R33/2017

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Resolución de estimación de petición de información sobre copia de expedientes de contratación al ente público Radiotelevisión Canaria (9-XI-2017)

El comisionado resuelve estimando la reclamación formulada por una componente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria relativa a la solicitud de la copia de expedientes de contratación del departamento de producción durante el año 2016. Asimismo, requiere al ente público RTVC para que entregue la información solicitada con la pertinente acreditación ante el Comisionado de las actuaciones y la información entregada. Se requiere también al ente para que cumpla con los artículos 16 y 28 de la LTAIP, publicando la información relativa a contratos en su portal de transparencia.

Por otro lado, el Comisionado insta a RTVC para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen y remitiendo la información de los expedientes de acceso a la información pública al Comisionado cuando se le solicite. 

Consulte otras resoluciones sobre reclamaciones de petición de información al ente público Radiotelevisión Canaria.

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