Comisionado de Transparencia de Canarias

• Crónica de la presentación del informe 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó este miércoles 19 de febrero de 2020 el informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias.

Más del 80 % de las reclamaciones que llegan al Comisionado de Transparencia, 355 en 2018 y 244 en 2019, no proceden de inadmisiones o desestimaciones de las solicitudes de información sino del silencio administrativo, por eso, indicó el comisionado, “prácticamente más del 85 % [el 88 % en concreto desde el inicio de la actividad] de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes porque no había, en muchas ocasiones, mayor problema en entregar una información, no sometida a ningún límite, ni a ninguna causa de inadmisión”. Es, por tanto, en el ámbito de la respuesta al ciudadano donde más margen de mejora tiene el sistema canario de Transparencia y “donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las administraciones públicas de Canarias”, reflexionó Cerdán. Sigue habiendo, expuso el comisionado, una gran cantidad de administraciones que responden con “la callada por respuesta”.

Daniel Cerdán comenzó su intervención haciendo referencia a las máximas que han inspirado el trabajo de evaluación y control del Comisionado de Transparencia: «lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre» del matemático William Thomson y «cuanto más te observo, mejor te comportas» de Jeremy Bentham.  

Recordó que los cuatro órganos vinculados al Parlamento de Canarias, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Diputado del Común y el propio Comisionado de Transparencia, son los ojos de la Cámara parlamentaria para el mejor cumplimiento de las leyes, “somos los delegados del Parlamento no solamente para detectar incumplimientos sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimizaciones, para empujar hacia la excelencia”.

En lo que respecta al control del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en este informe, el Comisionado de Transparencia ha señalado públicamente a las 62 entidades que no rindieron cuentas sobre el ejercicio 2018, de las que 45 ni siquiera cuentan con página web. Pero también ha destacado a aquellas entidades que lo han hecho bien. Las 86 entidades que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) fueron distinguidas en noviembre con el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y 153 de las 340 administraciones y entidades que componen el sector público canario obtuvieron el “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” por haber aprobado la evaluación del ejercicio 2018. Consideró Cerdán, en este sentido, que ya hay una mayoría de entidades que, al menos en la transparencia ejercida a través de los portales de transparencia, está por encima del 5, “después de tres años de progresiva mejora”.

Sin embargo, el comisionado de Transparencia explicó ante la Cámara que mientras que en el ámbito de la publicidad activa se ha mejorado notablemente, y así se refleja en el informe presentado, en el ámbito del derecho de acceso los datos no son tan positivos, como se ha señalado al principio.

Después de tres años de “caminar en solitario”, el modelo de evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias ha recibido dos premios nacionales. Asimismo, “otras tres comunidades autónomas en estos momentos están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), adaptándolo a su fórmula de trabajo, para implementarlo a lo largo de este año”, anunció Cerdán.

Para terminar, el comisionado de Transparencia avanzó que con la herramienta T-Canaria y la colaboración de los empleados públicos de todas las administraciones y entidades públicas canarias, en la próxima evaluación “esperamos alcanzar a los 600 sujetos evaluados y  medidos porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los 300 primeros perceptores de ayudas y subvenciones públicas”.

Turno de los portavoces

El portavoz de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, destacó que la labor que ha realizado el Comisionado es “fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años”. Es importante, dijo, contar con los medios técnicos que favorezcan la disponibilidad de la información por lo que considera interesante el desarrollo que está haciendo el Comisionado de Transparencia para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.

Fernández de la Puente valoró que el Gobierno de Canarias y los cabildos han hecho un esfuerzo para cumplir con las obligaciones de transparencia y han evolucionado favorablemente en el Índice de Transparencia. “Es quizás- distinguió- en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones”. Para el portavoz, se debe empezar a evaluar también a las entidades que reciben fondos públicos “concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos -que recibimos ayudas-, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia”.

Sobre el derecho de acceso, el diputado de Ciudadanos destacó la “mala costumbre de dar la callada por respuesta” que tienen las administraciones, en ese sentido, dijo, “tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva”.

Fernández de la Puente acabó su intervención preguntando a Daniel Cerdán cuál cree que es el motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el Comisionado de Transparencia.

Melodie Mendoza, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, empezó reseñando la evolución positiva de las administraciones hacia la transparencia desde la aprobación de la figura del Comisionado de Transparencia. Desde la Agrupación Socialista Gomera consideran una muy buena iniciativa del Comisionado de Transparencia la organización de eventos como la entrega de diplomas del pasado mes de noviembre, “ya que no solo recompensa- dijo la portavoz- a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motivan a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento”.

Para Mendoza, “cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI, para poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad”. Sin embargo, lamentó que aunque ha aumentado el número de portales de transparencia en 2018, todavía hay muchos “portales malos”, es decir, aquellos portales “que no se actualizan, que no tiene toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos”.

En cuanto al derecho de acceso a la información, Mendoza destacó que el dato empeora porque las preguntas sin respuesta se incrementan, aunque como parte positiva, “cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del Comisionado ante la falta de respuesta por parte de la administración competente, de hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos”. Al respecto, reflexionó la portavoz que si los expedientes que debe revisar y evaluar el Comisionado de Transparencia cada vez son más, “debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible”.

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Francisco Antonio Déniz, destacó que los datos ofrecidos por el Comisionado de Transparencia “muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de transparentarse”. Quiso agradecer y reconocer el trabajo de los empleados públicos que realizan el trabajo de cumplir con las obligaciones de transparencia “por contribuir a una mejor democracia”.

Déniz propuso al comisionado de Transparencia incluir en la evaluación las actividades de reuniones y asambleas con vecinos que realizan los alcaldes y concejales de los ayuntamientos y otras corporaciones ya que porque “es un trabajo bastante arduo”.

Por otro lado, con respecto a las 62 instituciones incumplidoras, considera que más que aplicar medidas coercitivas, se debe “persuadir” para ver las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia. Considera también que hay varias asignaturas pendientes, “una de ellas es el control a las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo”.

Sandra Domínguez, portavoz del Grupo Nueva Canarias, recordó que el informe del Comisionado de Transparencia “nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas, y que produzcan un flujo de información multidireccional”. Con respecto al derecho de acceso, destacó Domínguez que, según los datos del informe, “se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública”. Canarias es una de las comunidades autónomas con más reclamaciones, “se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados”, explicó.

La portavoz, por otro lado, achacó la falta de cumplimiento o los suspensos del ejercicio 2018 a que “se ha multiplicado la tarea de las administraciones por cuatro, cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades”.

Reflexionó también la portavoz sobre la falta de un reglamento que modifique la Ley de Transparencia y la “tarea pendiente” de ampliar el control de transparencia a otros entes privados que reciban subvenciones, partidos políticos y organizaciones sindicales. Por último, Domínguez animó al Comisionado a seguir en esta tarea “pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones”.

Para la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, la transparencia es un “nuevo modo de vida y evidentemente todas las administraciones públicas pero también incluidos todos nosotros tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia”, “porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen, reseñó.

Reverón señaló a algunas entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, la Agencia Canaria de Protección Medio Natural, la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias; que descendieron en puntuación con respecto al año anterior, y entiende la portavoz que desde el Parlamento de Canarias se debería de hacer una labor, desde su función de control al ejecutivo, “para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe”.

Los ciudadanos, consideró Reverón, se quejan de no obtener la información que realmente demandan, debido a que en los portales “se carga la información institucional pero no realmente la información sobre la que el ciudadano quiere tener conocimiento”. Lamentó asimismo la falta de respuesta por parte de las administraciones a las solicitudes de información de la ciudadanía: “yo creo -dijo la portavoz- que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y, sobre todo, que un silencio por respuesta”.

La diputada del Partido Popular finalizó su intervención felicitando al comisionado “por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir”.

Socorro Beato, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, consideró que hay que ser benévolos con  algunas administraciones, sobre todo con las más pequeñas, porque “estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos y la que merece la pena publicarse y por lo tanto hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información”. No se puede olvidar, expresó la diputada al respecto, la situación de muchas administraciones públicas, “la mayoría de los ayuntamientos canarios con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales”.

Beato reflexionó sobre si la transparencia está en crisis y qué medidas se pueden tomar “para volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas”, planteando la necesidad de una modificación de las leyes de transparencia “que permita saber, por ejemplo, cuales son los compromisos de gobierno”. En este sentido, preguntó la portavoz: “cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones”.

Finalizó la señora Beato animando al comisionado “a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía”.

El portavoz del Grupo Socialista Canario, Manuel Martínez, habló de la evaluación con el símil académico,  donde el Comisionado de Transparencia es el tutor que presenta las notas y las administraciones y entidades públicas son los alumnos. Destacó Martínez, sobre las 62 entidades incumplidoras, que “se han fugado, y lo han hecho por tercera vez” e insistió, al igual que el portavoz de Sí Podemos Canarias, en “no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado”.

La herramienta, considera el portavoz, que tienen las administraciones públicas y la clase política para aumentar la confianza de la ciudadanía no es otra que la transparencia. Por ello, no se puede permitir “que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo”.

Desde el Partido Socialista, destacó Martínez, “entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción”. El portavoz, en este sentido, reprodujo las palabras del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, para concluir que el objetivo que deben marcarse las administraciones no es trabajar y luego abrir las ventanas sino trabajar con las ventanas abiertas.

Daniel Cerdán, en el segundo turno de intervención respondió a las preguntas más generalizadas de los portavoces. El motivo de tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso y del poco cumplimiento de las entidades dependientes con respecto a la publicidad activa, está según el comisionado de Transparencia, en “un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, le falta crecer en cultura de la transparencia”. Para eso, expresó, hace falta tiempo porque “España llegó a la transparencia obligada” por las leyes y los comportamientos no se cambian automáticamente por la vía normativa.

Otra cuestión que plantearon los diputados que intervinieron en este debate es qué medidas se pueden establecer para lograr un mejor cumplimiento. En este sentido, Cerdán explicó que ya se ha aplicado el “reconocer a los buenos” pero consideró que ya es el momento de establecer “pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, -yo espero que no lleguemos a tal nivel- pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los que peor practican la transparencia”. Al respecto, el comisionado de Transparencia adelantó que ha contactado con el Gobierno de Canarias para introducir este instrumento sancionador en la futura propuesta de ley de acompañamiento de medidas administrativas.

Informó de que el número de solicitudes de información es bajo: no hay más de 2200 solicitudes cada año frente a las 98 administraciones canarias: “Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día” en el conjunto de todas las administraciones canarias, indicó el comisionado. Por ello, en lugar de un excesivo trabajo administrativo en las instituciones públicas como señalaron algunos portavoces, Cerdán considera que es al contrario: “las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan y, por lo tanto, hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo pero, sin embargo, no la practican en el día a día ante los ciudadanos” en los referido a las demandas de derecho de acceso a la información.