Noticias 2018

El Comisionado de Transparencia presenta el Informe de 2017 a la presidenta del Parlamento

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Informe de Transparencia de 2017 y resumen ejecutivo

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la mañana del 19 de noviembre de 2018, el Informe de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017. Se trata del tercer informe del Comisionado de Transparencia de Canarias, en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, haciendo entrega del Informe 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

 

El informe recoge por un lado la evaluación de la transparencia de las instituciones canarias y sus entes dependientes a través de la aplicación telemática «T-Canaria», puesta en marcha a principios de año, y dando lugar al Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Por otro lado, el estado del derecho de acceso en Canarias, tanto de las solicitudes de acceso a información pública a los diferentes sujetos obligados, como de las reclamaciones interpuestas ante el Comisionado por denegación de información a los ciudadanos. 

Daniel Cerdán sostiene, con respecto a la evaluación de transparencia del ejercicio 2017, que se trata de «un pequeño hito que señala a Canarias como la primera comunidad autónoma que ha conseguido evaluar individualmente a todas las  instituciones de Canarias».

A continuación ponemos a su disposición el Informe 2017 al completo así como el extracto del resumen ejecutivo y las conclusiones: https://transparenciacanarias.org/informeanual2017/

Disponible la grabación de la entrega del Informe 2017 a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, y la posterior rueda de prensa pinchando en el siguiente enlace. 

«Lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía»

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Entrevista a Daniel en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1957), nos habla de esta institución, pensada para mostrar al ciudadano aquella información a la que antes no podía llegar o a la que costaba mucho llegar. “Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda”, explica Cerdán para ilustrar la importancia del comisionado.

Mientras ejerció, usted fue de los pocos periodistas convencidos de la importancia de los datos para escribir piezas de valor. ¿Qué puede aportar a un informador en estos tiempos la institución que dirige?

Los datos primarios, los que genera cada fuente sin tratar, son un recurso mucho más relevante que los datos en general y por eso las nuevas normas de transparencia permiten un acceso a ellos: a los de las instituciones, sin que se «cocinen» o se edulcoren. Y permiten la elaboración de informaciones a posteriori por periodistas y analistas de cualquier tipo, mucho más precisa y mucho más valiosa para los lectores.

Por ello, un órgano de garantía de la transparencia como es el Comisionado de Transparencia de Canarias puede facilitar mucho las cosas a los periodistas y a cualquiera que necesite información de primera mano porque de alguna manera resuelve las reticencias que las administraciones tienen a entregar datos sensibles y, en todo caso, permiten a ese demandante de datos, si no dan la información que desea obtener, al menos una resolución ejecutiva que obliga a esa administración a entregar los datos o a recurrir a los tribunales; y ello de forma gratuita y breve.


¿Y para un abogado?

Para un abogado las ventajas de la ley de transparencia son muy similares a las ventajas que pueden tener con las nuevas posibilidades que puede tener un periodista. Cuando necesita armarse de argumentos e información para atender mejor las necesidades de su cliente hay mucha información que está en poder de las administraciones y que le puede ser útil de cara a preparar una demanda o una defensa o cualquier tipo de instrumento jurídico que se base en datos o en información documental.


¿Cree que la ley que regula las funciones del Comisionado de transparencia pone límites adecuados a la información que puede hacerse pública por las instituciones?

Hay muchos que sin pensar a fondo las cosas tienden a creer que cualquier tipo de libertades tienen que ver con la ausencia de límites. Y de esa forma entienden que lo mejor para cualquier tipo de libertad es la absoluta carencia de límites, cuando generalmente ocurre lo contrario: sin límites las libertades no funcionan porque invaden en general derechos de otras personas. Sin límites de circulación los coches no podrían andar por la calle porque chocarían en 5 metros. Pongo este ejemplo porque algo parecido ocurre con la libertad de información. Sin límites al acceso a la información pública cualquier motivo sería excusa para que cualquier administración la denegara. Cuando los límites están bien señalados y no tienen carácter invasivo ni abusivo respecto al derecho general de acceso, sirven para que se pueda distinguir claramente cuándo el derecho a la información lástima los derechos de un tercero y cuándo ese derecho es plenamente ejercitable y aplicable a una demanda de un ciudadano.


¿Tiene la sensación de que pasado lo peor de la crisis ha remitido también la fiebre por el acceso a la información pública?

La experiencia de los últimos años, de los cuatro últimos años,  en los que han estado en vigor las nuevas leyes transparencia viene a señalar que no existe tanto una fiebre por el acceso a la información pública como por un derecho a saber genérico e indeterminado que no requiriera mayores esfuerzos por parte de la ciudadanía. Pero, lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía. Y que si no hay muchas preguntas las administraciones no van a dar las respuestas que se esperaban. Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda y la calidad de la democracia y la gobernanza no es tan alta.


Transparencia es mucho más que hacer público sueldos y patrimonios de políticos y altos cargos ¿Qué más?

Los portales de transparencia tienen mucho más: la composición, funciones de la instituciones; el orden del día del Consejo de Gobierno y sus acuerdos; la descripción de todos los departamentos de todas las administraciones y de todo su sector público dependiente; la información relativa al personal de libre nombramiento y de los directivos, con sus perfiles profesionales; la relación de todos los puestos de trabajo y todas sus políticas de retribuciones; todas las normativas aplicables a cada área de gobierno, así como la descripción de las que están elaborándose; la explicación sobre todos los servicios y procedimientos; el desglose de los presupuestos y, lo que es más importante, la forma en que se ejecutan; las subvenciones, las campañas publicitarias y los patrocinios; el apunte al detalle de su patrimonio, los planes y programas y su evaluación; los detalles sobre todo tipo de obras públicas; hasta catorce obligaciones informativas sobre cómo se realizan los contratos; los convenios y encomiendas de gestión; el desglose pormenorizado de las subvenciones y ayudas; la información sobre urbanismo y ordenación del territorio; y todo tipo de estadísticas sobre los servicios públicos. Como verá, una información no demasiado entretenida, que no atrae a muchos públicos; pero que interesa sobre todo a las élites directivas, a los activistas sociales y a los periodistas, que han de traducirla a un lenguaje más accesible.

Aparte de este recurso, con las nuevas leyes de transparencia cualquier ciudadano puede preguntar fácilmente sobre cualquier información disponible en las administraciones y que no esté en sus webs o en sus portales de transparencia.


Más de un centenar de instituciones públicas y entidades dependientes de ellas de capital público no cumplieron en 2017 con sus obligaciones de información, ¿no es frustrante?

No, en absoluto. Prefiero ver la botella medio llena más que medio vacía porque prefiero pensar en los 209 instituciones y entes dependientes que presentaron su declaración de transparencia y que obtienen en general una media de más de 5 puntos sobre 10, que en aquellos que todavía no han alcanzado ese nivel en el cumplimiento de las obligaciones de publicar contenidos. Y lo digo porque hace un año el conjunto de las administraciones públicas de Canarias apenas sacaba un 3 como media en nuestra evaluación: y un año después ,llega a un 5. Es evidente que ha habido una progresión muy importante, una mejora muy relevante de prácticamente un 70 % en términos relativos. Y tenemos motivos fundados para pensar que a eso ha contribuido la oportunidad que hemos dado de que las instituciones se autoevaluaran a través de la herramienta telemática «T-Canaria». Se ha generado un deseo de emular a las instituciones mejores y todos procurarán perfeccionar su transparencia. Y estoy seguro de que eso va a ocurrir el próximo año y que estamos en un camino ascendente que permita colocar a la Comunidad Autónoma de Canarias como un espacio público con altos niveles de transparencia en los portales. Luego tenemos por delante una muy larga batalla para conseguir que las administraciones también estén a la cabeza en responder a los ciudadanos cuando se les pregunta; algo que les resulta muy cuesta arriba en muchos casos.


¿Qué importancia le da a la incapacidad que tiene por ley para sancionar a las administraciones incumplidoras?

La capacidad sancionadora de los organismos garantes o los comisionados de transparencia es algo que todos los expertos reclaman; tanto los expertos en la academia universitaria, como de organizaciones activistas y también de la gran mayoría de los consejos de transparencia autonómico y estatal. Sin sanciones en las carreteras ningún incumplimiento del código de tráfico sería penalizado y la gente circularía mucho peor. Dicho esto, habría que añadir que está resultando muy difícil en las sucesivas reformas de las leyes transparencia que están produciéndose en el país avanzar en ese camino. Ninguna hasta ahora ha conseguido introducir este concepto en en la legislación, si bien es posible que al menos, sino un régimen sancionador completo y terminado, sí podemos establecer algún tipo de penalizaciones, aparte de la penalización reputacional que supone aparecer en un ranking con una puntuación baja en esta materia.


¿Cómo se conjuga la importancia que debe tener el Comisionado de Transparencia con que solo disponga de dos técnicos y dos administrativos a su cargo?

El Comisionado de Transparencia de Canarias nació en un momento de crisis económica; en tanto en cuanto en el Archipiélago, como en el resto del país, en aquellos momentos las administraciones públicas tenían graves problemas para sostener incluso las prestaciones sanitarias o educativas que habían sido recortadas unos años anteriores. Y es por ello, que nacimos en un momento crítico que no permitía demasiadas alegrías presupuestarias; pero ahora una vez superada la crisis, cuando las arcas públicas vuelven a respirar y a tener altos crecimientos parece que es el momento ya de constituir realmente a un Comisionado que ha funcionado bajo mínimos en sus tres primeros años; y eso esperamos que ocurra.


¿En este sentido se siente limitado por depender funcionalmente del Parlamento de Canarias?

Todas las instituciones, pequeñas y grandes, son de alguna forma interdependientes entre sí. Y las que tienen la función de garantizar un control independiente y objetivo de otras administraciones es bueno que esa interdependencia solamente sea presupuestaria. Desde ese punto de vista la vinculación al Parlamento es la mejor de las posibles entre los modelos que se dan en el resto del país; porque es la institución soberana de control del conjunto de las administraciones públicas y el cumplimiento de las leyes y porque nos aleja de aquellas instituciones dependientes o vinculadas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos a las que debemos evaluar y controlar. Por eso yo creo que el modelo canario en ese sentido está entre los mejores, como otras comunidades en las que también su órgano de garantía de la transparencia depende de su parlamento. Y además, en noviembre esa condición autónoma e independiente se reforzó de forma notable al incorporarse el Comisionado de Transparencia como una institución estatutaria que tiene el respaldo o el reconocimiento en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, a la misma altura que instituciones con gran solera como el Consejo Consultivo de Canarias, la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común.


Pese a la escasez de personal y de presupuesto el Comisionado de Transparencia dispone de una herramienta telemática propia que facilita enormemente la carga en función a los sujetos o instituciones obligadas por la Ley de Transparencia…

Esa herramienta telemática creada en Canarias  se llevó  a cabo con una metodología estatal que nos permitirá a un tiempo evaluar a todas las instituciones con nuestra propia ley Canaria pero además podrán compararse en el futuro con otros ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del ámbito español. Esto nos parece importante porque la transparencia no es algo que se tenga o no tenga: se tiene más o menos siempre en comparación con otros, como ocurre con la belleza, que no es absoluta, sino que es relativa siempre en comparación con los cánones del momento. Desde ese punto de vista, la herramienta «T-Canaria» ha permitido una cosa muy importante: que es que todos se puedan autoevaluar primero; que todos puedan conocer de antemano su nivel de cumplimiento de la ley y que todos tengan al menos un mes para mejorar sus obligaciones de sus portales de transparencia. Y finalmente todos rinden de la misma manera lo que llamamos la declaración de transparencia. Creo que el procedimiento es muy claro, muy abierto, muy controlable también por los propios sujetos evaluados y creo que el tiempo dirá que estamos en el camino correcto y, además, nos permitirá escalar la calidad año a año.

Todas las 98 instituciones de Canarias han autoevaluado su grado de transparencia

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– Además, otras 109 empresas públicas y organismos autónomos dependientes de las instituciones han rendido cuentas

– Se abre periodo de alegaciones de una semana para corregir errores.

Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de una comunidad autónoma, la de Canarias, han hecho un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones sobre publicación de contenidos o entrega directa de informaciones a los ciudadanos; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Hasta 527 responsables públicos han participado en este ejercicio en el que se han autoevaluado también otras 109 entidades dependientes de las instituciones.

El Gobierno de Canarias y sus 42 entidades que forman parte del sector público autonómico, los siete cabildos insulares, los 88 ayuntamientos y las dos universidades públicas han rendido cuentas sobre cómo están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y de información a los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública; órgano independiente, vinculado al Parlamento de Canarias.

Desde que en diciembre de  2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia, nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la Metodología de Evaluación de la Transparencia de la Actividad Pública (MESTA) de ámbito estatal y el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que los adapta a la Ley de Transparencia de Canarias. A diferencia de otras mediciones privadas, los órganos de garantía de la transparencia públicos tienen, entre sus misiones, el control estricto de cumplimiento de las obligaciones que determinan las leyes.

“Desde las instituciones, se ha realizado un gran trabajo transversal en toda Canarias, que solo ha sido posible por la colaboración de hasta 527 funcionarios , concejales y directivos dados de alta en la aplicación “T-Canaria”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. “Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas; hecho que constituye todo un hito, ya que hace dos años no llegaron al 40%; el pasado ejercicio fueron el 89% y este año se ha alcanzado al 100%; por lo que reconocemos y agradecemos la implicación de la Federación de Municipios (FECAM) y de todos los responsables de transparencia institucionales”.

Las 98 instituciones canarias citadas tienen a su vez 247 entidades dependientes (organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, etc.) obligadas también por las leyes de transparencia. De ese total de 345 entidades públicas existentes en Canarias llamadas a autoevaluar su propio sistema de información a los ciudadanos, han respondido a la convocatoria 207 entidades; es decir, dos de cada tres, el 68% de las mismas: las 98 instituciones principales antes citadas y también las 42 entidades dependientes del Gobierno de Canarias y otros 67 organismos y empresas públicas vinculadas a a los cabildos, ayuntamientos y universidades. Este censo se refiere a las instituciones no parlamentarias.

“En cualquier caso, el mayor logro en estos meses se refiere a la rendición de transparencia de las entidades dependientes de las instituciones; donde el avance del cumplimiento de la transparencia es más evidente”, añade el comisionado. “En muchos casos, cuando supieron que iban a ser medidos activaron y mejoraron sus portales de transparencia. De las 247 entidades dependientes, organismos autónomos, empresas, etc.) , 109 han presentado su autoevaluación”.

Dado que en esta primera edición se han cometido diferentes errores de grabación de datos por un número significativo de entidades, desde el próximo lunes, día 25, se abrirá un periodo de alegaciones de una semana para que las instituciones y entidades pueden entrar en la sede electrónica y comprobar los resultados de la evaluación realizada por el Comisionado; es decir, su nota provisional. De esta forma, aquellos que consideren que grabaron mal los datos pueden solicitar por correo electrónico la reapertura del sistema para corregir las direcciones web puestas incorrectamente durante la próxima semana.


Sobre la aplicación “T-Canaria” y el Indice de Transparencia de Canarias

La aplicación “T-Canaria” permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre sus propia transparencia”, en palabras del comisionado Daniel Cerdán, “que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos, porque además les permite comparar la calidad de su actividad informativa con la de otros ayuntamientos y cabildos”. En las instituciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en sus portales de transparencia, pero no siempre la ejercitan en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto”.

Las evaluaciones serán trasladadas al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso y serán publicadas en formato abierto para que los estudiosos puedan hacer comparaciones y  los vecinos de cada municipio o isla puedan conocer si su corporación insular o local es más o menos transparente. Lo mismo ocurrirá con el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y sus entes dependientes.

Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de institución ha de incluir en su portal de transparencia según la Ley: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente,puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia deCanarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.

 

En el archivo PDF adjunto se ofrece la relación de las 207 entidades que han realizado la autoevaluación y la declaración de transparencia; al objeto de que puedan desglosar la información por islas o municipios si lo desean.  

Y la relación total de entidades obligadas a difundir sus contenidos en los portales de transparencia se encuentra en este enlace de nuestra página web: https://transparenciacanarias.org/informeanual2016/anexo-i/ )

Primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aplicando la Ley de Transparencia

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El TSJC da la razón al Comisionado de Transparencia frente al Ayuntamiento de Santa Úrsula
Deberá informar sobre el Plan Plan Especial del Camino del Litoral

Hoy se ha comunicado la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se desestima íntegramente el recurso del Ayuntamiento de Santa Úrsula y lo condena en costas;  frente a la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias. En la misma se da la razón a un ciudadano y ordena a la entidad local a facilitar la información que había solicitado sobre la vigencia del Plan Especial del Camino del Litoral de Santa Úrsula; en el ejercicio de los nuevos derechos de acceso a la información pública por cualquier persona, que contempla la Ley de Transparencia de Canarias.

Esta sentencia es la primera que se dicta en Canarias respecto a los cinco recursos judiciales planteados por la instituciones canarias contra alguna de las mas de 250 resoluciones acordadas por el comisionado Daniel Cerdán Elcid,  en sus casi tres años de mandato.  El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano de control que, además de vigilar el cumplimiento de la norma en materia de portales de transparencia (más de 200 instituciones y entidades públicas se han evaluado este año), resuelve las reclamaciones que los ciudadanos le presentan cuando no les responden con la información que piden. Esta institución es la más joven y la más pequeña de Canarias; con solo cuatro puestos de trabajo en su RPT y solo dos de ellos cubiertos desde la marcha a la Presidencia de la Audiencia de Cuentas de uno de sus artífices, Pedro Pacheco. «No es que el órgano esté pendiente de reforzarse; es que esta pendiente de constituirse realmente. Sin el sobreesfuerzo del equipo, habríamos fracasado en toda regla», indica su responsable.

La sentencia aludida afirma… «que la posición del Ayuntamiento para no dar la información solicitada resulta absolutamente improcedente. Ni está acreditado que se diera dicha información, ni el informe del Ayuntamiento de Santa Úrsula cumple con el cometido de la información. En él se dice: parece que el interesado lo que pretende es que los funcionarios de este ayuntamiento emitan una opinión jurídica respecto de la petición o solicitud…..función esta que no compete en modo alguno a los funcionarios municipales, que están obligados a referir sobre las actuaciones que pretenden realizar los ciudadanos, esto es, licencias, actividades, pero no sobre si consideran o no vigentes o ajustados a derecho la actuación municipal pues esta labor compete a los tribunales ordinarios….” Y  más adelante añade: “Es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor…”.

Y al final concluye: “Con lo cual, por mucho que se sepa que el Plan se ha aprobado, el administrado no sabe, si se le han dado al expediente los demás trámites previstos legalmente a los efectos de su entrada en vigor; y esa información tiene derecho a saberla, y no es ninguna opinión jurídica. El comisionado ha obrado con toda corrección ajustándose a las exigencias de la LTAIP.”

Según señala el letrado que ha defendido la posición del Comisionado en el pleito, el especialista en transparencia y contratación Juan Carlos García Melián, se da la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de comunidades autónomas, al ser el Comisionado un órgano del Parlamento de Canarias, es el Tribunal Superior de Justicia y no los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelven los recursos frente a sus resoluciones.

 

El Comisionado de Transparencia explica el funcionamiento de “T-Canaria” al sector público empresarial de Canarias

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La aplicación telemática T-Canaria creada por el Comisionado de Transparencia sirve para conocer el cumplimiento de la transparencia de las instituciones y entes dependientes de la administración general de la comunidad autónoma, cabildos, ayuntamientos y universidades de Canarias. Pretende ser una herramienta de autoevaluación para todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia  de Canarias antes de que presenten al Comisionado su propia “declaración de transparencia”.

En la jornada formativa que tuvo lugar el 4 de abril en el Parlamento de Canarias, el comisionado, Daniel Cerdán, transmitió a los asistentes, miembros de entidades públicas dependientes del Gobierno de Canarias, la importancia de proceder a la autoevaluación sobre el cumplimiento de la Ley, “porque la base de un gobierno abierto es la transparencia y lo que no se mide no se mejora”. La actualización y el conocimiento de las herramientas adecuadas facilitan y mejoran la calidad y transparencia de las instituciones.

El comisionado recomendó a todas las instituciones y entidades que habiliten un espacio de transparencia donde publiquen la información requerida por la ley, con claridad y accesibilidad para cualquier ciudadano que quiera descargarla; tener el control de las solicitudes de información, resolverlas y elaborar una memoria anual de transparencia.

Daniel Cerdán expresó que “la transparencia, una vez organizada en cada entidad se va normalizando como una actividad más de la administración”. Además, el comisionado señaló que la meta es que todos los portales tengan los datos en diferentes formatos abiertos, expresados en un lenguaje que también sea entendido por las máquinas, para que puedan ser reutilizables.

“Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y sus centros directivos: se mantiene entre sus objetivos prioritarios la transparencia de la gestión pública; aspiración que se integra en un movimiento más amplio como es el de Gobierno Abierto” indicó la directora general de Transparencia del Gobierno de Canarias, María Ascensión Toledo.

José Miguel Barragán, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad indicó que “la cita de hoy nos brinda la oportunidad de intercambiar criterios y conocimientos para actualizar y mejorar los contenidos de los portales de transparencia”. En este sentido, sostuvo el consejero que “el Gobierno de Canarias ha trabajado desde el inicio de esta legislatura en actuaciones tendentes a mejorar y profundizar la transparencia en nuestro ámbito de competencia y, en este sentido, hemos aprobado la Estrategia Marco de Gobierno Abierto, con la finalidad de incorporar esa perspectiva”.

Por su parte, el jefe de servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales del Comisionado de Transparencia, Pedro Pacheco, recordó que los obligados por la Ley tienen dos tareas: la de la publicidad activa, a través de la publicación de la información en sus portales de Transparencia, y la de garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. El objetivo es dar satisfacción a una creciente demanda de la población por estar informados. Las solicitudes de información deben de contestarse siempre y en caso de haber conflicto con la protección de datos u otros límites al derecho de información, se le debe explicar el motivo de la negación.

De las reclamaciones de los ciudadanos presentadas en 2017 se han resuelto hasta el presente 92: el 79% han tenido una resultado favorable total o parcial para los ciudadanos, bien porque el comisionado determinó que habían de entregarle toda o parte de la información solicitada, o bien porque la administración reclamada les ha facilitado los datos una vez que fue requerida a presentar alegaciones por parte del órgano de control. Las 101 reclamaciones de acceso a la información presentadas al Comisionado en los tres primeros meses de 2018 duplican a las presentadas en el primer trimestre de 2017.

Con respecto al cumplimiento de la transparencia, este año la evaluación se realizará con la metodología MESTA, desarrollada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. A través de la herramienta, se valoran 7 criterios relacionados con el contenido de la información y 3 relacionados con el soporte web en el que están publicados los datos.

José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia del Comisionado de Transparencia, explicó que “esta metodología tiene tres grandes características. En primer lugar, que puede ser aplicada con homogeneidad a todos los organismos y entidades obligadas, independientemente de su naturaleza jurídica. En segundo lugar, permite medir con eficacia el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y por último, permite establecer líneas de estudio y mejora continua, de cara al futuro, para ver cómo van evolucionando las distintas entidades obligadas”.

⇒ Ver: Presentación SECTOR PÚBLICO CAC: Publicidad activa (Jornada Formativa, 4 de abril de 2018)

Lista de Reproducción de la Jornada Formativa

 

«T-Canaria», nueva aplicación telemática del Comisionado para conocer el cumplimiento de la transparencia de todas las instituciones canarias

Convocada una beca de formación en el Comisionado para titulados en Periodismo o Comunicación

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Ha sido convocada por el Parlamento de Canarias una beca de formación en el Comisionado de Transparencia para titulados en Periodismo o Comunicación. Las bases aparecen el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias: 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2019/055/bo055.pdf … 

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria.

¿Es transparente mi ayuntamiento? El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) en la provincia tinerfeña

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  • Compartimos el reportaje de Álvaro Morales en el periódico El Día sobre los resultados de las instituciones insulares y locales de la provincia canaria occidental  en el último Índice de Transparencia de Canarias 2017 (ITCanarias).

Tras 3 años funcionando el Comisionado para la Transparencia y una evolución muy positiva de las administraciones, la inmensa mayoría aprueba o saca muy buena nota, pero algunas aún suspenden: ¿está su municipio entre ellas?

Los canarios aún no lo usamos (apenas se llega al 1,6% de la población y más de una tercera parte lo hace desde fuera de la Islas), pero la existencia del portal de transparencia y del Comisionado regional creado hace tres años ha comenzado a dar sus frutos: las distintas administraciones se han puesto las pilas y entregan cada vez más la documentación requerida por organismos o particulares. De hecho, la nota media de las 98 instituciones públicas analizadas ha pasado de los 3,14 puntos del índice de 2016 a los 5,47 de 2017, según el informe presentado la semana pasada en el Parlamento. Un total de 347 funcionarios y ediles cargaron los formularios y generaron 1,529 millones de datos brutos mediante la autoevaluación del portal, que estrena un algoritmo matemático que, sin interferencias, calcula y propicia el primer índice público oficial que mide el cumplimiento de estas obligaciones legales en una región española.

Pese a la notable mejora (los 88 municipios pasan de un 3,03 de media a un 5,33) y a la mayor concienciación, sobre todo por la mala imagen que de una gestión da suspender en transparencia, lo que aprovecha la oposición o vecinos activistas para censurar al gobierno de turno, aún hay consistorios que no pasan del 5, siete sufren una regresión y otros progresan poco o no lo suficiente para aprobar. ¿Está su municipio entre ellos?

En contraste con el Gobierno canario, que del 7,69 de 2016 pasa al 8,03, hay muchas localidades que sorprenden por sus bajos números, aunque es cierto que mejoran en su inmensa mayoría.

En la Provincia tinerfeña, y en la isla de Tenerife, destacan casos como el de Adeje, que de un 0,63 pasa a 3,67. Tampoco pasa del 5, aunque mejore bastante, El Tanque: de un 1,86 a un 4,01. Guía de Isora mantiene su suspenso, si bien se eleva de un 2,26 a un 3,94, y algo similar le ocurre a Icod, aunque con una mejoría aún más leve, al subir del 1,73 al 2,87. La Guancha se sitúa en esa escala, solo que con la nota negativa de que, en vez de mejorar, empeora muy levemente (del 2,89 al 2,84). En este amplio grupo de suspendidos, se sitúa también Los Silos, aunque sube del 0 a un 3,4, mientras que el Puerto de la Cruz apenas progresa un punto, de un 2,34 a un 3,21. San Miguel tampoco se ha esforzado mucho, al ascender solo de un 3,20 a un 3,34, y Vilaflor sube ligeramente, de un 2,42 a un 3,21.

Arona tiene mejores registros, al subir de un 5,11 a un 6,56. También es positiva la evolución de Arafo, de un 4,33 a un 6,78, si bien el caso más espectacular en lo positivo lo protagoniza Buenavista, que de un 1,31 sube a uno de los sobresalientes más altos: un 9,41. Candelaria también saca esa excelente nota (de un 6,29 a un 9,04), mientras que Arico mejora su buen registro previo (del 7,24 al 8,63).

El Rosario aprueba al elevar su listón del 3,67 al 5,09; El Sauzal ahonda en su gran resultado (de un 7,20 a un 9,74, la nota más elevada de toda Canarias). El municipio sureño de Fasnia también alcanza el sobresaliente, al ascender 80 centésimas, de un elogiable 8,9 a un 9,6. Garachico experimenta, a su vez, una buena evolución, de un 2,13 a un 6,82, mientras que Granadilla pasa del 0 de hace dos años a un destacable 7,14 y Güímar retrocede del 7,59 al 6,65.

También resulta muy positivo el ascenso de La Matanza, de un 2,49 a un 7,77, mientras que La Orotava progresa en una línea parecida, de un 1,09 a un 6,09. No obstante es más espectacular la mejoría del Ayuntamiento de La Victoria, del 1,85 a un 8,73.

Los Realejos, por su parte, progresa del 6,84 al 8,54, La Laguna mejora aún más (del 6,45 al 9,17), San Juan de la Rambla pasa del 6,22 al 7,21 y Santa Cruz se eleva del aprobado (5,07) a un muy meritorio 9,24 (Las Palmas sube de un 7,14 a un 8,33). Santa Úrsula se suma a los cumplidores, al pasar del 2,84 al 7,35, Santiago del Teide progresa del 5 raspado a un 8,62 y Tegueste lo hace de un 4,43 a un 7,67.

En La Palma, Barlovento sigue suspendiendo y apenas escala del 1,20 al 1,77. Tampoco aprueba Breña Alta, si bien mejora un poco más (de un 1,81 a un 3,28), ni Breña Baja (del 0,57 al 2,65), Fuencaliente, pese a subir del 1,74 al 4,55, o la Villa de Mazo (de 0,86 a 2,52). Aunque también suben, en esta parte negativa también se sitúan Puntagorda (de 2,45 a 2,95), Puntallana (de 0,57 a 3,44), San Andrés y Sauces (de 2,66 a 2,95), Tazacorte (del 1,22 al 2,55) y Tijarafe (2,47 a 2,72). En contraposición, El Paso logra un 6,65, frente al 1,85 de 2016; Garafía también progresa, de un 4,01 a un 6,84; Los Llanos de Aridane asciende del 3,05 al 6,21 y Santa Cruz evoluciona del 2,42 al 5,95.

En el caso de La Gomera, Agulo da un gran salto, de un 2,94 a un 7,74, en línea con Valle Gran Rey (de un 3,21 a un 7,28), aunque la mejor progresión la presenta Vallehermoso, al escalar de un 1,14 a un 8,47. También se supera Alajeró, que sube de un 2,86 a un 6,14, y la capital, San Sebastián, del 3,62, al 5,49, mientras que, en sentido opuesto, Hermigua involuciona, al bajar de un suspenso considerable (2,86) a otro mayor (2,72).

De los 3 municipios de El Hierro, El Pinar apenas mejora unas décimas, pero sigue suspendiendo con claridad (del 2,11 al 2,79). Las noticias sobre Valverde tampoco son muy halagüeñas, ya que pasa de aprobar con el 5,32 a suspender, con un 4,36. Por el contrario, La Frontera presenta una notable constancia, si bien con una leve descenso, del 8,56 al 8,48.

Solo suspenden el Cabildo de Lanzarote y la ULPGC

El contraste del Gobierno regional, que pasa del 7,69 de 2016 al 8,03 del año anterior, se da con algunos cabildos. El de Lanzarote, por ejemplo, sigue suspendiendo, al subir solo de un 3,01 a un 4,52. El resto, sin embargo, mejoró mucho (la media progresó del 3,85 al 6,93), destacando los de El Hierro (de un 0,76 a un 8,21), Fuerteventura (de 3,97 a 7,58), Tenerife (del 5,61 al 8,43) o La Gomera (del 2,59 al 6,87). Menos intensa fue la subida de La Palma (del 5,54 al 6,41) y Gran Canaria (de 5,49 a 6,50), aunque son mejores notas que la de la ULL (de no ser calificada a un 5,65) o de la ULPGC (4,86).

Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento Nota 2016  Nota 2017
Adeje 0,63 3,67
Agulo 2,94 7,74
Alajeró 2,86 6,14
Arafo 4,33 6,78
Arico 7,24 8,63
Arona 5,11 6,56
Barlovento 1,2 1,77
Breña Alta 1,81 3,28
Breña Baja 0,57 2,65
Buenavista del Norte 1,31 9,41
Candelaria 6,29 9,04
El Paso 1,85 6,65
El Pinar de El Hierro 2,11 2,79
El Rosario 3,67 5,09
El Sauzal 7,2 9,74
El Tanque 1,86 4,01
Fasnia 8,9 9,6
Fuencaliente 1,74 4,55
Garachico 2,13 6,82
Garafía 4,01 6,84
Granadilla de Abona 0 7,14
Guía de Isora 2,26 3,94
Güímar 7,59 6,65
Hermigua 2,86 2,72
Icod de Los Vinos 1,73 2,87
La Frontera 8,56 8,48
La Guancha 2,89 2,84
La Matanza de Acentejo 2,49 7,77
La Orotava 1,09 6,09
La Victoria de Acentejo 1,85 8,73
Villa de Mazo 0,86 2,52
Los Llanos de Aridane 3,05 6,21
Los Realejos 6,84 8,54
Los Silos 0 3,4
Puerto de La Cruz 2,34 3,21
Puntagorda 2,45 2,95
Puntallana 0,57 3,44
San Andrés y Sauces 2,66 2,95
San Cristóbal de La Laguna 6,45 9,17
San Juan de la Rambla 6,22 7,21
San Miguel de Abona 3,2 3,34
San Sebastián de La Gomera 3,62 5,49
Santa Cruz de La Palma 2,42 5,95
Santa Cruz de Tenerife 5,07 9,24
Santa Úrsula 2,84 7,35
Santiago del Teide 5 8,62
Tacoronte 1,6 2,71
Tazacorte 1,22 2,55
Tegueste 4,43 7,67
Tijarafe 2,47 2,72
Valle Gran Rey 3,21 7,28
Vallehermoso 1,14 8,47
Valverde 5,32 4,36
Vilaflor 2,42 3,21

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Cerdán aboga por la transparencia para que las universidades superen la crisis de imagen

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El 80% de las instituciones no cumple la ley de transparencia

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Daniel Cerdán: «Me sorprende que, pese a tener ley de transparencia, pocos pregunten»

https://eldia.es/canarias/2015-09-07/2–sorprende-pese-tener-ley-transparencia-pocos-pregunten.htm

En 2018 el Comisionado de Transparencia recibió 357 reclamaciones ciudadanas frente a denegaciones de información de las instituciones canarias; un 131% más que en 2017

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Durante el año 2018 se recibieron 357 reclamaciones en el Comisionado de Transparencia de Canarias frente a las denegaciones de acceso a la información pública hechas a las solicitudes de los ciudadanos por las 98 instituciones del Archipiélago y sus entidades dependientes. Tal cifra representa un incremento de 203 reclamaciones sobre las 154 presentadas en el año 2017; es decir, se ha producido un crecimiento del 131%.

“Este aumento de las reclamaciones no se debe a que las administraciones denieguen más o menos que antes, sino a que los ciudadanos conocen más y mejor esta posibilidad gratuita, sencilla y accesible de reclamar ante nosotros a través de la sede electrónica”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

En los tres años y medio de funcionamiento de este órgano garante de la transparencia y el derecho de acceso a la información en Canarias el Comisionado ha recibido un total de 620 reclamaciones, ya que en 2016 fueron 91 y llegaron a 18 las recibidas en los últimos meses de 2015.

El otro ámbito de actividad de este órgano es el control de cumplimiento de las obligaciones informativas en los portales de transparencia; cuyo resultado se refleja en el último informe anual del Comisionado que se debatirá el próximo jueves en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias.

En el pasado ejercicio el Comisionado emitió 191 resoluciones, de las que 57 fueron de inadmisión (porque no se tramitó bien la solicitud o se pedían cosas diferentes a información pública disponible de las administraciones). Y de las 134 admitidas a trámite, únicamente nueve (el 6,7%) se desestimaron por completo; ya que en el resto los ciudadanos reclamantes lograron resoluciones en las que se les reconoce su derecho a toda la información solicitada o al menos –en nueve casos –  a una parte de lo piden. Es por ello que más del 93% de las reclamaciones admitidas a trámite obtuvieron resultados favorables para los ciudadanos.  Del conjunto de las reclamaciones presentadas a lo largo de 2018 restan actualmente 229 por resolver; ya que parte de las resoluciones emitidas en 2018 habían sido presentadas en 2017.

Las administraciones públicas más reclamadas en 2018 fueron los dos ayuntamientos de las islas capitalinas: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 51 reclamaciones y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 22. El resto de administraciones con diez o más reclamaciones en 2018 son la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (15), Radio Televisión Canaria (12), el Cabildo de Tenerife (10), el Cabildo de Gran Canaria (10) y el Ayuntamiento de Guía de Isora (10).

Desde la aprobación de la Ley de Transparencia de Canarias, cualquier ciudadano puede solicitar a las administraciones públicas, organismos, instituciones, sociedades y fundaciones dependientes de las mismas la información pública, sin necesidad de que tenga la condición de interesado o afectado en un procedimiento; es decir, tal como hasta ahora lo pueden hacer los periodistas.

Si la respuesta no es satisfactoria (sea CIUDADANO, PERIODISTA, SINDICALISTA o REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURÍDICA) puede realizar un recurso o reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por vía presencial, presentándola en cualquier registro público, por correo electrónico (y posterior identificación desde el órgano garante) y a través de la sede electrónica del Comisionado. Las indicaciones para presentar una reclamación se explican en este enlace: https://transparenciacanarias.org/hazunareclamacion.

Avance de la transparencia municipal en 2017 en el ITCanarias

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La nota media ponderada de Tenerife se situó en 7,28; y la de Gran Canaria en 6,72

– 21 de los 31 ayuntamientos tinerfeños superaron el aprobado y 7 de los 23 grancanarios.

-Tabla Excel con los datos comparativos de 2016 y 2017 de de los municipios de Gran Canaria y Tenerife: ITCanarias Grancanariatenerife.2017

Puntuaciones alcanzadas por los municipios de Gran Canaria y Tenerife en la Evaluacion del Indice de Transparencia de Canarias de 2017 (ITCanarias)

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de Canarias, los ayuntamientos de las dos islas capitalinas, Tenerife y de Gran Canaria, llegan por primera vez a aprobar en su conjunto; es decir, a alcanzar una nota media de más de 5 sobre 10 en el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), según las evaluación hecha por el Comisionado canario, después de haber recibido hasta el mes de junio las declaraciones de cada municipio a través de la aplicación telemática «T-Canaria». También ha sido la primera vez en que todos los ayuntamientos de Canarias han cumplido su obligación de rendir cuentas sobre su propia transparencia. Canarias es la primera comunidad autónoma que dispone de un indice oficial de medición de la transparencia, que ha llegado este año a abarcar a todas sus instituciones públicas y a más de un tercio de sus más de trescientas entidades dependientes.   

 

Tanto los ayuntamientos de Tenerife como los Gran Canaria avanzaron en el cumplimiento de sus 166 obligaciones de publicación de contenidos en los portales de  transparencia de sus páginas web, si bien con diferentes intensidades. En las dos tablas insulares en excel puede apreciarse la evolución de su media aritmética insular  y de su media aritmética ponderada por la población de cada municipio; siendo esta última más alta por el importante peso demográfico de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, municipios con buenos indices de cumplimiento, (aunque en Gran Canaria la reducida nota de Telde arrastra hacia abajo su resultado).

 

– La media ponderada por población de Gran Canaria pasó del 4,54 del año 2016  al 6,72 del ejercicio pasado; crecimiento notable que también se aprecia en la media aritmética, que evolucionó del 2,57 al 4,87 en igual periodo.

 

– Los resultados del conjunto los municipios de Tenerife  son los mejores de todas las islas del archipiélago: su media ponderada por población pasó del 4,26 del año 2016 al 7,28 del ejercicio pasado: y su media aritmética, del 3,71  al 6,42.

 

«El hecho de que comenzáramos a medir el grado de cumplimiento ya en 2016, aunque sin poner todavía nota; y de que creáramos al año siguiente el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), ha empujado a mejorar al conjunto de los ayuntamientos, porque la mayoría no ha querido quedar a la zaga del resto», indica el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán. «Desde hace tiempo se asegura  que ‘lo que no se mide no se mejora’; pero lo que esta plenamente demostrado es que no se pueden comprobar las mejoras sin medir y que las mediciones inducen a la mejora (excepto cuando pecan por exceso al alza o a la baja)».

 

Así, si en el año 2017 superaron la puntuación de 5 veintinuno de los treintaiuno municipios de Tenerife (por este orden, El Sauzal, Fasnia, Buenavista, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, La Victoria, Arico, Santiago del Teide, Los Realejos, La Matanza, Tegueste, Santa Úrsula, San Juan de la Rambla, Granadilla, Garachico, Arafo, Güímar, Arona, La Orotava y El Rosario)  en 2016 solo once habían logrado superar el aprobado.
Y en Gran Canaria rebasaron el aprobado en 2017  siete de veintitres municipios  (Arucas, Las Palmas, Santa Lucía, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Valsequillo y Mogán, quedando en el borde Artenara y Firgas); siendo así que en 2016 solo había logrado pasar de 5 la ciudad de Las Palmas que, con  7,13 aquel año, fue uno de los diez mejores de la comunidad autónoma en materia de portales de transparencia, aunque no se caracterizó precisamente por responder a las solicitudes de derecho de acceso a la información más complejas presentadas de los ciudadanos.

 

La arbitrariedad en la evaluación se ha reducido todo lo posible al ser calculada matemáticamente por un algoritmo. Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de Canarias hicieron primero un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Hasta 527 responsables públicos han participado en este ejercicio, que contó con cuatro ampliaciones de plazo para su realización y con un periodo de alegaciones.

 

Los ayuntamientos se autoevaluaron primero a través de la aplicación telemática T-Canaria, al presentar sus declaraciones de transparencia. Una vez comprobadas y revisadas al alza o a la baja, lo servicios del Comisionado de Transparencia  comprobaron además una serie de buenas prácticas de transparencia voluntaria que servían para mejorar la nota, nunca para reducirla.  Estas prácticas fueron  la realización y publicación del informe anual de transparencia de la entidad; la creación de una ordenanza, un reglamento o un protocolo de transparencia y su publicación en la web; la utilización de algún sistema de medición de las visitas que reciben los portales de transparencia; el establecimiento de una conexión entre los portales de transparencia de las entidades y el Comisionado mediante un enlace a la web o sede electrónica de éste; y la remisión en plazo de los cuestionarios de transparencia al Comisionado para su posterior evaluación.
 Más información sobre el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias):
 Funcionamiento de la aplicación «T’Canaria» se explica aquí:
 Mapa de Obligaciones de publicidad activa de todas las instituciones canarias:

Audiencia de Cuentas y Comisionado de Transparencia de Canarias trabajarán juntos en el control de la ejecución de las políticas públicas

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La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Comisionado de Transparencia han suscrito un convenio para unir y coordinar sus medios en el control, difusión y evaluación de las políticas públicas de las administraciones y organismos de toda la comunidad autónoma.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia, y Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, firmando el convenio.

El convenio firmado por sus dos titulares, Pedro Pacheco y Daniel Cerdán, les permitirá disponer de más y mejor información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras del sector público. Los indicadores del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que cada administración obtenga en la evaluación anual le serán útiles a la Audiencia de Cuentas para seleccionar mejor sus acciones fiscalizadores y de control, especialmente en lo que se refiere a la contratación pública, en el marco de sus nuevas competencias prevención de la corrupción. Y, por otro lado, el órgano auditor colaborará con el órgano garante de la transparencia en la detección de los incumplimientos en materia de publicación de datos económico financieros.

La transparencia y los diferentes mecanismos para canalizarla constituyen elementos que previenen y desincentivan la corrupción. El conocimiento de las decisiones que toman las administraciones públicas y de los procedimientos a través de los que lo hacen, así como de la motivación de las mismas, constituyen medios eficaces de lucha contra la corrupción. La transparencia facilita la rendición de cuentas y, por ende, que las decisiones puedan ser supervisadas y controladas.

La compartición de recursos y capacidad de análisis de ambos órganos de control, vinculados al Parlamento de Canarias, permitirá optimizar sus costes y mejorar la gobernanza pública, especialmente en los aspectos, económico-financieros, planificación y estadísticos, porque ha sido ampliamente demostrado que un mayor conocimiento de la información pública contribuye a una mayor integridad, equidad y eficiencia de la gestión.