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Daniel Cerdán explica las funciones del Comisionado de Transparencia de Canarias en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria

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El pasado 5 de diciembre de 2021 el comisionado Daniel Cerdán explicó para qué se creó el Comisionado de Transparencia de Canarias y cuáles son las funciones de este órgano dependiente de la cámara regional en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria, presentado por Marta Modino. 

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información pública es un órgano unipersonal y tiene un requisito de elección de tres quintas partes de la cámara, por lo que se necesita el consenso de los grandes partidos. Al comisionado actual, Daniel Cerdán, lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015.

Hay dos funciones fundamentales, «una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos», explica el comisionado.

Se trata de un órgano garante del derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, puede reclamar ante el Comisionado de Transparencia, que está obligado en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle.

La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. «Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020», sostiene Cerdán. 

El comisionado de Transparencia de Canarias concluyó la entrevista con la importancia de que la ciudadanía conozca su derecho a preguntar y lo haga: «sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. […]  Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor». 

Marta Modino [MM]: Uno de los órganos dependientes, el Comisionado para la Transparencia, y su responsable, Daniel Cerdán, es hoy nuestro invitado. Bienvenido.

Daniel Cerdán (DC): Encantado de estar de nuevo en la Televisión Canaria.

MM: Es un placer recibirle en el programa Parlamento, donde también nos encargamos de que la gente entienda cómo funcionan estos órganos. Sobre todo porque en el caso de la transparencia es un eje fundamental para una acción de un gobierno: la transparencia y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Canarias.

DC: La Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, porque les da la capacidad de preguntar a cualquier administración de las 98 administraciones principales igual que un periodista. Y eso pone más en guardia a las administraciones. Y además les obliga a mejorar sus contenidos en sus portales de transparencia, porque aunque [los ciudadanos] no vayan tanto a ver la “Tele” Canaria como a ver los portales institucionales, la Administración al saber que tiene que poner la información, mejora lo que hace. Es decir, aquello de que porque te miran te comportas mejor, o porque te pueden mirar tu profesor o tu padre. El hecho de estar obligado permanentemente a mantener información sobre lo que haces mejora tu comportamiento, tu ordenanza, tus resultados; el hecho de que el ciudadano vaya a ver el portal, independientemente de que le pregunten más o menos cuestiones de derecho de acceso a la información.

El Comisionado de Transparencia es un órgano unipersonal y, al tener una requisito de elección de tres quintos, no lo puede poner solamente un grupo, ni siquiera el Gobierno, porque generalmente tiene mayoría simple por la composición política de la Cámara. Necesita, como ocurrió en mi caso hace seis años, el consenso de los grandes partidos. Al Comisionado lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015; porque hacía falta alguien que suscitara, si no la adhesión incondicional, por lo menos el respeto de más de un partido importante o de más que el Gobierno.

MM:  ¿Cuáles son las funciones básicas de un Comisionado de la Transparencia y qué es lo que ofrece al ciudadano?

DC: Sobre todo son dos. Una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos.

Somos el órgano garante de su derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento (que ahora es muy fácil, siempre lo repito, porque no tienes que ir al registro sino que con un certificado electrónico, desde casa, en cinco minutos puedes hacer diez preguntas), y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, también desde casa puede entrar en el Comisionado de Transparencia electrónico, y adjuntando su pregunta decir: “Estos señores no me han contestado” (la mayor parte de las quejas suele ser por silencio administrativo, porque ni siquiera le dicen que no). Y nosotros [el Comisionado de Transparencia] estamos obligados en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle: “Mire, esto que está diciendo el Comisionado no quiero entregarlo porque creo que no tengo que entregarlo”. Generalmente, estos recursos no han ocurrido mucho y siempre los hemos ganado.

La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020.


MM: El concepto de “transparencia” se le puede escapar a los ciudadanos, aunque es bastante obvio; y es que los ciudadanos puedan saber exactamente, para poner un ejemplo, en qué se gasta cada administración su presupuesto, cuáles son los sueldos que tiene cada una de las personas que conforman cada una de las administraciones, u otras cuestiones que también son importantes y que pueden interesar a muchos, pero que a lo mejor piensan “yo esto nunca lo voy a saber”. No, justo lo contrario, se puede saber.

DC: Lo genérico se ha de encontrar en el portal de transparencia, que obliga a tener unos 160 contenidos permanentemente actualizados, y en lo particular (cuánto se gastó en esta actividad deportiva concreta, a lo mejor no sale en el portal pero se puede preguntar. Lo que suele ocurrir cada vez más es que se utiliza para asuntos muy cercanos o propios, no siempre para asuntos de interés general. Además puede preguntar cualquiera, no hace falta ni siquiera la mayoría de edad, nacionalidad o residencia canaria. Puede preguntarnos a nosotros y a cualquier órgano en la Península o en Europa; el derecho de acceso es fuerte en Europa y puede preguntar cualquiera, hasta un chino o un japonés.


MM: Porque es importante también el avance que han hecho las administraciones, espoleadas por esta ley y por la ley canaria también, en transparencia. Porque con respecto a lo que había cuando usted llegó como comisionado imagino que el avance habrá sido notable.

DC: Sí, recuerdo que el primer año les ofrecimos un cuestionario que fue casi en mano. No respondieron ni la mitad y prácticamente la nota media era de tres y medio; eso entre los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Ahora a estamos acabando la última evaluación; no tenemos todavía las notas medias. Pero en la anterior el sector público tuvo un 6,49, y yo espero, que no lo sé todavía, que este año llegarán al 7, al notable. Me gustaría que llegaran, porque todos los años el sector público ha subido un poquito en eso.

Pero es que no solamente evaluamos a los 98 ayuntamientos, cabildos, gobierno y a las dos universidades; también a las corporaciones de derecho público, colegios profesionales y cámaras de comercio; que el año pasado no llegaron a aprobar con un 4,52. También hemos empezado a evaluar (este será el segundo año) a aquellas entidades privadas que recibiendo más de 60.000 euros de ayudas del gobierno o de los cabildos estaban obligadas por ley de transparencia a contar también en su propia página web quiénes son, quiénes les gobiernan (para que la gente pueda saber si es si son parientes de quienes les dan la subvención, es decir la identidad de quién está detrás de una ONG o de cualquiera de las organizaciones que tienen subvenciones relativamente importantes) y lo que hacen con la subvención.

Por lo tanto hemos dado un paso más en ese sentido y ahora esperamos que con toda la inmensa cantidad de recursos que va a llegar con los fondos Next Generation de la COVID esa información también la miremos. Para que las personas tengan garantías de que esa inmensa cantidad de ayudas que va a llegar, a veces con menos requisitos burocráticos para facilitar su trámite, por lo menos tenga un contrapeso: “Le vamos a eliminar pasos, pero usted se compromete a que después tiene que informar de qué está haciendo”.

 
MM: Es importante que los ciudadanos dispongan de ese acceso a la página web del comisionado, que sea muy sencillo y lo es; de hecho, es una página muy útil. Yo he estado mirándola y la verdad es que los ciudadanos lo tienen muy fácil, se les dirige a lo que quieren saber y se les explica perfectamente cómo pueden acceder a cada uno de los portales de esos ayuntamientos, por ejemplo.

DC: Efectivamente. Pueden ver las notas que tiene en su portal de transparencia el ayuntamiento… Y tenemos otro mapa además, en el que pueden pinchar directamente, para acceder directamente a la “ventanilla electrónica” del ayuntamiento en la que pueden preguntar. Es como si les lleváramos hasta la puerta o hasta la ventanilla electrónica, porque ahora el 90% de la gente ya lo presenta por la ventanilla electrónica, no se desplaza para presentarlo. Aún hay gente que sí, que va con su papel a que le cuñen, pero en este tipo de procedimiento la mayor parte lo hacen por la sede electrónica.
 
– Mapa de las ventanillas electrónicas y portales de transparencia: https://transparenciacanarias.org/mapas-ventanillas-electronicas/

 
MM: Está claro que es un órgano unipersonal, pero para realizar todo este trabajo me imagino que contará con todo un equipo que se encarga sobre todo de la parte informática.

DC: Sí, hay una parte que se dedica a atender a las que, por cierto, este año van a ser más de 500 reclamaciones de los ciudadanos. Empezamos con 91 el primer año de 2016, en un año completo, y este año vamos a día de hoy por 477 reclamaciones. No creo que sea porque las instituciones estén respondiendo peor, sino porque los ciudadanos son cada vez más conocedores. Y sí, la gente sabe que existe una ley que al fin y al cabo es muy joven, del 2014 en Canarias, pero no sabe qué puede obtener de ella. En la medida en que es más conocida es más utilizada. Aumenta el número de preguntas y aumenta el número de reclamaciones. Yo llamo transparencia “dura” a cuando te preguntan; la “blanda” es el portal de transparencia. Cuando en la “dura” ni siquiera te responden, recurren a nosotros.

 
MM: Una vez que se recurre al Comisionado para la Transparencia, ustedes directamente sobre la marcha se ponen en contacto con la institución a la que se le requiere la información que no se ha dado al ciudadano.

DC: Efectivamente. Le preguntamos por qué no lo ha hecho. Primero, porque en algunos casos, no todos, se preguntan por poner un ejemplo por tus datos tributarios, y los datos tributarios de una persona normal son privados. Hay limitaciones a la información que tienen [que dar], sobre todo en materia de datos personales que tiene la administración. Por eso siempre le preguntamos. A veces nos contestan en las alegaciones y a veces no. Entonces emitimos la resolución.

No tenemos demasiados medios coercitivos por ley, ni nosotros ni ningún órgano garante en España. Pero ahora vamos a empezar a usar el último recurso que nos queda, que es que cuando reiteradamente no hacen caso a nuestro requerimiento de la información por lo menos lo ponemos en conocimiento del Pleno. Y que sean ellos los que determinen (porque la ley se lo concede a las administraciones, no al Comisionado) si se inicia algún tipo de expediente para pedir responsabilidades por no entregar la información.

 
MM: El trabajo que han realizado durante estos años, casi seis, les ha valido varios reconocimientos; entre ellos uno muy importante, un premio nacional; fue un accésit de innovación pública del año 2020 que les premiaba por su Índice de Transparencia y también por una herramienta, T-Canarias.

DC: Sí, nosotros hemos sido de entre los órganos garantes en España los primeros que, cogiendo un modelo que había nacional de evaluación de transparencia, lo bajamos o adaptamos a la Ley canaria de Transparencia. Lo convertimos en una herramienta telemática sin la que nosotros, con el pequeño equipo que disponemos, no podríamos [evaluar a todos los que hemos podido evaluar]. Este año hemos invitado a casi 1300 entidades a declarar su transparencia. Sin esa herramienta no sería posible que las propias entidades se autoevaluaran primero, viendo en qué medida están cumpliendo; y que cuando cumplen poco “alimenten” su propio portal para que el índice les mejore. Y sin esa colaboración, que en este último año ha sido de más de 1000 empleados públicos y privados, que facilita esa herramienta, nunca se hubiera podido conseguir con tan poquito personal.

Por lo tanto, ha sido una herramienta pionera en España que es la que el Ministerio ha reconocido, y antes Telefónica, la Red de Innovadores Públicos Novagob, y todo el mundo. Una herramienta que con poco gasto público permite una evaluación constante anual de todo el mundo, y que por tanto permite mejorar; porque lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil de mejorar. Y esa herramienta lo que hace es medir una política pública cada año en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma ni ningún lugar del mundo que le sirva como referencia .

 
MM: ¿Hay algún lugar del mundo que le sirva de referencia en cuanto a Transparencia, al que le gustaría parecerse desde Canarias?

DC: La transparencia es una cultura, no solamente una obligación. España llega tarde, porque fue de los países europeos que más tarde aprobaron una ley de transparencia. Pero también es cierto que al llegar tarde estableció obligaciones que muchos países no tienen, como la del portal de transparencia, porque entre otras cosas hace 20 años Internet era pequeñita. Pero los países referencia son siempre los que desde más antiguo tienen obligaciones de dar información completa. Generalmente los nórdicos como Finlandia o Noruega, que son referencia en gobernanza democrática y en buen gobierno, y generalmente lo son también en transparencia. Y de hecho, yo creo que son referencia en buen gobierno porque lo son en transparencia, se retroalimentan.

 
MM: Como referencia, aquí en Canarias, ¿puedo preguntarle quién es el que hace el peor índice? O a lo mejor también me lo puede decir, ¿Cuál es el órgano que le sirva como referencia para el resto, del que deberían tomar nota el resto de administraciones?

DC: Por estratos, la Comunidad Autónoma no puede compararse más que consigo misma, lo cual está bien porque ya lleva un par de años por encima del 9. Entre los Cabildos, hace dos años fue el de El Hierro el mejor, fue precisamente el más pequeño. Y el Cabildo de Tenerife fichó a su responsable de transparencia y el año pasado fue el mejor. Esto tiene mucho que ver con la calidad del funcionario que está debajo. Y entre los ayuntamientos, quizá los mejores pueden ser Los Realejos o Candelaria como ayuntamientos de carácter medio; Santa Cruz [de Tenerife] estuvo bien, Las Palmas estuvo cerca del 9. Es decir, no necesariamente los mejores son los más grandes, sino que hay ayuntamientos [pequeños] muy brillantes (Los Realejos, Candelaria o Buenavista) que también tienen buena nota [no solo por su portal principal sino conteniendo a todas sus entidades públicas dependientes].

 
MM: Para terminar, porque ahora la gente tiene claro que dispone de esa herramienta que les proporciona el Comisionado para la Transparencia, ¿le gustaría que los ciudadanos utilizaran más esta herramienta que les proporciona este Comisionado que les representa?

DC: Si, sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. Porque aquello de colaborar al buen gobierno con la mera conversación de barra de bar… En este país se suele decir que tenemos millones de entrenadores de fútbol, pero de boquilla. Pues también tenemos muchas personas que en su legítimo derecho opinan sobre el futuro del ayuntamiento, pero no siempre lo hacen sobre la base de información que puede tener un concejal o un periodista. Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor.
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«Lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía»

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Entrevista a Daniel en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1957), nos habla de esta institución, pensada para mostrar al ciudadano aquella información a la que antes no podía llegar o a la que costaba mucho llegar. “Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda”, explica Cerdán para ilustrar la importancia del comisionado.

Mientras ejerció, usted fue de los pocos periodistas convencidos de la importancia de los datos para escribir piezas de valor. ¿Qué puede aportar a un informador en estos tiempos la institución que dirige?

Los datos primarios, los que genera cada fuente sin tratar, son un recurso mucho más relevante que los datos en general y por eso las nuevas normas de transparencia permiten un acceso a ellos: a los de las instituciones, sin que se «cocinen» o se edulcoren. Y permiten la elaboración de informaciones a posteriori por periodistas y analistas de cualquier tipo, mucho más precisa y mucho más valiosa para los lectores.

Por ello, un órgano de garantía de la transparencia como es el Comisionado de Transparencia de Canarias puede facilitar mucho las cosas a los periodistas y a cualquiera que necesite información de primera mano porque de alguna manera resuelve las reticencias que las administraciones tienen a entregar datos sensibles y, en todo caso, permiten a ese demandante de datos, si no dan la información que desea obtener, al menos una resolución ejecutiva que obliga a esa administración a entregar los datos o a recurrir a los tribunales; y ello de forma gratuita y breve.


¿Y para un abogado?

Para un abogado las ventajas de la ley de transparencia son muy similares a las ventajas que pueden tener con las nuevas posibilidades que puede tener un periodista. Cuando necesita armarse de argumentos e información para atender mejor las necesidades de su cliente hay mucha información que está en poder de las administraciones y que le puede ser útil de cara a preparar una demanda o una defensa o cualquier tipo de instrumento jurídico que se base en datos o en información documental.


¿Cree que la ley que regula las funciones del Comisionado de transparencia pone límites adecuados a la información que puede hacerse pública por las instituciones?

Hay muchos que sin pensar a fondo las cosas tienden a creer que cualquier tipo de libertades tienen que ver con la ausencia de límites. Y de esa forma entienden que lo mejor para cualquier tipo de libertad es la absoluta carencia de límites, cuando generalmente ocurre lo contrario: sin límites las libertades no funcionan porque invaden en general derechos de otras personas. Sin límites de circulación los coches no podrían andar por la calle porque chocarían en 5 metros. Pongo este ejemplo porque algo parecido ocurre con la libertad de información. Sin límites al acceso a la información pública cualquier motivo sería excusa para que cualquier administración la denegara. Cuando los límites están bien señalados y no tienen carácter invasivo ni abusivo respecto al derecho general de acceso, sirven para que se pueda distinguir claramente cuándo el derecho a la información lástima los derechos de un tercero y cuándo ese derecho es plenamente ejercitable y aplicable a una demanda de un ciudadano.


¿Tiene la sensación de que pasado lo peor de la crisis ha remitido también la fiebre por el acceso a la información pública?

La experiencia de los últimos años, de los cuatro últimos años,  en los que han estado en vigor las nuevas leyes transparencia viene a señalar que no existe tanto una fiebre por el acceso a la información pública como por un derecho a saber genérico e indeterminado que no requiriera mayores esfuerzos por parte de la ciudadanía. Pero, lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía. Y que si no hay muchas preguntas las administraciones no van a dar las respuestas que se esperaban. Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda y la calidad de la democracia y la gobernanza no es tan alta.


Transparencia es mucho más que hacer público sueldos y patrimonios de políticos y altos cargos ¿Qué más?

Los portales de transparencia tienen mucho más: la composición, funciones de la instituciones; el orden del día del Consejo de Gobierno y sus acuerdos; la descripción de todos los departamentos de todas las administraciones y de todo su sector público dependiente; la información relativa al personal de libre nombramiento y de los directivos, con sus perfiles profesionales; la relación de todos los puestos de trabajo y todas sus políticas de retribuciones; todas las normativas aplicables a cada área de gobierno, así como la descripción de las que están elaborándose; la explicación sobre todos los servicios y procedimientos; el desglose de los presupuestos y, lo que es más importante, la forma en que se ejecutan; las subvenciones, las campañas publicitarias y los patrocinios; el apunte al detalle de su patrimonio, los planes y programas y su evaluación; los detalles sobre todo tipo de obras públicas; hasta catorce obligaciones informativas sobre cómo se realizan los contratos; los convenios y encomiendas de gestión; el desglose pormenorizado de las subvenciones y ayudas; la información sobre urbanismo y ordenación del territorio; y todo tipo de estadísticas sobre los servicios públicos. Como verá, una información no demasiado entretenida, que no atrae a muchos públicos; pero que interesa sobre todo a las élites directivas, a los activistas sociales y a los periodistas, que han de traducirla a un lenguaje más accesible.

Aparte de este recurso, con las nuevas leyes de transparencia cualquier ciudadano puede preguntar fácilmente sobre cualquier información disponible en las administraciones y que no esté en sus webs o en sus portales de transparencia.


Más de un centenar de instituciones públicas y entidades dependientes de ellas de capital público no cumplieron en 2017 con sus obligaciones de información, ¿no es frustrante?

No, en absoluto. Prefiero ver la botella medio llena más que medio vacía porque prefiero pensar en los 209 instituciones y entes dependientes que presentaron su declaración de transparencia y que obtienen en general una media de más de 5 puntos sobre 10, que en aquellos que todavía no han alcanzado ese nivel en el cumplimiento de las obligaciones de publicar contenidos. Y lo digo porque hace un año el conjunto de las administraciones públicas de Canarias apenas sacaba un 3 como media en nuestra evaluación: y un año después ,llega a un 5. Es evidente que ha habido una progresión muy importante, una mejora muy relevante de prácticamente un 70 % en términos relativos. Y tenemos motivos fundados para pensar que a eso ha contribuido la oportunidad que hemos dado de que las instituciones se autoevaluaran a través de la herramienta telemática «T-Canaria». Se ha generado un deseo de emular a las instituciones mejores y todos procurarán perfeccionar su transparencia. Y estoy seguro de que eso va a ocurrir el próximo año y que estamos en un camino ascendente que permita colocar a la Comunidad Autónoma de Canarias como un espacio público con altos niveles de transparencia en los portales. Luego tenemos por delante una muy larga batalla para conseguir que las administraciones también estén a la cabeza en responder a los ciudadanos cuando se les pregunta; algo que les resulta muy cuesta arriba en muchos casos.


¿Qué importancia le da a la incapacidad que tiene por ley para sancionar a las administraciones incumplidoras?

La capacidad sancionadora de los organismos garantes o los comisionados de transparencia es algo que todos los expertos reclaman; tanto los expertos en la academia universitaria, como de organizaciones activistas y también de la gran mayoría de los consejos de transparencia autonómico y estatal. Sin sanciones en las carreteras ningún incumplimiento del código de tráfico sería penalizado y la gente circularía mucho peor. Dicho esto, habría que añadir que está resultando muy difícil en las sucesivas reformas de las leyes transparencia que están produciéndose en el país avanzar en ese camino. Ninguna hasta ahora ha conseguido introducir este concepto en en la legislación, si bien es posible que al menos, sino un régimen sancionador completo y terminado, sí podemos establecer algún tipo de penalizaciones, aparte de la penalización reputacional que supone aparecer en un ranking con una puntuación baja en esta materia.


¿Cómo se conjuga la importancia que debe tener el Comisionado de Transparencia con que solo disponga de dos técnicos y dos administrativos a su cargo?

El Comisionado de Transparencia de Canarias nació en un momento de crisis económica; en tanto en cuanto en el Archipiélago, como en el resto del país, en aquellos momentos las administraciones públicas tenían graves problemas para sostener incluso las prestaciones sanitarias o educativas que habían sido recortadas unos años anteriores. Y es por ello, que nacimos en un momento crítico que no permitía demasiadas alegrías presupuestarias; pero ahora una vez superada la crisis, cuando las arcas públicas vuelven a respirar y a tener altos crecimientos parece que es el momento ya de constituir realmente a un Comisionado que ha funcionado bajo mínimos en sus tres primeros años; y eso esperamos que ocurra.


¿En este sentido se siente limitado por depender funcionalmente del Parlamento de Canarias?

Todas las instituciones, pequeñas y grandes, son de alguna forma interdependientes entre sí. Y las que tienen la función de garantizar un control independiente y objetivo de otras administraciones es bueno que esa interdependencia solamente sea presupuestaria. Desde ese punto de vista la vinculación al Parlamento es la mejor de las posibles entre los modelos que se dan en el resto del país; porque es la institución soberana de control del conjunto de las administraciones públicas y el cumplimiento de las leyes y porque nos aleja de aquellas instituciones dependientes o vinculadas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos a las que debemos evaluar y controlar. Por eso yo creo que el modelo canario en ese sentido está entre los mejores, como otras comunidades en las que también su órgano de garantía de la transparencia depende de su parlamento. Y además, en noviembre esa condición autónoma e independiente se reforzó de forma notable al incorporarse el Comisionado de Transparencia como una institución estatutaria que tiene el respaldo o el reconocimiento en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, a la misma altura que instituciones con gran solera como el Consejo Consultivo de Canarias, la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común.


Pese a la escasez de personal y de presupuesto el Comisionado de Transparencia dispone de una herramienta telemática propia que facilita enormemente la carga en función a los sujetos o instituciones obligadas por la Ley de Transparencia…

Esa herramienta telemática creada en Canarias  se llevó  a cabo con una metodología estatal que nos permitirá a un tiempo evaluar a todas las instituciones con nuestra propia ley Canaria pero además podrán compararse en el futuro con otros ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del ámbito español. Esto nos parece importante porque la transparencia no es algo que se tenga o no tenga: se tiene más o menos siempre en comparación con otros, como ocurre con la belleza, que no es absoluta, sino que es relativa siempre en comparación con los cánones del momento. Desde ese punto de vista, la herramienta «T-Canaria» ha permitido una cosa muy importante: que es que todos se puedan autoevaluar primero; que todos puedan conocer de antemano su nivel de cumplimiento de la ley y que todos tengan al menos un mes para mejorar sus obligaciones de sus portales de transparencia. Y finalmente todos rinden de la misma manera lo que llamamos la declaración de transparencia. Creo que el procedimiento es muy claro, muy abierto, muy controlable también por los propios sujetos evaluados y creo que el tiempo dirá que estamos en el camino correcto y, además, nos permitirá escalar la calidad año a año.

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«Sin presión ciudadana las instituciones seguirán siendo poco transparentes «

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«No hay buena información ni muy accesible sobre los contratos y vamos a poner más atención», afirma Daniel Cerdán Elcid, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Entrevista a Daniel Cerdán en La Provincia por Flora Marimón

El 80% de las instituciones canarias incumple la Ley de Transparencia. ¿Por qué es tan elevado el dato?

Lo que no llegan es al mínimo que podía esperarse. Hemos creado un Índice de Transparencia en Canarias, el primero que se hace en una autonomía, y hemos tratado de determinar diferentes exigencias tanto para el Gobierno y cabildos como para ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes, y hemos encontrado que solo están llegando al mínimo, y fundamentalmente el resto no llega porque han entendido que cumplir con la Ley de Transparencia es abrir simplemente un portal. Y no es solo abrir un portal sino mantenerlo y actualizarlo con los datos que exige la norma, y eso cuesta tiempo y esfuerzo, y mientras no sientan una presión popular de mayor de demanda de los ciudadanos, las instituciones seguirán siendo poco transparentes.

¿Por qué los ciudadanos no presionan más? ¿Creen que no les van a contestar si piden información?

Es curioso. No presionan más porque no está en nuestra cultura canaria y española preguntar. De pequeños siempre se solía decir que es de mala educación preguntar, y parece que molestas si preguntas a tu alcalde o a tu concejal cosas delicadas. Pero si los ciudadanos no son exigentes la transparencia no se va a mover. Eso por una parte, pero es aún más difícil de entender por qué los profesionales de la pregunta, que son los periodistas, no lo utilizan más. Es cierto que tienen otras vías históricas, que son los gabinetes de prensa , pero también es cierto que esto les da más garantías porque aunque es un poco más lento, pues las instituciones tiene un mes de plazo para responder, tienen más garantías de que por esta vía se les responda, pero sin embargo no se quejan cuando buscan un dato que, en teoría, debería estar en el Portal de Transparencia y no está.

Es posible que no sepan cómo funciona, en general.

Puede ser, pero estoy seguro de que va evolucionar con el tiempo, aunque dependerá de que esa cultura cambie más rápido o menos rápido, porque la gente cuando aprecie todas la ventajas que suponen estos nuevos derechos de acceso a la información y que son relativamente rápidos los usarán más, porque si las administraciones no contestan en un mes pueden elevar un trámite gratuito ante el Comisionado, que genera una resolución ejecutiva para que respondan.

¿Cuáles son las cuestiones que las instituciones están dejando de poner en sus portales?

Fundamentalmente, y son temas que vamos a vigilar, es bastante escasa la información que ponen sobre planes y programas, y es un apartado de la ley que es muy claro, pues se indica que expliciten qué es lo que quieren hacer al principio de la legislatura para que la gente pueda saberlo y para que al final de una legislatura los ciudadanos puedan contrastar y ver en qué medida lo que dijeron que se iba a hacer, se ha ido haciendo y se ha hecho y, por lo tanto, la transparencia se convierta en una pieza fundamental para la rendición de cuentas. Luego, tampoco hay muy buena información ni muy accesible sobre contratos. Y esperamos en el próximo año poner especial atención sobre cómo las instituciones informan sobre su contratación. Esos dos temas son claramente mejorables en los portales de transparencia. A pesar de que la gente, en un primer momento, lo que iba era a mirar los sueldos de los políticos porque era la novedad ahora son estas cuestiones, como los contratos fundamentalmente.

¿Y qué preguntan sobre los contratos?

Pues de la contratación de múltiples servicios de las administraciones. Este tipo de información es la que ocupa más la atención de los ciudadanos y entidades.

El Gobierno tiene buena nota en transparencia, un 7,69 sobre diez, pero ¿bajaría si se contabilizaran las entidades dependientes del Ejecutivo?

El Gobierno ha hecho sus deberes iniciales en el Portal de la Transparencia, si bien en el primer año de la ley prácticamente hicimos una constatación de que las instituciones empezaron a aplicarla y tenían portal de transparencia; en el segundo año -2016- hemos elevado el listón de medida entendiendo que ya habían tenido más tiempo de aplicación de la ley y en esa elevación de listón ha habido algunas instituciones que han llegado al mínimo, entre ellas, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de portales de transparencia, porque, digamos, hemos colocado un listón bastante accesible. El año que viene elevaremos más el listón y analizaremos mucha parte de la información obligada del Gobierno que está en el segundo nivel, como empresas y entes vinculados al Ejecutivo. Este año no lo hemos podido ver, entre otras cosas por nuestra ausencia de medios.

¿Qué medios tienen?

Dos funcionarios técnicos y un auxiliar y queremos medir el año que viene a todas las entidades dependientes del Gobierno, cabildos y de los ayuntamientos, al menos las más importantes, que son 81 del Gobierno, más de 60 de los dos cabildos principales y el resto, hasta 394, del conjunto de las administraciones canarias. Y en el caso del Gobierno, en el ámbito de la instituciones dependientes la transparencia no es tan alta. Por lo tanto, si hubiéramos tenido medios para hacer el análisis también de las 81 entidades del Gobierno posiblemente esa nota hubiera sido más baja.

Si están incumpliendo en general la Ley de Transparencia ¿es que no se la están tomando en serio?

Lo que ocurre es que como no sienten la presión ni de los medios ni de la población pues, evidentemente, los cargos públicos van atender con los recursos limitados que tienen allí donde hay demanda, no solo donde la ley obliga. La transparencia ha estado en la agenda política de este país en los últimos tiempos como elemento de regeneración democrática y ha habido un primer intento de decir: empiezo a cumplir y abro mi portal de transparencia para que no me penalicen en Transparencia Internacional o el Comisionado… Vamos, para no aparecer mal en la foto, pero una vez hecho esto, ahora hacen falta unos medios que no siempre están dispuestos a poner y, a veces, es solo cuestión de organización de trabajo.

¿Es Canarias una comunidad transparente con respecto a otras?

En estos momentos hay tres comunidades autónomas en las que se conozca una evaluación global de la transparencia, que son Cataluña, Canarias y Castilla-León, que ha hecho también un intento de medición, pero no se está midiendo casi la transparencia en las comunidades autónomas y, menos, con un sistema homogéneo, por lo tanto, no las podemos comparar. Se está pendiente de implementar un sistema homogéneo de medición, que lo ha encargado el Consejo de Transparencia español. Por tanto, ahora no hay herramientas para comparar entre comunidades.

¿Qué tipo de reclamaciones recibe?

En el año 2015 hemos tenido 18, el año pasado 91 y este año posiblemente vamos a llegar a las 300, y ya le decía antes que las reclamaciones son, fundamentalmente, en contratos de la administración de todo tipo. La gente quiere saber bien sobre contratos particulares o bien sobre lo que la administración ha contratado en alguna materia concreta.

¿Y le dan la información al final?

De las que hemos resuelto, 72 fueron favorables a los ciudadanos y de esas ha habido dos instituciones que han empezado a recurrir. Estos recursos se van a sustanciar ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al considerar que somos un órgano parlamentario. Uno de los que han recurrido al Comisionado porque no quiere entregar una información importante sobre un contrato es el Consorcio de Aguas de Lanzarote. Es un tema sensible, y es evidente que las administraciones se van a a tener que acostumbrar a trabajar dando más información a quien se la pida.

¿Los ayuntamientos pequeños son los que más dificultades tienen para ser transparentes?

Hay ayuntamientos como Fasnia, Frontera, Güímar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide que, a pesar de ser pequeños, han hecho su esfuerzo y están mejor que muchos grandes. En el lado contrario hay mucho ayuntamiento que no se ha movido, como en municipios de La Palma. No siempre el ser pequeño te lleva a cumplir mal las obligaciones.

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Primera entrevista en televisión del comisionado de Transparencia de Canarias

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  • La figura del Comisionado de Transparencia ha sido creada por el Parlamento para acercar la acción de las instituciones a los ciudadanos

Daniel Cerdán fue entrevistado el pasado mes de mayo por primera vez en televisión como comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el informativo Buenos Días Canarias de Televisión Canaria por Marta Modino, sobre el inicio de su andadura como órgano garante de la transparencia en Canarias.

«El hecho de que se conozca más y mejor la actividad de cada servicio va también, a la función pública, a estimularle a producir mejores ratios, mejores resultados en la función. No solamente va a prevenir el acometimiento de faltas sino va a estimular mayor rendimiento en el conjunto de la función pública, indicó Daniel Cerdán.»

 

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Entrevista en El Día TV al Comisionado de Transparencia

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El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, ha sido entrevistado en El Día Televisión por Francisco Mesa y Mariam Moragas. La charla ha servido para explicar las funciones que reserva la ley al comisionado y el auxilio que presta a los derechos de ciudadanos, empresas y organizaciones para solicitar y obtener datos de las administraciones públicas.

El desarrollo de la entrevista se refleja al completo en este vídeo.

»»» Fuente: El Día TV

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