El aprobado en transparencia contrasta con el desinterés social

EL DÍA | ÁLVARO MORALES

Daniel Cerdán, en la Comisión de Justicia del Parlamento. MARÍA PISACA

El comisionado para la Transparencia de la Comunidad, Daniel Cerdán, presentó ayer en la comisión de Justicia su informe de 2017, en el que se constata una considerable mejora de la nota a las distintas administraciones públicas en el índice. Eso sí, una contundente progresión de la nota general (que pasa de 3,14 puntos a 5,47) que, sin embargo, contrasta con el escaso uso que sigue haciendo el ciudadano del portal de transparencia de la región, apenas utilizado por el 1,69% de la población isleña, cifrada ese año en 2,108 millones.

Ese porcentaje, no obstante, supone un incremento del 71,6%, al pasar de 20.781 usuarios en 2016 (0,99%) a 35.660, aunque no convence, en ningún caso, a los grupos. De hecho, el propio informe aclara que una cuarta parte de las consultas se hacen desde fuera de las Islas, con lo que apenas 1 de cada 100 residentes se muestran interesados en la transparencia.

Cerdán, sin embargo, cree que lo importante no es el número de personas que consultan, sino lo que logran respecto a las instituciones analizadas, bien porque reaccionan o porque se movilizan activistas o las oposiciones. En este sentido, y aunque admite que deben mejorar en la difusión, lamenta no haber gastado los 20.000 euros que tenía para publicidad y espera que, en el futuro, se progrese en la calidad de la información. Eso sí, considera muy positiva la evolución en los 3 años de existencia del comisionado y cree fundamental el rango que ha logrado su órgano al ser incluido en el nuevo Estatuto al mismo nivel que otros organismos.

Esa mejora queda reflejada en que el 90% de las 98 administraciones han respondido a las peticiones y en que solo 7 empeoran. Además, si en 2016 un total de 20 superaron el 5, en esta ocasión fueron 50. Eso sí, se contabilizaron 11 resoluciones incumplidas y, según subraya Cerdán, la mejor manera de reprochárselo y que se autocorrijan es difundiendo al máximo cuáles fueron y por qué.

Los grupos se plantean los motivos de esa escasa participación ciudadana y Cerdán considera que, en gran parte, se debe a la desinformación. De los 345 sujetos evaluados, 136 no presentaron la declaración de transparencia.

NC pidió que se analice el presupuesto regional al final, y no solo al principio, por los cambios que experimenta y al comisionado le pareció perfecto. Podemos alertó de que órganos como Gesplan, la Agencia Tributaria o Grafcan estén entre los incumplidores, que Visocan solo llegue al 1,8 o que entidades universitarias no aprueben. El PP pide que se tengan en cuenta las recomendaciones del comisionado, el PSOE cree clave que el ciudadano vea esta herramienta útil y CC subrayó que el Gobierno canario obtiene un 8,7.

La media de las universidades es de 5,26; los 88 consistorios pasaron de un 3,03 a un 5,33; los cabildos, de un 3,85 a un 6,93 y el Gobierno, de un 7,69 a un 8,03.

 

LAS CLAVES

A pesar de su escasez, ese 1,69% de la población que usa el portal casi duplica el 0,9% de 2016, pasándose de 20.781 a 35.660 usuarios, un 71,6% más

No obstante, una cuarta parte de las consultas se hacen desde fuera de las Islas, con lo que 1 de cada 100 residentes acceden o exigen información.

Daniel Cerdán, sin embargo, cree menos relevante el número de interesados que lo que se logra con las instituciones, activistas u oposiciones

Los 88 ayuntamientos han pasado de un 3,03 a un 5,33; los cabildos, de un 3,85 a un 6,93; el Gobierno, de un 7,69, si bien 7 entidades han empeorado su nota y 50, aprobado.

Noticia reproducida de: https://www.eldia.es/canarias/2019-01-18/18-aprobado-transparencia-contrasta-desinteres-social.htm

El Comisionado de Transparencia presenta su Informe 2017 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

El pasado jueves 17 de enero de 2019 tuvo lugar la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad en el Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de 2017 del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron de forma unánime la labor del Comisionado de Transparencia en sus tres años de funcionamiento y, en concreto, su último Informe de Evaluación de la Transparencia de 2017.

Comenzó la intervención el comisionado Daniel Cerdán agradeciendo, en primer lugar, el apoyo unánime que todos los grupos de la cámara prestaron a la inclusión de la figura del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Estatuto de Autonomía de Canarias porque “es el primer estatuto de una Comunidad Autónoma que incorpora este órgano garante de la transparencia dentro del bloque estatutario y, por lo tanto, dentro del bloque constitucional”.

Continúo Cerdán haciendo autocrítica, y recordaba que el año anterior “echaba de menos el no haber visitado o informado más al conjunto de las islas de la actividad de la transparencia y de cómo mejorar su nivel de cumplimiento”. Ya en el ejercicio objeto del informe, señala el Comisionado que “hicimos jornadas en todas las islas, excepto en Lanzarote porque no cuadraron las fechas con el Cabildo”.

En este año, considera Daniel Cerdán, la mayor crítica que se le podría hacer es que se ha extendido el periodo de resolución de las reclamaciones, no solo porque ha aumentado el número de las reclamaciones, sino también por el cambio de la titularidad del Servicio de Reclamaciones y la falta de personal.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, en su comparecencia en la Comisión de Gobernación

Canarias sigue siendo la única Comunidad que mantiene un ranking autonómico propio y consolidado de acuerdo con una metodología aceptada en el conjunto del país pero todavía solo implantada en Canarias, como es la metodología MESTA.

El comisionado de Transparencia quiso valorar que el primer año que se les hizo el cuestionario, solo contestaron el 40 %, en 2016 solo contestaron el 89 % y en el último ejercicio, 2017, se ha logrado que al final el conjunto de las 98 instituciones principales de canarias responda. Aunque reconoció que esto se consiguió ampliando cuatro veces el plazo y retrasando incluso el informe “con el objeto de que todo el mundo tuviera oportunidad de rendir cuentas”.

Por otro lado, destacó que por primera vez se realizó la evaluación con una aplicación informática llamada ‘T-Canaria’, que “ha permitido que más de 300 funcionarios se dieran de alta y rindieran cuentas a través de este instrumento. Ese ha sido uno de los factores que nos ha permitido, con un pequeño equipo como el que tenemos, no solamente llevar a cabo las resoluciones, la respuesta a las reclamaciones, que es lo habitual en los órganos de transparencia, sino también esta evaluación”. A través de la aplicación, el Comisionado de Transparencia ha conseguido “de una forma ágil y económica, ya sin mediar papel alguno, que sea un algoritmo el que haga los cálculos y ponga la nota de cada sujeto obligado, prescindiendo de una cierta arbitrariedad que se puede tener cuando se ponen las notas a ojo”.

Con respecto a las notas obtenidas, el Comisionado quiso destacar que por primera vez la media del conjunto de las 98 administraciones canarias supera el 5, cuando en el 2016 la nota media era de 3,14. “Los hechos evidencian, cada año más, que cuando una actividad se evalúa cada año se contribuye de una forma bastante clara a que se mejore, porque todos los sujetos obligados saben que les van a controlar”.

Lamentaba finalmente Cerdán que en el ámbito del derecho de acceso en general, ni en Canarias ni en el conjunto de España, las noticias son tan alentadoras, porque “todavía hay, no solamente instituciones que no entregan la información a los ciudadanos cuando les preguntan, sino sobre todo, instituciones que aun recibiendo una resolución por parte del Comisionado que les obliga a entregar la información que pide el ciudadano, todavía no entregan la información. Concretamente, de las 146 resoluciones que emitimos el año 2017, al menos 11 de ellas no han sido cumplidas por las instituciones a las que se referían”.

Como solución a esta situación, apeló el comisionado a que la cámara tenga en cuenta estos datos de cara a futuros desarrollos normativos que están pendientes, para que se establezca o no algún tipo de sanción, “como tienen, por ejemplo, en el ámbito de la información económico- financiera, en la Audiencia de Cuentas. Algún tipo de penalización para aquellas entidades que no cumplen adecuadamente con la transparencia, bien en materia de respuesta a los ciudadanos cuando preguntan o bien porque sus portales de transparencia no llegan a los mínimos deseables que todos esperábamos”.

 

Turno de los portavoces

El portavoz del Grupo Mixto, Jesús Ramos Chinea, comenzó el turno de intervenciones, exponiendo que “se ha notado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo, a mejor, eso es bastante importante, en el formato del informe del Comisionado de la Transparencia. No porque los anteriores informes fueran más sencillos o escuetos, todo lo contrario. Para nuestro grupo siguen siendo impecables y demuestran que se podía hacer un buen trabajo a pesar de la falta de recursos de años pasados. Y es precisamente cuando se ponen más recursos y se incluye una herramienta informática como es el programa “T-Canaria” cuando se da este salto a mejor, por lo que esperamos que en lo sucesivo se sigan reforzando los medios del Comisionado de la Transparencia para seguir implementando mejoras y para hacer que el alcance de su acción pues llegue con plena operatividad a toda Canarias y a todos los canarios que hagan uso de su derecho a la información ante la administración pública”.

María Esther González, portavoz de Nueva Canarias, por su parte, se mostró crítica con la disposición actual de la ley de transparencia: “En esta cámara, que es la que aprueba las leyes, entiendo que deberíamos de hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo”. Conclusión que daba la portavoz a una previa reflexión: “La transparencia no se mide por la cantidad de papeles, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas, transparentar información es transparentar datos comprensibles, que nos permitan crearnos una opinión, que nos permitan conformar juicios de valor. Con lo que uno de los requisitos indispensables es que la información suministrada sea clara, o lo que es lo mismo, sea comprensible, y otro requisito, además, es que sea fiable. Y de esos requisitos mínimos, la información económico-financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno de Canarias no cumple ni uno”.

Por su parte, María Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, vio necesario nombrar en su turno a las entidades incumplidoras o con baja nota en el Índice de Transparencia de Canarias, ya que, según su opinión, falta que en la ley haya algún tipo de sanción al que incumpla las obligaciones de transparencia. Considera que actualmente “si no cumple no pasa nada y si no cumple y no pasa nada, pues evidentemente lo que nos queda es visibilizar a aquellas instituciones que no cumplen”.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Jesús Jorge, destacaba que se trata de “un trabajo bastante exhaustivo, bien elaborado, bien estructurado”. Sin embargo, con respecto a al Índice de Transparencia de 2017 considera que, a pesar de la notable mejoría con respecto al año anterior, hay varios ‘puntos negros’, “particularmente me refiero a las dos universidades canarias, me parece escaso ese ratio de puntuación de transparencia, y a las entidades paralelas de la administración pública, que sí, es verdad que empiezan ahora a evaluarse, pero ese 4,64 puntos sobre 10, no me parece un ratio lo suficientemente elevado como para estar satisfechos en relación al nivel de transparencia de todas ellas”. Con respecto al interés de los ciudadanos por informarse, el portavoz considera que “existe todavía poco conocimiento de la actividad de la administración pública y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer exactamente lo que hace”.

Ventura del Carmen Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista Canario, exponía que “si hablamos de transparencia como dejar pasar la luz, los colores, las imágenes, la realidad exacta de lo que tenemos al otro lado, nosotros creemos que la transparencia en Canarias aún se le atraganta a la administración en general”. Aún así, afirmaba que “podemos estar contentos, es una buena noticia pasar de un  3,14 a un 5,47, consiguiendo ese aprobado ‘raspadito’. Que sean 98 las instituciones, el 100 %, ya en estos momentos después de tres años de aprobación de la ley. Y además basados en esa metodología nueva de evaluación que ha elaborado el Comisionado de la Transparencia”.

La portavoz socialista formuló también varias preguntas al comisionado de Transparencia. Entre ellas, “¿cómo está la situación en el informe del año 2017 con respecto a la listas de espera sanitarias?” Haciendo referencia a que el año anterior el Comisionado había dejado constancia de la falta de transparencia en dicha materia. Daniel Cerdán, respondía que el Servicio Canario de Salud es uno de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias con mayor puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017, construyendo un portal nuevo, publicando de nuevo las listas de espera sanitaria y mejorando, por tanto, su transparencia con respecto a 2016.

Por otro lado, le preguntaba la socialista su opinión con respecto a la respuesta que dio el Gobierno de Canarias sobre la resolución del Comisionado acerca del acceso a documentación relativa al gasto en publicidad de la Consejería de Turismo y Promotur. El comisionado aludió a que la resolución en cuestión recordaba no solamente la obligación del Gobierno de entregar la información, sino que deben de publicarlo en el portal de transparencia, y reconocía que es uno de los mayores incumplimientos, no solo del Gobierno, sino de todas las administraciones que dejan de publicar sus contratos de publicidad, ya que la Ley de Transparencia de Canarias, es una de las tres leyes autonómicas en las que está esa obligación, “y si está es para cumplirla o para eliminarla pero no para dejarla un poco en el limbo”.

La última interviniente fue la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, quien comenzaba, como los anteriores, felicitando al comisionado y a su pequeño equipo por el Informe, porque es un informe que “ha evolucionado, que ha mejorado, no solo en la forma sino en el fondo, su parte sustantiva y su contenido”. Recordaba además que “hace dos años Canarias innovaba como el primer Parlamento en el que se debatía un informe de estas características, el año pasado se innovaba con la creación, la puesta en funcionamiento de ese índice de Transparencia que sirve como herramienta para establecer un sistema de medición fiable para todas las administraciones públicas, bajo el mismo rasero, con la misma metodología; que en este año, además, se perfecciona con esa herramienta informática, el “T-Canaria”, y la autoevaluación que han hecho las entidades obligadas”.

Este informe, sostiene Beato, “nos ha de servir como una foto de la realidad, una herramienta para mejorar, para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar y a corregir, para continuar avanzando en una tarea que es de mejora continua, que no se acaba nunca y, por lo tanto, hay que seguir avanzando, al mismo tiempo que se gestiona y que se cumple con los servicios públicos a los ciudadanos”.

Finalmente, el comisionado Daniel Cerdán, tras responder a cada una de las intervenciones de los portavoces, cerraba la comisión deseando “que en el futuro, en la próxima legislatura, se pueda seguir escalando y progresando en esta materia como creo que merece la pena”.

–> Grabación del Parlamento de Canarias: https://www.parcan.es/video/grabacion/10268/#1

En 2018 el Comisionado de Transparencia recibió 357 reclamaciones ciudadanas frente a denegaciones de información de las instituciones canarias; un 131% más que en 2017

Durante el año 2018 se recibieron 357 reclamaciones en el Comisionado de Transparencia de Canarias frente a las denegaciones de acceso a la información pública hechas a las solicitudes de los ciudadanos por las 98 instituciones del Archipiélago y sus entidades dependientes. Tal cifra representa un incremento de 203 reclamaciones sobre las 154 presentadas en el año 2017; es decir, se ha producido un crecimiento del 131%.

“Este aumento de las reclamaciones no se debe a que las administraciones denieguen más o menos que antes, sino a que los ciudadanos conocen más y mejor esta posibilidad gratuita, sencilla y accesible de reclamar ante nosotros a través de la sede electrónica”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

En los tres años y medio de funcionamiento de este órgano garante de la transparencia y el derecho de acceso a la información en Canarias el Comisionado ha recibido un total de 620 reclamaciones, ya que en 2016 fueron 91 y llegaron a 18 las recibidas en los últimos meses de 2015.

El otro ámbito de actividad de este órgano es el control de cumplimiento de las obligaciones informativas en los portales de transparencia; cuyo resultado se refleja en el último informe anual del Comisionado que se debatirá el próximo jueves en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias.

En el pasado ejercicio el Comisionado emitió 191 resoluciones, de las que 57 fueron de inadmisión (porque no se tramitó bien la solicitud o se pedían cosas diferentes a información pública disponible de las administraciones). Y de las 134 admitidas a trámite, únicamente nueve (el 6,7%) se desestimaron por completo; ya que en el resto los ciudadanos reclamantes lograron resoluciones en las que se les reconoce su derecho a toda la información solicitada o al menos –en nueve casos –  a una parte de lo piden. Es por ello que más del 93% de las reclamaciones admitidas a trámite obtuvieron resultados favorables para los ciudadanos.  Del conjunto de las reclamaciones presentadas a lo largo de 2018 restan actualmente 229 por resolver; ya que parte de las resoluciones emitidas en 2018 habían sido presentadas en 2017.

Las administraciones públicas más reclamadas en 2018 fueron los dos ayuntamientos de las islas capitalinas: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 51 reclamaciones y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 22. El resto de administraciones con diez o más reclamaciones en 2018 son la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (15), Radio Televisión Canaria (12), el Cabildo de Tenerife (10), el Cabildo de Gran Canaria (10) y el Ayuntamiento de Guía de Isora (10).


Desde la aprobación de la Ley de Transparencia de Canarias, cualquier ciudadano puede solicitar a las administraciones públicas, organismos, instituciones, sociedades y fundaciones dependientes de las mismas la información pública, sin necesidad de que tenga la condición de interesado o afectado en un procedimiento; es decir, tal como hasta ahora lo pueden hacer los periodistas.

Si la respuesta no es satisfactoria (sea CIUDADANO, PERIODISTA, SINDICALISTA o REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURÍDICA) puede realizar un recurso o reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por vía presencial, presentándola en cualquier registro público, por correo electrónico (y posterior identificación desde el órgano garante) y a través de la sede electrónica del Comisionado. Las indicaciones para presentar una reclamación se explican en este enlace: https://transparenciacanarias.org/hazunareclamacion.

Audiencia de Cuentas y Comisionado de Transparencia de Canarias trabajarán juntos en el control de la ejecución de las políticas públicas

La Audiencia de Cuentas de Canarias y el Comisionado de Transparencia han suscrito un convenio para unir y coordinar sus medios en el control, difusión y evaluación de las políticas públicas de las administraciones y organismos de toda la comunidad autónoma.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia, y Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, firmando el convenio.

El convenio firmado por sus dos titulares, Pedro Pacheco y Daniel Cerdán, les permitirá disponer de más y mejor información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras del sector público. Los indicadores del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que cada administración obtenga en la evaluación anual le serán útiles a la Audiencia de Cuentas para seleccionar mejor sus acciones fiscalizadores y de control, especialmente en lo que se refiere a la contratación pública, en el marco de sus nuevas competencias prevención de la corrupción. Y, por otro lado, el órgano auditor colaborará con el órgano garante de la transparencia en la detección de los incumplimientos en materia de publicación de datos económico financieros.

La transparencia y los diferentes mecanismos para canalizarla constituyen elementos que previenen y desincentivan la corrupción. El conocimiento de las decisiones que toman las administraciones públicas y de los procedimientos a través de los que lo hacen, así como de la motivación de las mismas, constituyen medios eficaces de lucha contra la corrupción. La transparencia facilita la rendición de cuentas y, por ende, que las decisiones puedan ser supervisadas y controladas.

La compartición de recursos y capacidad de análisis de ambos órganos de control, vinculados al Parlamento de Canarias, permitirá optimizar sus costes y mejorar la gobernanza pública, especialmente en los aspectos, económico-financieros, planificación y estadísticos, porque ha sido ampliamente demostrado que un mayor conocimiento de la información pública contribuye a una mayor integridad, equidad y eficiencia de la gestión.

«Lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía»

Entrevista a Daniel en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1957), nos habla de esta institución, pensada para mostrar al ciudadano aquella información a la que antes no podía llegar o a la que costaba mucho llegar. “Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda”, explica Cerdán para ilustrar la importancia del comisionado.

Mientras ejerció, usted fue de los pocos periodistas convencidos de la importancia de los datos para escribir piezas de valor. ¿Qué puede aportar a un informador en estos tiempos la institución que dirige?

Los datos primarios, los que genera cada fuente sin tratar, son un recurso mucho más relevante que los datos en general y por eso las nuevas normas de transparencia permiten un acceso a ellos: a los de las instituciones, sin que se «cocinen» o se edulcoren. Y permiten la elaboración de informaciones a posteriori por periodistas y analistas de cualquier tipo, mucho más precisa y mucho más valiosa para los lectores.

Por ello, un órgano de garantía de la transparencia como es el Comisionado de Transparencia de Canarias puede facilitar mucho las cosas a los periodistas y a cualquiera que necesite información de primera mano porque de alguna manera resuelve las reticencias que las administraciones tienen a entregar datos sensibles y, en todo caso, permiten a ese demandante de datos, si no dan la información que desea obtener, al menos una resolución ejecutiva que obliga a esa administración a entregar los datos o a recurrir a los tribunales; y ello de forma gratuita y breve.


¿Y para un abogado?

Para un abogado las ventajas de la ley de transparencia son muy similares a las ventajas que pueden tener con las nuevas posibilidades que puede tener un periodista. Cuando necesita armarse de argumentos e información para atender mejor las necesidades de su cliente hay mucha información que está en poder de las administraciones y que le puede ser útil de cara a preparar una demanda o una defensa o cualquier tipo de instrumento jurídico que se base en datos o en información documental.


¿Cree que la ley que regula las funciones del Comisionado de transparencia pone límites adecuados a la información que puede hacerse pública por las instituciones?

Hay muchos que sin pensar a fondo las cosas tienden a creer que cualquier tipo de libertades tienen que ver con la ausencia de límites. Y de esa forma entienden que lo mejor para cualquier tipo de libertad es la absoluta carencia de límites, cuando generalmente ocurre lo contrario: sin límites las libertades no funcionan porque invaden en general derechos de otras personas. Sin límites de circulación los coches no podrían andar por la calle porque chocarían en 5 metros. Pongo este ejemplo porque algo parecido ocurre con la libertad de información. Sin límites al acceso a la información pública cualquier motivo sería excusa para que cualquier administración la denegara. Cuando los límites están bien señalados y no tienen carácter invasivo ni abusivo respecto al derecho general de acceso, sirven para que se pueda distinguir claramente cuándo el derecho a la información lástima los derechos de un tercero y cuándo ese derecho es plenamente ejercitable y aplicable a una demanda de un ciudadano.


¿Tiene la sensación de que pasado lo peor de la crisis ha remitido también la fiebre por el acceso a la información pública?

La experiencia de los últimos años, de los cuatro últimos años,  en los que han estado en vigor las nuevas leyes transparencia viene a señalar que no existe tanto una fiebre por el acceso a la información pública como por un derecho a saber genérico e indeterminado que no requiriera mayores esfuerzos por parte de la ciudadanía. Pero, lo que nos ha enseñado la experiencia es que sin el ejercicio de preguntar, la obligación de responder está vacía. Y que si no hay muchas preguntas las administraciones no van a dar las respuestas que se esperaban. Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay información profunda y la calidad de la democracia y la gobernanza no es tan alta.


Transparencia es mucho más que hacer público sueldos y patrimonios de políticos y altos cargos ¿Qué más?

Los portales de transparencia tienen mucho más: la composición, funciones de la instituciones; el orden del día del Consejo de Gobierno y sus acuerdos; la descripción de todos los departamentos de todas las administraciones y de todo su sector público dependiente; la información relativa al personal de libre nombramiento y de los directivos, con sus perfiles profesionales; la relación de todos los puestos de trabajo y todas sus políticas de retribuciones; todas las normativas aplicables a cada área de gobierno, así como la descripción de las que están elaborándose; la explicación sobre todos los servicios y procedimientos; el desglose de los presupuestos y, lo que es más importante, la forma en que se ejecutan; las subvenciones, las campañas publicitarias y los patrocinios; el apunte al detalle de su patrimonio, los planes y programas y su evaluación; los detalles sobre todo tipo de obras públicas; hasta catorce obligaciones informativas sobre cómo se realizan los contratos; los convenios y encomiendas de gestión; el desglose pormenorizado de las subvenciones y ayudas; la información sobre urbanismo y ordenación del territorio; y todo tipo de estadísticas sobre los servicios públicos. Como verá, una información no demasiado entretenida, que no atrae a muchos públicos; pero que interesa sobre todo a las élites directivas, a los activistas sociales y a los periodistas, que han de traducirla a un lenguaje más accesible.

Aparte de este recurso, con las nuevas leyes de transparencia cualquier ciudadano puede preguntar fácilmente sobre cualquier información disponible en las administraciones y que no esté en sus webs o en sus portales de transparencia.


Más de un centenar de instituciones públicas y entidades dependientes de ellas de capital público no cumplieron en 2017 con sus obligaciones de información, ¿no es frustrante?

No, en absoluto. Prefiero ver la botella medio llena más que medio vacía porque prefiero pensar en los 209 instituciones y entes dependientes que presentaron su declaración de transparencia y que obtienen en general una media de más de 5 puntos sobre 10, que en aquellos que todavía no han alcanzado ese nivel en el cumplimiento de las obligaciones de publicar contenidos. Y lo digo porque hace un año el conjunto de las administraciones públicas de Canarias apenas sacaba un 3 como media en nuestra evaluación: y un año después ,llega a un 5. Es evidente que ha habido una progresión muy importante, una mejora muy relevante de prácticamente un 70 % en términos relativos. Y tenemos motivos fundados para pensar que a eso ha contribuido la oportunidad que hemos dado de que las instituciones se autoevaluaran a través de la herramienta telemática «T-Canaria». Se ha generado un deseo de emular a las instituciones mejores y todos procurarán perfeccionar su transparencia. Y estoy seguro de que eso va a ocurrir el próximo año y que estamos en un camino ascendente que permita colocar a la Comunidad Autónoma de Canarias como un espacio público con altos niveles de transparencia en los portales. Luego tenemos por delante una muy larga batalla para conseguir que las administraciones también estén a la cabeza en responder a los ciudadanos cuando se les pregunta; algo que les resulta muy cuesta arriba en muchos casos.


¿Qué importancia le da a la incapacidad que tiene por ley para sancionar a las administraciones incumplidoras?

La capacidad sancionadora de los organismos garantes o los comisionados de transparencia es algo que todos los expertos reclaman; tanto los expertos en la academia universitaria, como de organizaciones activistas y también de la gran mayoría de los consejos de transparencia autonómico y estatal. Sin sanciones en las carreteras ningún incumplimiento del código de tráfico sería penalizado y la gente circularía mucho peor. Dicho esto, habría que añadir que está resultando muy difícil en las sucesivas reformas de las leyes transparencia que están produciéndose en el país avanzar en ese camino. Ninguna hasta ahora ha conseguido introducir este concepto en en la legislación, si bien es posible que al menos, sino un régimen sancionador completo y terminado, sí podemos establecer algún tipo de penalizaciones, aparte de la penalización reputacional que supone aparecer en un ranking con una puntuación baja en esta materia.


¿Cómo se conjuga la importancia que debe tener el Comisionado de Transparencia con que solo disponga de dos técnicos y dos administrativos a su cargo?

El Comisionado de Transparencia de Canarias nació en un momento de crisis económica; en tanto en cuanto en el Archipiélago, como en el resto del país, en aquellos momentos las administraciones públicas tenían graves problemas para sostener incluso las prestaciones sanitarias o educativas que habían sido recortadas unos años anteriores. Y es por ello, que nacimos en un momento crítico que no permitía demasiadas alegrías presupuestarias; pero ahora una vez superada la crisis, cuando las arcas públicas vuelven a respirar y a tener altos crecimientos parece que es el momento ya de constituir realmente a un Comisionado que ha funcionado bajo mínimos en sus tres primeros años; y eso esperamos que ocurra.


¿En este sentido se siente limitado por depender funcionalmente del Parlamento de Canarias?

Todas las instituciones, pequeñas y grandes, son de alguna forma interdependientes entre sí. Y las que tienen la función de garantizar un control independiente y objetivo de otras administraciones es bueno que esa interdependencia solamente sea presupuestaria. Desde ese punto de vista la vinculación al Parlamento es la mejor de las posibles entre los modelos que se dan en el resto del país; porque es la institución soberana de control del conjunto de las administraciones públicas y el cumplimiento de las leyes y porque nos aleja de aquellas instituciones dependientes o vinculadas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos a las que debemos evaluar y controlar. Por eso yo creo que el modelo canario en ese sentido está entre los mejores, como otras comunidades en las que también su órgano de garantía de la transparencia depende de su parlamento. Y además, en noviembre esa condición autónoma e independiente se reforzó de forma notable al incorporarse el Comisionado de Transparencia como una institución estatutaria que tiene el respaldo o el reconocimiento en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, a la misma altura que instituciones con gran solera como el Consejo Consultivo de Canarias, la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común.


Pese a la escasez de personal y de presupuesto el Comisionado de Transparencia dispone de una herramienta telemática propia que facilita enormemente la carga en función a los sujetos o instituciones obligadas por la Ley de Transparencia…

Esa herramienta telemática creada en Canarias  se llevó  a cabo con una metodología estatal que nos permitirá a un tiempo evaluar a todas las instituciones con nuestra propia ley Canaria pero además podrán compararse en el futuro con otros ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del ámbito español. Esto nos parece importante porque la transparencia no es algo que se tenga o no tenga: se tiene más o menos siempre en comparación con otros, como ocurre con la belleza, que no es absoluta, sino que es relativa siempre en comparación con los cánones del momento. Desde ese punto de vista, la herramienta «T-Canaria» ha permitido una cosa muy importante: que es que todos se puedan autoevaluar primero; que todos puedan conocer de antemano su nivel de cumplimiento de la ley y que todos tengan al menos un mes para mejorar sus obligaciones de sus portales de transparencia. Y finalmente todos rinden de la misma manera lo que llamamos la declaración de transparencia. Creo que el procedimiento es muy claro, muy abierto, muy controlable también por los propios sujetos evaluados y creo que el tiempo dirá que estamos en el camino correcto y, además, nos permitirá escalar la calidad año a año.

La Transparencia en las universidades, necesaria para superar la crisis de credibilidad

Las universidades españolas están viviendo “una crisis de credibilidad” originada por ciertos casos de fraudes académicos publicados en los últimos meses por la prensa. El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, considera que una buena medida para combatir esa crisis sería que las instituciones docentes apostaran más decididamente por la transparencia institucional.

El comisionado participó ayer, 22 de noviembre de 2018, en la mesa redonda “Modelos de evaluación de la transparencia universitaria» en el marco de las Jornadas CRUE de Secretarías Generales que se celebra en la Universidad de La Laguna.

Daniel Cerdán durante su intervención en la mesa redonda sobre transparencia de las universidades en las XXIV Jornadas CRUE | Foto: Emeterio Suárez

En su intervención, Cerdán hizo referencia al sistema de evaluación implantado y desarrollado por el Comisionado de Transparencia de Canarias a partir de la metodología MESTA, que da lugar al índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Además mostró los resultados de las dos universidades públicas canarias, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que en la evaluación del ejercicio 2017, publicada recientemente en el Informe Anual de Transparencia 2017 del Comisionado de Transparencia, han obtenido una nota media de 5,47 sobre 10, muy parecida a la media total de los ayuntamientos canarios y por debajo de los cabildos y del Gobierno de Canarias.

El informe también recoge que las universidades públicas obtienen una buena puntuación en lo referido a la publicación de sus datos institucionales; aceptable en materia organizativa, baja en datos sobre personal de libre nombramiento, aceptable en información de empleo público; mediocre sobre retribuciones, baja en normativa y muy floja en planificación, lo cual, considera el comisionado, es especialmente relevante: “si no explicas qué es lo que pretendes hacer, resulta difícil que se te puedan pedir cuentas”.

En la mesa redonda también participó Miguel Ángel Acosta, secretario General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, quien también ha puesto el énfasis en la necesidad de dar un paso más allá de la transparencia. En su opinión, “la rendición de cuentas está relacionada con sociedades maduras, avanzadas y democráticas” y si bien en España parece una novedad surgida, aproximadamente, tras la crisis institucional denunciada por el movimiento 15M, es un concepto extendido en Estados Unidos desde los años 80 y en Europa desde los 90.

Ha explicado que existen numerosos medios para aplicar esta deseable rendición de cuentas, que van desde la utilización de inspectores delegados, como sucede con la ANECA en lo referido al análisis de las titulaciones; el cumplimento de informes de autoevaluación; o emplear el análisis de indicadores como los que ha formulado el Consejo de Universidades.

Crescencio Bravo, secretario general de la Universidad de Castilla–La Mancha, el último ponente de la mesa, mostró diversos modelos de evaluación de la transparencia que se están utilizando tanto a nivel internacional como nacional, entre los que destaca el MESTA, utilizado por el Comisionado de Transparencia para su elaboración del ITCanarias. Bravo ha explicado que la transparencia universitaria se resumen en la idea de “ver a través de la institución y se plasma en la publicación visible y accesible de sus datos»; y sostuvo, con respecto a la accesibilidad, que “nos obsesionamos por publicar, pero luego la mitad de las cosas no se puede leer desde un teléfono móvil o no son accesibles para determinadas personas con alguna discapacidad», ha señalado.

 

El Comisionado de Transparencia presenta el Informe de 2017 a la presidenta del Parlamento

Informe de Transparencia de 2017 y resumen ejecutivo

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la mañana del 19 de noviembre de 2018, el Informe de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017. Se trata del tercer informe del Comisionado de Transparencia de Canarias, en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, haciendo entrega del Informe 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

 

El informe recoge por un lado la evaluación de la transparencia de las instituciones canarias y sus entes dependientes a través de la aplicación telemática «T-Canaria», puesta en marcha a principios de año, y dando lugar al Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Por otro lado, el estado del derecho de acceso en Canarias, tanto de las solicitudes de acceso a información pública a los diferentes sujetos obligados, como de las reclamaciones interpuestas ante el Comisionado por denegación de información a los ciudadanos. 

Daniel Cerdán sostiene, con respecto a la evaluación de transparencia del ejercicio 2017, que se trata de «un pequeño hito que señala a Canarias como la primera comunidad autónoma que ha conseguido evaluar individualmente a todas las  instituciones de Canarias».

A continuación ponemos a su disposición el Informe 2017 al completo así como el extracto del resumen ejecutivo y las conclusiones: https://transparenciacanarias.org/informeanual2017/

Disponible la grabación de la entrega del Informe 2017 a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, y la posterior rueda de prensa pinchando en el siguiente enlace

Los cabildos casi duplican su nivel de transparencia en 2017: obtienen una media de 6,93 en el ITCanarias

Los cabildos insulares han casi duplicado entre 2016 y 2017 su nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicación de contenidos en sus portales de transparencia, que se refleja en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

La media aritmética de los corporaciones insulares pasa de los 3,85 puntos (sobre 10) alcanzados para el año 2016 a un  6,93 en 2017. “Refleja un esfuerzo importante en la mejora de sus portales de transparencia, la mayor de los cuatro niveles administrativos de Canarias, contando a las universidades. Desde que comenzaron su propia autoevaluación los portales de transparencia progresaron mucho”, indica el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. La media ponderada por la población de cada isla pasa de un 5,24 en 2016 a un 7,25 en 2017, porque las islas más pobladas obtiene notas más altas.

Mapa de Canarias: Cabildos Insulares en el ITCanarias 2017

Los cabildos de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria y La Palma sacan más de 6 puntos en la evaluación de transparencia de 2017 del Comisionado de Canarias. El Cabildo de Lanzarote, sin embargo, apenas alcanza los 4,52 puntos sobre diez.

La corporación insular con mejor puntuación en el índice ITCanarias de 2017 es el Cabildo de Tenerife, con un 8,43, mientras en 2016 tenía un 5,61. Es además la institución insular que mejor ha rendido cuentas en esta materia porque la práctica totalidad de sus entidades dependientes presentaron también su autoevaluación de transparencia a través de la aplicación electrónica del Comisionado, “T-Canaria”.

El caso más singular en esta evaluación es el del Cabildo de El Hierro, ya que de un ejercicio a otro ha subido la nota en casi 7 puntos: de un 0,76 en 2016, cuando no tenía portal de transparencia, a un 8,21 en 2017, con este espacio web bien estructurado y bastante completo.

El Cabildo de Fuerteventura duplica su logro en esta materia: pasa de los 3,97 puntos en 2016 a los 7,58 en 2017. Lo mismo ocurre con el portal del Cabildo de La Gomera: 2,59 en 2016, y 6,87 puntos en 2017.

El Cabildo de Gran Canaria obtuvo 5,49 en el año 2016 y en 2017 subió un punto, hasta 6,50. En sexto lugar, el Cabildo Insular de La Palma logra una mejora similar al de Gran Canaria, con un 5,54 en 2016, y 6,41 puntos en 2017.

Finalmente, el Cabildo Insular de Lanzarote queda el más rezagado en 2017, a pesar de mejorar en más de punto y medio: se eleva del 3,01 del año 2016 a un 4,52 en 2017.

Cabildos ITCanarias 2016 ITCanarias 2017
Cabildo Insular de El Hierro 0,76 8,21
Cabildo Insular de Fuerteventura 3,97 7,58
Cabildo Insular de Gran Canaria 5,49 6,5
Cabildo Insular de La Gomera 2,59 6,87
Cabildo Insular de La Palma 5,54 6,41
Cabildo Insular de Lanzarote 3,01 4,52
Cabildo Insular de Tenerife 5,61 8,43
Media aritmética 3,85 6,93
Media ponderada por población 5,24 7,25

 

Excel con las notas ITCanarias 2017 de los cabildos: ITCanarias Cabildos 2017

Enlaces a los siete portales de transparencia de los cabildos insulares:
https://transparenciacanarias.org/que-hacemos/enlaces/cabildos-insulares/

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS (ITCANARIAS)

La arbitrariedad en la evaluación de se ha reducido todo lo posible al ser calculada matemáticamente por un algoritmo. Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de Canarias hicieron primero un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Hecho que constituye todo un hito, ya que hace dos años no llegaron al 40%; el pasado ejercicio fueron el 89% y este año se ha alcanzado al 100%.

La aplicación “T-Canaria” facilita por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de institución ha de incluir en su portal de transparencia según la Ley: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias.

El Comisionado de Canarias, primer órgano de control de la transparencia español de carácter estatutario y reconocido en el bloque de constitucionalidad

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias ratificado el 24 de octubre definitivamente por el Senado convierte al Comisionado de Transparencia de Canarias en el primer órgano de control de la transparencia español en ser regulado por una ley de máximo nivel que forma parte del «bloque de constitucionalidad», el conjunto normativo de más alto rango del Estado, al que debe supeditarse el resto del ordenamiento jurídico español.

En este nuevo estatuto, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es reconocido como órgano de relevancia estatutaria.

Hasta ahora, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se configura en el artículo 58 de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia, como un órgano del Parlamento de Canarias al que corresponde el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo actuar en el ejercicio de las funciones que le atribuye dicha ley, con autonomía y plena independencia.

Con la aprobación de la reforma, el órgano garante de la transparencia en Canarias queda recogido en el Estatuto de Autonomía, dándole la condición de órgano de relevancia estatutaria y poniéndolo al mismo nivel que los otros órganos auxiliares del Parlamento de Canarias, el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias. El Estatuto recoge para el Comisionado que “una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley”.

 

ARTÍCULO 60 DEL NUEVO ESTATUTO

Artículo 60. Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

1. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo que establezca la ley.

2. Una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley.

3. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública será elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la ley determine

Los órganos de control de la transparencia en España firman en Cádiz una declaración para demandar más apoyo y compromiso a los poderes públicos

Los Consejos y Comisionados de la transparencia estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, firmaron una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un «apoyo explícito» a su labor desarrollada y un «compromiso decidido» en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

 

Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia estatales.

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del III Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Cádiz, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia firmó una declaración colectiva por la transparencia, apoyada por treinta y dos entidades de la sociedad civil. El texto pone de manifiesto que “nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general”. Por ello, “Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad”. 

La “Declaración de Cádiz” reafirma el compromiso de los Consejos y Comisionados de Transparencia con la implantación definitiva y eficaz de la Transparencia en España. Los órganos de control de la Red demandan un apoyo de los poderes públicos a la importante labor que estos realizan. Demandan también una reforma que mejore las garantías del derecho de acceso, consagrándolo como un derecho fundamental del ciudadano, “el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.