Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, junto a Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación, en la Comisión de Gobernación
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado hoy el informe anual del año 2021 y el avance de la actividad en 2022 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.
La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512
La grabación de la presentación del comisionado de Transparencia en la Comisión de Gobernación está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/ee9h-kBm5Dw
El progreso más relevante del año 2022 se produjo en una mayor verificación del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso cuando los ciudadanos son amparados para que les entreguen información. Se ha conseguido reducir en más de la mitad el número de resoluciones incumplidas en el periodo 2020-2022, tal como recoge el cuadro de ratios de cumplimiento por las administraciones canarias de las resoluciones de derecho de acceso a la información pública emitidas por el Comisionado de Transparencia. Hasta el año 2021, más de un tercio de las resoluciones anuales no se cumplía (en porcentajes semejante a las siete comunidades autónomas donde se mide este fenómeno). El programa de verificación llevado a cabo en los últimos catorce meses llevó a reducir los incumplimientos al 8,37 % en 2020; al 10,48 % en 2021 y al 17,75 % en 2022. No consta todavía el cumplimiento de 60 resoluciones de 2022, de 33 resoluciones de 2021 y de 19 resoluciones de 2020.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, ha recordado que “la transparencia no es solamente un derecho del ciudadano, sino que es también una herramienta que permite mejorar los resultados a las administraciones”. Porque los poderes públicos e instituciones tienen parecidos incentivos a los de las personas: “cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos –indicó -, lo hacemos mejor”.
En los últimos dos años, el Comisionado de Transparencia ha duplicado el número de expedientes administrativos, superando los 4.000 expedientes gestionados en 2022 y, en concreto, ha triplicado el número de expedientes de evaluación de los portales de transparencia, hasta alcanzar los 3.167 en el último ejercicio.
Con respecto a los resultados de las evaluaciones de transparencia, en la última evaluación correspondiente a la información del ejercicio 2021 se consiguió la participación del 84,77 % de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa de Canarias: todas las instituciones principales y sus entidades dependientes y las asociaciones públicas (FECAI y FECAM), el 44, 44 % de las mancomunidades, el 88, 06% de las corporaciones de derecho público y el 83, 29% de las entidades privadas.
La media aritmética del sector público alcanzó 7,82 puntos en la evaluación hecha en 2022 sobre el ejercicio de 2021. Las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio y colegios profesionales) consiguieron una media de 6,35 y el sector privado (los miles de empresas y organizaciones subvencionadas con más de 60.000 euros anuales) se quedó cerca del aprobado con una media de 4, 48.
En materia de derecho de acceso, Daniel Cerdán informó del aumento de las reclamaciones presentadas por derecho de acceso a la información pública, así como del número de resoluciones. Mientras en 2020 se registraron 386 reclamaciones y se resolvieron 359 expedientes, en 2022 las reclamaciones llegaron a 575 y se resolvieron 507, de las que el 76 % fueron estimadas con resultados favorables para los ciudadanos.
Daniel Cerdán reconoció que en comparación con otros comisionados y consejos están satisfechos con los medios que les atribuye el Parlamento, indicando que el costo del Comisionado se sitúa en 0,32 € por habitante al año. “La colaboración de las miles de entidades públicas y privadas en el proceso de evaluación de transparencia a través de la presentación de sus declaraciones de transparencia que luego se procesan telemáticamente permite que el pequeño equipo del comisionado pueda realizar dicha labor a muy bajo coste”, indicó Cerdán.
Los resultados de la evaluación de los portales de transparencia de las entidades privadas serán facilitados a las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias para que puedan ejercer el control y las acciones correspondientes con respecto a las entidades que reciben subvenciones de más de 60.000 euros y no cumplen con sus obligaciones legales de transparencia.
En cuanto al sector privado, y a pesar de que la nota está por debajo del aprobado (4,48 frente al 4,83 de 2021), Cerdán ha señalado que en contra de lo que pudiera parecer es «aceptable» si se compara con las de los dos primeros años de evaluación en el sector público, y porque «la inmensa mayoría» de las empresas desconocían sus obligaciones en materia de transparencia. El comisionado ha hecho hincapié también en el incremento exponencial de empresas privadas analizadas por el reparto de fondos COVID: en total fueron 3.319 las que en el ejercicio de 2021 tenían obligación al percibir una subvención superior a los 60.000 euros, de las cuales presentaron su declaración el 83%.
Intervinieron en representación de los grupos políticos, por este orden: Ricardo Fernández de la Puente Armas, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Francisco Antonio Déniz Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), Luz Reverón González, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Socorro Beato Castellano, portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario y Mauricio Aurelio Roque González, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Puede consultar la transcripción de las intervenciones completas del comisionado y de todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el siguiente enlace.
A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2019 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 125/2022, de fecha 25/5/2022, del Parlamento de Canarias.
10L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
El señor PRESIDENTE: Y vamos con el punto quinto. Le damos la bienvenida y los buenos días al comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ruego silencio, señorías.
Tiene la palabra.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo con ustedes un año más.
Siete minutos dan para lo esencial de un informe tan denso como el que hacemos todos los años, con más… basado en millones de datos que declaran más de 1000 operadores en Canarias.
La más joven y más pequeña de las entidades dependientes del Parlamento de Canarias tiene la misión de optimizar todo lo posible el sistema de remisión de cuentas informativas a los ciudadanos, tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes, como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años ya evaluamos anualmente.
Les adelanto un dato recién salido del horno. El día 31 de mayo comenzará la nueva evaluación. Además de a todas las organizaciones públicas canarias, vamos a instar a evaluar su transparencia a más de 3200 entidades privadas, frente a las 706 del año anterior. Y ello será por el gran incremento de las ayudas relacionadas con la pandemia COVID, que han sido financiadas ya en el año pasado y que continuarán en este. Por lo tanto, el número de nuestros expedientes va a ser superior a 3100 el año que viene, en el presente año quiero decir. Y será, por lo tanto, un 60 % superior al del año pasado, que ahora estamos valorando.
Todos los evaluados conforman lo que llamamos el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a los interventores de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. Solo por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos la eficiencia pública crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas por las leyes y por las garantías prestadas por los consejos y comisionados y en ´última instancia por los jueces.
La transparencia no responde solo a los derechos informativos de los ciudadanos y les permite valorar y decidir mejor, también afecta a la mejora de los servicios públicos. En España solo llevamos seis años en este camino y no es casual que en el ámbito de los Estados democráticos los países con más bienestar se corresponden con los que disfrutan de más alto grado de transparencia históricamente. No solo en sus leyes, que no son causa suficiente o motivo suficiente, sino en el comportamiento de sus responsables públicos y también en el de las preguntas de la ciudadanía. Es también una cuestión cultural, por lo tanto, el tema que nos ocupa, señorías.
Antes de que Jeremy Betham sentenciara en el siglo XVIII aquello de «cuanto más te observo mejor te comportas», ya el refranero español se había adelantado mucho al afirmar «el ojo del amo», soberano, «engorda al caballo», pero ya saben que el refranero dice uno y lo contrario, como veremos luego. El ojo del amo engorda al caballo, que es tanto como decir el ojo del ciudadano soberano acrecienta y mejora el servicio público. Por eso mismo es tan importante la labor fiscalizadora de los parlamentos. Insisto en ello porque la transparencia no es solamente una obligación burocrática.
Trataré a continuación de dos asuntos relevantes. Uno de cal y otro de arena, empezando por el segundo.
En el de arena no voy a insistir mucho porque ha sido conocido en los últimos meses y lo hemos desgranado bastante, con detalle, en nuestras noticias, que ustedes tienen en nuestra web. Todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas en los portales de transparencia determinadas por las leyes estatal y autonómica. En la quinta edición anual del informe del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse casi un millar, 968 exactamente, presentaron su autoevaluación de la transparencia del 2021 a través de la sede electrónica del comisionado, es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban más o menos tres cuartas partes del censo.
Continúa incrementándose la participación año tras año, ello nos permite calcular así el índice de transparencia de Canarias, un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias, las universidades, el Gobierno autónomo, los cabildos, los ayuntamientos, y al 95 % de sus entidades dependientes del sector público canario.
El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse este año, el año pasado, mejor dicho, en dos comunidades autónomas y lo hará en más comunidades en el futuro. Por primera vez en estos años la puntuación media de la transparencia en todo el sector público, las 345 entidades que lo componen en Canarias, superó el notable, los más de 7 puntos, el año pasado. Y en el sector privado, con solo dos años de evaluación, ya roza el aprobado con 4,8 puntos de media, un listón que le costó mucho más tiempo alcanzar al sector público cuando empezamos a evaluarlo allá por el año 2016.
Por primera vez en todos estos años la puntuación media de la transparencia, ya les decía, está en unos niveles satisfactorios, donde podemos encontrar, digamos, oportunidades de mejora. Está claro que empezar… que cada año… que emplazar cada año a todos los sujetos obligados a que sean transparentes también sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que, digamos, prácticamente a veces ni siquiera tienen portal de transparencia, ha conducido en el último lustro a una mejora indudable que está perfectamente comprobado. Los portales de transparencia están mejor.
¿Qué ocurre en el ámbito del derecho de acceso a la información? Una de cal y otra de arena, les decía antes, vamos con la de cal. Hemos podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso derivado, como hemos apuntado otros años, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder. No solamente escaso coste administrativo o político sino también social o reputacional. Y es mucho más difícil de medir porque no a todas las instituciones, las 98 instituciones canarias, se les pregunta lo mismo y se les pregunta con la misma intensidad.
Empezamos a constatar, por lo tanto, que un nutrido grupo de administraciones empieza a meter en la gaveta las solicitudes de información que les llegan por parte de los ciudadanos. El silencio administrativo no es un despiste, es un silencio activo, decisivo en muchas ocasiones. Una administración puede perfectamente negar una información, porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera cinco líneas, que cuesta cinco minutos. La mayor parte, eso es un… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Perdone, para… sí, para añadirle, para añadirle algo de tiempo.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien.
Les decía que prácticamente el 80 % de las reclamaciones que nos llegan es porque las administraciones canarias ni siquiera les contestan, es decir, aplican el silencio administrativo.
El silencio, les decía, ni enuncia, no afirma ni niega, no indica, no apunta ni sugiere, desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas» que sentencia también el refranero. Es una gran vacuna contra la verdad, por eso debemos combatirlo.
Porque el silencio no es un asunto de los administrativos, ese silencio no es administrativo, es un silencio decisivo, del que decide. Y por ello que, como les informaba en la comisión, en paralelo a la evaluación de la transparencia activa hemos iniciado un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información, porque comprobamos en enero pasado que de las 384 resoluciones estimatorias en los años 2020 y 2021 casi la mitad, 201, no existía constancia de cumplimiento. En cuatro meses, de enero a finales de abril hemos reducido este incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes 137, y esperemos reducirlo en otro tercio más en el próximo cuatrimestre y que sean menos de 30 a final de año. Este es un propósito que espero poder rendir cuentas en la próxima comparecencia.
Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible, es decir, cuando este Parlamento afronte -como está previsto en el plan normativo de la comunidad autónoma- la futura ley de gobierno abierto, que será la gran reforma del sistema de transparencia de Canarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Empezamos con los turnos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.
Señor comisionado, quiero en primer lugar felicitarlo porque no hay nada como predicar con el ejemplo y usted lo hace con su trabajo y el de todo su equipo, una felicitación que quiero hacer extensiva a todo su equipo, porque por muy bueno que uno pueda ser nada se hace si no cuenta con él.
Entrando en el informe del 2019 y los avances de la información comparativa de los años también 2021 y 2020 que usted nos ha dado no puedo sino ponerlos en relación y hacer mención de ellos también en algunos comentarios que le voy a hacer.
En primer lugar, es de resaltar la evolución positiva, muy positiva, que en los últimos años han tenido los distintos indicadores. Lo primero de ellos, las reclamaciones por derecho al acceso a la información, vemos cómo ha habido una… menos en 2019 si las comparamos con las del año 2018, donde se duplicó la cifra de reclamaciones. Esto sin otro dato podría parecer dos cosas, por un lado, que no se ha utilizado al comisionado para trasladar las faltas de respuesta o que se ha producido una mayor respuesta por parte de las administraciones, y por tanto ha habido menos reclamaciones. Lo cierto es que viendo el avance de los datos que también usted facilita en su último informe de 2020-2021 vemos cómo el número de reclamaciones se vuelve a incrementar notablemente.
El informe pone de manifiesto el altísimo número de reclamaciones solucionadas durante el año 2019, dado que son muchas las que se han presentado y entiendo que se hacen referencias a esas reclamaciones resueltas, que estaban también pendientes de ejercicios anteriores.
Otro indicador, que creo que ya mencioné también en otras comparecencias suyas, es el poco uso que se hace de la sede electrónica, que quizás es un problema que aquí también hemos debatido con cierta frecuencia y es la brecha digital que tenemos todavía a día de hoy en Canarias.
De su informe se desprende que el principal motivo de reclamaciones es la falta de respuesta de la Administración al administrado, y usted lo ha puesto de énfasis en su intervención. En el caso del 2019 fue el 81 % de las reclamaciones, un dato altísimo.
Y yo tengo que decirle, igual que le dije en comisión, que durante del estado del debate de la nacionalidad una de las propuestas que yo le hacía al Gobierno era que hiciéramos un mayor uso del silencio positivo, como forma de eliminar esos obstáculos a la hora de hacer peticiones por parte de los usuarios, porque ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno en algunos casos a la toma de decisiones que pueden como tener resultados la falta de generación de actividad económica o simplemente la falta de información. Una administración ágil, pero desde luego garantista para el administrado, es desde luego de gran ayuda para agilizar la toma de decisiones. A la vista de los datos, este es sin duda un elemento principal de sus reclamaciones.
Uno de los puntos negros de los informes anteriores era la falta de respuesta de las administraciones, como he dicho, pero vemos cómo en este año 2019 la participación, que yo creo que también es importante, ha crecido y fue de casi del setenta y cinco por ciento, y en el 2020 ha sido del 86,51 %. Creo que eso es una buena noticia, que las administraciones se impliquen en el ámbito de la transparencia.
E, insisto, creo que también esto, buena parte de este éxito o ese incremento del dato es debido a la labor que desde el comisionado y la insistencia que es del comisionado se hace para tener respuesta de todas las administraciones.
Como también le dije, me sorprendió y me sigue sorprendiendo esa falta de transparencia de nuestras universidades que después de que en los dos ejercicios anteriores sacasen ese cinco raspón que yo le decía pero suspenden en el 2019 en transparencia, si bien al año siguiente se han puesto las pilas y han mejorado notablemente, lo cual hace hincapié en que este informe aparte de los que aquí estamos lo lee más gente, y eso yo creo que también es una muy buena noticia.
Los incumplidores se… las incumplidoras se siguen reduciendo, y dentro de los que cumplen -son la inmensa mayoría- vemos también que las puntuaciones se van elevando año tras año, al final esto no deja de ser una especie como de liguilla en la que todos quieren tener una buena nota al final.
Referidos a los ayuntamientos en general su comportamiento y su puntuación son muy buenos o excelentes, pero también preocupan algunos municipios que siguen sin tomarse en serio el hecho de la transparencia.
Para ir terminando me gustaría hacer mención a ese informe sobre la COVID y las administraciones, y que también ha sido elaborado por su departamento, un informe de casi mil páginas que aporta muchísima información. Me gustaría, en esta parte, centrarme en la última parte y porque es evidente que la COVID, si bien, ha modificado muchas de nuestras actitudes y nuestros pensamientos, también es verdad que ha llevado a la Administración a tomar decisiones en algún caso por la rapidez y la urgencia que, por ejemplo, como ayer vimos, con el caso las mascarillas que van a dar mucho que hablar.
Yo creo que buen ejemplo de esa situación, de esa gestión de la transparencia ha sido lo que este propio Parlamento ha llevado cabo adaptándonos en un corto plazo de tiempo a seguir llevando una actividad ordinaria en la gestión del día a día y que no se parase la actividad del Parlamento.
Termino… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), termino con la última parte de su informe, las sugerencias que bien pueden ser consideraciones para llevar a cabo de esas 13 que usted sugiere, solamente fijar dos: la falta de la publicación de la relación de todos los contratos realizados durante la COVID-19, creo que es un tema que es importante y, como ya le dije, lo hemos hablado aquí; y también las ayudas y subvenciones concedidas.
Termino felicitándole a usted y a todo su equipo por un magnífico trabajo hecho en pro de la transparencia de Canarias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.
El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.
Muy buenos días, señor Cerdán, bienvenido al Parlamento, una vez más. Sin duda, cada vez que viene para nosotros es un ejercicio de responsabilidad porque permite a las administraciones públicas dar esa mejor respuesta al ciudadano, que creemos que tiene que ser la base de toda las políticas.
Por lo tanto, le agradecemos que comparezca hoy aquí, ya tuvimos también la oportunidad de hablar, bueno, en este caso fue mi compañera Melodie quién estuvo en la comisión para hablar de su informe anual cuando se daba cuentas del trabajo que se realiza desde la oficina del Comisionado de la Transparencia.
Yo creo que es importante debatir de forma periódica sobre estos datos, sobre el ejercicio de la transparencia y el acceso de la información, porque realmente nos permite impulsar la mejora y transformación del sector público canario a uno más accesible y, sobre todo, que sea sensible con los ciudadanos, que dé esta manera…, pues, podrán estar más informados de lo que hace la Administración.
Y le reitero lo que le dijo mi compañera Melodie en la comisión, que cada año que pasa el informe es más completo gracias al continuo esfuerzo de superación de los de trabajadores de la oficina del Comisionado. Y es que, precisamente, ustedes siempre aspiran a mejorar y creo que un claro ejemplo de ello es que se haya triplicado su actividad en dos años, desde el 2019 al 2021, ejercicios que han sido especialmente complejos y también bastante difíciles para la Administración debido a la pandemia que sufrimos. Los datos están ahí, de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1965 del 2021. Creo que el avance en tramitación que en el último año ha supuesto un 55 % más de expedientes administrativos tramitados es una buena noticia y nos alegramos de ello. El conjunto total de…, perdón, un avance considerable gracias a esa comprobación y evaluación de forma interactiva y periódica de los datos incluidos en los portales públicos y privados de quienes están obligados a cumplir con lo preceptuado en las normativas relativas a la transparencia, ya sea por ser administraciones públicas, y también de aquellos entes privados que reciben fondos públicos para la realización de distintos fines. Una labor en la que han contado con más de mil colaboradores que se han autoevaluado de entre las 340 entidades públicas y las casi 600 entidades privadas subvencionadas y, por supuesto, por la tramitación de los expedientes correspondientes a las denegaciones de información de las administraciones a los ciudadanos que en el 2021 llegaron a las 525, más de un tercio que el año pasado, y de las cuales han tenido resolución unas 496. De estas reclamaciones hay que destacar que el 80 % han sido silencio administrativo por falta de diligencia en la tramitación de las solicitudes de información. Ayuda mucho a las administraciones que el comisionado cumpla un papel no solo de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, sino que también ejerce una labor propia de la evaluación y de calificación de las entidades que cumplen para que mantengan esos estándares.
Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Canarias, ya que en el conjunto total de las entidades subvencionadas con dinero público solo roza el aprobado con un 4,83, pero lo cierto es que hemos mejorado en casi un punto la nota obtenida en el informe anterior y, además, que es cierto que cada vez más entidades privadas apuestan por la excelencia. El sector público de media, sin embargo, está entre el 7,91 y el 7,65, subiendo más de un punto que el año anterior y las corporaciones de derecho público también con un incremento de un punto. Por fin, aprueban con un 5,52. Y si hablamos de la excelencia en la transparencia hay que recordar los premios que se han dado y que en 2019 de las más de 330 entidades públicas apenas 94 llegaron a tener una nota entre el 9 y el 10, ahora esta cifra se incrementa y tienen esta alta valoración hasta 145 entidades públicas. Esto un dato muy positivo que debemos seguir incrementando.
Y aprovechando esta intervención, desde nuestro grupo pedimos una vez en esta Cámara que se den los medios al comisionado de la Transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tienen actualmente hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.
Y, señor Cerdán, termino felicitándole a usted y a su equipo una vez más por ser un ejemplo y ayuda a cambiar esta gestión de Canarias, y creo que ustedes están siendo clave para ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.
El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.
Bueno, yo creo que con los datos que nos ofrece el comisionado tenemos muchísimos motivos para estar, digamos no solo contentos sino también orgullosos del trabajo que están haciendo cientos y cientos, no más de ochocientos funcionarios, en todas las administraciones, entidades públicas y privadas por, digamos, exponer transparentar la actividad que se está haciendo. Porque tenemos que decir que el resultado de este informe que tenemos hoy aquí es un trabajo del comisionado, del equipo, al que felicito, al que felicito que está aquí presente, es un trabajo tremendo pero además también es un trabajo que requiere de la colaboración, de la colaboración de montón de personas que trabajan en situaciones a veces también de extrema saturación en muchas instituciones públicas, y tienen que realizar también tareas para las que ni se les contrató ni estaban pensando que iban a desarrollar ese tipo de trabajo, es decir, es un trabajo sobrevenido, y, en ese sentido, me parece que es importante aplaudir el esfuerzo que muchas personas están haciendo por, digamos, decir si los índices, los índices de transparencia pública, se están llevando a cabo o no o si son positivos, y sobre todo yo me quedo con un dato fundamental, y es la tendencia, porque aparte del dato lo importante es la tendencia de los datos, y evidentemente con los datos que se están exponiendo aquí en relación a otros informes anteriores la tendencia es al alza totalmente en ganar en democracia, que es lo que quiero decir.
Si desde 2015 empezamos con dieciocho expedientes estamos ya por más de tres mil expedientes, y eso es una progresión tremenda que implica ese esfuerzo -de dieciocho expedientes a más de tres mil y pico expedientes-, entonces tenemos que ser considerados con una situación novedosa que se inició hace cinco años y entender todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo la preocupación y tenerlo también el objetivo de muchas instituciones.
Creo que ganamos en democracia; creo que esto tiene que ver también, los resultados, con que este equipo se ha reforzado pero también con que muchas instituciones también se han reforzado en cuanto a su personal y en la dedicación que muchos responsables, por ejemplo de ayuntamientos, imponen también a sus equipos, es decir que forma parte también de las agendas decir si se supera o no se supera y, por lo tanto, supone un esfuerzo que hacen las instituciones por atender a la ciudadanía. Esta competencia que hay entre muchas instituciones nos parece a nosotros que es sana, nos parece a nosotros que es sana y que desde luego no podemos descuidar.
La brecha digital disuade a muchas personas, porque muchos trámites se hacen también vía digital, la brecha digital disuade a muchísimas personas de presentar reclamaciones.
Hay una diferencia en el informe que se nos presenta en cuanto a la provincia de Gran Canaria y a la provincia de Tenerife, en el informe mismo se dice que hay mucha más tradición de asociacionismo y organizaciones respecto a Tenerife en la provincia de Gran Canaria, mucho más, digamos, preponderancia de las reclamaciones. Esperemos que esto se termine definitivamente nivelando.
Me parece también que es importante el dato cualitativo que apunta el señor Cerdán en el sentido de que a mayor bienestar mayor transparencia. Eso es importante plantearlo. Es decir, a mayor bienestar mayor democracia. Por lo tanto es un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que además todo está bastante relacionado.
El dato cuestionable, pues por ejemplo que la no respuesta a la ciudadanía no tenga un coste para las instituciones, eso me imagino que con el paso del tiempo ya estarán arbitradas algún tipo de medidas en este sentido.
Las reclamaciones que tienen que ver con la ordenación del territorio siguen ocupando un papel importante; la preocupación por en qué situación está mi expediente sigue manifestando una preocupación de la ciudadanía.
Luego a nosotros nos parece que el dato es impresionante en el sentido de que más del 43,5 % de los expedientes en las instituciones sacan sobresaliente, más del 43,5 %; por ejemplo que más de ciento cuarenta y seis instituciones estén más del 9; que el 50 % de las instituciones, perdón, 50 instituciones tengan un sobresaliente, que 146 estén sobre el 9, por ejemplo… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) que quienes no superan el aprobado, que al principio estaba en el 50 %, actualmente se ha reducido a un 14,9 %. Son tendencias relevantes, que significa que mucha gente se está poniendo la pila, en el sentido de competir por una mayor transparencia y además por una mayor claridad en la gestión que se hace.
Y luego a nosotros nos parece que es importante que tengamos que tener en cuenta que no todas las instituciones están en las mismas circunstancias. No todas las instituciones tienen la capacidad o el personal o, digamos, una realidad informática apropiada y que, por ejemplo, algunas instituciones que no superaron este aprobado yo tengo que decir que tenían la página web en un proceso de cambio, como por ejemplo la Academia Canaria de la Lengua, tenía en este momento en que se está evaluando y que luego el personal que se tenía está dedicado fundamentalmente a tareas que tienen que ver con la tarea filológica y no este tipo de tareas que les sobreviene.
Por lo tanto, felicidades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Déniz.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al comisionado de Transparencia.
Un placer, una vez más, contar con su presencia, a una persona, a una institución que es una de las instituciones estatutarias, por tanto una de nuestros marcadores de canariedad, de autogobierno y, por tanto, una de las instituciones de las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos.
Una institución que además vela por seguir incrementando el nivel de transparencia, por tanto de calidad de nuestra democracia.
Se hablaba de que si una sociedad mejora la transparencia, mejora… creo que es a la inversa, si se mejora desde el punto de vista de transparencia la dación de cuentas de las distintas instituciones públicas y cada vez más instituciones privadas, sobre todo aquellas que participan de fondos públicos, las sociedades finalmente avanzan, la calidad democrática avanza, el bienestar de la gente también avanza.
Pero quiero empezar, por supuesto, con una felicitación. Yo creo que este informe es tremendamente positivo, con algunas lagunas, con algunos aspectos que hay que seguir mejorando, en un nivel de autoexigencia importante, porque, vuelvo y reitero, todo lo que sirva para incrementar la transparencia servirá para mejorar la calidad democrática de nuestra tierra, de Canarias. Y esa felicitación quiero hacerla al conjunto del equipo del Comisionado de Transparencia. Creo que es fundamental la labor que desarrolla. Y, como hacía en la comisión, quiero extender esa felicitación también a los distintos equipos que de cada una de las instituciones, del Gobierno de Canarias, cada una de las consejerías, cada uno de los cabildos insulares, cada uno de los ayuntamientos, que están detrás de esos portales, que han estado en la implementación y que están en la actualización de cada uno de esos portales, por supuesto extender esa felicitación, porque forma parte de este éxito, de este avance colectivo.
Yo creo que uno de los aspectos principales que hay que destacar es el aumento de la actividad del Comisionado. Ese aumento creo que refleja un éxito importante de esta figura estatutaria, demuestra el interés de la ciudadanía por el acceso a la información pública, pero creo que refleja sobre todo que la ciudadanía conoce mejor sus derechos, el del acceso a la divulgación, y eso también es una labor importante, uno de los elementos importantes que figuran entre los objetivos del Comisionado de Transparencia, la divulgación, por supuesto la información y la formación constante en este ámbito.
Y hablo de éxito, porque si uno analiza el primer año en el que se comprobó el cumplimiento de las obligaciones en las instituciones canarias, año 2015, en aquel instante 37 entidades fueron las que colaboraron con dicho Comisionado. La Administración pública de la comunidad autónoma, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, y 32 de los 88 ayuntamientos. Solo el 38,5 % de las instituciones canarias. En este instante el nivel de participación, el nivel de colaboración, el nivel de rendición de cuentas es muy superior. Evidentemente creo que estamos en un porcentaje aproximadamente en el que solo el 5 %, 14 de 336 entidades de sujeto público obligadas, no presentaron su declaración de transparencia. El objetivo será que sea el 0 % y esperemos que todas las instituciones en poco tiempo, a ser posible ya en el próximo informe, estemos colocados en ese ámbito.
Pero además no solamente ese altísimo nivel ya de participación, sino que el 86 % de las entidades obligadas lo hacen de manera adecuada, y que las instituciones principales lo hacen al 100 %, y sobre todo, como bien se comentaba con anterioridad, que estamos ya en una nota media de un notable alto, rozando ya el 8. Y sobre todo también un aspecto muy positivo, que ha sido clave para conseguir estos datos, ha sido la puesta en marcha de esa aplicación de Canarias que, además ha sido objeto de reconocimiento de algunos premios a nivel, bueno, fuera de nuestra tierra.
Por tanto, creo que son avances que a lo largo de los años se han ido consolidando y que se empiezan a ver los frutos de manera relevante. Obviamente, dentro de esas lagunas, de esas sombras que hablábamos con anterioridad están, pues bueno, las reclamaciones que se siguen planteando, las desestimadas y las resueltas crecen de forma importante, pero incluso en este caso yo quiero ver un aspecto positivo. (El señor diputado se dirige sin micrófono al señor presidente, que le da un tiempo adicional). Positivo porque cuando se incrementan en ocasiones las reclamaciones puede ser por dos cuestiones fundamentales: porque se incrementa, quizás, la desidia o la falta de cumplimiento por parte de las administraciones, pero puede ser también, precisamente, por una mayor toma de conciencia de la ciudadanía de cuáles son sus derechos y, sobre todo, de atreverse a reclamarlos y exigirlos a las instituciones. Porque es más fácil que existan reclamaciones de este tipo cuando hay ya portales de transparencia en todas las administraciones a cuando prácticamente no existían. Por tanto, también en este sentido, vamos a intentar verlo desde una mirada… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez.
Permítanme, señorías, en lo que la señora Pérez llega al estrado, saludar en nombre del Parlamento de Canarias al embajador de la República de Eslovenia don Robert Krmelj, bienvenido, a quien le acompaña la consejera de Economía y Política de la embajada, Tina Grgantov, el presidente de la Cámara de Comercio y el cónsul honorario en Canarias, Pedro Gómez. Les damos a todos ellos una calurosa y afectuosa bienvenida al Parlamento de Canarias, muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ BATISTA: Bienvenidos, muchas gracias, señor presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor comisionado.
Bueno, felicitar en nombre del Grupo Popular a don Daniel Cerdán por formalizar este informe, que pone en valor el gran trabajo que lleva realizando en los últimos años el equipo del Comisionado de la Transparencia que tan acertadamente dirige. También quiero agradecer la labor desempeñada por los empleados públicos de todas las instituciones públicas canarias y también empresas públicas. Creemos que es de justicia reconocer el esfuerzo que se ha realizado en este sentido.
Señorías, señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en el estado de derecho, nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente donde la transparencia es un aspecto clave y esencial. No en vano la primera ley de transparencia en nuestro país fue obra del Partido Popular, concretamente en el Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Lo cierto es que en los nuevos tiempos de la sociedad de la información la que estamos inmersos la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news, están a la orden del día y es en este contexto la transparencia real, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático.
Respecto al informe remitido a este Parlamento debo reconocer especialmente el valor de los datos contenidos en el anexo del informe anual, centrado en COVID-19 de las administraciones públicas en Canarias en 2020 y que nos adelanta algunos datos realmente esclarecedores sobre la gestión del Gobierno de Canarias en periodo pandémico. Hablamos de un volumen de información muy importante, como los 969 contratos de emergencia realizados por casi 55 millones de euros, de los que 928 corresponden a negociados sin publicidad.
Pero, centrándonos más en el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia, nos llama la atención el alto número de reclamaciones de ciudadanos a las que alguna de las 336 entidades o instituciones públicas canarias les denegó una vez o varias las peticiones de información. Las 386 reclamaciones en 2020 y las más de 500 el año pasado. Un 76 % estimadas parcial o totalmente, lo que significa que estos reclamantes, el 76 %, tenían derecho a acceder a la información pública que la Administración no les facilitó.
Preocupante, y mucho, que un 80,76 % de las reclamaciones tengan que ver con el silencio administrativo, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano o administrado cuando se relaciona con la Administración, es decir, que ni sí ni no, ni blanco ni negro, la callada por respuesta, como usted mismo expresó en la presentación en el año 2008.
En cuanto al índice de transparencia, se indica una mejora hasta 8,4 de la media de los portales de transparencia dependientes del Gobierno de Canarias. 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior cuando la media fue de 6,90.
En cuanto a los cabildos insulares, tras cinco años de evaluación del índice de transparencia de Canarias, se superan y mejoran sus portales de transparencia. Felicitar al Cabildo de La Palma, que consiguió el último año un 10 y animar y exigir a los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura un mayor esfuerzo, ya que no llegan al 7,5.
En cuanto a las corporaciones locales, los ayuntamientos… bueno, en líneas generales también han experimentado una evolución positiva y una mejora importantísima en transparencia, pero todavía hay algunos que rondan entre el 6 y el 7, incluso algunos que rondan el suspenso. Quiero… permítanme, evidentemente, como alcaldesa de Arrecife que, bueno, que saque también en valor, Arrecife sacó un 10, con lo cual es algo que evidentemente nos enorgullece. En concreto 12 ayuntamientos canarios no alcanzan el 5, lo que debería… (ininteligible) sobre la causa. Falta de personal, de recursos o simplemente una negativa de los gobiernos a una gestión transparente de cara a los ciudadanos.
Entidades privadas que fueron subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos con más 60 000 euros anuales. Pues yo creo que merece que nos detengamos un momento. De las 706 entidades privadas que habrían recibido ayudas y subvenciones públicas por cerca de doscientos cuarenta millones de euros procedentes de fondos públicos, llama la atención que 127 entidades que estaban obligadas a presentar su declaración de transparencia no lo hicieron. ¿Sabemos, señor comisionado, si por parte de la Administración se ha hecho algo con estas entidades incumplidoras de la ley de transparencia? ¿Cómo es posible que haya entidades que hayan recibido 200 000 euros de fondos públicos y no hayan presentado datos? Por tanto, confiamos en que estas estadísticas desde luego no se vayan a quedar solo en eso sino que nos sirvan también para detectar deficiencias.
Terminamos. Seguir animando al comisionado a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones en la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor comisionado.
Nos presenta hoy el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia correspondiente al año 2019, que además acompaña una novedad sobre las entidades privadas que recibieron ayudas o subvenciones de más de 60 000 euros. Es importante porque se habla mucho del uso del dinero público por las administraciones públicas pero poco del uso del dinero público por las entidades privadas. Importante este paso que ha dado con este informe, y además nos presenta un anexo sobre la transparencia en la gestión del COVID.
Queremos felicitarle a usted y al trabajo de su equipo por la rigurosidad, la extensión y el detalle de ambos informes.
Con carácter general hay una buena evolución de las puntuaciones, salvo algunas excepciones en ayuntamientos, sin embargo esta evolución y estos resultados siguen siendo insuficientes. Insuficientes, porque además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer, porque aún sigue siendo escasa la participación de la ciudadanía y las preguntas de la ciudadanía.
¿Tiene esto que ver con el cansancio frente a la opacidad de los gobiernos en decisiones que nos competen a todas? ¿Tiene que ver con esa falta de transparencia?, por ejemplo, en la gestión del COVID es un claro ejemplo de ausencia de transparencia, imposición de medidas y restricciones que nunca se explicaron debidamente a la ciudadanía, que fueron adoptadas sin participación de los ciudadanos, limitaciones de derechos que ni siquiera se consultaron con los sectores implicados.
En el informe del COVID concluye con un conjunto de sugerencias al Gobierno sobre una mayor transparencia en las subvenciones y en las ayudas concedidas, en los contratos relacionados con el COVID y en la publicación del pacto para la reactivación social y económica. Y lamentamos que esas sugerencias, señor comisionado, hayan caído en saco roto.
También el Grupo Nacionalista Canario pidió más transparencia sobre el pacto de reactivación social y económica y nos topamos con la negativa del Gobierno.
Y sobre algunos contratos millonarios del COVID, contratos fallidos, con indicios de presunta comisión de delitos, nos estamos enterando por fases y por los medios de comunicación.
Decía que todos tienen derecho a preguntar, pero al Gobierno le incomoda contestar a la oposición, y se extiende el reproche de que cada vez que preguntamos estamos haciendo política. ¿Eso hacer política? ¿Interesarnos por lo que la ciudadanía demanda? ¿Es hacer política trasladar sus problemas, hacer propuestas y fiscalizar al Gobierno? ¿Qué otra cosa si no es la labor de un parlamento? Esta y no otra es la labor de la oposición, de una oposición responsable.
Bajo el pretexto de la crisis del COVID, del volcán de La Palma o de la crisis migratoria se nos pide silencio, pero callando no estaríamos contribuyendo a mejorar las cosas y a transformar la sociedad. Esa es la labor de una oposición responsable.
La transparencia debe ir más allá de la mera transparencia formal de los datos para extender a la transparencia material del por qué de los hechos, del por qué de las decisiones, de las consecuencias de las políticas de los gobiernos.
Y sin ir más lejos, en Canarias seguimos sin saber el por qué de este viraje respecto al Sáhara, una decisión que nos atañe. Y vamos a tener hoy una visita a destiempo de un ministro, pero seguiremos sin saber cuáles son las consecuencias y por qué de esa decisión, sin poder participar en decisiones sobre política migratoria, cuando la razón, la ley y el Estatuto de Autonomía nos asisten sin poder conocer qué hay detrás y participar en decisiones de enorme calado sobre nuestras aguas, quizás deberían evolucionar las leyes de transparencia y pasar de la mera burocracia de los datos y de las cifras, que solo da una falsa apariencia de transparencia, y dar un paso más para que los gobiernos estén obligados a evaluar las políticas públicas, a dar explicaciones sobre sus decisiones, cuáles son las verdaderas implicaciones y las consecuencias de las políticas públicas para los ciudadanos.
Vamos terminando, señor presidente… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), dando las gracias al señor comisionado, una vez más, y a su equipo por el trabajo y le animamos a seguir trabajando en esta tarea de pedagogía de la transparencia. Cuente con el Grupo Nacionalista Canario para evolucionar en materia de transparencia y en las leyes de transparencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Mendoza.
La señora MENDOZA REYES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán.
Quiero empezar mi intervención recordando lo que ya explicó el señor Cerdán en su turno de intervención, qué es el Comisionado de Transparencia y Acceso a Información Pública de Canarias. Es un órgano dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia, del derecho de acceso a información pública. Y venimos hablando de transparencia desde el año 1992 y hemos ido actualizando la actividad conforme a las modificaciones europeas y los diferentes gobiernos de España hasta llegar a la ley que conocemos hoy.
Se le atribuía al comisionado dos facultades básicas que son: la del control del cumplimiento de publicar la información conocida como la publicidad activa; y la facultad de resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a información de las entidades y organismos incluidos en la propia ley de transparencia canaria. Y es, precisamente, este punto que venimos a tratar hoy en este informe anual correspondiente al año 2019. Y después de su intervención solo nos queda felicitar al comisionado por el trabajo realizado en estos años y por gestionar en el año 2021 los casi dos mil expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, es decir, un 55 % más de expedientes administrativos que el año anterior.
Extraemos del informe diferentes datos, todos ellos muy buenos en comparación con años anteriores, que reconocen el trabajo y la dedicación del comisionado para salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de Canarias.
Que se hayan triplicado las evaluaciones de transparencia en los dos últimos años es el resultado de unir esa dedicación plena del comisionado con la colaboración de los declarantes, cuestión que celebramos.
Ese trabajo concienzudo y la colaboración estrecha tiene como resultado dos cuestiones importantes: la primera, que el conjunto del sector público de Canarias supere la nota 7,7 como promedio de las evaluaciones, con respecto a las de 2020 y que de 1119 sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia 968 finalmente colaboraron con el comisionado presentando su declaración, es decir, un 86,51 %.
Extraemos del informe otro dato importante, y que podemos distinguir de los años anteriores, que las reclamaciones de derecho de acceso a la información y es que se hayan incrementado un 36 % este tipo de reclamaciones nos hace ver que la ciudadanía cada vez está más interesada en la información pública, en la transparencia, en manejar datos y, especialmente, en saber dónde reclamar si sienten indefensión por parte de la Administración pública.
Haciendo un balance de los siete años de vida del Comisionado podemos afirmar que el derecho de la información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad, así como explica en el informe presentado, los datos hablan por sí solos. De 1553 expedientes de reclamación se inadmitieron 307 reclamaciones, se estimaron totalmente 601, parcialmente 139 y formalmente por entrega de información fuera de plazo en trámite de audiencia otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde el 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas que reclamaban. El hecho de que haya crecido tantos puntos porcentuales la solicitud de información y de reclamación se puede deber a la buena respuesta de información del Comisionado dando una respuesta rápida y conforme a la ley de transparencia.
Con respecto a los índices de transparencia de Canarias celebramos que por cuarto año consecutivo todas las administraciones y las dos universidades canarias colaboraran con el Comisionado participando con la evaluación de transparencia del año 2020, lo que resalta el esfuerzo y la implicación de la colaboración de todas las entidades. Y no solo vemos el nivel de implicación de la colaboración sino de gestión de la transparencia teniendo una nota media en el año 2016 de 3,14 de las 96 instituciones a una nota media de 7,89 puntos de evaluación del año 2020. Y si analizamos esa puntuación, teniendo en cuenta también la población de cada administración, se logró una media de 9,24 puntos, por lo que podemos afirmar que la población de Canarias tiene un sobresaliente en el nivel de transparencia.
No nos extraña que teniendo todos estos datos hayan premiado al Comisionado de Transparencia de Canarias con el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública del año 2020 como premio que reconoce las prácticas innovadoras de los servicios públicos. Esto debe suponer un estímulo para la transparencia activa y participativa.
Con todo este recorrido, señor Cerdán, lo que nos queda es felicitar su labor al frente del Comisionado y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posibles los resultados de este informe, gracias a las entidades que colaboran para hacer de nuestra comunidad autónoma un referente de transparencia y acceso a la información teniendo cuenta la implicación del trabajo constante. No tenemos dudas, señor Cerdán, que los resultados serán mejores en el próximo informe.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.
Turno de cierre para el comisionado.
Adelante.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días de nuevo.
Lo primero agradecer en nombre todo el equipo, pequeño pero muy fuerte, de las siete personas que componen el equipo del comisionado, más, siempre me gusta reconocerlo, dos auxiliares, ujieres del Parlamento que colaboran con nosotros en sus tiempos libres; también he de reconocer que sin el apoyo del resto del Parlamento, al fin y al cabo dentro de esta casa y a veces tiramos de los servicios, de los diferentes servicios del Parlamento, sería muy difícil, como les informaba, haber desarrollado 10 000 expedientes en estos últimos cinco años o a atacar a más de tres mil quinientos este año si no tuviéramos también el apoyo del personal del Parlamento que nos rodea.
Dicho esto, quería fundamentalmente ampliar un poquito algunas de las cuestiones que tocamos antes y en relación con los planteamientos que ustedes han realizado aquí.
Don Luis Campos por ejemplo a que no, y coincido con él, a que el hecho de que se produzcan más reclamaciones cada año en el conjunto o sobre el conjunto de las administraciones canarias no es un indicativo de negativo a nuestro entender, primero porque, como efectivamente ocurre, a medida que el comisionado, que es una institución joven, es más conocido más reclamado es, y, en segundo lugar, el despliegue de las leyes de transparencia ha sido lento, prácticamente no tuvieron ninguna publicidad ni estatal ni autonómica en ninguna parte, y el conocimiento de los derechos de los ciudadanos ha sido, diríamos progresivamente, diríamos a medida que han ido viendo algunas noticias en los periódicos han sabido que podían primero preguntar y luego reclamar a los comisionados. En ese sentido, y abundando en ese dato, Canarias prácticamente en este momento, en términos relativos, ya el año pasado tuvo 29 reclamaciones por 100 000 habitantes y fue la segunda comunidad en España en esa ratio por detrás de la comunidad de Cantabria.
En ese sentido pues ya les digo que a mí no me preocupa tanto que existan reclamaciones como el silencio administrativo tanto cuando los ciudadanos preguntan o, también, ese es un dato que no hemos comentado antes, cuando nosotros les preguntamos luego a las administraciones, oigan ustedes les damos un periodo de alegaciones para que contesten a las quejas de los ciudadanos y ni siquiera a veces en ese momento tampoco nos dan una mínima información que nos permita valorar si realmente hay que aplicar límites a la transparencia o no.
Dicho esto, también quería comentarles que, como después de haber alcanzado los niveles en los portales de transparencia en el sector público, nos estamos concentrando, como habrá ustedes podido ya ver, en el análisis de qué pasa con el uso de los fondos públicos cuando salen del ámbito de la Administración y se gestionan, se gastan, a través del sector, a veces público pero en su mayor parte privado.
Cuando les aludíamos a que este año vamos a hacer más de tres mil doscientas evaluaciones o emplazar, yo me daría por contento que de esos tres mil doscientos dos mil quinientos respondieran, estábamos hablando de que vamos a poner el foco sobre cómo informan de lo que hacen con más de mil trescientos millones de euros que el año pasado se entregaron por las diferentes… fundamentalmente por el Gobierno, los cabildos y los cuatro principales ayuntamientos de Canarias porque no hemos podido llegar a todos sino hemos tenido que centrarnos en los siete más cuatro más uno, en los once… en las doce instituciones principales de Canarias, pues qué han hecho con esos fondos de forma de que también la ciudadanía pueda enterarse de qué ocurre con las subvenciones o para qué sirven. Ustedes tengan en cuestiones, pronto lo publicaremos, que el año pasado prácticamente pasamos de treinta o cuarenta perceptores que tenían más de un millón de euros de subvención a más de doscientos este año, fundamentalmente por los fondos COVID. Hay varias decenas de empresas que han recibido más de cinco millones de euros de ayuda pública como consecuencia de las ayudas COVID el año pasado y algo tienen que informar al conjunto de la ciudadanía, no solamente a intervención dentro de dos años sino al conjunto de la ciudadanía de qué ha ocurrido, cómo, fundamentalmente cómo han podido con esa financiación a veces sostener el funcionamiento sectores económicos que se paralizaron completamente a consecuencia de los efectos de la pandemia.
Por eso, en este momento queremos, ya le digo, poner, ya que hemos superado el notable como media, en el… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Sí.
Le añadimos un minuto.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Pues fundamentalmente solamente concluir en este sentido anunciando también que, de acuerdo con estos proyectos, vamos a emitir una recomendación al conjunto de las administraciones canarias para que recuerden en cada convocatoria de subvención algo que muchas veces las entidades privadas no conocen, que es que no solamente tienen que rendir cuentas ante las intervenciones sino que tienen que hacer publicidad activa de cómo gastan los fondos. Porque, como les decía al principio, cuando uno está obligado a contar lo que hace, lo hace sustancialmente mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Queremos agradecerle en nombre de la Cámara al comisionado su trabajo y su comparecencia en el día de hoy en esta sesión plenaria.
- Presentación del informe del Comisionado en el Pleno del Parlamento de Canarias
- Hay todavía 137 resoluciones sin cumplir, que se espera reducir a treinta a finales de año
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado este miércoles 25 de mayo el informe anual de transparencia de 2019 y del avance de los informes de 2020 y 2021 en el pleno del Parlamento de Canarias. Dio cuenta de la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a información a los ciudadanos que reclaman a esta entidad por la falta de respuesta de las 98 instituciones de Canarias.
Los datos señalan que, de las 384 resoluciones estimatorias para los ciudadanos frente a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos en los años 2020 y 2021, en 201 expedientes no existía constancia de cumplimiento el pasado mes de enero. En cuatro meses se ha reducido ese incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes de cumplimiento 137 resoluciones. El equipo del Comisionado espera reducirlo otro tercio más el próximo cuatrimestre y que sean menos de treinta expedientes a final de año. “Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible”, indicó el comisionado.
Cerdán anunció que la evaluación de este año con respecto al ejercicio 2021 comenzará el próximo 31 de mayo y se emplazará, además de a las administraciones y entidades públicas, a más de 3.200 entidades privadas que fueron perceptoras de subvenciones en 2021, frente a las 706 convocadas en el año anterior. El Comisionado de Transparencia “tiene la misión optimizar todo lo posible el sistema de rendición de cuentas informativas a los ciudadanos. Tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes de ellas; como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones, que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años evaluamos” indicó el comisionado. El número de expedientes de evaluación gestionados por el equipo del Comisionado de Transparencia aumentará casi un 60 % más que el año pasado.
Todos los evaluados conforman el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a las intervenciones de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. “Solo ya por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos, la eficiencia publica crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas en las leyes y en las garantías prestadas por consejos y comisionados de transparencia; y por los jueces en última instancia”, destacó Cerdán.
Con respecto a los datos de las evaluaciones anteriores, todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas en los portales de transparencia, determinadas por las leyes estatal y autonómica.
El comisionado señaló que, en la quinta edición anual del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1.119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, 968 exactamente presentaron su autoevaluación de transparencia en 2021 a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. “Emplazar cada a año a que sean transparentes sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que no lo hacen lleva a la mejora, no lo duden. Está comprobado”, recalcó a los diputados presentes en el pleno.
Continúa incrementándose la participación año tras año, lo que permite al Comisionado calcular así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y al 95 % de todas las entidades del sector público. El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse en dos comunidades autónomas y lo hará en más en el futuro.
En cuanto al derecho de acceso a información, los datos no son tan positivos, como se señalaba al principio. El Comisionado de Transparencia ha podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso, derivado, según señaló Daniel Cerdán, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder; no solamente coste administrativo o político, sino también social o reputacional. “El silencio administrativo –dijo– no es un despiste, es un silencio activo, decisivo muchas veces (del que decide). Una administración puede perfectamente negar una información porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera de cinco líneas que cuesta cinco minutos. El silencio no enuncia, no afirma ni niega, no indica, ni apunta, ni sugiere: desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas», que sentencia también el refranero. El silencio administrativo es una «gran vacuna contra la verdad». Y por eso debemos combatirlo”.
Turno de los grupos parlamentarios
Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron a las personas responsables de la transparencia y de la rendición de información en las evaluaciones anuales por la mejora progresiva de los datos con respecto años anteriores.
Con respecto al silencio administrativo, Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del grupo parlamentario Mixto señaló “que ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno, en algunos casos, a la toma de decisiones que pueden tener como resultado la falta de generación de actividad económica, o simplemente la falta de información”.
Desde el Grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea pidió que se den los medios al Comisionado para que puedan realizar esta labor institucional porque con los recursos que tiene, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.
El portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, destacó que la competencia que hay entre las instituciones con respecto a las puntuaciones en el Índice de Transparencia “nos parece que es sana y que no se puede descuidar. Mucha gente se está poniendo las pilas para competir por la mayor transparencia”.
Por otro lado, Luis Alberto Campos, portavoz del grupo parlamentario Nueva Canarias, recalcó que el Comisionado es una institución que vela por seguir incrementando el nivel de transparencia y, por tanto, de la calidad de nuestra democracia y “si se mejora -desde el punto de vista de la transparencia- la rendición de cuentas; las sociedades avanzan, la calidad de las instituciones avanza”.
Por el grupo parlamentario Popular, Astrid Pérez manifestó que “en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news están a la orden del día y es en este contexto en el que la transparencia real es, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático”.
Para María del Socorro Beato, del grupo parlamentario Nacionalista Canario, hay una buena evolución de los resultados, pero siguen siendo insuficientes “porque -explicó- además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya una verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer”.
Por último, Yolanda Mendoza, portavoz del grupo parlamentario Socialista, indicó que, haciendo balance de los siete años de vida del Comisionado de Transparencia y con los datos del informe, se puede afirmar “que el derecho de información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad”.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el pasado 29 de enero el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017 en el Pleno del Parlamento de Canarias. El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace.
Sobre la actividad evaluativa del ejercicio 2017, Cerdán explicó ante la Cámara que «nunca lo hubiéramos podido hacer sin tres condiciones: un pequeño, pero entregado equipo, entregado a la tarea, pequeño, de seis personas -las tengo al completo, creo, allí, o casi al completo, cinco, arriba, en la grada, gracias-, los 347 funcionarios y concejales que han colaborado con nosotros en la carga de más de un millón y medio de datos, de los que les hablaba antes, a través de la aplicación telemática que hemos creado, T-Canaria, sin la que hubiera sido imposible entendernos todos, todas las administraciones con el Comisionado y con este Parlamento a la postre. Nunca hubiera sido posible que ellos se hubieran autoevaluado y rendido cuentas, como lo han hecho, sin esta aplicación nueva que pusimos en marcha este año, y nosotros no hubiéramos podido tratar y extraer todos esos datos, la información que ustedes tienen en el tercer informe anual, referido al año 2017».
Puede ver la grabación de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces en el Pleno a través de este vídeo.
A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2017 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 147/2019, de fecha 29/1/2019, del Parlamento de Canarias.
9L/ICTR-0003 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
La señora PRESIDENTA: Como les anuncié, entonces vamos ahora, señorías, llamamos al comisionado de la Transparencia, el señor Cerdán, si es tan amable, para que entre en el hemiciclo. Si son tan amables los servicios, avisan al señor Cerdán. Ya está, ya está.
Buenos días, señor Cerdán. Bienvenido, comisionado.
Vamos, por tanto, a ver el informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al año 2017.
Señor Cerdán, tiene siete minutos.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos. Señora presidenta, señorías, estimados oyentes y televidentes.
Comparezco hoy ante ustedes para rendir cuentas o, mejor dicho, para rendir cuentas/cuentos -cuentas barra cuentos- Y no porque quiera usar aquí la variante masculina y femenina de un mismo concepto, tan de moda ahora -bien saben ustedes que ambas palabras tienen significados diferentes-, sino porque cuentos y cuentas se funden siempre en un todo cuando se trata de contar con verdad, con rigor y con solvencia algo, siempre. El cuento sin cifras no es tan verificable y creíble como las cuentas bien relatadas, honestamente relatadas, y las cuentas a secas pueden decirlo todo aparentemente y no decirnos nada en realidad.
Los grandes caudales o avenidas, sean de agua o de datos, pueden generar o mejorar la vida o producir inundaciones o desastres si no están bien canalizados, si no están mediados por buenos canales o por buenos contextos y relatos. Pero si malos son los desbordamientos, peores son las ausencias, la sequía. Estarán conmigo, espero.
Las cuentas a secas pueden decirlo todo, en bytes, en megas, en gigas, en terabytes, en zettabytes -mil millones de teras-, en esas magnitudes oceánicas de información del big data, y no decirnos a la postre nada si no les aplicamos un contexto temporal y espacial; un análisis, un expurgo de lo irrelevante y un foco en los significados cruciales; un relato, un canal.
Pareciera que las cuentas las reservamos solo para el conteo monetario: para los presupuestos, para la cuenta general que cada año rinden los gobiernos, para las cuentas anuales de los ayuntamientos o de las empresas públicas, para las fiscalizaciones de intervención o para las auditorías de la Audiencia de Cuentas. Pero los números y las cuentas van más allá de la mera ejecución presupuestaria, y no solo porque en el siglo XXI todo, absolutamente todo, sea traducido al lenguaje binario de ceros y unos, sino porque todo lo que no es cuantificado en cifras no puede ser medido y todo lo no medible es muy mal conocido. Si no medimos las cosas, las acciones, los programas, las políticas, los planes, lo dicho y lo hecho, ¿cómo podemos saber si son buenos? O al menos si progresan en el sentido correcto.
Y todo este introito para decirles que lo que hemos presentado a la consideración de la Cámara, y está disponible por completo para los ciudadanos en la web, es un cuento verdadero sobre las cifras de la transparencia. Es el cuento cifrado sobre la base de más de un millón y medio de datos sobre el acceso a la información de los ciudadanos en Canarias, disponibles para todo el que lo desee en nuestra web. Es el informe sobre cómo el Gobierno canario, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades canarias y 111 de sus 247 entidades dependientes rinden cuentas a este Parlamento, a través del Comisionado de Transparencia, sobre la forma en que cada día ellos rinden mejores o peores cuentas a los ciudadanos que sostienen las administraciones y que les han elegido directa o indirectamente. Es decir, es un ejercicio de metatransparencia, es decir, de transparencia sobre la transparencia.
Decía que todo lo no cuantificado en cifras no puede ser medido y todo lo no medible es muy mal conocido. Hace más de un siglo, el físico y matemático británico William Thompson Kelvin estableció las bases de lo que sin duda es la piedra angular de los procesos evaluativos y las concentró en tres frases: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que no se mide no se puede mejorar.
Este Parlamento definió en la Ley 12/2014 en qué debía consistir la transparencia pública y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en Canarias, y lo hizo con una ley más avanzada que la mayoría de las vigentes en el mundo, y encomendó a este comisionado la medición del cumplimiento de las obligaciones de la ley, además del amparo a las personas reclamantes ante denegaciones de información de las administraciones.
Nunca lo hubiéramos podido hacer sin tres condiciones: un pequeño, pero entregado equipo, entregado a la tarea, pequeño, de seis personas -las tengo al completo, creo, allí, o casi al completo, cinco, arriba, en la grada, gracias-, los 347 funcionarios y concejales que han colaborado con nosotros en la carga de más de un millón y medio de datos, de los que les hablaba antes, a través de la aplicación telemática que hemos creado, T-Canaria, sin la que hubiera sido imposible entendernos todos, todas las administraciones con el Comisionado y con este Parlamento a la postre. Nunca hubiera sido posible que ellos se hubieran autoevaluado y rendido cuentas, como lo han hecho, sin esta aplicación nueva que pusimos en marcha este año, y nosotros no hubiéramos podido tratar y extraer todos esos datos, la información que ustedes tienen en el tercer informe anual, referido al año 2017.
Tanto la aplicación T-Canaria como el Índice de Transparencia de Canarias, que permite calcular por segunda vez consecutiva, constituyen dos singularidades canarias en el sistema de transparencia español que nos permiten estar en vanguardia en el proceso de control de la transparencia activa, y es por ello que quiero agradecer muy expresa y sinceramente a esos empleados públicos, auténticos artífices de la transparencia, por la colaboración que nos han prestado en los últimos meses, y quiero agradecer su esfuerzo de verdad que muy sinceramente.
Y ahora ya paso un poco a sintetizar, en la medida de lo posible, los muchos datos que ustedes pueden apreciar en el informe.
El Índice de Transparencia de Canarias -el ITCCanarias- de las 98 instituciones, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades se concretó, en el 2017, en una nota media de 5,47 puntos, cuando el año anterior apenas había llegado a los 3,14 puntos. El avance ha sido notable. Buena parte de esas instituciones mejoraron sus portales de transparencia al realizar la autoevaluación y rendir cuentas al Comisionado de Transparencia.
Una vez revisados los datos de las administraciones, el algoritmo del que les hablaba ha calculado sin interferencias el primer índice público oficial que mide el cumplimiento de las obligaciones de las normas de transparencia en un territorio de una comunidad autónoma.
La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del noventa por ciento de las instituciones. 50 de ellas, 50 de las principales instituciones, es decir, el 51 % de las 98, superaron en 2017 la nota de 5, cuando el año anterior solo la habían rebasado 20. Pero todavía 48 no han alcanzado el valor 5 en la escala de 1 a 10, entre ellas instituciones con un ámbito de población importante, superior a 50 000 habitantes.
La señora PRESIDENTA: Señor Cerdán, su tiempo estaba en siete minutos, tiene tres minutos más, entiendo… para que pueda exponer con tranquilidad. ¿Entiende que con tres minutos puede hacerlo o…? ¿Con tres? Perfecto, tiene tres minutos. Si necesita alguno más, también se lo doy, no hay problema.
El señor cOMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien.
Les decía que, además de las 98 instituciones principales, han cumplido con la rendición de cuentas sobre su transparencia 111 de las 247 entidades dependientes -organismos autónomos, empresas públicas, etcétera-. De esas 111, 48 superaron la puntuación de 5, pero la nota media de este conjunto de órganos dependientes fue solo de 4,64. Las dos universidades tuvieron una nota media de 5,26.
Desde que en diciembre del 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la metodología de evaluación Mesta.
Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas, por primera vez, este año. Hasta ahora no habíamos conseguido que las 98 instituciones lo hicieran. Hecho que constituye, como les digo, todo un hito, ya que hace solo dos años apenas el 40 % de ellas se evaluaron y en el pasado ejercicio fueron el 89 % de ellas las que lo hicieron.
En total, de las 345 entidades censadas 211 cumplimentaron los cuestionarios, es decir, el 61 % de los sujetos obligados a la transparencia en Canarias.
No obstante, entre las 209 entidades que han podido ser evaluadas otras 136 entidades no presentaron su declaración de transparencia, quedando, por lo tanto, calificadas como incumplidoras -las pueden encontrar en el informe, si quieren tener detalles de su identidad-. Y si en el próximo ejercicio no presentan su declaración de transparencia, atendiendo al deber de colaboración establecido en el artículo 64 de la Ley de Transparencia de Canarias, se les instará, a las instituciones de las que dependen, a que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma.
Entre estas entidades dependientes se ha evidenciado una mayor conciencia sobre la necesidad de mejora de sus portales de transparencia, a pesar de la escasa presión social y ciudadana en este sentido. Se ha podido comprobar que el hecho de realizar la autoevaluación ha conducido a muchas de ellas a realizar mejoras inmediatas en sus portales, estimuladas por la posibilidad de mejorar cada año.
Hasta aquí mi introducción al informe. Espero que en la réplica les pueda aportar algunos otros datos de interés, sobre todo quizás más actuales, los referidos al año 2018.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.
Turno ahora de intervención para los grupos, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.
Comienza el Grupo Mixto, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán.
Gracias por volver a comparecer ante esta Cámara. Es la tercera vez que el Comisionado de la Transparencia viene a presentar el informe sobre transparencia y acceso a la información. Un informe que cada vez -hay que decirlo- es más preciso y completo y que ya hemos tenido la oportunidad de debatirlo en comisión.
Tenemos que reconocer que el programa T-Canarias ha permitido que su acción llegue con plena operatividad a todas las entidades públicas canarias. Se ha fiscalizado a un total de 345 entes y dado tratamiento en un año a 1 529 062 datos brutos, lo que demuestra la eficacia de esta herramienta informática novedosa en toda España. Esto demuestra lo que llevamos demandando desde hace tiempo y que hay que continuar reforzando los medios del comisionado para que su acción llegue a todos los canarios, para que sepan dónde pueden defender el uso de su derecho a la información ante la Administración pública.
Mi grupo está convencido que si el comisionado tuviera más recursos y presencia en nuestras islas se mejoraría considerablemente la actuación de las administraciones ante la demanda de información de los ciudadanos. Pero para eso, repetimos, se deben poner más medios, porque con los recursos humanos y medios materiales con los que se cuenta actualmente apenas permite que el comisionado visite a los 345 entes y no pueda dar un servicio integral de asesoramiento, como debería dar.
También hay que lograr que el comisionado tenga la máxima difusión posible, porque a día de hoy sigue siendo una figura desconocida para una gran parte de la población. Y así lo demuestran las cifras: solo se iniciaron 154 reclamaciones, a pesar de que es un trámite mucho menos gravoso para los ciudadanos que una reclamación por vía contencioso-administrativa. Aunque también es cierto que esta cifra levemente se ha ido incrementando cada año que pasa, pero siguen siendo pocas si tenemos en cuenta que tenemos 345 entes, que, por cierto, muchos de ellos suspenden o no dan cuenta al comisionado.
Otro problema que evidencia el informe son los portales. Hay que mejorar en muchos aspectos, principalmente en los criterios de calidad, donde ninguno consigue una buena nota media, ni la reutilización, que está en el peor de los puestos, ni el contenido ni la forma de publicación ni la accesibilidad y tampoco la actualización.
Los portales de transparencia, incluido el del Gobierno de Canarias, fallan también en materia de transparencia en la contratación, donde o no son claros o la información que publican no es útil por diversas razones. Hay que lograr que la información que se suba a estos portales sea nítida y por supuesto esté actualizada. Además, pocos tienen la planificación de sus actuaciones publicada o incluso no establecen sus propias normativas internas, ya sean estatutos, ordenanzas, un problema además que tienen mucho más las entidades dependientes, de las cuales 111 ni siquiera aprueban o han presentado la documentación necesaria al comisionado.
Aunque son varios los problemas a los que nos hemos referido, porque así lo ha puesto de relieve el informe, sin embargo, eso no significa que haya una merma de transparencia en Canarias. Por primera vez, el conjunto de las entidades públicas de nuestro archipiélago tiene un aprobado de media, una nota de 5,47 puntos, una nota mejorable con respecto a años anteriores. Por eso quiero decirles que desde la Agrupación Socialista Gomera esperamos que esta tendencia se mantenga hasta que todas las administraciones públicas lleguen a la excelencia en la obligación que tienen en materia de transparencia. Y a las instituciones que no aprueban, que en este caso son unos siete municipios, pedirles que corrijan su gestión en materia de transparencia y a las entidades que aprueban, pero que han dejado que alguna de sus reclamaciones se haya convertido en denuncia, pedirles que cambien esa actitud obstruccionista.
Pero, señorías, aunque estamos lejos, o no tan cerca como nos gustaría, de implementar una auténtica transparencia en nuestras instituciones y en nuestros ciudadanos, aun así, Canarias es una realidad que avanza en materia de transparencia y somos un referente nacional de implementación de medidas y avances que se suceden cada año que pasa.
Termino, señor Cerdán, una vez más, felicitándole a usted y a su equipo por ser un ejemplo de eficacia y de eficiencia, demostrándonos todo lo que se puede hacer con esfuerzo y dedicación, aunque haya falta de recursos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.
Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías, señor Cerdán, buenos días.
Felicitarle nuevamente por el informe que ha elaborado y por la exhaustividad del mismo, que nos permite extraer información, pero, sobre todo, desde nuestro punto de vista, nos da pie a plantear una importante reflexión.
Buena noticia el hecho de que la tendencia de los niveles de transparencia haya sido positiva en más del noventa por ciento de las instituciones. Muy buena noticia y con ello nuestra felicitación al Ayuntamiento de El Sauzal por la excelente calificación obtenida en transparencia, 9,74 puntos sobre 10, la más alta de Canarias. Por el contrario, reprobable la calificación obtenida por el Ayuntamiento de San Mateo, 1,08 sobre 10, la más baja de toda Canarias; pero, es más, más baja incluso que la que obtuvieron en el 2016.
Buena noticia, señor Cerdán, el incremento en el número de sujetos evaluados, 345 frente a los 96 del año 2016, lo que manifiesta la evolución de la buena gestión del Comisionado de Transparencia.
Y mala noticia que el número de personas que ejercen su derecho a saber no alcance el cero coma uno por ciento de la población total de Canarias y que tan solo uno de cada cien canarias y canarios visite el portal de transparencia del Gobierno. Datos y datos que vistos así de forma aislada están muy bien, pero he aquí la reflexión que les traslado: ¿y estos datos de qué nos sirven?
Yo entiendo que lo que habría que analizar no son tanto las visitas, por ejemplo, que recibió el portal de transparencia sino si los que lo visitaron obtuvieron los resultados deseados. En definitiva, si los que la visitaron encontraban lo que buscaban, porque todos o, por lo menos, algunas sabemos, o más bien hemos padecido, el tener que navegar por los portales de transparencia, entre ellos el del Gobierno de Canarias, y en muchas de las ocasiones, no en algunas, en muchas ocasiones, no conseguir acceder a la información que buscamos. Y variadas son las razones por las que no podemos acceder a ella, no podemos conseguirla: porque no está, porque está desfasada o porque es obsoleta. Y esto último, también le digo, no sucede de forma aislada, es lo habitual, sobre todo si lo que buscamos es información razonablemente reciente.
Pero voy más allá: un ejemplo muy significativo es el referido a la información económica, financiera y presupuestaria del Gobierno de Canarias, porque es que, señorías, la transparencia no se mide por la cantidad de papeles que se cuelgan, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas; transparentar información es transparentar datos comprensibles que nos permitan crear una opinión, que nos permitan conformar un juicio de valor, y para ello la información suministrada debe ser clara, comprensible y fiable, y eso no sucede cuando hablamos de la información económica, financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno. Una información que, siendo solo comprensible para una minoría de expertos, ni siquiera esa minoría puede conocer cuestiones básicas que nos expliquen cómo utiliza el Gobierno de Canarias el dinero de nuestros impuestos, en qué se lo gasta, cómo se lo gasta, cuánto se gasta y además si lo que se gasta lo hace de la forma más eficiente y económicamente más ventajosa. Y no olvidemos, señorías, que fue esa, precisamente fue esa la razón principal por la que la ciudadanía y sus representantes empezamos a exigir transparencia. Fueron los alarmantes casos de corrupción y el continuo derroche del dinero público los que nos llevaron a decir un «basta ya», y ese es el origen de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, pero al día de hoy, con la actual ley en la mano, eso sigue siendo imposible.
Lógico sería que con el presupuesto aprobado tuviéramos no solo la foto inicial del presupuesto sino la foto final del presupuesto, que es la que nos permitiría saber la cantidad real que el Gobierno se gasta, en qué se lo gasta, dónde se lo gasta, me refiero a en qué isla, en qué municipio o en qué barrio, y cuáles han sido los beneficios de este gasto. Y yo repito: esto, imposible. Imposible, en primer lugar, porque esa información que exige la propia publicación activa en internet no solo no se cuelga en la web sino que se niegan a hacerlo. Y esto no lo estoy diciendo de forma gratuita, se le planteó a la consejera de Hacienda la necesidad de que, como mínimo, se publicara el estado de ejecución del presupuesto al cuarto trimestre y se negó en rotundo; y además dije «como mínimo», porque lo razonable, si existe un compromiso real de transparencia, sería haber publicado el estado de ejecución del presupuesto, de todo el sector con presupuesto limitativo…
La señora PRESIDENTA: Dos minutos y acabe, señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias.
… pero desglosado por servicios, secciones, programas, capítulos, conceptos y subconceptos, lo cual es tan fácil como darle a una tecla, porque el Gobierno sí tiene los datos; a lo que se niega es a transparentarlos.
En resumen, señorías, la realidad es que el Gobierno, a ese Gobierno que se le llena la boca hablando de transparencia, lo hace porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque deben creer que, si hablan de transparencia, alejan toda sospecha de corrupción, pero la realidad es que la Ley de Transparencia, ley aprobada por este Parlamento pero a propuesta del Gobierno, que es quien presentó el proyecto de ley, se ideó exclusivamente para cubrir el expediente, para quedar bien, pero sin intención de cumplirla, y yo a los hechos me remito. Y el último de esos hechos, el más reciente que hemos leído en prensa, es el de uno de los órganos dependientes, también de la señora Dávila, radiotelevisión pública canaria, que ha sido apercibida nuevamente para que facilite la información a una consejera del ente público que la pidió en febrero del 2018. Ahora, ahora, es cuando anuncian que se la darán, un año más tarde, pero forzados, claro está, por el apercibimiento de la resolución del comisionado y porque la noticia salió en prensa.
En definitiva, señorías, entiendo que deberíamos hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la Ley de Transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo. Sé que son escasos los meses que quedan para que finalice la legislatura y que no es el momento de iniciar nada, pero sí entiendo necesario lanzar esta idea para que los futuros diputados de esta Cámara, los setenta diputados de la X Legislatura del Parlamento, lo piensen y actúen en consecuencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. La señora Monzón.
La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días a todos y a todas.
En julio del 2016, el Comisionado de Transparencia presentaba su primer informe en este pleno. Esa fue la primera vez que hablamos de transparencia en el Gobierno de Canarias, en Canarias, sin experiencia previa, sin métodos y, sobre todo, sin casi medios para poder hacerlo. Desde luego la evolución que ha habido desde el 2016 hasta este informe que se presenta ahora en pleno, evidentemente, ha mejorado muchísimo y por eso queremos, desde el Grupo Parlamentario Podemos, felicitar y agradecer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo del Comisionado de Transparencia, todo el personal que trabaja para que la transparencia sea una realidad en Canarias. Mucho, todavía, camino por recorrer, pero evidentemente sí se habla de una mejora, sobre todo en métodos, en medios materiales, no tanto en medios humanos. Esperemos que mejore la situación, como parece ser que en este informe también se vislumbra, una mejora en ese sentido y esperemos que así sea.
Nosotros creemos firmemente en el principio de transparencia y creemos además que es un eje fundamental para cualquier relación de cualquier gobierno, de cualquier institución, con la ciudadanía, a la que administra bienes que son propios además, bienes que son de todos y toda la ciudadanía.
Usted hablaba antes de que, si no se mide, no se puede mejorar. Nosotros iríamos mucho más allá: si no se controla, existe fraude, existe mentira, existe engaño a la ciudadanía. Por tanto, es importantísimo el papel del Comisionado de Transparencia para que toda la información, tanto en publicidad activa como en acceso a información, sea veraz, sea de calidad y no se engañe a la ciudadanía.
Entre mis antecesores que han hablado del informe, se comentaban aquí los datos que se dan, cómo no se actualizan, la información activa en las páginas webs, pero incluso, cuando se solicita esa información, cuando se accede mediante una solicitud a una información, cuál es la calidad de esa información también que se suministra.
En estos días hemos visto en medios de comunicación, hoy mismo se hablaba de los presupuestos, de los ingresos de los presupuestos de la comunidad autónoma canaria, de la cuenta de tesorería, de si tenemos superávit o tenemos déficit. Eso, que es un control de la Audiencia de Cuentas y está en ese control de la Audiencia de Cuentas para el tema de la información, al final también es transparencia, porque si los datos no se dan con veracidad y fidedignos, evidentemente la ciudadanía, lo que llega a la ciudadanía, es la no confianza en quienes gobiernan y en quienes están al mando de gestionar el dinero público de todas y todos de la mejor manera, para que al final seamos más eficaces y más eficientes y que ese dinero venga a mejorar la vida de todos y todas, y sobre todo también el que no haya actitudes o comportamientos dentro del Gobierno que no sean éticos, que no sea para todos y todas sino para una minoría, o que haya algún tipo de influencias o presiones para que se desvíe a intereses de unos pocos y no del interés general o de la mayoría social.
Cuando hablamos de los medios y hablamos de las herramientas -es verdad que usted comentaba que ya tenemos una herramienta, que es el ITE Canarias, que ha dado un método para que todo se valore de una forma general-, nos gustaría hablar de que, bueno, aunque es verdad que han mejorado los índices de transparencia, creemos que es un avance en teoría por lo que hemos comentado, porque al final, si el contenido de aquello que están obligados a publicitar tanto en las webs como en el acceso de la información no es veraz o no tiene el contenido que solicitan en este caso los ciudadanos, pues, evidentemente poco favor se está haciendo a la transparencia; cuando tenemos información no veraz en las webs, no solamente es que no se informe, es que esa desinformación aún es más grave, a que no esté a que esté mal. Eso también lo hemos comentado muchas veces.
Decir que, bueno, en este informe se ha requerido la participación de 345 sujetos, que son los que están obligados por ley; son 98 instituciones que son Administración y 247 entidades dependientes de estas administraciones. De este total de 345, 211 cumplieron el cuestionario, es decir, un 61,16 %, pero es que casi un cuarenta por ciento no ha participado en esta tarea. Eso creemos que es un dato relevante de la importancia que se le da a la transparencia. Porque podemos decir que tenemos pocos medios, porque es verdad que las políticas austericidas, en las que ha habido descenso de personal en las administraciones, han sido para todos, pero eso no puede ser una excusa, porque dentro de la organización de las instituciones tiene que haber una participación directa con la transparencia, tiene que haber una implicación directa con la transparencia, y que sea en el día a día de la estructura de esa organización… la que se vaya dando.
Hablamos siempre, muchas veces, de que aquella información que se solicita como acceso a información al final, si se solicita muchas veces, se convierta en publicidad activa y, por tanto, no tiene que estar solicitándose, sino que al final la encontremos en las páginas webs; y que, como decían antes, la satisfacción también del usuario que accede a esa publicidad activa, a esa página web, saber si realmente está encontrando lo que está buscando y de la manera que debe encontrarlo, que sea razonablemente entendible, con formatos abiertos, que siempre hemos dicho, reeditables; además, bueno, modificaciones que creemos que deben darse, que es que no tenga, que el sujeto tenga que identificarse para solicitar información, etcétera. Cuestiones que hemos hablado muchas veces en estos informes y que no se llegan a dar.
Información…
La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Monzón, y acabe.
La señora MONZÓN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Información que, en el caso de publicidad activa, ya se hablaba, ayuntamientos que, bueno, estábamos hablando de que, en la planificación y las programaciones de aquello que es su tarea, solamente el 42,05 % de las entidades aprueban. Los cabildos, tanto de Tenerife como El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y Gran Canaria, sacan más de seis puntos; el Cabildo de Lanzarote, sin embargo, no aprueba.
Estas cuestiones, que incluso hemos dicho en la comisión, de aquellas instituciones y aquellas entidades que no participaban o que no aprueban, tienen que publicitarse, porque es la única manera de que se vean retratadas y que después puedan mejorar esos índices de transparencia.
Nos llama la atención, además, que los cabildos, por ejemplo, dijeran que no ha habido reclamaciones a su solicitud y, sin embargo, después se detecte que -el Comisionado de Transparencia- ha habido reclamaciones. No entendemos cómo es posible que hasta la información se dé mal, dónde están los problemas para que encima, transparentando los datos, esos datos además se den mal.
Con respecto al Gobierno de Canarias, sobre todo las concesiones de servicios públicos, son las que no se transparentan, las que no encontramos en las páginas webs.
Y las universidades, entes que entendemos que deben ser pioneros en la transparencia dada su condición, pues, precisamente están en aprobados rasos, con unas medias que creemos que son muy muy mejorables.
Con respecto al acceso a la información, como decíamos, la ciudadanía cada vez es más exigente. Los formatos tienen que darse de una manera rápida y eficaz y, como vemos, el control también es imprescindible, el hecho de que las reclamaciones puedan tener una resolución rápida por parte del Comisionado de Transparencia.
El coste del incumplimiento prácticamente es cero y, por tanto, eso también nos preocupa.
La información tiene que llegar. Compartimos que la transparencia debe introducirse, como decía, en todos los quehaceres cotidianos de todas las instituciones, dentro de los procedimientos, concretando los órganos competentes, y una mayor y mejor organización de esos medios personales, materiales y técnicos.
La transparencia debe ser una realidad del día a día en cualquier institución. Esperemos que así sea y esperemos que ustedes sean capaces de lograrlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.
También me sumo por parte de mi grupo parlamentario a la bienvenida al señor comisionado, el señor Cerdán, así como a las felicitaciones, la enhorabuena por el informe presentado ante la Cámara en relación con los datos de transparencia de nuestra comunidad autónoma. Un informe bastante bien estructurado, fácil de entender, fácil de leer y nos ha aportado mucha luz a los grupos parlamentarios, particularmente al nuestro, en relación con el cumplimiento del grado de transparencia de las administraciones públicas canarias y del sector público en general canario.
Señorías, la transparencia es un elemento fundamental, fundamental para todo sistema democrático de nuestro entorno, sistema democrático que se precie. La participación ciudadana, el conocimiento por todos de lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de todos es quizás el papel, el principal elemento definidor de una democracia consolidada y madura como es la democracia española. No es el dinero de todos, es el dinero de cada uno de nosotros, con el que, de acuerdo con las leyes, fundamentalmente las leyes tributarias, contribuimos, cada uno de nosotros, al sostenimiento y al funcionamiento de las instituciones públicas. Por tanto, somos los ciudadanos, todos los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, en definitiva, somos como si fuéramos los propietarios de las administraciones públicas y, como tales propietarios, tenemos el derecho a saber y a conocer lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de cada uno de nosotros. Por tanto, quiero decir que esto no es un trámite cualquiera en el pleno, es poner en conocimiento lo que algunos o qué administraciones cumplen y cuáles no y qué debemos hacer en el futuro para mejorar.
De acuerdo con el informe, señor comisionado, señor Cerdán, hemos mejorado en índice de transparencia. Por cierto, felicidades por esa aplicación telemática que ha permitido homogeneizar todos los datos. Hemos mejorado, no sustancialmente, pero sí razonablemente, de 3,14 puntos hemos pasado a una media de 5,47. Ya hemos aprobado las administraciones públicas respecto de la nota de 10. El 90 % de las instituciones ha mejorado su ratio de transparencia y solo 7 han empeorado respecto de los datos del año anterior.
Respecto de las empresas públicas, me quería detener un momentito. El sector público empresarial, el paralelo, sigue siendo, digamos, la parte que queda por cumplir. Sigue en puestos de descenso, con una nota de 4,64 puntos. Y además lo hacen, señor comisionado, con un escaso entusiasmo, por parte de ellas, de rendir cuentas en la transparencia, de las 247 entidades dependientes 136 no presentaron su declaración. Por lo que, insisto, creo que debemos mejorar y ustedes tienen que tener un papel activo en que cada vez más empresas públicas y organismos autónomos presenten sus datos de transparencia. Y es que de las 111 restantes solo 42 superaron el test de transparencia presentado. Queda mucho por hacer, insisto, en el sector público empresarial.
Respecto de los ayuntamientos, continuamos en el aprobado, el 5,33; los cabildos algo mejor, del 3,85 al 6,93; y la comunidad autónoma, sin duda, los medios que tiene permiten que suba del 7,69 al 8,03.
Me detengo ahora en los contenidos, ya no solo en los datos estadísticos, en los contenidos. Y cabe destacar la escasa información que las administraciones públicas ofertan u ofrecen sobre contenidos normativos, sobre planes, sobre programación, sobre concesión de servicios públicos y contratación pública. Es verdad que lo más fácil de poner en los portales de transparencia siempre es la información institucional, pero quizás esa es la menos relevante para todos los ciudadanos. Por tanto, creo que hay que insistir, señor comisionado, en mejorar los datos de verdad del funcionamiento de las administraciones públicas.
Si orientamos el foco ahora hacia los ciudadanos, hay que destacar, señorías, el escaso interés que los ciudadanos tienen por estos nuevos derechos creados. Solo 1286 solicitudes de información y solo en 80 de las 209 administraciones o entidades auditadas. Es verdad que los portales de transparencia son visitados por…
La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señor Jorge.
El señor JORGE BLANCO: Voy terminando, señora presidenta.
… pero muy poca gente todavía accede a la petición de datos y de información.
Señorías, como conclusión, se han mejorado las ratios de transparencia en todas o en prácticamente todas las administraciones públicas, pero se detectan problemas en la información, con datos desfasados, datos mal estructurados o datos de carácter irrelevante. Creo que sería una buena medida, señor comisionado, analizar las propias peticiones de información de los ciudadanos para poder adaptar -las administraciones públicas- la información que ofrecen a esas características de los peticionarios que han realizado y emitir recomendaciones acerca de las características, de los modelos, de las páginas de transparencia para homogeneizar y hacer aún más clarificadores la información y los datos de las administraciones públicas.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorge.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.
Igualmente dar las gracias al señor comisionado, don Daniel Cerdán, y a su equipo por la elaboración y la presentación de este informe. Este es el tercer año, como ya se ha dicho, que se trae el informe de evaluación a este Parlamento para la fiscalización por parte de los grupos políticos, en este caso respecto al año 2017.
El informe nos da una idea de cómo están las cosas respecto a la transparencia en la gestión de lo público en nuestras islas, en esta comunidad autónoma, y lo primero que debemos constatar, aunque sea obvio, es que tenemos una ley canaria de transparencia, que tenemos un Comisionado de Transparencia, como una herramienta de control y de evaluación, y que tenemos un sistema de evaluación -eso es nuevo este año- propio. Lo segundo que parece que podemos sacar de conclusión, en general, es que ya se evalúa al 100 % de las instituciones obligadas y que además, en general, en la media, también pasamos del suspenso al aprobado, raspadillo pero aprobado. Pero el tercero es que, si buceamos un poco en el informe, vemos que a algunas instituciones se les atraganta la transparencia, ya que aún no cumplen, cumplen de manera forzada o de manera selectiva, en algunos aspectos sí y en otros aspectos no. Hoy mismo veíamos la información de los datos económicos del Gobierno, si hay superávit en el 2017 o no… ¿Son ciertos los datos, si o no? O el propio Gobierno también la lía en cuanto a las listas de sustituciones en educación, por ejemplo. Son ejemplos de la transparencia y la confianza que esa transparencia da a la ciudadanía.
Es una buena noticia que pasemos del 3,14 al 5,47, como digo, consiguiendo ese aprobado raspadillo.
También es la primera vez que se ha incluido a todas las instituciones y se les ha aplicado los mismos baremos, basados en la metodología de evaluación de la transparencia de la actividad pública y el Índice de Transparencia de Canarias.
De las instituciones, de estas 98 instituciones de Canarias, dependen 247 sujetos públicos, obligados también a cumplir con la Ley de Transparencia, pero de ellos solo cumplen el 61,6 %; o sea, un cuarenta por ciento, alrededor, no cumple. Por tanto, es un dato que no es bueno, no es positivo.
Y destacar también que, bueno, que tienen una evaluación muy baja, cumplen pero mínimamente, las universidades llegan a un 5, pero algunos de sus organismos dependientes no cumplen con esta ley. Ninguna universidad cumple con la información sobre la concesión de servicios públicos; por tanto, no es un buen dato para Canarias.
En general, las distintas instituciones cumplen mayoritariamente, como decimos, en materia de contratación, pero solo 59 publican la información conforme a las exigencias de la ley. Fallan también en la forma de publicación, en la reutilización de la información, en la información de los contratos, no hay transparencia en la publicación de los planes de cooperación interadministrativa en obras y servicios.
En definitiva, señorías, podemos concluir que habrá mil razones para no cumplir con la ley, sobre todo las instituciones, las administraciones apelarán a la falta de recursos, de personal que destinar a estas tareas, pero siempre está la duda de si se ha hecho el esfuerzo suficiente por las instituciones para conseguir los objetivos y, por otra parte, si se ha valorado cuánto tiene de beneficio y de positivo cumplir con la Ley de Transparencia frente a la opacidad.
Para el Partido Socialista desde luego que la transparencia es el intento de dar luz, claridad, acceder al conocimiento de los detalles de la gestión pública ante los casos de corrupción o de fraude y de mala gestión de los fondos públicos, no en vano impulsamos en la anterior legislatura la aprobación de esta importante ley con la que hoy cuenta Canarias.
Lo lógico, lo responsable, lo normal sería que ni siquiera tuviéramos la ley. Es increíble que nos conformemos con que, bueno, llevamos tres años, esto es poco tiempo, vamos cumpliendo, pero esa no debería ser la razón de una sociedad democrática que realmente creyera en la transparencia como una forma normal y habitual de trabajo.
El informe constata que nos queda mucho trabajo por hacer, no quiero ser negativa sino exigente. Creo que debemos ser exigentes. Las instituciones evaluadas deben poner todo su empeño en ser claras y transparentes, mejorando sus índices de transparencia, de buena gobernanza y dando confianza…
La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias.
… a la ciudadanía que los ha elegido. Aquí le preguntamos al señor comisionado cuáles cree que son las razones que llevan a que algunas instituciones no cumplan, cumplan en algunos aspectos, en otros no, aparte o independientemente de costes económicos, y prefieran aparecer en este ranking a veces, pues, un poco de forma vergonzosa, no cumplir, qué razón puede llevar a esto.
Un ejemplo claro de esta falta de confianza o desconfianza de la ciudadanía hacia la Administración lo podemos ver en la gestión de la publicidad de las listas de espera sanitarias, de dependencia, y ya decía, incluso en las últimas de aprobación de oposiciones en educación.
En las listas de espera sanitaria sí que queremos hacer una mención al error, entendemos que un error por parte del comisionado, que dice que en el 2016 se publicaban mensualmente -como efectivamente es así- las listas de espera y a finales de año, con la salida del Gobierno del Partido Socialista, dejan de publicarse; pasan, en 2017, a publicarse cada seis meses, además de generar dudas respecto a la veracidad de las mismas. Aquí hacemos dos puntualizaciones: las listas tienen que publicarse de forma clara y transparente en todo caso. Y además el informe del comisionado, como digo, entendemos que es un error y que no ha sido por mala fe. Agradecemos el esfuerzo de darnos una respuesta nuevamente, pero nos sorprende esa respuesta, porque usted además decía que debe ser un cuento creíble, claro, el que se cuenta hoy aquí, y el rigor y la veracidad hacen que la comunidad autónoma, el Gobierno… cumplía en 2016, no cumple con los seis meses, aunque cumplan otras comunidades autónomas o lo hagan otras comunidades autónomas cada seis meses, eso no tiene nada que ver con Canarias o sencillamente se haga en otros lugares. Esa no es la razón por la que debemos…
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Beato.
Y queremos empezar desde el Grupo Nacionalista Canario felicitando por el contenido del informe, un informe que mejora notablemente el de años anteriores, no solo en la forma, sino en el fondo, en el contenido material del informe, en los aspectos sustantivos que profundizan en el Índice de Transparencia de Canarias, un índice que ahora se perfecciona con la aplicación informática IT-Canarias y la autoevaluación que han tenido que hacer todas las administraciones implicadas, cargando ellas mismas sus datos. No existe ninguna referencia comparada de metodología similar, de un índice similar, ni de mecanismos sobre evaluaciones similares en el contexto del Estado. Canarias está a la vanguardia con este índice de referencia y con esta metodología, que permite evaluar por igual a todas las administraciones públicas con el mismo rasero y en igualdad de condiciones. Y ese es un mérito del comisionado y de todo su equipo, por eso tenemos que felicitarlos.
Y tenemos que felicitar también al conjunto de las administraciones públicas canarias y sus instituciones, porque, según el Índice de Transparencia de Canarias, de las 98 instituciones de las islas, la nota media en este año, el año 2017, es de 7,47 puntos, superando la nota del año 2016, en el que se llegó a una media de 3,14. La progresión es positiva en más del noventa por ciento de las instituciones, ya que solo 7 de ellas redujeron su nota respecto a la del 2016. 50 instituciones principales superaron en 2017 la nota de 5, cuando en el año anterior solo la habían rebasado 20 instituciones. Destaca también el avance del indicador en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se sitúa superando casi en un punto y pico el año anterior.
La conclusión es evidente: el avance es notable. Estamos de acuerdo en que hay cuestiones que hay que seguir mejorando en todas las administraciones públicas. El objetivo tiene que ser mejorar la cantidad de la información y la calidad de la información, porque cantidad y calidad son conceptos que no pueden estar disociados, y centrarnos en la utilidad de la información para los ciudadanos, no para determinadas élites, no para determinadas consultoras, para los ciudadanos, porque un año más se constata que la demanda de solicitudes de acceso a la información sigue siendo escasa y sigue sin existir una fuerte presión ciudadana de demanda de información. Y por ello es lógico que las administraciones se centren en la principal prioridad, que es la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Desde el Grupo Nacionalista siempre hemos insistido en la necesidad de centrar los esfuerzos en la pedagogía de la ley, porque, señorías, alguna experiencia tenemos en Administración pública, en cambios en la organización, en procesos de implementación de tecnología, en modernización de la Administración, y créanme que se consigue muchísimo más con el estímulo que con la imposición y con las sanciones. Nosotros leemos el informe en su conjunto, no nos quedamos en las anécdotas, ni tampoco creemos que sea oportuno sacar los colores a ninguna Administración pública en concreto, porque preferimos centrar el interés en el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones públicas canarias.
Se ha tratado de hacer política con las listas de espera. El informe es categórico en su página 25, que dice: El portal de transparencia… (Rumores en la sala).
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora, disculpe, señora Beato, que le paro el tiempo.
Cuando quiera, continúe, por favor.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.
Decía que en la página 25 del informe se dice textualmente: el portal de transparencia del Servicio Canario de Salud es de los mejores, la transparencia en las listas de espera es absoluta. Y, señorías, parece que les molestara que los datos mejoren. La tendencia se consolida, y eso es lo importante. El esfuerzo de los profesionales está dando sus frutos, y lo dice el informe del comisionado y lo confirman los datos de la auditoría independiente que han hecho las dos universidades públicas canarias, que dicen que son claros, que son veraces y que son transparentes.
No podemos obviar la realidad de las administraciones públicas, las pequeñas administraciones, que tienen carencia de medios materiales, personales y económicos. Y, miren, afortunadamente…
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Afortunadamente -gracias, presidenta-, afortunadamente, esté o no la información en un portal, lo que sí está es disponible para cualquier ciudadano, que en cualquier momento la puede solicitar y puede recibir la información y recibir una contestación de cualquier administración.
Canarias ha puesto la transparencia en lo más alto de su agenda, consignando, incluyendo al comisionado en el texto estatutario al mismo nivel del resto de las instituciones de relevancia estatutaria. Creemos que ha sido una buena noticia después de tres años de andadura del comisionado. El balance es positivo, los resultados del informe son positivos y tienen que servir como estímulo para seguir trabajando en la transparencia, en incrementar la cultura de la transparencia entre la ciudadanía y en el conjunto de nuestras administraciones públicas.
(La señora Rodríguez Herrrera solicita la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Han intervenido todos los grupos. Corresponde de nuevo tomar la palabra al señor comisionado de transparencia… ¿Sí? Perdón, dígame. Perdone un momento, señor comisionado.
Dígame, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRERA (Desde su escaño): Sí, presidenta, quería intervenir por datos contradichos. La señora Beato ha hecho una afirmación que no es correcta.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que por el artículo 81. Tiene un minuto. Dígame la contradicción y la fundamenta, por favor. ¿De acuerdo?
La señora RODRÍGUEZ HERRERA (Desde su escaño): Gracias, presidenta.
Leo textualmente: «En el informe referido al año 2016 se anotaba el hecho de que se habían dejado de publicar las listas de espera sanitarias». En el informe el señor comisionado no deja claro cuándo se dejaron de publicar las listas de espera en 2016. Esto no es una anécdota, por eso pedimos la aclaración y la corrección.
Las listas de espera mensuales se dejaron de publicar cuando salió el Partido Socialista del Gobierno y entró el señor Baltar. No es una anécdota, es un dato que hay que corregir en un informe tan importante, que debemos tener la veracidad y la seguridad de que lo que se pone aquí es cierto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.
Señora Beato.
Un momento, por favor. Un minuto, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.
Yo quiero reiterarme en lo que he dicho. En la página 25 del informe se dice: el portal de transparencia del Servicio Canario de Salud es de los mejores.
Los datos son absolutamente ciertos y los confirma una auditoría independiente de las dos universidades canarias, que dice que son veraces, que las listas de espera son claras y que los datos son transparentes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
(Comentarios desde los escaños).
Señorías, habla quien está en el uso de la palabra, ¿de acuerdo? Ya he dado un minuto a cada una, suficientemente cada diputada ha expresado su parecer y así queda constancia en el Diario de Sesiones.
Señor comisionado, tiene cinco minutos.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Gracias en primer lugar por todos los buenos comentarios que he escuchado aquí esta mañana respecto al informe y, como les reitero, es una obra muy colectiva, no solamente del pequeño equipo del comisionado sino de funcionarios de toda Canarias. Y, en cualquier caso, quería repasar rápidamente algunos de los comentarios que ustedes han hecho, a ver si en cinco minutos lo consigo.
Algunos de los portavoces se han referido a que la información económica, fundamental en los portales de transparencia y fundamental en la Audiencia de Cuentas -con la que, por cierto, hemos establecido ya un primer convenio de colaboración, porque es lógico que los pequeños equipos de ambos, dedicados a promocionar la mejor gobernanza de las instituciones canarias, trabajen en colaboración-… Les decía que es cierto que la información económica aparece en muchas ocasiones abstrusa, confusa, demasiado técnica y que hay un camino, hay un recorrido ahí para realizarlo. En ese sentido, el convenio con la Audiencia de Cuentas espero que nos ayude a encontrar y a sugerir esas herramientas o esas maneras de comunicar la información económica adecuadas; y lo mismo en encontrar, como indicaba la portavoz de la asamblea socialista gomera, mecanismos más eficaces de asesoramiento a las corporaciones locales para que informen de este tipo de datos, que son siempre difíciles de hacer llegar al ciudadano.
Varios de los intervinientes también se han referido a la escasez, sobre todo han puesto la atención en ese 40 % de entidades dependientes que no han prestado su colaboración y no se han autoevaluado, no nos han contado a nadie cómo están informando a la gente sobre su actividad o cómo están respondiendo a los ciudadanos sobre las preguntas que reciben. En ese sentido, como les indicaba antes, nuestro propósito es de publicarlas, las ciento treinta y seis entidades que no han rendido cuentas, publicar sus datos de forma que al menos se sientan, de alguna manera tengan un cierto coste reputacional, que es el único que podemos ahora imputar desde el comisionado a las entidades incumplidoras, en la medida en que todavía los órganos garantes de transparencia en España no tienen ningún otro elemento de presión o de coacción o de presión a los sujetos obligados para que cumplan mejor.
Es cierto también, como decía el portavoz del Grupo Popular, el señor Jorge, que hay mucho camino por andar en dos de los ámbitos de actuación analizados en el informe, en materia de planes y en materia de contratación, a los que esta vez, por primera vez en estos tres años, les dedicamos un capítulo concreto, entendiendo que los planes, es decir, lo que las instituciones dicen que van a hacer, y los contratos, que es lo que realmente luego hacen y cómo lo hacen, son elementos de primer orden, no solamente para que los ciudadanos se enteren de cómo va esa película, sino sobre todo para que el conjunto de los operadores, digamos, tenga más cuidado, más esmero, más profesionalidad, en la ejecución de esas políticas. ¿Por qué lo digo?, porque solamente cuando los operadores son conscientes de que esa información va a estar en los portales de transparencia o la van a preguntar y la van a tener que contar van a poner mucho más cuidado en cómo realizan los contratos, en cómo ejecutan los planes, en definitiva, en cumplir lo que les dijeron a los ciudadanos que pensaban hacer.
La portavoz del Grupo Socialista se preguntaba -y ha suscitado un pequeño debate interno en la Cámara- sobre si son ciertos los datos económicos, si son ciertos los datos educativos y también si son ciertos los datos de la lista de espera, etcétera; y se preguntaba también cuánto tiene de positivo cumplir la ley para los responsables políticos de cada institución. Yo siempre repito que, aparte de que los puedan o no conocer los ciudadanos, los datos a través de los portales de transparencia, el hecho de saber que los pueden mirar, que los pueden en un momento determinado apuntar como incumplidores o como engañosos, es un acicate importante, simplemente esa obligación legal y que haya un comisionado, un garante, que los esté mirando, es un acicate para que la gobernanza de los entes públicos mejore.
Y concretamente, en el punto que ha suscitado al final el debate en esta Cámara respecto a las listas de espera, yo no tengo otra misión…
La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor comisionado.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Gracias.
… que, de alguna manera, explicar lo que hace el comisionado al respecto. Hace un año lo que hicimos es hacer una evidente llamada de atención al Servicio Canario de Salud porque había interrumpido la publicación mensual de las listas de espera sin avisarlo y sin anunciar que estaba en un proceso de cambio metodológico. Un año después, no solamente el Servicio Canario de Salud, diríamos, ha reactivado la publicación de las listas de espera, sino que constatamos que lo que no tenía hace un año, o, mejor dicho, a finales del año 2016, que era un portal de transparencia, no solamente lo tiene, sino es el mejor de todas las entidades dependientes del Gobierno. Y de la misma manera que fuimos, digamos, severos un año llamándole evidentemente la atención, si queremos ser justos en este, tenemos que reconocer que aquello que le dijimos hace un año se ha resuelto al menos en buena medida. Y eso es lo que hemos procurado, con mayor o menor acierto, decirlo en el informe y estamos abiertos a precisarlo mucho mejor. Pero lo que sí es cierto…
La señora PRESIDENTA: Un minuto más y concluya, señor Cerdán.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Concluyo ya.
Lo que sí es cierto es que hace un año estaban los datos, no existían los datos y ahora existen.
Y en cuanto a la veracidad o no veracidad, yo, como les dije en comisión, les animo a que más sosegadamente, también en comisión parlamentaria, estudien el informe de los auditores, que espero que pronto se pueda conocer en su totalidad, de los auditores que han analizado las listas de espera y lleguen a conclusiones positivas para la mejora de la información sanitaria en Canarias en los próximos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cerdán. Muchas gracias, comisionado.
El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la mañana del 19 de noviembre de 2018, el Informe de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017. Se trata del tercer informe del Comisionado de Transparencia de Canarias, en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, haciendo entrega del Informe 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.
El informe recoge por un lado la evaluación de la transparencia de las instituciones canarias y sus entes dependientes a través de la aplicación telemática «T-Canaria», puesta en marcha a principios de año, y dando lugar al Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Por otro lado, el estado del derecho de acceso en Canarias, tanto de las solicitudes de acceso a información pública a los diferentes sujetos obligados, como de las reclamaciones interpuestas ante el Comisionado por denegación de información a los ciudadanos.
Daniel Cerdán sostiene, con respecto a la evaluación de transparencia del ejercicio 2017, que se trata de «un pequeño hito que señala a Canarias como la primera comunidad autónoma que ha conseguido evaluar individualmente a todas las instituciones de Canarias».
Disponible la grabación de la entrega del Informe 2017 a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, y la posterior rueda de prensa pinchando en el siguiente enlace.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el 13 de septiembre en el Pleno del Parlamento de Canarias el Informe anual de Transparencia correspondiente a la actividad del año 2016.
Con la presentación del informe, el comisionado Cerdán informó a la Cámara de que han puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. «El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable», explicó.
El contenido íntegro del Informe anual se halla en este enlace.
En el desarrollo de la sesión plenaria intervinieron los portavoces de Agrupación Socialista Gomera-ASG (Melodie Mendonza); Nueva Canarias-NC (María Esther González); Podemos (María Concepción Monzón); Partido Popular-PP (Luz Reverón); Partido Socialista-PSOE (María Ventura del Carmen) y Coalición Canaria-CC (Socorro Beato).
El desarrollo de la comparecencia en el Pleno se desarrolla en este vídeo.
A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2016 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 86/2017, de fecha 13/9/2017, del Parlamento de Canarias.
9L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
La señora PRESIDENTA: Vamos ahora con el señor comisionado de la Transparencia, si es tan amable.
Buenas tardes, señor comisionado de la Transparencia, si quiere se incorpora y presenta su informe.
Diez minutos, señor comisionado.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.
Señora presidenta y señorías de esta Cámara, estimados oyentes de la presentación del segundo informe sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en el año 2016.
Sin los preámbulos cervantinos de la presentación del 20 de julio del año pasado, en los que perdí un poquito de tiempo, adelanto directamente los enunciados esenciales a los que decidan concederme el regalo de su atención en los próximos minutos.
En primer lugar, un agradecimiento intenso, que no es un mero ejercicio de cortesía, a la Mesa y a la Junta de Portavoces por decidir que este informe se presente también en el pleno, no solo en la Comisión de Gobernación. Es señal y muestra de la relevancia que la Cámara da a los caminos que abrió a la buena gobernanza de todas las instituciones canarias en la ley aprobada en diciembre de 2014. Caminos o sendas que trazan las nuevas obligaciones de transparencia y acceso a la información, una muestra clara que agradezco y valoro por un hecho esencial que explicaré más adelante.
Hecha la evaluación de las 96 instituciones canarias y sus 2 universidades en el informe ya publicado antes del verano y también en el Boletín Oficial de esta Cámara, corresponde a sus señorías analizar y debatir el propio trabajo de la más joven, pequeña y humilde autoridad independiente de Canarias. Un Comisionado de la Transparencia vinculado a esta Cámara y no al Gobierno, como aún muchos piensan por analogía con otros comisionados, un comisionado que vigila el cumplimiento tanto de los portales de transparencia como la respuesta que se da a las preguntas escritas de los ciudadanos. Y ahora les indicaré un poco las novedades respecto al informe del año anterior.
Hemos puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable.
En el 2016, hemos casi quintuplicado las resoluciones del comisionado frente a reclamaciones de información de ciudadanos respecto a las que resolvimos en la segunda mitad del año 2015, que fue nuestro primer periodo de mandato. Nos presentaron, el año pasado, 91 reclamaciones, de las que 85 eran admisibles. De ellas, estimamos favorablemente 72, el 84,7 %, un porcentaje significativamente elevado.
Estas resoluciones obligan al Gobierno, a cabildos y a ayuntamientos a entregar la información pedida por los ciudadanos. Pero, para ser precisos, justos y autocríticos, he de indicar que nuestras resoluciones, en muchos casos -40 concretamente-, han sobrepasado los tres meses de plazo que prescribe la ley, porque solo conté en 2016 con los mismos dos técnicos superiores que el año precedente, uno de ellos dedicado a esta actividad de las resoluciones y de acceso a la información. Y lo que es peor, la situación se agravará este año porque se están triplicando las reclamaciones y posible que en el próximo 2018 vuelvan a multiplicarse por dos. Y eso ocurre no necesariamente por una peor disposición de las administraciones, sino porque los ciudadanos, más conocedores sus derechos, están preguntando más y sobre cuestiones más difíciles o más comprometidas.
Pero lo que es más preocupante en este campo es que, de las 72 resoluciones ejecutivas indicadas como favorables para los ciudadanos, al menos 13 han sido manifiestamente incumplidas, porque ni han entregado la información ni han recurrido a los jueces, como era su deber si discrepan con el comisionado.
Pusimos en marcha en este año pasado también nuestra administración electrónica y nuestra sede electrónica, un esfuerzo añadido para suplir la falta de medios, que agiliza procedimientos y da mayores garantías a los ciudadanos. Y dimos amparo, por primera vez, a miembros de la oposición de corporaciones insulares y locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno, porque ellos también pueden recurrir a la Ley de Transparencia.
Les decía al principio que me detendría en un detalle relevante que justifica la atención de este Pleno a estos hechos. Aprobada la ley estatal de transparencia y más de una decena de leyes autonómicas, muchos tienen la impresión de que nuestro secular atraso en materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su efecto. Tal actitud es tan ingenua como la de los que piensen que si los arquitectos dibujan sus planos los edificios acaban construidos inevitablemente.
Digo esto porque empieza a existir la sensación en algunos ámbitos políticos de que la transparencia y el acceso a la información como nueva herramienta para la mejor gobernanza es cosa alcanzada, resuelta, lista porque se han aprobado unas leyes, porque se ha puesto un cártel que dice «portal de transparencia» dentro de las páginas web o porque se han respondido algunas preguntas. Unos sostienen esto por mero postureo, y no descarto que los más responsables lo dicen o lo sostienen porque piensan que tienen otras cosas mejores que hacer que contar fielmente lo que hacen o hacer cabalmente lo que dijeron que harían, tienen cosas mejores que hacer que ser transparentes, ser consecuentes o rendir cuentas.
Esta es la base y la cúspide de la pirámide de la acción pública, el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también el conocimiento de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia, habremos logrado un tiempo el gobierno abierto -palabras que están ahora de moda en la nueva agenda- y también la rendición de cuentas, término muy antiguo, y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, última y soberana acción participativa.
¿Por qué hemos visto esa cierta autocomplacencia en este campo en los últimos tiempos? ¿Por qué algunos tienen tanta tentación a pensar que solo dos o tres años después de la Ley de Transparencia ya alcanzaron el grado de notable, de excelente o de sobresaliente en sus sistemas de acceso a la información? Yo creo que es porque, lejos de querer cumplir la ley básica española o las más ambiciosas autonómicas, se autoevalúan y se conforman con cumplir los viejos códigos de Transparencia Internacional, mucho menos exigentes que la legislación española y, desde luego, mucho menos exigentes que la legislación canaria. Es como si, habiendo llegando por edad y ley al grado de universitarias, muchas instituciones se empeñaran en autoevaluarse con pruebas de examen de primaria o secundaria, y eso no vale. Esa es una argucia tentadora para la galería, pero soslaya con disimulo el cumplimiento completo de las obligaciones de las leyes vigentes.
Y hoy quiero decirlo claramente: Transparencia Internacional tuvo un papel muy importante en el lanzamiento de los portales de transparencia en España cuando no existían las leyes, la mayoría de ellos se crearon para no quedar penalizadas por esta prestigiosa ONG. Y Transparencia Internacional tiene hoy una actividad realmente encomiable en otros campos más avanzados del buen gobierno, como la integridad pública, la buena contratación, la protección de denunciantes públicos o la regulación de los lobbies, entre otros.
Temas de extraordinaria relevancia muy conectados a la transparencia que nos ocupa y en los que sin duda esta Cámara, por cierto, tiene y puede y puede y tiene que seguir trabajando y profundizando a través del proyecto de ley reguladora de personas que ocupan cargos públicos; como ha hecho recientemente, en junio, Aragón, que ha enriquecido con muchos de los temas propuestos por Transparencia Internacional lo que ha sido su reciente Ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada el pasado mes de junio; una ley que viene a ser una modificación y una ampliación de su Ley de Transparencia.
Pero numerosos autores académicos han señalado que los 80 indicadores de evaluación de los portales web que realiza Transparencia Internacional están lejos de contemplar las 254 obligaciones que las leyes canarias -la de cabildos, la de ayuntamientos y la de transparencia- señalan para cabildos y ayuntamientos, en un caso, o las 290 obligaciones que la Ley Canaria de Transparencia les señala al Gobierno regional y a sus entidades vinculadas.
Quería hacer esta precisión para que no se confundan ambos campos: ser bien evaluados en Transparencia Internacional no significa estar cumpliendo las leyes de transparencia. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia en Canarias y en España, en dos años apenas hemos comenzado a levantar los cimientos de un edificio que en otros países se ha creado en siglos o en décadas. Sólidos edificios, por cierto, los de otros países, todo sea dicho, pero que no soportan a veces, o muy malamente lo soportan, los embates actuales de las postverdad, de las verdades alternativas o de las verdaderas ficciones como sustitutivas de los verdaderos hechos.
Es bueno tener esto presente, saber de dónde partimos y ser conscientes de que estamos al inicio del camino. Y sí, la transparencia no es algo, a primera vista, tan valioso para los ciudadanos como el sistema de pensiones, que debemos mantener y proteger. La transparencia es algo pendiente de construir que, desde luego, para muchos no será equiparable al sistema de pensiones, una herramienta de protección y un final de vida mínimamente digno para la mayoría. Pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos: el de pensiones, el de salud, el de educación, el de justicia, todos. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos pueden ir a tientas y no saber qué hacen sus administraciones, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que realmente hacen las administraciones, sus administraciones.
Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando en el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes…
La señora PRESIDENTA: Comisionado, tres minutos más. Tres minutos más, señor comisionado, por lo que veo que tiene ahí…
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (Cerdán Elcid): Muy bien, gracias.
¿Por qué digo esto? Porque en el sistema de transparencia y acceso a la información en una sociedad es la contrapartida pública que da respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia bajo un Estado de derecho. ¿A qué es contrapartida el sistema de transparencia? Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta también en la libertad para preguntar y para saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho al acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento reglado se asienta el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no, porque sin libertad auténtica para hablar o para pedir información ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente, ninguno. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, a conocer, que es en el que se sustentan la transparencia y el derecho al acceso a la información.
La libertad de expresión sin contrapartida pública de transparencia es una libertad coja, incompleta, frustrante cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido, y ese derecho es ahora cuando ha sido mejor reconocido por las leyes de transparencia y acceso a la información. En esa lucha estamos.
Y si empezaba con un agradecimiento, quiero cerrar con otro, no menos sincero, al pequeño y compenetrado equipo que ha hecho posible el trabajo que refleja este informe. Una aspiración que tengo muy presente a menudo tiene que ver con lo que se decía en Burgos de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Metafóricamente, sobre los servidores de mi equipo, cabe pensar qué buenos vasallos si tuvieran un buen señor; siempre son una referencia muy estimulante para llegar y estar a su altura.
Gracias.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias.
Intervención de los grupos, ahora por orden de menor a mayor, como siempre. Comienza el Grupo Mixto.
Señora Mendoza, siete minutos.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor Cerdán.
Antes que nada, darles las gracias a usted y a su equipo por la labor que están realizando desde la oficina del comisionado de la Transparencia. Una institución que cada año que pasa va cogiendo fuerza en Canarias y a la que solo falta dotarla de más medios para que pueda potenciar su tarea y tener más presencia en todas las islas. Y, precisamente, añado a mi agradecimiento el reconocimiento que usted dijo al comienzo de su exposición la semana pasada, que, aunque yo no pude estar presente en la comisión, sí que me la vi, y es que son los pequeños municipios y cabildos los que hacen un gran esfuerzo en poner en marcha la Ley de Transparencia. Hacemos un gran esfuerzo en que se reconozca no solo este hecho, sino que hace falta dotar más medios a su oficina y en que debe de tener más presencia en todas las islas a través de la participación en jornadas. En esto estamos absolutamente de acuerdo.
Como también estamos de acuerdo en valorar muy positivamente el grado de dedicación a la atención a todos los requerimientos de ayuda e información que le hacen los ciudadanos las veinticuatro horas del día. Una atención que, a pesar de todo, arroja un dato objetivo de demora media de noventa y cinco días para contestar solicitudes, esto nos obliga, una vez más, a pedir que haya una mayor dotación de recursos humanos para complementar la fantástica labor de los dos funcionarios -creo que son- y tres becarios que lo acompañan. Hay que entender que no es suficiente y que deben atender a decenas de reclamaciones durante el año, cantidad que va en aumento: 18 en el 2015, hasta 91 en 2016 y ya a mitad de este año iban por 119 registradas.
Como usted bien recoge en el informe, la demora de resolución de noventa y cinco días irá en aumento, no olvidemos que ya nos pasábamos del plazo de resolución máximo cuando era cuarenta días. Ahora que la ciudadanía empieza a reconocer en la figura del comisionado de la Transparencia un referente para dirigir las reclamaciones sobre esta materia y sobre acceso a la información para que tengan los habitantes de nuestras islas, tenemos que hacer más accesible la propia figura del comisionado.
El año pasado usted hablaba en el informe de la necesidad de cambiar aspectos de la Ley de Transparencia para poder reforzar la respuesta de esta institución. Si se ha analizado la incidencia de la aplicación práctica de la ley y se encuentran deficiencias o cosas que se deban mejorar, tenemos que implementar para hacer las mejoras necesarias. Es un tema que vale la pena analizar y trabajar entre todos. Y quizás en este sentido lo más fácil es pedirle al Gobierno que empiece a desarrollar el reglamento de la ley, un tema que deberíamos tener resuelto esta legislatura y luego ir analizando qué deberíamos cambiar. Porque la misma situación que tenemos aquí la tenemos en el resto de autonomías e incluso en la ley estatal. No se olviden de que el compromiso con la transparencia de las administraciones y la creciente demanda social acerca de este tema apenas tiene unos años, a pesar de que llevemos más de cuatro décadas en democracia.
Esta cultura de la transparencia y el compromiso de responder a ella con solvencia es una tarea en la que estamos muchas de las administraciones insulares, locales y regionales; pero lo cierto es que lo limitado de los recursos hace que todavía vayamos más lento y que quizás se retrase durante unos años para por estar al cien por cien de efectividad al ciudadano. Pero poco a poco, yo creo que todos, y con la intención de ser cada vez más transparentes, lo vamos a conseguir; aunque incido en que -yo hablo por las corporaciones locales- estamos bastante limitados en recursos.
Y porque es lo que debemos hacer y ahora hemos puesto los cimientos y estamos construyendo, debemos también revisar todos los proyectos para establecer un mejor diseño del marco legal o definitivamente quedarán grietas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.
Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenas tardes.
Yo quería empezar diciendo que esperaba que hoy en este pleno, porque esto ya lo debatimos hace una semana en comisión, pero bueno había una diferencia, hoy estaban todos los diputados y se suponía que estaba el Gobierno. Tal como se dijo en la proposición de ley de antes, tampoco hay ningún miembro del Gobierno… Gobierno, Administración, comunidad autónoma, que tenía…, que es uno de los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley.
En cualquier caso, y como le dije, el planteamiento, la posición de mi grupo, de Nueva Canarias, respecto al informe, a la Ley de Transparencia y a la aplicación de la transparencia en Canarias ya la conoce porque se la comentamos la debatimos en la comisión. En cualquier caso, hoy pretendo hacer un resumen porque con el escaso tiempo no va a haber para mucho más, pero, bueno, volverle a reiterar la felicitación por el informe del 2016. Un informe que va mucho más allá, es mucho más profundo y mucho más elaborado que el del 2015 y, además, que, como ya le dije, incluye un dato que entendemos que es muy muy importante -por lo menos para nuestro grupo- que es el índice de transparencia de Canarias, que va a permitir evaluar de forma objetiva la realidad canaria en materia de transparencia.
Evidentemente, queda mucho que avanzar en los futuros informes, pero para que eso ocurra, además del trabajo que tiene que seguir haciendo el Comisionado de la Transparencia, es necesario que todos los sujetos obligados cumplan efectivamente la ley, la apliquen de forma efectiva. Y como también ya le dije, y muy a mi pesar o muy a nuestro pesar, no tenemos mucha esperanza de que esto ocurra a corto ni siquiera a medio plazo. Y, particularmente o básicamente, porque no existe en Canarias cultura de transparencia, no existe en la ciudadanía, pero, lo que es peor, tampoco existe cultura en los gobernantes. Uno de los ejemplos que pone el informe es que menos del 1 % de los canarios visita el portal de transparencia del Gobierno, y yo ya le comenté que no era de extrañar, dada la escasa publicidad que, tal como dice el informe, se le ha dado a este portal ahora y desde el año 2015 en que se creó el portal, y sin una buena campaña de difusión es muy difícil, primero, conocer el portal y todavía más difícil incrementar su accesibilidad y su usabilidad.
Y, además, no vale el que hay recortes, el que no hay dinero, el que el dinero hay que utilizarlo en servicios básicos fundamentales porque es que para este tema ha habido desde el año 2014 partida presupuestaria, ha habido dinero y no se ha utilizado. En el 2017 esperamos, como espera el comisionado, que el dinero que hay se utilice, pero, además, que se utilice para el fin que fue previsto.
En cualquier caso y con respecto a la escasa cultura por parte del Gobierno, en este caso, del Gobierno de Canarias, yo voy a reiterar de lo que ya hemos hablado en este Parlamento muchísimas veces, y es reiterar el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias a los requerimientos hechos por los diputados de este Parlamento, sobre todo en las solicitudes de documentación y en las preguntas escritas. Ese reiterado incumplimiento obstaculiza o en muchos casos impide que podamos cumplir con nuestro trabajo, y somos los diputados los representantes de la soberanía popular, con lo que no contestarnos a nosotros es no contestar a la ciudadanía. Si no lo hacen con sesenta, cómo podemos esperar que lo hagan con el resto de la ciudadanía. Hicimos numerosas preguntas orales por parte de todos los grupos preguntándole al Gobierno el porqué de esos incumplimientos y se limitaron en todos los casos a pedir disculpas, pero, insisto, disculpas que no fueron sentidas. Vamos, y se lo digo por experiencia, porque hace un año mi grupo pidió una serie de documentación, hizo las oportunas preguntas orales en el pleno, en este pleno se nos dio propósito de enmienda y un año más tarde, porque las preguntas fueron realizadas en septiembre del año pasado, un año más tarde, seguimos sin tener la documentación.
Para concluir, tal como le dije en la comisión, la realidad es que aquí todos los Gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque, además, insisto, se creen que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también es lo que está de moda; pero la realidad es que la Ley de Transparencia, una ley aprobada por este Parlamento pero a propuesta del Gobierno, se ideó exclusivamente para cumplir el expediente, para quedar bien, pero con la intención de no cumplirla, y a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución: ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni la universidad, ni el Gobierno de Canarias, pero a los tres primeros les vino impuesta, en el caso del Gobierno de Canarias no es así, puesto que el texto que aquí se aprobó fue a propuesta del Gobierno de Canarias y en ese texto venían las condiciones para el cumplimiento de la norma.
La realidad es que, dos años y pico más tarde, no la han cumplido, y como no pasa nada, porque la propuesta de ley, una vez se hizo la propuesta y se hizo la trampa, la ley contempla un régimen disciplinario difícil de llevar a cabo y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte, en primer caso, a la institución del Comisionado de la Transparencia en un órgano poco eficiente y, a la vez, provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias en su incumplimiento.
Con lo cual, señor comisionado, reitero, en nombre de mi grupo, que muy pocas esperanzas de que en Canarias y de que el Gobierno de Canarias sea transparente. Y la opacidad también, a los ejemplos de todo este verano me remito. Me remito a las microalgas, es más, me remito incluso ya no solo a lo que es la Administración general, me remito a un ente como el de la Radiotelevisión Canaria, donde también lo que existe, o lo que ha existido hasta el momento, esperemos que no siga, es opacidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Monzón.
La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todas y a todos.
Señor comisionado de Transparencia, en primer lugar, quería felicitarles no solo por el informe, el segundo informe que se realiza, mucho más extenso, mucho más completo que el del año anterior, a usted y a todo el equipo que ha trabajado durante todo este año por la transparencia en Canarias, también a los becarios -que usted hacía mención también en la comisión- y todas aquellas personas que creen en la transparencia realmente. Porque, como decíamos, la transparencia es mucho más que cumplir una ley, es una forma de hacer gobierno, es una forma de hacer política que demanda la ciudadanía en épocas de crisis aun con mayor razón, nuestros ciudadanos quieren saber que donde se les ha dicho que tenían que apretarse cinturones, donde se les ha recortado en derechos, ese dinero que ha dejado de percibir, como derecho, la ciudadanía, qué es lo que hacen los gobiernos con ese dinero que es de todas y de todos.
Además, la transparencia es una forma activa de luchar contra la corrupción y el mal gobierno y es una forma de participación; lo decíamos en la comisión, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no se conoce no existe. Difícilmente, de lo que no se conoce, se puede participar. Por tanto, la transparencia, además, exige una dación de cuentas sobre las decisiones y acciones, usted lo estaba diciendo hace un momento en su intervención, algo que, tristemente, ni muchos gobiernos ni muchos partidos políticos están dispuestos, a dar explicaciones a la ciudadanía sobre los actos y sobre las acciones que realizan.
Me gustaría empezar por donde usted ha empezado, hablando de la falta de medios del Comisionado de Transparencia, ya lo hablábamos, esas políticas austericidas que han afectado a todas las administraciones públicas con tasas de reposición que no tenían ningún sentido porque no se adaptaban a la realidad de ninguna de las instituciones, de ninguna de las administraciones públicas, sino que vienen dictadas por el Estado sin tener en cuenta absolutamente nada. Y, evidentemente, el Comisionado, que ha surgido o se ha generado en un momento en el que precisamente estábamos en esas políticas austericidas, ha sido uno de los más castigados.
Yo quiero recordar que, además, desde este grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, en los presupuestos del 2017 presentamos una enmienda precisamente para aumentar en el capítulo, en el subconcepto 190, de gastos de personal, 200 000 euros para mejorar, precisamente, el personal que pudiera tener el Comisionado de Transparencia y que se eliminaran los complementos salariales de portavoces y presidentes de los grupos, que, por supuesto, no fue apoyada por esta Cámara.
Dicho esto, hablando ya expresamente del informe, reiterarnos en algunas cuestiones que hablamos ya en la comisión y que le adelantamos que compartíamos con el informe que ustedes han realizado. Por un lado, los ajustes que necesita la ley. Usted habla de ajustes, nosotros hablamos de modificaciones reales que necesita la ley para que realmente tengamos una publicidad activa que sea realmente eficaz. Es decir, ahora mismo la publicidad activa no tiene plazos de publicación, no tiene ninguna normativa para su actualización ni requisitos de calidad de la misma, eso es importantísimo. Cualquier portal de transparencia, cualquier web que dé información si no está actualizada no solamente es que desinforme a la ciudadanía, sino que yo creo que es más grave. Nosotros comentábamos un caso concreto en la Comisión de Industria, Energía y Comercio sobre el autoconsumo de energía eléctrica en que la página web estaba totalmente desfasada, una normativa que estaba totalmente desfasada, que ya estaba derogada y que, por tanto, era tal el daño que se hacía que era mucho mejor que no hubiera información a que la información estuviera mal en una página web. Y eso, evidentemente, es algo que, bueno, pues, o no se tiene en cuenta o no hay interés por parte de los responsables políticos para que esos portales, esa publicidad activa esté actualizada.
Otra cuestión importante. Hablábamos de la calidad de la información, que sea útil para los usuarios utilizarla, con formatos a través de los cuales se ponga a disposición y que esos archivos estén abiertos; eso lo hemos comentado muchas veces. Poco a poco, en algunas web se ha ido mejorando, pero de nada sirve un PDF que abrimos y que en ese momento ya deja de estar actualizado y que ni siquiera muchas veces nos deja copiar y pegar ni el texto que está en ese PDF, ¿no?
Los incumplimientos sobre la publicidad (ininteligible) contratos menores. Usted hablaba del amparo a cargos públicos cuando solicitan información, que también son ciudadanos, y que no se les da. Nosotros le agradecemos porque, finalmente, de aquella resolución, que usted…, sobre un consejero de Podemos del Cabildo de El Hierro, uno de los más incumplidores, pues finalmente parece que han reaccionado y que una cuestión como eran los contratos menores, que tienen que ser publicidad activa, pues al final se va a dar como un acceso, como una solicitud de información.
No sabemos muchas veces las subvenciones, es difícil saber quiénes son los beneficiarios y adjudicatarios. Muchas veces también, cuando hay un incumplimiento, no pasa nada, que ese es otro de los graves problemas que tenemos con esta ley. Usted lo dice: el régimen sancionador que tiene la ley es muy difícil poder aplicarlo.
Usted habla, además, de que esa información que se demanda, como solicitud de información, debería pasar a publicidad activa y nosotros le damos la razón, porque, además, esto facilitaría los medios. Es decir, si tenemos esa cultura -que no existe- de transparencia en la que cada vez que haya información que se genera esa información está como publicidad activa, realmente vamos a ahorrar en el trabajo, en el esfuerzo que tienen que hacer cuando se solicita una información por escrito, un acceso a la información y que tienen que elaborarla o traducirla o buscarla las personas, los responsables que tienen que hacerlo.
También la dificultad en la estadística. Los datos que usted ha reflejado, ese índice de transparencia que usted ha intentado reflejar en un informe con muy pocos medios, con poca cultura, como ha dicho, y con poco que haya estudios y unanimidad en todas las comunidades autónomas para poder hacer ese índice de transparencia, se ha hecho con la dificultad de encontrar todos los datos. Porque resulta que, al final, cuando usted solicita esos datos en algunas instituciones le dicen que no ha habido y es que usted tiene la certeza de que sí lo ha habido, quizás porque la estructura de esas administraciones no reconoce que la solicitud de información que tenga que pasar y que se contabilice como transparencia…, y que, sin embargo, esa estructura no lo permita.
Por tanto, esa opacidad de la que hablamos, que existe en todos los aspectos muchas veces, de muchas administraciones es imposible de controlar en el sentido de que no pasa si lo hacen. Por tanto, el coste es visibilizarlo para ver si se ponen coloraos -y me va a permitir esta expresión- y reaccionan, por tanto, las instituciones para facilitar esa información.
Como me queda muy poco tiempo, voy a terminar como usted decía, que la ciudadanía exige que no solamente sean los programas, las acciones, el buen temperamento (ininteligible), sino que la gente quiere que las metas que realiza cada gobierno se sepa cómo se hacen.
Para nosotros la transparencia sirve en el ámbito público para ganar eficiencia y legitimidad, y es la ciudadanía la que con urgencia reclama una democracia que inevitablemente tiene que tener por más participación de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.
Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.
La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor comisionado.
Sí me gustaría, antes de empezar mi intervención, pues, felicitarlo por el trabajo que han hecho usted y su equipo.
Dicho esto, hasta aquí se han acabado las felicitaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que hoy en lugar de hablar del informe de la transparencia vamos hablar del informe de la no transparencia. Hago alusión a esto porque cualquiera que haya tenido acceso al informe podrá comprobar la actitud negligente por parte del Gobierno de Canarias y de muchas corporaciones locales a la hora de aplicar la ley.
Señorías, la propia exposición de motivos de esta ley está cargada de muy buenas intenciones, pero, a día de hoy, poco creíble por su grado de incumplimiento. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Es una ley para la calidad democrática, es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión del dinero público y también la manera de concebir el lugar del ciudadano dentro de un estado democrático. Es una ley que, además, es una respuesta global del sistema democrático en un momento, y todos lo sabemos, en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria.
La transparencia, señorías, es sin duda uno de los elementos que complementan la democracia; asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos. En palabras de muchos autores, la transparencia es un indicar de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo debe existir información de calidad y eso a día de hoy todavía no lo tenemos. Asimismo, también se requiere, por supuesto, una ciudadanía crítica para que se pueda hacer algo útil con esa información.
A lo largo de mi trayectoria política, he escuchado en muchas ocasiones que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. Pues quiero pensar que los problemas de la transparencia se deberían haber resuelto con esta Ley de Transparencia. Sin embargo, tras la lectura del informe que ha presentado el señor comisionado, queda mucho por hacer. El objetivo de la norma para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con ese poder, para qué se hace y quién lo hace dista mucho de ser una realidad.
La presentación del informe distingue entre lo que es la publicidad activa y el derecho de acceso a las administraciones públicas canarias, y se puede observar claramente el incumplimiento -y lo vuelvo a repetir- flagrante de la comunidad autónoma. Y lo digo porque, tal y como dice el Comisionado en su informe, y leo textualmente, «el Servicio Canario de la Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública como son las listas de espera». Creo que con esto está todo dicho.
Asimismo, se evidencia que el Comisionado tiene la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que en su comparecencia nos manifestó, pues, que habían unos datos que remitía el Gobierno y los cabildos y que no le constaban al señor comisionado.
Por lo expuesto en este informe, el Comisionado no ha podido efectuar un control específico, pero no se preocupe, porque esta Cámara, como han dicho personas que me han precedido en la palabra, le habrán dicho bien clarito que tampoco nosotros hemos podido ejercer este control porque nos falta información. Asimismo, falta información a la ciudadanía.
Esa es la manera que tiene de entender la transparencia el Gobierno de Canarias o al menos, me gustaría matizar, alguna de las consejerías del Gobierno de Canarias. Pero, fíjense, todo esto parece responder a la normalidad política y sobre todo en este Parlamento, y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia y esa es la razón por la cual aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la primera ley nacional de transparencia en las Cortes Generales. En cambio, parece que lo que hace el Gobierno de Canarias, o algunas -y vuelvo a repetir- de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas; pero el Partido Popular no está de acuerdo con esa forma de actuar.
Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles para todos sin excepción y sin distinción; pero parece que eso no se aplica o no se ha querido entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige, fundamentalmente, una voluntad y una actitud nueva. Ese es, o debe ser, el desafío de la transparencia, pero algunos parece que todavía no quieren entenderlo.
Hemos de tener presente que la transparencia es, hoy en día, un valor tan esencial como necesario en lo que es un contexto político, económico y social. La transparencia está inherentemente unida al derecho de saber y del derecho que tienen todos los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficiente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. La transparencia constituye, así, un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad como elemento fundamental para conseguir una equidad social y una eficiencia económica.
La Ley de Transparencia también viene a posibilitar el impulso de un gobierno abierto, que constituye un objetivo fundamental de una sociedad moderna y democrática y que creo que todos los que nos encontramos en esta Cámara deseamos para la sociedad canaria.
He de decir que desde mi grupo parlamentario sí tenemos fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la población y que están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. Lo que sí queremos, de cara al futuro, es, por un lado, mucha, señor comisionado, mucha, mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley relativas, por un lado, a lo que son el derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan tan alegremente ante los medios de comunicación y que nos afean a los que pedimos todo tipo de información.
Y la verdad que me gustaría terminar diciendo que me encantaría saber…, a ver si ya las administraciones públicas, todas, todas aquellas que a usted no le han contestado, se empiecen a poner las pilas y empiecen a aplicar esta ley porque es una ley de aplicación.
En definitiva, quiero decir y quiero terminar diciendo que podemos decir que estamos en el camino pero que todavía queda mucho por recorrer. Y por eso quiero terminar mi intervención con una cita de Roosevelt, donde decía que «una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia».
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.
Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías.
Quizás es por la hora o el cansancio, pero yo creo que no voy a ser tan pesimista en cuanto a la situación.
Desde luego, en primer lugar agradecer al señor comisionado, el señor Cerdán, el informe, el trabajo que ha realizado desde el Comisionado. Ya lo vimos las semanas anteriores en la comisión y hoy tenemos la posibilidad de comentarlo, debatirlo nuevamente aquí. Desde luego que es el segundo informe que se presenta, ya el año pasado se trajo esta información y hay una diferencia del año pasado a este.
Examinando por partes en cuanto al trabajo del propio comisionado, desde luego, destacar o solidarizarnos con esa falta de medios de los que hablaba, medios humanos y medios materiales, la falta de presupuestos con la que trabaja el comisionado, con ese equipo tan reducido, pero esa cuestión también es la misma o el mismo problema con el que se encuentra toda la Administración. Quizás esa falta de conciencia de asumir la ley realmente y de aplicarla hace que no se cuente con un presupuesto específico para aplicar la transparencia con un personal específico, con una unidad de trasparencia. Quizás haga falta dotar y tener un mejor presupuesto y unas mejores unidades tanto de medios humanos como materiales, no solo por el propio Comisionado, sino por todas las administraciones.
Desde luego, es un acierto lo que planteaba en la comisión, y que ya también se ha comentado aquí, de la posibilidad de tener más presencia en las islas periféricas. No estando allí físicamente, porque generará probablemente un mayor gasto, sino buscar una forma o un método, las nuevas tecnologías probablemente serán suficientes como para que el comisionado recoja esas quejas y esas inquietudes, la preocupación o la exigencia de transparencia en las islas periféricas, como decía, donde también hace falta o se hace necesario.
La falta de la puesta en marcha de la sede electrónica del propio Comisionado también es una asignatura pendiente; eso permitiría agilizar los plazos de respuesta del propio comisionado. Y en cuanto a las propias administraciones que se examinan aquí, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos como las universidades, desde luego que este informe debe tomarse como una evaluación para cada una de las administraciones. A las que cumplen o las que intentan cumplir, las que intentan aplicar la ley, pues servirá para motivarlas y animarlas a seguir cumpliéndola y seguir mejorando. Y las que no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen directamente y no dan respuesta, no responden a las solicitudes del Comisionado, pues, deberán empezar a trabajar y a cumplir con esta ley. Y aquí lo enlazamos ya con uno de los puntos débiles de esta ley y del comisionado, de todo este trabajo, que tiene que ver con la falta o la deficiencia del régimen sancionador, que hace fácil incumplir con la ley. Quizás habrá que revisarlo, aprobar un reglamento y, de alguna forma, ser bastante más exigentes para que cueste un poco más o sea un poco más caro a la Administración y no solo el reproche del comisionado o el reproche ciudadano.
Hay un dato importante en el informe que habría que tener en cuenta y que deja ver que no se han examinado los organismos autónomos dependientes del Gobierno. Por tanto, esa buena nota que, por ahora, se le atribuye al Gobierno de Canarias ya el comisionado advierte de que el año que viene puede verse rebajada, dado que los organismos autónomos ya en una primera prueba que se les ha hecho no superan el aprobado. Por tanto, entiendo que esos organismos autónomos habrán leído, conocen este informe y estarán trabajando para que el año que viene el resultado del informe no baje la nota de Canarias.
Como decía, se necesita ese desarrollo reglamentario y, además, analizar a otros sujetos obligados en el artículo 3 de la propia Ley de Transparencia: sindicatos, partidos políticos, todas las organizaciones que reciben subvenciones y fondos públicos.
Otro dato llamativo es la creación del propio portal, del Gobierno, de transparencia, que no ha tenido la suficiente divulgación y, por tanto, el Gobierno deberá ocuparse de dar esa divulgación para que los ciudadanos lo conozcan e intentar consultarlo.
Desde luego, en el Partido Socialista creemos en un Gobierno transparente, abierto y fiable para la ciudadanía, y la transparencia es clave para que los ciudadanos tengan confianza y participen de la Administración y se impliquen en las acciones de gobierno. Si no, mantendremos esa lejanía y ese rechazo de la ciudadanía muchísimas veces a las acciones de gobierno, en cualquier ámbito, regional, insular o local. Es la única manera de ofrecer servicios públicos eficaces y eficientes, que los ciudadanos se sientan partícipes y respetados en sus actuaciones.
El Partido Socialista trabaja ha trabajado en ese camino. La Ley de Transparencia en Canarias se aprueba en 2014, bajo una consejería o una dirección de un consejero socialista. Se queda también pendiente de aprobación o se…, en 2016, se aprueba la estrategia marco canaria de gobierno abierto y se queda sobre la mesa también la ley de altos cargos públicos, que entendemos que el Gobierno está trabajando y que seguro, con toda seguridad, entrará en vigor pronto, en estos próximos meses, según nos ha informado el consejero en algunas intervenciones o preguntas que le hemos realizado.
Pero muchas veces una buena gestión no tiene acogida por los ciudadanos si no se cuenta bien, si no se traslada bien, si no se da la información y si no se accede a la documentación y a la información que solicitan los ciudadanos. Hemos tenido ejemplos, ya lo hemos visto estos días, las microalgas, los vertidos, las listas de espera. El consejero socialista publicaba las listas de espera de sanidad; en este caso, no es así y, desde luego, se genera cierta incertidumbre e inseguridad por los usuarios, por los ciudadanos, por los pacientes. Igual sucede con los datos de dependencia: habría que establecer unos criterios únicos a la hora de determinar cuáles son los datos correctos en un caso o en otro y no entrar en discusiones de si es verdad lo que se publica o no.
Por tanto, señor comisionado, mostrarle nuestro apoyo a seguir trabajando para que el año que viene el informe nos dé una buena noticia y se haya avanzado en democracia, en participación y en transparencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, buenas tardes.
Le felicitamos porque, con pocos medios humanos y poco presupuesto, nos presenta hoy un buen informe, un excelente informe, que mejora el del año pasado y que nos sirve de foto para contemplar cuál es la realidad, para extraer conclusiones sobre los aspectos a mejorar en un proceso que es de mejora continua.
Lo decía la señora Mendoza, las administraciones más pequeñas tienen más dificultades y demuestran menor transparencia en internet. Afortunadamente, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad al alcalde, a los concejales y a los funcionarios, y con esto, lejos de verlo como un freno, queremos ser flexibles porque, según nuestra Ley de Transparencia, los medios de acceso a la información no se limitan a un portal de internet. Un sistema de información multicanal es garantía de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la información, porque no todo el mundo tiene o se maneja en internet, pero sí llaman al 012 o acuden a una oficina de información. Los portales son un instrumento más, sin embargo, los análisis se hacen atendiendo exclusivamente a la web y sería positivo que en el futuro pudieran tenerse en cuenta y valorarse los esfuerzos de transparencia que hacen las administraciones a través de otros medios.
Volvemos a constatar que las solicitudes de acceso a la información siguen siendo escasas, no hay presión ciudadana, por eso las administraciones se centran en la prestación de los servicios públicos, en resolver una ayuda social, las subvenciones, abonar las facturas y dejan atrás estas obligaciones.
Nos hablaba esta mañana la señora Acuña de las dificultades que afrontan los municipios con escasos medios y con poco presupuesto para cumplir con sus competencias y, sinceramente, escuchándola se me hace difícil pensar en sancionarlos por no cumplir la Ley de Transparencia o por cumplirla deficientemente.
Este año el informe incorpora como novedad del índice de transparencia de Canarias, que puede servir como herramienta de medición para otras comunidades autónomas. La cooperación entre el Gobierno y el Comisionado es esencial para elevar la nota media de ese índice. Este informe ha de servir para mejorar y perfeccionar la estrategia marco de gobierno abierto que el Gobierno ha aprobado recientemente.
Según el informe, 20 de las 96 principales instituciones obtuvieron más de 5 puntos sobre 10 en el índice. El resto influyeron en la nota a la baja, y nos preguntamos si esto atañe solo a Canarias o, una cuestión, cómo estamos posicionados respecto al Estado o al resto de comunidades autónomas. Y, señorías, el lento incremento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia no es exclusivo de Canarias, es algo generalizado en todas las administraciones de España, y así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.
Ha habido avances, como pone de manifiesto el informe cuando afirma que «el indicador de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en un nivel, dice usted, más que aceptable -7,69 -«. Pero hay que adoptar medidas para seguir avanzando, por ejemplo, automatizar la carga de información para vincular al portal de transparencia los magníficos sistemas de información que sí tenemos y con los que cuenta la comunidad autónoma. Se me ocurre el Sistema de Información Territorial, uno de los más completos que se conoce; la web Canarias Saludable, con información puntual sobre la sanidad y el medioambiente; el portal del Servicio Canario de la Salud sobre las listas de espera, el perfil del contratante para contratos, y quizás esto se pueda solucionar pudiendo integrar los datos con una solución técnica que permita replicarlos en el portal de transparencia.
Estamos seguros de que todas las administraciones trabajan en la medida de sus posibilidades. Estamos de acuerdo con usted en que uno de los objetivos de una buena política, de un buen gobierno, de una buena gestión debe partir del análisis y del diagnóstico previo para trazar un plan viable, ejecutar las acciones planificadas y su posterior evaluación.
La evaluación de las políticas públicas es el mejor referente para mejorar y corregir el rumbo, lo que permite la rendición de cuentas a la ciudadanía. Porque nos permite, además, un juicio de valor sobre el éxito y el impacto de las políticas, saber si estamos en el camino correcto. Esto es un cambio de cultura difícil de asimilar en este mundo de la inmediatez, de la apariencia, del espectáculo, de los 140 caracteres y cuando la memoria solo nos dura diez minutos, nada más que diez minutos. Pero nosotros estamos comprometidos con la transparencia y, por tanto, con que los servidores públicos seamos examinados y valorados por lo que realmente hacemos.
Le animamos desde el Grupo Nacionalista a seguir trabajando y cuente con nuestro apoyo para mejorar el índice de transparencia de Canarias, para mejorar la implantación de la ley en las islas y para caminar en ese objetivo de la evaluación de la gestión, de la planificación y del análisis de las políticas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.
Turno ahora, para cerrar, el señor comisionado por tiempo de diez minutos.
El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien, buenas tardes.
Vamos a ver si soy capaz de concentrar todas las amplias sugerencias y valoraciones que se han realizado en estos últimos minutos sobre el informe, del que inicialmente agradezco las valoraciones genéricas que he recibido, porque me consta, no solamente por ahora sino por las manifestaciones que se hicieron en comisión y por el conocimiento que demostraron ustedes del mismo, que lo conocen. Realmente, ha sido un informe trabajado, hecho dentro de la casa, sin externalizaciones y con el ánimo, digamos, de ir abriendo caminos e ir sobre todo aprendiendo, porque, como he dicho muchas veces, nosotros también, si las administraciones son noveles en materia de transparencia, nosotros también, nosotros estamos aprendiendo, pues, como a la bicicleta a la vez que caminando, ¿no?
Yo voy a tratar de agrupar todos los comentarios que se han hecho, algunos compartidos. Hay algunas cuestiones que ha tocado todo el mundo, pero me gustaría empezar por una reflexión que se ha planteado aquí por varios de los portavoces, que es que ¿existe transparencia en Canarias o en la comunidad autónoma? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? El índice que nosotros, de alguna manera, matemático, hemos alcanzado respecto al cumplimiento de lo que en el portal de transparencia, de las obligaciones que establece la ley, ¿es un índice suficiente para respondernos a esa pregunta? Yo creo que solamente la podremos responder cuando, en el conjunto al menos del Estado español, y si pudiera ser en Europa, mejor, tuviéramos un sistema de comparativo para medir a los gobiernos autónomos con gobiernos autónomos, capitales de más de 200 000 habitantes con las capitales… Porque ocurre como con la velocidad, que en las carreras, digamos, no solamente gana el que llega primero o el mejor, sino que, realmente, hablamos de la gente más rápida y más lenta siempre en comparación con los primeros de la carrera y con los que acaban la carrera. Por lo tanto, la transparencia, como la velocidad, es algo evolutivo, es algo que solamente se puede medir bien cuando se puede medir por comparación con semejantes. Por lo tanto, yo no estoy seguro; por eso cuando en el informe anunciamos que el año que viene de repente baja, yo no estoy seguro de que, si aun bajando la puntuación, el año que viene bajará la transparencia, porque seguramente los parámetros van evolucionando a medida que el resto de las administración se mueven generalmente siempre hacia arriba.
(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).
Respecto a cómo mejorar este marco, ya en esta Cámara ustedes lo han conocido en este mismo pleno, están en marcha tanto la Estrategia Marco de Gobierno Abierto de la comunidad autónoma como esa ley que les comentaba antes sobre regulación de cargos públicos. Creo que son dos instrumentos que están en marcha y sobre los que esta propia Cámara, como decía, puede trabajar en el futuro para mejorar el marco, y hacerlo en las líneas que ustedes mismos han señalado. Por una parte, para mí el más urgente y más importante desarrollo de la Estrategia de Gobierno Abierto podía ser el desarrollo del reglamento, porque es cierto que la ley señala cuantitativamente muchas obligaciones, pero el reglamento, como ha señalado algún portavoz, nos va a determinar cómo cualitativamente se cumplen esas obligaciones. La ley dice cúmplanse para el Gobierno de Canarias 290 obligaciones y el Reglamento diría cómo tienen que cumplirse, algo que en este momento falta y que, por lo tanto, tiene de alguna manera sin criterio de actuación a muchos funcionarios responsables de las URIP, no solamente en las diferentes consejerías sino en las 81 entidades vinculadas al Gobierno o en las 60 entidades vinculadas de los cabildos o en los más de 200 de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese reglamento va a iluminar, valga la redundancia, el cumplimiento de la ley, que en este momento se está haciendo, como decíamos en comisión, a veces a paladas de PDF porque no hay ninguna obligación de que los contenidos sean actualizables en determinado momento, que si los contenidos sean en determinado formato y, por lo tanto, el reglamento… Que ya contamos con algún precedente la primera comunidad ha sido la valenciana recientemente, no ha habido muchas que lo han desarrollado, pues es algo que va a mejorar no solamente la Ley de Transparencia, sino esa estrategia de gobierno abierto que el Gobierno ha explicitado aquí que quiere mejorar.
En cuanto a la nueva ley de cargos públicos, creo que en el debate político en este país está en este momento, fundamentalmente, la regulación de los lobbies, que afecta a las leyes de transparencia, indudablemente, porque ayudan a entender cómo los poderes públicos toman sus decisiones y otros aspectos de la buena gobernanza. Creo que, también, me imagino que en los próximos meses va a tener entrada ese proyecto de ley en el Parlamento y tienen oportunidad de seguir trabajando en esa materia.
En cuanto al acceso a las islas del comisionado, que se ha tocado en varias intervenciones, nosotros hemos manifestado nuestro propósito de, en los próximos meses -y empezaremos por El Hierro, precisamente, el día 10 de octubre-, visitarlas más, hacer más pedagogía, como se nos ha dicho. Pero también les digo -lo comenté en la comisión- que somos perfectamente accesibles teniendo una sede electrónica, muy pocas administraciones de nuestro tamaño y de nuestra juventud pueden decir que tienen sede electrónica ya, y teniendo una respuesta en hora siempre a través, fundamentalmente, de las redes sociales a cualquier consulta, pregunta o planteamiento que se nos hace.
Creemos también importante -y en eso creo que la propia comunidad autónoma tiene amplio margen de mejora- la integración de los sistemas de información que tiene. Es decir, tenemos en algunos casos como el de Grafcan o de información geográfica o de información económico-financiera, o el Unifica. Plataformas absolutamente desconocidas que casi podríamos decir que son un pequeño derroche en la medida que cuestan mucho, dan mucho servicio, pero son poco conocidas, que, de alguna forma, vinculándolas mejor a la propia Ley de Transparencia, publicitándolas más, habría no solamente una sensación de estar mejor informados, sino una evidente mejor información en el conjunto del tejido social canario, en algunos casos, con elementos que solamente aparecen en los medios, como el trueno, cuando truena, y que, sin embargo, están ahí permanentemente, a veces están tan recónditamente ocultos, fundamentalmente, porque no las hemos puesto de alguna manera más visibles o más accesibles a los ciudadanos.
Otra de las cuestiones que se ha comentado y sobre la que también me gustaría reflexionar es el famoso tema del 1 % de ciudadanos canarios que visitan el portal de transparencia. Después de haberlo comentado en la comisión hace unos días, me tomé la molestia de ir a comprobar, como les decía antes, comparativamente qué información podemos encontrar en otras comunidades. Sí lo hay en las del portal estatal de transparencia y se da la curiosidad de que es un porcentaje muy parecido, prácticamente semejante, al canario. ¿Por qué? Porque en Canarias han visitado el portal de transparencia 20 000, es decir, un 1 %, en términos redondos, de los 2 millones de canarios y el portal de transparencia estatal del año pasado lo visitaron 444 000, es decir, casi -un poquito menos- casi el 1 % de los 46 millones de habitantes.
¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente, que, por una parte, la élite, preocupada por la transparencia…, porque lo decía el otro día en comisión, es una élite, cuando es un 1 %, realmente son ciudadanos o muy sensibilizados políticamente o son periodistas o son políticos o son ustedes mismos o son funcionarios. Esa élite, diríamos, seguramente crecerá en el futuro, pero no creamos que va a crecer mucho más allá del 5 o del 10 %, porque son muchos los portales más atractivos que cualquier portal de transparencia.
Lo importante en este caso, como he indicado en alguna ocasión, es que en los portales de transparencia la información exista, porque la virtualidad de los portales no es tanto, a veces, que la vea una élite sino que la virtualidad es que toda la Administración -políticos y también funcionarios-, todas las administraciones sepan que van a ser o que pueden ser vigilados por los datos allí expuestos, el efecto panóptico. Es decir, oiga, la gente se comporta mejor cuando sabe que puede ser vista y por lo tanto aportar mucha información a los portales, aunque solamente lo vea el 1 %. Esa élite es importante porque, cuando detecten algo relevante, lo van a proyectar, vía prensa, vía otros medios de divulgación, lo van a proyectar hacia el conjunto del 100 % de la población.
Por lo tanto, estemos más preocupados por alimentar bien los portales que por el que sea el 1, el 2 o el 3 %, que, en cualquier caso, no es un porcentaje inferior al del portal de transparencia del Estado.
Respecto a mejoras también que se han planteado, que han surgido ahora o en la comisión. Se habló en la comisión algo también del derecho al acceso de los 60 ciudadanos canarios que se sientan en esta Cámara, que también es un derecho de acceso a la información. Comentamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que facilite de la misma manera que hemos facilitado el acceso a la información a consejeros de cabildos o concejales, que permita de alguna forma establecer mecanismos más fáciles y, por otra parte, más razonables; porque ustedes mismos, en la última comisión donde se trató este tema, alguno de los portavoces señaló que había preguntas a veces irrisorias o, si vamos a ser serios y a hacer también autocrítica, como he intentado hacer al principio, que había preguntas que se realizaban desde esta Cámara sin saber si la comunidad autónoma es competente, a veces preguntas sobre temas que tienen que ver con cabildos o con ayuntamientos o con el Estado, y, por lo tanto, para que los funcionarios de la comunidad autónoma de alguna manera apliquen con diligencia su trabajo, lo lógico…
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Dos minutos más, señor comisionado.
El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Lo lógico es que les lleguen -y perdonen este pequeño inciso- preguntas que tengan que ver con las competencias de esta comunidad o que las deriven directamente ustedes a los cabildos en el caso de que quieran información de otra administración.
Concluyo. Agradezco ya de antemano el impulso que en los meses siguientes puedan ustedes realizar desde esta Cámara a través de las leyes en marcha o a través de la discusión de la Estrategia de Gobierno Abierto, y, como siempre, quedo a su disposición para comparecer las veces que sea necesario en la Comisión de Gobernación, que, como les dije, entiendo que es el consejo de transparencia de esta comunidad, en la medida que es una comunidad con Comisionado, sin un consejo específico, es una comunidad con un modelo tan singular que permite eso, permite que la Comisión de Gobernación de este Parlamento sea de facto el consejo de transparencia de esta comunidad.
Muchas gracias.
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor comisionado.
El pasado 31 de mayo, Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, presentó ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias el primer informe anual del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, correspondiente a la actividad del año 2015.
El Informe anual de 2015 se puede consultar en este enlace.
En el desarrollo de la sesión, bajo la presidencia de Rosa Bella Cabrera, intervinieron, asimismo, los portavoces de la Agrupación Socialista Gomera (Melodie Mendoza), Nueva Canarias-NC (Esther González), Podemos (Concepción Monzón), Partido Popular-PP (Emilio Moreno), Partido Socialista-PSOE (Gustavo Matos) y Coalición Canaria (Socorro Beato).
El desarrollo de la comparecencia se refleja al completo en este vídeo.
Petición a la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias de informes remitidos al Defensor del Pueblo| Estimación
Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a informes remitidos al Defensor del Pueblo(23-IX-2021)
Solicitud de información a la Consejería de Sanidad sobre los diplomas pendientes de firmar por el ESSSCAN| Desestimación
Resolución desestimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a los motivos de la acumulación de 9.000 diplomas pendientes de firmar por la Dirección de la ESSSCAN en el mes de febrero de 2017.(08-IV-2022)
Petición al Ayuntamiento de Gáldar para acceder a la copia de un expediente administrativo completo generado por una denuncia|Estimatoria
Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Gáldar relativa a expediente administrativo completo relativo a una denuncia (06-X-2022)
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