Ahora el Gobierno de Canarias debe, en el plazo de 15 días hábiles, entregar la información a la Plataforma
Una persona sostiene una pancarta durante una manifestación ‘silenciosa’ de protesta contra la gestión de la reconstrucción en La Palma, a 19 de septiembre de 2022, en La Palma, Canarias (España). La ‘Plataforma de Afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja 2021’ ha convocado este encuentro en el entorno de la plaza de España de los Llanos de Aridane, coincidiendo con el primer aniversario de la erupción volcánica en Cumbre Vieja y para protestar por la gestión de la reconstrucción de la isla. El presidente de la plataforma critica en un comunicado la «nefasta gestión» por parte de las administraciones públicas que se ha caracterizado por la «complacencia, el silencio y el olvido.
19 SEPTIEMBRE 2022;CANARIAS;MANI SILENCIOSA
Kike Rincón / Europa Press
19/9/2022
La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha conseguido, a través del Comisionado de Transparencia, poder exigir al Gobierno de Canarias las actas e informes científicos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) previos al día de la erupción, así como el día que el volcán erupcionó.
Al respecto, señalan que este logro se ha conseguido después de que el 27 de junio de 2022 la Plataforma solicitara a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias la documentación sobre las actas de las reuniones de los comités científico y director del Pevolca en los días previos y el día de la erupción, así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución del fenómeno preruptivo.
Sin embargo, la Dirección General denegó el acceso a esta documentación “argumentando que al no ser el Pevolca un órgano colegiado no había secretario para levantar actas y además que se trata de mera información auxiliar o de apoyo que no consideraba de interés público”, por lo que la consideraba una solicitud entre los supuestos de inadmisión, según ha informado la Plataforma en nota de prensa.
Ante esta contestación la Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 una reclamación ante el Comisionado de Transparencia exponiendo que “no se trata de una información auxiliar sino esencial para la toma de decisiones a la hora de evacuar o no a los afectados”.
Finalmente, el Comisionado de Transparencia ha resuelto este viernes 30 de diciembre dando “la razón parcialmente a la Plataforma frente a la Resolución de 27 de julio de 2022 del Gobierno de Canarias que negó las actas del Pevolca, pues, según el Supremo, las actas de órganos colegiados es un supuesto de información pública susceptible de ser incluido en el objeto del derecho de acceso”.
Por contra, el Comisionado no da la razón a los reclamantes en su reivindicación del derecho a conocer las opiniones particulares de cada miembro del Pevolca, es decir, las deliberaciones de los comités científico y director, sino solo de los acuerdos que se tomaron (actas y los documentos que se manejaron los días 17, 18 y 19 de septiembre), así como toda la documentación relativa a los informes científicos de los últimos cinco años entre el año 2017 al año 2021 que debe ser entregadas, como solicitó la Plataforma.
La transparencia, ese indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos y del sector público, lleva siendo custodiada en Canarias desde 2015 por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1956). Tras décadas de experiencia en diversos medios de las Islas y haber estado al cargo de la comunicación de instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias –fue viceconsejero de Comunicación enero de 2003 y 2007, durante la presidencia de Adán Martín– o director general de Radio Televisión Canaria, en los últimos ocho años, Cerdán ha estado a cargo de vigilar el cumplimiento del deber de transparencia de las instituciones del Archipiélago, una labor que, en esta entrevista con TIEMPO DE CANARIAS, califica como el «un colofón de mi carrera periodística de cuarenta años».
Hay muchas personas que quizás no sepan cuál es la función del Comisionado de Transparencia. De forma sencilla, ¿Qué es el Comisionado de Transparencia? ¿Por qué es importante para la sociedad?
El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano autonómico más joven y el más pequeño, creado en 2015 como consecuencia de la Ley de Transparencia de Canarias. Asimismo, es dependiente del Parlamento, como lo es el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas, es decir, que es auxiliar y que ayuda a rendir cuentas ante todos los canarios de cómo se está cumpliendo la Ley de Transparencia de Canarias.
Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, durante un momento de la entrevista en los estudios de TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora
Fundamentalmente, lo hace en dos campos: en primer lugar, cómo las instituciones y las entidades que reciben fondos públicos cuentan en su portal de transparencia –a través de sus páginas webs– lo que la propia ley les obliga a contar; y, en segundo lugar, funciona como un medio de garantía de que a los ciudadanos, cuando preguntan en alguna administración por información pública, se les conteste. Si no se les contesta en un mes, tienen la opción sencilla a través de nuestra web de reclamar y de pedir que se les emita una resolución que obligue a esa administración a responderles a la pregunta o información que hayan solicitado.
Lleva al frente del Comisionado desde 2015, casi ocho años ejerciendo el cargo. ¿Qué ha supuesto para usted, tanto a nivel personal como profesional, esta experiencia?
Yo soy periodista de profesión. De hecho, soy el único periodista dentro de los consejos que conforman el Comisionado de Transparencia porque el resto, casi todos, proceden del ámbito del derecho público. Para mí ha supuesto un colofón de mi carrera periodística de más de cuarenta años, tanto en el ámbito de la información pública como en los periódicos canarios.
Esta es una nueva rama de la comunicación que surgió en España tardíamente, en esta última década, y que creo que es un buen campo de trabajo para que los periodistas podamos desplegar nuestra actividad.
¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria en el Comisionado de Transparencia y, sobre todo, en este último ejercicio?
La primera fase fue fundamental porque tuvimos que constituir algo que no existía y, por ende, tampoco teníamos referencias de cómo hacerlo. Prácticamente se empezó así en toda España, pues los primeros consejos fueron el Estatal y luego el de algunas comunidades autónomas, como los de Murcia, Cataluña o Canarias. Y, sobre todo, fue un reto hacerlo –como nos decían entonces– muy económicamente porque nacimos en medio de una crisis económica y cuando las administraciones estaban reduciendo gastos, aunque entendían que había que hacerlo porque se estableció una cierta alarma, como ha vuelto a producirse ahora, por la corrupción en aquellos años.
Por ello, se creyó que era bueno mejorar los mecanismos de integridad, como puede ser la transparencia. Entonces, nacimos con pocos medios y eso nos obligó a ser creativos en cuanto a consumir pocos recursos. A mí siempre me gusta recordar que el Comisionado empezó gastando 20 céntimos, y ahora ha subido a 30, por cada habitante al año. Como yo digo: lo que le cuesta a una familia un cortado, se financia el control de la transparencia en Canarias.
En cuanto a los retos de los últimos años, sobre todo a partir del 2018 hasta el 2021, en el control y evaluación de los portales de transparencia –en los que el sector público ha llegado por encima del notable, después de seis años– ha impulsado a los sectores públicos a no querer estar en la parte baja de la tabla y mejorar la calidad de sus páginas webs. Este último año hemos hecho un especial esfuerzo en el cumplimiento de la otra parte que antes hablaba: de la garantía del derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
Siempre me gusta recordar que la Ley de Transparencia convierte a todos en periodistas porque le da a la gente la capacidad de preguntar, como han hecho los profesionales de la comunicación desde siempre. Así que, cuando no se les responde, vigilamos que nuestras resoluciones se cumplan porque detectamos hace un año que ha habido un relajamiento respecto a esto. De hecho, hubo un tercio de las resoluciones que no se cumplían y, debido a nuestra labor especial e insistente, lo hemos reducido por debajo del 10 % en 2022.
El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, reflexiona sobre su trayectoria profesional en TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora
En materia de derecho de acceso a la información pública, Canarias se sitúa a la cabeza de España en reclamaciones de este tipo, con 26 reclamaciones por 100.000 habitantes en el año 2022. Las reclamaciones aumentaron por tercer año consecutivo y se situaron en 575 el pasado año. ¿En qué se traduce este incremento?
Eso es el número de reclamaciones de ciudadanos que, habiendo preguntado al Gobierno, a cabildos o a los ayuntamientos, no les han respondido y acuden al Comisionado para obtener amparo ante esa falta de respuesta. La mayor parte, el 80%, es que han tenido silencio administrativo, es decir, que ni siquiera les han respondido. El otro 20 % restante es que les han dicho que no, que no se los dan por algún motivo. El ciudadano entiende que, a pesar de decirle que no, tiene razones para acceder y recurre a nosotros. Por tanto, esas son las cifras de ciudadanos frustrados.
Del número de preguntas que hay en el conjunto de las 98 instituciones principales de Canarias, no hay una estadística fiable. Nosotros hacemos una aproximación, pero no es fiable porque no lo hemos podido comprobar, aunque creemos que pueden rondar entre las 4.000 y 5.000. Menos todavía existe esa estadística a nivel de toda España, solamente sabemos el número de los que nos reclaman al Comisionado de Transparencia.
Quiero entender que es así porque, primero, el Comisionado de Transparencia fue de los primeros en crearse y hemos hecho una labor de difusión de la propia existencia de la ley y de este órgano, lo que ha hecho que seamos más conocidos que en la mayor parte del resto de Comunidades Autónomas españolas. Es más, en algunas partes de España ni siquiera existe, sino que se derivan a los ciudadanos al Consejo Estatal. Entonces, fruto de eso y de nuestra insistencia, creo que ha sido más conocido y utilizado. De hecho, ha empezado a ser utilizado por los propios funcionarios para temas de asuntos de personal, posiciones, promoción, exámenes, etc.
El pasado año se duplicó el número de expedientes administrativos hasta llegar a los 4.089 y, a su vez, se triplicó el número de evaluaciones de portales de transparencia alcanzando los 3.161. ¿Cómo interpretan este dato?
Esos 4.000 y pico expedientes incluyen las evaluaciones, que son 3.177, y fundamentalmente son las evaluaciones de los portales y las resoluciones por derecho de acceso. En el derecho de acceso generalmente los incrementos anuales suelen ser entre 5 y 10, un incremento natural habitual en otras comunidades. Sin embargo, esa triplicación del número de evaluaciones, y por lo tanto que supone duplicar el número de expedientes, obedeció a que nosotros ya llevamos 3 años evaluando aquellas entidades, empresas y oenegés que reciben fondos públicos por más de 60.000 euros al año.
Entonces, como en el año 2021 hubo un incremento fortísimo del número de subvenciones a consecuencia de las ayudas por el Covid-19, que fueron mil y pico millones de euros solamente en Canarias, pues llegamos a emplazar a más de 3.700 entidades privadas, sobre todo empresas que recibieron subvenciones tras cerrar las puertas y por haber reducido mucho su facturación. A su vez, esto produjo una elevación muy fuerte del número de evaluaciones.
Posiblemente, este ejercicio, que vamos a empezar a analizar las subvenciones otorgadas en el año 2022, ese número se reduzca, porque ya no hubo ayudas por la crisis sanitaria. No obstante, posiblemente en los futuros años vuelva a aumentar por las ayudas del Next Generation, es decir, las nuevas ayudas que vienen ahora para la recuperación económica, fundamentalmente con fondos europeos. Por lo tanto, eso estará en buena medida a la albur o en función de cómo se comporte el número de ayudas públicas cada año.
Antes de entrar a valorar las evaluaciones respecto a la transparencia, ¿Cuáles son los criterios que establece el Comisionado para determinar si una entidad, ya sea pública o privada, es más o menos transparente?
Nosotros atendemos estrictamente, al igual que otros comisionados de España, a la Ley de Transparencia, tanto la básica estatal del 2013, como a la canaria del 2014. En esas leyes se establecen una serie de obligaciones de información en los portales de transparencia que nosotros medimos si las entidades las están publicando o no. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias tiene 160 obligaciones de todo tipo, desde obligaciones de leyes que tienen en tramitación hasta planes normativos, presupuestos, rendición de cuentas sobre cómo han gastado el dinero público, el número de subvenciones que han dado, el número de contratos y sueldos públicos… En el caso de Cabildos y Ayuntamientos, bajan a alrededor de unas 100 obligaciones de ese estilo. Hay que tener en cuenta que la tipología de sujetos públicos es muy variada, por lo que se ajustan a las funcionalidades de cada uno. Por ello, el número de obligaciones informativas puede ser mayor o menor.
Las evaluaciones las hacemos a través de una herramienta informática que creamos, que se llama T-Canaria, en la que invitamos a las organizaciones a que se autoevalúen con ella, colocando las obligaciones que piensan que tienen publicadas, y el sistema les da una nota indicativa. Así, presentan su autoevaluación y nosotros verificamos que realmente lo que dicen es cierto. Por tanto, nuestro trabajo es pequeño en ese sentido, pues sin la autoevaluación de más de 3.000 personas de toda Canarias no podríamos sacar el ranking.
A partir de nuestra verificación sobre lo que ellos se autoevalúan, surge la nota cada año del nivel de transparencia activa. Hay que destacar que la evaluación es del nivel de transparencia de sus portales, que no es una puntuación de la totalidad de la transparencia que cabe esperar de una institución o de una empresa, sino solamente de la calidad de su portal de transparencia, que es una de las partes del conjunto de la seguridad social transparente.
¿Es importante esa nota, no solo para las entidades, sino también para los ciudadanos?
Sí. Yo creo que sirve para ver si la institución está cumpliendo, sobre todo cuando logra una buena puntuación de su portal de transparencia. Además, diríamos que está facilitando el que el ciudadano obtenga esa información cuando la precise rápidamente, sin tener que preguntarla. Creo que, al final, con el paso de los años, se convertirá en una especie de cuadro de mando, de elemento que permita comparar lo que hacen instituciones semejantes con lo que apareció en el curso.
Antes cuando un concejal, político o un funcionario tenía durante su cargo equis presupuesto para gastar y para ejecutar en un año, pero no tenía ninguna obligación de contarlo en alguna parte, pues podría, perfectamente, no ser tan cuidadoso en el gasto, porque nadie va a saber si había conseguido mucho o poco. Ahora, cuando por obligación debe saberse que se consigue en cada área y con cada presupuesto, repasando el portal de transparencia en términos de productos o de servicios, pues eso ayuda a que la gente diga ‘oiga, que lo pueden ver, por lo tanto lo voy a hacer mejor’.
El sector local (7,37) y las mancomunidades (5,32) siguen siendo los peores calificados dentro del sector público. ¿A qué se debe esto?
En el sector local, aún siendo el peor porque son las de más baja calificación, esto es bueno destacarlo, todos están por encima de las de los ayuntamientos. Están todos por encima del siete, que eso es una magnífica nota porque nosotros sabemos lo que cuesta llegar al siete, no es fácil. En general, es cierto que al ser casi 200 –88 ayuntamientos más sus sectores públicos–, al haber mucha variedad hay más posibilidad de que algunos estén en el uno y el dos. Aunque hay muchos ayuntamientos excelentes.
El sector autonómico sí mejoró, pasando de un 8,47 en 2021 a un 8,51 en 2022. ¿Qué han hecho para mejorar su nota?
Yo creo que, como son solamente cuatro centésimas, prácticamente es quedarse igual. Hay algunos, como en el caso de la Comunidad Autónoma, que algunas entidades han subido y otras han bajado. Más o menos las medias se conservan. Generalmente, el que alcanza una buena puntuación un año, ya no la baja, eso es lo positivo. Lo que cuesta a veces es llegar y, luego, mantenerse en el ámbito de la transparencia no cuesta tanto.
¿Cuál es la fotografía actual de los cabildos insulares en esta materia?
Es positiva. Los Cabildos son, de los tres niveles públicos de Canarias, los que mejor rendimiento presentan. No solamente en la media de la transparencia, sino también en la que es más difícil: la respuesta a los ciudadanos con una pregunta. Cierto es que no tienen tanta presión de preguntas ciudadanas como el Gobierno o los grandes ayuntamientos del Archipiélago, pero lo cierto es que, en los tres últimos años, todas las resoluciones que ha emitido el Comisionado las han cumplido. El contador de incumplimiento de derechos de acceso a la información está a cero. Solamente hay una pregunta del ejercicio anterior sin contestar, del Consorcio del Puerto de Fuerteventura, que es una entidad dependiente del Cabildo.
Me gusta destacarlo porque creo que es un elemento que no se producirá en casi ninguna región española que tenga varias diputaciones. Ese nivel en el que están los siete cabildos en cuanto a preguntas pendientes de resolver de los ciudadanos, creo que es muy positivo y que marcan el horizonte al que debía ir el conjunto del sector público.
¿Qué parámetros les queda por cumplir a los Cabildos para alcanzar el diez en materia de transparencia?
Nosotros emitimos un informe en el que no solamente les ponemos la nota, eso es lo que la gente ve en los periódicos cuando lo publicamos, sino que ellos se pueden descargar, una vez que se ha cerrado la elaboración, un informe que detalla lo que les falta. Entonces, en cada caso es diferente. Ya le digo que, en el caso de los cabildos, casi todos están bien y cada uno tendrá algún elemento que le firmará el informe para llegar al diez o la máxima puntuación.
¿Cómo valora que, por ejemplo, el Cabildo Gran Canaria sí haya logrado la máxima puntuación respecto a su portal web de transparencia?
Yo entiendo que al Cabildo Gran Canaria, cuando llega por primera vez a esa puntuación, les ha causado una especie de alegría. Yo espero que lo mantengan. No es fácil quedarse entre el nueve y el diez, pero cuando tienes todos los años un diez no es fácil. Yo creo que es bueno felicitarlo, como a todos los que lo han conseguido a ese nivel, porque siguen marcando el horizonte a los demás.
En el caso de ellos, además, tampoco tienen ninguna pregunta pendiente de responder de estos últimos años. Eso es una cosa que pocas instituciones en el conjunto español podrán decir. Creo que como le pasa también a otros cabildos, el de Gran Canaria es una referencia para el resto del sector público canario.
Haciendo un poco de autocrítica, ¿Qué diría usted que le hace falta al Comisionado de Transparencia para mejorar aún más?
Nosotros tardamos un poquito en verificar el cumplimiento de las resoluciones. Creo que tenemos que estar más vigilantes de que las resoluciones se cumplan e impulsar, como hemos tratado de impulsar, que en las futuras regulaciones de la transparencia se dispongan de más elementos coercitivos para que los ciudadanos, que tienen derecho a una información, la obtengan.
Para mí, llegar a este nivel en el ámbito de la evaluación de los portales, ha sido bastante satisfactorio. Seguramente, con la experiencia de estos últimos años, más que una función del comisionado, esperemos que sea una función de los parlamentos en general, así como del estatal que está en eso. Los parlamentos autonómicos deben mejorar o aumentar el número de obligaciones informativas que tienen porque eso produce salud democrática.
Quizás la tarea pendiente del Comisionado respecto a la transparencia, y también de los sectores públicos, es divulgar más entre la población la existencia de este derecho a la pregunta y de los propios portales, porque no siempre toda la población lo conoce. Para mí, cuando se está hablando de un gobierno abierto, que al final se traduce en más transparencia y participación, sin una sociedad previamente informada no es tan rica. Y una forma de participar, precisamente, es preguntar. Simplemente por el hecho de que haya una rendición de cuentas por parte del poder público, ya la gobernanza mejora.
En definitiva, el reto para el próximo año será el difundir más las capacidades del derecho a la información y la transparencia dentro de Canarias, que creo que eso nos permitirá ir avanzando en este campo en los próximos años.
¿Qué acciones han tomado o esperan ejecutar en el próximo ejercicio para acercar el funcionamiento del Comisionado de Transparencia y la importancia del mismo?
Yo creo que hemos hecho alguna cosa en los años pasados. Hicimos una campaña en la radio sobre ello, animando a la gente a preguntar. Cada año procuramos publicarlas, incluso como publicidad, para que sirva de alguna manera de acercarte a los que están abajo y tener un motivo para mejorar. Lo que nos falta es aumentar la difusión y garantizar que nuestras resoluciones, de alguna manera, se cumplen. Esos son los dos retos para el futuro.
Canarias/ La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este lunes 31 de julio en su despacho al Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán Elcid, con quien analizó el funcionamiento de este órgano de relevancia estatutaria y sus principales novedades y retos de futuro.
Daniel Cerdán subrayó que «desde el pasado mes de marzo, los diputados y diputadas ya están amparados por el Comisionado en sus reclamaciones ante preguntas denegatorias del gobierno de turno. Somos la tercera comunidad autónoma en España que da amparo también a los parlamentarios, aparte de concejales y consejeros de cabildos, ante situaciones en las que consideren que no se les está dando la información adecuada».
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es un órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias y dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario. Debe actuar con autonomía y plena independencia.
La persona titular de este órgano es elegida por mayoría de tres quintas partes de los 70 diputados del Parlamento de Canarias, y para su revocación o cese es preciso el voto del mismo porcentaje de parlamentarios. No tiene dependencia orgánica ni funcional del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos sobre los que ejerce el control en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Para garantizar esa autonomía e independencia, el cargo de comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública o empresa, o con la afiliación a un partido político o sindicato.
Los trabajadores del Comisionado de Transparencia podrán seguir informando en anónimo, pero esta herramienta garantiza la confidencialidad de informantes y familiares
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. / ARCHIVO
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias ha creado un sistema interno para la recepción y gestión de las informaciones sobre acciones u omisiones que puedan constituir determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea. Dicho de otro modo, un mecanismo para poder denunciar internamente irregularidades dentro del propio comisionado sin miedo a ser represaliado.
La necesidad de este sistema viene marcada desde la propia Unión Europea, que exige que se creen cauces en determinadas administraciones «de relevancia estatutaria» -entre las que está el Comisionado de Transparencia- para que quienes trabajen en ellas puedan informar de las irregularidades o infracciones penales o administrativas graves o muy graves cometidas; y su identidad y datos personales queden salvaguardados.
¿Quién puede usarlo?
Podrán utilizarlo las personas informantes que hayan obtenido información sobre alguna acción u omisión en un contexto laboral o profesional con el Comisionado, incluyendo a quienes trabajen o hayan trabajado en él -incluyendo becarios-, las personas aspirantes que hayan obtenido información de tales posibles infracciones durante un proceso de selección o quienes intervengan en un proceso de negociación precontractual realizado por el Comisionado y las personas que trabajen para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores del Comisionado, sus titulares autónomos o personas pertenecientes a sus órganos de administración, dirección o supervisión, que hayan obtenido información sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción.
También estarán protegidas las personas que asesoren a los informantes y terceros que pudieran sufrir represalias por su relación con la persona informante y, específicamente, sus colegas de trabajo y familiares.
Los datos serán tratados por personas autorizadas
Las informaciones sólo podrán ser gestionadas por personas autorizadas. Si algún trabajador del Comisionado de Transparencia recibiese una información sin estar autorizado para su gestión, deberá trasladarla inmediatamente a quien sí lo esté y obligado a mantener la confidencialidad del informante.
La confidencialidad aplica a todos los datos conocidos por este canal, incluyendo la identidad de las terceras personas afectadas, de testigos o de cualquier dato consignado en la información presentada. En cualquier caso, la identidad del informante sí podrá ser remitida a la justicia en caso de ser requerida para una investigación, aunque también existe la opción de realizar informaciones anónimas.
Se castigarán informaciones falsas
El Comisionado de Transparencia también ha informado a las personas informantes de que tienen «el deber de abstenerse de formular comunicaciones fundamentadas en meras opiniones, mala fe o abuso de derecho«. En caso contrario, puede incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa.
«No se admitirán, y se exceptúan en todo caso de la obligación de comprobar los hechos, los casos de informaciones que resulten carentes de fundamento o notoriamente falsas o tergiversadas, o que hubieran sido obtenidas mediante medios ilícitos», añade.
La normativa respecto a este sistema interno ha entrado en vigor este viernes 30 de junio con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
– Se añade al destinado a denunciar incumplimientos informativos de los portales de transparencia
El Comisionado de Transparencia ha abierto lo que se suele conocer como canal de denuncias, destinado en esta ocasión a aquellas personas que quieran informar sobre infracciones normativas o relativas a la lucha contra la corrupción. Está disponible en el siguiente enlace: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/denuncias-derecho/buzon/E/DUI-E
Estos instrumentos destinados a contribuir a la mejorar de la integridad institucional de cada una de las instituciones españolas se definieron en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas informantes de supuestas infracciones penales o administrativas graves o muy graves, así como de determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea, para que las puedan comunicar mediante los mecanismos regulados en la misma. Este segundo canal se añade al ya abierto en su sede electrónica en el año 2017 para alertar de incumplimientos informativos en los portales de transparencia de Canarias.
Mediante la Resolución de 13 de junio de 2023, por la que se crea el Sistema interno de información (canal de denuncias) del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública,publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial de Canarias, el órgano garante de la transparencia en Canarias ha creado un sistema interno de información en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 de dicha ley, algo así como un canal de denuncias.
Este sistema servirá de canal preferente para informar de las infracciones previstas en la resolución, siempre que la persona informante considere que no hay riesgo de represalia y se pueda tratar de manera efectiva la infracción. Además, este sistema interno de información del Comisionado permite la presentación de informaciones con carácter anónimo si así lo desea la persona informante.
La gestión y los procedimientos del Sistema interno de información, así como la configuración del canal interno de información, que facilite la comunicación entre la institución y las personas informantes, se llevarán a cabo preferentemente a través de un programa específico accesible a través de la página web del Comisionado.
Por otro lado, la presentación de informaciones será preferentemente en formato electrónico, pero también se contempla que la información pueda ser presentada verbalmente mediante telefonía o reuniones presenciales, “en cuyo caso, previo consentimiento de la persona informante, se transcribirá la conversación, de forma completa, exacta y duradera, y se ofrecerá, mediante audiencia a la persona informante, la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar con su firma las manifestaciones, sin perjuicio de los derechos que le correspondan de acuerdo a la normativa sobre protección de datos”, recoge la resolución.
Para la admisión de informaciones, la resolución aprobada por el Comisionado de Transparencia establece una serie de requisitos, como que la persona informante tenga razonabilidad en relación con la certeza de la información, que no se trate de comunicaciones fundamentadas en meras opiniones, mala fe o abuso de derecho, que se proporcione documentación sobre los hechos que comunica o los indicios objetivos para obtener pruebas. Además, las informaciones deberán describir de manera suficiente y lo más detalladamente posible las circunstancias que faciliten y permitan la identificación de la acción o la omisión que se quiere comunicar por ser presuntamente contraria a Ley 2/2023. “No se admitirán, y se exceptúan en todo caso de la obligación de comprobar los hechos, los casos de informaciones que resulten carentes de fundamento o notoriamente falsas o tergiversadas, o que hubieran sido obtenidas mediante medios ilícitos”, establece la norma del Comisionado.
Asimismo, en los casos en los que se evidencie la existencia de una infracción administrativa, se suspenderán las actuaciones de comprobación y se dará cuenta al órgano competente. Y, si los hechos fueran indiciarios de delito, se trasladará la información al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía Europea, si esta afectara a los intereses financieros de la Unión Europea.
Con respecto a las personas afectadas por la información comunicada, la resolución contempla que estas tienen derecho a la presunción de inocencia y al honor, a la confidencialidad, a ser informadas de la información presentada, a formular alegaciones y aportar información o documentos en relación con los hechos comunicados, a “ser informadas del tratamiento de sus datos personales y a que no se emitan ni se trasladen a terceras personas conclusiones o recomendaciones que contengan referencias nominales sin que hayan finalizado las actuaciones de comprobación y sin haber tenido oportunidad real de conocer los hechos comunicados y de dejar constancia de su opinión” y a tener acceso al expediente, salvaguardando siempre la confidencialidad de la persona informante.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, intervino como ponente en el grupo de trabajo GT23-19 Evaluación de la transparencia en el ámbito local del VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT2023) con una ponencia sobre la Evolución del Medidor de Transparencia evalúa-T.
TRANSCRIPCIÓN PONENCIA EVOLUCIÓN DEL MEDIDOR DE TRANSPARENCIA EVALÚA-T
Me alegro mucho de estar de nuevo en este congreso que muchos nos vemos todos los años y por aligerar quería empezar precisamente por la intervención de Víctor Ginesta, porque conecta en buena medida con lo que ha hablado también antes Ana.
Son 3 ponencias interconectadas porque Ana se refirió a los modelos de evaluación de las Comunidades Autónomas en España. Y él, no conocía y me alegró, a ver si me pasa el estudio, de los 1000 y pico ayuntamientos en toda España, y de alguna manera creo que conjuntando las diferentes continuaciones.
Estoy en condiciones de indicar que una de las tesis por las que, por ejemplo, Cataluña y Canarias Áreas tienen esa diferenciabilidad en la calidad de sus portales de transparencia es porque son las 2 únicas comunidades donde sistemáticamente venimos haciendo evaluación, monitoreo, desde el año 2017. Cuando a todos los ayuntamientos se les emplaza cada año a demostrar que están actualizando sus portales de transparencia, es decir, que sus webs no son de historia, sino de transparencia actualizada cada año, automáticamente tienen un incentivo para actualizar los portales y por lo tanto cumplen de esa manera, unos para aparecer en la alta vista, digamos en el ranking alto, otros para no aparecer penalizados como suspensos sistemáticos y que les digan que no son transparentes; tienen ese input. Eso es lo que que ha ocurrido.
En Cataluña lo ha hecho el Síndic de Greuges con su metodología. Nosotros fuimos los primeros en España en aplicar, como ha dicho Ana, la metodología MESTA y trasladarla a un sistema informático que permitiera de una forma muy económica, es decir, en el Comisionado, para que se haga una idea, -mañana os explicaré mejor en la sesión de Comisionados, que hay más información de esto-, pues cuesta 0,3 céntimos por habitante y año. Con esto, en el último ejercicio hicimos 3167 evaluaciones, como les indicaba también Ana, la mayor parte de ellos, 2700, ya referidas a entidades privadas que recibieron fondos públicos, no solamente a las 340 entidades públicas canarias, sino a 2700 que recibieron más de 60000 euros.
Pero yo de todas maneras reconecto de esta forma con lo que se ha hablado aquí hasta este momento. Yo venía de todas formas a volverles a hablar un poco de esta herramienta, en la medida en que la hemos actualizado, la estamos simplificando para que esté a disponibilidad de cualquiera en este país de una forma sencilla y fácil.
Esta herramienta, como nos ha indicado también antes Ana, se deriva de nuestra experiencia en nuestra herramienta oficial de Canarias que permite la evaluación Sistemática de todas las instituciones canarias, todas las corporaciones de derecho público (colegios profesionales y Cámaras de Comercio), eso en conjunto, son unas 405 entidades y desde hace 3 años todas las entidades subvencionadas con más de 60.000 euros.
A nosotros nos pareció, en la época inicial, del año 2017, 2018, que era factible hacer una versión para ciudadanos, para que cualquier ciudadano pudiera autoevaluar o bien su ayuntamiento donde su competencia o un concejal de la oposición al equipo de gobierno. Una herramienta que le permitiera en cualquier momento del año chequear el portal, pero nos salió una herramienta, por aquello de que a veces lo mejor es lo enemigo de lo bueno, que era muy compleja, que costaba 3 o 4 horas cargarla y que nadie, difícilmente, había muy poca gente que la utilizaba, excepto cuando la empleábamos para formar evaluadores.
Entonces lo hemos ido simplificando y hemos llegado a este nuevo modelo, a un modelo más pequeñito como es este. Como les decía, había dos problemas: uno, que lo resolvimos, la autocomprobación de cada ayuntamiento, de cada Diputación o de cada Gobierno autonómico, de cómo está, de su propio auto chequeo, de cómo está cumpliendo su portal de transparencia las obligaciones, que recuerdo son 61, las de la ley básica en general para toda España y luego las autonómicas establecen hasta 160, varía en cada una, para chequear el nivel de incumplimiento.
Y eso lo hacemos fundamentalmente introduciendo mapas de obligaciones para cada tipología de institución en el sistema, de forma que cuando uno va a evaluar un ayuntamiento, sea el de Barcelona o sea el de Villarrubia de Abajo, le aparecen las 61, si lo hace con la ley estatal, le aparecen las 61 obligaciones de la ley estatal y uno va introduciendo en el sistema las URLs de donde se cumple esa obligación o no se cumple y al final obtiene una nota.
Reconecto de nuevo con lo que decía antes Víctor. Él hablaba de que la media de las notas que ha analizado en toda España era de un 30 % de cumplimiento cumplido. Yo lo asemejo a puntos , puntuando del cero al 10, y por lo tanto eso sería un 3 de media en el sistema de España. Y los mejores son 7 y pico del Ayuntamiento de Castelldefels.
Bueno, pues después de 7 evaluaciones anuales en Canarias, con un sistema parecido a este, el oficial, nosotros tenemos a todo el sector público por encima del 7, por eso te aparece a ti también en tu contraste, por eso me ha alegrado que por dos fuentes diferentes, aparezcan todos por encima del 7 y prácticamente solamente las entidades públicas principales suspenden unas 5 o 6, de todas ellas.
Por lo tanto esa experiencia la hemos querido trasladar, ya le digo, a la ciudadanía, y os hablo de que antes la ciudadanía solo podía observar la institución ejerciendo su derecho a saber y es una herramienta que quisimos poner en su mano para que además pudiera chequear a su institución.
Como les decía, por excesivamente compleja no funcionó, costaba demasiado. La hemos ido simplificando al punto de que los elementos, los atributos que consideramos de la información establecidos en el MESTA, que los que conozcan un poco el MESTA pues saben que son: existe la información, a qué clics está, está en formato actualizable, está claro… lo hemos superreducido solamente a dos atributos: existe la información y está actualizado. Porque de esa manera se permite que con este sistema podamos cargar muy rápidamente, en 1 hora o 2 horas se puede chequear a un ayuntamiento.
Hemos tratado bien por esta simplificación que lo que lo pueden ver luego en el enlace que contiene la transparencia y que espero que quede incorporada a la documentación del Congreso. Con esta información, lo que hemos tratado de conseguir es que sea un instrumento fácil. Está en proceso de cambio en este momento para que cualquiera, ya le digo, no solamente pueda evaluar su ayuntamiento, sino incluso ya entidades grandes, por ejemplo, el propio Ministerio de Hacienda, que es de la que depende la Dirección General de Gobernanza, se ha interesado por la herramienta y lo hemos adaptado a él para que desde ese ministerio pueda asimismo controlar a los 22 ministerios para saber.
Diríamos que sería una derivación de esta herramienta que se puede facilitar para cualquier otra gran institución que sea el Gobierno autonómico, sea gran ayuntamiento, que tiene un sistema de carga del portal complejo, es decir, a veces intervienen hasta 20 áreas, cargando un portal de transparencia y la entidad central puede tener problemas, o puede tener interés en saber si todo el mundo está cargando a 31 de marzo, cuántos han cargado o no han cargado. Entonces este sistema también les permite, creando un sistema cerrado para ellos mismos, en este caso para el Gobierno de España, le permite, digamos, controlarse hacia dentro, es decir, controlar a sus propios ministerios, para saber quién está cargando el portal y quién no.
Como les decía, hasta hace 1 año era un entorno completamente abierto, con capacidad para que cualquiera que se lo autoevaluara lo publicara en el propio portal. Entendimos que eso era disuasorio porque la gente no le parecía, seguramente cuando se evaluaba, pues de repente lo iba a poder ver todo el mundo. Y hemos facilitado ahora que el que se evalúe, que haga evaluaciones logueándose con un correo, como una red social, con un correo y una contraseña, pues pueda conservar solamente para sí el resultado de sus evaluaciones, imprimírsela, bajarse un PDF, pero que en cualquier caso no tenga el temor de que por estar cargando una información propia de su propia institución, eso va a ser compartido, eso va a ser divulgado si él no lo quiere.
Como les decía, permite cargar cualquier mapa de obligaciones de cualquier ley de transparencia autonómica, tenemos cargados 8000 y pico ayuntamientos de España. Se sumo el Ayuntamiento de Madrid. Ahora puede evaluarse con la herramienta, tanto en su versión antigua que es el evaluat.es como en esta versión que os voy a presentar, que estamos trabajando, que está en proceso de desarrollo.
Permite incluir también si nos piden entidades del sector privado, si nos dicen mira, yo es que tengo estos 60 subvencionados que quiero aplicarles el mapa de obligaciones informativas a las entidades subvencionadas, que son mucho más cortas que las de entidades públicas, para que se hagan idea una entidad subvencionada, sea un hotel con una cadena hotelera, que le han dado 5 millones por COVID, en Canarias 20 entidades para que se hagan una idea recibieron 5 millones de euros cada una en ese año, simplemente por las ayudas COVID. Bueno, pues generaron obligaciones de transparencia. Bueno, pues para ellas, como para una ONG chiquitita que haya recibido 50000 euros, as obligaciones son 15 y esta herramienta permite en media hora chequear, introducir las URLS donde se demuestre que la obligación se está cumpliendo o no, y automáticamente generar su informe de transparencia y su nota, como les decía, con la ley estatal, con la ley básica, porque en realidad casi todas las leyes de transparencia autonómicas contemplan, han desarrollado las obligaciones de publicidad para entidades públicas, pero solamente la básica, la española de 2013, desarrolla, obliga claramente, en la mayor parte de los casos, a tener su micro portal de transparencia a las entidades privadas.
Como decía, respecto a la antigua, lo he contado esto ya un poquito. Permite a cada persona autoevaluarse en base a la ley de transparencia española y canaria. Si entran desde Extremadura pueden encontrar la ley española y utilizar la Ley básica del 2013 para evaluar. El desarrollo que estamos haciendo este año mantiene las posibilidades de la antigua herramienta y abrimos una nueva, es decir, abrimos entornos cerrados, como les he dicho, como para el Ministerio de Hacienda, perdón, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, depende de la Dirección General de Gobernanza para que en un entorno propio, que nos han dado su mapa de obligaciones de los ministerios, ellos puedan conocer cómo los 22 ministerios están cumpliendo con el portal general. Si esto nos plantea, veo aquí el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que también es una Comunidad Autónoma casi en su complejidad, pues evidentemente podemos crearle en horas un sistema propio al Ayuntamiento de Madrid aprovechando esta herramienta.
Esto lo hacemos, como les decía, facilitando que solo los miembros de esos grupos puedan ver sus resultados para que tengan confianza y le puedan utilizar como herramienta interna de control de una organización grande en el seguimiento de su transparencia.
Y bueno, en los dos próximos meses, yo creo que antes de Navidad la tendremos perfectamente rematada y puesta a disposición de cualquier colectivo o grupo, la FEMP, los consejos de transparencia, etcétera, etcétera.
Esta es la que está actualmente funcionando, que es la que les digo compleja, que se llama evaluat.es, que ya les digo era bastante o sigue siendo bastante compleja. Aquí tienen 8452 sujetos cargados para poderse evaluar, fundamentalmente los ayuntamientos; y esta es más sencillita, la hemos descargado de muchas complejidades, tratamos de que sea muy, sigue teniendo la base de datos de los ayuntamientos, para para que cualquiera los pueda evaluar, pero va a ser, yo creo, mucho más sencilla de manejar y más factible para cualquiera.
Estos son los informes que produce. Da la nota por tipología de la información, no solamente una nota global, sino que te da la de información institucional, la jurídica, la patrimonial, la de derecho de acceso. Eso es decir, da no solamente una nota, sino que da, esta es una página típica de cómo se carga. Voy acabando. Normativa aplicada a la organización. Bueno, pones aquí la URL donde existe y el sistema, como es de autoevaluación, te dice, bueno, te puntúa con 100. Si no tienes una URL, si no tienes la información relativa a la organización, pues evidentemente ese punto no se lo da por bueno ese.
Con esto creo que… aquí tienen las transparencias. Se va a quedar a disposición de la organización y aquí tienen el enlace a nuestros recursos, hemos ido creando con los años sobre evaluación, digamos oficial por nuestra parte, a todos los sujetos públicos y privados canarios y el medidor evalúa-T está en este enlace.
Que aquí no hay más que darse de alta y empezar a trastear. Ven ustedes que no es evaluat.es sino que está en proceso de desarrollo, que lo tenemos abierto, que está en proceso de desarrollo y puede, digamos, cualquiera va a encontrar su ayuntamiento o su diputación, su Comunidad Autónoma, la va a encontrar y va a poder hacer, trastear en 1 hora o 2 horas y poder practicar con ello.
Y si tiene cualquier duda, los enlaces los ponemos ahí, pueden resolverla por correo electrónico o por teléfono. Muchas gracias.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, intervino junto a José Luis Ros Medina y Lorenzo Cotino Hueso en la presentación del libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» durante el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.
El libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» ha sido coordinado por José Luis Ros Medina, José Manuel Mayor Balsas y Encarna Hernández Rodríguez.
Entre los autores de los diferentes capítulos del libro se encuentran Francisco Javier Amorós Dorda, Elisabet Samarra, Emilio Guichot, Francisco Delgado Morales, Manuel Villoria, Lorenzo Cotino Hueso y Daniel Cerdán.
El resumen del libro versa así: «El legado de Pepe Molina Molina es demasiado extenso para resumirlo en un libro. Durante su mandato como Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia desarrolló una intensa labor de control de la transparencia, reflexión sobre su mejora, promoción de su uso y pedagogía tanto hacia la clase política, como hacia los académicos y al resto de la sociedad civil. Del mismo modo, centró su interés y esfuerzo en que la transparencia no estuviera aislada, sino arropada por la participación ciudadana y la colaboración, dentro del marco del gobierno abierto; de ahí su interés en los presupuestos participativos, en la formación ciudadana y en la rendición de cuentas. En esta obra hemos pretendido rendir un pequeño homenaje a aquél luchador y visionario de la mano de algunos de sus mejores amigos y compañeros -donde destacan desde directivos y funcionarios de los órganos de control de la transparencia, hasta juristas especializados en el derecho a saber, académicos de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y profesores y activistas de la participación ciudadana y la colaboración-, realizando un compendio de las diferentes temáticas del gobierno/Estado abierto que pueden generar, como Pepe pretendió a lo largo de toda su vida, una nueva gobernanza.»
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, intervino en la sesión abierta sobre las Principales actuaciones de los órganos garantes de la Transparencia, donde participaron los representantes de los consejos y comisionados de transparencia de España, en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.
En el VIII Congreso Internacional de Transparencia (CIT2023), celebrado en Alcalá de Henares, participó como ponente Natalia del Castillo Ramos, colaboradora externa del Comisionado de Transparencia en servicios de comunicación, gestión de contenidos y evaluación de transparencia.
En su ponencia «Portal de Datos Abiertos del Comisionado de Transparencia de Canarias: hacia una mejor rendición de cuentas», dentro del grupo de trabajo Propuestas sobre el derecho de acceso y la evaluación de la Publicidad Activa, explicó cómo se plantea el portal de datos abiertos que el Comisionado de Transparencia de Canarias pondrá en marcha próximamente: implementación, contenidos, funciones y ventajas.
TRANSCRIPCIÓN DE LA PONENCIA DE NATALIA DEL CASTILLO
Bueno, buenas tardes. Como Daniel ha adelantado, trabajo externamente para el Comisionado de Transparencia, haciendo, por una parte, servicios de comunicación y gestión de contenidos y, por otra, evaluando en los periodos de evaluación a los portales transparencia de Canarias.
Y bueno, hoy les vengo a hablar, como también adelantaba Daniel, de un proyecto que tiene el Comisionado para los próximos meses, y es abrir concretamente todos sus datos, tanto de la publicidad activa como del derecho de acceso a la información pública y también de la propia actividad administrativa del Comisionado, de la gestión, por ejemplo, que hablaba también Alicia, de las denuncias y de los datos estadísticos que se puedan obtener de esa gestión.
Con estas dos funciones principales que tiene el Comisionado de Transparencia, por un lado, como decíamos, la publicidad activa y, por otro, el derecho de acceso, pues se generan una serie de conocimientos a partir de datos, informes, cifras y una serie de documentación que creemos, desde el Comisionado, que vale la pena poner en abierto, no solo publicando en la web como documentos en PDF, escaneados y demás, sino en formatos reutilizables abiertos que puedan servir para ser explotados, más allá de una simple consulta externa.
¿Qué hacer con ese conocimiento que se genera en el Comisionado de Transparencia?
Volcarlos en ese portal de datos abiertos que se pretende abrir para que los sujetos obligados puedan conocer y descargarse un informe en formato reutilizable abierto, porque ya los pueden obtener desde dentro del aplicativo, T-Canaria, cuando se evalúan, pero no pueden asistir a tener la información del resto de sujetos obligados, de su competencia, por así decirlo, en cuanto al ranking de transparencia, y de esta manera sí podrán hacerlo y acceder directamente a los informes individuales de cada entidad; y poder luchar por esa superior nota dentro del Índice de Transparencia de Canarias.
Y, por otro lado, pues para la ciudadanía, como decíamos, que también podrá acceder a esta información que ahora mismo solo la puede obtener de manera individual cada entidad. Sí que pueden acceder a las notas y a las puntuaciones que el Comisionado hace al respecto sobre los Índices de Transparencia en sus informes anuales y en las publicaciones en la web y en los medios de comunicación, pero ahora podrán hacerlo de una manera más directa y reutilizable.
¿Qué contenidos, como decía, estarán disponibles en ese portal de datos abiertos?
Por un lado, los derivados del Índice de Transparencia de Canarias, tanto los informes individualizados de cada entidad, como de cada evaluación desde que se inició la evaluación en 2015 hasta ahora. Y por otro lado, los datos estadísticos de las reclamaciones. Es cierto que las resoluciones individuales en PDF ya están colgadas en la web, y se cuelgan y se actualizan con la mayor frecuencia posible, pero de esta manera también podrá hacerse en formatos reutilizables que permitan al ciudadano copiar y pegar y hacer lo que quiera con esa información; y también los datos estadísticos de esas reclamaciones: número de reclamaciones, de resoluciones, de personas que demandan, qué información se demanda con más frecuencia, y demás.
Y como decía también al principio, los datos puramente de la actividad del Comisionado, que además de estar en el propio portal de transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, accesibles para todos, cumpliendo y dando ejemplo a esas entidades que pretendemos evaluar de lo que hay que informar en el portal; también en formato totalmente reutilizable abierto.
¿Cómo se va a implementar?
Pues a través de una plataforma que se llama CKAN, que no sé si todos la conocen. Pero bueno, desde que se empezó a implementar y, en términos coloquiales, a ponerse de moda los portales de datos abiertos, CKAN ha sido una de las plataformas más elegidas por los diversos gobiernos y administraciones para llevarlo a cabo, porque es una plataforma de código abierto, es de software libre y además es una interfaz bastante amigable, tanto para el usuario como para los propios administradores de ese portal de datos abiertos. La carga de información y de datos, y luego la descarga por parte de los usuarios, es bastante sencilla.
Además se puede editar totalmente, se puede personalizar de cara a la propia imagen de corporativa de cada entidad, en este caso, la del Comisionado de Transparencia, y visualmente quedará como una página web o un apartado más de la página web del Comisionado. Con la imagen corporativa del Comisionado, pero internamente cuelga de esta plataforma, CKAN.
¿Cuáles son las ventajas de abrir los datos de esta manera?
Es cierto que quizás llegamos un poco tarde a esta subida al carro de los datos abiertos, pero igualmente ya nosotros, dentro de la página web del Comisionado, hacíamos una labor de intentar subir todos los contenidos posibles, lo más reutilizables posibles, pero nos quedaba como esa pena de no poder darle a toda la ciudadanía los contenidos reales de cada informe individual de transparencia, que puedan directamente ir al Gobierno de Canarias o al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y decir, pues mira, en este punto falla en esto y tal, porque el informe del Comisionado habla de manera general, datos estadísticos de cumplimiento, pero no de cada una de las instituciones.
Por un lado, para el propio Comisionado es una ventaja porque facilita la propia transparencia del Comisionado, la transparencia de su actividad y de sus funciones, y también el acceso a la información que ofrece de una manera más fácil para la ciudadanía, de esa propia información del Comisionado. Y por otro, también para las propias administraciones, facilita y promueve la rendición de cuentas, viendo que van a ser publicados todos sus datos de sus evaluaciones de manera individualizada, y que los ciudadanos pueden consultarla, Con lo cual, creemos que va a incentivar una mejora también en este cumplimiento, aparte del propio ranking del Comisionado, que saca a nivel anual, de cada evaluación en los medios de comunicación, nos informa de quiénes están cumpliendo mejor con puntuaciones de cero a 10; y verse obviamente reflejados en un ranking público hace que se pongan las pilas. Y lo comentaba también Alicia con esa evolución de los colores en el mapa de los ayuntamientos; pues ahora esperamos que se incentive, más incluso, esa transparencia que, ya hemos mencionado, viene promoviendo desde que comenzó en 2015, 2016.
Y por último, también para la propia ciudadanía, por supuesto, que es para quien va destinado este portal de datos abiertos, porque facilita la reutilización y la utilidad de esos datos. No solo para ciudadanos de a pie, que quizás por intereses simplemente informativos quiera consultar esta información, sino también para trabajos académicos, para información periodística, informes, reportajes y demás, información más de investigación, de trabajo periodístico, y también actos administrativos, por qué no, quizás podrían motivarse más las denuncias que comentaba la compañera, al saber que se puede tener un informe exhaustivo del cumplimiento o el incumplimiento de una entidad, poder denunciar -he leído en este informe del Ayuntamiento X que falla en esto, pues quiero denunciarlo para que lo cuelgue-.
Entonces también fomenta, por último, la participación de la ciudadanía en esa actividad del Comisionado y también en la toma de decisiones informadas con respecto a su propio ayuntamiento, si está conforme o no con la actividad que realiza.
¿Qué funciones tiene?
Es, como decíamos, un portal muy amigable. Tiene 3 funciones principales, un buscador y unos filtros, como todo portal o servidor, para facilitar la búsqueda por términos o por categorías de la información, y filtrar también por esas búsquedas, tiene un filtro en el que puedes clicar e ir filtrando.
Por otro lado, la visualización de los datos en el portal de abiertos sin necesidad de descargarlos previamente, es decir, facilita primero que el ciudadano pueda ver la información y luego decidir si quiere obtenerla y descargarla para para seguir trabajando con ella o simplemente ver los datos de una manera más gráfica, más visual.
Y por último, obviamente, la descarga de datos en los mayores posibles formatos que podamos, y además en varios, porque desde la valoración de transparencia del Índice de Transparencia de Canarias siempre decimos que la información debería de estar en los máximos posibles formatos que puedan tener para que cada ciudadano o ciudadana elija el formato que más le conviene para esa información.
¿Cómo lo haremos?
Pues primero publicando y poniendo en abierto este portal, que ahora estamos trabajando en él. Agregando todos los datos que hemos obtenido de esta actividad que hemos comentado anteriormente, de esas dos funciones, esas dos patas del Comisionado. Por supuesto, una vez que se cargue la primera información, ir actualizándola y cargando los demás contenidos que se vayan actualizando con la frecuencia que se generen.
Y finalmente seguir buscando mejoras constantes, que siempre en el Comisionado estamos en ello, y ver si realmente ha sido práctico ese portal de datos abiertos o necesita darle una vuelta de tuercas para que realmente sea útil, tanto para la ciudadanía en general como para los propios sujetos obligados del Comisionado.
El documento, reproducido a continuación, insta a todas las administraciones canarias a mejorar la información en sus convocatorias de ayudas y subvenciones; de forma que los receptores de las misma conozcan con precisión sus obligaciones de transparencia cuando superan los 60.000 euros anuales.
RECOMENDACIÓN 1/2023, de 17 de marzo, sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: Transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (CTAIP) es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuya organización y funcionamiento se regulan en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (LTAIP).
El artículo 63.1, letra c), de la LTAIP atribuye al CTAIP la siguiente función:
“La formulación de recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en esta Ley relativas al derecho de acceso y la transparencia.”
En ejercicio de sus competencias, el CTAIP formuló el 17 de diciembre de 2015 la recomendación interpretativa n.º 1/2015, en relación con la aplicación de las obligaciones de publicidad activa que debían cumplir las entidades de carácter privado previstas en el artículo 3.1, letra b), de la LTAIP.
En el curso de las actuaciones de evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa efectuadas por el CTAIP desde que se formulara la citada recomendación se ha comprobado que las entidades privadas que perciben ayudas y subvenciones públicas de las administraciones públicas canarias no son conocedoras de sus obligaciones de publicidad activa porque ni en las bases reguladoras, ni en las convocatorias, ni en las concretas resoluciones de concesión de las ayudas y subvenciones se hace mención alguna a las obligaciones de publicidad activa que han de cumplir las entidades privadas que reciben las ayudas y subvenciones públicas, con la excepción de las convocatorias de subvenciones realizadas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, que son pioneras en la materia que nos ocupa y marcan un encomiable camino a seguir.
Además, hay que tener en cuenta que en relación con las subvenciones que se concedan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha dictado por parte del Gobierno de Canarias el Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público: https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/pma.html
Los operadores habrán de tener en cuenta las obligaciones que se deriven de esta regulación.
Por tanto, a fin de corregir esta situación, resulta necesario formular una nueva recomendación, en este caso dirigida a las administraciones públicas canarias, para que se incluyan en las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones los textos que se exponen a continuación, u otros similares, así como en las órdenes de concesión de subvenciones nominadas y directas, siempre que los destinatarios de la ayuda o subvención no sean exclusivamente personas físicas.
Base X. Obligaciones de las entidades beneficiarias.(1)
Texto a añadir, antes o después, de la letra relativa a las medidas de difusión y publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones objeto de las subvenciones:
A) En relación con las convocatorias de subvenciones y ayudas que se concedan por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma:
“x) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.”
B) En relación con las convocatorias de subvenciones y ayudas que se concedan por parte de los Cabildos y los Ayuntamientos canarios, o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de los mismos:
“x) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 100.000 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 40 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.”
Base Y. Incumplimientos y reintegros (en otras bases reguladoras se denomina “reintegros y sanciones”).(2)
Texto a añadir en esta base como incumplimiento que puede llegar a ser causa de reintegro de las ayudas y subvenciones públicas concedidas.
“x) El incumplimiento de la obligación de publicar la información de publicidad activa a que estuvieran obligadas las entidades beneficiarias constituye infracción administrativa que se calificará conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, pudiendo ser sancionado dicho incumplimiento con multa, y conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida.”
Base Z. Control no financiero de subvenciones (o Control de las obligaciones de transparencia).(3)
Nueva base a añadir a continuación de la base relativa al control financiero de subvenciones.
“Las entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones públicas tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2023.- El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán Elcid.
NOTAS FINALES:
1. El artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al que se remite el artículo 11.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone en su apartado 3 las obligaciones de publicidad activa en materia de transparencia y en el apartado 4 las obligaciones de difusión del carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones subvencionadas. Ambos tipos de publicidad, con finalidades y alcance diferentes, se recogen bajo el mismo título de “publicidad de las subvenciones”. Por consiguiente, las bases de las subvenciones tienen que hacer mención a ambos tipos de obligaciones de publicidad por parte de las entidades beneficiarias, para que las entidades subvencionadas conozcan que tienen otras obligaciones de publicidad que no se recogen en las actuales bases reguladoras.
2. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, establece una nueva causa de reintegro de las ayudas y subvenciones públicas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que debe recogerse en las bases reguladoras de las subvenciones, máxime si se tiene en cuenta que será el titular del departamento que otorga la subvención o ayuda el órgano competente para la iniciación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de transparencia, ya sea por propia iniciativa, a instancia del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a petición razonada de otros órganos (Intervención General o Audiencia de Cuentas de Canarias) o por denuncia, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la citada Ley 12/2014.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, es función del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas, como un control diferente al control financiero que se ha venido ejerciendo hasta el presente, y así se ha de dar a conocer en las bases generales de las ayudas y subvenciones. Ese nuevo control, no recogido hasta ahora en las bases reguladoras de las subvenciones, causa sorpresa a las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones cuando el Comisionado de Transparencia ha empezado a desarrollar sus actuaciones de comprobación en materia de publicidad activa, por el hecho de que dichas entidades no disponían de conocimiento previo sobre las obligaciones informativas que, desde el año 2014, estableció la Ley de Transparencia. Y es recomendable subsanar esa falta de información en las bases reguladoras de las subvenciones de cada administración pública.
ANEXO I
OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS
La percepción de ayudas públicas relevantes conlleva una rendición de cuentas por sus perceptores y no solamente ante la administración subvencionadora, sino a través de sus páginas en internet, a partir del despliegue de las leyes de transparencia en España.
Las obligaciones informativas de publicidad activa de las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones, a incluir en un apartado de transparencia dentro de las páginas web, se refieren a la siguientes informaciones (artículo 3.1 de la Ley de Transparencia 12/2014 de Canarias, que remite a las obligaciones de la Ley básica 19/2013, conforme a los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CI 3/2015 y del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública CI 1/2015) . Se recogen sinópticamente en este cuadro final.
Más, a efectos de que pueda captarse mejor la edición en las páginas webs de estas obligaciones, pueden identificarse las mejores prácticas en los informes anuales del Comisionado de Transparencia: concretamente en la visualización de las “Entidades privadas” que obtienen mejores puntuaciones en cada Informe sobre el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias); relacionada en el último informe anual del Comisionado en su página 76: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/01/Informe-definitivo.pdf#page=76
ANEXO II
MAPA DE OBLIGACIONES
El mapa de obligaciones informativas en sus portales derivadas a las normas de transparencia se recoge en la herramienta de evaluación T-Canaria y se resume en la tabla final. Los contratos y convenios se refieren únicamente a los firmados con administraciones públicas.
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