Subvenciones

De las 487 entidades privadas que recibieron subvención de más de 60.000 euros en 2019 por el Gobierno de Canarias, principalmente empresas, academias formativas y organizaciones sin ánimo de lucro, 293 presentaron su declaración de transparencia en el año 2021 al Comisionado de Transparencia, lo que supone que más del 60 % colaboró en su rendición de cuentas. Las 194 entidades que no la presentaron se conceptúan como «incumplidoras»  en los informes anuales del Comisionado.  La nota media del conjunto de las entidades privadas en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) se situó en 4 puntos sobre 10 en el ejercicio del pasado año.

Las leyes de transparencia (estatal y canaria) establecen que toda entidad privada que perciba ayudas o subvenciones procedentes del conjunto de administraciones públicas por importes superiores a 60.000 € está obligada a publicar una serie de contenidos informativos en sus páginas web. Por ello, en el anterior ejercicio anual el Comisionado de Transparencia invitó por primera vez a participar en el proceso de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) a las casi 500 entidades privadas que recibieron subvenciones del gobierno autonómico en el año 2019, que acumulan en conjunto 174.565.338,99 € de ayudas públicas. Es la primera vez que todos los subvencionados por una administración española y obligados por ley a la transparencia pueden evaluar su nivel de cumplimiento.

De las 293 entidades declarantes en el ejercicio anterior, 112 superaron los 5 puntos, el 38 %; y 29 alcanzaron una nota por encima de los 9 puntos. Además, la Asociación Nuestra Señora del Amparo (APREME), la Asociación tinerfeña en Lucha por la Salud Mental, la Asociación Protectora de Personas con discapacidad intelectual de Las Palmas (APROSU) y la Federación Salud Mental Canarias obtuvieron un 10. Por otro lado, 137 entidades no alcanzaron los 3 puntos, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia.

“La metodología de evaluación del ITCanarias es exigente, pues no solo valora la información, sino también cómo, cuándo y de qué forma está publicada, por lo que, siendo la primera evaluación en el ámbito privado, se trata de un buen punto de partida -señala el comisionado de transparencia, Daniel Cerdán -. Aunque puedan parecer cifras o notas bajas, son altas en comparación con los primeros años de aplicación de las leyes de transparencia a las instituciones públicas, con obligaciones informativas más altas. Porque en 2016 y 2017, los primeros años de evaluación y control, las entidades públicas respondieron en menos proporción que las privadas y con peores notas medias”.

Los contenidos informativos que estas entidades subvencionadas tienen que publicar en sus páginas webs son: información relativa a las funciones que desarrollan; la normativa aplicable; la identificación y el perfil y trayectoria profesional de los/las responsables de los diferentes órganos.; el organigrama; las cuentas anuales o instrumento informativo similar; los contratos formalizados con administraciones públicas, incluyendo denominación, objeto, duración, importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, administración contratante, modificaciones realizadas y decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos; los convenios suscritos con administraciones públicas, indicando denominación, partes firmantes, objeto, plazo y condiciones de vigencia, órganos o unidades encargados de su ejecución, financiación y objeto y fecha de las modificaciones; y finalmente, las subvenciones recibidas por parte de administraciones públicas, especificando importe, objetivo o finalidad, descripción de la actividad subvencionada y la administración concedente.