Hasta un total de 85 instituciones y entidades dependientes canarias presentaron su declaración de transparencia en el primero de los plazos establecidos, concluido el pasado día 13 de mayo. Además del Gobierno de Canarias, los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife y la Universidad de las Palmas, han presentado su declaración en el primer plazo establecido para ello los ayuntamientos Buenavista del Norte, Fasnia, Candelaria, Arrecife, Pájara, San Bartolomé de Tirajana, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Valverde, Güímar, Arico, San Miguel de Abona, Artenara, Santa Úrsula, Guía de Isora, Breña Alta, Tazacorte, Mazo e Ingenio. Lo hicieron también otras 62 entidades públicas más (organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, etc.) dependientes de las instituciones principales.
A instancia de los sujetos obligados, se ha abierto un nuevo plazo de presentación hasta el 21 de mayo. Y como ocurrió el pasado año, es muy posible que se abra un tercer plazo de una semana más [posteriormente se amplió hasta el 31 de Mayo a petición de los sujetos obligados] . En el anterior ejercicio llegaron a rendir cuentas sobre sus obligaciones de transparencia como establece la ley casi dos tercios de los 351 instituciones y entidades obligadas. El propio comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, y sus servicios técnicos están manteniendo en estos días reuniones de trabajo en todas las islas, con ayuntamientos y cabildos para facilitar el cumplimiento y ayudar a las instituciones.
Esta declaración se realiza para conocer en qué medida cumplen con las obligaciones de la Ley Canaria de Transparencia, que posibilita a todos los ciudadanos saber de una manera más profunda las actividades de las administraciones. La herramienta telemática «T-Canaria» creada por el Comisionado permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora en España.
El de Buenavista, en Tenerife, ha sido el primer ayuntamiento en España que ha presentado telemáticamente este año su «declaración de transparencia» oficial ante un órgano garante, el Comisionado de Transparencia de Canarias, a través de la nueva aplicación digital «T-Canaria», la primera que en España permite a todas las instituciones autoevaluarse y rendir cuentas para el informe que cada año ha de conocer el Parlamento regional.
La aplicación telemática e interactiva permite chequear los portales de transparencia para saber si contienen todas las informaciones que les obliga la Ley de Transparencia canaria, puntuando de 1 a 10 en tiempo real para el que la utiliza. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion.
En ese mismo punto se facilitan, en una hoja de cálculo, las obligaciones de publicación de contenidos que cada tipo de institución tiene en los portales de transparencia: 165 la Comunidad Autónoma; 153 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responderle en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia, bien desde su casa a través de la sede electrónica, bien en cualquier registro oficial público. Y en aproximadamente tres meses obtendrá una resolución ejecutiva; que obliga a la administración reclamada a cumplirla o a recurrirla ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Canarias.
Enlaces de interés:
– Aplicación ‘T-Canaria’ para autoevaluar y declarar la transparencia: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion
– Manual de Uso de la aplicación ‘T-Canaria’: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/descargar/9647
– «T-Canaria» Video-tutorial de uso de la Herramienta de Autoevaluación sobre Transparencia: https://www.youtube.com/watch?v=D0bxkjKOy-c
Hoy se ha comunicado la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se desestima íntegramente el recurso del Ayuntamiento de Santa Úrsula y lo condena en costas; frente a la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias. En la misma se da la razón a un ciudadano y ordena a la entidad local a facilitar la información que había solicitado sobre la vigencia del Plan Especial del Camino del Litoral de Santa Úrsula; en el ejercicio de los nuevos derechos de acceso a la información pública por cualquier persona, que contempla la Ley de Transparencia de Canarias.
Esta sentencia es la primera que se dicta en Canarias respecto a los cinco recursos judiciales planteados por la instituciones canarias contra alguna de las mas de 250 resoluciones acordadas por el comisionado Daniel Cerdán Elcid, en sus casi tres años de mandato. El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano de control que, además de vigilar el cumplimiento de la norma en materia de portales de transparencia (más de 200 instituciones y entidades públicas se han evaluado este año), resuelve las reclamaciones que los ciudadanos le presentan cuando no les responden con la información que piden. Esta institución es la más joven y la más pequeña de Canarias; con solo cuatro puestos de trabajo en su RPT y solo dos de ellos cubiertos desde la marcha a la Presidencia de la Audiencia de Cuentas de uno de sus artífices, Pedro Pacheco. «No es que el órgano esté pendiente de reforzarse; es que esta pendiente de constituirse realmente. Sin el sobreesfuerzo del equipo, habríamos fracasado en toda regla», indica su responsable.
La sentencia aludida afirma… «que la posición del Ayuntamiento para no dar la información solicitada resulta absolutamente improcedente. Ni está acreditado que se diera dicha información, ni el informe del Ayuntamiento de Santa Úrsula cumple con el cometido de la información. En él se dice: parece que el interesado lo que pretende es que los funcionarios de este ayuntamiento emitan una opinión jurídica respecto de la petición o solicitud…..función esta que no compete en modo alguno a los funcionarios municipales, que están obligados a referir sobre las actuaciones que pretenden realizar los ciudadanos, esto es, licencias, actividades, pero no sobre si consideran o no vigentes o ajustados a derecho la actuación municipal pues esta labor compete a los tribunales ordinarios….” Y más adelante añade: “Es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor…”.
Y al final concluye: “Con lo cual, por mucho que se sepa que el Plan se ha aprobado, el administrado no sabe, si se le han dado al expediente los demás trámites previstos legalmente a los efectos de su entrada en vigor; y esa información tiene derecho a saberla, y no es ninguna opinión jurídica. El comisionado ha obrado con toda corrección ajustándose a las exigencias de la LTAIP.”
Según señala el letrado que ha defendido la posición del Comisionado en el pleito, el especialista en transparencia y contratación Juan Carlos García Melián, se da la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de comunidades autónomas, al ser el Comisionado un órgano del Parlamento de Canarias, es el Tribunal Superior de Justicia y no los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelven los recursos frente a sus resoluciones.
Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos, las corporaciones locales no mantienen un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido. Ni tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.
Las reclamaciones de los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por denegaciones o insuficiencias de información de las administraciones canarias pasaron de las 18 en el segundo semestre de 2015 a las 91 a lo largo de 2016; es decir, se multiplicaron por cinco. En las semanas transcurridas del año 2017 se han producido 44 reclamaciones más; y, de seguir esa progresión, se superarán las 350 recursos al cabo de este ejercicio; es decir, el crecimiento rondará el 300% al multiplicarse por cuatro el número de reclamaciones.
Doce de los ochenta y ocho ayuntamientos canarios no han respondido a ninguno de cuestionarios informativos remitidos por el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, Daniel Cerdán, con la colaboración de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha puesto en marcha la nueva sede electrónica de este órgano, complementaria a su portal web, para garantizar una interrelación documental permanente y segura con los ciudadanos: un registro oficial abierto a todas horas, todos los días del año y de doble dirección. La sede electrónica de la más reciente institución de la Comunidad Autónoma nace plenamente adaptada a las nuevas normas de procedimiento administrativo (leyes 39/2015 y 40/2015), como parte de una plataforma de administración electrónica propia e independiente, puesta en marcha por los tres únicos funcionarios del Comisionado con la colaboración de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
El segundo Informe Anual 2016 sobre el Cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias ha de servir para enriquecer y perfeccionar la Estrategia Marco del Gobierno Abierto de la comunidad autónoma, que a través del eje «Gobierno Abierto» (uno de los seis que la integran) busca mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, entre otros fines.
La mayoría de los partidos con representación parlamentaria refrendaron al titular del Comisionado de Transparencia en la necesidad de cambiar la ley que regula la rendición de cuentas, cuya vigencia completa es inferior a seis meses. Daniel Cerdán evidenció algunas limitaciones de la ley. El responsable del Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, presentó ayer el primer informe anual ante el Parlamento del que destacó, entre otras cosas, la necesidad de «abrir una reflexión sobre una serie de ajustes» que, en su opinión, precisa la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cerdán aludió a que no hay marcados plazos de publicación de la información requerida, ni un calendario de actualización como tampoco la calidad de la misma. Asimismo detectó «fugas» en materia de contratos menores y un régimen disciplinario -del que tanto se sacó pecho cuando se elaboraba la ley- «más amplio que el estatal pero difícil de llevar a la práctica», aseguró. En este sentido, le apoyaron los grupos del Partido Socialista Canario (PSC), Podemos y Nueva Canarias (NC).
El diputado socialista Gustavo Matos consideró la necesidad de «perfilar mucho mejor el régimen sancionador». La diputada de Podemos, Concepción Monzón, ahondó en los «vericuetos que plantea la ley y que impiden su cumplimiento efectivo» al igual que echó en falta la exigencia del tipo de información que se ha de publicar. Por ello, se mostró favorable a una «revisión» de la normativa. La diputada de NC, Esther González, remarcó el «silencio negativo» que posibilita que las administraciones puedan dejar de contestar a los requerimientos de información simplemente con una callada.
En contraposición, el diputado del Partido Popular (PP), Emilio Moreno, consideró un «error» plantear una modificación legislativa de un texto que «no tiene más que seis meses de efectiva vigencia». «Escuchando al comisionado -dijo Moreno- parece que de repente, un día se dio cuenta que la ley le impedía desarrollar sus funciones», por eso le invitó a encauzar muchos de los «ajustes» en el desarrollo reglamentario.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Socorro Beato, secundó también al titular del comisionado en cuanto a la necesidad de contar con más dinero y personal, en términos similares a las exposiciones del resto de los grupos salvo la del PP. Sin embargo, se da la circunstancia de que la Mesa, en la que hay diputados de CC, PSC y PP, decidieron recortar el presupuesto que pidió Cerdán para este año 2016.
»»» Fuente: Almudena Sánchez (Canarias 7)