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Los ayuntamientos canarios y el Comisionado de Transparencia evalúan los problemas de implantación de la Ley en la FECAM

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Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos, las corporaciones locales no mantienen  un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido. Ni tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.

En muchos ayuntamientos la responsabilidad de cumplir la ley de transparencia se ha atribuido directamente a los responsables de  la informática, que no encuentran colaboración en el resto de las  áreas municipales, en las que ni  han recibido formación ni pueden contar con más personal para la tarea. Las restricciones impuestas por la austeridad de estos años, la congelación de plantillas y el escaso avance de la administración electrónica se han convertido en los mayores hándicaps para la buena implantación de la Ley de Transparencia.

Estas son las principales dificultades con que los ayuntamientos canarios se encuentran para mejorar sus niveles de transparencia , según se puso de manifiesto en las dos sesiones informativas que el comisionado de Transparencia de Canarias y su equipo han mantenido esta semana con representantes de 33 ayuntamientos en las sedes provinciales de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

En ambas sesiones se ha pretendido informar sobre las novedades en el sistema de evaluación de los portales de transparencia de los Ayuntamientos y conocer sus problemas y propuestas en esta materia. A lo largo de esta próxima semana, todos los ayuntamientos y cabildos están convocados a presentar su propia autoevaluación de transparencia y acceso la información pública, en base a la metodología que les ha sido suministrada por el Comisionado.

El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, puso de manifiesto que la escasa activación de la transparencia  en las instituciones está directamente relacionada con la baja demanda de información por los ciudadanos, en buena medida desconocedores de la los nuevos derechos definidos en las leyes, lo que ha producido un relajo en su cumplimiento, ante la escasa presión ciudadana que aprecian los dirigentes públicos. Las corporaciones han tendido a considerar las obligaciones de transparencia son un mera obligación legal y no una oportunidad para mejorar la comunicación con sus ciudadanos y para implantar internamente una especie de cuadro de mando que mida la eficiencia de las actuaciones municipales y contribuya a mejorar sus resultados.

Los representantes de los ayuntamientos trabajaron en grupos para extraer algunas conclusiones sobre el modelo de implantación de la transparencia. La mayoría de ellos ha lamentado la escasez de recursos humanos y económicos de los que disponen para esta cuestión, y la falta de herramientas informáticas. De forma general, también han reclamado más formación y la homogenización de directrices para la publicación en los portales de transparencia. La mayoría de consistorios asistentes ha contabilizado pocas solicitudes de acceso a la Información Pública entre el 2016 y lo que va de 2017.

En ambas reuniones informativas participaron los ayuntamientos Firgas , La Aldea, Tejeda, Valsequillo, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Artenara, Arucas, Tias, Mogan, Santa Brigida, Valleseco, Agaete, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, Breña Baja, Arona, Santiago del Teide, Haría, La Orotava, San Cristóbal de La Laguna, San Bartolomé, El Sauzal, Los Llanos de Aridane, Agulo, Guía de Isora, Fasnia, Valverde, Arafo, Santa Úrsula y Buenavista del Norte. Intervinieron también la gerente y técnico de de la FECAM, Rosa Morales y Esther Afonso; los dos jefes de sevicio del Comisionado de la Transparencia, Pedro Pacheco y José María Vázquez, y el director insular de Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Javier Hernández Martínez.

Como ya ocurriera en 2016, las evaluaciones realizadas están poniendo en evidencia para que las corporaciones públicas se pongan al día en las obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia.

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