El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias ratificado el 24 de octubre definitivamente por el Senado convierte al Comisionado de Transparencia de Canarias en el primer órgano de control de la transparencia español en ser regulado por una ley de máximo nivel que forma parte del «bloque de constitucionalidad», el conjunto normativo de más alto rango del Estado, al que debe supeditarse el resto del ordenamiento jurídico español.
En este nuevo estatuto, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es reconocido como órgano de relevancia estatutaria.
Hasta ahora, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se configura en el artículo 58 de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia, como un órgano del Parlamento de Canarias al que corresponde el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo actuar en el ejercicio de las funciones que le atribuye dicha ley, con autonomía y plena independencia.
Con la aprobación de la reforma, el órgano garante de la transparencia en Canarias queda recogido en el Estatuto de Autonomía, dándole la condición de órgano de relevancia estatutaria y poniéndolo al mismo nivel que los otros órganos auxiliares del Parlamento de Canarias, el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias. El Estatuto recoge para el Comisionado que “una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley”.
ARTÍCULO 60 DEL NUEVO ESTATUTO
Artículo 60. Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo que establezca la ley.
2. Una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley.
3. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública será elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la ley determine
El pasado 12 de abril seis órganos garantes de la transparencia (el estatal y el de cinco comunidades autónomas) firmaron en Sevilla con la Fundación Democracia y Gobierno Local un Protocolo para promover y realizar acciones de formación y difusión de la transparencia y del acceso a la información pública en el ámbito local. Los titulares del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno español, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, de la Comisión de Transparencia de Galicia, del Consejo de Transparencia de Aragón y la Fundación citada han convenido impulsar el cumplimiento, la comprensión y la interpretación de las obligaciones a las que están sujetas las administraciones locales en la Ley de Transparencia.
La aplicación «T-Canaria» permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de «transparencia sobre sus propia transparencia», en palabras del comisionado Daniel Cerdán, «que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos, porque además les permite comparar la calidad de su actividad informativa con la de otros ayuntamientos y cabildos». En las instituciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en sus portales de transparencia, pero no siempre la ejercitan en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto». Las evaluaciones serán trasladadas al Pleno del Parlamento de Canarias al fin del proceso y cada una de las evaluaciones de transparencia será publicada en formato abierto para que los estudiosos puedan hacer comparaciones y vecinos de cada municipio o isla puedan conocer si su corporación insular o local es más o menos transparente. Lo mismo ocurrirá con el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y sus entes dependientes.
Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos, las corporaciones locales no mantienen un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido. Ni tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.