Transcripción del debate sobre el Informe Anual 2018 del Comisionado de Transparencia de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2018 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 27/2020, de fecha 19/2/2020, del Parlamento de Canarias.

10L/ICTR-0001 INFORME ANUAL DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos, como habíamos acordado, con el punto del orden del día correspondiente al informe del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Comenzamos con la intervención del comisionado para la transparencia, don Daniel Cerdán, buenos días, bienvenido. Tiene la palabra.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos, mi saludo muy cordialmente en este segundo día de su pleno.

Quería empezar recordando unas frases que para nosotros siempre han sido como totémicas, siempre han sido como inspiradoras.

Durante años, William Thomson Kelvin, físico y matemático británico, inspiró nuestras evaluaciones y presentaciones con tres principios: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Esto ya me lo han oído más de una vez, pero he querido repetirlo aquí, porque después de tres evaluaciones a todas las instituciones principales de Canarias podemos abrazar otra máxima de otro pragmático inglés, Jeremy Bentham, que, aunque se excedió en su utilitarismo a ultranza, dijo algo que hemos podido comprobar y demostrar en estos tres últimos años; dijo: cuanto más te observo mejor te comportas. Esta, diríamos, si habría que resumir en siete palabras la actividad, sobre todo en el ámbito de evaluación y de control de comisionado en estos tres años, nos veríamos también con esta máxima que, digamos, ha sido múltiples veces demostrada a lo largo de la historia, es decir, algo que no se le hace ningún caso, al que no se le mira, generalmente no tiene un buen cumplimiento.

Los cuatro órganos vinculados al Parlamento -el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el comisionado de Transparencia- somos sus ojos para ver el mejor cumplimiento de las leyes. Frente al incumplimiento están los jueces, pero siempre a instancia de parte. Los cuatro órganos vinculados al Parlamento somos los delegados del Parlamento, no solamente para detectar incumplimientos, sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimizaciones, para empujar hacia la excelencia. Por eso, sobre el ejercicio de 2018 que ahora analizamos no nos hemos limitado a señalar a las 62 entidades de las 340 entidades públicas de Canarias que no rindieron cuentas, 45 de ellas sin tener siquiera un portal de transparencia.

También hemos querido identificar a los 86 que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 para entregarles, en el pasado mes de noviembre, el certificado de excelencia digital en Canarias. Y también a las 153 de las 340 entidades públicas que obtuvieron el Sello de Calidad a la Transparencia Digital por haber sacado más de un 5 en el Índice de Transparencia de Canarias, logro que no es fácil, se lo aseguro, porque 125 de los 278 portales que declararon y analizamos, y otros 162 ni siquiera presentaron su declaración de transparencia.

Por lo tanto, podemos decir que ya hay una mayoría, por primera vez en estos tres años, de entidades que al menos en la transparencia pública, en la transparencia ejercida de los portales de transparencia, está por encima del 5 después de tres años de progresiva mejora.

La Administración principal de la comunidad autónoma, con más de 9 puntos por primera vez en el trienio evaluado; los cabildos, que, por primera vez, aprueban todos y con una media cercana al notable, tiran de la transparencia activa hacia arriba en esta comunidad.

Podemos, pues, concluir que cuanto más observamos, mejores resultados obtienen las administraciones públicas, solo por ello, solo por ser analizadas y evaluadas sin que medie más premio o castigo que ese.

Hasta aquí diríamos esta pequeña introducción, y ahora no esperaba volver a reproducir aquí el análisis de los 2 millones de datos que contiene el informe anual del comisionado del año 2018, ya los analizamos en parte en la comisión, y doy un poco por expuesto ese análisis.

Por actualizar, de todas maneras, un poco el dato, así como en el ámbito de la transparencia activa hemos podido comprobar -y ustedes pueden ver en el informe- que han mejorado notablemente las cosas, no es así exactamente en el ámbito de la transparencia pasiva o en el ámbito del derecho de acceso, porque sigue habiendo una gran cantidad de administraciones que responden con la callada por respuesta, es decir, que responden con el silencio administrativo. Prácticamente más del 80 % de las reclamaciones que nos llegan al comisionado -355 en el año 2008, que analizamos; 245 en el año 2009, que no está en este análisis pero que es el dato más actual que cerramos en diciembre-, más del 80 %, ya les digo, no proceden por realmente haber causas de no entrega de la información al ciudadano, sino, simplemente, de la comodidad de no responder. Por eso, prácticamente más del 85 % de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes porque no había, en muchas ocasiones, mayor problema en entregar una información, no sometida a ningún límite, no sometida a ninguna causa de inadmisión. Por lo tanto, es en el ámbito de la respuesta a los ciudadanos donde más margen de mejora tiene el sistema canario de transparencia y donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos también de proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las 98 administraciones públicas de Canarias.

En este último año también creo que merece la pena entretenerse siquiera un momento en el hecho de que, después de tres años de caminar en solitario, el modelo de trabajo del comisionado de Transparencia ha recibido dos premios nacionales relevantes en el ámbito de la transparencia y, sobre todo, lo que nos satisface especialmente es que otras tres comunidades autónomas, en este momento, están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias, adaptándolo a su fórmula de trabajo para implementarlo a lo largo de este año en otras tantas comunidades autónomas. Eso significa que lo que hemos venido trabajando aquí, aplicándolo a un conjunto poblacional de 2 millones de habitantes, posiblemente, al final de este año, una cuarta parte de este país esté evaluando su transparencia con el modelo de transparencia que hemos desarrollado, hemos implementado y hemos puesto en práctica en Canarias, no solamente adaptando un modelo nacional preexistente que estaba construido a nivel teórico, sino, también, construir una herramienta telemática, propia, singular, que permite a una institución como la nuestra, pequeña, de pequeñas dimensiones, con cinco funcionarios y dos becarios, llegar a, y este año, a casi trescientos sujetos públicos, y esperamos que en el año presente…

El señor PRESIDENTE: Sí.

Don Daniel, perdón.

El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): ¿Sí? Muy bien.

El señor PRESIDENTE: Se le ha agotado el tiempo. Le damos…

Sí. Un segundo nada más.

El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Vale.

… pues podamos alcanzar…

El señor PRESIDENTE: Sí, don Daniel. Un segundo.

El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Sí.

El señor PRESIDENTE: Un segundo, un segundo.

Un segundo.

Ahora. Termine.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Concluía. Solamente por rematar la frase.

Les decía que esperamos en este ejercicio, precisamente, porque tenemos una herramienta desarrollada y, sobre todo, porque tenemos más de cuatrocientos funcionarios canarios colaboradores en todas las administraciones canarias, esperamos alcanzar los seiscientos sujetos evaluados y medidos, porque este año, por primera vez, vamos a extender el modelo a los trescientos primeros perceptores de ayudas y subvenciones… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Daniel.

Turno ahora para los grupos parlamentarios. Por tiempo de cinco minutos, Grupo Mixto. Don Ricardo.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Buenos días, señor presidente. Señor comisionado.

En primer lugar, felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo que han desarrollado. Estoy convencido de que la labor que usted viene desarrollando estos últimos años es fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años -y este ejercicio, concretamente-. Un grupo pequeño de colaboradores, pero que también se apoya en un grupo más amplio, mucho más amplio, de funcionarios de distintas administraciones que le prestan su apoyo y ayuda.

Yo soy un convencido, un fiel convencido, de que es importante contar con medios técnicos que favorezcan la información, el tener disponible la información. Por eso, como ya le dije en comisión, me parece muy interesante esa experiencia que están haciendo ustedes para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.

Entrando en algunos detalles, y viendo el índice de transparencia de Canarias, es evidente que las administraciones se han ido cada vez más poniendo y tomando en serio esto de la transparencia. Desde luego, el Gobierno de Canarias ha hecho un evidente esfuerzo en este sentido, y si vemos como ha evolucionado el último informe a este, vemos que pasa de un 7,6 -que no está nada mal- a prácticamente un 10, un 9,04. También los cabildos han hecho su tarea y también han evolucionado favorablemente en ese índice de transparencia. Es, quizás, en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones. De las 340 entidades públicas que existen en Canarias aún tenemos 72 como incumplidoras, y esperamos que para los próximos informes, que ya se deben estar elaborando, esto se vaya reduciendo.

También hay que poner de manifiesto que solo 123 de las 278 entidades que han recibido información y han colaborado han tenido algún tipo de solicitud, y creemos que todavía los ciudadanos hacen poco uso de este derecho que tienen de solicitar a la Administración información sobre aquello que consideren oportuno y necesario. Y el dato de las 2107 peticiones realizadas.

También la actividad del Comisionado como último recurso, como se suele decir, y coloquialmente, la última gran esperanza. Bueno, pues también ha pasado y se ha llegado por parte de los ciudadanos a tener una mayor, digamos, presencia de pedirle al comisionado ayuda en última instancia. Ha pasado de 154 a las 355.

El Gobierno de Canarias es, desde luego, el que más visitas recibe en su página web, han sido 280 000 las visitas, de unas ochenta y cinco mil sesiones únicas, es decir, ochenta y cinco mil usuarios que han consultado, han pedido información, a la página de la comunidad autónoma.

También yo creo que otro aspecto reseñable, y que pone usted de manifiesto en su informe, es que quizás debemos darle una vuelta de tuerca a aquellas entidades que reciben fondos públicos, y me estoy refiriendo concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos que recibimos ayudas también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia.

Yo sí que, por poner un pero en este informe, sí es verdad que este, digamos, número de entidades no cumplidoras por parte de la Administración, quizás no es el mejor ejemplo que se deba dar a la ciudadanía. Si nosotros, si la Administración no da ejemplo, pues mal vamos.

También usted lo ha dicho, además, con palabras textuales: la Administración suele dar o suele tener esta mala costumbre de dar la callada por respuesta -y son palabras textuales suyas, que creo que también vienen reflejadas en el propio informe- y eso, evidentemente, genera malestar. Pero no se queda ahí la cosa, sino que encima ustedes, cuando la Administración le da la callada por respuesta y usted (ininteligible) la Administración, el Comisionado, en el 50 % de las ocasiones la propia Administración también le da a usted o al Comisionado la callada por respuesta.

Bien. Entrando también en lo que son las entidades, los ayuntamientos es donde quizás está el mayor índice de incumplimiento. 35 organismos autónomos municipales, 12 incumplen. De las fundaciones municipales, 4 de 8 incumplen. Bueno, yo creo que hay que exigirle desde luego mayor rigor para que estas entidades también cumplan con la ley.

Pero, con todo, sí me quiero quedar, lo decía al principio, con ese dato positivo que viene reflejado en el informe del propio comisionado.

Yo creo que es importante que tengamos unas administraciones transparentes, los ciudadanos tienen derecho a saber y a conocer lo que sus administradores, sus responsables públicos, hacen con los dineros que recaudan. Y, por lo tanto, yo creo que ahí sí es verdad que tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva, incluso las propias administraciones para que sigan avanzando en esta línea.

Yo voy terminando, y quisiera, bueno, que el aprobado raspado que tienen muchos de estos en general, y se ve en el índice, al final, de este año, pues, se tenga, se suba hasta un notable, eso sería lo ideal y lo que incluso varias entidades dicen que sería lo deseable.

El señor PRESIDENTE: Continúe.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Sí, gracias, presidente. Ya finalizo.

Sí me gustaría terminar con una pregunta, si puede, pues, la responde en su segundo turno, que cuál cree que es el principal motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el comisionado, y termino como empecé ayer felicitándole a usted y a todo su equipo por el buen trabajo que han realizado y le animo a seguir haciéndolo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ricardo.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán, y muchas gracias también por comparecer ante este Pleno.

La realidad es que, desde que se aprobó la figura del comisionado de Transparencia, se ha visto una evolución muy positiva en lo que a una Administración más transparente se refiere. De hecho, en 2018, de las 340 entidades del sector público canario ya colaboraban setecientas… 278, pero es que ahora implica un avance considerable respecto al año 2017, que solo aportaban datos unas 204 entidades y, aunque la nota media sigue en aprobado, es verdad que también va en línea ascendente, pues ha aumentado dos décimas.

Se lo decíamos en la comisión y se lo volvemos a repetir en este Pleno: gracias al gran esfuerzo que hacen desde la oficina del comisionado y desde las administraciones canarias que se han implicado en este objetivo se ha conseguido tener un reconocimiento de premios a nivel nacional, como son el NovaGob y el de la Fundación Compromiso y Transparencia. Un reconocimiento a todo el sector público canario, donde ha nombrado a más de 490 empleados públicos, los cuales han aportado más de dos millones de datos para poder confeccionar este informe.

Hace unos meses, en esta Cámara, se entregaban las distinciones a las entidades públicas y administraciones que, conforme al baremo, habían cumplido con sus deberes, obligaciones de transparencia y, de hecho, al acceso con una calificación de excelente. He de decirle, una vez más, que desde Agrupación Socialista Gomera consideramos que este tipo de eventos con entrega de diplomas nos parece una muy buena idea, ya que no solo recompensa a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motiva a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento.

Señorías, cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos, también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI para poder demostrar, o es la única vía de poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad. Por eso, señorías, debemos alentar que se siga recorriendo la senda de la transparencia y que se cumpla con el acceso a la información que demandan los ciudadanos. También en ese mismo evento se hacían las Jornadas de Transparencia Digital, en las que, desde la oficina del comisionado y con participación de los distintos encargados de la transparencia de las administraciones del sector público, se creó un debate muy enriquecedor para mejorar, entre otras cuestiones, los portales web de transparencia.

Precisamente, en el informe quedaba claro que una de las cuestiones en las que hay que invertir más esfuerzo es en la transparencia digital y en el establecimiento de portales que sean fácilmente accesibles, intuitivos y que respondan a las dudas o a las peticiones de acceso de información que demanda la ciudadanía. La vía digital es la más usada por los ciudadanos para informarse, y aunque es verdad que crece el número de portales en 2018 y, además, muchos de ellos mejoran sensiblemente su utilidad pública, también ocurre que el número de portales malos también crece. Y cuando digo portal malo hablo de portales que no se actualizan, que no tienen toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos.

En cuanto al derecho a la información, el dato empeora, ya que las preguntas sin respuesta se incrementan de 46 a 233, aunque la parte positiva es que cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del comisionado ante la falta de respuesta por parte de la administración competente. De hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos.

En este punto queremos hacer una reflexión, puesto que los expedientes que debe revisar y evaluar la oficina del comisionado cada vez son más debido a la incorporación del resto de entidades públicas al compromiso de la transparencia, debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible.

Termino, señorías, dando las gracias al señor Cerdán y a todos los trabajadores que realizan la labor de transparencia en Canarias. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Señor presidente, señorías.

Señor Cerdán, y al equipo del Comisionado de Transparencia.

Bueno, yo creo que hay una conclusión, y es que vamos avanzando progresivamente, ¿no?, me parece que los datos que usted nos ha ofrecido muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de, digamos, transparentarse. Lo que pasa es que, claro, de todas maneras, este es un trabajo que realizan, como ya hemos dicho, numerosos trabajadores públicos, 400 empleados, concretamente, ¿no?, y es un trabajo de más que recae sobre mucha gente que está en las administraciones, por lo tanto, desde aquí nuestro agradecimiento por contribuir a una mejor democracia. Pero, claro, como decía la señora diputada Mendoza, es necesario más personal en esta tarea, ¿no?

Yo creo que también una de las conclusiones suyas es que, en la medida en que la sociedad va avanzando, en el sentido democrático, va exigiendo, se va comprometiendo más con las instituciones, va entrando más en los portales, también hay un nivel mayor de exigencia, ¿no?, y, por lo tanto, también será una misión más de las instituciones a tenerla en la agenda, ¿no? Por lo tanto, sería importante también basar más… tener más recursos.

Son 278 de 340 instituciones, pero, efectivamente, en los años anteriores eran menos las que realizaban este tipo de tareas, y esto, me imagino… quiero pensar que es un compromiso, y también es parte del esfuerzo que ustedes, ¿no?, desde este Parlamento, el Comisionado también se ha hecho.

Yo creo que de lo que se trata es que los datos que manejan las instituciones, las tareas que realicen estén al servicio del ciudadano. Me parece que en ese sentido los portales son importantes. También son importante las actividades, yo se lo comenté a usted también en la comisión, las actividades de reuniones que realizan en los ayuntamientos, de asambleas con los vecinos y otro tipo de corporaciones. Eso, por ejemplo, no está recogido en la evaluación que se hace de transparencia, y a mí me parece que es una tarea, una actividad muy importante de los alcaldes y de los concejales de los ayuntamientos es el contacto directo con los ciudadanos, y eso, por ejemplo, tendríamos que nosotros incorporar algún elemento para que se evalúe también, ¿no? Aquí hay numerosos alcaldes de las instituciones, y esa es una tarea muy grata, a veces más conflictiva, en fin, depende, ¿no?, porque uno tiene que dar parte de las tareas que está haciendo, pero esa tarea es relevante, el contacto directo. Y me imagino y creo que tiene que haber algún ítem que evalúe ese tipo de situaciones, ¿no?, porque es un trabajo bastante arduo.

La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 85 % de los casos, lo cual también es bastante relevante, porque a nosotros lo que nos interesa es que el dato sea, la tendencia, ¿no?, sea al alza. Es verdad que hay 62 instituciones no cumplidoras. Yo creo que aquí, más que aplicar medidas coercitivas, porque no sabemos tampoco las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia, sería también persuadir a estas instituciones, ver qué problemas tienen, a lo mejor es un problema de personal, que ya se ha hablado bastante aquí en este pleno sobre esta cuestión, ¿no?, y a lo mejor tendríamos que dotar de mayor personal. Más que coerción persuasión, intentar subir la nota del 5,36, ¿no?

Y ya digo, yo creo que la cultura… si la cultura organizacional de la sociedad, la organización social democrática aumenta, la actitud demandante, también, proactiva y participativa va a aumentar.

A mí me parece que hay algunas asignaturas pendientes, una de ellas es el control o las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo, es una asignatura pendiente y me imagino que tendremos que establecer algún capítulo, alguna medida para controlar o, digamos, fiscalizar que estas organizaciones en qué se gastan el dinero.

Luego, la información sobre la ordenación del territorio, y luego, también, que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por silencio administrativo es un problema que aquí se ha comentado, y eso también tendremos que solucionarlo.

Yo creo que es importante adecuar también los archivos, la organización de la información, eso necesita también personas, es una tarea, porque después es mejor producir esa información que nosotros demandamos, hay que actualizarla, y, bueno, todo ese tipo de gestiones valen dinero y vale la pena invertir en eso, porque ganamos en democracia y en transparencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

Doña Sandra, buenos días. Tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Evidentemente, este informe nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas y que produzcan un flujo de información multidireccional, porque no hay que negar que en las últimas décadas la confianza de la ciudadanía en la gestión pública se ha perdido, y en este sentido y por este motivo es por lo que se crearon ciertas normas, como la normativa del 2014 en materia de transparencia y acceso a la información, y posibilita, así, que la ciudadanía pueda controlar y vigilar las administraciones, los servicios y, cómo no, el gasto público.

Según los datos que nos expone el informe de transparencia, el comisionado, se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública. Canarias cuenta, junto a Aragón y a Baleares, como una de las comunidades públicas donde la gente hace más reclamaciones por cada 100 000 habitantes, se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados, y esto se multiplica por dos la media nacional. Con lo cual, la ciudadanía canaria refleja que tiene interés y que se mueve en materia de reclamación.

Señala el índice de transparencia también que, como ya decían mis antecesores, hay un descenso, un descenso porcentual de casi diecisiete centésimas, entendemos que es una cuantía baja, pero aun así lo que se ha de cuestionar son los motivos de ese descenso. Ya se dijo en la comisión en la que se llevó este informe inicialmente que uno de los motivos por los que se podían haber provocado este descenso había sido la coincidencia con el periodo electoral, nosotros en este sentido discrepamos un poco, en el sentido de que entendíamos que un proceso electoral no tenía que influir en los funcionarios, el personal que es el que vuelca la información y que, en consecuencia, aporta los datos para evaluar este informe, pero sí entendíamos que el otro motivo por el que se fundamentaba ese descenso porcentual era en el hecho de que son muchas las entidades dependientes de unas administraciones matrices, por decirlo de alguna manera, de la comunidad autónoma, entidades dependientes de cabildos y entidades dependientes de ayuntamientos, en concreto, 234 sociedades públicas, que, en su mayoría, suspenden en transparencia. Y esto, yo creo, que estas empresas públicas que son sociedades anónimas, sociedades limitadas, consejos, institutos, consorcios y fundaciones, pues, son las que en realidad entendemos que provocan una bajada de la puntuación. En concreto, la comunidad autónoma de Canarias cuenta con 42 compañías, de las cuales 21 no superan el test; los cabildos tienen 88, 42 no superan el test; los municipios, 99, 78 no cumplen con la Ley de transparencia; las universidades, 5, 4 no cumplen con la Ley de transparencia. Esto nos tiene que dar motivo a una reflexión y, efectivamente, el hecho de que existan tantísimas entidades vinculadas a administraciones matrices no significa que en sí no cumplan con los requisitos, otra cosa es que puedan carecer de medios las administraciones públicas de las que provienen, porque, al final, muchas de estas entidades no tienen un organigrama, una estructura por las que puedan llevar a cabo esta tarea y, en muchísimos casos, son las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos los que tienen que hacer ese doble trabajo. Y tenemos que tener una reflexión sobre esta tarea, dado que ahora mismo nos encontramos en varias administraciones que tienen multiplicado su trabajo. Aquí hay muchos alcaldes, concejales y consejeros que saben la situación en la que están las administraciones. La Ley de Contratos, informes del Consejo Consultivo, se ha multiplicado la tarea de las administraciones por tres o por cuatro, cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades, y yo creo que esto es uno de los motivos principales, estoy convencida, estamos convencidos, uno de los motivos principales por las que estas entidades sean no cumplidoras y no por ello no haya interés en llevar a cabo esta tarea.

Una reflexión importante es la carencia de reglamento, ya lo han dicho los predecesores, necesitamos un reglamento que modifique la Ley de transparencia y en el que, efectivamente, se incluyan otros entes, sean entes privados a los que se le aporta subvención, partidos políticos tienen también que cumplir en materia de transparencia y organizaciones sindicales. Entendemos que esto es una tarea pendiente que se ha de llevar a cabo. Y, simplemente, pues, animarlo, comisionado, a que siga en esta tarea, pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y buenos días al señor comisionado.

Le tenemos que volver a agradecer que venga usted a esta Cámara a presentar su informe, además, ya se lo comenté en la comparecencia que tuvimos con ocasión de este informe, pues, le dije que, bueno, que era un informe bastante detallado y que dejaba pocas dudas a presentar por parte de mi formación política.

Pero sí es verdad que lo que sí me gustaría recalcar es que desde el Partido Popular que la transparencia ha llegado para quedarse, es un nuevo modo de vida y, evidentemente, todas las administraciones públicas, pero también incluidos todos nosotros, estamos, tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia. ¿Por qué? Porque, al final, el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen.

Ya se ha dicho, y sí me gustaría volver a destacar, que se ha bajado, es verdad que se ha bajado poco, pero si hacemos una comparativa en el año 2018-2017, se ha visto un decrecimiento de esa valoración. Usted es verdad que en el informe pone que son por dos motivos: un primer motivo que ya lo ha dicho la persona que me ha precedido en la palabra que es debido a que la autoevaluación se hace con motivo en la época en la que hubo elecciones, entendemos, desde mi formación política, que eso no puede ser óbice para que no se cumpla con la transparencia, evidentemente, tiene que quedar muy al margen de que exista un proceso de elecciones municipales y autonómicas, y, por otro lado, es verdad que usted hace referencia a que la gran mayoría de las corporaciones locales lo que hicieron fue cargar sus portales de transparencia y, por tanto, eso es lo que ha motivado ese decrecimiento.

Pero sí me gustaría también destacar una advertencia que usted hace, y llama la atención sobre que todavía existen muchos municipios que no se toman en serio la transparencia activa, y, además, existen muchos municipios que todavía no llegan ni a los tres puntos. Concretamente, dentro de estos municipios, las entidades dependientes son las más incumplidoras. Y sí me gustaría destacar lo siguiente: organismos autónomos son 32, de los cuales han cumplido 20, pero tenemos todavía 12 que han incumplido; de empresas públicas, 61 empresas públicas tenemos, 25 son cumplidoras, pero 36 son incumplidoras. Por tanto, entendemos, señor comisionado de la Transparencia, que las entidades públicas locales son las que están más cercanas del ciudadano y, por tanto, son las que, si se me permite, tienen más que cumplir con este requisito de la transparencia.

Otra de las cuestiones que sí me gustaría… porque es verdad que nosotros pues de manera indirecta podemos hacer un control y un seguimiento de lo que hacen las entidades locales, pero aquí, en sede parlamentaria, independientemente del poder legislativo, también tenemos el poder de control en lo que es la fiscalización del Gobierno. Y aquí sí me gustaría destacar que me llamó soberanamente la atención que, de las entidades dependientes, administraciones públicas dependientes de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, ha decrecido el nivel de transparencia. Entonces, me gustaría saber o deberíamos saber cuáles han sido los motivos, porque, evidentemente, aquí no cabe hablar ni de elecciones y mucho menos hablar de los portales de transparencia, y me refiero sobre todo a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, a la Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias. Por tanto, sí me gustaría decir que las primeras sociedades de las que acabo de hacer referencia bajan en dos puntos, y entiendo que eso deberíamos de, como mínimo, deberíamos de hacer alguna labor desde el Parlamento de Canarias, en nuestra función de control al Ejecutivo, para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe.

Otra de las cuestiones sobre las que sí me gustaría llamar la atención es el carácter de la información que se les ha dado a los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan de que realmente no tienen la información que ellos realmente demandan. ¿Y por qué? Pues usted comenta en su informe que probablemente es debido a que se carga la información institucional, pero no realmente la información de la que el ciudadano quiere tener conocimiento. Y aquí creo que es el momento de destacar lo siguiente: nos llamó la atención que del año 2015 al año 2018 ha habido un total de 618 reclamaciones, de las cuales se han, por silencio administrativo, se han resuelto 527. Yo creo que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y, sobre todo, un silencio por respuesta. Pero también es verdad que nos llamó la atención el modo en que el ciudadano todavía se dirige a la Administración pública, y es que de esas 618 reclamaciones 363 se hicieron de forma presencial, 255 online, pero 363 de forma presencial. Por tanto, entendemos que todavía tenemos que entrar en el mundo de la información, en el mundo de las nuevas tecnologías, que nos… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere terminar?

Sí. Un momentito.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Nada.

Ya, para finalizar, sí me gustaría, bueno, pues, felicitarle por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir. Por otro lado, felicitarle por todos los premios que ha recibido usted y su equipo por el buen trabajo y, nuevamente, darle las gracias por venir aquí y hacer un trabajo tan minucioso, que nos ayuda a todos a comprender mejor la transparencia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Reverón.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señor comisionado, buenos días. Felicitarle por el informe de este año, que incorpora, además, novedades, como es la evolución del índice de transparencia durante los últimos años. Un informe del 2018 que refleja el esfuerzo y la mejora de la mayoría de las instituciones canarias.

Es verdad que algunas administraciones, sobre todo las más pequeñas, necesitan seguir esforzándose, y siempre hemos dicho que debemos ser benévolos con estas administraciones, porque estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse, también por imperativo legal y protección de datos, y la que merece la pena publicarse y, por lo tanto, hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información. Porque no podemos olvidar la situación real de muchas administraciones públicas, la mayoría de los ayuntamientos canarios, con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos, sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales.

El informe refleja que se han entregado después de estas elecciones unas administraciones saneadas desde el punto de vista de la transparencia, con un altísimo cumplimiento, unos datos altísimos en el Gobierno de Canarias, la mayoría de los cabildos y la mayoría de los ayuntamientos. Ya veremos qué pasa el año que viene con la evaluación del 2019, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se entrega con casi diez puntos en el índice, a día de hoy sigue sin actualizar información desde abril del año pasado.

Y preguntábamos en la comisión si estamos ante la crisis de la transparencia. Porque las leyes de la transparencia nacieron en un momento de grave crisis económica y como contestación a los casos de corrupción. Pero los órganos garantes de la transparencia, sus homónimos en las comunidades autónomas, suscribieron en octubre del año pasado una declaración en la que afirmaban que la transparencia ha ido perdiendo peso después de la implosión inicial. Reclamaban más medios y reclamaban una mayor implicación de las administraciones públicas. Y nosotros creemos que, si las leyes nacieron por una crisis de legitimidad, ahora lo que hay es una crisis de credibilidad, porque estamos asistiendo a un abuso en los cambios de criterio, a los virajes en las posiciones políticas, a las contradicciones, a las incongruencias, a lo que algunos directamente llaman como mentiras y las redes sociales están plagadas de vídeos que hacen un contraste entre esas contradicciones y esas incongruencias. Y quienes criticaban el plasma ahora hacen ruedas de prensa donde no permiten ni siquiera las preguntas de los periodistas, encuentros en la oscuridad de los aeropuertos que serán los tribunales los que los aclaren.

Y hablaba usted de la callada por respuesta; Moncloa tiene el dato de la callada por respuesta e ignorar directamente al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Entonces, no parece que la transparencia realmente sea real.

Aquí en Canarias no conocemos ni siquiera los términos reales del pacto de gobierno. No sabemos cuál es el programa de este Gobierno. Se comprometieron a presentarlo, pero no lo han presentado, y llevan siete meses trabajando. No se conoce el programa, no se conocen sus planes. Y, claro, cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la Oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones.

Y ante esa opacidad nos planteamos si es necesario avanzar en las leyes de transparencia, modificar las leyes de transparencia. Porque una evolución en las leyes de transparencia que nos permita saber, por ejemplo, de verdad, cuáles son los compromisos de un Gobierno, que nos permita castigar cambios de criterio. Porque nos interesa la economía, nos importa, pero también nos importa, aparte de los datos económicos, nos importa la credibilidad, nos importa la ética pública, nos importa que nos digan la verdad, porque en eso en eso debe radicar la transparencia.

Por eso le preguntamos si realmente la transparencia está en crisis y qué medidas se podían tomar para evitar esa crisis de transparencia y volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas.

Muchas gracias, señor comisionado… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere terminar, señora Beato?

La señora BEATO CASTELLANO: Muchas gracias, señor comisionado. Felicitarlo a usted y al equipo, esto es un trabajo de equipo, y animarlo a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, hacer un reconocimiento a los 400 empleados de todas las administraciones públicas y al equipo del Comisionado de Transparencia. Un reconocimiento por su trabajo, por sus premios a nivel nacional y por abrir las ventanas de la Administración después de realizado el trabajo, unas ventanas abiertas a la ciudadanía.

Un trabajo que se evalúa o, mejor dicho, que cada institución o entidad pública se autoevalúa. Una autoevaluación que determina las notas de cada uno a través del índice de transparencia. Ya nos ha informado el comisionado de estas notas recientemente en la comisión, y hoy quiero destacar o quiero utilizar el símil académico que ya hice también en dicha comparecencia, y podemos resumir, de alguna manera, que hoy el responsable del Comisionado de Transparencia es el tutor que nos hace entrega de las notas de los alumnos. Esos nombres de esos alumnos son el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos y las 2 universidades y 180 entidades públicas; en total, 278. Pero faltan 62 entidades públicas por presentarse a este examen. A esos alumnos, al que mejor nota saca, es el Gobierno de Canarias y sus entidades, aunque entre ambas existen importantes diferencias. Mientras que la nota media del Gobierno es de un 9,04, es decir, un sobresaliente, las entidades obtienen un 5,07, es decir, un suficiente, y, de ellas, 42 no superan el 5. Pero si las entidades públicas dependientes del Gobierno no tienen buenas notas, las entidades de los ayuntamientos son peores, y algunas entidades ni se han presentado a la convocatoria. Estos son 12 organismos autónomos de entidades locales, 66 empresas públicas, 4 fundaciones y 2 consorcios. 54 entidades locales y 2 insulares no se han presentado al examen de transparencia. En total, 62 entidades se han fugado, y lo han hecho por tercera vez. Ya en la intervención, el compañero, el señor Déniz, habrá dicho… no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado.

Las herramientas que tenemos las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía en nosotros, es decir, en la clase política, no es otra que la transparencia. No podemos permitir que haya 62 que sigan sin cumplir con sus obligaciones, que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo, como bien decía el tutor, la callada por respuesta.

Hoy he destacado en mi intervención más las notas malas que las buenas, porque desde el Partido Socialista entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción.

Desde el PSOE y, tal como dijo en unas declaraciones recientes, nuestro consejero de Administraciones Públicas, el señor don Julio Pérez, el objetivo que debemos marcarnos no es otro que… no es trabajar y luego abrir las ventanas, el objetivo es trabajemos con las ventanas abiertas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Turno de cierre para el señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien, cerramos ya, por lo tanto, este pequeño debate. Primero, quería agradecer a don Ricardo, a doña Melodie, a doña Sandra, a doña Luz, a doña Socorro y a don Manuel las gratas palabras que han tenido, sobre todo para mi equipo y para el conjunto de la Administración pública canaria que ha colaborado en esta evaluación.

De sus intervenciones me gustaría centrarme en aquellas que han sido más compartidas, sobre todo en lo que se refiere a las preguntas al comisionado, y han sido fundamentalmente dos, ¿no?: ¿por qué no contestan más, por qué tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso?, y, en el ámbito de la publicidad activa, ¿por qué las entidades dependientes -sobre todo las instituciones principales, ayuntamientos, cabildos, universidades, Gobierno, y sus entidades dependientes, empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, etcétera- fallan más que los grandes, cuando, en teoría, aparentemente, son estructuras más asequibles, más fáciles de transparentar?

Las dos tienen un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, en el conjunto del… le falta crecer en cultura de la transparencia. Eso no es una cosa que decreta una ley o determina una ley, eso, hace falta tiempo. España llegó a la transparencia obligada, diríamos, a la transparencia por ley, diríamos, de los últimos en su entorno europeo, solamente llevamos cinco años con las leyes en vigor y, por lo tanto, eso tardará en calar, ¿eh?, y por eso no es una cosa que se pueda, como yo muchas veces digo, que sea el código de circulación donde todo el mundo circula perfectamente al día siguiente porque si no, o se choca o le multan, ¿no?

Y eso tiene que ver, en parte, con la otra, la otra pregunta generalizada de sus intervenciones, que es qué hacer, ¿no? Qué hacer para mejorar, para impulsar esto. Hemos practicado medidas, diríamos, reconocedoras, que reconocen a los buenos, y creo que, para los más incumplidores, creo que es el momento de empezar, como ya han empezado en algunas otras comunidades autónomas, y como se plantea en la mayor parte de los borradores de nuevas leyes de transparencia de segunda generación, a establecer siquiera pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, yo espero que no lleguemos a tal nivel, pero, simplemente, su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los que peor practican la transparencia, y en la medida en la que hasta ahora no ha servido, diríamos, la parte, diríamos, de la zanahoria, es decir, hace falta quizá un pequeño instrumento coactivo como pueden ser las multas, y es algo en lo que está de acuerdo prácticamente todo el sector transparentista de este país, tanto la academia como los órganos garantes como, incluso, los borradores de las leyes. Por eso en comisión les planteé esta posibilidad, lo he comentado también con el Gobierno de Canarias, y, muy posiblemente, dentro de la futura propuesta de ley de acompañamiento (ininteligible) contemos con algún instrumento de este estilo, en los que ustedes, al final, serán los últimos decisores, porque vendrá a esta Cámara, se discutirá aquí y podrán concretarlo.

Respecto a otras cuestiones que se han planteado, digamos, más críticas con el modelo y con el futuro, concretamente con… cuando se refieren a que las leyes de transparencia -y esto lo señalaba la portavoz, doña Socorro Beato- nacieron por una falta de legitimidad, y ahora nos encontramos ante una falta de credibilidad, yo creo que eso va a exigir un esfuerzo de todos, sobre todo mirando a largo plazo, porque, efectivamente, uno de los problemas, porque no se toman demasiado en serio o tan en serio la transparencia en el momento presente es porque no sienten, de alguna forma, la presión social vía preguntas, vía protesta o vía reclamación ante el conjunto de las administraciones públicas.

Cuando también algunos de ustedes han señalado, aquí y en comisión, que, bueno, que los funcionarios de las administraciones públicas están ya muy presionados por obligaciones legales de este tipo, me gustaría recordar un dato que creo que desmonta en buena medida esa cuestión, y ya lo comentaba también en comisión. Prácticamente en Canarias, formalmente no hay más de 2200 reclamaciones por escrito a las 98 administraciones canarias, cada año. Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día, a 98, es decir, no puede… las administraciones… (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Don Daniel.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): … por falta de tiempo o de respuesta…

El señor PRESIDENTE: Sí, don Daniel, don Daniel. Espere, para que pueda concluir.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien. Voy rematando.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero espere, espere, que le tengo que poner el tiempo.

Adelante.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Por lo tanto, diremos, ese argumento que a veces se utiliza de excesivo agobio controlador o excesivo trabajo administrativo para responder a los ciudadanos, creo que es todo lo contrario. Si hubiera 100 000 preguntas estaríamos ante algún tipo de medida a la contra, cómo filtrarlas, cómo atender solamente a las importantes, pero cuando hay 2200 a 98 instituciones creo que es al contrario, es decir, las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas y, por lo tanto, se relajan, y, por lo tanto, diríamos, hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo, pero, sin embargo, no la practican en el día a día ante los ciudadanos o, incluso, también, porque uno de los principales y recurrentes al modelo de transparencia son los propios funcionarios y los propios concejales o políticos de la Oposición.

Por lo tanto, creo que hay un margen de mejora en lo cultural, y creo que en los futuros cambios de las leyes de transparencia, tanto de la estatal como de la… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo)

… al comisionado y a su pequeño equipo, y hasta el año que viene.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor comisionado. Muy agradecidos por su comparecencia, muchísimas gracias.

El comisionado de Transparencia de Canarias sugiere pequeñas multas para estimular a los incumplidores a la mejora

Daniel Cerdán durante su comparecencia hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias para la presentación del Informe anual de evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia en el año 2018

Santa Cruz de Tenerife, 19 feb (EFE).- El comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que en España no hay cultura de transparencia, y planteó la posibilidad de establecer pequeñas multas para las administraciones que no cumplen.

Daniel Cerdán hizo estos planteamientos durante la presentación del informe del Comisionado correspondiente a 2018 y después de que los diputados preguntasen porqué hay tanto silencio administrativo hacia las preguntas de los ciudadanos, y por qué las entidades dependientes, organismos autónomos y consorcios son los que más fallan.

Según el comisionado, ambas cuestiones tienen como fondo que en España falta cultura de transparencia, ya que, recordó, se llegó a ella por obligación de una ley, y por lo tanto, opinó, tardará en calar la idea de que hay ser transparentes desde las administraciones.

Daniel Cerdán comentó que desde el Comisionado se han hecho reconocimientos a las administraciones más cumplidoras, y en cuanto a las que no lo hacen cree que es el momento de establecer pequeñas multas para provocar mejoras.

Algo que podría plantearse en la próxima ley de acompañamiento que presente el gobierno de Canarias y que deberán votar todos los diputados, dijo Daniel Cerdán.

En cuanto al informe, en él se dice que la administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Gobierno de Canarias, obtuvo en 2018 un índice de transparencia de 9,04 puntos, frente a los 8,03 de 2017.

El conjunto de las 43 entidades de su sector público autonómico ha mejorado significativamente, al pasar su media aritmética de 4,28 puntos en el año 2017 a 5,07 en el año siguiente.

En el informe se apunta que solo 62 entidades públicas de las 340 que hay en Canarias no presentaron su declaración de transparencia.

El diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, reconoció que las administraciones se toman cada vez más en serio la transparencia, cuestión en la que consideró que deben hacer un esfuerzo organizaciones como las empresariales y los partidos políticos.

El mayor índice de incumplimiento está entre los ayuntamientos, por lo que habrá que pedirles más rigor, dijo el diputado del grupo Mixto quien preguntó si se sabe cual es el motivo de tanta falta de respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, alentó a seguir por la senda de la transparencia y porque los ciudadanos accedan a la información, y criticó la falta de respuesta por parte de las administraciones.

El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz reconoció que se avanza progresivamente en transparencia, si bien recordó que se trata de un esfuerzo que realizan unos 400 empleados públicos, y también se refirió a la necesidad de mejorar en cuestiones como controlar las obligaciones de las entidades que reciben dinero público.

La diputada de Nueva Canarias (NC) se refirió al hecho de que las entidades dependientes de las administraciones son menos cumplidoras y consideró que no se debe a falta de interés ni a que, como se dice en el informe del Comisionado a la coincidencia con un proceso electoral, y sí a la escasez de medios para hacerlo.

La diputada del grupo Popular Luz Reverón recalcó que la transparencia es un nuevo modo de vida y preguntó los motivos por los que ha bajado la respuesta en entidades dependientes del gobierno regional.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato  subrayó que el informe es una muestra del esfuerzo y la mejora que hacen las administraciones, con un «altísimo» cumplimiento, y se mostró preocupada por si se están en un proceso de pérdida de interés por la transparencia.

Esto sucedería porque no hay credibilidad, señaló la diputada del grupo Nacionalista quien cuestionó en este asunto que los ciudadanos y la oposición no pueden controlar a un gobierno, el canario, porque no conocen su programa.

El diputado del grupo Socialista Manuel Martínez se mostró partidario de analizar los motivos por los que 62 entidades no han presentado declaración de transparencia.

Enlace al Informe Anual 2018 de Evaluación del Cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2018.pdf  

Presentación del Informe anual en la Comisión de Gobernación: https://transparenciacanarias.org/balance-de-cuatro-anos-863-reclamaciones-frente-a-denegaciones-de-acceso-a-la-informacion/

La nota media del Índice de Transparencia de Canarias 2018 de todas las instituciones públicas es de 5,27 frente al 5,03 de 2017: https://transparenciacanarias.org/la-nota-media-del-indice-de-transparencia-de-canarias-2018-de-todas-las-instituciones-publicas-es-de-527-2/  

Mapas de las puntuaciones de calidad de los portales de transparencia de Canarias (2016 – 2017 – 2018): https://transparenciacanarias.org/mapas-de-las-puntuaciones-de-calidad-de-los-portales-de-transparencia-de-canarias-2016-2017-2018/  

Se presentaron 863 reclamaciones frente a denegaciones de acceso a la información en el periodo 2016-2019

El 88 % de las reclamaciones admitidas hasta 2019 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes

– El Comisionado de Transparencia presenta su Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, compareció el pasado martes 14 de enero de 2020 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de Transparencia 2018.

El comisionado inició su ponencia presentando los mapas interactivos con las notas del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que han sido estrenados en esta edición del informe. Con esta herramienta, señaló Cerdán, “para cualquier ciudadano y para ustedes mismos es muy fácil seguir a partir de ahora la evolución de transparencia de cada tipo de sujeto”.

Diapositivas utilizadas en la presentación del Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Cuatro años después del nacimiento del Comisionado de Transparencia, se han recibido 863 reclamaciones de derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, “eso significa que hemos tenido una reclamación por cada 2.400 canarios”, indicó el comisionado. El 88 % de las reclamaciones admitidas hasta 2019 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. Canarias es la comunidad donde más reclamaciones han existido por habitante en España, y “no creo que es porque estemos en peores condiciones de transparencia en el conjunto de las administraciones sino fundamentalmente porque hemos conseguido, no es que el Comisionado sea muy conocido, pero desde luego más conocido que la mayor parte de los comisionados autonómicos”, lo que deriva en un progresivo incremento anual del número de reclamaciones. (Ver tablas 1 y 2 al final de la página)

Además, en su andadura, este órgano garante de la transparencia ha realizado tres evaluaciones a todos los sujetos obligados de Canarias y “esto es una cuestión que en ninguna otra comunidad autónoma se ha repetido”.

El comisionado destacó que se trata del órgano más pequeño de Canarias, con poco personal, dos jefes de servicio, dos administrativas y tres becarios; y con el presupuesto más bajo de la Comunidad Autónoma. Cerdán expresó, en este sentido, que el control de la transparencia en Canarias “no le cuesta a cada familia canaria ni el coste de un cortado”, con lo cual, en el ámbito económico “nos movemos en unos márgenes que nos permiten justificar nuestra labor”.

Continuó Daniel Cerdán con autocrítica, destacando que el Comisionado resuelve las reclamaciones de la ciudadanía más tarde de lo necesario, por los reducidos medios con los que se dispone. Y señaló la necesidad de mejorar la ejecutividad de las resoluciones, porque “no siempre cuando resolvemos a favor de un ciudadano la administración reclamada entrega la información o recurre”.

Con respecto a los datos del derecho de acceso recogidos en el informe sobre el ejercicio 2018, el comisionado destacó que 527 de las 618 reclamaciones recibidas desde 2015 fueron por silencio administrativo, “no es que explicaran al ciudadano que no podían entregarle la información por esta causa o por este límite, sino que simplemente no le contestaron y dieron de alguna forma la callada por respuesta”, explicó Cerdán.

Desde el control de los portales de transparencia, la otra gran función del Comisionado, Daniel Cerdán resumió su labor en los tres años de evaluación. Se comenzó analizando a los 96 sujetos principales (Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos), de los que se consiguió evaluar a 37 en el primer año. Posteriormente, y a partir del censo de 340 entidades públicas de Canarias,  el número de sujetos evaluados fue creciendo hasta alcanzar la cifra de 278 evaluados durante el año 2019, en referencia al estado de los portales de transparencia en el ejercicio 2018. “Solamente se quedaron 62 sin responder, que llamamos incumplidores”; y añadió “sobre ellos, creo que tenemos que poner más el foco en la próxima evaluación porque 45 de ellos ni siquiera tenían página web”.

En cuanto a los resultados de la evaluación del ITCanarias, la Comunidad Autónoma ha ido progresando hasta llegar al 9,04 en 2018; los cabildos empezaron el primer año suspendiendo y en el ejercicio 2018 han obtenido un 7,39 de media aritmética; en los ayuntamientos es el único ámbito en el que se produce “una inflexión a la baja”, empezaron mal en 2016, subieron a 5,33 en 2017 y en 2018 han bajado a 5,16. Explicó Cerdán que “no lo entendemos tanto como un retroceso” porque “estimamos que aun habiendo bajado en sus instituciones principales, fundamentalmente han crecido en el número de entidades dependientes sobre las que han aportado información”. Por último, las universidades pasaron de un 5,26 en 2017 a un 5,53 en 2018.

Grabación de la Presentación del Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Turno de los portavoces

Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Ciudadanos, comenzó felicitando al comisionado y su equipo por el trabajo realizado. Destacó que en general se ve una evolución muy positiva del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia “y eso seguramente algo ha tenido que ver el trabajo que se ha venido realizando desde el Comisionado de Transparencia”. Además, destacó el portavoz que es “un convencido de apoyar la labor en los medios técnicos, por eso, veo como algo muy interesante, algo que viene reflejado en el informe como es esa aplicación de software libre que están desarrollando- el Comisionado- para que la información disponible pueda ser analizada y autoevaluada por cualquier persona”. Consideró, con respecto a la evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que es evidente que las administraciones “se han ido tomando cada vez más en serio el tema y eso es positivo”. Y concluyó: “si no avanzamos en medidas de algún tipo coercitivas, no podremos seguir avanzando de la manera en que se ha hecho en estos últimos años”.

El portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea, se refirió a “la evolución positiva que ha supuesto el papel del Comisionado de la Transparencia en la administración durante todos estos años y para poner en valor el gran esfuerzo realizado, algo que ha permitido que Canarias tenga el reconocimiento de dos premios a nivel nacional”. Resaltó también la importancia de la colaboración de más de 400 empleados públicos para realizar la evaluación que se sintetiza en el informe.

Desde la Agrupación Socialista Gomera,  expresó Ramos Chinea, “creemos que la transparencia y el derecho de acceso no solo han llegado para quedarse sino que debe ser lo normal en la sociedad actual”. Con respecto al derecho de acceso destacó que “es de agradecer al Comisionado de la Transparencia que haya tramitado satisfactoriamente para el ciudadano el 87 % de las reclamaciones desde el 2015”. Algo que implica una utilidad manifiesta para las administraciones y para los ciudadanos.

Francisco Antonio Déniz, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, empezó destacando que los datos del informe muestran “una tendencia al alza en cuanto a transparencia”. Considera Déniz que se trata de “un proceso hacia la transparencia”, es decir, “no solamente las instituciones van tomando conciencia de que la gente tiene que saber lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace, sino que también la ciudadanía tiene que activar sus preocupaciones”. Con respecto a las reclamaciones y solicitudes de información, señaló que el aumento se puede deber a que “otros organismos como partidos, sindicatos o también organizaciones empresariales no dan respuesta tampoco a la ciudadanía”.  El motivo de la falta de respuesta, valoró el portavoz, es la posible sobrecarga de las tareas que ya tienen asignadas los empleados públicos, teniendo en cuenta “las carencias de personal que tienen por ejemplo los ayuntamientos y otro tipo de administraciones”. Quiso destacar la labor y el esfuerzo, por tanto, que hacen los trabajadores para cumplir con las tareas de transparencia.

Déniz hizo algunas sugerencias de mejora al Comisionado, como la valoración de aquellos ayuntamientos o instituciones que hacen el esfuerzo de convocar asambleas y reuniones con vecinos y por aumentar así el contacto directo con la ciudadanía. Acciones que, consideró, son “transparencia pura y dura” y deberían de evaluarse.

La portavoz del Grupo Nueva Canarias, Sandra Domínguez, afirmó que este tipo de informes “son necesarios para que la sociedad canaria cuente con instituciones públicas más accesibles, más transparentes y cercanas, y capaces de generar sinergias” ya que si no hubiera Ley de Transparencia, continuó, “posiblemente tuviésemos administraciones mas opacas”. Hizo una sugerencia al Comisionado sobre la forma del informe y le pidió que se ajuste un poco más a los requerimientos del artículo 65 de la Ley para facilitar su estudio posterior. Coincidiendo con el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, consideró que el silencio administrativo, la falta de respuesta por los entes públicos y los suspensos que registran todavía 24 ayuntamientos hacen reflexionar sobre las carencias que pueden tener las administraciones en materia de personal y organización interna. “Creo que se ha de ahondar más en los motivos, en la justificación, si la hay, de por qué incumplen con la Ley de Transparencia”, señaló Domínguez. Además, añadió la preocupación sobre la escasa seguridad de que los datos sobre solicitudes sean precisos debido a que la mayoría de las instituciones no cuenta con un protocolo interno. Al respecto preguntó al comisionado de Transparencia si tiene una propuesta de protocolo general “para que los datos no queden distorsionados”.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, comenzó su intervención expresando que “la transparencia está constituyendo en estos momentos un nuevo estilo de vida político” ya que hace cuatro años parecía que las instituciones eran más opacas. Destacó el hito de que Canarias se ha convertido en referente para otras comunidades autónomas al ser la única que, tras la aprobación de la Ley de Transparencia, puede hacer comparativas con otros años del nivel de transparencia de sus administraciones públicas. Reverón expresó, por otro lado, su sorpresa ante la conclusión de que la disminución de la media de los ayuntamientos puede deberse a que la evaluación coincidió con el periodo electoral, porque “entendemos que unas elecciones municipales para nada pueden influir en que se paralice una administración pública”. La portavoz quiso hacer especial mención al descenso de nota registrado en determinadas entidades dependientes de la administración autonómica, sobre las que es “necesario llamar la atención y sobre todo ser vigilantes y garantes de que se vuelva otra vez a unos índices de transparencia óptimos”.

La portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, destacó la novedad de la evolución del Índice de Transparencia que incorpora el informe, “de modo que se pueda comparar la evolución desde el año 2016 al 2018 y se ve que esa evolución pone de manifiesto un esfuerzo notable en todas las administraciones públicas”, hecho en el que, destaca la portavoz, algo ha tenido que ver el Comisionado de Transparencia que, recordó, en Canarias tiene relevancia estatutaria. Beato felicitó al Comisionado porque está a la vanguardia con ese Índice de Transparencia de Canarias, “que es singular, que no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma” y también con la herramienta telemática T-Canaria “que ha sido merecedora, como ya se ha indicado, de algunos premios estatales”. La transparencia “se retroalimenta con las exigencias ciudadanas y en la medida que la ciudadanía se implique, exija, las administraciones dan respuesta”, algo que se ha venido estimulando en estos años con las acciones del Comisionado de Transparencia, como la aplicación, el sello de calidad o los premios a la excelencia, “incentivos que este Comisionado también ha ido incorporando”. Sin embargo, Beato preguntó al comisionado si está en crisis o en peligro la transparencia porque, consideró, “estamos en una situación actual de opacidad, no sabemos cuáles son los programas de algunos gobiernos, no conocemos los acuerdos a los que han llegado algunos partidos para la gobernabilidad en algunas instituciones”. Al respecto, señaló que “las obligaciones legales de información no pueden estar por encima de la obligación de la rendición de cuentas a la ciudadanía, de la obligación de ser transparentes, de que los ciudadanos conozcan cuáles son los compromisos de los gobiernos y cuáles son las premisas que llevan a cabo para la toma de decisiones”.

Por último, Manuel Fernando Martínez, portavoz del Grupo Socialista, expresó su reconocimiento a los empleados públicos y al equipo del Comisionado por su trabajo y por los premios que están obteniendo. Para valorar los datos del informe, Martínez utilizó el símil de las notas académicas, señalando a las entidades incumplidoras “yo las llamo los 62 fugados, ya que estamos en un símil académico, que durante tres convocatorias no se han presentado; y que yo creo que debemos de actuar de alguna manera para exigir que estas entidades cumplan con su obligación”. Al igual que a Luz Reverón, al portavoz del Grupo Socialista también le llamó la atención que las elecciones fueran motivo del descenso de notas de 2017 a 2018 en los ayuntamientos, ya que “creo que es en el periodo donde la administración debe de obtener mayor transparencia porque es a la que se presenta la ciudadanía y es paradójico que se dé esta situación, que en un año electoral la nota descienda”, explicó. Al respecto también señaló Martínez que la herramienta que tienen las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía es la transparencia y, por tanto, “no ayuda para nada ese 90 % de las reclamaciones por silencio administrativo”. Sobre la aplicación de software libre que está desarrollando el Comisionado de Transparencia, deseó que “nos convierta a cada uno de los diputados en los activistas de la transparencia”.

Daniel Cerdán agradeció a todos los portavoces sus “cálidas palabras de reconocimiento y también algunas críticas que, a buen seguro nos van a servir para mejorar en los próximos meses”. Quiso agradecer además la presencia del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y de la directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, en la medida en que “es un detalle que participen en la comisión y oigan de primera mano las diferentes sensibilidades que aquí se expresan”, consideró Cerdán, no solo de cómo mejorar la transparencia de las instituciones sino para recoger impresiones de cómo se pueden “ir afinando las herramientas que tenemos para fomentar más la transparencia en los ámbitos local e insular”.

Por otro lado, el comisionado de Transparencia propuso a los miembros de la Comisión de Gobernación la posibilidad de “que se constituyan como consejo, al menos mientras la Ley no diga otra cosa” para llevar en más ocasiones al control de la Cámara el control de las actividades del Comisionado de Transparencia.

Con respecto a la influencia de las elecciones en la evaluación, señaló que este año se detectó que en esos meses del año 2019 en los que coincidió la evaluación, entre febrero y mayo, con precampaña y campaña electoral, los ayuntamientos “no estaban reaccionando como reaccionaron en años anteriores cuando les instábamos a mejorar el portal”, porque “nadie pensaba que por la mejor o peor calidad de su portal de transparencia iba a evolucionar mucho su voto” y se prefería “otro tipo de actividades- como reuniones asamblearias- que no mejorar el portal de transparencia”.

Otra de las preguntas más planteadas por los portavoces fue sobre las medidas para mejorar el cumplimiento por parte de las administraciones de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso. El comisionado de Transparencia expuso que ya se ha apuntado en los informes algunas medidas de propuestas de cara a una modificación de la Ley; pero como esta modificación puede tardar, se ha valorado con el Gobierno de Canarias adelantar algunos retoques: a la vista de que está en marcha un proyecto de Ley de medidas administrativas urgentes, se puede introducir algún tipo de elemento “que posibilite al Comisionado de Transparencia la imposición de algún tipo de multa para aquellos incumplidores crasos y reiterados y empecinados”, fundamentalmente para aquellos que hacen “caso omiso de las resoluciones del Comisionado de forma clara” y de los “pasotas de la transparencia”, que no solo no tienen portal de transparencia sino que 45 de ellos no tienen ni web. Así ha ocurrido en la última modificación de la Ley de Transparencia navarra.

Daniel Cerdán agradeció también las alusiones a los premios recibidos, que son, remarcó, “una manera de recompensar a mi pequeño equipo el esfuerzo que ha puesto para que, a pesar de los limitados medios que tenemos, tratar de estar en punta en España, especialmente en el control y evaluación de los portales de  transparencia”. Todos los comisionados resuelven reclamaciones por derecho de acceso, destacó, pero en muy pocas comunidades alguien está reclamando a los comisionados que evalúen. Por ello, supone un esfuerzo añadido que se ha tratado de resolver con un modelo “que no solamente permite al Comisionado ejercer su labor de control sino que permite a todos los sujetos autoevaluarse y saber ellos mismos cómo están, en qué pueden mejorar, y por lo tanto, ser autónomos para ir mejorando las cosas poco a poco”.

Anunció que la herramienta en la que están trabajando, ‘Evalua-T’, servirá no solo para funcionarios sino para cualquier tipo de activistas y podrá usarse en cualquier punto de España, “porque entendemos que nuestra evaluación tendrá sentido cuando se puedan comparar los ayuntamientos de cualquier punto del país con los canarios y viceversa, que es una cosa que hasta ahora no se puede hacer porque no hay una herramienta semejante”. 

Tabla 1. Estadística operativa: Expedientes administrativos en el Comisionado de Transparencia de Canarias 2015 – 2019

Tipo de expediente 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Reclamaciones por derecho de acceso  a la información 18 91 154 355 245 863
Denuncias sobre incumplimiento de Ley de Transparencia 0 0 7 6 6 19
Consultas por escrito 0 0 3 2 3 8
Solicitudes de acceso a la información del Comisionado por escrito 0 0 0 5 3 8
Evaluaciones de portales de transparencia (ITCanarias)   37 96 209 278 620
TOTAL  18 128 260 577 535 1518

PIE DE TABLA.- La tabla refleja el conjunto de los 1.518 asuntos abordados mediante procedimientos administrativos por el equipo del Comisionado de Transparencia, (cuatro funcionarios y dos becarios en 2019) principalmente a través de la sede electrónica (https://sede.transparenciacanarias.org/).

No están incluidas las solicitudes de información o consultas resueltas vía presencial, telefónica, correo electrónico o redes sociales, o las planteadas y resueltas en los encuentros informativos presenciales mantenidos cada año en las siete islas con los más de 400 funcionarios públicos responsables de las entidades e instituciones. Además, se tramitaron diez instancias redirigidas a las administraciones que realmente eran competentes en el caso.-

Cabe precisar que las evaluaciones del ITCanarias realizadas cada año se refieren al estado y calidad de los portales de transparencia en el ejercicio anterior; y que en 2015 la actividad se llevó a cabo en el último cuatrimestre del año. En 2020 los expedientes de evaluación de portales crecerán considerablemente al alcanzar por primera vez a los sujetos obligados privados con mayores ayudas o subvenciones públicas.

Tabla 2. Número de reclamaciones por comunidades autónomas, cifras absolutas y ratios por 100.000 habitantes entre 2015 y 2018

Comunidad Autónoma Consejo/Comisionado que resuelve las reclamaciones Número de habitantes Número de reclamaciones  Ratio (100.000 habitantes)
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andalucía Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 8.399.043 8.388.107 8.379.820 8.384.408 13 232 495 455 0,2 2,8 5,9 5,4
Aragón Consejo de Transparencia de Aragón 1.317.847 1.308.563 1.308.750 1.308.728 9 23 44 68 0,7 1,8 3,4 5,2
Principado de Asturias Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.051.229 1.042.608 1.034.960 1.028.244 3 26 62 52 0,3 2,5 6 5,1
Baleares Comisión para la resolución de reclamaciones de Baleares 1.104.479 1.107.220 1.115.999 1.128.908 3   14 21 0,3 0 1,3 1,9
Canarias Comisionado de Transparencia de Canarias 2.100.306 2.101.924 2.108.121 2.127.685 18 91 154 355 0,9 4,3 7,3 16,7
Cantabria Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 585.179 582.206 580.295 580.229 12 49 96 82 2,1 8,4 16,5 14,1
Castilla y León Comisionado de Transparencia de Castilla y León  2.472.052 2.447.519 2.425.801 2.409.164 10 102 202 314 0,4 4,2 8,3 13
Castilla- La Mancha Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 2.059.191 2.041.631 2.031.479 2.026.807 4 49 157 96 0,2 2,4 7,7 4,7
Cataluña Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) 7.508.106 7.522.596 7.555.830 7.600.065 37 561 470 519 0,5 7,5 6,2 6,8
Comunitat Valenciana Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Valencia 4.980.689 4.959.968 4.941.509 4.963.703 12 118 174 200 0,2 2,4 3,5 4
Extremadura Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.092.997 1.087.778 1.079.920 1.072.863 1 21 74 64 0,1 1,9 6,9 6
Galicia Comisión da Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo) 2.732.347 2.718.525 2.708.339 2.701.743 7 55 132 169 0,3 2 4,9 6,3
Comunidad de Madrid Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 6.436.996 6.466.996 6.507.184 6.578.079 21 56 284 242 0,3 0,9 4,4 3,7
Región de Murcia Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 1.467.288 1.464.847 1.470.273 1.478.509 13 61 85 219 0,9 4,2 5,8 14,8
Comunidad Foral de Navarra Consejo de Transparencia de Navarra 640.476 640.647 643.234 647.554 1   15 35 0,2 0 2,3 5,4
País Vasco Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 2.189.257 2.189.534 2.194.158 2.199.088 2 2 32 101 0,1 0,1 1,5 4,6
La Rioja Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 317.053 315.794 315.381 315.675 1 13 17 15 0,3 4,1 5,4 4,8
Total comunidades autónomas 46.454.535 46.386.463 46.401.053 46.551.452 167 1.459 2.507 3.007 0,4 3,1 5,4 6,5
                           
        Media aritmética 9,82 97,3 147,5 176,9 0,5 2,9 5,7 7,2

PIE DE TABLA.– Se analiza el ratio del número de reclamaciones por cada 100.000 habitantes en las 17 comunidades autónomas (sin contar las reclamaciones presentadas por denegaciones de la Administración General del Estado (AGE), que las resuelve el Consejo de Transparencia español).

En las comunidades autónomas las reclamaciones conjuntas a gobiernos autonómicos, diputaciones o cabildos, ayuntamientos y universidades tuvieron un crecimiento muy fuerte en los años 2016 y 2017; de forma que en el segundo de estos años casi se duplicó el valor de la ratio precedente, al pasar de 2,9 a 5,7 reclamaciones por 100.000 habitantes. En 2018 siguió creciendo en menor proporción pero a fuerte ritmo hasta alcanzar las 7,2 reclamaciones por cien mil personas censadas.

En 2018 en Canarias se alcanzaron las 16,7 reclamaciones por 100.000 habitantes, duplicando la media nacional de 7,2.  Este ratio se va a reducir en 2019 por la tendencia a la baja de las reclamaciones en los diez primeros meses del año.