R445/2021

Petición de información al Cabildo de Lanzarote y a la Consejería de Administraciones Públicas sobre un empleado público| Inadmisión

Resolución de inadmisión de solicitud de información al Cabildo de Lanzarote y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a la situación laboral de un empleado público (06-V-2022)

R387/2021

Petición de información al Servicio Canario de la Salud sobre la protección de las trabajadoras embarazadas y lactantes| Inadmisión  

Resolución de inadmisión sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a la protección de las trabajadoras embarazadas y lactantes.(05-IV-2022)

R361/2021

Solicitud de información al Ayuntamiento de Tuineje sobre el proceso selectivo de la plaza de Ingeniero Técnico Industrial| Estimatoria

Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Tuineje relativa copia de examen del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.(05-IV-2022)

R401/2020

Petición de información al Servicio Canario de Salud del personal, y protocolo de acoso en Materno Infantil | Estimatoria  

Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Servicio Canario de la Salud relativa a nombramientos de personal, expedientes disciplinarios y activación del protocolo de acoso en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. (20-VI-2022)

1.272 entidades subvencionadas ya han presentado en Canarias su autoevaluación de transparencia

Se amplía hasta el 31 de julio el plazo de presentación de la Declaración

Recursos para las entidades privadas que se evalúan por primera vez y no tienen web propia

Selección de vídeos formativos más recientes sobre evaluación de portales de transparencia en Canarias

Relación de las 3.245 [3.304 cifra actualizada] entidades privadas emplazadas a declarar su transparencia

Actualmente, 1.272 de las 3.304 entidades subvencionadas durante 2021 en Canarias con más de 60.000 euros han presentado ya su autoevaluación de transparencia, a quince días de que concluya el segundo y último plazo, en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia de Canarias.

En total, únicamente la han presentado 1.491 (el 40 %) de las 3.718 instituciones, entidades públicas y organizaciones privadas que están obligadas por las leyes de transparencia a dar publicidad en sus páginas web de unos contenidos mínimos de información, para que la ciudadanía conozca el destino y uso de los fondos públicos.

La Ley General de Subvenciones también exige a los perceptores de fondos públicos dar publicidad a las ayudas para cumplir con las condiciones de la concesión. En el caso de las organizaciones privadas [3.304 este año con más de 60.000 euros de ayuda cada una] deben informar en sus webs sobre el empleo de los más de 1.347 millones de euros recibidos como subvención de las principales administraciones públicas canarias. El año pasado las ayudas crecieron exponencialmente, sobre todo por los fondos europeos distribuidos por el Gobierno de Canarias para hacer frente a los daños de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Hasta 26 empresas, principalmente cadenas hoteleras, recibieron al menos cinco millones de euros (el tope de las subvenciones COVID), sobre todo por esa convocatoria. Y 287 obtuvieron más de un millón de euros. Las entidades deben informar de qué manera estas ayudas han permitido mantener la actividad o el empleo, o impulsar nuevos proyectos o innovaciones, en su caso.

En 2021 fueron 968 las declaraciones presentadas sobre el estado de los portales de transparencia en el año 2020: el 86 % de los sujetos obligados. Todas las instituciones respondieron; pero no así las organizaciones privadas, de las que se evaluaron el 82 %, cuatro de cada cinco: una ratio muy elevada si se tiene en cuenta que era el segundo año de emplazamiento, mientras en el sector público se han hecho seis controles anuales.

En el presente ejercicio, el Comisionado de Transparencia de Canarias espera más de 2.400 autoevaluaciones de transparencia. Tanto las presentadas como las no presentadas serán puestas a disposición de las intervenciones de fondos de las instituciones que han de fiscalizar el adecuado uso de las ayudas.

A los efectos de estimular el más amplio cumplimiento de la transparencia, esta semana se ha comunicado a través de más de 3.500 correos una segunda prórroga, hasta el 31 de julio, del plazo para que las entidades públicas y privadas sujetas a la evaluación puedan remitir sus declaraciones.

En su carta a las entidades, el Comisionado recuerda que lo importante es presentar los cuestionarios en esta fase provisional con lo que puedan responder, para poder optar a partir de septiembre a mejorar y subir puntuación en el periodo de alegaciones. “Pero, si no remiten los cuestionarios ahora, no podrán continuar el proceso y serán calificados como “Incumplidores” en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)”.

En el caso de las entidades subvencionadas que no presenten la declaración de transparencia, el Comisionado indica que se verá obligado a comunicar las entidades incumplidoras ante las intervenciones de fondos del Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los Ayuntamientos, que son las responsables de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, donde también se precisa y reitera la obligación de dar publicidad a las ayudas recibidas para cumplir la legislación. 

Si los incumplimientos en la declaración de transparencia son de entidades dependientes de cabildos y ayuntamientos, se dará cuenta este año a sus plenos corporativos, a los efectos de que determinen las responsabilidades administrativas de no haber creado siquiera aún su portal de transparencia. 


Comunicado oficial (3-2022) Se amplía hasta el 31 de Julio el plazo de presentación de autoevaluación de transparencia al Comisionado

«Le informamos de que, por segunda vez, se amplía hasta el 31 de Julio el plazo de presentación de los cuestionarios de transparencia con los que cada sujeto obligado realiza la autoevaluación del grado de cumplimiento de las leyes de transparencia; bien por ser una organización pública, bien por ser una entidad que ha recibido significativos fondos públicos como subvención.

Si no presentan ninguna información antes de esa fecha nos veremos triste y lamentablemente obligados, según la ley, a calificarlos como “Incumplidores”  en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y, en el caso de las entidades subvencionadas, ante las intervenciones de fondos del Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los Ayuntamientos, que son las responsables de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Subvenciones, donde también se precisa y reitera la obligación de dar publicidad a las ayudas recibidas para cumplir la legislación. La aplicación T-Canaria que ponemos a su disposición en nuestra sede electrónica es asimismo una herramienta de ayuda para que conozcan si están cumpliendo adecuadamente las normas.

Si en unos supuestos se facilitará la información a las intervenciones de fondos, en el caso de la entidades públicas o semipúblicas que mantengan el incumplimiento, serán apercibidas y se comunicarán los hechos a los máximos responsables de la institución [presidentes de cabildos y Gobierno de Canarias, alcaldes y rectores], a los efectos de que determinen las responsabilidades administrativas derivadas del régimen sancionador de la Ley de Transparencia de Canarias.

Para que sea efectiva la presentación de la declaración es preciso que respondan lo que puedan de los cuestionarios y los envíen firmados electrónicamente a través del procedimiento habilitado para ello en la aplicación T-Canaria. Podrán trabajar mejorando las web y portales de transparencia en los dos próximos meses, para optar a subir puntuación en el periodo de alegaciones que abriremos a partir de septiembre. Pero, si no remiten los cuestionarios ahora, no podrán continuar el proceso y serán calificados como “Incumplidores”.

El videotutorial nº 10 les puede ayudar a remitir la declaración: https://transparenciacanarias.org/evaluacion/videotutoriales/

Cualquier duda a resolver pueden plantearla vía correo a evaluacion@transparenciacanarias.org.

Si necesitan días de prórroga, pídanlo escuetamente por escrito a dicho mail y mantendremos el sistema abierto.

Muchas gracias porque su colaboración facilita e impulsa la mejor gobernanza de las instituciones canarias y el más eficiente empleo de los recursos públicos.

Saludos cordiales,

Posdata importante: este correo se remite a las entidades que a las 09:00 horas de hoy no habían remitido sus cuestionarios. Si los ha remitido con posterioridad a dicha hora no tenga en cuenta este correo.


Daniel Cerdán Elcid
Comisionado de Transparencia de Canarias»

Ampliado hasta el 15 de julio el plazo de presentación de la Declaración de Transparencia a las 3.658 entidades públicas y privadas

Recursos para las entidades privadas que se evalúan por primera vez y no tienen web propia

Selección de vídeos formativos más recientes sobre evaluación de portales de transparencia en Canarias

Relación de las 3.245 entidades privadas emplazadas a declarar su transparencia

Este miércoles 22 de junio, el Comisionado de Transparencia informó a las entidades emplazadas a presentar su declaración de transparencia de la ampliación del plazo para remitir hasta el 15 de julio. 

Debido a la dificultad que han manifestado algunas entidades para disponer a tiempo de una página web en la que alojar el apartado de transparencia, el Comisionado de Transparencia les ha indicado que «lo importante es que remitan los cuestionarios ahora mientras los periodos de carga y remisión estén abiertos, porque si no, no podrán continuar el proceso de evaluación». En este sentido, en este tercer comunicado se les ha informado de que «pueden cumplimentar y remitir los cuestionarios ahora aunque no hayan creado la página web, de forma que durante los próximos meses puedan crearla y publicar los contenidos obligatorios de transparencia. De este modo, podrán acceder al periodo de alegaciones y completar los cuestionarios con la información correspondiente».


Comunicado Oficial 3. El plazo de presentación de la Declaración de Transparencia se amplía hasta el 15 de julio. Relación de plataformas para crear webs gratuitas

«Le comunicamos que el plazo de presentación de los cuestionarios de transparencia se amplía hasta el día 15 de Julio de 2022.

Le recordamos que, aunque no mantenga actualizados los contenidos de su web o de su portal de transparencia, es preciso presentar la declaración al menos con sus contenidos esenciales, el cuestionario general y el del Soporte web. Solo así se puede optar más adelante, a finales de septiembre, a través del periodo de alegaciones, a añadir toda la información que no hayan podido publicar en este periodo. Se le otorga así una oportunidad de mejora en los próximos meses.

Debido a la dificultad manifestada por varias entidades que no disponen de página web, a continuación les mostramos una relación de páginas que les permitirán crear la suya de manera sencilla y gratuita.

* WIX: https://es.wix.com/
* SITE123: https://es.site123.com/
* WORDPRESS: https://wordpress.com/es/creador-de-sitios-web/
* JIMDO: https://www.jimdo.com/es/
* WEBNODE: https://www.webnode.es/
* GOOGLE SITES: https://sites.google.com/

Pueden cumplimentar y remitir los cuestionarios ahora aunque no hayan creado la página web, de forma que durante los próximos meses puedan crearla y publicar los contenidos obligatorios de transparencia. De este modo, podrán acceder al periodo de alegaciones y completar los cuestionarios con la información correspondiente.

Es importante que remitan los cuestionarios ahora mientras los periodos de carga y remisión estén abiertos, porque si no, no podrán continuar el proceso de evaluación.

Todos los recursos de ayuda para la evaluación se encuentran en el siguiente enlace: https://transparenciacanarias.org/evaluacion/.

También pueden visualizar los vídeos formativos más recientes y útiles sobre evaluación de los portales de transparencia en Canarias en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAPMNvuz1BZ1Iig4J8VtRJedro1r-oFa

Y la última noticia publicada relacionada con la evaluación de las entidades privadas en el siguiente enlace:
https://transparenciacanarias.org/relacion-3245-entidades-privadas-subvencionadas-emplazadas-a-evaluar-su-transparencia-sobre-2021.


Para cualquier duda que necesiten resolver (bien sea por escrito o telefónicamente) puede solicitarla a través de este correo electrónico evaluacion@transparenciacanarias.org aportando su número de teléfono móvil.

Con nuestros cordiales saludos,

Daniel Cerdán Elcid
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública»

Relación de todas las 3.245 [3.304, cifra actualizada] entidades privadas, emplazadas a evaluar su transparencia sobre los 1.327 millones de euros subvencionados en 2021 por administraciones canarias (2020-2021)

Como continuación de la noticia publicada el 30 de mayo sobre 3.245 [3.304, cifra actualizada] entidades privadas, emplazadas a cumplir con la transparencia sobre los 1.327 millones de euros subvencionados en 2021 por administraciones canarias, se publica el listado completo de las entidades privadas subvencionadas emplazadas a declarar su transparencia sobre el ejercicio 2021.

Puede descargar aquí el listado completo de las 3.245 [3.304, cifra actualizada] entidades privadas emplazadas:

– Listado en formato XLSX con entidades ordenadas por volumen de subvenciones recibidas en 2021
– Listado en formato PDF con entidades ordenadas por nombre alfabéticamente

Si desea conocer el objeto o el detalle de las subvenciones percibidas por una entidad puede encontrarlo con facilidad en la pestaña de Concesiones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la Intervención General del Estado, poniendo el CIF o el nombre del beneficiario, que se hallan en las tablas adjuntas de esta información.
 
En el ejercicio 2021 se produjo un fortísimo aumento de las ayudas y subvenciones públicas en Canarias. Se multiplicó por cinco el volumen de subvenciones de más de 60.000 euros de las principales administraciones canarias,  financiadas en gran medida con fondos europeos: se pasó 239.569.688 euros en 2020 a 1.327.074.168 euros del año pasado, distribuidos a 3.245 [3.304, cifra actualizada] entidades privadas. Ese casi exponencial crecimiento se debió, sobre todo, a la concesión de ayudas articuladas para compensar los efectos de la pandemia del COVID19, concedidas por el Gobierno de Canarias con financiación estatal y de la Unión Europea. La más importante de ellas, de 1.144 millones de euros, se concedió a través del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas».

Se detalla, a continuación, la evolución del número de entidades emplazadas a la evaluación de la transparencia por haber tenido subvenciones superiores a 60.000 euros [3.245 entidades [3.304, cifra actualizada] que recibieron 1.327 millones de euros en el 2021].

Y en un segundo cuadro se indica el total de las entidades y personas subvencionadas cada año con su financiación global.  [En el caso del año 2021, 26.779 entidades y personas físicas subvencionadas por el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna].

Entidades subvencionadas por Gobierno autonómico, cabildos y tres mayores ayuntamientos de Canarias  (2019-2021)

  2019 2020 2021
Entidades privadas emplazadas a evaluar su transparencia 487 706 3.245
Todas las entidades y personas físicas subvencionadas  8.989 14.657 26.779

Volumen en euros de subvenciones del sector público canario (2019-2021)

  2019 2020 2021
Entidades privadas emplazadas a evaluar su transparencia 174.565.338,99 239.569.688,78 1.327.074.168,48
Todas las entidades y personas físicas subvencionadas  529.876.684,76 811.122.643,26 2.402.503.741,59
https://transparenciacanarias.org/el-comisionado-de-transparencia-amplia-el-plazo-de-presentacion-de-la-declaracion-de-transparencia-hasta-el-15-de-julio/

3.245 [3.304, cifra actualizada] entidades privadas, emplazadas a cumplir con la transparencia sobre los 1.327 millones de euros subvencionados en 2021 por administraciones canarias

Se evaluarán las subvenciones más grandes, que suponen más de la mitad de los 2.402 millones de euros concedidos el año pasado a 26.779 entidades y/o personas en total

El día 31 de mayo comienza la evaluación de la transparencia del año 2021 en la sede electrónica del Comisionado

Este año el Comisionado de Transparencia de Canarias ha emplazado a rendir cuentas sobre la transparencia del ejercicio 2021 a 3.658 entidades: 413 administraciones y entidades públicas y 3.245 [3.304, cifra actualizada] organizaciones y empresas privadas [2.399 más que el pasado ejercicio]. Estas últimas recibieron más de 60.000 euros anuales del Gobierno de Canarias, de los siete cabildos y de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

El 31 de mayo da comienzo la evaluación. Podrán autoevaluarse primero en la aplicación T-Canaria de la sede electrónica del Comisionado y mejorar sus contenidos informativos si procede; y posteriormente dar cuenta de su nivel de cumplimiento en el ejercicio 2021 presentando su declaración de transparencia tal como establecen las leyes de transparencia. Este es el más amplio e intenso ejercicio de control hecho hasta ahora en España sobre el cumplimiento de la transparencia sobre ayudas públicas a entidades privadas. Ninguna evaluación de este tipo había alcanzado hasta ahora a tantos sujetos privados y públicos; sostenida por un algoritmo matemático objetivo, cuyos resultados nunca han sido cuestionados.

https://transparenciacanarias.org/evaluacion/

«Se trata de optimizar la transparencia no solo sobre las instituciones canarias sino también del creciente número de organizaciones privadas que reciben importantes ayudas públicas de más de 60.000 € anuales. Estas entidades privadas pasaron de las 706 del año 2020 a las 3.245 [3.304, cifra actualizada] del año 2021, que recibieron 1.317 millones de euros, fundamentalmente por las ayudas articuladas contra los efectos de la pandemia del COVID19. Cada vez más la eficiencia en el empleo de los recursos públicos depende más de los privados que de los funcionarios y la transparencia ha de llegar a todos», señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

Los receptores de grandes subvenciones han de reflejar en sus webs su importe; la administración concedente y una descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados con la subvención o ayuda. En unos casos informarán sobre el proyecto concreto subvencionado y sus resultados. En el supuesto de ser una ayuda genérica para el funcionamiento o sostenimiento de la entidad por problemas o crisis sobrevenidas, como el COVID19 u otras emergencias, se ofrecerá información sobre la actividad de la propia organización que se ha podido mantener en el tiempo por los efectos de la ayuda pública recibida.

El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano encargado de velar por la transparencia del sector público y del sector privado beneficiario de dinero público en la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde sus comienzos realiza evaluaciones anuales de los portales de transparencia de todas estas entidades a través de su herramienta telemática T-Canaria para el cálculo del Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias).

Los perceptores de más de 60.000 euros anuales de subvenciones del Gobierno de Canarias están obligados por la Ley de Transparencia de Canarias a dar cuenta en sus páginas web de la gestión de dichos recursos; de forma que tanto los poderes públicos como la ciudadanía tengan más conocimiento y elementos de control sobre cómo se emplean los fondos públicos a través de terceros. Por otro lado, también los perceptores de más de 100.000 euros por una o varias administraciones del sector público canario están sujetos a las obligaciones de transparencia por la Ley de Transparencia estatal.

Además, la obligación de publicar en la web las subvenciones se extiende no solo al año en el que fueron concedidas, sino también a los cuatro años naturales siguientes a su concesión; motivo por el que continúan siendo emplazadas a evaluarse por el Comisionado los cuatro años siguientes.

Evaluación de la transparencia sobre las subvenciones del sector público canario (2019-2021)

Entidades subvencionadas por el sector público (2019-2021)

 

2019

2020

2021

Entidades privadas emplazadas a evaluar su transparencia

487

706

3.245

Todas las entidades y personas físicas subvencionadas 

8.989

14.657

26.779

Volumen en euros de subvenciones del sector público canario (2019-2021)

 

2019

2020

2021

Entidades privadas emplazadas a evaluar su transparencia

174.565.338

239.569.688

1.327.074.168

Todas las entidades y personas físicas subvencionadas

529.876.684

811.122.643

2.402.503.741

De las entidades privadas perceptoras de fondos públicos en 2021 convocadas en esta evaluación, 2.303 los recibieron del Gobierno de Canarias, con un total de 1.043.253.957,55 euros. Otras 41 entidades recibieron subvenciones de los cabildos o ayuntamientos mayores (Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife) por 47.944.120,96 euros en total.

Y 633 entidades privadas recibieron subvenciones tanto del Gobierno de Canarias como de los cabildos o ayuntamientos grandes con un total de 235.876.089,97 euros; 187.849.488,21 repartidos por la Comunidad Autónoma y 48.026.601,76 euros concedidos por las otras administraciones.

Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo, vuelve al Parlamento de Canarias con la conferencia “Inteligencia artificial y proceso penal: ¿hacia una justicia robótica?”

Dentro de los actos conmemorativos del 40º aniversario del parlamentarismo en Canarias, que pretenden poner en valor estas cuatro décadas de actividad de la Cámara autonómica, se impartirá la conferencia “Inteligencia artificial y proceso penal: ¿hacia una justicia robótica?” este lunes día 6 de junio a las 18:30 horas en la sede del Parlamento de Canarias. La conferencia será impartida por D. Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien ya en 2017 ofreció otra conferencia titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal».

En 2017 Manuel Marchena impartió en el Parlamento de Canarias la conferencia titulada «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal».

Transcripción de la conferencia «El impacto de las nuevas tecnologías en la investigación criminal»

La transcripción de esta conferencia de Manuel Marchena en 2017 comienza después de la introducción y presentación de la conferencia, en la que intervienen la entonces presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. 

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo:

Bueno, ya saben que a mí me ha tocado hablar de lo que es la influencia de las nuevas tecnologías en el proceso penal. Yo les anticipo una primera premisa metodológica. Ya saben ustedes que la Constitución Española reconoce la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes, entonces yo creo que sería inhumano que yo me extendiera muchísimo en una intervención de estas características un viernes por la mañana. No seria degradante porque ustedes tienen una dignidad que yo no puedo degradar, pero si sería inhumano. En consecuencia, yo les invito, como siempre que intervengo en un acto de esta naturaleza, a que hagan ejercicio de esos derechos no declarados pero que son connaturales a cualquier jurista y, por supuesto, connaturales a cualquier asistente a un evento de estas características. El primero de ellos es el derecho a la deserción, es decir, cuando ustedes estén aburridos no duden en coger el teléfono móvil, hacer como que le llaman y marchar. Incluso, si no necesitan la cuartada del teléfono móvil ustedes no se molesten, que yo no me siento perturbado, sino al revés, digo hombre es probable que yo a estas alturas ya hubiera hecho lo mismo. Y luego por otro lado, no dejen de ejercer su sagrado derecho a la desconexión. ¿En qué consiste el derecho a la desconexión? Pues consiste en aparentar que uno no está atento y en realidad estar pensando en sus propias cosas y en sus propios problemas, estos son derechos legítimos y yo creo que, en alguna reforma futura del Estatuto de Autonomía, si seguimos por la línea de incorporar una carta de derechos, pues podríamos incorporar también estas dos ideas claves: derecho a la desconexión y derecho a la deserción.

Dicho esto, ¿por qué es importante hacer unas reflexiones que lo que buscan sobre todo es transmitirles a ustedes mis dudas? Porque, aunque les parezca mentira, yo estoy inmerso en un mar de dudas, porque todo lo que está relacionado con la investigación de las nuevas tecnologías, la investigación penal basándose en las nuevas tecnologías, es algo que efectivamente, lo que suscita son muchísimos interrogantes.

Miren, en la exposición de motivos de la reforma que se hizo recientemente de la Ley Orgánica 13/2015 hay una frase que a mí me parece que es una frase antológica. Dice “la Ley de enjuiciamiento criminal no ha podido sustraerse al paso del tiempo”. Y es que es verdad. Quienes han podido bucear en la Ley de enjuiciamiento criminal se darán cuenta que ese Ministro de Justicia, que tenía nombre de estación de metro madrileño, que es don Manuel Alonso Martínez, la estación de Alonso Martínez, de ahí en la plaza de Alonso Martínez; pues este hombre, el tipo de delincuente en el que pensaba era en el asesino, el asesino que normalmente por un problema de tierras de lindes cogía un día la hoz, un hacha, y se la clavaba a su vecino colindante para arreglar un problema que se había perpetuado incluso por generaciones. Alonso Martínez pensaba en ese tipo de delincuentes. Si ustedes ven las pruebas periciales, la autopsia, todo esta pensando en una delincuencia violenta, en una delincuencia casi casi de persona física a persona física y en otro tipo de atentados contra el patrimonio, robos, hurtos, y todo eso estaba regulado de una manera que inspiraba ese sentido decimonónico de esa regulación, pero que en cualquier caso era un instrumento eficaz para lo que entonces había que investigar. El problema cuál es, pues el problema fundamental que se plantea ahora es que internet ha supuesto una sacudida conceptual a la tranquilidad de los juristas en el principio de territorialidad, en el anonimato con el que muchas ocasiones se comenten delitos amparados en la red, en una forma de comunicación personal de intercomunicación que eran inimaginables con el paso del tiempo y esto ha provocado que falten instrumentos legales, que falten instrumentos jurídicos porque los que teníamos eran manifiestamente insuficientes.

Fíjense, ustedes tienen que pensar, que hasta el año 1988, 1988, la Ley de enjuiciamiento criminal no usaba la palabra “teléfono”, contemplaba otro tipo de comunicaciones, las comunicaciones telegráficas y telefónicas, y estas eran las que en un momento determinado el legislador consideraba que había que interceptar porque en ocasiones los delincuentes se comunicaban por teléfono o por telegrama.

Fíjense, yo recuerdo hace mucho tiempo dando una clase de derecho procesal en la Autónoma y cuando explicaba esto recuerdo que pedí entre los alumnos si algún de ellos había escrito alguna vez una carta. Eran jóvenes de 18- 19 años y la verdad es que se miraron todos entre ellos buscando a alguien que hubiera escrito alguna vez una carta. Bueno, pero cuando les hablo de una carta quiero decir un sobre, un folio, un sello, que vamos al buzón… y la verdad que no había nadie. Bueno, pero al fondo levanto la mano una chica que yo creo que su mirada soñadora ya reflejaba bien a las claras qué tipo de carta, que hasta podrían ser perfumadas, por la sonrisa con la que ella reconoció antes sus compañeros “yo escribo cartas”. Yo les aseguro que esta chica, a partir de entonces, se convirtió un poco en la friki de la promoción porque era la que escribía cartas y allí todo el mundo como se comunicaba era por WhatsApp, por teléfono, por teléfono móvil, por mensajería instantánea, que si Facebook que sin Instagram…, en fin. Claro, dije a continuación, “oigan y quién ha escrito alguna vez un telegrama”, yo les aseguro que ya no estaban buscando a la friki, estaban buscando al extraterrestre. O sea, a ver quien era el alumno de la universidad autónoma que había escrito un telegrama y les aseguro que nadie había escrito un telegrama.

¿Cuál es el problema fundamental? pues que las comunicaciones postales y las comunicaciones telegráficas eran las únicas que hasta el año 1988 contemplaba la Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que España estaba haciendo algo que no dejaba de ser una extravagancia, los jueces estaban acordando, los jueces de instrucción, intercepciones telefónicas con la cobertura analógica que le daba, “hombre el teléfono se parece a la carta, hombre, también se parece en algo al telegrama…”, luego, si el legislador nos permite interceptar telegramas y cartas, por qué no vamos a interceptar teléfonos. Claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ya a España en varias ocasiones, pero yo creo que el Tribunal Europeo ya con los españoles ha dicho “con los españoles no hay quien pueda”, porque teníamos varias condenas, se hizo una ley, esa ley que yo les acabo de comentar, la Ley Orgánica 4/1988, que introdujo un párrafo en el articulo 579 y que decía en el mismo lugar en el que se admitía la posibilidad de intervenir las comunicaciones postales y telegráficas añadía que también se podrá interceptar las comunicaciones telefónicas por un periodo de tres meses prorrogables por iguales periodos y se añadía algo especializado respecto de los casos en los que se tratara de una investigación por delitos de terrorismo.

Bueno, ¿el problema cuál es? Hasta hace unos pocos años -y les voy a indicar los hitos que en mi opinión han sido determinantes de que todo haya cambiado-, hasta hace muy poco, ese 579, ese artículo 579, que era de un laconismo absoluto, porque ese precepto, repito, decía “se puede intervenir el teléfono, se puede intervenir las comunicaciones telegráficas y también se pueden intervenir las comunicaciones postales”. Claro, cuando surge la necesidad de intervenir un correo electrónico, el primer juez de instrucción que está antes este interrogante pues yo creo que la cuestión que se planteaba era “oye, ¿se puede intervenir un correo electrónico?, alguno le diría “pues claro, se puede intervenir un telegrama, se puede intervenir una carta, se puede intervenir un teléfono, pues claro que se puede intervenir el correo electrónico”. Claro, inmediatamente la duda surgiría: “pero el correo electrónico, ¿qué es? ¿Es más correo que electrónico o es más electrónico que correo?” porque si es correo tengo que mirar las regulaciones de las comunicaciones postales, pero si es electrónico quizás se parezca más a las comunicaciones telefónicas.

Bueno, al final el problema que teníamos era que en España estaba en manos de la imaginación y de la sensibilidad democrática de cada juez de instrucción la duración, los límites, el tipo de delito por el que se podía acordar estas interceptaciones telefónicas… En consecuencia, el problema era ya un problema inaplazable, pero, ¿qué es lo que ha determinado que se haya desencadenado esa reforma?, que también está planteando algunos problemas, pero que por lo menos ya nos ha dado una cobertura a partir del año 2015. Pues miren, han sido dos sentencias muy claras y muy concretas. La primera sentencia es una sentencia del Tribunal Constitucional que es la sentencia 145/2014, esta sentencia, la sentencia 145/2014, contempla un supuesto especialmente llamativo y del que es probable que ustedes escucharan algo, incluso algunos, estoy seguro de que habrán leído la sentencia. Este supuesto es el siguiente. Se investigaba un asesinato. El sospechoso, el principal sospechoso según la policía, era un ciudadano que no había o no quería declarar, ni ante la policía ni ante el juez de instrucción. Entonces la policía le sugiere al juez de instrucción colocar un micrófono en el calabozo, en el calabozo, allí oculto un micrófono para permitir captar las comunicaciones entre ese sospechoso y otros detenidos el mismo día y alguno de ellos que podía incluso tener algún género de complicidad. ¿Qué es lo que sucede?, que efectivamente se obtienen unas conversaciones, y a raíz de ese material probatorio este ciudadano es condenado por un delito de asesinato.

 

Resulta que la Audiencia provincial que ha dictado esta sentencia condenatoria conoce la interposición de un recurso que eleva al Tribunal Supremo porque el afectado decía, “oiga, esa interceptación que usted ha hecho mediante un micrófono no está contemplada en la Ley, usted no ha tenido aquí otra cobertura jurídica que la imaginación del juez de instrucción, usted no puede interceptar lo que yo hablo con otra persona mientras estoy en el calabozo”. ¿Qué es lo que le dijimos en el Tribunal Supremo? Dijimos “mire, no es algo tan extraño a la Ley, porque la Ley General Penitenciaria regula las comunicaciones entre el interno, incluso ante su propio letrado. Se puede. Hay una referencia normativa que nos da un cuadro que más o menos puede adaptarse a este supuesto concreto. Esto contó con autorización judicial y en definitiva esa interceptación es válida.

Bueno llegó el Tribunal Supremo y en esa sentencia 145/2014, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Dice: “mire, evidentemente se puede interceptar un teléfono, evidentemente se puede colocar un micrófono en unas dependencias judiciales, pero ¿sabe usted qué es lo que pasa? Que para colocar in micrófono en unas dependencias policiales no basta con el artículo 579, no basta con lo que dijo Alonso Martínez y lo que añadió el legislador en 1988. Eso implica una vulneración tan directa de los derechos fundamentales que eso tiene que tener una cobertura normativa. Tiene que tener un reflejo legal que en esas fechas no tenía. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es otorgar el amparo y declarar la ilicitud por falta de cobertura normativa de esa conversación y de los elementos que arrojaba desde el punto de vista probatorio. Para su tranquilidad, aunque sé que están muy tranquilos, pero si alguno estaba intranquilo y dice “oye, ¿y salió absuelto el asesino? No, porque el Tribunal Constitucional decía que, pese a todo, aún suprimiendo mentalmente esas conversaciones, había elementos de prueba sobrados para proclamar y respaldar el juicio de autoría. Entonces esta sentencia fue una llamada de atención sobre que faltaba algo en el derecho español. Necesitábamos una cobertura normativa y ustedes verán el efecto que tuvo esta sentencia y lo habrán visto, insisto, algunos incluso es posible que hayan leído la sentencia, pero esto lo habían visto hasta en la tele, porque inmediatamente a raíz de esa sentencia, al menso 40 jueces de instrucción en España dieron un paso al frente y declararon la nulidad de diligencias que ellos habían acordado de colocación de un micrófono. Y uno de los casos es el que todos ustedes vieron, el de la sospecha de asesinato de una niña oriental por sus padres adoptivos, que Antena 3 sacó en televisión la conversación grabada en el calabozo entre el padre y la madre. Pues fíjense, ese juez de instrucción tuvo que declarar nula esa conversación y a partir de ahí, seguir una instrucción que ya no podía basarse en esos elementos, en esos elementos de prueba.

 

Claro, el legislador tuvo que decir, “oye que hay investigaciones en marcha de una especial seriedad y podemos encontrarnos con este problema”. Pero ustedes dirán, “bueno, era una sentencia del Constitucional, fueron solo 40 jueces de instrucción, ni más ni menos, lo que se vieron afectados…”.

Fíjense en la Audiencia Nacional, que brillantemente preside nuestro querido José Ramón Navarro, pues declaró también la nulidad de unas conversaciones que se habían obtenido colocando un micrófono en el coche de la principal responsable, era una chica, de la principal responsable del narcotráfico. Esta chica como ya tenía antecedentes penales y sabía que su primera condena había venido como consecuencia de las conversaciones telefónicas ¿qué dijo? “Yo no hablo, no hablo por teléfono”, y como la policía sabía que no hablaba por teléfono le dijeron al juez “mire, la única forma es colocarle un micrófono en el coche” y eso fue lo que permitió desarticular una de las más importantes bandas de narcotráfico, era fundamentalmente de hachís, en España. Bueno, pues aquí, sin embargo, no había otros elementos colaterales, otros elementos corroboradores y esto provocó la absolución de esta mujer por falta de cobertura normativa. Pero dentro de la zozobra o la inquietud que podía haber en relación con esta situación, resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese que vemos en Luxemburgo, distinto del de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que vemos con cierta lejanía, pero que cada vez está teniendo más influencia en la configuración de eso que se ha llamado una lectura del proceso penal, acomodado a los principios de la Unión, de la Carta de Derechos, etc., etc.… dictó una sentencia que estremeció los pilares de la investigación penal. Es la sentencia de 8 de abril de 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esa sentencia de 8 de abril de 2014, declara, ni más ni menos, que la nulidad radical y absoluta de una directiva, la Directiva 24/2006. Y ustedes se estarán planteando, si no plantean tampoco importa, eh, pero imaginen que algunos se han planteado, “¿y a nosotros qué nos afecta una directiva?”. Bueno, pues que se haya declarado nula esa directiva, pues sí, amigos, sí nos afecta y de una manera directísima. ¿Por qué? Porque esa directiva había sido pactada en la Unión Europea como consecuencia de los gravísimos atentados de España y de Londres del 11M, a raíz precisamente de la amenaza del terrorismo yihadista. Entonces en ese momento, se había impuesto en esa directiva el deber de todas las operadoras de reservar los datos derivados de la comunicación por telefonía móvil y todos los datos referidos, datos electrónicos, referidos a la incorporación a un sistema público de telecomunicaciones. Todos los datos que ustedes generan, todos los datos que cada uno de nosotros genera, había una obligación legal de reservarlos durante un determinado periodo de tiempo, que iba entre 6 meses y 2 años. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema era que en España había salido una ley, que era la Ley 25/2007, que era la ley de transposición de esa directiva y que obligaba a Telefónica, a Yoigo, a Orange…, en fin, a todas y cada una de las operadoras a retener durante un periodo de tiempo los datos que nosotros reflejamos a partir del uso de las nuevas tecnologías.

Fíjense, que el problema fundamental radica en que hay ocasiones, y ha habido asuntos muy mediáticos en que así ha sucedido, en que ya no nos interesa tanto desde el punto de vista de la investigación qué es lo que dicen dos personas por teléfono, sino desde dónde lo dicen, a qué hora lo dicen…, por seguir con ejemplos de laboratorio ya resueltos en sentencia firme, les puedo plantear el caso, por ejemplo, del padre condenado por haber asesinado a sus dos niños en Córdoba. Lo recordarán ustedes. Bueno, pues el dato clave desde la perspectiva de la valoración de la prueba de cargo era, ni más ni menos, el dato de geolocalización. Este señor decía que estaba en el parque cuando no estaba en el parque. Este señor decía que no estaba en el lugar en el que aparecieron los cadáveres cuando su teléfono móvil indicaba que estaba en el lugar en el que aparecieron los cadáveres de los niños. Entonces, ¿el problema cuál es? Que, a la policía, a los jueces de instrucción, a los fiscales, les interesa enormemente saber no solo con quién te comunicas o qué le dices, sino, sobre todo, desde dónde llamas.

Fíjense, hay un supuesto que debería provocar la reflexión de todos nosotros, que es el que se ha dado, parece que esta muy lejos, pero no es tanto, como consecuencia de algunos de los movimientos secesionistas en alguna de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Fíjense, algo así como 6000 o 7000 personas recibieron una notificación de una sanción por infracción de la norma que regula el derecho de reunión y manifestación por haberse manifestado a favor de la independencia de Ucrania entre las 16:00 y las 18:00 de la tarde en la manifestación convocada por el partido tal. La pregunta que se hacia el ciudadano de Ucrania que había recibido esa notificación es “¿y cómo saben que yo estaba en esa manifestación?, ah, claro, serán las fotos”. No, se pidió los datos de localización a las proveedoras de servicio y se dijo “mire, todo el que esté entre las 16:00 y las 18:00 de la tarde en la calle principal- y fíjense, con un margen de exclusión de las aceras para evitar incriminar a los ciudadanos que no estaban ocupando la vía, sino que estaban exclusivamente paseando por las aceras-. Bueno, pues 4000 o 5000 personas, o 6000, depende de las fuentes que cada uno lea, fueron condenados desde el punto de vista administrativo con fundamento en sus datos de geolocalización. Consecuencia, nosotros cada vez que usamos el teléfono móvil estamos reflejando una radiografía virtual de dónde estamos. Miren, ahora Movistar sabe perfectamente por sus datos de localización, aunque ustedes tengan desactivados los datos de geolocalización, que están en el Parlamento de Canarias aburriéndose, escuchando una conferencia, lo saben porque lo determina con un margen de error de 12 cm. Lo saben perfectamente. ¿Y qué sucede? “no bueno, yo en realidad lo que voy a hacer es apagar el móvil”. “No, yo lo que voy a hacer es…”. Mire, es que, si usted quiere usar un teléfono móvil a través de las antenas BT, es el cruce para que funcione el teléfono móvil, exige la localización. Y además esa localización es indispensable para la facturación, porque no es lo mismo para Telefónica que ustedes se estén aburriendo en el Parlamento de Canarias a que estén en Australia y estén mandando una foto a cualquier amigo a través de datos. Evidentemente, la geolocalización es clave.

Bueno, pues, imaginen cómo afectaba esto al ciudadano español, pues evidentemente de una manera clarísima. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara la nulidad de la Directiva 24/2006 y nosotros tenemos una ley de transposición a la que le falta la percha. Ustedes piensen por un momento todas las investigaciones que están en marcha n las que en un momento determinado se dice “mire, es que esto no tenía cobertura normativa porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que una directiva que imponga de manera indiscriminada, generalizada, la obligación de convertir a todos los ciudadanos en sospechosos potenciales de un delito es una legislación contraria a los principios de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Esto es así. Entonces, ¿el problema cuál es? Que hay una ley española que, en transposición de esa directiva, está obligando a que las operadoras retengan esos datos, no las conversaciones, ojo, con quién se han llamado y desde dónde han llamado. Además de otro tipo de datos relacionados con correo electrónico, etc., etc., dirección IP y demás.

Bien, el problema, para tranquilidad de unos y, en fin, para escandalo de otros, depende del perfil con el que uno valore este hecho. Podría tener una solución porque se decía “mire, a nosotros no nos afecta” “¿Por qué no nos afecta esa declaración de nulidad de la directiva? porque nosotros tenemos una ley de transposición, que era le ley 25/2007, que no cae en los errores que la directiva sí incurría y que han determinado la nulidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿qué es lo que vino a decir?: “Ustedes no pueden convertir en sospechosos potenciales a todos los ciudadanos de la Unión, para empezar. En consecuencia, si usted quiere conservar los datos, primero, fije una autoridad judicial o independiente que determine quién puede acceder y con qué garantía a esos datos; segundo, fije además qué tipo de delitos se pueden perseguir o se pueden investigar con la interceptación de estos datos, solo delitos graves, delitos menos graves… esto hay que fijarlo normativamente; y además respete, por ejemplo, algunas conversaciones que están amparada en el secreto profesional. A nadie le interesa saber que un abogado ha hablado con su cliente 12 veces esta mañana. Bueno, pues ¿Cuál era la ventaja que tenía nuestra ley? Pues nuestra ley, al menos en mi opinión, daba una respuesta a esa preocupación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque imponía la autorización judicial. Además, imponía que fuera para la investigación de delitos graves y además exigía que solamente tuvieran acceso a esos datos lo que llamaban los agentes facultados, que era básicamente el CNI, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el servicio de vigilancia aduanera. Luego ha habido un momento en el que todo hemos dicho, “esto no va a conducir al desastre de la impunidad de muchos delitos como consecuencia de esa sentencia que ha privado de la percha que tenía la ley nuestra, 25/2007”. Pero estábamos tan tranquilos y de repente, el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a una cuestión prejudicial planteada por un juez sueco y un juez del Reino Unido que les hace, a ese tribunal, la misma pregunta que nos estábamos haciendo nosotros y que yo les estaba transmitiendo, “oiga, yo tenía aquí una ley de retención de datos, ¿cómo le afecta la declaración de nulidad?”. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016, hace nada, vuelve a insistir en la idea de que no caben las prospecciones y el archivo puramente prospectivo de los datos derivados de la telefonía que convierta en sospechosos a todos y cada uno de los ciudadanos.

Claro, el problema es que las soluciones que dábamos entonces… “hombre, no, la ley 25/2007 añadía cosas a la directiva…”. Ahora con esta segunda sentencia hay ya sectores de la doctrina, incluso de la propia práctica judicial, que están reclamando una urgentísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar, no ya un recurso al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, no, no, no, si no hace falta eso, mañana el juez de Icod de los Vinos presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y él solo, con independencia de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con independencia de lo que diga la Audiencia Provincial y con independencia de lo que diga el Tribunal Supremo, puede obtener una sentencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga lo que ha dicho para la legislación del Reino Unido y la legislación sueca. Yo les aseguro que es positivo que se hayan activado las alarmas, pero a mí me da la impresión de que en España todavía el exceso de garantismo, para algunos, que supuso la Ley 25/2007, éramos el único país europeo, -o de los pocos, en fin, no digo el único, porque quizás cometo un error-, de los pocos países europeos que exigían autorización judicial para la sesión de esos datos. En el resto de los países bastaba que la policía lo pidiera o el Ministerio Fiscal lo pidiera. Bueno, pues fíjense, eso, esa decisión judicial que fue entonces criticada por su garantismo es lo que puede salvar la Ley ahora frente a lo que constituye el desenlace para otros estados miembros. Bien, entonces yo les quiero decir, y voy a ser una aproximación casi casi telegráfica a las novedades mas importantes, les quiero señalar lo siguiente. Fíjense, yo creo que es muy positivo que ya el viejo artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se haya convertido en un precepto al que acompañan otros muchos preceptos que son los que integran los artículos 588 bis, 588 ter, quater, quinquies, sexies, octies… que ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal está creciendo en horizontal, con excrecencias a través de una numeración que es, -siempre me acuerdo de los pobres opositores-, lo difícil que es acordarse de un artículo pues imaginen el 588 ter J y ya si tienes que decir el párrafo segundo pues entonces ya es de mérito.

En cualquier caso, ¿cuáles son las novedades más importantes? Y yo les aseguro que voy a tardar muy poco en exponerlas. Miren, la primera novedad es que lo que se ha hecho fundamentalmente es establecer una proclamación normativa de los principios que tiene que tener el juez en consideración a la hora de autorizar una medida de estas características. ¿Cuáles son? Principio de proporcionalidad, principio de necesidad, “oiga, acuerde esa medida si es necesario, porque estas medidas tienen un gran impacto en ese círculo de exclusión que cada uno de nosotros sienta frente a los demás, frente a los poderes públicos, frente a los conciudadanos”. Entonces establece una enumeración de los principios que deben inspirar la tarea del juez de instrucción.

Claro, desde el punto de vista de la técnica legislativa dices “oye, ¿y desde cuándo el legislador proclama principios? Los principios se inducen a partir de una regulación concreta y los proclama normalmente la jurisprudencia constitucional, la del Tribunal Supremo… bueno, en este caso a mi me parece que es fundamental recordarle al juez de instrucción, “oiga, usted tiene aquí unos instrumentos muy poderosos, pero no se olvide del principio de proporcionalidad del principio de necesidad y, sobre todo, de los principios de especialidad y excepcionalidad”. Esto es importante.

Además, se han establecido los supuestos en los que se pueda acordar una medida de estas características. Ya no se habla de la intervención telefónica sino de la intervención telemática. Ya se trata de acceder a los datos derivados del uso de la telefonía como del uso de internet, es decir, de las comunicaciones que mezclan telefonía e internet. Entonces, se ha establecido una enumeración de los presupuestos que son indispensables para que se pueda acordar esta medida. Tiene que tratarse de un delito que esté castigado con una pena que al menos en su mitad superior alcance los tres años. En un ámbito cuantitativo que, si lo hubiéramos fijado, si se hubiera fijado por legisladores, cinco años, pues igual dejabas fuera de la posibilidad de intervenir o de acceder a estos datos algún tipo de delincuencia que sin embargo estaba castigado por penas de 6 meses a 3 años. Además, se tiene que tratar de un delito de organización criminal, banda armada o terrorista, y de un delito que se ha cometido a través de las vías de internet. Fíjense, se ha dicho “oye, ¿y por qué no ha hecho el legislador una enumeración de los delitos mediante los cuales en su investigación se puede justificar una intervención de estas características?” En Alemania, por ejemplo, es así. Se dice, “mire usted, señor juez, usted puede acordar una intervención telefónica para estos delitos: a, b, c, d, f”. Eso da mucha seguridad. ¿Cuál es el problema? Y estoy seguro de que los alemanes no se parecen a nosotros cuando hacen un listado, entonces estoy convencido de que nosotros a los dos meses nos habríamos dado cuenta de que se nos ha olvidado alguno. Entonces, con las dificultades del consenso, “oye que quiero añadir un delito que es fundamental”, provocaría la suspicacia, seguro, “bueno, pero este ¿por qué querrá ahora añadir este delito que se les ha olvidado? Aquí hay gato encerrado”. Bueno, pues yo creo que era mejor establecer esos presupuestos y no una enumeración que podía dar lugar a que se nos olvidara alguno.

Además, se ha regulado aquello que antes no tenía una regulación satisfactoria. Se ha establecido un periodo máximo de 18 meses para la interceptación telefónica. Ustedes tienen que pensar que ha habido juzgados que han tenido durante 6 años intervenido un teléfono. Ustedes piensen por un momento lo que ustedes han podido hablar en los últimos 6 años. Y que el Estado haya tenido acceso a lo que ustedes han hablado en los últimos 6 años. Claro, esto ¿por qué se producía? Pues por el ímpetu investigador, por el deseo de esclarecimiento de un hecho muy grave. Esto tenía un problema, y es que como la ley decía, ese viejo artículo 579, que había escrito el señor con nombre de estación de metro, Alonso Martínez, ¿cuál era el problema? Que decía, cuando se modifica en el año 88 se dice, bueno, podrá acordarse por tres meses prorrogables por periodos iguales, bueno pues esto a mi me recordaba lo del tracto sucesivo de la ley hipotecaria, ¿se acuerdan? Que entonces empezaba de generación en generación a ver dónde enlaza. Bueno, pues este era el problema y ha habido teléfonos intervenidos 6 años y luego curiosamente la condena se basa en un descuido en una conversación de tres renglones donde uno,- hemos tenido algún caso- uno de los intervenidos le dice al otro, “oye, muy mala la cocaína que me has mandado” y le contesta el otro “pero yo no te he dicho a ti que me hables en metáfora, no te he dicho a ti que me hables en metáfora”, “ah, sí, sí, oye que el CD que me mandaste está fatal, horroroso, no se oye nada”, “bueno, pues ya te mando otro igual”, “sí, pero de la misma calidad, no me mandes CD peores”. Bueno, pues al final estás condenado por tres renglones, por no haber hablado en metáfora, como decía la conversación, por no haber hablado metáfora y después de 6 años de intervenido el teléfono. Bueno, pues ahora son 18 meses. Es un periodo que a mi me parece que es lo suficientemente amplio para obtener diligencias de investigación primero y de prueba después, pero que debería incluso interpretarse ese plazo máximo de acuerdo con los principios de proporcionalidad. No vale obtener la verdad a cualquier precio, eh.

Bien, ¿qué se ha hecho, además de la fijación de nuevos plazos y demás?, ¿qué se ha hecho? Miren, por ejemplo, se ha hecho una regulación del GPS. El GPS ustedes saben que es instrumento que permite la localización de un ciudadano. Ya no estamos hablando de la localización derivada del uso de la telefonía. No, esa es otra. Ahora el GPS, en una medida de investigación autónoma, que la policía con autorización judicial pone, por ejemplo, en el vehículo del malo, en el vehículo del sospechoso. Bueno, a nosotros nos habían llegado en el Tribunal Supremo muchísimos casos en los que de repente un buzo de la DEA o un buzo de la policía colombiana adosaba a un barco un GPS. Un barco que traía tres toneladas de cocaína. Y de repente, cuando estaban en aguas internacionales, una noche de luna llena, llegaba un helicóptero de los GEOS o del Servicio de Vigilancia Aduanera, -que hay helicópteros silenciosos-, y, imaginen ustedes la operación, se pone encima cuando esta toda la tripulación durmiendo, se pone encima del barco, asaltan el barco e interceptan la droga. Bien, gran éxito policial, lo aplaudimos, pero llega el juicio y dicen “oiga, ¿el buzo aquel de la DEA que puso el GPS tenía autorización judicial del fiscal o del juez estadounidense o del juez colombiano?” “mire, es que en aquellos países no se necesita la autorización judicial”. Y dice, “no, no, hay una sentencia del Tribunal Supremo americana, además, con un voto particular de la magistrada Sotomayor que dice que la constitución americana exige para tener localizado por el FBI a un ciudadano autorización judicial”. Claro, uno dice “¿y qué hacemos?” bueno, pues al final el Tribunal Supremo respondió a estas alegaciones con un argumento que yo creo que es, -iba a decir digno de aplauso, pero no, no aplaudan ustedes- era, un argumento imaginativo, porque el Tribunal Supremo dijo: “¿de cuándo un barco tiene intimidad?” “Oiga, lo que teníamos localizado era el barco, a mí el grumete, el cocinero, el jefe de máquinas…me da exactamente igual que esté ahí o que este en cualquier otro sitio. Y el Tribunal Supremo había dictado numerosas sentencias dejando bien claro que el GPS no necesitaba autorización judicial porque se ponía a un barco y lo que se perseguía era la carga del barco y el barco por definición hasta hoy no tiene intimidad. Bien, ¿cuál era el problema? Que esto chocaba pues con la, en fin, con lo que es la jurisprudencia norteamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya empezaba a hacer guiños en este sentido…, y el legislador ha exigido autorización judicial. Esta es una de las novedades.

Otra de las novedades -les voy a contar dos más y damos por terminada la intervención-. Otra de las novedades. Una cosa especialmente llamativa, que es la utilización de mecanismos de control remoto de un ordenador, es decir, ahora la Ley permite, con cobertura legislativa, lo que permite, ni más ni menos, es la utilización de un software por la policía que esclaviza el ordenador del malo, el ordenador de un sospechoso. Claro, esto imagínense lo que representa. Es una invasión absoluta, pero una invasión que en determinadas ocasiones puede estar muy justificada. Pero de lo que se trata es que precisamente, su necesidad la justifique un juez de instrucción.

Y luego, se trata también de establecer una regulación de la utilización de micrófonos. Se acuerdan el caso del 145/2014. Bueno, pues efectivamente se ha regulado eso que provocó la declaración de nulidad de la colocación de ese micrófono y se exige en todo caso autorización judicial. Fíjense que no esta sometida a un plazo y alguno ha dicho “bueno, pues esto significa que como la intercepción telefónica tiene plazo, como el GPS tiene un plazo de tres meses, como, en fin, otras diligencias tienen plazo, esto significa que la colocación de un micrófono no necesita plazo”. Pues no es así, lo que quiere decir la Ley es que solo puede acordarse la utilización de ese micrófono para un encuentro concreto y determinado entre los dos malos, entre los dos sospechosos. Es decir, la policía le tiene que decir al juez “mire, van a ir a cenar a tal sitio porque lo hemos interceptado por teléfono la reserva que ha hecho en le restaurante tal”. Entonces, se coloca el micrófono en el momento en el que están comiendo dos personas que están planeando un determinado delito. El problema, en mi opinión, se ha planteado, -no con esto, que siempre que esté sometido a la autorización judicial tienes la garantía de proporcionalidad, etc., etc.- El problema se ha planteado con la colocación de esos micrófonos incluso de cámaras en el domicilio del sospechoso. Esto ya está autorizado. O sea, el malo que sea muy malo, muy malo puede llevarse la sorpresa de que la policía con autorización judicial le instala un micrófono en su despacho o en su propio domicilio. En mi opinión, aquí el legislador creo yo que fue demasiado lejos, por lo que les comento. En el proyecto de ley se decía que esta medida solo podía justificarse en la investigación, y decía textualmente, “de delitos de extrema gravedad”. Claro, podríamos pensar, y ¿por qué? Bueno, pues fíjense ustedes la diferencia que hay entre la expectativa de impunidad que uno tiene, la expectativa de privacidad, más que de impunidad, a veces de privacidad e impunidad, cuando habla por teléfono, frente al momento en el que uno cierra esa puerta de su casa. Cuando alguien va a hablar por teléfono siempre hay algo que te dice, “oye, esto lo hablamos en persona” -ustedes no, porque son buena gente y estoy seguro de que no tiene secretos-, “pero esto lo hablamos en persona”, porque parte de la base de que el soporte técnico te lo está dando alguien que es un tercero, pero cuando tu das el portazo a la puerta de tu domicilio tu ahí tienes una expectativa de privacidad absoluta. Fíjense además que cuando se interviene un teléfono, ese teléfono puede captar las conversaciones de Carolina y mías, pero si a mí me colocan o a Carolina le colocan un micrófono en su domicilio- que no es el caso- tiene un problema. Es que van a escuchar a su marido, a mi mujer, a mis hijos, a la suegra, a todo el que pasaba por allí, al novio de la hija… claro, es que la intimidad afecta a toda la familia, por eso el proyecto decía “para la investigación de delitos de extrema gravedad”. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el dictamen previo que hace el Consejo General del Poder Judicial dijo algo que a mí me parece muy llamativo, dijo “el concepto de delitos de extrema gravedad es excesivamente elástico y habría que concretarlo más”. ¿Qué hizo el legislador? “Pues muy bien, como si fuera una escucha telefónica”. Y claro, ya tenemos el problema de que se han equiparado dos realidades ontológicamente distintas, no es lo mismo escuchar lo que dos personas dicen que meter un micrófono -y no se lo pierdan- y una cámara en el propio domicilio. Y esto es una posibilidad que está ahí al alcance de cualquier juez de instrucción en quien hay que confiar para que precisamente todo sea acorde con ese principio de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad al que antes habíamos aludido.

Yo he comentado que la Constitución prohíbe los tratos inhumanos y es el momento de que yo guarde silencio después de agradecerles que no hayan ejercido su derecho a la deserción y que si han ejercido el sagrado derecho a la desconexión yo no me he dado cuenta, con lo cual eso significa que lo han ejercido perfectamente.

Muchísimas gracias.

Transcripción del debate sobre el Informe Anual de 2019 del Comisionado de Transparencia de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2019 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 125/2022, de fecha 25/5/2022, del Parlamento de Canarias.

10L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El señor PRESIDENTE: Y vamos con el punto quinto. Le damos la bienvenida y los buenos días al comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ruego silencio, señorías.

Tiene la palabra.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo con ustedes un año más.

Siete minutos dan para lo esencial de un informe tan denso como el que hacemos todos los años, con más… basado en millones de datos que declaran más de 1000 operadores en Canarias.

La más joven y más pequeña de las entidades dependientes del Parlamento de Canarias tiene la misión de optimizar todo lo posible el sistema de remisión de cuentas informativas a los ciudadanos, tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes, como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años ya evaluamos anualmente.

Les adelanto un dato recién salido del horno. El día 31 de mayo comenzará la nueva evaluación. Además de a todas las organizaciones públicas canarias, vamos a instar a evaluar su transparencia a más de 3200 entidades privadas, frente a las 706 del año anterior. Y ello será por el gran incremento de las ayudas relacionadas con la pandemia COVID, que han sido financiadas ya en el año pasado y que continuarán en este. Por lo tanto, el número de nuestros expedientes va a ser superior a 3100 el año que viene, en el presente año quiero decir. Y será, por lo tanto, un 60 % superior al del año pasado, que ahora estamos valorando.

Todos los evaluados conforman lo que llamamos el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a los interventores de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. Solo por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos la eficiencia pública crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas por las leyes y por las garantías prestadas por los consejos y comisionados y en ´última instancia por los jueces.

La transparencia no responde solo a los derechos informativos de los ciudadanos y les permite valorar y decidir mejor, también afecta a la mejora de los servicios públicos. En España solo llevamos seis años en este camino y no es casual que en el ámbito de los Estados democráticos los países con más bienestar se corresponden con los que disfrutan de más alto grado de transparencia históricamente. No solo en sus leyes, que no son causa suficiente o motivo suficiente, sino en el comportamiento de sus responsables públicos y también en el de las preguntas de la ciudadanía. Es también una cuestión cultural, por lo tanto, el tema que nos ocupa, señorías.

Antes de que Jeremy Betham sentenciara en el siglo XVIII aquello de «cuanto más te observo mejor te comportas», ya el refranero español se había adelantado mucho al afirmar «el ojo del amo», soberano, «engorda al caballo», pero ya saben que el refranero dice uno y lo contrario, como veremos luego. El ojo del amo engorda al caballo, que es tanto como decir el ojo del ciudadano soberano acrecienta y mejora el servicio público. Por eso mismo es tan importante la labor fiscalizadora de los parlamentos. Insisto en ello porque la transparencia no es solamente una obligación burocrática.

Trataré a continuación de dos asuntos relevantes. Uno de cal y otro de arena, empezando por el segundo.

En el de arena no voy a insistir mucho porque ha sido conocido en los últimos meses y lo hemos desgranado bastante, con detalle, en nuestras noticias, que ustedes tienen en nuestra web. Todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas en los portales de transparencia determinadas por las leyes estatal y autonómica. En la quinta edición anual del informe del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse casi un millar, 968 exactamente, presentaron su autoevaluación de la transparencia del 2021 a través de la sede electrónica del comisionado, es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban más o menos tres cuartas partes del censo.

Continúa incrementándose la participación año tras año, ello nos permite calcular así el índice de transparencia de Canarias, un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias, las universidades, el Gobierno autónomo, los cabildos, los ayuntamientos, y al 95 % de sus entidades dependientes del sector público canario.

El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse este año, el año pasado, mejor dicho, en dos comunidades autónomas y lo hará en más comunidades en el futuro. Por primera vez en estos años la puntuación media de la transparencia en todo el sector público, las 345 entidades que lo componen en Canarias, superó el notable, los más de 7 puntos, el año pasado. Y en el sector privado, con solo dos años de evaluación, ya roza el aprobado con 4,8 puntos de media, un listón que le costó mucho más tiempo alcanzar al sector público cuando empezamos a evaluarlo allá por el año 2016.

Por primera vez en todos estos años la puntuación media de la transparencia, ya les decía, está en unos niveles satisfactorios, donde podemos encontrar, digamos, oportunidades de mejora. Está claro que empezar… que cada año… que emplazar cada año a todos los sujetos obligados a que sean transparentes también sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que, digamos, prácticamente a veces ni siquiera tienen portal de transparencia, ha conducido en el último lustro a una mejora indudable que está perfectamente comprobado. Los portales de transparencia están mejor.

¿Qué ocurre en el ámbito del derecho de acceso a la información? Una de cal y otra de arena, les decía antes, vamos con la de cal. Hemos podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso derivado, como hemos apuntado otros años, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder. No solamente escaso coste administrativo o político sino también social o reputacional. Y es mucho más difícil de medir porque no a todas las instituciones, las 98 instituciones canarias, se les pregunta lo mismo y se les pregunta con la misma intensidad.

Empezamos a constatar, por lo tanto, que un nutrido grupo de administraciones empieza a meter en la gaveta las solicitudes de información que les llegan por parte de los ciudadanos. El silencio administrativo no es un despiste, es un silencio activo, decisivo en muchas ocasiones. Una administración puede perfectamente negar una información, porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera cinco líneas, que cuesta cinco minutos. La mayor parte, eso es un… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Perdone, para… sí, para añadirle, para añadirle algo de tiempo.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien.

Les decía que prácticamente el 80 % de las reclamaciones que nos llegan es porque las administraciones canarias ni siquiera les contestan, es decir, aplican el silencio administrativo.

El silencio, les decía, ni enuncia, no afirma ni niega, no indica, no apunta ni sugiere, desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas» que sentencia también el refranero. Es una gran vacuna contra la verdad, por eso debemos combatirlo.

Porque el silencio no es un asunto de los administrativos, ese silencio no es administrativo, es un silencio decisivo, del que decide. Y por ello que, como les informaba en la comisión, en paralelo a la evaluación de la transparencia activa hemos iniciado un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información, porque comprobamos en enero pasado que de las 384 resoluciones estimatorias en los años 2020 y 2021 casi la mitad, 201, no existía constancia de cumplimiento. En cuatro meses, de enero a finales de abril hemos reducido este incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes 137, y esperemos reducirlo en otro tercio más en el próximo cuatrimestre y que sean menos de 30 a final de año. Este es un propósito que espero poder rendir cuentas en la próxima comparecencia.

Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible, es decir, cuando este Parlamento afronte -como está previsto en el plan normativo de la comunidad autónoma- la futura ley de gobierno abierto, que será la gran reforma del sistema de transparencia de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Empezamos con los turnos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.

Señor comisionado, quiero en primer lugar felicitarlo porque no hay nada como predicar con el ejemplo y usted lo hace con su trabajo y el de todo su equipo, una felicitación que quiero hacer extensiva a todo su equipo, porque por muy bueno que uno pueda ser nada se hace si no cuenta con él.

Entrando en el informe del 2019 y los avances de la información comparativa de los años también 2021 y 2020 que usted nos ha dado no puedo sino ponerlos en relación y hacer mención de ellos también en algunos comentarios que le voy a hacer.

En primer lugar, es de resaltar la evolución positiva, muy positiva, que en los últimos años han tenido los distintos indicadores. Lo primero de ellos, las reclamaciones por derecho al acceso a la información, vemos cómo ha habido una… menos en 2019 si las comparamos con las del año 2018, donde se duplicó la cifra de reclamaciones. Esto sin otro dato podría parecer dos cosas, por un lado, que no se ha utilizado al comisionado para trasladar las faltas de respuesta o que se ha producido una mayor respuesta por parte de las administraciones, y por tanto ha habido menos reclamaciones. Lo cierto es que viendo el avance de los datos que también usted facilita en su último informe de 2020-2021 vemos cómo el número de reclamaciones se vuelve a incrementar notablemente.

El informe pone de manifiesto el altísimo número de reclamaciones solucionadas durante el año 2019, dado que son muchas las que se han presentado y entiendo que se hacen referencias a esas reclamaciones resueltas, que estaban también pendientes de ejercicios anteriores.

Otro indicador, que creo que ya mencioné también en otras comparecencias suyas, es el poco uso que se hace de la sede electrónica, que quizás es un problema que aquí también hemos debatido con cierta frecuencia y es la brecha digital que tenemos todavía a día de hoy en Canarias.

De su informe se desprende que el principal motivo de reclamaciones es la falta de respuesta de la Administración al administrado, y usted lo ha puesto de énfasis en su intervención. En el caso del 2019 fue el 81 % de las reclamaciones, un dato altísimo.

Y yo tengo que decirle, igual que le dije en comisión, que durante del estado del debate de la nacionalidad una de las propuestas que yo le hacía al Gobierno era que hiciéramos un mayor uso del silencio positivo, como forma de eliminar esos obstáculos a la hora de hacer peticiones por parte de los usuarios, porque ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno en algunos casos a la toma de decisiones que pueden como tener resultados la falta de generación de actividad económica o simplemente la falta de información. Una administración ágil, pero desde luego garantista para el administrado, es desde luego de gran ayuda para agilizar la toma de decisiones. A la vista de los datos, este es sin duda un elemento principal de sus reclamaciones.

Uno de los puntos negros de los informes anteriores era la falta de respuesta de las administraciones, como he dicho, pero vemos cómo en este año 2019 la participación, que yo creo que también es importante, ha crecido y fue de casi del setenta y cinco por ciento, y en el 2020 ha sido del 86,51 %. Creo que eso es una buena noticia, que las administraciones se impliquen en el ámbito de la transparencia.

E, insisto, creo que también esto, buena parte de este éxito o ese incremento del dato es debido a la labor que desde el comisionado y la insistencia que es del comisionado se hace para tener respuesta de todas las administraciones.

Como también le dije, me sorprendió y me sigue sorprendiendo esa falta de transparencia de nuestras universidades que después de que en los dos ejercicios anteriores sacasen ese cinco raspón que yo le decía pero suspenden en el 2019 en transparencia, si bien al año siguiente se han puesto las pilas y han mejorado notablemente, lo cual hace hincapié en que este informe aparte de los que aquí estamos lo lee más gente, y eso yo creo que también es una muy buena noticia.

Los incumplidores se… las incumplidoras se siguen reduciendo, y dentro de los que cumplen -son la inmensa mayoría- vemos también que las puntuaciones se van elevando año tras año, al final esto no deja de ser una especie como de liguilla en la que todos quieren tener una buena nota al final.

Referidos a los ayuntamientos en general su comportamiento y su puntuación son muy buenos o excelentes, pero también preocupan algunos municipios que siguen sin tomarse en serio el hecho de la transparencia.

Para ir terminando me gustaría hacer mención a ese informe sobre la COVID y las administraciones, y que también ha sido elaborado por su departamento, un informe de casi mil páginas que aporta muchísima información. Me gustaría, en esta parte, centrarme en la última parte y porque es evidente que la COVID, si bien, ha modificado muchas de nuestras actitudes y nuestros pensamientos, también es verdad que ha llevado a la Administración a tomar decisiones en algún caso por la rapidez y la urgencia que, por ejemplo, como ayer vimos, con el caso las mascarillas que van a dar mucho que hablar.

Yo creo que buen ejemplo de esa situación, de esa gestión de la transparencia ha sido lo que este propio Parlamento ha llevado cabo adaptándonos en un corto plazo de tiempo a seguir llevando una actividad ordinaria en la gestión del día a día y que no se parase la actividad del Parlamento.

Termino… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), termino con la última parte de su informe, las sugerencias que bien pueden ser consideraciones para llevar a cabo de esas 13 que usted sugiere, solamente fijar dos: la falta de la publicación de la relación de todos los contratos realizados durante la COVID-19, creo que es un tema que es importante y, como ya le dije, lo hemos hablado aquí; y también las ayudas y subvenciones concedidas.

Termino felicitándole a usted y a todo su equipo por un magnífico trabajo hecho en pro de la transparencia de Canarias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.

Muy buenos días, señor Cerdán, bienvenido al Parlamento, una vez más. Sin duda, cada vez que viene para nosotros es un ejercicio de responsabilidad porque permite a las administraciones públicas dar esa mejor respuesta al ciudadano, que creemos que tiene que ser la base de toda las políticas.

Por lo tanto, le agradecemos que comparezca hoy aquí, ya tuvimos también la oportunidad de hablar, bueno, en este caso fue mi compañera Melodie quién estuvo en la comisión para hablar de su informe anual cuando se daba cuentas del trabajo que se realiza desde la oficina del Comisionado de la Transparencia.

Yo creo que es importante debatir de forma periódica sobre estos datos, sobre el ejercicio de la transparencia y el acceso de la información, porque realmente nos permite impulsar la mejora y transformación del sector público canario a uno más accesible y, sobre todo, que sea sensible con los ciudadanos, que dé esta manera…, pues, podrán estar más informados de lo que hace la Administración.

Y le reitero lo que le dijo mi compañera Melodie en la comisión, que cada año que pasa el informe es más completo gracias al continuo esfuerzo de superación de los de trabajadores de la oficina del Comisionado. Y es que, precisamente, ustedes siempre aspiran a mejorar y creo que un claro ejemplo de ello es que se haya triplicado su actividad en dos años, desde el 2019 al 2021, ejercicios que han sido especialmente complejos y también bastante difíciles para la Administración debido a la pandemia que sufrimos. Los datos están ahí, de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1965 del 2021. Creo que el avance en tramitación que en el último año ha supuesto un 55 % más de expedientes administrativos tramitados es una buena noticia y nos alegramos de ello. El conjunto total de…, perdón, un avance considerable gracias a esa comprobación y evaluación de forma interactiva y periódica de los datos incluidos en los portales públicos y privados de quienes están obligados a cumplir con lo preceptuado en las normativas relativas a la transparencia, ya sea por ser administraciones públicas, y también de aquellos entes privados que reciben fondos públicos para la realización de distintos fines. Una labor en la que han contado con más de mil colaboradores que se han autoevaluado de entre las 340 entidades públicas y las casi 600 entidades privadas subvencionadas y, por supuesto, por la tramitación de los expedientes correspondientes a las denegaciones de información de las administraciones a los ciudadanos que en el 2021 llegaron a las 525, más de un tercio que el año pasado, y de las cuales han tenido resolución unas 496. De estas reclamaciones hay que destacar que el 80 % han sido silencio administrativo por falta de diligencia en la tramitación de las solicitudes de información. Ayuda mucho a las administraciones que el comisionado cumpla un papel no solo de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, sino que también ejerce una labor propia de la evaluación y de calificación de las entidades que cumplen para que mantengan esos estándares.

Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Canarias, ya que en el conjunto total de las entidades subvencionadas con dinero público solo roza el aprobado con un 4,83, pero lo cierto es que hemos mejorado en casi un punto la nota obtenida en el informe anterior y, además, que es cierto que cada vez más entidades privadas apuestan por la excelencia. El sector público de media, sin embargo, está entre el 7,91 y el 7,65, subiendo más de un punto que el año anterior y las corporaciones de derecho público también con un incremento de un punto. Por fin, aprueban con un 5,52. Y si hablamos de la excelencia en la transparencia hay que recordar los premios que se han dado y que en 2019 de las más de 330 entidades públicas apenas 94 llegaron a tener una nota entre el 9 y el 10, ahora esta cifra se incrementa y tienen esta alta valoración hasta 145 entidades públicas. Esto un dato muy positivo que debemos seguir incrementando.

Y aprovechando esta intervención, desde nuestro grupo pedimos una vez en esta Cámara que se den los medios al comisionado de la Transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tienen actualmente hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.

Y, señor Cerdán, termino felicitándole a usted y a su equipo una vez más por ser un ejemplo y ayuda a cambiar esta gestión de Canarias, y creo que ustedes están siendo clave para ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Bueno, yo creo que con los datos que nos ofrece el comisionado tenemos muchísimos motivos para estar, digamos no solo contentos sino también orgullosos del trabajo que están haciendo cientos y cientos, no más de ochocientos funcionarios, en todas las administraciones, entidades públicas y privadas por, digamos, exponer transparentar la actividad que se está haciendo. Porque tenemos que decir que el resultado de este informe que tenemos hoy aquí es un trabajo del comisionado, del equipo, al que felicito, al que felicito que está aquí presente, es un trabajo tremendo pero además también es un trabajo que requiere de la colaboración, de la colaboración de montón de personas que trabajan en situaciones a veces también de extrema saturación en muchas instituciones públicas, y tienen que realizar también tareas para las que ni se les contrató ni estaban pensando que iban a desarrollar ese tipo de trabajo, es decir, es un trabajo sobrevenido, y, en ese sentido, me parece que es importante aplaudir el esfuerzo que muchas personas están haciendo por, digamos, decir si los índices, los índices de transparencia pública, se están llevando a cabo o no o si son positivos, y sobre todo yo me quedo con un dato fundamental, y es la tendencia, porque aparte del dato lo importante es la tendencia de los datos, y evidentemente con los datos que se están exponiendo aquí en relación a otros informes anteriores la tendencia es al alza totalmente en ganar en democracia, que es lo que quiero decir.

Si desde 2015 empezamos con dieciocho expedientes estamos ya por más de tres mil expedientes, y eso es una progresión tremenda que implica ese esfuerzo -de dieciocho expedientes a más de tres mil y pico expedientes-, entonces tenemos que ser considerados con una situación novedosa que se inició hace cinco años y entender todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo la preocupación y tenerlo también el objetivo de muchas instituciones.

Creo que ganamos en democracia; creo que esto tiene que ver también, los resultados, con que este equipo se ha reforzado pero también con que muchas instituciones también se han reforzado en cuanto a su personal y en la dedicación que muchos responsables, por ejemplo de ayuntamientos, imponen también a sus equipos, es decir que forma parte también de las agendas decir si se supera o no se supera y, por lo tanto, supone un esfuerzo que hacen las instituciones por atender a la ciudadanía. Esta competencia que hay entre muchas instituciones nos parece a nosotros que es sana, nos parece a nosotros que es sana y que desde luego no podemos descuidar.

La brecha digital disuade a muchas personas, porque muchos trámites se hacen también vía digital, la brecha digital disuade a muchísimas personas de presentar reclamaciones.

Hay una diferencia en el informe que se nos presenta en cuanto a la provincia de Gran Canaria y a la provincia de Tenerife, en el informe mismo se dice que hay mucha más tradición de asociacionismo y organizaciones respecto a Tenerife en la provincia de Gran Canaria, mucho más, digamos, preponderancia de las reclamaciones. Esperemos que esto se termine definitivamente nivelando.

Me parece también que es importante el dato cualitativo que apunta el señor Cerdán en el sentido de que a mayor bienestar mayor transparencia. Eso es importante plantearlo. Es decir, a mayor bienestar mayor democracia. Por lo tanto es un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que además todo está bastante relacionado.

El dato cuestionable, pues por ejemplo que la no respuesta a la ciudadanía no tenga un coste para las instituciones, eso me imagino que con el paso del tiempo ya estarán arbitradas algún tipo de medidas en este sentido.

Las reclamaciones que tienen que ver con la ordenación del territorio siguen ocupando un papel importante; la preocupación por en qué situación está mi expediente sigue manifestando una preocupación de la ciudadanía.

Luego a nosotros nos parece que el dato es impresionante en el sentido de que más del 43,5 % de los expedientes en las instituciones sacan sobresaliente, más del 43,5 %; por ejemplo que más de ciento cuarenta y seis instituciones estén más del 9; que el 50 % de las instituciones, perdón, 50 instituciones tengan un sobresaliente, que 146 estén sobre el 9, por ejemplo… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) que quienes no superan el aprobado, que al principio estaba en el 50 %, actualmente se ha reducido a un 14,9 %. Son tendencias relevantes, que significa que mucha gente se está poniendo la pila, en el sentido de competir por una mayor transparencia y además por una mayor claridad en la gestión que se hace.

Y luego a nosotros nos parece que es importante que tengamos que tener en cuenta que no todas las instituciones están en las mismas circunstancias. No todas las instituciones tienen la capacidad o el personal o, digamos, una realidad informática apropiada y que, por ejemplo, algunas instituciones que no superaron este aprobado yo tengo que decir que tenían la página web en un proceso de cambio, como por ejemplo la Academia Canaria de la Lengua, tenía en este momento en que se está evaluando y que luego el personal que se tenía está dedicado fundamentalmente a tareas que tienen que ver con la tarea filológica y no este tipo de tareas que les sobreviene.

Por lo tanto, felicidades.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al comisionado de Transparencia.

Un placer, una vez más, contar con su presencia, a una persona, a una institución que es una de las instituciones estatutarias, por tanto una de nuestros marcadores de canariedad, de autogobierno y, por tanto, una de las instituciones de las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos.

Una institución que además vela por seguir incrementando el nivel de transparencia, por tanto de calidad de nuestra democracia.

Se hablaba de que si una sociedad mejora la transparencia, mejora… creo que es a la inversa, si se mejora desde el punto de vista de transparencia la dación de cuentas de las distintas instituciones públicas y cada vez más instituciones privadas, sobre todo aquellas que participan de fondos públicos, las sociedades finalmente avanzan, la calidad democrática avanza, el bienestar de la gente también avanza.

Pero quiero empezar, por supuesto, con una felicitación. Yo creo que este informe es tremendamente positivo, con algunas lagunas, con algunos aspectos que hay que seguir mejorando, en un nivel de autoexigencia importante, porque, vuelvo y reitero, todo lo que sirva para incrementar la transparencia servirá para mejorar la calidad democrática de nuestra tierra, de Canarias. Y esa felicitación quiero hacerla al conjunto del equipo del Comisionado de Transparencia. Creo que es fundamental la labor que desarrolla. Y, como hacía en la comisión, quiero extender esa felicitación también a los distintos equipos que de cada una de las instituciones, del Gobierno de Canarias, cada una de las consejerías, cada uno de los cabildos insulares, cada uno de los ayuntamientos, que están detrás de esos portales, que han estado en la implementación y que están en la actualización de cada uno de esos portales, por supuesto extender esa felicitación, porque forma parte de este éxito, de este avance colectivo.

Yo creo que uno de los aspectos principales que hay que destacar es el aumento de la actividad del Comisionado. Ese aumento creo que refleja un éxito importante de esta figura estatutaria, demuestra el interés de la ciudadanía por el acceso a la información pública, pero creo que refleja sobre todo que la ciudadanía conoce mejor sus derechos, el del acceso a la divulgación, y eso también es una labor importante, uno de los elementos importantes que figuran entre los objetivos del Comisionado de Transparencia, la divulgación, por supuesto la información y la formación constante en este ámbito.

Y hablo de éxito, porque si uno analiza el primer año en el que se comprobó el cumplimiento de las obligaciones en las instituciones canarias, año 2015, en aquel instante 37 entidades fueron las que colaboraron con dicho Comisionado. La Administración pública de la comunidad autónoma, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, y 32 de los 88 ayuntamientos. Solo el 38,5 % de las instituciones canarias. En este instante el nivel de participación, el nivel de colaboración, el nivel de rendición de cuentas es muy superior. Evidentemente creo que estamos en un porcentaje aproximadamente en el que solo el 5 %, 14 de 336 entidades de sujeto público obligadas, no presentaron su declaración de transparencia. El objetivo será que sea el 0 % y esperemos que todas las instituciones en poco tiempo, a ser posible ya en el próximo informe, estemos colocados en ese ámbito.

Pero además no solamente ese altísimo nivel ya de participación, sino que el 86 % de las entidades obligadas lo hacen de manera adecuada, y que las instituciones principales lo hacen al 100 %, y sobre todo, como bien se comentaba con anterioridad, que estamos ya en una nota media de un notable alto, rozando ya el 8. Y sobre todo también un aspecto muy positivo, que ha sido clave para conseguir estos datos, ha sido la puesta en marcha de esa aplicación de Canarias que, además ha sido objeto de reconocimiento de algunos premios a nivel, bueno, fuera de nuestra tierra.

Por tanto, creo que son avances que a lo largo de los años se han ido consolidando y que se empiezan a ver los frutos de manera relevante. Obviamente, dentro de esas lagunas, de esas sombras que hablábamos con anterioridad están, pues bueno, las reclamaciones que se siguen planteando, las desestimadas y las resueltas crecen de forma importante, pero incluso en este caso yo quiero ver un aspecto positivo. (El señor diputado se dirige sin micrófono al señor presidente, que le da un tiempo adicional). Positivo porque cuando se incrementan en ocasiones las reclamaciones puede ser por dos cuestiones fundamentales: porque se incrementa, quizás, la desidia o la falta de cumplimiento por parte de las administraciones, pero puede ser también, precisamente, por una mayor toma de conciencia de la ciudadanía de cuáles son sus derechos y, sobre todo, de atreverse a reclamarlos y exigirlos a las instituciones. Porque es más fácil que existan reclamaciones de este tipo cuando hay ya portales de transparencia en todas las administraciones a cuando prácticamente no existían. Por tanto, también en este sentido, vamos a intentar verlo desde una mirada… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez.

Permítanme, señorías, en lo que la señora Pérez llega al estrado, saludar en nombre del Parlamento de Canarias al embajador de la República de Eslovenia don Robert Krmelj, bienvenido, a quien le acompaña la consejera de Economía y Política de la embajada, Tina Grgantov, el presidente de la Cámara de Comercio y el cónsul honorario en Canarias, Pedro Gómez. Les damos a todos ellos una calurosa y afectuosa bienvenida al Parlamento de Canarias, muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Bienvenidos, muchas gracias, señor presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor comisionado.

Bueno, felicitar en nombre del Grupo Popular a don Daniel Cerdán por formalizar este informe, que pone en valor el gran trabajo que lleva realizando en los últimos años el equipo del Comisionado de la Transparencia que tan acertadamente dirige. También quiero agradecer la labor desempeñada por los empleados públicos de todas las instituciones públicas canarias y también empresas públicas. Creemos que es de justicia reconocer el esfuerzo que se ha realizado en este sentido.

Señorías, señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en el estado de derecho, nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente donde la transparencia es un aspecto clave y esencial. No en vano la primera ley de transparencia en nuestro país fue obra del Partido Popular, concretamente en el Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Lo cierto es que en los nuevos tiempos de la sociedad de la información la que estamos inmersos la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news, están a la orden del día y es en este contexto la transparencia real, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático.

Respecto al informe remitido a este Parlamento debo reconocer especialmente el valor de los datos contenidos en el anexo del informe anual, centrado en COVID-19 de las administraciones públicas en Canarias en 2020 y que nos adelanta algunos datos realmente esclarecedores sobre la gestión del Gobierno de Canarias en periodo pandémico. Hablamos de un volumen de información muy importante, como los 969 contratos de emergencia realizados por casi 55 millones de euros, de los que 928 corresponden a negociados sin publicidad.

Pero, centrándonos más en el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia, nos llama la atención el alto número de reclamaciones de ciudadanos a las que alguna de las 336 entidades o instituciones públicas canarias les denegó una vez o varias las peticiones de información. Las 386 reclamaciones en 2020 y las más de 500 el año pasado. Un 76 % estimadas parcial o totalmente, lo que significa que estos reclamantes, el 76 %, tenían derecho a acceder a la información pública que la Administración no les facilitó.

Preocupante, y mucho, que un 80,76 % de las reclamaciones tengan que ver con el silencio administrativo, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano o administrado cuando se relaciona con la Administración, es decir, que ni sí ni no, ni blanco ni negro, la callada por respuesta, como usted mismo expresó en la presentación en el año 2008.

En cuanto al índice de transparencia, se indica una mejora hasta 8,4 de la media de los portales de transparencia dependientes del Gobierno de Canarias. 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior cuando la media fue de 6,90.

En cuanto a los cabildos insulares, tras cinco años de evaluación del índice de transparencia de Canarias, se superan y mejoran sus portales de transparencia. Felicitar al Cabildo de La Palma, que consiguió el último año un 10 y animar y exigir a los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura un mayor esfuerzo, ya que no llegan al 7,5.

En cuanto a las corporaciones locales, los ayuntamientos… bueno, en líneas generales también han experimentado una evolución positiva y una mejora importantísima en transparencia, pero todavía hay algunos que rondan entre el 6 y el 7, incluso algunos que rondan el suspenso. Quiero… permítanme, evidentemente, como alcaldesa de Arrecife que, bueno, que saque también en valor, Arrecife sacó un 10, con lo cual es algo que evidentemente nos enorgullece. En concreto 12 ayuntamientos canarios no alcanzan el 5, lo que debería… (ininteligible) sobre la causa. Falta de personal, de recursos o simplemente una negativa de los gobiernos a una gestión transparente de cara a los ciudadanos.

Entidades privadas que fueron subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos con más 60 000 euros anuales. Pues yo creo que merece que nos detengamos un momento. De las 706 entidades privadas que habrían recibido ayudas y subvenciones públicas por cerca de doscientos cuarenta millones de euros procedentes de fondos públicos, llama la atención que 127 entidades que estaban obligadas a presentar su declaración de transparencia no lo hicieron. ¿Sabemos, señor comisionado, si por parte de la Administración se ha hecho algo con estas entidades incumplidoras de la ley de transparencia? ¿Cómo es posible que haya entidades que hayan recibido 200 000 euros de fondos públicos y no hayan presentado datos? Por tanto, confiamos en que estas estadísticas desde luego no se vayan a quedar solo en eso sino que nos sirvan también para detectar deficiencias.

Terminamos. Seguir animando al comisionado a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones en la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor comisionado.

Nos presenta hoy el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia correspondiente al año 2019, que además acompaña una novedad sobre las entidades privadas que recibieron ayudas o subvenciones de más de 60 000 euros. Es importante porque se habla mucho del uso del dinero público por las administraciones públicas pero poco del uso del dinero público por las entidades privadas. Importante este paso que ha dado con este informe, y además nos presenta un anexo sobre la transparencia en la gestión del COVID.

Queremos felicitarle a usted y al trabajo de su equipo por la rigurosidad, la extensión y el detalle de ambos informes.

Con carácter general hay una buena evolución de las puntuaciones, salvo algunas excepciones en ayuntamientos, sin embargo esta evolución y estos resultados siguen siendo insuficientes. Insuficientes, porque además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer, porque aún sigue siendo escasa la participación de la ciudadanía y las preguntas de la ciudadanía.

¿Tiene esto que ver con el cansancio frente a la opacidad de los gobiernos en decisiones que nos competen a todas? ¿Tiene que ver con esa falta de transparencia?, por ejemplo, en la gestión del COVID es un claro ejemplo de ausencia de transparencia, imposición de medidas y restricciones que nunca se explicaron debidamente a la ciudadanía, que fueron adoptadas sin participación de los ciudadanos, limitaciones de derechos que ni siquiera se consultaron con los sectores implicados.

En el informe del COVID concluye con un conjunto de sugerencias al Gobierno sobre una mayor transparencia en las subvenciones y en las ayudas concedidas, en los contratos relacionados con el COVID y en la publicación del pacto para la reactivación social y económica. Y lamentamos que esas sugerencias, señor comisionado, hayan caído en saco roto.

También el Grupo Nacionalista Canario pidió más transparencia sobre el pacto de reactivación social y económica y nos topamos con la negativa del Gobierno.

Y sobre algunos contratos millonarios del COVID, contratos fallidos, con indicios de presunta comisión de delitos, nos estamos enterando por fases y por los medios de comunicación.

Decía que todos tienen derecho a preguntar, pero al Gobierno le incomoda contestar a la oposición, y se extiende el reproche de que cada vez que preguntamos estamos haciendo política. ¿Eso hacer política? ¿Interesarnos por lo que la ciudadanía demanda? ¿Es hacer política trasladar sus problemas, hacer propuestas y fiscalizar al Gobierno? ¿Qué otra cosa si no es la labor de un parlamento? Esta y no otra es la labor de la oposición, de una oposición responsable.

Bajo el pretexto de la crisis del COVID, del volcán de La Palma o de la crisis migratoria se nos pide silencio, pero callando no estaríamos contribuyendo a mejorar las cosas y a transformar la sociedad. Esa es la labor de una oposición responsable.

La transparencia debe ir más allá de la mera transparencia formal de los datos para extender a la transparencia material del por qué de los hechos, del por qué de las decisiones, de las consecuencias de las políticas de los gobiernos.

Y sin ir más lejos, en Canarias seguimos sin saber el por qué de este viraje respecto al Sáhara, una decisión que nos atañe. Y vamos a tener hoy una visita a destiempo de un ministro, pero seguiremos sin saber cuáles son las consecuencias y por qué de esa decisión, sin poder participar en decisiones sobre política migratoria, cuando la razón, la ley y el Estatuto de Autonomía nos asisten sin poder conocer qué hay detrás y participar en decisiones de enorme calado sobre nuestras aguas, quizás deberían evolucionar las leyes de transparencia y pasar de la mera burocracia de los datos y de las cifras, que solo da una falsa apariencia de transparencia, y dar un paso más para que los gobiernos estén obligados a evaluar las políticas públicas, a dar explicaciones sobre sus decisiones, cuáles son las verdaderas implicaciones y las consecuencias de las políticas públicas para los ciudadanos.

Vamos terminando, señor presidente… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), dando las gracias al señor comisionado, una vez más, y a su equipo por el trabajo y le animamos a seguir trabajando en esta tarea de pedagogía de la transparencia. Cuente con el Grupo Nacionalista Canario para evolucionar en materia de transparencia y en las leyes de transparencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Mendoza.

La señora MENDOZA REYES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán.

Quiero empezar mi intervención recordando lo que ya explicó el señor Cerdán en su turno de intervención, qué es el Comisionado de Transparencia y Acceso a Información Pública de Canarias. Es un órgano dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia, del derecho de acceso a información pública. Y venimos hablando de transparencia desde el año 1992 y hemos ido actualizando la actividad conforme a las modificaciones europeas y los diferentes gobiernos de España hasta llegar a la ley que conocemos hoy.

Se le atribuía al comisionado dos facultades básicas que son: la del control del cumplimiento de publicar la información conocida como la publicidad activa; y la facultad de resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a información de las entidades y organismos incluidos en la propia ley de transparencia canaria. Y es, precisamente, este punto que venimos a tratar hoy en este informe anual correspondiente al año 2019. Y después de su intervención solo nos queda felicitar al comisionado por el trabajo realizado en estos años y por gestionar en el año 2021 los casi dos mil expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, es decir, un 55 % más de expedientes administrativos que el año anterior.

Extraemos del informe diferentes datos, todos ellos muy buenos en comparación con años anteriores, que reconocen el trabajo y la dedicación del comisionado para salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de Canarias.

Que se hayan triplicado las evaluaciones de transparencia en los dos últimos años es el resultado de unir esa dedicación plena del comisionado con la colaboración de los declarantes, cuestión que celebramos.

Ese trabajo concienzudo y la colaboración estrecha tiene como resultado dos cuestiones importantes: la primera, que el conjunto del sector público de Canarias supere la nota 7,7 como promedio de las evaluaciones, con respecto a las de 2020 y que de 1119 sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia 968 finalmente colaboraron con el comisionado presentando su declaración, es decir, un 86,51 %.

Extraemos del informe otro dato importante, y que podemos distinguir de los años anteriores, que las reclamaciones de derecho de acceso a la información y es que se hayan incrementado un 36 % este tipo de reclamaciones nos hace ver que la ciudadanía cada vez está más interesada en la información pública, en la transparencia, en manejar datos y, especialmente, en saber dónde reclamar si sienten indefensión por parte de la Administración pública.

Haciendo un balance de los siete años de vida del Comisionado podemos afirmar que el derecho de la información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad, así como explica en el informe presentado, los datos hablan por sí solos. De 1553 expedientes de reclamación se inadmitieron 307 reclamaciones, se estimaron totalmente 601, parcialmente 139 y formalmente por entrega de información fuera de plazo en trámite de audiencia otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde el 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas que reclamaban. El hecho de que haya crecido tantos puntos porcentuales la solicitud de información y de reclamación se puede deber a la buena respuesta de información del Comisionado dando una respuesta rápida y conforme a la ley de transparencia.

Con respecto a los índices de transparencia de Canarias celebramos que por cuarto año consecutivo todas las administraciones y las dos universidades canarias colaboraran con el Comisionado participando con la evaluación de transparencia del año 2020, lo que resalta el esfuerzo y la implicación de la colaboración de todas las entidades. Y no solo vemos el nivel de implicación de la colaboración sino de gestión de la transparencia teniendo una nota media en el año 2016 de 3,14 de las 96 instituciones a una nota media de 7,89 puntos de evaluación del año 2020. Y si analizamos esa puntuación, teniendo en cuenta también la población de cada administración, se logró una media de 9,24 puntos, por lo que podemos afirmar que la población de Canarias tiene un sobresaliente en el nivel de transparencia.

No nos extraña que teniendo todos estos datos hayan premiado al Comisionado de Transparencia de Canarias con el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública del año 2020 como premio que reconoce las prácticas innovadoras de los servicios públicos. Esto debe suponer un estímulo para la transparencia activa y participativa.

Con todo este recorrido, señor Cerdán, lo que nos queda es felicitar su labor al frente del Comisionado y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posibles los resultados de este informe, gracias a las entidades que colaboran para hacer de nuestra comunidad autónoma un referente de transparencia y acceso a la información teniendo cuenta la implicación del trabajo constante. No tenemos dudas, señor Cerdán, que los resultados serán mejores en el próximo informe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno de cierre para el comisionado.

Adelante.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días de nuevo.

Lo primero agradecer en nombre todo el equipo, pequeño pero muy fuerte, de las siete personas que componen el equipo del comisionado, más, siempre me gusta reconocerlo, dos auxiliares, ujieres del Parlamento que colaboran con nosotros en sus tiempos libres; también he de reconocer que sin el apoyo del resto del Parlamento, al fin y al cabo dentro de esta casa y a veces tiramos de los servicios, de los diferentes servicios del Parlamento, sería muy difícil, como les informaba, haber desarrollado 10 000 expedientes en estos últimos cinco años o a atacar a más de tres mil quinientos este año si no tuviéramos también el apoyo del personal del Parlamento que nos rodea.

Dicho esto, quería fundamentalmente ampliar un poquito algunas de las cuestiones que tocamos antes y en relación con los planteamientos que ustedes han realizado aquí.

Don Luis Campos por ejemplo a que no, y coincido con él, a que el hecho de que se produzcan más reclamaciones cada año en el conjunto o sobre el conjunto de las administraciones canarias no es un indicativo de negativo a nuestro entender, primero porque, como efectivamente ocurre, a medida que el comisionado, que es una institución joven, es más conocido más reclamado es, y, en segundo lugar, el despliegue de las leyes de transparencia ha sido lento, prácticamente no tuvieron ninguna publicidad ni estatal ni autonómica en ninguna parte, y el conocimiento de los derechos de los ciudadanos ha sido, diríamos progresivamente, diríamos a medida que han ido viendo algunas noticias en los periódicos han sabido que podían primero preguntar y luego reclamar a los comisionados. En ese sentido, y abundando en ese dato, Canarias prácticamente en este momento, en términos relativos, ya el año pasado tuvo 29 reclamaciones por 100 000 habitantes y fue la segunda comunidad en España en esa ratio por detrás de la comunidad de Cantabria.

En ese sentido pues ya les digo que a mí no me preocupa tanto que existan reclamaciones como el silencio administrativo tanto cuando los ciudadanos preguntan o, también, ese es un dato que no hemos comentado antes, cuando nosotros les preguntamos luego a las administraciones, oigan ustedes les damos un periodo de alegaciones para que contesten a las quejas de los ciudadanos y ni siquiera a veces en ese momento tampoco nos dan una mínima información que nos permita valorar si realmente hay que aplicar límites a la transparencia o no.

Dicho esto, también quería comentarles que, como después de haber alcanzado los niveles en los portales de transparencia en el sector público, nos estamos concentrando, como habrá ustedes podido ya ver, en el análisis de qué pasa con el uso de los fondos públicos cuando salen del ámbito de la Administración y se gestionan, se gastan, a través del sector, a veces público pero en su mayor parte privado.

Cuando les aludíamos a que este año vamos a hacer más de tres mil doscientas evaluaciones o emplazar, yo me daría por contento que de esos tres mil doscientos dos mil quinientos respondieran, estábamos hablando de que vamos a poner el foco sobre cómo informan de lo que hacen con más de mil trescientos millones de euros que el año pasado se entregaron por las diferentes… fundamentalmente por el Gobierno, los cabildos y los cuatro principales ayuntamientos de Canarias porque no hemos podido llegar a todos sino hemos tenido que centrarnos en los siete más cuatro más uno, en los once… en las doce instituciones principales de Canarias, pues qué han hecho con esos fondos de forma de que también la ciudadanía pueda enterarse de qué ocurre con las subvenciones o para qué sirven. Ustedes tengan en cuestiones, pronto lo publicaremos, que el año pasado prácticamente pasamos de treinta o cuarenta perceptores que tenían más de un millón de euros de subvención a más de doscientos este año, fundamentalmente por los fondos COVID. Hay varias decenas de empresas que han recibido más de cinco millones de euros de ayuda pública como consecuencia de las ayudas COVID el año pasado y algo tienen que informar al conjunto de la ciudadanía, no solamente a intervención dentro de dos años sino al conjunto de la ciudadanía de qué ha ocurrido, cómo, fundamentalmente cómo han podido con esa financiación a veces sostener el funcionamiento sectores económicos que se paralizaron completamente a consecuencia de los efectos de la pandemia.

Por eso, en este momento queremos, ya le digo, poner, ya que hemos superado el notable como media, en el… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí.

Le añadimos un minuto.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Pues fundamentalmente solamente concluir en este sentido anunciando también que, de acuerdo con estos proyectos, vamos a emitir una recomendación al conjunto de las administraciones canarias para que recuerden en cada convocatoria de subvención algo que muchas veces las entidades privadas no conocen, que es que no solamente tienen que rendir cuentas ante las intervenciones sino que tienen que hacer publicidad activa de cómo gastan los fondos. Porque, como les decía al principio, cuando uno está obligado a contar lo que hace, lo hace sustancialmente mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Queremos agradecerle en nombre de la Cámara al comisionado su trabajo y su comparecencia en el día de hoy en esta sesión plenaria.