Servicio Canario de la Salud

20 MINUTOS | EUROPA PRESS

El Comisionado de la Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha valorado este jueves la publicación de las listas de espera por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), destacando además que es el organismo dependiente de la Comunidad Autónoma que más mejora, con una nota superior a los siete puntos, si bien ha dejado claro que no se puede certificar la veracidad de los datos.

«No sabemos si todo lo que se publica es más o menos veraz», ha señalado en su comparecencia en comisión parlamentaria donde ha dado cuenta del informe de transparencia correspondiente de 2017, dado que tiene un «equipo insuficiente» para analizar todos los datos que publican las instituciones de las islas.

Por ello, ha pedido a los diputados que acudan a una comisión interna, conformada por el Gobierno de Canarias y las universidades, para que «afloren» los datos y se pueda llegar a la veracidad de las cifras.

Cerdán ha advertido también de que «hay un parón» a nivel nacional con el desarrollo de las leyes de transparencia, pues se han generado «problemas» derivados de la falta de desarrollo de los reglamentos, una tarea a la que obligará a los diputados de la próxima Cámara regional, dado que el recién aprobado Estatuto de Autonomía recoge que se debe impulsar una nueva ley.

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 98 instituciones de las islas (ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades) se concretó en 2017 en un nota media de 5,47 puntos, cuando al año anterior apenas había llegado a 3,14 puntos, mientras que la Comunidad Autónoma obtiene 8,03 puntos frente a los 7,69 del ejercicio anterior.

Además, 111 entidades públicas del total de las 345 existentes en Canarias no presentaron su declaración de transparencia, por lo que quedan reflejadas en este informe como incumplidoras.

Cerdán ha lamentado que la falta de personal les genera una tardanza media de unos tres meses para hacer las resoluciones y ha criticado que las instituciones «no entregan información al ciudadano ni aunque tengan una resolución del comisionado».

Ha comentado que los portales de transparencia funcionan a modo de «cámaras de vigilancia» y por ello quieren hacer «más sencillo» el proceso de petición de preguntas y quejas, incidiendo en que lo importante en esta primera fase es presentar los datos y que estén actualizados.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que se ha notado un cambio «a mejor» en la metodología del Comisionado gracias a las nuevas herramientas informáticas y también en la gestión de las instituciones, que han logrado el aprobado.

No obstante, ha mostrado su preocupación por la bajada de puntos de ayuntamientos como Hermigua, La Guancha o La Vega de San Mateo, y espera que este informe sirva de «revulsivo» para que las instituciones cumplan con su función de ofrecer toda la información y de manera ágil, especialmente en las entidades dependientes.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que «no es bueno» que apenas el 0,1% de los canarios solicite información y que solo 1 de cada 100 canarios visite el portal de transparencia. «¿De qué nos sirve esto?», ha apuntado.

 

INFORMACIÓN DESFASADA Y OBSOLETA

Ha dicho que en su «caso particular» de visita a los diversos portales de transparencia no consigue la información que precisa porque «no está» o está «desfasada y obsoleta», a veces también porque la ley no lo exige.

«Informar no es colgar muchos documentos», ha señalado, demandando que haya «calidad» y que la información sea «creíble y fiable», algo que no se cumple con los datos económicos que traslada el Gobierno de Canarias de su propia gestión. «Solo es comprensible para una minoría de expertos», ha agregado.

Por ello, ha pedido «repensar» la gestión de la transparencia y que se haga una «reflexión» de cara a la próxima Legislatura, al tiempo que se ha quejado de la «incongruencia» de que la información se le da primero a los ciudadanos que a los propios diputados.

Concepción Monzón, de Podemos, ha comentado que si se apuesta por la participación ciudadana «hay que saber qué se hace con el dinero público», por lo que ve «un reto» para la próxima Legislatura mejorar el control sobre las instituciones incumplidoras porque ahora, «si no cumple no pasa nada».

Ha demandado que la información «sea clara y entendible» para cualquier ciudadano en los portales web, lo que evitaría tramitar las solicitudes, incidiendo en que «lo más transparente» debe ser dar información sobre las obras públicas.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha comentado que la transparencia es «fundamental» para que los ciudadanos conozcan «qué pasa» en las administraciones públicas y en qué se gasta el dinero público, advirtiendo de la escasa puntuación de las universidades y las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.

Jorge se ha preguntado «por qué» la mayoría de los ciudadanos canarios no solicitan información, y ha abierto la puerta a que «a lo mejor» no les interesa lo que ocurre en las administraciones. «Creo que no, pero no lo desdeñemos», ha indicado.

Por el Grupo Socialista, Ventura del Carmen ha dicho que la transparencia aún se le «atraganta» a las instituciones canarias, haciendo especial hincapié en las dos universidades públicas, «que cumplen a regañadientes».

 

FALTA CULTURA DE TRANSPARENCIA

Ha comentado que «falta más cultura de transparencia» en Canarias y planteado si se puede sancionar a las instituciones incumplidoras porque entre la Comunidad Autónoma y los cabildos, por ejemplo, hay deficiencias con las concesiones de servicios.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha agradecido la mejora del informe del Comisionado y su índice de transparencia y los «avances» en las instituciones, si bien ha apelado a «seguir mejorando» tanto en la cantidad como en la calidad de la información.

Ha dicho que hay que «hacer pedagogía» entre los ciudadanos para que utilicen más la ley y frente a la «sanción», cree que en las administraciones públicas se obtienen más resultados a partir de la «estimulación».

Beato ha señalado que todas las administraciones públicas «están haciendo esfuerzos» por cumplir con la ley de transparencia pero no ha obviado que, en el caso de las más pequeñas especialmente, están lastradas por la falta de personal. 

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