Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se presentaron 863 reclamaciones frente a denegaciones de acceso a la información en el periodo 2016-2019

por

– El 88 % de las reclamaciones admitidas hasta 2019 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes

– El Comisionado de Transparencia presenta su Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, compareció el pasado martes 14 de enero de 2020 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de Transparencia 2018.

El comisionado inició su ponencia presentando los mapas interactivos con las notas del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que han sido estrenados en esta edición del informe. Con esta herramienta, señaló Cerdán, “para cualquier ciudadano y para ustedes mismos es muy fácil seguir a partir de ahora la evolución de transparencia de cada tipo de sujeto”.

Diapositivas utilizadas en la presentación del Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Cuatro años después del nacimiento del Comisionado de Transparencia, se han recibido 863 reclamaciones de derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, “eso significa que hemos tenido una reclamación por cada 2.400 canarios”, indicó el comisionado. El 88 % de las reclamaciones admitidas hasta 2019 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. Canarias es la comunidad donde más reclamaciones han existido por habitante en España, y “no creo que es porque estemos en peores condiciones de transparencia en el conjunto de las administraciones sino fundamentalmente porque hemos conseguido, no es que el Comisionado sea muy conocido, pero desde luego más conocido que la mayor parte de los comisionados autonómicos”, lo que deriva en un progresivo incremento anual del número de reclamaciones. (Ver tablas 1 y 2 al final de la página)

Además, en su andadura, este órgano garante de la transparencia ha realizado tres evaluaciones a todos los sujetos obligados de Canarias y “esto es una cuestión que en ninguna otra comunidad autónoma se ha repetido”.

El comisionado destacó que se trata del órgano más pequeño de Canarias, con poco personal, dos jefes de servicio, dos administrativas y tres becarios; y con el presupuesto más bajo de la Comunidad Autónoma. Cerdán expresó, en este sentido, que el control de la transparencia en Canarias “no le cuesta a cada familia canaria ni el coste de un cortado”, con lo cual, en el ámbito económico “nos movemos en unos márgenes que nos permiten justificar nuestra labor”.

Continuó Daniel Cerdán con autocrítica, destacando que el Comisionado resuelve las reclamaciones de la ciudadanía más tarde de lo necesario, por los reducidos medios con los que se dispone. Y señaló la necesidad de mejorar la ejecutividad de las resoluciones, porque “no siempre cuando resolvemos a favor de un ciudadano la administración reclamada entrega la información o recurre”.

Con respecto a los datos del derecho de acceso recogidos en el informe sobre el ejercicio 2018, el comisionado destacó que 527 de las 618 reclamaciones recibidas desde 2015 fueron por silencio administrativo, “no es que explicaran al ciudadano que no podían entregarle la información por esta causa o por este límite, sino que simplemente no le contestaron y dieron de alguna forma la callada por respuesta”, explicó Cerdán.

Desde el control de los portales de transparencia, la otra gran función del Comisionado, Daniel Cerdán resumió su labor en los tres años de evaluación. Se comenzó analizando a los 96 sujetos principales (Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos), de los que se consiguió evaluar a 37 en el primer año. Posteriormente, y a partir del censo de 340 entidades públicas de Canarias,  el número de sujetos evaluados fue creciendo hasta alcanzar la cifra de 278 evaluados durante el año 2019, en referencia al estado de los portales de transparencia en el ejercicio 2018. “Solamente se quedaron 62 sin responder, que llamamos incumplidores”; y añadió “sobre ellos, creo que tenemos que poner más el foco en la próxima evaluación porque 45 de ellos ni siquiera tenían página web”.

En cuanto a los resultados de la evaluación del ITCanarias, la Comunidad Autónoma ha ido progresando hasta llegar al 9,04 en 2018; los cabildos empezaron el primer año suspendiendo y en el ejercicio 2018 han obtenido un 7,39 de media aritmética; en los ayuntamientos es el único ámbito en el que se produce “una inflexión a la baja”, empezaron mal en 2016, subieron a 5,33 en 2017 y en 2018 han bajado a 5,16. Explicó Cerdán que “no lo entendemos tanto como un retroceso” porque “estimamos que aun habiendo bajado en sus instituciones principales, fundamentalmente han crecido en el número de entidades dependientes sobre las que han aportado información”. Por último, las universidades pasaron de un 5,26 en 2017 a un 5,53 en 2018.

Grabación de la Presentación del Informe 2018 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Turno de los portavoces

Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Ciudadanos, comenzó felicitando al comisionado y su equipo por el trabajo realizado. Destacó que en general se ve una evolución muy positiva del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia “y eso seguramente algo ha tenido que ver el trabajo que se ha venido realizando desde el Comisionado de Transparencia”. Además, destacó el portavoz que es “un convencido de apoyar la labor en los medios técnicos, por eso, veo como algo muy interesante, algo que viene reflejado en el informe como es esa aplicación de software libre que están desarrollando- el Comisionado- para que la información disponible pueda ser analizada y autoevaluada por cualquier persona”. Consideró, con respecto a la evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que es evidente que las administraciones “se han ido tomando cada vez más en serio el tema y eso es positivo”. Y concluyó: “si no avanzamos en medidas de algún tipo coercitivas, no podremos seguir avanzando de la manera en que se ha hecho en estos últimos años”.

El portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea, se refirió a “la evolución positiva que ha supuesto el papel del Comisionado de la Transparencia en la administración durante todos estos años y para poner en valor el gran esfuerzo realizado, algo que ha permitido que Canarias tenga el reconocimiento de dos premios a nivel nacional”. Resaltó también la importancia de la colaboración de más de 400 empleados públicos para realizar la evaluación que se sintetiza en el informe.

Desde la Agrupación Socialista Gomera,  expresó Ramos Chinea, “creemos que la transparencia y el derecho de acceso no solo han llegado para quedarse sino que debe ser lo normal en la sociedad actual”. Con respecto al derecho de acceso destacó que “es de agradecer al Comisionado de la Transparencia que haya tramitado satisfactoriamente para el ciudadano el 87 % de las reclamaciones desde el 2015”. Algo que implica una utilidad manifiesta para las administraciones y para los ciudadanos.

Francisco Antonio Déniz, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, empezó destacando que los datos del informe muestran “una tendencia al alza en cuanto a transparencia”. Considera Déniz que se trata de “un proceso hacia la transparencia”, es decir, “no solamente las instituciones van tomando conciencia de que la gente tiene que saber lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace, sino que también la ciudadanía tiene que activar sus preocupaciones”. Con respecto a las reclamaciones y solicitudes de información, señaló que el aumento se puede deber a que “otros organismos como partidos, sindicatos o también organizaciones empresariales no dan respuesta tampoco a la ciudadanía”.  El motivo de la falta de respuesta, valoró el portavoz, es la posible sobrecarga de las tareas que ya tienen asignadas los empleados públicos, teniendo en cuenta “las carencias de personal que tienen por ejemplo los ayuntamientos y otro tipo de administraciones”. Quiso destacar la labor y el esfuerzo, por tanto, que hacen los trabajadores para cumplir con las tareas de transparencia.

Déniz hizo algunas sugerencias de mejora al Comisionado, como la valoración de aquellos ayuntamientos o instituciones que hacen el esfuerzo de convocar asambleas y reuniones con vecinos y por aumentar así el contacto directo con la ciudadanía. Acciones que, consideró, son “transparencia pura y dura” y deberían de evaluarse.

La portavoz del Grupo Nueva Canarias, Sandra Domínguez, afirmó que este tipo de informes “son necesarios para que la sociedad canaria cuente con instituciones públicas más accesibles, más transparentes y cercanas, y capaces de generar sinergias” ya que si no hubiera Ley de Transparencia, continuó, “posiblemente tuviésemos administraciones mas opacas”. Hizo una sugerencia al Comisionado sobre la forma del informe y le pidió que se ajuste un poco más a los requerimientos del artículo 65 de la Ley para facilitar su estudio posterior. Coincidiendo con el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, consideró que el silencio administrativo, la falta de respuesta por los entes públicos y los suspensos que registran todavía 24 ayuntamientos hacen reflexionar sobre las carencias que pueden tener las administraciones en materia de personal y organización interna. “Creo que se ha de ahondar más en los motivos, en la justificación, si la hay, de por qué incumplen con la Ley de Transparencia”, señaló Domínguez. Además, añadió la preocupación sobre la escasa seguridad de que los datos sobre solicitudes sean precisos debido a que la mayoría de las instituciones no cuenta con un protocolo interno. Al respecto preguntó al comisionado de Transparencia si tiene una propuesta de protocolo general “para que los datos no queden distorsionados”.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, comenzó su intervención expresando que “la transparencia está constituyendo en estos momentos un nuevo estilo de vida político” ya que hace cuatro años parecía que las instituciones eran más opacas. Destacó el hito de que Canarias se ha convertido en referente para otras comunidades autónomas al ser la única que, tras la aprobación de la Ley de Transparencia, puede hacer comparativas con otros años del nivel de transparencia de sus administraciones públicas. Reverón expresó, por otro lado, su sorpresa ante la conclusión de que la disminución de la media de los ayuntamientos puede deberse a que la evaluación coincidió con el periodo electoral, porque “entendemos que unas elecciones municipales para nada pueden influir en que se paralice una administración pública”. La portavoz quiso hacer especial mención al descenso de nota registrado en determinadas entidades dependientes de la administración autonómica, sobre las que es “necesario llamar la atención y sobre todo ser vigilantes y garantes de que se vuelva otra vez a unos índices de transparencia óptimos”.

La portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, destacó la novedad de la evolución del Índice de Transparencia que incorpora el informe, “de modo que se pueda comparar la evolución desde el año 2016 al 2018 y se ve que esa evolución pone de manifiesto un esfuerzo notable en todas las administraciones públicas”, hecho en el que, destaca la portavoz, algo ha tenido que ver el Comisionado de Transparencia que, recordó, en Canarias tiene relevancia estatutaria. Beato felicitó al Comisionado porque está a la vanguardia con ese Índice de Transparencia de Canarias, “que es singular, que no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma” y también con la herramienta telemática T-Canaria “que ha sido merecedora, como ya se ha indicado, de algunos premios estatales”. La transparencia “se retroalimenta con las exigencias ciudadanas y en la medida que la ciudadanía se implique, exija, las administraciones dan respuesta”, algo que se ha venido estimulando en estos años con las acciones del Comisionado de Transparencia, como la aplicación, el sello de calidad o los premios a la excelencia, “incentivos que este Comisionado también ha ido incorporando”. Sin embargo, Beato preguntó al comisionado si está en crisis o en peligro la transparencia porque, consideró, “estamos en una situación actual de opacidad, no sabemos cuáles son los programas de algunos gobiernos, no conocemos los acuerdos a los que han llegado algunos partidos para la gobernabilidad en algunas instituciones”. Al respecto, señaló que “las obligaciones legales de información no pueden estar por encima de la obligación de la rendición de cuentas a la ciudadanía, de la obligación de ser transparentes, de que los ciudadanos conozcan cuáles son los compromisos de los gobiernos y cuáles son las premisas que llevan a cabo para la toma de decisiones”.

Por último, Manuel Fernando Martínez, portavoz del Grupo Socialista, expresó su reconocimiento a los empleados públicos y al equipo del Comisionado por su trabajo y por los premios que están obteniendo. Para valorar los datos del informe, Martínez utilizó el símil de las notas académicas, señalando a las entidades incumplidoras “yo las llamo los 62 fugados, ya que estamos en un símil académico, que durante tres convocatorias no se han presentado; y que yo creo que debemos de actuar de alguna manera para exigir que estas entidades cumplan con su obligación”. Al igual que a Luz Reverón, al portavoz del Grupo Socialista también le llamó la atención que las elecciones fueran motivo del descenso de notas de 2017 a 2018 en los ayuntamientos, ya que “creo que es en el periodo donde la administración debe de obtener mayor transparencia porque es a la que se presenta la ciudadanía y es paradójico que se dé esta situación, que en un año electoral la nota descienda”, explicó. Al respecto también señaló Martínez que la herramienta que tienen las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía es la transparencia y, por tanto, “no ayuda para nada ese 90 % de las reclamaciones por silencio administrativo”. Sobre la aplicación de software libre que está desarrollando el Comisionado de Transparencia, deseó que “nos convierta a cada uno de los diputados en los activistas de la transparencia”.

Daniel Cerdán agradeció a todos los portavoces sus “cálidas palabras de reconocimiento y también algunas críticas que, a buen seguro nos van a servir para mejorar en los próximos meses”. Quiso agradecer además la presencia del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y de la directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, en la medida en que “es un detalle que participen en la comisión y oigan de primera mano las diferentes sensibilidades que aquí se expresan”, consideró Cerdán, no solo de cómo mejorar la transparencia de las instituciones sino para recoger impresiones de cómo se pueden “ir afinando las herramientas que tenemos para fomentar más la transparencia en los ámbitos local e insular”.

Por otro lado, el comisionado de Transparencia propuso a los miembros de la Comisión de Gobernación la posibilidad de “que se constituyan como consejo, al menos mientras la Ley no diga otra cosa” para llevar en más ocasiones al control de la Cámara el control de las actividades del Comisionado de Transparencia.

Con respecto a la influencia de las elecciones en la evaluación, señaló que este año se detectó que en esos meses del año 2019 en los que coincidió la evaluación, entre febrero y mayo, con precampaña y campaña electoral, los ayuntamientos “no estaban reaccionando como reaccionaron en años anteriores cuando les instábamos a mejorar el portal”, porque “nadie pensaba que por la mejor o peor calidad de su portal de transparencia iba a evolucionar mucho su voto” y se prefería “otro tipo de actividades- como reuniones asamblearias- que no mejorar el portal de transparencia”.

Otra de las preguntas más planteadas por los portavoces fue sobre las medidas para mejorar el cumplimiento por parte de las administraciones de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso. El comisionado de Transparencia expuso que ya se ha apuntado en los informes algunas medidas de propuestas de cara a una modificación de la Ley; pero como esta modificación puede tardar, se ha valorado con el Gobierno de Canarias adelantar algunos retoques: a la vista de que está en marcha un proyecto de Ley de medidas administrativas urgentes, se puede introducir algún tipo de elemento “que posibilite al Comisionado de Transparencia la imposición de algún tipo de multa para aquellos incumplidores crasos y reiterados y empecinados”, fundamentalmente para aquellos que hacen “caso omiso de las resoluciones del Comisionado de forma clara” y de los “pasotas de la transparencia”, que no solo no tienen portal de transparencia sino que 45 de ellos no tienen ni web. Así ha ocurrido en la última modificación de la Ley de Transparencia navarra.

Daniel Cerdán agradeció también las alusiones a los premios recibidos, que son, remarcó, “una manera de recompensar a mi pequeño equipo el esfuerzo que ha puesto para que, a pesar de los limitados medios que tenemos, tratar de estar en punta en España, especialmente en el control y evaluación de los portales de  transparencia”. Todos los comisionados resuelven reclamaciones por derecho de acceso, destacó, pero en muy pocas comunidades alguien está reclamando a los comisionados que evalúen. Por ello, supone un esfuerzo añadido que se ha tratado de resolver con un modelo “que no solamente permite al Comisionado ejercer su labor de control sino que permite a todos los sujetos autoevaluarse y saber ellos mismos cómo están, en qué pueden mejorar, y por lo tanto, ser autónomos para ir mejorando las cosas poco a poco”.

Anunció que la herramienta en la que están trabajando, ‘Evalua-T’, servirá no solo para funcionarios sino para cualquier tipo de activistas y podrá usarse en cualquier punto de España, “porque entendemos que nuestra evaluación tendrá sentido cuando se puedan comparar los ayuntamientos de cualquier punto del país con los canarios y viceversa, que es una cosa que hasta ahora no se puede hacer porque no hay una herramienta semejante”. 

Tabla 1. Estadística operativa: Expedientes administrativos en el Comisionado de Transparencia de Canarias 2015 – 2019

Tipo de expediente 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Reclamaciones por derecho de acceso  a la información 18 91 154 355 245 863
Denuncias sobre incumplimiento de Ley de Transparencia 0 0 7 6 6 19
Consultas por escrito 0 0 3 2 3 8
Solicitudes de acceso a la información del Comisionado por escrito 0 0 0 5 3 8
Evaluaciones de portales de transparencia (ITCanarias)   37 96 209 278 620
TOTAL  18 128 260 577 535 1518

PIE DE TABLA.- La tabla refleja el conjunto de los 1.518 asuntos abordados mediante procedimientos administrativos por el equipo del Comisionado de Transparencia, (cuatro funcionarios y dos becarios en 2019) principalmente a través de la sede electrónica (https://sede.transparenciacanarias.org/).

No están incluidas las solicitudes de información o consultas resueltas vía presencial, telefónica, correo electrónico o redes sociales, o las planteadas y resueltas en los encuentros informativos presenciales mantenidos cada año en las siete islas con los más de 400 funcionarios públicos responsables de las entidades e instituciones. Además, se tramitaron diez instancias redirigidas a las administraciones que realmente eran competentes en el caso.-

Cabe precisar que las evaluaciones del ITCanarias realizadas cada año se refieren al estado y calidad de los portales de transparencia en el ejercicio anterior; y que en 2015 la actividad se llevó a cabo en el último cuatrimestre del año. En 2020 los expedientes de evaluación de portales crecerán considerablemente al alcanzar por primera vez a los sujetos obligados privados con mayores ayudas o subvenciones públicas.

Tabla 2. Número de reclamaciones por comunidades autónomas, cifras absolutas y ratios por 100.000 habitantes entre 2015 y 2018

Comunidad Autónoma Consejo/Comisionado que resuelve las reclamaciones Número de habitantes Número de reclamaciones  Ratio (100.000 habitantes)
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andalucía Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 8.399.043 8.388.107 8.379.820 8.384.408 13 232 495 455 0,2 2,8 5,9 5,4
Aragón Consejo de Transparencia de Aragón 1.317.847 1.308.563 1.308.750 1.308.728 9 23 44 68 0,7 1,8 3,4 5,2
Principado de Asturias Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.051.229 1.042.608 1.034.960 1.028.244 3 26 62 52 0,3 2,5 6 5,1
Baleares Comisión para la resolución de reclamaciones de Baleares 1.104.479 1.107.220 1.115.999 1.128.908 3   14 21 0,3 0 1,3 1,9
Canarias Comisionado de Transparencia de Canarias 2.100.306 2.101.924 2.108.121 2.127.685 18 91 154 355 0,9 4,3 7,3 16,7
Cantabria Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 585.179 582.206 580.295 580.229 12 49 96 82 2,1 8,4 16,5 14,1
Castilla y León Comisionado de Transparencia de Castilla y León  2.472.052 2.447.519 2.425.801 2.409.164 10 102 202 314 0,4 4,2 8,3 13
Castilla- La Mancha Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 2.059.191 2.041.631 2.031.479 2.026.807 4 49 157 96 0,2 2,4 7,7 4,7
Cataluña Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) 7.508.106 7.522.596 7.555.830 7.600.065 37 561 470 519 0,5 7,5 6,2 6,8
Comunitat Valenciana Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Valencia 4.980.689 4.959.968 4.941.509 4.963.703 12 118 174 200 0,2 2,4 3,5 4
Extremadura Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1.092.997 1.087.778 1.079.920 1.072.863 1 21 74 64 0,1 1,9 6,9 6
Galicia Comisión da Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo) 2.732.347 2.718.525 2.708.339 2.701.743 7 55 132 169 0,3 2 4,9 6,3
Comunidad de Madrid Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 6.436.996 6.466.996 6.507.184 6.578.079 21 56 284 242 0,3 0,9 4,4 3,7
Región de Murcia Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 1.467.288 1.464.847 1.470.273 1.478.509 13 61 85 219 0,9 4,2 5,8 14,8
Comunidad Foral de Navarra Consejo de Transparencia de Navarra 640.476 640.647 643.234 647.554 1   15 35 0,2 0 2,3 5,4
País Vasco Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 2.189.257 2.189.534 2.194.158 2.199.088 2 2 32 101 0,1 0,1 1,5 4,6
La Rioja Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 317.053 315.794 315.381 315.675 1 13 17 15 0,3 4,1 5,4 4,8
Total comunidades autónomas 46.454.535 46.386.463 46.401.053 46.551.452 167 1.459 2.507 3.007 0,4 3,1 5,4 6,5
                           
        Media aritmética 9,82 97,3 147,5 176,9 0,5 2,9 5,7 7,2

PIE DE TABLA.– Se analiza el ratio del número de reclamaciones por cada 100.000 habitantes en las 17 comunidades autónomas (sin contar las reclamaciones presentadas por denegaciones de la Administración General del Estado (AGE), que las resuelve el Consejo de Transparencia español).

En las comunidades autónomas las reclamaciones conjuntas a gobiernos autonómicos, diputaciones o cabildos, ayuntamientos y universidades tuvieron un crecimiento muy fuerte en los años 2016 y 2017; de forma que en el segundo de estos años casi se duplicó el valor de la ratio precedente, al pasar de 2,9 a 5,7 reclamaciones por 100.000 habitantes. En 2018 siguió creciendo en menor proporción pero a fuerte ritmo hasta alcanzar las 7,2 reclamaciones por cien mil personas censadas.

En 2018 en Canarias se alcanzaron las 16,7 reclamaciones por 100.000 habitantes, duplicando la media nacional de 7,2.  Este ratio se va a reducir en 2019 por la tendencia a la baja de las reclamaciones en los diez primeros meses del año.

El Comisionado de Transparencia presenta su Informe 2017 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

por

El pasado jueves 17 de enero de 2019 tuvo lugar la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad en el Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de 2017 del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron de forma unánime la labor del Comisionado de Transparencia en sus tres años de funcionamiento y, en concreto, su último Informe de Evaluación de la Transparencia de 2017.

Comenzó la intervención el comisionado Daniel Cerdán agradeciendo, en primer lugar, el apoyo unánime que todos los grupos de la cámara prestaron a la inclusión de la figura del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Estatuto de Autonomía de Canarias porque “es el primer estatuto de una Comunidad Autónoma que incorpora este órgano garante de la transparencia dentro del bloque estatutario y, por lo tanto, dentro del bloque constitucional”.

Continúo Cerdán haciendo autocrítica, y recordaba que el año anterior “echaba de menos el no haber visitado o informado más al conjunto de las islas de la actividad de la transparencia y de cómo mejorar su nivel de cumplimiento”. Ya en el ejercicio objeto del informe, señala el Comisionado que “hicimos jornadas en todas las islas, excepto en Lanzarote porque no cuadraron las fechas con el Cabildo”.

En este año, considera Daniel Cerdán, la mayor crítica que se le podría hacer es que se ha extendido el periodo de resolución de las reclamaciones, no solo porque ha aumentado el número de las reclamaciones, sino también por el cambio de la titularidad del Servicio de Reclamaciones y la falta de personal.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, en su comparecencia en la Comisión de Gobernación

Canarias sigue siendo la única Comunidad que mantiene un ranking autonómico propio y consolidado de acuerdo con una metodología aceptada en el conjunto del país pero todavía solo implantada en Canarias, como es la metodología MESTA.

El comisionado de Transparencia quiso valorar que el primer año que se les hizo el cuestionario, solo contestaron el 40 %, en 2016 solo contestaron el 89 % y en el último ejercicio, 2017, se ha logrado que al final el conjunto de las 98 instituciones principales de canarias responda. Aunque reconoció que esto se consiguió ampliando cuatro veces el plazo y retrasando incluso el informe “con el objeto de que todo el mundo tuviera oportunidad de rendir cuentas”.

Por otro lado, destacó que por primera vez se realizó la evaluación con una aplicación informática llamada ‘T-Canaria’, que “ha permitido que más de 300 funcionarios se dieran de alta y rindieran cuentas a través de este instrumento. Ese ha sido uno de los factores que nos ha permitido, con un pequeño equipo como el que tenemos, no solamente llevar a cabo las resoluciones, la respuesta a las reclamaciones, que es lo habitual en los órganos de transparencia, sino también esta evaluación”. A través de la aplicación, el Comisionado de Transparencia ha conseguido “de una forma ágil y económica, ya sin mediar papel alguno, que sea un algoritmo el que haga los cálculos y ponga la nota de cada sujeto obligado, prescindiendo de una cierta arbitrariedad que se puede tener cuando se ponen las notas a ojo”.

Con respecto a las notas obtenidas, el Comisionado quiso destacar que por primera vez la media del conjunto de las 98 administraciones canarias supera el 5, cuando en el 2016 la nota media era de 3,14. “Los hechos evidencian, cada año más, que cuando una actividad se evalúa cada año se contribuye de una forma bastante clara a que se mejore, porque todos los sujetos obligados saben que les van a controlar”.

Lamentaba finalmente Cerdán que en el ámbito del derecho de acceso en general, ni en Canarias ni en el conjunto de España, las noticias son tan alentadoras, porque “todavía hay, no solamente instituciones que no entregan la información a los ciudadanos cuando les preguntan, sino sobre todo, instituciones que aun recibiendo una resolución por parte del Comisionado que les obliga a entregar la información que pide el ciudadano, todavía no entregan la información. Concretamente, de las 146 resoluciones que emitimos el año 2017, al menos 11 de ellas no han sido cumplidas por las instituciones a las que se referían”.

Como solución a esta situación, apeló el comisionado a que la cámara tenga en cuenta estos datos de cara a futuros desarrollos normativos que están pendientes, para que se establezca o no algún tipo de sanción, “como tienen, por ejemplo, en el ámbito de la información económico- financiera, en la Audiencia de Cuentas. Algún tipo de penalización para aquellas entidades que no cumplen adecuadamente con la transparencia, bien en materia de respuesta a los ciudadanos cuando preguntan o bien porque sus portales de transparencia no llegan a los mínimos deseables que todos esperábamos”.

 

Turno de los portavoces

El portavoz del Grupo Mixto, Jesús Ramos Chinea, comenzó el turno de intervenciones, exponiendo que “se ha notado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo, a mejor, eso es bastante importante, en el formato del informe del Comisionado de la Transparencia. No porque los anteriores informes fueran más sencillos o escuetos, todo lo contrario. Para nuestro grupo siguen siendo impecables y demuestran que se podía hacer un buen trabajo a pesar de la falta de recursos de años pasados. Y es precisamente cuando se ponen más recursos y se incluye una herramienta informática como es el programa “T-Canaria” cuando se da este salto a mejor, por lo que esperamos que en lo sucesivo se sigan reforzando los medios del Comisionado de la Transparencia para seguir implementando mejoras y para hacer que el alcance de su acción pues llegue con plena operatividad a toda Canarias y a todos los canarios que hagan uso de su derecho a la información ante la administración pública”.

María Esther González, portavoz de Nueva Canarias, por su parte, se mostró crítica con la disposición actual de la ley de transparencia: “En esta cámara, que es la que aprueba las leyes, entiendo que deberíamos de hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo”. Conclusión que daba la portavoz a una previa reflexión: “La transparencia no se mide por la cantidad de papeles, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas, transparentar información es transparentar datos comprensibles, que nos permitan crearnos una opinión, que nos permitan conformar juicios de valor. Con lo que uno de los requisitos indispensables es que la información suministrada sea clara, o lo que es lo mismo, sea comprensible, y otro requisito, además, es que sea fiable. Y de esos requisitos mínimos, la información económico-financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno de Canarias no cumple ni uno”.

Por su parte, María Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, vio necesario nombrar en su turno a las entidades incumplidoras o con baja nota en el Índice de Transparencia de Canarias, ya que, según su opinión, falta que en la ley haya algún tipo de sanción al que incumpla las obligaciones de transparencia. Considera que actualmente “si no cumple no pasa nada y si no cumple y no pasa nada, pues evidentemente lo que nos queda es visibilizar a aquellas instituciones que no cumplen”.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Jesús Jorge, destacaba que se trata de “un trabajo bastante exhaustivo, bien elaborado, bien estructurado”. Sin embargo, con respecto a al Índice de Transparencia de 2017 considera que, a pesar de la notable mejoría con respecto al año anterior, hay varios ‘puntos negros’, “particularmente me refiero a las dos universidades canarias, me parece escaso ese ratio de puntuación de transparencia, y a las entidades paralelas de la administración pública, que sí, es verdad que empiezan ahora a evaluarse, pero ese 4,64 puntos sobre 10, no me parece un ratio lo suficientemente elevado como para estar satisfechos en relación al nivel de transparencia de todas ellas”. Con respecto al interés de los ciudadanos por informarse, el portavoz considera que “existe todavía poco conocimiento de la actividad de la administración pública y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer exactamente lo que hace”.

Ventura del Carmen Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista Canario, exponía que “si hablamos de transparencia como dejar pasar la luz, los colores, las imágenes, la realidad exacta de lo que tenemos al otro lado, nosotros creemos que la transparencia en Canarias aún se le atraganta a la administración en general”. Aún así, afirmaba que “podemos estar contentos, es una buena noticia pasar de un  3,14 a un 5,47, consiguiendo ese aprobado ‘raspadito’. Que sean 98 las instituciones, el 100 %, ya en estos momentos después de tres años de aprobación de la ley. Y además basados en esa metodología nueva de evaluación que ha elaborado el Comisionado de la Transparencia”.

La portavoz socialista formuló también varias preguntas al comisionado de Transparencia. Entre ellas, “¿cómo está la situación en el informe del año 2017 con respecto a la listas de espera sanitarias?” Haciendo referencia a que el año anterior el Comisionado había dejado constancia de la falta de transparencia en dicha materia. Daniel Cerdán, respondía que el Servicio Canario de Salud es uno de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias con mayor puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017, construyendo un portal nuevo, publicando de nuevo las listas de espera sanitaria y mejorando, por tanto, su transparencia con respecto a 2016.

Por otro lado, le preguntaba la socialista su opinión con respecto a la respuesta que dio el Gobierno de Canarias sobre la resolución del Comisionado acerca del acceso a documentación relativa al gasto en publicidad de la Consejería de Turismo y Promotur. El comisionado aludió a que la resolución en cuestión recordaba no solamente la obligación del Gobierno de entregar la información, sino que deben de publicarlo en el portal de transparencia, y reconocía que es uno de los mayores incumplimientos, no solo del Gobierno, sino de todas las administraciones que dejan de publicar sus contratos de publicidad, ya que la Ley de Transparencia de Canarias, es una de las tres leyes autonómicas en las que está esa obligación, “y si está es para cumplirla o para eliminarla pero no para dejarla un poco en el limbo”.

La última interviniente fue la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, quien comenzaba, como los anteriores, felicitando al comisionado y a su pequeño equipo por el Informe, porque es un informe que “ha evolucionado, que ha mejorado, no solo en la forma sino en el fondo, su parte sustantiva y su contenido”. Recordaba además que “hace dos años Canarias innovaba como el primer Parlamento en el que se debatía un informe de estas características, el año pasado se innovaba con la creación, la puesta en funcionamiento de ese índice de Transparencia que sirve como herramienta para establecer un sistema de medición fiable para todas las administraciones públicas, bajo el mismo rasero, con la misma metodología; que en este año, además, se perfecciona con esa herramienta informática, el “T-Canaria”, y la autoevaluación que han hecho las entidades obligadas”.

Este informe, sostiene Beato, “nos ha de servir como una foto de la realidad, una herramienta para mejorar, para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar y a corregir, para continuar avanzando en una tarea que es de mejora continua, que no se acaba nunca y, por lo tanto, hay que seguir avanzando, al mismo tiempo que se gestiona y que se cumple con los servicios públicos a los ciudadanos”.

Finalmente, el comisionado Daniel Cerdán, tras responder a cada una de las intervenciones de los portavoces, cerraba la comisión deseando “que en el futuro, en la próxima legislatura, se pueda seguir escalando y progresando en esta materia como creo que merece la pena”.

–> Grabación del Parlamento de Canarias: https://www.parcan.es/video/grabacion/10268/#1

Informeanual2017

«Sin presión ciudadana las instituciones seguirán siendo poco transparentes «

por

«No hay buena información ni muy accesible sobre los contratos y vamos a poner más atención», afirma Daniel Cerdán Elcid, Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Entrevista a Daniel Cerdán en La Provincia por Flora Marimón

El 80% de las instituciones canarias incumple la Ley de Transparencia. ¿Por qué es tan elevado el dato?

Lo que no llegan es al mínimo que podía esperarse. Hemos creado un Índice de Transparencia en Canarias, el primero que se hace en una autonomía, y hemos tratado de determinar diferentes exigencias tanto para el Gobierno y cabildos como para ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes, y hemos encontrado que solo están llegando al mínimo, y fundamentalmente el resto no llega porque han entendido que cumplir con la Ley de Transparencia es abrir simplemente un portal. Y no es solo abrir un portal sino mantenerlo y actualizarlo con los datos que exige la norma, y eso cuesta tiempo y esfuerzo, y mientras no sientan una presión popular de mayor de demanda de los ciudadanos, las instituciones seguirán siendo poco transparentes.

¿Por qué los ciudadanos no presionan más? ¿Creen que no les van a contestar si piden información?

Es curioso. No presionan más porque no está en nuestra cultura canaria y española preguntar. De pequeños siempre se solía decir que es de mala educación preguntar, y parece que molestas si preguntas a tu alcalde o a tu concejal cosas delicadas. Pero si los ciudadanos no son exigentes la transparencia no se va a mover. Eso por una parte, pero es aún más difícil de entender por qué los profesionales de la pregunta, que son los periodistas, no lo utilizan más. Es cierto que tienen otras vías históricas, que son los gabinetes de prensa , pero también es cierto que esto les da más garantías porque aunque es un poco más lento, pues las instituciones tiene un mes de plazo para responder, tienen más garantías de que por esta vía se les responda, pero sin embargo no se quejan cuando buscan un dato que, en teoría, debería estar en el Portal de Transparencia y no está.

Es posible que no sepan cómo funciona, en general.

Puede ser, pero estoy seguro de que va evolucionar con el tiempo, aunque dependerá de que esa cultura cambie más rápido o menos rápido, porque la gente cuando aprecie todas la ventajas que suponen estos nuevos derechos de acceso a la información y que son relativamente rápidos los usarán más, porque si las administraciones no contestan en un mes pueden elevar un trámite gratuito ante el Comisionado, que genera una resolución ejecutiva para que respondan.

¿Cuáles son las cuestiones que las instituciones están dejando de poner en sus portales?

Fundamentalmente, y son temas que vamos a vigilar, es bastante escasa la información que ponen sobre planes y programas, y es un apartado de la ley que es muy claro, pues se indica que expliciten qué es lo que quieren hacer al principio de la legislatura para que la gente pueda saberlo y para que al final de una legislatura los ciudadanos puedan contrastar y ver en qué medida lo que dijeron que se iba a hacer, se ha ido haciendo y se ha hecho y, por lo tanto, la transparencia se convierta en una pieza fundamental para la rendición de cuentas. Luego, tampoco hay muy buena información ni muy accesible sobre contratos. Y esperamos en el próximo año poner especial atención sobre cómo las instituciones informan sobre su contratación. Esos dos temas son claramente mejorables en los portales de transparencia. A pesar de que la gente, en un primer momento, lo que iba era a mirar los sueldos de los políticos porque era la novedad ahora son estas cuestiones, como los contratos fundamentalmente.

¿Y qué preguntan sobre los contratos?

Pues de la contratación de múltiples servicios de las administraciones. Este tipo de información es la que ocupa más la atención de los ciudadanos y entidades.

El Gobierno tiene buena nota en transparencia, un 7,69 sobre diez, pero ¿bajaría si se contabilizaran las entidades dependientes del Ejecutivo?

El Gobierno ha hecho sus deberes iniciales en el Portal de la Transparencia, si bien en el primer año de la ley prácticamente hicimos una constatación de que las instituciones empezaron a aplicarla y tenían portal de transparencia; en el segundo año -2016- hemos elevado el listón de medida entendiendo que ya habían tenido más tiempo de aplicación de la ley y en esa elevación de listón ha habido algunas instituciones que han llegado al mínimo, entre ellas, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de portales de transparencia, porque, digamos, hemos colocado un listón bastante accesible. El año que viene elevaremos más el listón y analizaremos mucha parte de la información obligada del Gobierno que está en el segundo nivel, como empresas y entes vinculados al Ejecutivo. Este año no lo hemos podido ver, entre otras cosas por nuestra ausencia de medios.

¿Qué medios tienen?

Dos funcionarios técnicos y un auxiliar y queremos medir el año que viene a todas las entidades dependientes del Gobierno, cabildos y de los ayuntamientos, al menos las más importantes, que son 81 del Gobierno, más de 60 de los dos cabildos principales y el resto, hasta 394, del conjunto de las administraciones canarias. Y en el caso del Gobierno, en el ámbito de la instituciones dependientes la transparencia no es tan alta. Por lo tanto, si hubiéramos tenido medios para hacer el análisis también de las 81 entidades del Gobierno posiblemente esa nota hubiera sido más baja.

Si están incumpliendo en general la Ley de Transparencia ¿es que no se la están tomando en serio?

Lo que ocurre es que como no sienten la presión ni de los medios ni de la población pues, evidentemente, los cargos públicos van atender con los recursos limitados que tienen allí donde hay demanda, no solo donde la ley obliga. La transparencia ha estado en la agenda política de este país en los últimos tiempos como elemento de regeneración democrática y ha habido un primer intento de decir: empiezo a cumplir y abro mi portal de transparencia para que no me penalicen en Transparencia Internacional o el Comisionado… Vamos, para no aparecer mal en la foto, pero una vez hecho esto, ahora hacen falta unos medios que no siempre están dispuestos a poner y, a veces, es solo cuestión de organización de trabajo.

¿Es Canarias una comunidad transparente con respecto a otras?

En estos momentos hay tres comunidades autónomas en las que se conozca una evaluación global de la transparencia, que son Cataluña, Canarias y Castilla-León, que ha hecho también un intento de medición, pero no se está midiendo casi la transparencia en las comunidades autónomas y, menos, con un sistema homogéneo, por lo tanto, no las podemos comparar. Se está pendiente de implementar un sistema homogéneo de medición, que lo ha encargado el Consejo de Transparencia español. Por tanto, ahora no hay herramientas para comparar entre comunidades.

¿Qué tipo de reclamaciones recibe?

En el año 2015 hemos tenido 18, el año pasado 91 y este año posiblemente vamos a llegar a las 300, y ya le decía antes que las reclamaciones son, fundamentalmente, en contratos de la administración de todo tipo. La gente quiere saber bien sobre contratos particulares o bien sobre lo que la administración ha contratado en alguna materia concreta.

¿Y le dan la información al final?

De las que hemos resuelto, 72 fueron favorables a los ciudadanos y de esas ha habido dos instituciones que han empezado a recurrir. Estos recursos se van a sustanciar ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al considerar que somos un órgano parlamentario. Uno de los que han recurrido al Comisionado porque no quiere entregar una información importante sobre un contrato es el Consorcio de Aguas de Lanzarote. Es un tema sensible, y es evidente que las administraciones se van a a tener que acostumbrar a trabajar dando más información a quien se la pida.

¿Los ayuntamientos pequeños son los que más dificultades tienen para ser transparentes?

Hay ayuntamientos como Fasnia, Frontera, Güímar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide que, a pesar de ser pequeños, han hecho su esfuerzo y están mejor que muchos grandes. En el lado contrario hay mucho ayuntamiento que no se ha movido, como en municipios de La Palma. No siempre el ser pequeño te lleva a cumplir mal las obligaciones.

El comisionado de Transparencia abre las Jornadas Insulares sobre Transparencia y Buen Gobierno del Cabildo de Tenerife

por

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, intervino en la apertura de las Jornadas Insulares sobre Transparencia y Buen Gobierno organizadas por el Cabildo Insular de Tenerife que se celebraron entre el 10 y el 11 de noviembre de 2016. En las Jornadas se trataron conceptos como transparencia, innovación pública, colaboración con la ciudadanía, rendición de cuentas, procesos participativos, co-creación y generación de valor público.

«De alguna manera, lo que estamos haciendo hoy o empezando con estas jornadas es como encender velas. Cada vez que alguien se reúne para hablar del tema, cada vez que alguien hace una pregunta que tiene que ver con la transparencia, cada vez que un funcionario publica algo en la página web o en el portal de transparencia; de alguna manera esta encendiendo una vela», expresó Daniel Cerdán.

Para el comisionado de Transparencia hay que empezar por la base, que es «no solamente decir que vamos a ser transparentes de puertas a fuera, sino realmente hacer lo posible por que toda la información esté en los portales de transparencia o en las webs públicas; y también por ser generosos a la hora de responder cuando preguntan los ciudadanos».

 

 

Programa de las Jornadas: https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/agenda/item/4401-jornadas-insulares-sobre-transparencia-y-buen-gobierno

Primera entrevista en televisión del comisionado de Transparencia de Canarias

por

  • La figura del Comisionado de Transparencia ha sido creada por el Parlamento para acercar la acción de las instituciones a los ciudadanos

Daniel Cerdán fue entrevistado el pasado mes de mayo por primera vez en televisión como comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el informativo Buenos Días Canarias de Televisión Canaria por Marta Modino, sobre el inicio de su andadura como órgano garante de la transparencia en Canarias.

«El hecho de que se conozca más y mejor la actividad de cada servicio va también, a la función pública, a estimularle a producir mejores ratios, mejores resultados en la función. No solamente va a prevenir el acometimiento de faltas sino va a estimular mayor rendimiento en el conjunto de la función pública, indicó Daniel Cerdán.»