– Afrontó 525 reclamaciones de ciudadanos frente a denegaciones de información y evaluó 968 portales de transparencia el año pasado
Durante los dos últimos años, y a pesar de las dificultades de la pandemia, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha triplicado su actividad, al pasar de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1.965 en el año 2021; en su mayor parte referidos al amparo a los ciudadanos a los que se le había denegado información y al control de los portales de transparencia públicos y privados (968 el año pasado) para que publiquen toda la información obligada por las leyes. En sus seis años de existencia ha resuelto 4.945 expedientes.
El comisionado Daniel Cerdán rindió cuentas hoy en una rueda de prensa en el Parlamento sobre su actividad durante el ejercicio 2021 y durante los 6 años de existencia de este órgano dependiente del Parlamento de Canarias más joven.
Entre las funciones esenciales del Comisionado de Transparencia están amparar a la ciudadanía en sus reclamaciones por derecho de acceso cuando les deniegan información las instituciones canarias, controlar los portales de transparencia y difundir, crear e incentivar la cultura de la transparencia. En esos tres aspectos ha centrado su rendición de cuentas el comisionado de Transparencia.
El total de expedientes administrativos desarrollados por el Comisionado de Transparencia de Canarias ha aumentado un 55 % en el último año. Durante los seis años de actividad del Comisionado de Transparencia, se han gestionado 4.945 expedientes que, junto a otras actividades de carácter no administrativo, suman un total de 10.000 asuntos abordados desde 2015.
“Esto ha sido posible fundamentalmente, no porque haya crecido mucho la plantilla, que solamente en esos años aumentó en una persona, sino por la intensa digitalización de los procedimientos del Comisionado, tanto en sede electrónica para trabajar las reclamaciones como en evaluación de la transparencia -que en el año 2021 fueron 968 los sujetos evaluados-, y eso ha sido posible porque contamos con más de 1.000 colaboradores de las 340 entidades públicas canarias y de las casi 600 entidades privadas subvencionadas que se han autoevaluado y que ha contribuido con nosotros a este trabajo”, sostiene Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias.
Con respecto a la actividad en materia de derecho de acceso, en el año 2021 hubo 525 reclamaciones por derecho de acceso a la información pública, lo que supone un aumento de más de un tercio respecto a las del año 2020.
Desde 2015 a 2021 se han registrado en el Comisionado de Transparencia 1.774 reclamaciones por derecho de acceso a información pública, de las que se han resuelto 1.532, 500 reclamaciones cada año aproximadamente.
De las 1.532 reclamaciones resueltas hasta ahora, 1.225 fueron estimadas y 307 se inadmitieron, fundamentalmente porque eran cuestiones que no correspondían al Comisionado de Transparencia y se derivan en la mayoría de los casos al Diputado del Común, que es el competente para esos temas. Solamente un 5 % de las reclamaciones fueron denegadas a personas que solicitaban información pública, por estar sujetas a protección de datos personales u otro tipo de límites. En este sentido, solo 1 de cada 20 ciudadanos que reclama obtiene una respuesta desestimatoria por parte del Comisionado de Transparencia.
Intervinieron en la rueda de prensa también Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales y Clara Rodríguez, asesora técnica de Evaluación y jefa de gabinete en funciones.
El 80 % de las reclamaciones han tenido su origen durante 2021 en el silencio administrativo, lo que supone que de cada 10 personas que reclaman, 8 han solicitado información a la administración y han obtenido el silencio como respuesta, indicó Teresa Casanova. En cuanto a la brecha de género, cada vez es mayor ya que en 2020 era en torno al 75 % el número de hombres que presentaban reclamaciones frente al 25 % de reclamaciones presentadas por mujeres y en el 2021, aumenta la diferencia a un 81 % de reclamaciones interpuestas por hombres. Sobre el soporte en el que se presentan las reclamaciones, el 95 % en el 2021 ha sido ya de forma electrónica. Y la información más solicitada en las reclamaciones presentadas por la ciudadanía en 2021 fue sobre empleo en el sector público y contratos.
CONTROL DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA
En el ámbito del control de los portales de transparencia, el crecimiento es importante porque cuando empezó la actividad evaluadora del Comisionado de Transparencia en 2016, las instituciones canarias hacían poco caso a la evaluación de transparencia, pero, a medida que se ha ido conociendo el Índice de Transparencia de Canarias, las administraciones han aspirado a estar bien posicionadas en ese índice y se han visto incentivadas a mejorar sus portales de transparencia. Casi 1.000 sujetos fueron evaluados en 2021 con respecto a la transparencia del ejercicio 2020. La evolución en el número de sujetos evaluados ha producido la mejora de las notas medias en el Índice de Transparencia de Canarias. El portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias empezó teniendo una nota de 7,7 puntos y ya lleva unos años estando por encima del 9. Los cabildos empezaron con una nota media muy baja, 3,85 puntos, y han ido subiendo progresivamente hasta alcanzar el sobresaliente en la última evaluación. “Con los ayuntamientos la progresión ha sido más lenta, pero esta evaluación sistemática, anual y permanente de los portales de transparencia del conjunto de la comunidad autónoma ha producido un mejor cumplimiento de las obligaciones informativas que tienen las administraciones”, afirma Daniel Cerdán.
Las 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos en el último Índice de Transparencia #ITCanarias, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior; cuando la media fue de 6,90. Lo más destacable es que únicamente dos entidades estuvieron por debajo de los cinco puntos (la Academia Canaria de la Lengua y el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas) cuando en el ejercicio anterior doce habían estado por debajo de ese nivel.
El portal de transparencia del Gobierno de Canarias volvió a incrementar por quinto año consecutivo el nivel de cumplimiento de las obligaciones.
De las 43 entidades autonómicas, 10 tienen un ITCanarias de 10 puntos y 13 han obtenido valoraciones superiores a los 9 puntos. Por tanto, por primera vez más del 50 % del sector público autonómico alcanza puntuaciones de sobresaliente en el Índice de Transparencia de Canarias.
Los diez portales de transparencia que en 2020 han obtenido un 10 son: Promotur Turismo de Canarias, S.A., Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA), Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Gestión Del Medio Rural De Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS), Fundación Tutelar Canaria Para La Acción Social (FUCAS), Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN).
La metodología de evaluación es exigente. “No solo es difícil alcanzar puntuaciones superiores a los 7 puntos, sino que mantenerse y continuar mejorando también resulta complicado -indica el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán- Por eso es muy valorable la progresión registrada. El propio análisis que tienen que realizar cada año para autoevaluarse les lleva a mejorar, como demuestran las cifras. Ahora las asignaturas pendientes de la transparencia se centran en el conjunto de Canarias en el derecho de acceso a las preguntas que realizan los ciudadanos, a los que no se puede responder con el silencio administrativo”.
El Índice #ITCanarias es el resultado de la evaluación hecha en los últimos cinco años por el Comisionado de Transparencia de Canarias sobre: 347 entidades públicas, 706 privadas [subvencionadas con más de 60.000 euros anuales] y 66 colegios profesionales y cámaras de comercio de toda Canarias en el año 2020.
Evolución del Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias del sector público del Gobierno de Canarias
Entidad
ITCanarias
2016
2017
2018
2019
2020
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
7,69
8,03
9,04
9,55
9,65
Promotur Turismo de Canarias, S.A.
5,74
5,43
10,00
10,00
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC)
4,15
3,00
10,00
10,00
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN)
3,15
1,85
10,00
10,00
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA)
3,80
7,62
9,91
10,00
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)
4,88
4,11
9,85
10,00
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE)
4,63
8,87
9,69
10,00
Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS)
6,28
8,54
9,45
10,00
Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS)
3,33
2,95
8,69
10,00
Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC)
3,78
7,27
8,41
10,00
Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN)
1,86
3,05
2,31
10,00
Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC)
7,04
5,14
9,45
9,83
Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A.
4,69
3,31
8,49
9,77
Puertos Canarios
4,68
7,00
9,26
9,75
Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (SATURNO)
1,88
3,17
4,03
9,71
Servicio Canario de Empleo (SCE)
7,00
7,40
9,73
9,70
Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC)
4,09
3,79
3,85
9,63
Radio Pública de Canarias, S.A.
3,22
6,40
8,81
9,56
Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
6,51
7,06
8,12
9,45
Televisión Pública de Canarias, S.A.
3,15
7,48
8,47
9,42
Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN)
3,80
3,95
9,14
9,35
Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA)
6,59
5,79
9,60
9,34
Servicio Canario de la Salud (SCS)
7,51
8,83
9,65
9,11
Consejo Económico y Social de Canarias (CES)
3,91
3,03
8,62
8,95
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA)
4,61
4,03
7,13
8,93
Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (CCB TENERIFE)
2,44
3,38
4,10
8,82
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)
5,90
5,70
6,62
8,74
Fundación Canaria de Juventud IDEO
1,21
2,87
3,09
8,39
Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (CCB MASPALOMAS)
2,02
3,38
4,38
8,33
Gestur Canarias, S.A.
0,03
4,20
4,90
8,32
Instituto Canario de Igualdad (ICI)
5,29
6,02
6,70
8,02
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN)
2,71
2,63
1,81
7,97
Agencia Tributaria Canaria (ATC)
4,83
4,54
5,04
7,05
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)
3,29
5,96
4,79
6,87
Instituto Canario de Administración Pública (ICAP)
2,76
5,33
5,60
6,62
Instituto Canario de la Vivienda (ICV)
5,67
5,14
6,16
6,59
Consorcio El Rincón (La Orotava)
6,21
5,99
5,08
6,43
Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX)
4,44
4,83
6,02
5,81
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH)
4,33
2,70
1,21
5,69
Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN)
5,29
3,29
2,61
5,67
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)
4,03
7,40
7,64
5,45
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria
1,02
3,06
3,07
4,16
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua
4,23
3,32
5,85
2,92
Media aritmética
7,69
4,28
5,07
6,90
8,47
El Índice #ITCanarias es el resultado de la evaluación hecha en los últimos cinco años por el Comisionado de Transparencia de Canarias sobre: 347 entidades públicas, 706 privadas [subvencionadas con más de 60.000 euros anuales] y 66 colegios profesionales y cámaras de comercio en el año 2020. Las cifras demuestran que evaluar cada año induce claramente a la mejora.
– Agradecimiento y felicitación navideña a los 1.784 colaboradores en la mejora de la transparencia de Canarias
El equipo del Comisionado de Transparencia ha agradecido la colaboración prestada a las 1.784 personas emplazadas este año en la rendición de cuentas del Índice de Transparencia de Canarias. Y les ha animado a coparticipar en las acciones formativas para mejorar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos a través de las sedes electrónicas y los portales de transparencia. En un mail masivo a los colaboradores de las 1.784 de las entidades públicas y privadas llamadas a autoevaluar los portales de transparencia les indica:
Estimado colaborador o colaboradora:
Deseo primero trasladarte nuestros mejores deseos en lo personal, en lo profesional y en lo familiar, al tiempo que expreso mis más sentidas gracias a todos los que contribuyeron a la rendición de cuentas sobre la transparencia en Canarias en este año.
Tras dos años difíciles, especialmente en La Palma en los últimos meses, nos esperan tiempos de recuperación y de renacimiento; a los que podemos contribuir desde el ámbito de la transparencia pública. Porque facilita una mejor gobernanza y empleo de los recursos públicos.
Y quiero aprovechar para informarte de que hemos terminado de revisar las más de 7.500 alegaciones presentadas en estos meses por 410 entidades en el proceso de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias. Las puntuaciones sobre las 968 autoevaluaciones que se presentaron en 2021 saldrán durante el mes de enero.
Ya sabemos a ciencia cierta que la nota media de las entidades públicas [que llevan 5 años evaluándose] sube más de un punto y rebasará el notable. La nota media de las entidades privadas en su segundo año de evaluación sube casi un punto y rozará el aprobado. Y la nota media de las corporaciones de derecho público (colegios profesionales y cámaras de comercio) sube también este año y superará por primera vez el aprobado. Un año más se confirma que la evaluación sucesiva dinamiza y mejora el sistema canario de transparencia.
Sin embargo, las leyes de transparencia, los procedimientos de derecho de acceso o los portales que tanto les cuesta mantener no aportarán toda su utilidad social si no son más utilizadas por la ciudadanía.
Por eso pido tu ayuda para hacer llegar entre tus compañeros y personas cercanas los enlaces para facilitar la transparencia de todas las instituciones de Canarias. Reactivamos las acciones informativas –“Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar”– a través de este enlace https://transparenciacanarias.org/canario-conoce-tu-derecho-a-saber-y-a-preguntar-2/… que conduce a todos los portales de transparencia públicos de Canarias y a todas las sedes electrónicas donde poder presentar las preguntas.
La calidad de la democracia está en directa relación con la calidad de la información compartida. Muchos con pequeñas difusiones podemos lograr “un mucho muy grande”.
- 968 entidades públicas y privadas rindieron cuentas en 2021 sobre su transparencia
- Se reactivan las acciones informativas para que se conozca mejor el derecho “a saber y a preguntar”
- Mapas con el acceso a la información pública
En el año que ahora concluye, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha evaluado los portales de transparencia de 968 entidades públicas y privadas a través de la herramienta telemática ‘T-Canaria’, gracias a la colaboración de más de 1.200 funcionarios o técnicos que autoevaluaron a sus organizaciones. Ello representa un incremento de un 46 % sobre las evaluaciones realizadas en 2020 y confirma a Canarias como la comunidad autónoma con la más amplia rendición de cuentas en esta materia. Por cuarto año consecutivo, todas las instituciones públicas presentan su declaración de transparencia y solo 12 entidades dependientes de cabildos y ayuntamientos no la han presentado.
El sistema canario de la transparencia se sostiene sobre los portales de transparencia y, especialmente, sobre el ejercicio del derecho de acceso que los ciudadanos realizan al preguntar a las administraciones, sobre todo –cómodamente– a través de sus sedes electrónicas. Su calidad se deriva del uso que se lleve a cabo. Por ello se va a reactivar la campaña informativa llamada «Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar». Trata de que se conozcan en mayor medida las posibilidades que abren las normas de transparencia.
«Las leyes de transparencia convierten a todas las personas en periodistas en una continua «rueda de prensa permanente» –las 24 horas de los 365 días del año– por medio de preguntas de fácil, rápido y gratuito acceso a través de las sedes electrónicas de las 98 instituciones canarias y de sus órganos dependientes», indica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias. Los banners de la campaña conducen a los mapas de internet donde se hallan los 336 portales de transparencia públicos de Canarias y, sobre todo, los más de 110 sedes electrónicas que en Canarias pueden recibir sus preguntas. Las administraciones están obligadas a responder en un mes. De ser negativa la respuesta, la ciudadanía puede presentar recurso o reclamación gratuita y sin gastos jurídicos desde su casa, a través de la sede del Comisionado.
La campaña informaba asimismo de los resultados de la penúltima Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCANARIAS) en la que rindieron cuentas sobre su transparencia 661 organizaciones: 322 públicas, 46 corporaciones de derecho público y 293 privadas. Próximamente se publicarán los resultados de la última evaluación, que comprueba el cumplimiento de la transparencia durante 2020, en la que se emplazó a autoevaluarse a 1.119 entidades públicas y privadas; de las que finalmente se autoevaluaron 968 en dos fases.
Cuña de radio 1: «La transparencia pública no avanza sola»
Cuña de radio 2: «¿Qué necesitas saber de los poderes públicos?»
En su quinta edición anual, de las citadas 1.119 entidades públicas y privadas, casi un millar [968 exactamente] han presentado su autoevaluación de transparencia en los últimos meses a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. Continúa incrementándose la participación año tras año, a pesar de las dificultades impuestas a todos por el teletrabajo por la pandemia de la COVID-19. Se calcula así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y a 235 de sus 247 entidades dependientes (a más del 95 % del sector público canario).
Si el año pasado hubo 14 incumplidores de las 336 organizaciones públicas citadas (apenas un 4 % del total), este año se han reducido a 12 de las 347 (menos del 3,5 % del total). Se confirma así cada año una progresión positiva del conjunto de sujetos obligados, que mejoran sus portales de transparencia y su posición en el ITCanarias. La nota media de las entidades públicas [que llevan 5 años evaluándose] sube más de un punto y rebasará el notable. La nota media de las entidades privadas en su segundo año de evaluación sube casi un punto y rozará el aprobado. Y la nota media de las corporaciones de derecho público (colegios profesionales y cámaras de comercio) sube también este año y superará por primera vez el aprobado. Un año más se confirma que la evaluación sucesiva dinamiza y mejora el sistema canario de transparencia.
En este ejercicio, el Comisionado de Transparencia ha añadido al censo de entidades sujetas a la evaluación a las 706 empresas, ONGs y entidades privadas que recibieron en 2020 más de 60.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias y más de 100.000 euros por parte de los Cabildos insulares, y a las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales, sobre todo) de la Comunidad Autónoma. Y así, el censo de entidades para la evaluación de la transparencia ha pasado de 889 sujetos obligados del año pasado a 1.119 para el presente año.
El pasado 5 de diciembre de 2021 el comisionado Daniel Cerdán explicó para qué se creó el Comisionado de Transparencia de Canarias y cuáles son las funciones de este órgano dependiente de la cámara regional en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria, presentado por Marta Modino.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información pública es un órgano unipersonal y tiene un requisito de elección de tres quintas partes de la cámara, por lo que se necesita el consenso de los grandes partidos. Al comisionado actual, Daniel Cerdán, lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015.
Hay dos funciones fundamentales, «una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos», explica el comisionado.
Se trata de un órgano garante del derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, puede reclamar ante el Comisionado de Transparencia, que está obligado en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle.
La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. «Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020», sostiene Cerdán.
El comisionado de Transparencia de Canarias concluyó la entrevista con la importancia de que la ciudadanía conozca su derecho a preguntar y lo haga: «sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. […] Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor».
Marta Modino [MM]: Uno de los órganos dependientes, el Comisionado para la Transparencia, y su responsable, Daniel Cerdán, es hoy nuestro invitado. Bienvenido.
Daniel Cerdán (DC): Encantado de estar de nuevo en la Televisión Canaria.
MM: Es un placer recibirle en el programa Parlamento, donde también nos encargamos de que la gente entienda cómo funcionan estos órganos. Sobre todo porque en el caso de la transparencia es un eje fundamental para una acción de un gobierno: la transparencia y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Canarias.
DC: La Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, porque les da la capacidad de preguntar a cualquier administración de las 98 administraciones principales igual que un periodista. Y eso pone más en guardia a las administraciones. Y además les obliga a mejorar sus contenidos en sus portales de transparencia, porque aunque [los ciudadanos] no vayan tanto a ver la “Tele” Canaria como a ver los portales institucionales, la Administración al saber que tiene que poner la información, mejora lo que hace. Es decir, aquello de que porque te miran te comportas mejor, o porque te pueden mirar tu profesor o tu padre. El hecho de estar obligado permanentemente a mantener información sobre lo que haces mejora tu comportamiento, tu ordenanza, tus resultados; el hecho de que el ciudadano vaya a ver el portal, independientemente de que le pregunten más o menos cuestiones de derecho de acceso a la información.
El Comisionado de Transparencia es un órgano unipersonal y, al tener una requisito de elección de tres quintos, no lo puede poner solamente un grupo, ni siquiera el Gobierno, porque generalmente tiene mayoría simple por la composición política de la Cámara. Necesita, como ocurrió en mi caso hace seis años, el consenso de los grandes partidos. Al Comisionado lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015; porque hacía falta alguien que suscitara, si no la adhesión incondicional, por lo menos el respeto de más de un partido importante o de más que el Gobierno.
MM: ¿Cuáles son las funciones básicas de un Comisionado de la Transparencia y qué es lo que ofrece al ciudadano?
DC: Sobre todo son dos. Una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos.
Somos el órgano garante de su derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento (que ahora es muy fácil, siempre lo repito, porque no tienes que ir al registro sino que con un certificado electrónico, desde casa, en cinco minutos puedes hacer diez preguntas), y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, también desde casa puede entrar en el Comisionado de Transparencia electrónico, y adjuntando su pregunta decir: “Estos señores no me han contestado” (la mayor parte de las quejas suele ser por silencio administrativo, porque ni siquiera le dicen que no). Y nosotros [el Comisionado de Transparencia] estamos obligados en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle: “Mire, esto que está diciendo el Comisionado no quiero entregarlo porque creo que no tengo que entregarlo”. Generalmente, estos recursos no han ocurrido mucho y siempre los hemos ganado.
La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020.
MM: El concepto de “transparencia” se le puede escapar a los ciudadanos, aunque es bastante obvio; y es que los ciudadanos puedan saber exactamente, para poner un ejemplo, en qué se gasta cada administración su presupuesto, cuáles son los sueldos que tiene cada una de las personas que conforman cada una de las administraciones, u otras cuestiones que también son importantes y que pueden interesar a muchos, pero que a lo mejor piensan “yo esto nunca lo voy a saber”. No, justo lo contrario, se puede saber.
DC: Lo genérico se ha de encontrar en el portal de transparencia, que obliga a tener unos 160 contenidos permanentemente actualizados, y en lo particular (cuánto se gastó en esta actividad deportiva concreta, a lo mejor no sale en el portal pero se puede preguntar. Lo que suele ocurrir cada vez más es que se utiliza para asuntos muy cercanos o propios, no siempre para asuntos de interés general. Además puede preguntar cualquiera, no hace falta ni siquiera la mayoría de edad, nacionalidad o residencia canaria. Puede preguntarnos a nosotros y a cualquier órgano en la Península o en Europa; el derecho de acceso es fuerte en Europa y puede preguntar cualquiera, hasta un chino o un japonés.
MM: Porque es importante también el avance que han hecho las administraciones, espoleadas por esta ley y por la ley canaria también, en transparencia. Porque con respecto a lo que había cuando usted llegó como comisionado imagino que el avance habrá sido notable.
DC: Sí, recuerdo que el primer año les ofrecimos un cuestionario que fue casi en mano. No respondieron ni la mitad y prácticamente la nota media era de tres y medio; eso entre los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Ahora a estamos acabando la última evaluación; no tenemos todavía las notas medias. Pero en la anterior el sector público tuvo un 6,49, y yo espero, que no lo sé todavía, que este año llegarán al 7, al notable. Me gustaría que llegaran, porque todos los años el sector público ha subido un poquito en eso.
Pero es que no solamente evaluamos a los 98 ayuntamientos, cabildos, gobierno y a las dos universidades; también a las corporaciones de derecho público, colegios profesionales y cámaras de comercio; que el año pasado no llegaron a aprobar con un 4,52. También hemos empezado a evaluar (este será el segundo año) a aquellas entidades privadas que recibiendo más de 60.000 euros de ayudas del gobierno o de los cabildos estaban obligadas por ley de transparencia a contar también en su propia página web quiénes son, quiénes les gobiernan (para que la gente pueda saber si es si son parientes de quienes les dan la subvención, es decir la identidad de quién está detrás de una ONG o de cualquiera de las organizaciones que tienen subvenciones relativamente importantes) y lo que hacen con la subvención.
Por lo tanto hemos dado un paso más en ese sentido y ahora esperamos que con toda la inmensa cantidad de recursos que va a llegar con los fondos Next Generation de la COVID esa información también la miremos. Para que las personas tengan garantías de que esa inmensa cantidad de ayudas que va a llegar, a veces con menos requisitos burocráticos para facilitar su trámite, por lo menos tenga un contrapeso: “Le vamos a eliminar pasos, pero usted se compromete a que después tiene que informar de qué está haciendo”.
MM: Es importante que los ciudadanos dispongan de ese acceso a la página web del comisionado, que sea muy sencillo y lo es; de hecho, es una página muy útil. Yo he estado mirándola y la verdad es que los ciudadanos lo tienen muy fácil, se les dirige a lo que quieren saber y se les explica perfectamente cómo pueden acceder a cada uno de los portales de esos ayuntamientos, por ejemplo.
DC: Efectivamente. Pueden ver las notas que tiene en su portal de transparencia el ayuntamiento… Y tenemos otro mapa además, en el que pueden pinchar directamente, para acceder directamente a la “ventanilla electrónica” del ayuntamiento en la que pueden preguntar. Es como si les lleváramos hasta la puerta o hasta la ventanilla electrónica, porque ahora el 90% de la gente ya lo presenta por la ventanilla electrónica, no se desplaza para presentarlo. Aún hay gente que sí, que va con su papel a que le cuñen, pero en este tipo de procedimiento la mayor parte lo hacen por la sede electrónica.
MM: Está claro que es un órgano unipersonal, pero para realizar todo este trabajo me imagino que contará con todo un equipo que se encarga sobre todo de la parte informática.
DC: Sí, hay una parte que se dedica a atender a las que, por cierto, este año van a ser más de 500 reclamaciones de los ciudadanos. Empezamos con 91 el primer año de 2016, en un año completo, y este año vamos a día de hoy por 477 reclamaciones. No creo que sea porque las instituciones estén respondiendo peor, sino porque los ciudadanos son cada vez más conocedores. Y sí, la gente sabe que existe una ley que al fin y al cabo es muy joven, del 2014 en Canarias, pero no sabe qué puede obtener de ella. En la medida en que es más conocida es más utilizada. Aumenta el número de preguntas y aumenta el número de reclamaciones. Yo llamo transparencia “dura” a cuando te preguntan; la “blanda” es el portal de transparencia. Cuando en la “dura” ni siquiera te responden, recurren a nosotros.
MM: Una vez que se recurre al Comisionado para la Transparencia, ustedes directamente sobre la marcha se ponen en contacto con la institución a la que se le requiere la información que no se ha dado al ciudadano.
DC: Efectivamente. Le preguntamos por qué no lo ha hecho. Primero, porque en algunos casos, no todos, se preguntan por poner un ejemplo por tus datos tributarios, y los datos tributarios de una persona normal son privados. Hay limitaciones a la información que tienen [que dar], sobre todo en materia de datos personales que tiene la administración. Por eso siempre le preguntamos. A veces nos contestan en las alegaciones y a veces no. Entonces emitimos la resolución.
No tenemos demasiados medios coercitivos por ley, ni nosotros ni ningún órgano garante en España. Pero ahora vamos a empezar a usar el último recurso que nos queda, que es que cuando reiteradamente no hacen caso a nuestro requerimiento de la información por lo menos lo ponemos en conocimiento del Pleno. Y que sean ellos los que determinen (porque la ley se lo concede a las administraciones, no al Comisionado) si se inicia algún tipo de expediente para pedir responsabilidades por no entregar la información.
MM: El trabajo que han realizado durante estos años, casi seis, les ha valido varios reconocimientos; entre ellos uno muy importante, un premio nacional; fue un accésit de innovación pública del año 2020 que les premiaba por su Índice de Transparencia y también por una herramienta, T-Canarias.
DC: Sí, nosotros hemos sido de entre los órganos garantes en España los primeros que, cogiendo un modelo que había nacional de evaluación de transparencia, lo bajamos o adaptamos a la Ley canaria de Transparencia. Lo convertimos en una herramienta telemática sin la que nosotros, con el pequeño equipo que disponemos, no podríamos [evaluar a todos los que hemos podido evaluar]. Este año hemos invitado a casi 1300 entidades a declarar su transparencia. Sin esa herramienta no sería posible que las propias entidades se autoevaluaran primero, viendo en qué medida están cumpliendo; y que cuando cumplen poco “alimenten” su propio portal para que el índice les mejore. Y sin esa colaboración, que en este último año ha sido de más de 1000 empleados públicos y privados, que facilita esa herramienta, nunca se hubiera podido conseguir con tan poquito personal.
Por lo tanto, ha sido una herramienta pionera en España que es la que el Ministerio ha reconocido, y antes Telefónica, la Red de Innovadores Públicos Novagob, y todo el mundo. Una herramienta que con poco gasto público permite una evaluación constante anual de todo el mundo, y que por tanto permite mejorar; porque lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil de mejorar. Y esa herramienta lo que hace es medir una política pública cada año en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma ni ningún lugar del mundo que le sirva como referencia .
MM: ¿Hay algún lugar del mundo que le sirva de referencia en cuanto a Transparencia, al que le gustaría parecerse desde Canarias?
DC: La transparencia es una cultura, no solamente una obligación. España llega tarde, porque fue de los países europeos que más tarde aprobaron una ley de transparencia. Pero también es cierto que al llegar tarde estableció obligaciones que muchos países no tienen, como la del portal de transparencia, porque entre otras cosas hace 20 años Internet era pequeñita. Pero los países referencia son siempre los que desde más antiguo tienen obligaciones de dar información completa. Generalmente los nórdicos como Finlandia o Noruega, que son referencia en gobernanza democrática y en buen gobierno, y generalmente lo son también en transparencia. Y de hecho, yo creo que son referencia en buen gobierno porque lo son en transparencia, se retroalimentan.
MM: Como referencia, aquí en Canarias, ¿puedo preguntarle quién es el que hace el peor índice? O a lo mejor también me lo puede decir, ¿Cuál es el órgano que le sirva como referencia para el resto, del que deberían tomar nota el resto de administraciones?
DC: Por estratos, la Comunidad Autónoma no puede compararse más que consigo misma, lo cual está bien porque ya lleva un par de años por encima del 9. Entre los Cabildos, hace dos años fue el de El Hierro el mejor, fue precisamente el más pequeño. Y el Cabildo de Tenerife fichó a su responsable de transparencia y el año pasado fue el mejor. Esto tiene mucho que ver con la calidad del funcionario que está debajo. Y entre los ayuntamientos, quizá los mejores pueden ser Los Realejos o Candelaria como ayuntamientos de carácter medio; Santa Cruz [de Tenerife] estuvo bien, Las Palmas estuvo cerca del 9. Es decir, no necesariamente los mejores son los más grandes, sino que hay ayuntamientos [pequeños] muy brillantes (Los Realejos, Candelaria o Buenavista) que también tienen buena nota [no solo por su portal principal sino conteniendo a todas sus entidades públicas dependientes].
MM: Para terminar, porque ahora la gente tiene claro que dispone de esa herramienta que les proporciona el Comisionado para la Transparencia, ¿le gustaría que los ciudadanos utilizaran más esta herramienta que les proporciona este Comisionado que les representa?
DC: Si, sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. Porque aquello de colaborar al buen gobierno con la mera conversación de barra de bar… En este país se suele decir que tenemos millones de entrenadores de fútbol, pero de boquilla. Pues también tenemos muchas personas que en su legítimo derecho opinan sobre el futuro del ayuntamiento, pero no siempre lo hacen sobre la base de información que puede tener un concejal o un periodista. Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor.
La asesora técnica de evaluación y jefa de gabinete del Comisionado de Transparencia de Canarias, Clara Rodríguez, participó en la mesa ‘Experiencias compartidas en Gobierno Abierto 2’ de las II Jornadas ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria del Desarrollo Sostenible’, celebradas el 1 y 2 de diciembre de 2021 en Las palmas de Gran Canaria y organizadas por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.
Clara Rodríguez explica cómo, a través de la experiencia obtenida en estos años con la herramienta de evaluación de la transparencia ‘T-Canaria’, creada por el Comisionado de Transparencia de Canarias, se ha podido desarrollar otra herramienta de evaluación, el medidor de transparencia ‘evalua-T’, de software libre y accesible para cualquier persona que quiera evaluar la transparencia de un portal de toda España.
La principal razón es porque es un mandato legal recogido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia de Canarias.
¿A quién tenemos que evaluar?
En la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos que analizar la transparencia de todos los sujetos obligados por la ley: la Administración de la Comunidad Autónoma, los siete cabildos insulares y los 88 ayuntamientos, junto con todo su sector público dependiente; las 11 mancomunidades; las universidades públicas y su sector dependiente; dos asociaciones públicas canarias formadas por los cabildos y ayuntamientos que también están sujetas a la transparencia; y las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales y cámaras de comercio, principalmente).
Y a partir de 2019 incluimos a todas las entidades privadas que perciben subvenciones y fondos públicos, de momento, de la administración autonómica y de los cabildos insulares.
Actualmente, esto nos deja un censo de 1.119 sujetos obligados de los que respondieron -en la última evaluación- 968.
Nos queda un conjunto de entidades que todavía no hemos incluido en la evaluación de la transparencia que está formado por los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
¿Qué es lo que tenemos que evaluar?
Por supuesto, la Ley 19/2013 de Transparencia de ámbito estatal, la ley 12/2014 que se aplica a la Comunidad Autónoma y su sector público, las leyes de cabildos y municipios que entraron a regular la materia de transparencia y, con posterioridad, otras leyes sectoriales que han ido contemplando varias obligaciones de publicidad activa.
Nosotros hemos recogido todas estas leyes y las hemos traducido en lo que denominamos Mapa de obligaciones. Así, en la tabla resumen se puede observar que la Comunidad Autónoma tiene que publicar 120 obligaciones, cabildos y ayuntamientos 111, mancomunidades 94 y así va disminuyendo el número de obligaciones hasta llegar a las entidades privadas, que tienen que informar de 14.
¿Cómo vamos a valorar el cumplimiento, llegar a la puntuación?
Hemos visto que hacen falta datos, contenido, y un lugar en la web donde colocar todos esos datos.
Los contenidos nos van a dar el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), y el soporte web donde se coloca esa información nos da el Indicador del Soporte Web (ICS). Estos dos indicadores se combinan y obtenemos el Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA). Esto sería la parte obligatoria.
Conforme fuimos realizando las evaluaciones, nos dimos cuenta de que había ciertas prácticas que potenciaban y mejoraban la transparencia de las entidades y además, era su compromiso por continuar mejorando en transparencia. Entonces, creamos el Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV). Ahora combinamos la parte voluntaria con la obligatoria y obtenemos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
¿Qué es lo que hay que evaluar en cada una de estas piezas del Tetris?
Para las obligaciones de publicidad activa, por ejemplo para la Comunidad Autónoma, para cada una de esas 120 obligaciones, se evalúan cinco criterios: contenido, forma de publicación, actualización, accesibilidad y reutilización. Estos criterios se ponderan: 40 % el contenido, 30 % la actualización, 20 % la reutilización y 5 % la forma de publicación y la accesibilidad, respectivamente.
Para el soporte web, vamos a tener que valorar cuatro criterios: accesibilidad del portal de transparencia, el lugar de publicación, estructura y por último, si hay un buscador o un ‘mini Google’ que permita a la ciudadanía encontrar la información con mayor facilidad. En este caso, los criterios tienen todos el mismo peso y únicamente se valoran una vez porque hay un portal de transparencia.
Por último, para la transparencia voluntaria, tenemos en cuenta seis buenas prácticas: si la entidad ha elaborado y publicado un informe anual sobre su propia transparencia; si tiene una ordenanza, reglamento o, en el caso de las entidades privadas, un protocolo de transparencia; si informa en el portal sobre las leyes de transparencia para que la ciudadanía sepa por qué se ha creado esa página y qué información puede encontrar; si tiene un enlace al Comisionado para encontrar más información y, en el caso de las entidades públicas sobre todo, que sepa que puede reclamar al Comisionado en el caso de que se le deniegue el derecho a la información o no se le dé una respuesta satisfactoria; si tiene un sistema de medición del tráfico de la web; y la colaboración con el Comisionado; en el proceso de evaluación se van dando plazos y, cuanto antes se remita, mayor puntuación se puede obtener en este indicador.
Como ocurre con las obligaciones de publicidad activa, estas buenas prácticas también se ponderan. El informe anual y la colaboración con el Comisionado son las más importantes (el 30%), y el 40% restante se divide entre las otras cuatro prácticas.
¿Dónde estamos realizando todo este proceso?
Hemos desarrollado la aplicación de T-Canaria que está alojada en nuestra sede electrónica. Todo el proceso se realiza a través de la aplicación y no se hace ningún trámite en papel.
El proceso de evaluación consta de seis fases. La primera de autorización de todas las personas que van a trabajar dentro de la aplicación y van a cargar la información y remitirla al Comisionado. La segunda fase de cumplimentación de esos cuestionarios que tenemos implementados en la aplicación; aquí es importante resaltar que la aplicación permite a las entidades realizar una autoevaluación sobre cómo están cumpliendo esas leyes de transparencia y cómo informan a la ciudadanía. Esto les permite ver cómo están y mejorar todo lo que puedan, y luego remitir la información al Comisionado en la tercera fase.
Tras la remisión, el servicio del Comisionado revisa todas esas declaraciones de transparencia que han hecho las entidades. Una vez se terminan, pasan al mismo tiempo a la fase de alegaciones y finalmente, sería la evaluación definitiva.
Evalúa-T
Con esta herramienta queremos conseguir los siguientes cuatro objetivos: involucrar a la ciudadanía en la creación de un sistema transparente, facilitar el control interno institucional, crear una plataforma de visualización de los resultados de las evaluaciones que hace el Comisionado de Transparencia y ayudar a cumplir el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible para conseguir instituciones eficaces y transparentes.
Se trata de una herramienta de software libre, vamos a colocar todos los ficheros en un repositorio para que cualquiera pueda descargarlos, desplegarlos y, sobre todo, también hacer aportaciones, innovaciones.
Tiene una interfaz intuitiva y dinámica.
Tiene un entorno de evaluación privado que permiten a las entidades hacer autoevaluaciones.
Cuenta también con una comunidad colaborativa de evaluadores con lo cual, esas evaluaciones que hacemos las podemos hacer públicas para que cualquier persona registrada en la aplicación pueda verlas e incluso, reutilizarlas.
Y es una solución escalable en cuatro niveles: permite incluir todos los mapas de obligaciones de las leyes de transparencia (ahora mismo hay tres mapas implementados: el canario, el estatal y uno más sencillo para familiarizarse con la aplicación y con el sistema de análisis); permite incluir a todas las entidades del sector público (ahora mismo hay 8.400 entidades que ya se pueden evaluar); así como a entidades privadas y extranjeras.
Les animamos a todos a acceder a esta nueva herramienta y empezar a analizar y, por supuesto, cualquier comentario o sugerencia que quieran hacer estamos encantados de que lo hagan. Los enlaces están publicados en nuestra web.
– Enlace a los videotutoriales para la carga información en la aplicación de evaluación T-Canaria:
Atendiendo a las peticiones de algunas organizaciones que están mejorando en estos días sus portales de transparencia, el plazo para la presentación de las alegaciones y mejoras se amplía improrrogablemente hasta el próximo martes 9 de noviembre de 2021, a las 24 horas, en nuestra sede electrónica.
Asimismo, pueden consultar las respuestas a las preguntas frecuentes en el apartado Evaluación de esta web, donde encontrarán recomendaciones para mejorar la evaluación provisional del ITCanarias (48, 49 y 50) y sobre la fase de alegaciones (51, 52 y 53) en este enlace: https://transparenciacanarias.org/evaluacion/faq/
Para las entidades que decidan no presentar alegaciones, el informe que ya pueden descargar sobre la evaluación provisional se convierte en el definitivo y final. Lo pueden presentar y debatir en el pleno de su institución, en su caso; y lo pueden difundir.
– Se abre periodo de alegaciones a las 968 declarantes
– Han dejado de presentar la declaración de transparencia 13 de las 348 organizaciones públicas canarias
– Se emplazó a la autoevaluación a 707 entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los Cabildos. Respondió el 82%.
En el presente año han presentado la declaración de transparencia al Comisionado de Transparencia todas las 98 instituciones principales de Canarias y el 96,3% de sus entidades públicas dependientes (empresas, fundaciones, etc.). Solo trece de las 348 organizaciones públicas isleñas dejaron de hacerlo; frente a las 62 que no lo hicieron en el ejercicio anterior.
La reducción del incumplimiento es esta vez del 77 %, como viene sucediendo cada año desde que en 2016 se comenzaron a realizar evaluaciones a las entidades públicas. Esta progresión confirma que en Canarias se alcanzan las mejores ratios de toda España, en el ejercicio de «transparencia sobre la transparencia activa». Y sitúa la Archipiélago en posición avanzada para el control de la transparencia de los miles de millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGeneration EU, a distribuir en los próximos ejercicios.
Tanto las instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) como las entidades dependientes o subvencionadas tienen ahora un plazo para presentar alegaciones y mejorar sus notas y la calidad de sus portales de transparencia hasta el 2 de noviembre. La nota definitiva de las que no aleguen será la provisional.
“Cada año se reduce el incumplimiento en la declaración de transparencia de los sujetos públicos y aumentan en paralelo las puntuaciones obtenidas por la mejora de los contenidos de portales de transparencia: hace tres años 136 incumplían, hace dos, 62, y en este ejercicio solo 13. Las puntuaciones provisionales han subido y aún mejorarán algo este mes durante el periodo de alegaciones que hemos abierto. Ya se puede establecer estadísticamente una clara correlación entre el aumento de la autoevaluación y la mejora de la transparencia activa de los portales. Diferente ocurre con el derecho de acceso a la información, donde aún hay muchísimo margen de mejora, porque a un muy alto porcentaje de ciudadanos se les responde con la callada por respuesta, con el silencio administrativo. Tres de cada cuatro reclamaciones de derecho de acceso a la información que nos llegaron el año pasado fueron por eso: porque les habían «respondido» con la socorrida figura del silencio administrativo», señala Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento. «El proceso de evaluación se lleva a cabo con colaboración de más de mil servidores públicos y trabajadores en entidades privadas subvencionadas, a los que estamos muy agradecidos. Ellos han generado en la aplicación T-Canaria alrededor de 1.700.000 datos, con los que el algoritmo define automáticamente el mayor o menor grado de avance o retroceso de la transparencia activa de cada sujeto obligado».
Por otra parte, este año, por segunda vez, se ha emplazado a presentar declaración a 707 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2020 por el Gobierno de Canarias y 100.000 € de los Cabildos insulares; y de ellas se han autoevaluado 579, el 81,90 %, un porcentaje que duplica al que se alcanzó en 2016 cuando se evaluó por primera vez a las instituciones públicas y solo 37 de ellas contestaron. Y también han realizado por segunda vez su autoevaluación de transparencia 54 corporaciones de derecho público, principalmente colegios profesionales. En total, son 968 las entidades que se han autoevaluado estos meses frente a las 661 del ejercicio anterior.
Se ha abierto un plazo de alegaciones hasta el 2 de noviembre para que cualquiera de las 968 organizaciones, entre públicas y privadas, que presentaron su autoevaluación al Comisionado puedan mejorar la puntuación provisional que tienen disponible en la sede electrónica del Comisionado.
Evolución de las entidades evaluadas con respecto a las entidades censadas entre 2015 y 2020
Sobre la aplicación “T-Canaria” y el Índice de Transparencia de Canarias
La aplicación “T-Canaria” permite a todas las entidades públicas canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre su propia transparencia”, que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos. En las administraciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en los portales de transparencia, mientras que no ocurre así en el mismo grado en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto.
Las evaluaciones son trasladadas en un informe al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso de evaluación y serán publicadas en formato abierto.
Esta herramienta telemática permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las entidades a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia y en un apartado sobre Evaluación específica dentro de la web.
En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de entidad ha de incluir en su portal de transparencia, según la Ley: 120 la Comunidad Autónoma: 111 contenidos los ayuntamientos y cabildos; entre 80 y 50 las entidades vinculadas y dependientes de todas las instituciones canarias; y solo 14 las entidades subvencionadas por el sector público. Lo que cada persona no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar reclamación sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.
– «La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia»
– «Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados»
DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA
«Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.
Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.
Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.
Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.
Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.
Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.
En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.
En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.
Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.
Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.
En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.
Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.
Esta pandemia ha traído consigo una serie de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.
La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.
Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.
De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.
Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.
Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.
En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.
Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.
El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.
Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.
Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.
Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.
Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.
De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.
Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.
Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.
Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.
Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.
Alicante, a 28 de septiembre de 2021″
Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia en la lectura de la Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia
Intervienen en la lectura:
– Manuel Sánchez de Diego, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia
– Gonzalo Gómez de Villalobos, director de la Oficina de reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
– Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
– Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)
– Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
– Santiago Álvarez Carreño, vicepresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
– Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana
– Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón
– Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias
– Miren Martiarena Barcaiztegui, presidenta de la Comisión Vasca de acceso a la información pública
– Gonzalo Gómez de Villalobos en nombre de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública
– Antonio Rovira, consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid
– Rubén García López, secretario del Comisionado de Transparencia de Castilla y León
– José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Los colegios profesionales y las cámaras de comercio de las islas que no presenten su declaración de 2020 antes del 31 de julio serán sancionados
Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias. c7
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha advertido este domingo que apercibirá a los colegios profesionales y las cámaras de comercio de las islas que no presenten su declaración de 2020 antes del 31 de julio, cuando concluye la segunda y última prórroga dada para remitir sus datos.
En un comunicado, el Comisionado ha informado de que las entidades que por segunda vez incumplan las obligaciones establecidas en las leyes de transparencia serán apercibidas a los efectos de que sus órganos de gobierno, sus colegiados y las instancias de control del Gobierno de Canarias dispongan del debido conocimiento.
En el Índice de Transparencia de Transparencia de 2019 los 62 colegios profesionales y las cuatro cámaras de comercio de Canarias a los que se requirió los datos tuvieron una nota de 4,5 puntos.
Y es que solo 46 rindieron cuentas ante el órgano garante de la transparencia, presentando su declaración de transparencia correspondiente a 2019 y las 20 que no lo hicieron han sido calificadas como «incumplidoras» de las obligaciones informativas de la Ley de Transparencia de Canarias, destaca la nota.
Para el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, esa puntuación, sin ser satisfactoria, no es tan negativa como pudiera parecer si se tiene en cuenta que el primer año que se chequearon los portales de transparencia de las administraciones públicas la nota media fue inferior a 4.
Cerdán, sin embargo, ha considerado que seis años después de estar en vigor la Ley de Transparencia de Canarias no puede ser aceptable que algunos colegios profesionales sigan sin dar cuenta a sus colegiados y a la ciudadanía en general de las informaciones que les requiere la normativa.
De las 46 entidades, 19 superaron el 5; 10 alcanzaron una puntuación superior a los 9 puntos, y dos, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Profesional de Químicos de Canarias, consiguieron un 10.
Así mismo, 27 entidades tuvieron una puntuación inferior a 5 y 21 no alcanzaron el 3, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia.
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