Transcripción del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias del pasado 28 de marzo:

 

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias celebrado el 28 de marzo de 2023

Gustavo Adolfo Matos Expósito, presidente del Parlamento de Canarias: Y, señorías, continuamos tal y como habíamos acordado, la Junta de Portavoces, la Mesa, con el informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con los informes anuales acumulados correspondientes al año 2020 y 2021.

Tiene la palabra el señor comisionado, al que le damos la bienvenida a este Pleno del Parlamento de Canarias.

(Pausa)

Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos.

Mi comparecencia de hoy resume y comenta las actuaciones del Comisionado de Transparencia en esta décima legislatura del Parlamento y segunda legislatura en la que está plenamente en vigor la Ley 12/2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La comparación de ambas legislaturas evidencia lo que está a los ojos y es palpable, y espero que lo puedan ver pronto en las pantallas de la Cámara. En la primera legislatura, entre los años 2016 y 2018, el Comisionado se constituyó, se diseñó, se fortaleció con tres funcionarios y un grupo de becarios y se pusieron las bases tecnológicas y operativas a muy bajo coste, apenas 32 céntimos de euro por canario y año. En  el año 2022, se pusieron las bases tecnológicas y operativas –decía – de la evidente y fructífera progresión posterior en varios órdenes, como podrán apreciar en los cuadros de la pantalla y con detalle en el informe anual que refleja el trabajo de un equipo de ocho servidores.

En ese gráfico verán que en la primera legislatura hicimos 618 reclamaciones de derecho de acceso, que se triplicaron hasta las 1.730 a 31 de diciembre del año 2022. Y lo mismo, o mucho más fuerte incremento, se multiplicaron por 15 las 342 evaluaciones de los portales de transparencia públicos, hasta las 5.068 concluidas en el año 2022, porque fundamentalmente incluimos en los tres últimos años, como ustedes saben, por otras anualidades, la evaluación a los portales de transparencia de entidades y empresas que han recibido ayudas públicas y que están obligadas a la transparencia, igual que lo están, o en menor medida, quiero decir, los portales públicos. Ambas, tanto instituciones públicas como entidades subvencionadas que gestionan dinero público, están obligados, por la ley de transparencia, a dar cuenta mínimamente de lo que hacen.

Como les decía, esas evaluaciones se multiplicaron por 15 en la última legislatura, y en el siguiente cuadro, o en el anterior, incluso, pueden apreciar la evolución de las notas medias por sectores, tanto el autonómico, como el insular, el local, el universitario…,. En el conjunto del sector público, ya llevamos dos años por encima del notable; y creemos que la tarea ha sido ejecutada satisfactoriamente. Ahora, como apreciarán ustedes allí, en esa imagen, la tarea pendiente, y en la que espero poder desgranar un poquito en el segundo turno, es cómo mejoramos el cumplimiento de la publicidad activa: los portales de transparencia de aquellos miles ya de empresas y entidades privadas que reciben fondos públicos, tanto del Gobierno, como de los cabildos, como de los ayuntamientos canarios.

Como les decía, ahí, en el informe y en ese cuadro, tienen la evolución sintetizada de las notas de todos los operadores. Ya  les comenté que el último año han sido 3.167, como se aprecia en la siguiente curva, en el siguiente gráfico, de evolución del número de evaluaciones. Verán ahí que el salto fundamental se produjo en el último ejercicio, donde pasamos de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 del año pasado, como les decía, porque más de 2.000 ayudas COVID de más de 60.000 euros se incorporaron a nuestro censo de entidades emplazadas a rendir cuentas sobre transparencia, y produjo ese disparo hacia arriba de la curva del Índice de Transparencia de Canarias, que, como saben, mide el estado de la “salud” o calidad de la publicidad activa. Es decir, la calidad de los portales de transparencia, que no hay que confundir nunca con la “salud” de la transparencia global del sistema público de Canarias, porque en el sistema de la transparencia pública de cualquier ámbito territorial cuenta tanto o más cómo se ejerce el derecho al acceso a la información:  cuando se le pregunta a las instituciones por información pública, como lo se cuenta o se hace en los portales de transparencia, que es, digamos, el aspecto que más se ha conocido en los últimos años de nuestro trabajo, hasta ahora.

Lo advierto desde ahora: para nada somos triunfalistas con las cifras que acabo de exponerles, la detección de nuestras carencias y fallos, con la ayuda encontrada, entre otros, en este Pleno y en la Comisión de Gobernación, nos sirve cada año para avanzar. Y lo primero que he de hacer es expresar mi sentido agradecimiento por ello, así como también a los servidores públicos de este Parlamento, con los que compartimos lugar de trabajo, por su ayuda y consejo cada vez que lo necesitamos.

Hasta ahora hemos sido objeto de atención pública, como les decía, tanto en Canarias como en Madrid, en Murcia o en Navarra, donde están implementando nuestro modelo de evaluación de las portales de transparencia. Hemos captado la  atención en esas comunidades y también en Iberoamérica, donde a veces se han interesado por este modelo que hemos desarrollado en Canarias, por nuestra singularidad  en la creación de un índice de transparencia que mide los portales de información de las instituciones y también de las entidades subvencionadas.

Y lo hemos hecho a través de esta herramienta, T-Canaria que corre y está disponible en nuestra sede electrónica y que ha suscitado, además de  reconocimientos a nivel nacional, una posibilidad de evaluar a muchas entidades a muy bajo costo. Prácticamente podemos entrar en eso en el futuro, a pesar de que hacemos 3.167 evaluaciones, pues prácticamente nuestro costo se mantiene en menos de 80 euros por evaluación. Lo hemos podido hacer y por eso ha suscitado el interés de otras administraciones semejantes a la nuestra. Pero esto es bastante conocido. Lo que quería destacar sobre todo de este año se refiere al compromiso que adquirí ante ustedes en esta misma Cámara el año pasado, en 2022, centrado más que en la publicidad activa, [donde hemos visto que hemos conseguido unos niveles bastante aceptables], en el derecho de acceso a la información. Y quería repasar con ustedes algunos datos.

En la anterior legislatura, donde fueron tres los años plenos de aplicación de la ley, abordamos 618 reclamaciones de derecho de acceso a la información desde los ciudadanos, concejales y consejeros de los cabildos, frente a las 1.730 de los cuatro años que van del año 2019 a 2022. Es decir, prácticamente hemos triplicado los expedientes de este tipo, que son los más característicos de los consejos de transparencia autonómicos y en todo el mundo; es decir, son los que se dedican a amparar y garantizar este tipo de derecho ciudadano. Son aquellos que tratan de garantizar la entrega de la información a los ciudadanos sin necesidad de largos y costosos pleitos judiciales.

Las 575 reclamaciones presentadas en el año pasado nos vuelven a situar a en los lugares de  cabeza del país en reclamaciones por 100.000 habitantes ( 26 anuales por 100.000 habitantes), y esto tiene que ver, sobre todo, con la propia visibilidad del Comisionado de Transparencia en los medios de comunicación, tiene que ver con nuestra amplia presencia en los canales audiovisuales, especialmente en Youtube, con las consultas telefónicas y mails masivos anuales a miles de operadores en Canarias y con el creciente uso del derecho de acceso a la información por los propios funcionarios de las administraciones públicas para demandar información a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus directivos administrativos.

Y las resoluciones de derecho de acceso a la información las hacemos con cada vez más seguridad y acierto; quiero y permítame pensarlo así a la vista de los datos. Porque en los dos últimos años no hemos tenido ningún recurso  ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De las 1.003 resoluciones de derecho de acceso que hemos dictado en los años 2021 y 2022,  no ha sido recurrida ninguna, frente a los nueve recursos que se presentaron contra nuestras decisiones en los años anteriores, cuando habíamos firmado 1.037 resoluciones. En ocho de ellos se confirmaron nuestras resoluciones plenamente y solo en el noveno se le dio la razón parcialmente a la persona reclamante.

En los últimos años, lo más destacado en este campo no es el crecimiento de las resoluciones de derecho de acceso. Hasta hace quince meses estábamos, como la mayor parte de las comunidades autónomas donde se conocen este tipo de datos, que no en todas se conocen, en un nivel francamente lamentable de escaso cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso por parte del conjunto de las administraciones canarias, o mejor dicho, sobre todo de las instituciones autonómicas y municipales, ya que en el ámbito insular de los cabildos los ratios han sido históricamente mucho mejores, como también se puede apreciar en el resumen ejecutivo de nuestro informe. Ningún cabildo tiene ahora ningún incumplimiento de resolución de derecho de acceso pendiente de los tres últimos años. Y por eso hemos querido destacar el comportamiento de los siete cabildos, porque de alguna manera son un poco como una referencia ejemplar  para el resto de las Administraciones en el futuro.

A lo largo del año 2022 y primeros meses del 2023 hemos aplicado lo que les anuncié el año pasado, el programa de monitorización y verificación del cumplimiento, del que informé en esta Cámara y en la Comisión hace unos meses. Entonces, no constaba el cumplimiento de más de un tercio de las resoluciones; un tercio como ocurre en las comunidades autónomas que controlan estos datos, excepto en Navarra, que dispone en su ordenamiento de multas coercitivas para los incumplidores y donde no hay ni un solo incumplidor. Y esto  no porque se haya aplicado multas coercitivas, sino simplemente por el hecho de que, ante su existencia, los incumplimientos son absolutamente nulos, son cero.

Aplicando el programa que les anuncié el año pasado, se han producido estos resultados, como ven en el cuadro. De tener algunos años entre el 35 y el 50 % de resoluciones incumplidas, pasamos a que los incumplimientos en el año 2020 fueran solamente del 8,37 %, ni uno de cada diez; en el año siguiente, del 10,48 %, uno de cada diez;  y en el año 2022, del conjunto de las administraciones canarias, el 17 %, que yo espero reducir hasta por debajo del 10%, antes del verano, porque continuamos con ese proceso de requerimiento constante a las administraciones para que satisfagan las expectativas razonables y justas y acordes a derecho de los ciudadanos:  En los dos primeros años, por tanto, a menos de un 10 % los incumplimientos.

Quiero destacar estos avances, aunque no podemos estar satisfechos hasta que logremos por completo el cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso como han logrado en algunas comunidades.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán, por favor, una cuestión.

Le he dado tiempo. Le he dado un minuto más, medio, 30 segundos más. Yo le voy a dejar 30 segundos más y acabe, por favor.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta.

Por lo tanto, me gustaría simplemente destacar estos avances que no son del todo satisfactorios, como les decía, y dejar tres reflexiones para el siguiente turno del debate. En los tres últimos años he sugerido la implantación de multas coercitivas en diferentes debates para garantizar el derecho de acceso, como ya figura en la Ley de Transparencia, que les dije, de Navarra. También en el borrador de la ley estatal que está trabajándose y también en el borrador de la ley de gobierno abierto que este Gobierno ha estado manejando en los últimos dos años y que no ha llegado a esta Cámara, pero que espero que en la siguiente legislatura se desarrolle en paralelo a la ley estatal que también está cambiando en este momento.

Hemos aprobado la semana pasada una recomendación de publicidad activa para las entidades subvencionadas, que ya hemos visto antes que apenas tienen una nota media de 4,48, pero que va dirigida a todas las administraciones públicas, porque, en parte, el gran problema es que el desconocimiento amplio tanto en el sector funcionarial que debe de aplicar las ayudas, como en las ayudas cuando se reciben sin constancia y sin conocimiento de que están obligadas…

Muchas gracias y continuamos más adelante en estos temas y en cuantos quieran plantearme. Gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 Turno ahora para los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Fernández de la Puente, tiempo cinco minutos.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): Gracias, señora presidenta. Y buenas tardes, señor Cerdán.

Estamos ante el cierre de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica que ha sido. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante muchos meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las administraciones intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesara la actividad y el servicio a los ciudadanos, como, por ejemplo, hizo este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva realidad, ese periodo en que, poco a poco, se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer a día de hoy, salvo en aquellos centros médicos o farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 a finales del año 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos generales del año 2020 a 2021 fueron un claro incremento de la actividad. Usted ha hecho una exposición breve, pero concisa, de todos esos datos y yo voy a hacer referencia solamente a algunos de ellos.

El número de expedientes en el año 2020, 1.267, frente a los de 2021, que fueron casi 2.000. Y si nos fijamos en las consultas que se han realizado, pasan de 1.900 a más de casi 3.000. Unas cifras récord de lo que muestra la evolución que ha tenido la acción de este Comisionado.

Estas cifras de por sí serían muy buenas, si no fuera porque el año pasado se batieron nuevamente todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se evaluaron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que además la gestión de expedientes se duplicó pasando de 1.900 a más de 4.000 en el año 2022. Y si hablamos de las consultas, estas han pasado de casi 3.000 a unas 8.100. Como he indicado en su presentación, las actuaciones han pasado de 5.000 a 12.300.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia de informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento, el 100 % de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde se queda por hacer esfuerzo, como ya le dije en la Comisión cuando usted presentó este informe, es en las corporaciones de derecho público, 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los del año 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios, que no llegan al 50 %, concretamente ese 45 %.

En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más del ocho, salvo en el caso de las mancomunidades, que nuevamente llegan a un aprobado raspado con el 5,32. Poner de manifiesto, y me gustaría, porque me extrañó y se lo dije en la Comisión, la transparencia en cuanto a la Comunidad Autónoma, que haya bajado de un 9,65 a un 8,59. Sigue siendo un índice muy bueno, y este último año rompe con una tendencia de ejercicios anteriores.

Gracias a los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes Administraciones Públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser su obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados.

En este último informe de esta legislatura, y haciendo balance estos cuatro años, como le dije en mi intervención, se ve reflejado este esfuerzo de las Administraciones Públicas por dar satisfacción a la transparencia que debe prevalecer, pero, sobre todo, analizando los datos, pone de manifiesto el magnífico trabajo que un reducido equipo de personas que componen el Comisionado ha venido realizando.

Termino, señor Cerdán. En nombre de mi Partido Ciudadanos, les felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado, y el cual, por supuesto, hago extensivo a todo su equipo.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Fernández de la Puente.

 Turno para el grupo de ASG, señor Ramón Ramos Chinea, por tiempo también de cinco minutos.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Cerdán.

Agradecerle y reiterarle el agradecimiento que ya hicimos al Comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto, a todo el equipo, que son compañeros de esta cámara, y ya lo hicimos también, como digo, en la comisión de la semana pasada.

Hoy nos traslada, una vez más, los datos contenidos en este informe, relativos entre los años 2020 y 2022, un periodo en que las gestiones realizadas por la oficina o por el Comisionado han aumentado sustantivamente, hasta llegar a 12.277 gestiones realizadas en el pasado ejercicio, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes, incluyendo la mejora en las resoluciones, ya que, de las 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, un porcentaje bastante alto.

Sin duda, es una carga de trabajo que demuestra la proactividad y también la productividad y el continuo esfuerzo del personal del Comisionado, y los avances que han supuesto las herramientas digitales para realizar las comprobaciones necesarias en la labor de transparencia en la gestión de las administraciones públicas.

Y la nota general del Índice de Transparencia en nuestro archipiélago, en Canarias, ha subido hasta el 7,82, como ya decía, en el año 2021, destacando el sector autonómico con 8,51. Los cabildos con 8,42 y los ayuntamientos con un 7,37. Si bien es cierto que el sector privado, que debe rendir cuentas por recibir ayudas públicas, unas 3.161 entidades, pues ha llegado solo a un 4,84 %, aunque cabe destacar que ha subido, aunque sigue siendo ese índice insuficiente.

También es preocupante el cumplimiento de las obligaciones que tiene el acceso a la información pública en Canarias, porque la ratio de cumplimiento entre 2020 y 2022, en vez de subir, ha bajado en el conjunto del sector público.  Desde el 91,63 % se ha bajado al 82,25 %. Hoy hay que revisar las causas de este empeoramiento de datos, aunque consideramos que cada vez más administraciones y entes asociados optan por aumentar su implicación con la transparencia y acceso a esta información, siendo muchas veces los problemas de acceso derivados de la falta de recursos humanos y administrativos suficientes para dedicarlos precisamente a esa tarea.

Pero, como dice el refrán, «querer es poder», y esto es una cuestión de voluntad política. Precisamente en la comisión le daba datos de la isla de La Gomera, usted también lo hacía en su intervención, donde el Cabildo solo recibió dos reclamaciones y un índice de transparencia del 9,58 %, el mejor de todos los Cabildos. Además de la bajada importante de reclamaciones en los ayuntamientos de la isla, solo existiendo cuatro reclamaciones de las 304 que recibieron el conjunto de los municipios de todas las islas.

Y es verdad que a través de los indicadores se puede hacer un mayor esfuerzo de concentración, de motivación para mantener esa excelencia, pero también a través de las recomendaciones y pautas de la oficina del Comisionado podríamos corregir esas deficiencias y aumentar, y, por tanto, la respuesta que le damos también a la ciudadanía.

Señor Cerdán, la intercomunicación entre varias oficinas de Comisionados de otras regiones, a nivel nacional y en los distintos foros, se han realizado evidenciando algunas cuestiones en las que debería mejorarse, tanto normativamente como a través de distintas herramientas, este trabajo para potenciar e impulsar la transparencia y el acceso a la información que deben tener nuestros ciudadanos. Empezando, por ejemplo, por establecer consecuencias jurídicas a quienes incumplen estas obligaciones y los mecanismos para que a través de la oficina del Comisionado de Transparencia se aperciba y se pueda manejar este posible régimen sancionador con efectos jurídicos suficientes.

Y estas son reflexiones que tenemos que hacernos, porque la necesidad de ser transparentes es la misma, pero debemos revisar el sistema para comprobar si en estos años desde 2014, en que se creó el organismo, ver cómo nos vamos adaptando a la normativa y ver cómo ha ido esta mejora en la transparencia.

 Y termino agradeciendo una vez más, señor Cerdán, tanto a usted como a su equipo el trabajo…

(Pausa)

 Gracias, señora presidenta.

Simplemente para acabar, agradecerle, como le decía, señor Cerdán, el trabajo que realiza tanto usted como su equipo, agradecerle que vengan al Parlamento a darnos cuenta de esos datos y ver en qué vamos mejorando y dónde tenemos todavía que reforzar mucho más para que las administraciones públicas cada vez sean más accesibles al ciudadano.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, don Ramón Ramos Chinea.

 Turno para el Grupo de Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Cerdán.

Nosotros, el otro día lo planteamos en la Comisión, creemos que la sola existencia del Comisionado de Transparencia, digamos, es un valor en sí democrático, porque además estudia los índices de transparencia, no es que sancione, pero sí es verdad que en parte obliga, compromete a todas las instituciones a ser transparentes, y eso es un valor democrático que afortunadamente en nuestra comunidad lo tenemos y además hemos bajado la nota de incumplimiento. En datos, impresionante, la media de España de incumplimiento está en 35 y la nuestra estamos en 17, hemos bajado enormemente. Por lo tanto, creemos que la ciudadanía canaria tiene además en el portal de dicho comisionado todos los datos.

A nosotros nos ha interesado bastante analizar no solamente las entidades públicas dependientes de los organismos, cabildos, ayuntamientos, también el gobierno de Canarias, sino también las entidades privadas, hasta un total de 3.161. Se analizan las entidades que han tenido algún tipo de subvención por encima de 60.000 euros, y eso a nosotros nos parece relevante y la ciudadanía tiene que saber de qué estamos hablando.

A continuación, comentaré algunas. Entidades evaluadas del sector privado 3.161, esto sobre un censo total de 3.766, como ya se ha dicho aquí, con unas actuaciones del Comisionado, que han evolucionado de 5.000 a unas 12.000 y pico. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un trabajo impresionante, que además agradecemos también la presencia aquí de todo su equipo, que está aquí en el palco, y está bien que estén en el palco porque se merecen una consideración especial de toda la ciudadanía canaria, del trabajo incesante, estadístico que hacen ahí también, llamadas y todo este tipo de cosas. Como se ha indicado aquí, la participación ha subido muchísimo, del 100 % casi en las entidades públicas, las entidades dependientes, también en el sector privado…

Esta mañana se decía en alguna intervención por parte del Partido Popular que este gobierno no es transparente, que la comunidad no es transparente, en fin, están quejándose constantemente, incluso de que la Radio Televisión Pública Canaria no es transparente. Pues bien, el dato es el dato que le puedo decir, lo demás es propaganda. Es verdad que hemos bajado la Comunidad Autónoma en transparencia desde un 9,6, está en un 8,59, no llega al punto de baja, pero estamos rondando el sobresaliente.

En cambio, la Radio Televisión Canaria está en un índice de transparencia de 9,97 y la radio de 9,96. Por lo tanto, transparencia máxima. O sea, cuando digan que no somos transparentes, ahí está el dato. Por si se quieren entretener en mirarlo, yo me he entretenido.

En definitiva, yo creo que estamos en una senda positiva, estamos avanzando en niveles de transparencia. Nosotros el otro día en la Comisión llamamos la atención sobre un hecho y es la cantidad, la enorme cantidad, porque se ponen a leer ahí todas las entidades que han cobrado subvenciones por encima de 60.000 euros y resulta que hay un montón de empresas hoteleras, turísticas y derivados que no responden, que incumplen, por ejemplo, no sé, por citar algunas, Promociones Turísticas Tenerife, cobra un millón de euros de subvenciones y no tiene datos de transparencia. Paloma Viz Apartamentos, sin datos, cobra 887.000 euros. Hoteles del Atlántico, casi 500.000 euros, un 0,9 en transparencia. Entonces, creo yo que estos datos también soparán, esto es lo que estudiamos y hagamos un seguimiento también a de dónde se están dando determinadas subvenciones, porque después hay entidades sin ánimo de lucro, no sé, la Cruz Roja, un 10 en transparencia. Caritas, un 10. Radio Beca, un 6,3. Aldeas Infantiles, 8,6. La Federación de Arrastre Canario, 8,24, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, hay datos ahí muy interesantes. También me gusta ver el dato de Global -Salcai Utinsa, para los más viejos- un 8,79 y Titsa también, esto es un 9,20.

Por lo tanto, señorías, yo creo que estamos en la comisión fundamental del Gobierno de Canarias que garantiza la democracia, la transparencia. Aquí están todas las personas y entidades que pueden perfectamente también evaluar los datos. Creo que es un instrumento de ejercicio democrático, por lo tanto, merece la pena darles un vistazo a estos datos y garantizar que la democracia sigue caminando, le pese a quien le pese y no hay retorno.

 Muchas gracias, señorías, y al equipo del Comisionado.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Déniz.

 Turno para el Grupo de Nueva Canarias, señor…

 

Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias): Buenas noches, señorías. Buenas noches, señor Cerdán.

Muchas gracias por su exposición y agradecerle el trabajo, esa dirección del Comisionado, agradecer a todo su equipo en el trabajo que vienen haciendo para cumplir con uno de los preceptos y con una de las instituciones que nuestro Estatuto de Autonomía contempla. Por tanto, en el fondo también, una de las instituciones de autogobierno en nuestra tierra.

Cuando hablamos del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, estamos hablando, sin duda, de una institución que entre muchas cuestiones viene a mejorar la calidad democrática en nuestra tierra, viene a garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía, viene a estimular al conjunto de las administraciones públicas a explicar lo que hace, cómo lo hace, y en todo caso, por cuánto lo hace. Pero también, y de manera importante, y es una de las cuestiones a las que me referiré en mi intervención, evidenciando que también el sector privado que recibe recursos públicos está obligado, por tanto, a rendir cuentas, a ser transparentes para el conjunto de la ciudadanía.

Creo que el trabajo que ustedes han venido desarrollando en los últimos años es excepcional. Lo decía al principio, con muy pocos recursos, en su arranque, pocas personas, pocas cuantías económicas, crear una estructura que poco a poco se ha ganado no solo el respeto, la credibilidad, más allá de las críticas iniciales a todos los que recibíamos en alguna institución, ese tirón de oreja, esa llamada de atención, pero que poco a poco entendíamos que ese era un papel fundamental que le correspondía hacer a ustedes, pero, en definitiva, lo que ustedes estaban haciendo era porque lo que nos correspondía hacer a nosotros no lo estábamos cumpliendo. Por lo tanto, felicitarles también por la forma, el cariño y la insistencia para que todo eso se fuera produciendo.

Años en los que el crecimiento del trabajo ha sido importantísimo. Fíjese que no voy a dar prácticamente ningún dato estadístico, usted ya los ha planteado algunos de los que me anteceden. Creo que, en esta última intervención, en esta legislatura referida al Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, y al menos desde Nueva Canarias queríamos resaltar la parte más cualitativa de lo que representa al Comisionado, su evolución en este tiempo, y también los retos de futuro que tiene que afrontar en los próximos años para seguir cumpliendo con sus objetivos y con sus fines.

Fíjese que decía que ha habido un crecimiento del trabajo que ustedes han venido desarrollando importante. Cuando hablamos del crecimiento del trabajo de una figura como el Comisionado, mañana a primera hora, prácticamente, también tendremos la comparecencia de la Diputación del Común. Yo le decía en la Comisión correspondiente que cuando el número de expedientes crece, en la mayoría de las ocasiones, las reclamaciones o las quejas en el caso de la Diputación del Común se incrementan. Yo no sé si eso es una buena noticia o es una mala noticia. Mi interpretación es que es una buena noticia, porque esto es como aquellas cuestiones que pensamos que no sucedían o no suceden y en realidad sí, y afortunadamente cuando la sociedad se atreve a denunciar, a exigir lo que les corresponde, es cuando se evidencia que existía un problema. Sería deseable que no hubiera ni una sola denuncia, ni una sola reclamación, por supuesto, y esa es la aspiración a la que tenemos entre todos, con el papel de acompañante y de tutor, y en cierta medida de velar por que eso suceda, del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias es el objetivo a alcanzar. Pero lo que es cierto es que, si cada vez más personas reclaman, es porque afortunadamente también, y eso es una tarea importante en el aspecto positivo del trabajo que ustedes han hecho en los últimos años, cada vez más gente, más ciudadanos en esta tierra conocen sus derechos, conocen la figura del Comisionado y de su institución y por tanto la utilizan. Creo que ese es un aspecto importante.

Fíjense, aspectos también relevantes, al menos en este último informe. Usted lo decía, se había comprometido con anterioridad a mejorar una vez que se había avanzado de manera notable en los índices de transparencia, en los portales de transparencia de las administraciones públicas, el compromiso de garantizar que el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía era efectivo. Un trabajo importante que no es nuevo de este último año, que viene desarrollándose en los últimos años, pero en el que han tenido una mirada especial en estos últimos ejercicios con un notable incremento de las resoluciones por su parte.

Pero yo quiero poner también en evidencia un aspecto importantísimo en este último informe. Y fue un compromiso que usted tuvo también en la última comparecencia anterior, en el ejercicio anterior, y era ser capaces de impulsar la transparencia de todas las empresas privadas que habían sido beneficiarias de recursos públicos. Obviamente, las administraciones públicas tenemos que ser los que demos ejemplo, estamos obligados, pero también están obligadas las empresas públicas que reciben cuantías superiores a determinados niveles, 60.000 euros en algunos casos, cuantías superiores en otros, a ser transparentes con el conjunto de la población. Y han llegado a miles de empresas.

Cierto es que con la colaboración de todas ellas, agradecimiento también a quienes así lo han hecho, y también quiero cerrar esta intervención agradeciendo, ya lo hacía al principio, a todo el personal del Comisionado, pero por extensión a todo el personal del conjunto de las administraciones públicas que han participado para que finalmente este trabajo sea posible.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Campos.

 Turno ahora para el Grupo Popular. Señora, Reverón.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Lo primero, pues darle la bienvenida al señor comisionado y a su equipo, que el otro día tuve el honor también de felicitarles y de verdad les felicitamos del Partido Popular por el gran trabajo que están haciendo y que siguen haciendo con estos informes.

También quiero agradecer la labor que han desempeñado todos los funcionarios y todos los empleados públicos de todas las entidades públicas, que han hecho realidad la transparencia, pues hoy en día estemos hablando de ella, y sobre todo gracias al avance de esa aplicación telemática de Canarias.

Señorías y señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia ha sido clave y esencial. No en vano, la primera ley de transparencia, ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue obra del Partido Popular bajo la presidencia del presidente Mariano Rajoy. Y quiero recordarlo, ahora que está tan de moda hablar de ese gobierno abierto y que algunos intentan ponerse continuas medallas.

Ahora bien, sí tengo que decir que la falta de acceso a la información puede tener graves consecuencias para la sociedad. Por ejemplo, puede permitir la corrupción y el abuso de poder, ya que aquellas personas que están en posiciones de autoridad, pues pueden ocultar sus acciones y, sobre todo, sus decisiones. Es importante que los gobiernos reconozcan la importancia del derecho a la información y a la transparencia, y que trabajen para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esa información tan relevante y necesaria. Asimismo, es fundamental, por supuesto, que los ciudadanos sean conscientes que tienen ese derecho y gracias a sus campañas de comunicación que ha hecho y publicidad, cada vez lo saben más; porque lo cierto es que estamos asistiendo a unos nuevos tiempos de la sociedad de la información que la desinformación parece que está a la orden del día y eso es peligroso.

En este contexto, la transparencia real es una garantía y renunciable de cara a la ciudadanía y también a los medios de comunicación para que dispongan de las herramientas suficientes para que puedan fiscalizarnos, para que puedan fiscalizar a sus representantes públicos. Y nuestro caso también es una herramienta importante que nos sirve para poder ejercer la labor de fiscalización que todos tenemos. Y en este sentido, sí me gustaría hacer un paréntesis, que hice esta mañana.

Vamos a ver, estamos en el último pleno de esta décima legislatura y en el día de hoy he tenido que denunciar públicamente cómo el Gobierno de Canarias ha dejado al grupo parlamentario de contestarle casi 300 solicitudes de información. Señoría, 300. Y me hace gracia que hoy tenga que escuchar a esta última hora de la noche, que a algunos está claro que no les interesa lo que estoy diciendo. Me hace gracia que algunos vengan y digan, «hombre, es que ha habido empresas que han sacado un 0,3 % en transparencia porque no han contestado». Y yo digo, si me lo permiten, que estamos en confianza yo creo más a estas horas ya de la noche. ¿Perdón? Ah, es que no contesta una empresa privada, Pero y ¿qué pasa con el Gobierno de Canarias? ¿Cómo vamos a pedirle nosotros a las empresas privadas que sean transparentes cuando el propio Gobierno de Canarias no lo es con la oposición, señorías? Y esto deja mucho que entrever.

Por tanto, lo decía esta mañana, la conclusión es clara, ¿qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias? ¿Ustedes saben lo que son 300 solicitudes de información? y ni una sola respuesta. Por tanto, ese dato que ha dado el Comisionado de Transparencia que la Comunidad Autónoma ha aprobado además con nota, tiene un sobresaliente a mi grupo parlamentario, no nos sirve de mucho, porque la otra cara de la moneda es que no nos contestan, o, mejor dicho, no dan la información que no les interesa, porque a otras cosas sí que contestan. Por tanto, señorías, hoy que hablamos de transparencia, transparencia del resto de las Administraciones Públicas, porque lo que respecta al Gobierno de Canarias y su deber de informar a quienes tenemos el derecho legítimo de obtener esa información, pues no lo recibimos. Por tanto, yo sí les voy a decir a los grupos que apoyan al Gobierno, en un Estado de Derecho donde está la división de la separación de poderes, les guste o no les guste, van a tener que seguir contestando a la oposición.

Como ya me queda poco tiempo, yo quiero terminar con lo siguiente. Confiamos en todas las estadísticas que nos ha dado el Comisionado de Transparencia y esperamos que esas estadísticas no se queden solo en eso, en esa foto fija, y que cada vez se pueda seguir trabajando en esta transparencia para que todos y cada uno de nosotros podamos tener acceso a…

Voy terminando, digo que espero que el Comisionado y todo su equipo siga haciendo esa labor de pedagogía para que todos podamos seguir teniendo acceso a esa información tan necesaria para poder fiscalizar y controlar lo que hacen los representantes públicos.

 Muchísimas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Nacionalista Canario. (Pausa) Adelante señora Beato.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Comisionado, bienvenido a esta cámara y también a todo el equipo que le acompaña. Un año más le felicitamos por el rigor y la profesionalidad que siempre demuestra en sus informes.

En cuanto a las obligaciones de transparencia, los datos reflejan una correcta evolución de las instituciones, salvo en contadas excepciones, sobre todo en los ayuntamientos. Podemos afirmar a la vista del informe que en el plano formal las instituciones canarias con carácter general cumplen. Y recalcamos lo de “en el plano formal”, porque señorías, nos preguntamos si es suficiente con el cumplimiento formal de la ley.

¿Se están garantizando los derechos de los ciudadanos a conocer el porqué de las decisiones de sus gobiernos? ¿Es posible conocer la verdadera razón y la motivación de las políticas que nos afectan? Mientras asistimos a gobiernos inmunes a las críticas, alejados de la realidad, amparados en su mayoría parlamentaria, a quienes les incomoda el más elemental diálogo de preguntas y respuestas. ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha tenido programa de gobierno, anunciado, pero nunca aprobado y ni conocido por la ciudadanía? ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha dado cuenta como corresponde de su programa legislativo en el Parlamento? ¿Que pide consenso mientras decide unilateralmente acuerdos, planes y proyectos que nos presenta aquí a hechos consumados? Un gobierno con un curioso sentido de la democracia parlamentaria que expresa en sentido peyorativo que hacemos política cuando preguntamos o nos interesamos por los problemas reales de la ciudadanía.

Y recordando al filósofo Byung Chul Han, la relación entre la transparencia y la mera apariencia, gobiernos más preocupados por las apariencias que por la realidad, para el que todo es positivo, “Canarias va bien”, dicen, “el milagro canario”, con los peores datos de dependencia, con los peores datos de lista de espera sanitaria y el colapso de la atención primaria, sin plazas sociosanitarias nuevas, sin viviendas nuevas en esta legislatura.

No es posible ocultar la realidad negando la realidad. ¿Y puede sacar sobresaliente en transparencia un gobierno que ni siquiera quiere debatir en esta Cámara si se crea o no una comisión de investigación para conocer qué pasó con 4 millones de euros empleados en mascarillas que nunca llegaron a Canarias? ¿Es posible que apruebe un gobierno que no sabe o no quiere explicar por qué un individuo en plena pandemia deambulaba haciendo negocios presuntamente turbios utilizando dependencias públicas? Un gobierno que esconde la cabeza cuando preguntamos quién, por qué y para qué le facilitó el salvoconducto que le permitió acceder a edificios y despachos oficiales.

En definitiva, señor comisionado, muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Y cómo puede actuar el Comisionado de Transparencia ante esto? ¿Cómo se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos y los derechos políticos de quienes ejercemos la oposición? Porque echamos de menos una mejora cualitativa de la transparencia. Y no puede aprobar un gobierno que ha hecho lo que ha querido y muy poco de lo que dijeron que harían.

Muchas gracias, señor comisionado. Concluimos reiterando la felicitación por el trabajo realizado y animándolo a seguir con esta profesionalidad en la defensa de la transparencia de la gestión pública.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Socialista Canario. (Pausa) Adelante, señor diputado. Señor Mauricio.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): Muchas gracias, presidenta.

Antes de pensar, hablar de lo que hemos venido a hablar, parece que a los grupos de la oposición les molesta el sobresaliente que tienen las administraciones públicas y especialmente el Gobierno de Canarias. Sí que quiero comentar, porque lo hicieron en la Comisión y lo vuelven a hacer hoy y me parece una falta de consideración al comisionado que ha presentado dos informes y ni siquiera hablan de ellos. Y yo les digo una cosa, ustedes han presentado, según parece, han denunciado esta mañana que han presentado 300 preguntas y todo esto. Bien, ustedes han presentado 300 preguntas, las preguntas las presentaron, he visto yo los registros, desde el año 2019. Las han traído a Pleno en el último pleno de la legislatura, cuando habían presentado las preguntas en septiembre de 2019. La Cámara tiene instrumentos para la labor del diputado, que es traerlo a Pleno. De forma inmediata, el gobierno tiene un mes y al mes lo puede traer a Pleno. Es más, puede traerlo a Pleno en un mes y si no consigue una respuesta que le satisfaga, pueden dictar resoluciones o instar a que se dicten. Cero resoluciones en esta Cámara, en esta legislatura. Cero sobre la transparencia del gobierno, que es sobresaliente. Y así lo recoge el propio informe. El informe lo dice claramente, la población canaria disfruta de un nivel altísimo de transparencia.

Pero yo, como no quiero ser desconsiderado, el tiempo que me queda lo voy a dedicar al agradecimiento de todo el equipo del Comisionado, al comisionado, porque aquí se le agradece al comisionado, pero no se habla de su trabajo. Se le dice que hay un buen trabajo, pero su trabajo no se valora adecuadamente. Y yo creo que sí lo debemos hacer. Y en este sentido, yo he visto en este informe, en estos dos informes, un crecimiento en el mapa de obligaciones, que eso es un éxito ya per se, y un crecimiento en los sujetos obligados a evaluación. Y este crecimiento tiene que ver con la labor del Comisionado, que empezó realizando en el año 2020 la primera campaña institucional sobre el derecho de acceso a la información realizada en Canarias en estos años. Centrada, sobre todo, en mil cuñas, bajo el lema «Canario conoce tu derecho a saber y preguntar». Y los canarios lo han hecho.

Y la respuesta ha sido: al informe pasado, se incorporó la evaluación de las 66 corporaciones públicas de Canarias, es decir, los colegios profesionales y las cámaras de comercio. Pero el informe del año 2020, realizado en el 2021, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones, lo que supone un 81,82 %. En la evaluación realizada en el año 2021, se decidió emplazar y rendir cuenta de la propia transparencia a las entidades privadas que recibieron subvenciones en el año 2020 por 60.000 euros del Gobierno de Canarias. Pero en ese año también se incluyó a todos aquellos sujetos que recibían ayuda de los cabildos insulares por más de 100.000 euros, que percibieron de los fondos de la Administración. De este modo, el censo de sujetos obligados subió hasta los 706. Y de estos 706, el 82,1 %, es decir, 579 entidades, presentaron su declaración de transparencia.

Este informe, como he dicho, con 335 sujetos obligados de los 347 presentaron su declaración de transparencia, por primera vez alcanzaron una media notable del 7,5, es decir, que ya estamos en niveles de notable, sobresaliente, en todas las administraciones. Muy destacable el avance de las 146 entidades que alcanzaron puntuaciones iguales o superiores a nueve puntos, esto es el 43,58 %,  cuando en referencia al anterior informe fue solo de un 29,19.

Pero si analizamos las puntuaciones teniendo en cuenta también a la población  correspondiente a cada administración, el conjunto de las 96 instituciones logró una media ponderada también por primera vez de sobresaliente, 9,24 puntos, más de tres puntos por encima del valor obtenido en 2016.

 En suma, aunque a algunos no les guste, y así lo recoge el informe, la población canaria en general puede disfrutar de un buen nivel de transparencia activa.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor diputado.

 Concluido el debate del informe del Comisionado sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ah, perdón, corresponde cinco minutos, señor comisionado. Señor Cerdán, disculpe.

 Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos de nuevo.

Gracias por los reconocimientos, por el estudio que he visto que han realizado del informe y también quería ampliar mi agradecimiento, como lo hago todos los años, excepto este que se me pasó, a los más de 3.500 personas, en este caso, por primera vez, más privados que públicos, pero prácticamente cerca de mil funcionarios, más de 2.500 personas del sector privado, que han colaborado con nosotros analizando sus portales, cargando los datos en nuestra sede electrónica, por lo tanto, siendo conscientes de sus lagunas o aciertos en transparencia, y por lo tanto, se han producido unas sinergias internas para que mejoren ellos y nosotros aprendamos más. Y por eso me gusta siempre destacarlos.

Desde el sector privado también quería, se ha comentado aquí alguna cosa, quería destacar que el 4,48, a pesar de que puede parecer una nota baja, para nosotros, no es baja porque es la más alta que conocemos en España, porque es la primera comunidad que lo evalúa y nadie puede decir en el sector privado en España que está por encima. Y entendemos, además, que esto ocurre porque generalmente en las convocatorias de las subvenciones e incluso en la divulgación de las subvenciones y en la comunicación de la concesión de la subvención, no se recuerda suficientemente al perceptor las obligaciones de transparencia que tienen, no solamente en base a la Ley de Subvenciones, sino en base a la Ley de Transparencia de Canarias [y estatal], que les obligan, como ustedes saben, a publicar 12 elementos informativos en su web, en su micro portal de transparencia.

En ese sentido, la semana pasada aprobamos una recomendación que ustedes tienen ya en el portal del Comisionado, dirigida a las 98 administraciones canarias para que en sus convocatorias informen a los perceptores, a los beneficiarios, de las obligaciones que conlleva recibir más de 60.000 euros [https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/138/bo138.pdf]. Con menos de 60.000 euros no tienen una obligación formal, más de 60.000 euros tienen la obligación de contarlo en su web, contar algunas cosas importantes, como su propia cuenta de resultados, en muchos casos. Tengan en cuenta que el año pasado, en el 2021, más de 200 empresas canarias recibieron más de un millón de euros. Y casi 30 recibieron cinco millones de euros. No estamos hablando solamente de pequeñas entidades, estamos hablando también de entidades, empresas importantes que han recibido mucha financiación. En ese sentido, me gusta recordar eso, porque también hay una parte que nos corresponde a nosotros y a las 98 administraciones en mejora, en el  impulso para que eso mejore, no solamente al sector privado.

Por otra parte, me gustaría, al final, detenerme un momento no solamente en los reconocimientos y valoraciones positivas que nos han hecho, sino sobre todo en la que más nos enseñan. En las valoraciones críticas hacia nuestro trabajo y hacia el conjunto de lo que es el nivel de la transparencia en Canarias. Valoraciones críticas cuando se nos ha dicho, con cierta razón, que se echa de menos una mejora cualitativa del sistema de transparencia. Para empezar, el sistema de transparencia siempre es mejorable, aunque llegáramos al cielo y más. La transparencia es un horizonte, y los horizontes saben ustedes que, cuando se alcanzan, siempre aparecen detrás horizontes mejores. En segundo lugar, es cierto que tenemos ya dos años de cumplimiento más que notable de los portales de transparencia, pero, como les he dicho, aunque hemos mejorado en el derecho de acceso, fundamentalmente este año, y hemos mejorado mucho, nos queda un tramo por mejorar.

No he entrado en particularidades, pero, si tuviera tiempo, desgranaría un poco dónde están los agujeros en el derecho de acceso al ciudadano. Me gustaría, en los dos minutos que me quedan, centrarme en otro de los temas que han salido aquí hoy y que salió en la Comisión [de Gobernación] del otro día, que se refería al propio derecho de acceso de los parlamentarios de esta Cámara, de los parlamentarios de esta Cámara y de las diecisiete cámaras Autonómicas, y si me apuran, del Congreso y del Senado, porque mi conclusión, después de estos años de análisis e investigación en esta materia, es que, en general, las cámaras parlamentarias aprobaron buenas leyes de transparencia para este país, tanto a nivel nacional como autonómico, y se olvidaron de actualizar sus reglamentos en la misma medida sobre la transparencia.

Al punto que yo, en muchas ocasiones, y alguna diputada lo comentaba ahora y en la legislatura pasada cuando no estaba en el Gobierno, sino que estaba en la oposición, en muchas ocasiones tiene más rápida respuesta un ciudadano que un diputado, dado que, a través de los diferentes trámites y requisitos y tiempos, desde que presenta la pregunta, se califica, se manda a la viceconsejería, al departamento, vuelve para… (…) inferiores a los del ciudadano. En ese sentido…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Sí, señor Cerdán. Sí, un minuto, vaya concluyendo. Un minuto.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: En ese sentido, creo que uno de los actos finales de este mandato, de este Comisionado, va a ser una estimación de prácticamente más de 20 de las 28 reclamaciones que nos interpuso en el mes de diciembre (no es una cuestión de esta mañana ni de hace dos semanas), una parlamentaria de esta Cámara, Nereida Calero, reclamando sobre 28 de esas 300 no respuestas que se han indicado en esta tarde aquí, 28 que correspondían a otras tantas solicitudes de información, no de opinión, de información, de datos, a través de solicitudes de información o a través de preguntas por escrito. De alguna manera nos sumamos a la tendencia en España que han abierto los comisionados del Consejo de Transparencia de Cataluña y el de de Navarra, que han admitido y estimado, diríamos, reclamaciones de derecho de acceso de sus parlamentarios. El Comisionado de Transparencia de Canarias se suma a ese movimiento, lo mismo que hicimos en el año 2016 al ser de los primeros en amparar a concejales y…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Concluya, señor… Concluya.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Concluyo.

Y, por lo tanto, les anuncio que vamos a emitir resoluciones amparando por primera vez demandas de información de parlamentarios, que me gusta que sea en este momento, en un momento en el que estamos a punto, …de que no se sabe ahora quiénes estarán en el futuro teniendo que dar información y quiénes estarán pidiéndola.

Por lo tanto, es un momento oportuno para recordarles que se abre esta nueva herramienta de mejora de la transparencia, no solamente en la calle, sino dentro del propio sistema autonómico, de la propia cámara autonómica, porque no olvidemos, y con esto acabo, que ustedes, los 70 parlamentarios que conforman esta Cámara, representantes de todos los canarios, preguntan más al Gobierno que los dos millones de canarios juntos. O sea, que lo sepan, ustedes preguntan más al Gobierno. Y hasta ahora no tenían las vías, no tenían las vías de reclamación rápida, gratuita…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán…

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  (…)

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 (aplausos)

Le damos las gracias. Siempre el tiempo se queda corto. Muchísimas gracias al señor Comisionado de la Transparencia, a todo su equipo por los informes elaborados.

Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Comisionado de Transparencia: Transcripción de la presentación y debate sobre el Informe Anual y avance del de 2022 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, de fecha 21 de marzo de 2023.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:00:05] Buenos días.

Bien, damos la bienvenida al señor comisionado, al señor Cerdán y a todo su equipo, que han hecho un denodado esfuerzo por presentarnos un informe tremendo sobre transparencia y acceso a la información pública.

Entonces, a continuación, vamos a tratar los dos informes conjuntamente [2021 – 2022]

El señor comisionado tendrá un tiempo de 15 minutos, generosos, para que nos explique todas las conclusiones del informe y, a continuación, los grupos parlamentarios intervendrán por el espacio de cinco minutos.

¿Bien? Pues bien, sin más dilación, tiene la palabra el señor Cerdán.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [00:00:57] Buenos días a todos.

Encantado de estar ya por octava vez con ustedes. Parece que fue ayer cuando me examinaba aquí, en esta misma sala, como candidato a construir esta pequeña institución para la transparencia de Canarias, poquito después de que se aprobara la ley de transparencia, tanto española como canaria. Y, como ha sido habitual en estas comparecencias, hemos procurado presentar los datos, digamos, en el mayor contexto posible, no de los del año 2022 o los del año 2021 o 2020, sino en la secuencia desde el año 2015, que permite interpretar la evolución de la transparencia en Canarias en estos años.

Generalmente, ustedes tienen…, como la pantalla no siempre se ve y, sobre todo, los cuadros con más datos no siempre se visualizan, les hemos repartido la presentación para que la tengan en mano [en este enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512]

No me gustaría que este año, como otros, solamente fuera una acumulación de datos, sino que repasáramos algunos de los datos fundamentales y nos quedáramos en una reflexión sobre lo que la transparencia significa dentro del conjunto de la gobernanza del sector público. Y, como les decía en el arranque del informe,  ustedes han podido ver desde la primera página del resumen ejecutivo, nos centrarnos en una de las actividades que este año, en el cumplimiento de la promesa que les hice aquí el año pasado, en esta misma sala, que hemos desarrollado y que tiene que ver con el programa de monitoreo del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso, que era, de alguna manera, la laguna, el punto oscuro, valga la redundancia, de lo que podía ser la mejora, las expectativas, las cuestiones pendientes en materia de transparencia en Canarias en los últimos años.

En este primer avance del cuadro de mando que llevamos del Comisionado, en estos ocho años, ustedes apreciarán que hemos prácticamente duplicado el número de expedientes administrativos el año pasado, hasta llegar a los 4.089, y hemos triplicado el número de evaluaciones de portales de transparencia hasta los 3.161, fundamentalmente por el aumento impresionante de subvencionados, fundamentalmente por las ayudas COVID, en el año 2021.

Ustedes saben que, con los registros de subvenciones del año precedente, evaluamos el año siguiente los portales de transparencia. Entonces, en el 2021 hubo una gran eclosión de más de 1.100 millones de euros en ayudas COVID; y que hubo más de 2.000 entidades, empresas sobre todo, que superaron los 60.000 euros de ayuda anual y, por tanto, estaban obligados a presentar su declaración, estaban invitados, estaban emplazados a demostrar, de alguna manera, que estaban cumpliendo con las obligaciones de publicidad que no solamente impone la Ley de Transparencia de Canarias o la estatal, sino también la propia legislación en materia de ayudas y subvenciones. En este sentido, una de las novedades que hemos introducido estos días –lo divulgaremos en los próximos días en nuestra operativa– es una recomendación que ayude en el futuro a las empresas y entidades no gubernamentales, a saber primero qué tienen que publicar cuando reciben una ayuda de más de 60.000 euros y a hacerlo de la mejor forma posible en las siguientes ediciones. [“Recomendación a las administraciones para la mejora del cumplimiento de las obligaciones informativas de los perceptores de subvenciones de 60.000 euros anuales” ya publicada en el momento de la Comisión parlamentaria: https://transparenciacanarias.org/recomendacion-a-las-administraciones-para-la-mejora-del-cumplimiento-de-las-obligaciones-informativas-de-los-perceptores-de-subvenciones-de-60-000-euros-anuales/]

En cualquier caso, les decía al principio que no quería centrarme mucho, o solamente lo imprescindible, en los datos, sino hacer una cierta reflexión sobre qué ha significado la transparencia en lo que es la gobernanza, no solamente de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias y sus 43 entidades dependientes, sino en el conjunto del sector público canario.

De ser vista, al inicio, hace ocho años, como una nueva obligación legal que se incorporaba al marco normativo de las instituciones, a ser contemplada con la experiencia que tenemos al cabo de ocho años como algo que, efectivamente, puede mejorar no solamente el derecho de los ciudadanos a saber  (la gente lo interpreta inicialmente como eso), sino también como un buen ejercicio de las funciones públicas; precisamente por esto que les comento aquí [presentación] , que está en la transparencia de la presentación y que lo hemos oído y sabido  desde muy pequeños y es: cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Esto lo hemos experimentado desde pequeñitos, con nuestros padres, con nuestros maestros, con la escuela, y generalmente lo hemos interiorizado de alguna manera. Y, realmente, las leyes de transparencia lo que vinieron es a incorporar al sistema de gobernanza pública este principio, es decir, generalmente, cuando no solamente los poderes públicos, no solamente los ejecutivos públicos, también los funcionarios saben que puede conocerse lo que se hace con cierta facilidad, tanto por el portal de transparencia como por derecho de acceso a la información la actividad que realizan, se realiza mejor la función.

Esto lo traté, de alguna manera, como otras veces, de resumir en cuatro pequeñas -no sé ni siquiera si llamarlos versos-, en cuatro pequeños mensajes [en la presentación enlazada anteriormente], que tienen que ver con cómo las organizaciones, generalmente, se planean su funcionamiento si quieren ser óptimas . Primero, antes de empezar, piensan cómo mejorar la materia de la que se ocupan y cuentan lo que harán. Después hacen lo que dijeron que harían y cuentan lo que hacen. A continuación, después cuentan lo que se hizo y lo que salió mal y, finalmente, hacen una reevaluación de la situación y piensan, hacen y rinden. Y si nunca se sabe realmente cómo estamos trabajando, es difícil mejorar.

Esta reflexión se corresponde, de alguna manera, con las cuatro grandes fases del proceso de la gobernanza pública, incluso de la gobernanza o de la gestión puramente empresarial:  Definir los planes que cada organización tiene, en programas de gobierno, en proyectos, en normas…; ejecutarlos en la fase de acción y en paralelo producir transparencia sobre cómo se está ejecutando esa actividad pública, a través de las webs, de los portales de transparencia y también de las preguntas de derecho al acceso a la información que presentan los ciudadanos.

En un tercer ámbito, una vez que eso se ha realizado, digamos a toro pasado, se produce una cierta rendición de cuentas sobre lo que las instituciones hacen, tanto en los plenos corporativos, en este Parlamento, en estas comisiones, como en los tribunales de cuentas o como en las ruedas de prensa, ante la opinión pública; y al final también todo eso se reconduce o permite que una cierta reflexión sobre lo que ha ocurrido para de nuevo empezar el ciclo, de nuevo innovando y de nuevo mejorando. Esas cuatro fases que les decía de la operatividad pública las he querido contrastar con los versos iniciales [de la presentación] y ustedes verán que, de alguna forma, la transparencia tiene un protagonismo importante en la segunda fase de ellas, que es justamente en el momento en que se están haciendo las cosas. En el momento en que se están haciendo las cosas hay que contar lo que se hace, hay que contar si se hizo lo que se dijo que haría, es decir, hay que contar si se están ejecutando los planes y en un segundo término, en un tercer término, se rendirá cuentas ante los plenos corporativos,  ante las ruedas de prensa, ante la audiencia de cuentas, etcétera.

Yo lo que quería un poco visualizar es lo que les decía al principio: la transparencia no es solamente un derecho ciudadano, sino que es fundamentalmente una herramienta que permite mejorar la gobernanza y mejorar los resultados de las instituciones.

Volviendo, de alguna manera, a lo que suele ser habitual en este tipo de comparecencias, al puro dato, vamos a repasar someramente, porque ya lo tienen ustedes en el informe, inicialmente lo que ha sido la actividad en la evaluación de los portales de transparencia, que, como saben, es una de las actividades singulares de este comisionado. No en todas las comunidades autónomas se realiza, pero nosotros la venimos realizando desde el 2016.

Y verán ustedes [en la presentación] que, como les adelantaba al principio, la curva tan impresionante de crecimiento que hemos tenido en el año pasado –se refieren al año 2021, porque la evaluación era sobre el ejercicio 2021, pero la realizamos en el 2022–, verán ustedes, como les decía antes, el salto de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 de 2022.

Fundamentalmente, dado la premura de tiempo, voy a ir pasando lo más rápidamente que pueda sobre estos parámetros. Verán ustedes que cada año han ido presentando su declaración en mayor medida. En el año 2019 estábamos en tres cuartas partes de los sujetos totales que estaban presentando su evaluación. Prácticamente ya entonces todos los sujetos públicos, el 100 % de las 98 instituciones principales, el 94 % de las 320 entidades dependientes, las dos asociaciones públicas, que eran la FECAN y la FECAI, dos tercios de las cámaras de comercio y los colegios profesionales, y solamente entonces un 60 % de las entidades privadas subvencionadas presentaron. Verán ustedes que eso creció diez puntos en el año siguiente, en el año 2020. Prácticamente mejoraron, sobre todo, las corporaciones de hecho público y las entidades privadas. Y el pasado año llegamos ya al 84 %, casi el 85 %, de los emplazados que presentaron su declaración o su autoevaluación de la transparencia.

Este cuadro siguiente es sintético de las puntuaciones: sobre cómo hemos ido evolucionando desde 2006, que, como ven ustedes ahí, prácticamente las puntuaciones…, la nota media del sector público, entonces solamente hacíamos el sector público, era de 3,14 en el primer año de la evaluación, pues todo el mundo prácticamente ni conocía sus obligaciones de transparencia. Se llegó al primer aprobado raspado en las notas medias del sector público en 2017 y, progresivamente, hemos ido creciendo hasta el 2021 (que hicimos el año pasado, en el 2022) al situarse en el 7,82. Contra más alta es la nota alcanzada en los últimos años, más dificultad, lógicamente, tienen para seguir progresando en cada año. El sector autonómico prácticamente se estabilizó en un 8,5, ahí incluye no solamente al Gobierno de Canarias, sino al conjunto de sus 43 entidades dependientes. El sector insular siguió creciendo, luego veremos que el sector insular es el mejor de los tres ámbitos públicos de Canarias, porque también muestra un magnífico desempeño en el derecho de acceso, cosa que no ocurre con ayuntamientos y con el ámbito autonómico. Y el sector local también ya, por dos años consecutivos, ambos estratos han estado por encima del notable. En su conjunto, verán que están ya prácticamente rozando el 8, en un nivel prácticamente casi excelente.

Por eso, como le decía al principio, nuestro trabajo este año se centró mucho, una vez conseguidos estos niveles en publicidad activa en los portales de transparencia, en la mejora del cumplimiento del derecho de acceso.

En el sector privado, ahí sí también quería hacer una reflexión, ustedes lo verán en la última fila [en la presentación] , con una pequeña reducción:  de 4,83 pasamos a 4,48. Nosotros -lo verían en el informe- no lo consideramos esto como una gran lacra, sino al contrario. Creemos que, para el poco tiempo que lleva el sector privado autoevaluándose y, sobre todo, de los 2.700 que se evaluaron el año pasado, la mayor parte se enteraron de que tenían que evaluarse el día que les emplazamos con un correo electrónico a hacerlo.

            Y, por lo tanto, verán que tiene en estos primeros años de evaluación casi igual o mejor, desde luego, mejores notas que el primer año en que se evaluaron los del sector público, que fue en el año 2016. Por lo tanto, creemos que estamos en una senda de mejora y espero que en el futuro puedan seguir creciendo, como ha crecido el sector público.

Ahí, de nuevo, esta es otra forma de representar los resultados que veía antes, el crecimiento de las notas medias del sector público, tanto las instituciones principales arriba como  el conjunto de las 340 entidades públicas en la línea naranja.

-Ya me va quedando minuto y medio-. Voy a pasar, fundamentalmente, al elemento que les decía al principio, que había ocupado nuestra…, aunque espero poder desarrollarlo un poquito mejor en el segundo turno, que se refiere, fundamentalmente, a las reclamaciones de derecho de acceso que hemos trabajado en los últimos años. Aquí [presentación] verán la evolución del número de reclamaciones y de las resoluciones. En el último año, en el 2022, se nos presentaron 575 reclamaciones, resolvimos 507 y, para que tengan una idea de contexto, estas 575 son más o menos 26 reclamaciones por 100.000 habitantes al año.

Esto nos sitúa en la cabeza, diríamos, de España (junto a Castilla- León) , en reclamaciones en función de la población. Y yo quiero pensar que no es porque porque haya, digamos, peor cumplimiento en general del derecho de acceso, sino porque creo que en Canarias, fruto de una labor de publicidad en este sentido, hay un mayor uso del derecho de acceso, una mayor reclamación ante el comisionado y, sobre todo, en el ámbito del funcionariado público, que ha descubierto la herramienta del derecho de acceso como una herramienta, diríamos, que emplear dentro de las organizaciones para obtener información de carácter funcionarial que, por otras vías, no lo obtenía.

Verán ustedes [presentación] aquí –les voy a exponer solamente el cuadro genérico del periodo 2015-2022–… Verán ustedes todas las cifras completas. Prácticamente nos presentaron 2.300 reclamaciones en todo el periodo y hemos resuelto, como se indica en la parte derecha, y se mantiene más o menos ese patrón cada año:  prácticamente cuatro de cada cinco hemos estimado, en un 78 %, hemos estimado total o parcialmente la reclamación de los ciudadanos. En ese sentido, creemos que estamos en la vía de ir mejorando la cultura de la transparencia en las Administraciones porque, como vamos a ver ahora, no solamente estamos dando ese amparo a prácticamente cuatro de cada cinco ciudadanos que reclaman ante el comisionado, sino que este año –lo vamos a ver ahora, lo ven ustedes en las páginas iniciales del informe– hemos hecho esta actividad a la que hemos llegado ahora, que refleja en los cuatro cuadros siguientes de esta presentación. Que por cierto, seguramente lo podrán ver mejor incluso los que nos sigan en diferido a través de YouTube de esta sesión, porque tendrán el acceso al conjunto de las 30 transparencias de la presentación [enlazada al inicio] para verlas con la tranquilidad que seguramente no podemos en estos minutos de sesión.

Aquí ven el nivel de incumplimiento de las resoluciones de derecho al acceso de la Comunidad Autónoma. Verán ustedes, por fijarnos en el año 2022, y como habrán podido leer en el informe a partir de la página 10, que de las entidades dependientes del Gobierno de Canarias, en el año 2022, un 14 % de las resoluciones (favorables al reclamante) , es decir, una de cada siete, no se  cumplieron –no nos consta que hayan cumplido– las resoluciones del comisionado. Esto, puesto en comparación, por ejemplo, con el nivel de cumplimiento de lo que pasa en el Estado, prácticamente se produce casualmente un parecido incumplimiento. En el Estado, el Gobierno, ante resoluciones del Consejo de Transparencia estatal, tiene también un 15,3 % creo –lo pueden ver ustedes en el portal del Consejo de Transparencia de España– de incumplimientos en ese año. Verán ustedes que en los años precedentes el cumplimiento es, al día de hoy, inferior, precisamente por lo que les dijimos el año pasado, porque desde mayo –incluso antes de mayo–, que en esta misma comisión les anunciamos el programa de monitoreo y verificación del cumplimiento, hemos insistido prácticamente, hemos requerido constantemente a las entidades para que entreguen la información o la recurran a los tribunales. Pero se da la circunstancia de que en dos años prácticamente tenemos hasta ahora, desde el año 2016, nueve recursos, hemos ganado ocho, pero estos dos últimos años no han presentado nadie recurso a las resoluciones del comisionado. Por lo tanto, las Administraciones, en este caso el Gobierno de Canarias, está obligado o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o a entregar la información. Y, como les digo ahí, en el año último, en uno de cada siete casos no entregó la información al reclamante.

Les adelantaba también antes que, en el caso de los cabildos, que es el cuadro que ahora tienen en pantalla, es, diríamos, el mejor nivel de cumplimiento dentro de lo que es el ámbito canario público, porque, como ustedes verán, no tienen ninguna reclamación pendiente del 2021 y del 2020, y solamente el Consorcio de Aguas de Fuerteventura tiene una reclamación pendiente de cumplir del 2022.

Esto yo me atrevería, quitando quizá el caso de Navarra, que es la única Comunidad Autónoma en España que tiene multas coercitivas para los incumplidores, que nunca las han aplicado, nunca, pero simplemente por su existencia todo el mundo cumple, quitando el caso de Navarra, no creo que haya, bueno, estoy absolutamente seguro de que no hay ninguna otra comunidad que tenga en el ámbito intermedio, de diputaciones, que pueden ser los equivalentes a cabildos, este nivel de cumplimiento del derecho al acceso.

Y, por último, los ayuntamientos, en el informe –ya les decía, en las páginas 10 y en adelante–, tienen no solamente este dato, el dato año por año de cuántas cumplieron  y cuántas no nos consta cumplimiento, sino tienen pormenorizados, como ocurre también con las consejerías de la Comunidad Autónoma, los nombres de aquellos ayuntamientos que fundamentalmente incumplen en esta materia.

Y este, finalmente, es el cuadro resumen de los tres ámbitos de la Administración, autonómico, insular y local. Verán ustedes que en el año 2022 están un 17 %, ya les digo, hasta hace catorce meses en Canarias estábamos en un nivel de incumplimiento semejante o peor de lo que están las siete comunidades autónomas donde esto se mide, porque no siempre se mide, fundamentalmente se mide –así lo digo de memoria– en Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Castilla- La Mancha, y Baleares;  y Navarra por otra parte, aunque Navarra lo que declara es que no tiene ningún incumplimiento. Entonces, entre ellas la media está en 35 % de incumplimiento, es altísimo, prácticamente una de cada tres reclamaciones de derecho de acceso no consta cumplimiento; y fruto de esta promesa que les hice el año pasado, nosotros, que estábamos en esos niveles, hemos bajado al 17 % (en el año 2022), es decir, tenemos del año pasado -como ustedes ven ahí- 60 resoluciones incumplidas de las 278 que emitimos favorables a los ciudadanos, emitimos muchas más, como les he dicho, 504 creo, pero favorables a los ciudadanos fueron 278, bueno, pues 60 están pendientes de cumplir.

Seguiremos insistiendo y requiriendo por tierra, mar y aire, por ORVE, por correos electrónicos, por WhatsApp…, el cumplimiento a los poderes públicos que no han acabado de responder a los ciudadanos, ni tampoco han acabado de recurrir a los tribunales, si es que estaban en desacuerdo con nosotros. Y creo que agradezco al presidente la generosidad en el tiempo y me pongo a su disposición para cuantas preguntas y aclaraciones desee.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:22:52] Gracias, señor Cerdán.

A continuación, por un espacio de cinco minutos, tienen la palabra los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el portavoz del Grupo Mixto.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): [00:25:48] Gracias, señor presidente. Y buenos días al señor Cerdán y a todo el equipo que le acompaña en esta presentación.

Estamos ante el cierre de la legislatura, de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica de la misma. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante varios meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las Administraciones Públicas intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesase la actividad y los servicios a la ciudadanos, como sí ocurrió, por ejemplo, en este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva normalidad, ese periodo donde poco a poco se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer, a día de hoy, salvo en centros médicos y farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo, entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 hasta finales del 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos en general de 2020 a 2021 fueron un claro ejemplo de incremento en la actividad del Comisionado. El número de expedientes destinados en 2020 fue de 1.267 y en 2021 fueron casi 2.000 los expedientes realizados. Y si nos fijamos en las consultas que se realizaron, pasan de 1.900 a casi 3.000, una cifra récord que muestra la evolución de la acción del Comisionado. Estas cifras ya serían de por sí muy buenas si no fuera porque el año pasado se batieron todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se valoraron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que, además, la gestión de expedientes se duplicó, pasando de los 1.900 a más de 4.000 en 2022. Y si hablamos de consultas, estas también han pasado de casi 3.000 a las 8.100. Como ha indicado usted en su presentación, las actuaciones han pasado de unas 5.000 a 12.300, lo que de por sí son unos impresionantes números globales. Lo que me hace hacer la pregunta, llegado a este punto, de si ha aplicado un tipo de procedimiento para conseguir esta evolución tan importante o es simplemente consecución del trabajo que ya se viene realizando.

Y viendo la información facilitada, vemos que en los años 2019 sí se utilizó el denominado cliente misterioso, pero el cual desaparece en 2022. Y aquí también me gustaría preguntarle si es que ya no tiene sentido hacerlo o se ha optado por otra forma de vigilar la transparencia.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia en los informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento del 100% de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde queda todavía un esfuerzo por hacer es en la evolución de las corporaciones de derecho público, un con 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, un 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los años 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios que no llegan al 50 %, concretamente a un 45 %. En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más de 8. Sabemos el caso de las mancomunidades, nuevamente, que llega un aprobado raspado con un 5,32. La pregunta, que yo creo que ya se le dice en anteriores informes, es si esto es debido a la falta de medios o infraestructura, más que a una desidia o falta de interés por contestar. También me gustaría conocer por qué se ha bajado en casi un punto, de 9,65 a un 8,59, el índice de transparencia de la Comunidad Autónoma. Sigue teniendo un índice muy bueno, pero este año rompe una tendencia de ejercicios anteriores que iba en continuo crecimiento.

Pasando a las reclamaciones, en cuanto al derecho de acceso a la información pública, los datos son también positivos, siendo admitidas en este periodo prácticamente el 80 % de ellas.

Del análisis de los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes administraciones públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser una obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados. Para ir terminando, me gustaría conocer si es posible las recomendaciones o sugerencias que introduciría usted para que se siguiesen mejorando aún más las cifras presentadas en estos dos informes anuales.

En este último informe de esta legislatura y haciendo balance de estos cuatro años, como ya le dije en mi intervención, se ve reflejado el esfuerzo de las Administraciones por dar satisfacción a la transparencia, que debe prevalecer sobre todo analizando los datos que pone en manifiesto el magnífico trabajo que el reducido equipo de las personas que componen este Comisionado ha venido realizando. Y finalizo, señor Cerdán, en nombre de Ciudadanos, le felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado y el cual, por supuesto, es extensivo a todo su equipo. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:27:54] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): [00:28:03] Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Cerdán. Bueno, buenos días todavía.

Tanto usted como a su equipo, agradecerles que estén hoy aquí y que nos haya expuesto esa visión o ese recorrido a lo largo de estos años de la transparencia en nuestra comunidad autónoma. Si nos ceñimos al análisis de los informes, pues debemos decir que lo primero que nos ha sorprendido es precisamente ese aumento tan increíble de expedientes y actuaciones que han tenido que acometer entre el 2020 y el 2022. En 2022 han alcanzado las 12.277 gestiones, es decir, un 144,08% más que en el año anterior, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes. Y por eso lo primero que me gustaría preguntarle es si cuentan con los recursos y el personal necesario para poder afrontar esta carga de trabajo y, sobre todo, esa carga de trabajo que podría venir también en el futuro.

Al final, a cada año que pasa, se nota el continuo esfuerzo de superación de los trabajadores de la institución y los avances que ha supuesto la digitalización. Herramientas como las consultas por correo electrónico, el uso del cliente misterioso, el chatbot, la revisión online de los portales de transparencia…, pues facilitan la labor de los trabajadores. Y, si entramos en lo concreto, a cada año que pasa reciben más reclamaciones y son capaces de resolver más. En 2022, de 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, por lo que no solo es una cuestión de incremento de volumen de trabajo, sino que también lo es de resolución de la oficina del Comisionado.

Por otra parte, es cierto que estos incrementos en los asuntos a gestionar se han producido también por las ayudas que han recibido centenares de empresas privadas en la pandemia y por motivo de las distintas crisis, hasta el punto de que de las 661 entidades evaluadas en 2019 se ha pasado a 3.161. Y es precisamente el sector privado el que, quizás por el desconocimiento de sus obligaciones de transparencia, el sigue sin aprobar. Del 4, pasaron al 4,83 en 2020, con un volumen de empresas de 968, hasta el 4,48 actual.

En el periodo de los informes que hoy debatimos, la nota general del índice de transparencia en Canarias ha seguido subiendo en el conjunto del sector público, del 6,49 que teníamos en 2019 al 7,82 del año 2021. Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública en Canarias, porque si hablamos de ratios de cumplimiento entre el 2020 y el 2022, ha bajado en conjunto el sector público, es decir, ha pasado del 91,63 % al 82,25 %. Si bien hay que revisar cuáles son las causas de este empeoramiento en cuanto al acceso a la información, la realidad es que, a pesar de esto, cada vez más entidades apuestan por esa excelencia. Y en cuanto a los datos, por ejemplo, de la isla de La Gomera, pues observamos que de las 45 reclamaciones interpuestas al conjunto de los cabildos insulares, solo dos se remitieron al Cabildo Insular de La Gomera, que tiene un índice de transparencia del 9,37; teniendo el Consorcio Insular de Aguas un 9,38 y un 10 el de GuaguaGomera, llegando en su conjunto a la institución insular al 9,58, es decir, el mejor índice entre los siete cabildos insulares. Y si hablamos de reclamaciones a ayuntamientos en la isla, observamos una bajada de las 15 reclamaciones de estos ejercicios a solo cuatro del conjunto, de 304 del total de las reclamaciones a los ayuntamientos de Canarias y sus entidades asociadas.

Precisamente, a través de los indicadores se puede hacer un esfuerzo de concienciación y motivación para mantener la excelencia. Y, por supuesto, a través de las recomendaciones y pautas que la oficina del Comisionado podría darnos para corregir las deficiencias, así como poder cambiar los problemas que se tengan en los portales de transparencia y en la observancia del acceso a la información.

También desde nuestro grupo llevamos pidiendo desde que llegamos a este Parlamento el que se le den más medios al comisionado de la transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tiene actualmente, pues, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más. Por lo que le agradecemos tanto a usted como a su equipo la intensa labor que están acometiendo en áreas de la mejora de la gestión pública canaria.

Y termino, señor Cerdán, una vez más felicitándole a usted y a todo el equipo por ser un ejemplo de eficacia y eficiencia, demostrándolo pues diariamente y que vemos que los resultados con esfuerzo y dedicación son posibles. Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:33:10] Gracias, diputado. Es el turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): [00:33:17] Gracias, señora presidenta.

Bueno, pues, vamos a ver, nosotros hemos hecho un estudio un poquito minucioso, más en una parte que en otras, sobre todo en las evaluaciones de algunas entidades del sector privado, y me parece que ahí sí tenemos un pequeño problema, después lo comento, ¿no? Pero en general yo creo que podemos darnos por satisfechos de la evolución muy positiva, muy positiva, tremendamente positiva, y recuerdo de la legislatura pasada cuando estábamos aquí en algunas reuniones, presentaciones de informes del Comisionado, donde había instituciones que no se les esperaba, ni existían ni sabían, ayuntamientos concretos, ¿no? Entonces ahí recuerdo que era una situación algunas veces, además con reincidencia, donde no contestaban, y nadie se ponía a trabajar. Entonces, yo creo que hemos mejorado absolutamente con los datos de participación del sector público al 100 %. Y eso se debe, entre otras cosas, a la oficina o esta comisión, ¿no?, este Comisionado.

Me parece que es una tarea necesaria para la democracia porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la transparencia, ¿no? Y quizás, más que por mala fe de muchas instituciones o entidades, yo creo que es porque esto nadie les recordaba qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad?, y no los orientaba. En ese sentido, agradecer el trabajo de todas las personas de su equipo, que están aquí presentes, y también, como no, de muchos funcionarios, de muchos ayuntamientos y cabildos porque, por ejemplo, la diferencia en el dato de los cabildos es espectacular también, ¿no? Los cabildos, en la realidad insular, se han puesto las pilas en el sentido de ofrecer datos de transparencia. A nosotros eso nos parece que se nota, gana la sociedad. Por ejemplo, cuando usted señala, por ejemplo, el dato de incumplimiento, creo que usted dijo que estábamos en 17 respecto a 35 del resto de las comunidades autónomas, y es un dato también impresionante, de cómo hemos mejorado en nuestro país canario respecto a la transparencia.

Es decir, que es un agradecimiento que además demuestra la necesidad de su equipo. Bien. Datos así por encima…, claro, aumenta un montón, se triplican las demandas porque también aumentan muchísimo las entidades evaluadas en un censo de 3.726, estamos en una evaluación de 3.161 entidades. Lo cual, no sé cómo ustedes se las apañan para recibir todos esos datos y ordenarlos, pero me imagino que tendrán, no solamente un programa informático, sino también unas cabezas bastante amuebladas para estar, digamos, ordenando todos los datos que aquí se nos presentan. Efectivamente, de entidades que tienen 60.000 euros más de ayudas. Ahora comento un poquito sobre este asunto.

La participación ha aumentado también incluso en el sector privado, llegando al 83,29 %. Por lo tanto, nos parece que estamos en unos datos impresionantes. Efectivamente, como decía el señor de la Puente, la duda que tenemos es por qué la Comunidad Autónoma ha bajado casi un puntito en índice de transparencia hasta un dato del 8,59, incluyendo, claro está, a las 43 entidades dependientes, como se plantea. Suben los cabildos, suben los ayuntamientos, y las universidades también bajan un poquito, en el 9,13, ¿no? Y el sector privado, pues ahí tenemos un problema bastante serio. Por ejemplo, respecto a la evaluación que se hace del sector privado, nosotros nos ha llamado la atención una cuestión, que la verdad que nos sorprendía, la cantidad de hoteles, infraestructuras hoteleras que reciben subvenciones, incluso algunas, de un millón de euros, que aparecen como sin datos. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Entidades privadas, hoteleras, turísticas, apartamentos, hoteles y demás, o agrupaciones de empresarios de la hostelería, que reciben a veces hasta por encima de 500.000 euros o un millón y no aparece ningún dato. Me parece que es una cuestión que tendríamos que revisar, lo digo como tarea para ustedes, pero a mí, sinceramente me preocupa bastante.

En la evaluación. Es importante, por ejemplo, Salcai Utinsa Global, uno 8 y pico, La Cruz Roja un 10, Binter, índice de transparencia de 4,74, no aprueba Binter; Caritas 10, aunque Caritas Diocesana de Tenerife suspende, Radio Ecca, hay una empresa también, Fuerteventura 2000, que es una de las empresas que más presupuestos llevó en el pasado de formación, de personas en paro, formación laboral, en un 5,4 raspado cuando tenía presupuestos hasta de 3 millones. Y luego decir, pues, simplemente el dato que a mí me llamó la atención, que fui a buscarlo, acordándome de aquella interpelación de la señora Reverón, con respecto a la Academia Canaria de la Lengua, y que también es una metáfora de cómo ha mejorado todo. No sé si se acuerda usted de cuando dijo que la Academia Canaria de la Lengua había suspendido, efectivamente, nos pusimos todos a la tarea, era un problema de falta de personal y de plantilla, hoy aparece aquí con un índice de transparencia del 10. Lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción por la cuenta que me trae. La Radio Televisión Canaria también, a veces hay algunas críticas fáciles sobre que se ocultan datos, resulta que la Radio Televisión Canaria tiene un índice de transparencia, un 9,97, rosa el 10, para los que somos más o menos docentes, pues eso prácticamente es un 10. No es una matrícula de honor, pero sí es un 10. Y luego también la radio está en un 9,96. Por lo tanto a nosotros parece que son indicativos, ¿no? El Instituto de Desarrollo Cultural, que gestiona este grupo parlamentario también, 9,91; ahí se ha hecho también un esfuerzo tremendo, y luego también, no nos extraña y también es una cuestión que debería, sin tomar nota, suspenden el ICA, ¿no?, dependiente de la Consejería de Agricultura y también la coordinadora del Rincón, yo creo que también es por falta de personal en este último caso, en el primero no sé.

En definitiva, felicitar el trabajo que se ha hecho y yo creo que la sociedad canaria entera gana porque el esfuerzo de ustedes para que la gente presente los datos y sea transparente está surtiendo efecto y nos podemos dar todos, pues, por felicitados y agradecido de tener un organismo como el que usted preside.

            Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:39:52] Gracias, diputado.

 Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Campos.

 

Luis Alberto Campos, (Grupo Nueva Canarias) [00:39:59] Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Y dar la bienvenida al comisionado, a todo su equipo y felicitarle por el trabajo realizado.

Son dos informes referidos a los años 2020 y 2021, con el avance del 2022, pero para nosotros es muy importante recalcar una cuestión. Fíjese -lo comentaba el señor Déniz con anterioridad-, recuerdo aquellas primeras sesiones, aquellas primeras comisiones donde evaluábamos el arranque del Comisionado de Transparencia y la respuesta que, fundamentalmente, desde las administraciones públicas, estábamos teniendo, y bueno, los rastrillazos eran terribles, ¿no? Recuerdo que eran datos duros, difíciles, poco comprensibles en un primer momento y afortunadamente vemos como, no 50 años después, sino 7 años después, 8 años después, los resultados son bastante loables.

No podemos quedarnos satisfechos, obviamente, el paradigma sería unos niveles de transparencia absoluto, con unos portales realmente, bueno, con todos los indicadores, con niveles de respuesta, no solamente, digamos, no haya ni una sola no contestación, sino además que sea completa, porque en ocasiones el problema no es solo que se responda, sino la calidad de la respuesta y a ser posible en un tiempo rápido, cuando realmente a quien hace la pregunta, le puede realmente ser útil. Creo que ese sería ya el paradigma, vamos camino de eso, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y hablar de transparencia, sin duda alguna, es hablar de calidad democrática y es hablar, en el caso de una de las funciones que lleva a cabo el Comisionado, de salvaguardar uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con el que nos hemos dotado a través de esta institución.

Fíjense que, más allá de los datos, yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, ya lo planteó usted y algunas de las intervenciones, pero a mí me resulta curioso para ver la escala del Comisionado de Transparencia en cuanto a su actividad. Veíamos cómo en el año 2019 eran 534 expedientes, 1.071 en el 2020, se avanza a 1.966 en el año 2021 y al cierre del 2022 son ya 4.089 expedientes tramitados. Me parece un avance importante, fruto de esto también, me imagino, el crecimiento en cuanto a personal, insuficiente siempre, pero sobre todo creo que pone de relieve el que el conjunto de la ciudadanía también empieza a entender y empieza a conocer el papel, sus derechos y a qué instituciones reclamar sus derechos. Fíjense que el otro día cuando hablábamos, teníamos también la comparecencia de la Diputación del Común, yo le decía que para mí era difícil entender si era una buena noticia o una mala noticia el que crecieran las quejas a la figura de la Diputación del Común o que crezcan las reclamaciones al Comisionado de Transparencia. Yo no sé si eso es positivo o negativo, lo digo sinceramente, porque yo creo que es más un elemento positivo en el sentido de que la ciudadanía cada vez conoce más sus derechos, porque lo que sí que tengo claro es que nunca nada fue perfecto, ni es que cuando se reclamaba muy poquito es que éramos impecables en cada una de las instituciones, sino probablemente todo lo contrario, la gente no conocía, los problemas estaban ahí y ahora quizás hay menos problemas que antes, pero la gente cada vez es más consciente, como decía antes, que tiene sus derechos y sobre todo dónde tiene que ir a reclamarlo.

Me parece interesante también que el número de reclamaciones a través de Internet cada vez haya ido creciendo de manera notable desde que se puso en marcha en el 2017 y me parece también muy interesante el trabajo que el Comisionado ha llevado a cabo sobre la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias de las entidades privadas subvencionadas. Esto que no arranca en el inicio del comisionado, sino es a partir del año 2019, alcanzó en este último informe 3.319, eran en las empresas que habían recibido más de 60.000 euros de subvención de dinero público, porque ese es el elemento esencial cuando se les requiere un nivel de transparencia con respecto a otras entidades privadas, y lo importante es que 2.767, es decir, el 83 % de ellas lo hicieron. Cierto es que todavía con un nivel, con un porcentaje de calidad del 4,48, pero creo que es un dato positivo porque viene siendo un poco el referente, incluso superior a aquellos primeros años de las instituciones públicas donde ni siquiera llegábamos al 4% y por tanto creo que es interesante. Recordar que estábamos hablando de que se repartieron 1.352 millones de euros de dinero público a estas entidades privadas y por tanto la exigencia, por supuesto, siempre debe ser máxima a quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de las instituciones públicas, pero también empezar a ser muy exigente con las entidades privadas.

Y quiero terminar, más allá de los datos cuantitativos, con un elemento cualitativo sobre el trabajo que está llevando a cabo el Comisionado. Al margen de que cada año ha ido incorporando nuevos elementos sobre los que incidir o si ya trabajaba en ellos poniendo un poco más de atención para mejorar la calidad en cada uno de esos trabajos, un ejemplo claro precisamente es el que ha llevado a cabo en este último informe también en cuanto al cumplimiento de derecho de acceso a la información. Pero para mí hay algo que es importante, que a veces pasa desapercibido. La primera imagen que se tenía del Comisionado de Transparencia era un órgano muy fiscalizador, alguien que estaba detrás de las instituciones para que cumplieran sus derechos. Y la imagen yo creo que poco a poco ha ido cambiando. Además puedo hablar en primera persona en el ámbito de algunas de las instituciones en las que estamos que además de esa tarea esencial, además de salvaguardar el derecho que cada ciudadano tiene a recibir la información por parte de las administraciones públicas en tiempo y forma, el Comisionado en los últimos años ha hecho una labor importantísima, además de divulgación, sigue faltando quizás un poco más, pero importante, de recomendaciones a las empresas y de acompañamiento en el proceso para mejorar aquellas fallas que se van detectando.

Finalizo ya, señor presidente. Creo que este es un elemento esencial porque permitirá que todos avancemos, por supuesto, como bien decía en la primera imagen que puso, cuando sabemos que estamos fiscalizados solemos actuar mejor, pero si además de eso, cuando tenemos dudas, cuando iniciamos procesos nuevos, cuando a veces, probablemente esa sea una de las razones, las instituciones sobre todo un poquito más débiles, hablo de los ayuntamientos y los que menos recursos tienen, a veces no tienen personal específico con alta cualificación para llevar a cabo este tema…, el que no solamente se les requiera, se les exija, sino que se les recomiende y se les acompañe, creo que es una de las tareas fundamentales que en los últimos años ha avanzado muchísimo y felicito al comisionado en ese sentido.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:47:35] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra la señora, por favor, del Partido Popular.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): [00:47:35] Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor presidente del Comisionado de la Transparencia y a todo su equipo.

Lo primero que quiero es felicitar por el trabajo que usted hace y junto con su equipo, espero no olvidarme de ningún nombre, creo que su equipo es Teresa, Miguel Ángel, Alicia, María, Esther, Ivana, Roberto, Clara, Almudena y Carmen Delia. Creo que están todos y, por tanto, en nombre del Partido Popular siempre hablamos del equipo del Comisionado, creo que esta es la última comisión y se merecen ese reconocimiento expreso y personal a cada uno de ustedes.

También es verdad que queremos agradecer la labor que han llevado a cabo todos los empleados públicos en todas las instituciones públicas y en todas las sociedades públicas y es de justicia reconocer el esfuerzo que se está realizando en este sentido y también el avance que ha supuesto la aplicación telemática de T-Canaria.

Señorías, la transparencia es un objetivo claro y clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia, como he dicho, es clave. No en vano tengo que recordar otra vez más que la primera ley de transparencia fue obra del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy y quiero recordarlo nuevamente por esa expresión que últimamente se está hablando tanto del gobierno abierto y cuando muchos se ponen medallas sobre ese gobierno abierto. Por lo tanto, quiero reconocer que el Partido Popular tiene mucho que decir sobre esto. La información es esencial para la toma de las decisiones informadas y la rendición de cuentas. La transparencia, por su parte, además, permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones y, además, dónde se gasta el dinero público. Eso es importantísimo, señorías, y más en el día de hoy que estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo en los medios de comunicación, porque la falta de información puede tener muchas consecuencias graves para esta sociedad. Por ejemplo, los casos de corrupción –no voy a empezar a nombrarlos–, pero los casos de corrupción entendemos que es una consecuencia, además, de la falta de información y del abuso de poder de algunos que tienen muchas posiciones de autoridad y que pretenden ocultar siempre sus decisiones sobre lo que es la gestión del dinero público.

Porque lo cierto es que en estos nuevos tiempos de la sociedad y la información que estamos todos viviendo, la desinformación y la manipulación de los mensajes está a la orden del día. En este contexto, la transparencia real es una garantía irrenunciable de cara a que la ciudadanía y los medios de comunicación dispongan de cuáles son las herramientas necesarias para poder fiscalizar a sus representantes públicos, que somos todos nosotros. Y en nuestro caso, en nuestro caso como oposición, sí me gustaría también decir que es importantísimo para nosotros poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Y digo esto, porque como esta es la última comisión, sí quiero destacar que en esta última décima legislatura a lo que estamos asistiendo es a un Gobierno que ha puesto en práctica el oscurantismo. Y digo esto por lo siguiente, señorías. Y, además, porque como los datos son tozudos y estos no se van a poder rebatir por ninguno de ustedes, la realidad es que este Gobierno tiene mucho que esconder.

Y digo esto por lo siguiente. Mire, el 13 de septiembre del año 2019 solicité copia de los informes jurídicos relativos a la entrega de escrituras de viviendas públicas por parte de Visocan. Sigo esperando. 13 de septiembre del 2019. El 15 de junio del 2020 solicité copia del expediente sancionador con motivo del famoso cero energético que se produjo el 29 de septiembre del 2019. Sigo esperando. El 14 de enero del año 2021 solicitamos el convenio de colaboración que se firmó entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Sanidad para completar las infraestructuras del Hospital del Sur, aquí en Tenerife. Seguimos esperando. El 18 de octubre del 2021 solicité todos los proyectos de obra que están pendientes de ejecutar del convenio de obras hidráulicas. Seguimos esperando. El 6 de septiembre del 2022 solicité cuánto fue el coste del viaje del consejero de Transición a Islandia con todo su equipo. Sigo esperando. El 31 de octubre solicité a la Consejería de Sanidad que me dijera cuáles eran los contratos que habían supuesto y que había contratado de más de dos millones de euros y, además, si se había solicitado el informe al Consejo de Gobierno. Porque es necesario, simplemente porque lo dice la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Pues bien, sigo esperando. También solicité que nos dijera con cuántas empresas había contratado en el año 2020 que carecían de capacidad de obrar. Sigo esperando.

Por tanto, la conclusión es clara, señorías. ¿Qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias ante tantas solicitudes por parte de la oposición y que no nos ha dicho absolutamente nada? Porque mire, es verdad que la nota del Gobierno de Canarias sobre transparencia es prácticamente un sobresaliente. Es verdad que estamos en un nueve y pico por ciento. Es verdad que en el año 2022 ha bajado un poco, pero, bueno, está…, como dirían las personas que dan clases, es un sobresaliente. Pero, claro, el otro lado de la moneda está clara. Es que por parte de la obligación que tiene el Gobierno de Canarias de trasladarnos la información a nosotros, que somos los diputados, para poder ejercer nuestra función de fiscalización, es un cero. Pero a mí lo que me preocupa es el oscurantismo, porque hay cosas que sí contesta, pero hay otras en las que no contesta.

Por tanto, señorías, hoy hablamos de transparencia. Transparencia, eso sí, del resto de las administraciones públicas, porque lo que respecta a este Gobierno en su deber de informar, como he dicho, a nosotros como oposición, poco o nada, o, mejor dicho, nada de lo que no le interesa contestar.

Respecto al informe que se ha remitido por parte del Comisionado a este Parlamento en relación con el cumplimiento de la ley de transparencia, así decir, que es verdad que usted ha dicho que, bueno, se duplicó su actividad y todo esto tiene que ver, como bien se ha dicho ya, porque es la primera  vez que hay sujetos privados que han recibido subvenciones y que ahora están obligados a responder. Nos sigue también, es verdad, llamando la atención el número de reclamaciones de los ciudadanos que algunas de las 336 instituciones o entidades públicas todavía le siguen denegando ese derecho a la información. Es verdad que llevamos años, bueno, demandando y, sobre todo, denunciando esta situación. Sobre todo nos preocupa porque una vez que ustedes, el Comisionado de Transparencia, entran por medio de esta situación, pues casi todas tienen derecho a esa información. Por tanto, algo, entendemos que algo está fallando. Pero lo positivo, si me gustaría destacar, después que existe una mayor concienciación, también me gustaría destacar las jornadas de información y publicidad que ustedes han dado, esas cuñas de radio que ustedes han hecho para que la ciudadanía sea consciente de que tiene derecho a la información que tanto necesita, porque además esto enriquece a nuestro sistema democrático.

En cuanto… una de las cuestiones que sí más nos preocupó son las ratios de cumplimiento, porque en el ámbito municipal son las peores. Es verdad que el 25 %, es decir, una de cada cuatro resoluciones del derecho de acceso a la información reconocida en el año 2022 se dejó de cumplir. Y como veo que ya me estoy pasando de tiempo, sí me gustaría que el comisionado nos respondiera a qué se debe esto. ¿Usted cree que se debe bien a la falta de medios o bien se debe a una negativa per se de no querer responder a los ciudadanos, tal y como pasa en este caso en el Gobierno de Canarias por parte de la oposición? Por tanto, voy terminando, seguir animando al comisionado haciendo pedagogía de la transparencia de forma que se pueda seguir implementando esa transparencia que avanza en la credibilidad de la política. Y digo esto porque no nos olvidemos, y ustedes todos lo saben, señoría, que cuando mi partido político pidió que se investigara qué pasó con cuatro millones de euros que se compraron en mascarilla y que no sirvieron absolutamente para nada, los grupos que apoyaban al Gobierno y el Gobierno se negaron a hacer esa comisión de investigación, pero lo que es peor, nos negaron el derecho a hablar en el Pleno.

Por tanto, yo finalizo felicitando a usted y a todo el equipo, a todas las personas que he nombrado, creo que no me quedaba nada por el gran avance que están haciendo y que sigan trabajando en la medida que lo están haciendo, con los pocos medios, pero que están haciendo un grandísimo trabajo. Muchísimas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:56:18] Gracias, señora portavoz.

A continuación, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Nacionalista Canario.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): [00:56:26] Gracias, señor presidente, señorías, señor comisionado y todo su equipo, que nos acompaña hoy.

Nos sumamos a ese reconocimiento personal de la profesionalidad, del rigor, del trabajo del Comisionado, que hoy nos presenta no solo un informe, nos presenta tres informes en realidad, el informe del 2020, el del 2021 y un avance del año 2022 hasta ahora, hasta prácticamente el cierre de la legislatura. Y queremos felicitarlos por ese rigor, por el detalle, por la profesionalidad y lamentamos haber dispuesto de poco tiempo para el análisis, porque realmente, claro, estamos en la coyuntura que tenemos del cierre de legislatura y los tiempos son los que son.

De todas formas, estos informes que cada año se superan nos servirán de herramientas, desde luego, en el futuro para el trabajo. Y se supera porque no solo cada año se incrementan, además de las administraciones públicas, las entidades dependientes, las entidades privadas y en los últimos tiempos los perceptores de fondos, fundamentalmente también los ligados al COVID. Y no solo este incremento de entidades y de instituciones, sino además se refleja en un incremento de los expedientes administrativos que se tramitan. Y al principio de la intervención, el señor comisionado ponía el cuadro sobre la evolución de la actividad del Comisionado y realmente es una de las cosas más llamativas a priori, como esa actividad tímida de 18 expedientes en el 2015 se ha convertido en el 2022 en más de 12.000 expedientes. Esto da idea de la dimensión, del volumen, del trabajo que hay detrás de la actividad del Comisionado. Y esto en cuanto a datos cuantitativos, pero los cualitativos también se reflejan en la mejora de las ratios de cumplimiento de las resoluciones del comisionado, en la mejora de los datos de evaluación de portales en los últimos años por encima del notable, aunque evidentemente siempre hay margen de mejora para las instituciones. Y nosotros en este caso queremos preguntarle si estos datos de evaluación de portales obedecen a una autoevaluación que realizan las entidades, si se realiza algún tipo de inspección, algún tipo de seguimiento, aunque sea aleatorio, para comprobar que efectivamente esas autoevaluaciones se están haciendo bien.

Y queremos también preguntarle qué herramientas necesitarían sobre todo los ayuntamientos, los más pequeños, si es falta de medios económicos, de recursos humanos o si es una cuestión de necesidad de avanzar en la cultura de la transparencia y sobre todo también de voluntad política. Y aquí quiero volver a traer la cuestión que ocurre sobre todo en los ayuntamientos de la falta de transparencia para los responsables públicos que están en la oposición, esa información que no se les facilita a esos expedientes a los que no tienen acceso, que les impide ejercer el derecho democrático del control de esos gobiernos municipales. Y también en este Parlamento porque los retrasos en la respuesta en las solicitudes de información, en algunos casos se unen esos retrasos a la calidad de la respuesta. Cuando te remiten a «busque usted en el boletín oficial» o «busque usted en la página web», no. El respeto que merece el Parlamento, el respeto que merecen los responsables públicos, merecen una respuesta adecuada del Gobierno.

Y ahora yo quisiera recordar las recomendaciones que usted hacía en el informe especial que hizo sobre el COVID, recomendaba la transparencia en los contratos, en las subvenciones, también hacía una referencia al Plan Reactiva, esa necesidad también de transparencia en el Plan Reactiva. Y tenemos que decirle, señor comisionado, que el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus recomendaciones. Seguimos sin saber qué ha ocurrido realmente en la gestión del COVID y el más grave caso es el exponente de los cuatro millones de mascarillas, que no sabemos qué ocurrió ni esperanza de saberlo. Y respecto al Plan Reactiva, tampoco sabemos nada. El Gobierno da por bueno toda la gestión del Plan Reactiva, dice que todo está bien y si preguntamos, pues estamos haciendo política. Es una curiosa manera de entender la política, de entender la responsabilidad pública y sobre todo, de entender la democracia y el parlamentarismo. Y lo que tenemos es triunfalismo frente a opacidad y la comodidad de no rendir cuentas amparados en una mayoría parlamentaria que sustenta los cuatro grupos que sustentan al Gobierno.

Y digo, hago esta referencia porque usted hacía un comentario, le daba usted la transparencia al mejor ejercicio de la función pública. Y también decía que la transparencia no es una obligación, sino es un derecho de los ciudadanos. Y visto desde el punto de vista del Parlamento, el ejercicio de la función pública es cierto para quien la ejerce desde el Gobierno, porque se siente evaluado, pero es fundamental para quienes ejercemos la oposición, la transparencia es una herramienta imprescindible para el control, la fiscalización de los Gobiernos. Y aquí estamos fallando, aquí necesitamos avanzar, porque en estos cuatro años de legislatura este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por la transparencia y como decía usted, no es una obligación del Gobierno, es un derecho de los ciudadanos en el ámbito parlamentario, es un derecho de los diputados, es un derecho a la participación política.

Y voy concluyendo, señor comisionado, reiterando la felicitación, reiterando el reconocimiento al compromiso del comisionado y todo su equipo, apoyándolo en su labor y tiene usted el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario, en esa tarea de dar y de seguir avanzando en materia de transparencia en la gestión de las políticas públicas. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:03:15] Gracias, señora diputada.

A continuación, es el turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor portavoz.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): [01:03:23] Gracias, señor presidente.

En primer lugar, sí sería cuestión de aclarar que estamos aquí para analizar un informe, no lo que nos sucede a cada uno de los grupos parlamentarios en su actividad en la Cámara. Porque está claro que se quejan de ECD, de falta de información. Las ECD saben que por el reglamento se convierten en preguntas orales y se accede a los consejeros para hacerlo. Quizás, si no han conseguido todavía esa, es porque han dejado de realizar sus funciones y no la han llevado al Pleno. Todos los temas que ustedes han discutido y han puesto sobre la mesa se han discutido en el Pleno. Están en el Tribunal de Cuentas, están en la Audiencia de Cuentas, han sido fiscalizados. Por lo tanto, con lo que hay que quedarse es con lo que usted mismo dijo, el Gobierno, en transparencia en su portal es de sobresaliente. Y eso es en lo que está. Distinto es, hasta incluso me parece una falta de respeto, dentro de un equipo que está aquí, al que felicito, le doy la bienvenida tanto al comisionado como a todo el equipo, de venir a dar un informe, de agradecerles el informe, de felicitarles el informe y hablar de otra cosa. Es decir, tenemos que hablar del informe, que es de lo que se ha venido a hablar. Otra cosa es cuáles son las circunstancias de cada grupo, que haya tenido. Pero, bueno, han tenido cumplida respuesta en el Pleno en cada momento y por cada uno de los consejeros. Otra cosa es que la información no sea la deseada o la que quieren que uno les dé, que es distinto. Pero el acceso lo tenía.

Yo con el informe, lo que sí, reitero mi agradecimiento, la verdad, trabajo realizado a todo el equipo y lo que denoto y lo que he visto es un crecimiento, un crecimiento que va en la ampliación del mapa de obligaciones, incluso superando lo que es el marco legal, incluso se evalúa más allá de lo que establece el marco legal, cosa que es positiva. Pero también ha habido un avance y una ampliación en los sujetos de evaluación. Es decir, que hay dos cosas importantísimas.

Y visto el informe, casi sin salir del resumen ejecutivo, nosotros, nuestro grupo, quiere plantear ocho hitos. En el año 2020, referido al año 2020, el primer hito, que tiene que ver con lo que hablaba el señor Luis Campos del número de reclamaciones, yo creo que tendrá que ver con la campaña que realizó institucional sobre el acceso a la información realizada en Canarias en estos años, centrada en más de mil cuñas, bajo el lema aquel “Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar”. Por lo tanto, algo tiene que ver. Por lo tanto, si alguien reclama y están reclamando y los números de reclamaciones aumentan, es positivo y por eso se hacen las campañas.

El segundo hito tiene que ver respecto al informe anterior, que se incorporaron las 66 corporaciones de derecho público de Canarias. Es decir, a los colegios profesionales y a las cámaras de comercio. De esta forma, por primera vez en la comunidad autónoma se emplazó a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia a todas las entidades incluidas en el 2, en el artículo 2 de la ley 12/2014.

Y así, en este informe del año 2020, como se recoge en el propio informe ejecutivo, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones locales. Es decir, superando el 80 %.

El tercer hito tiene que ver, igualmente, con la participación, pero en este caso con las que tienen que ver con el artículo 3 de la ley 12/2014, a 487 entidades privadas que recibieron las ayudas y subvenciones por importes acumulados a 60.000 euros.

El cuarto hito, que hemos visto en todos los informes y que abundan en este crecimiento, es el referido a los sujetos censados. Es decir, el informe del año 2020 se refiere a 335 sujetos obligados de los 347 que presentaron su declaración de transparencia. Y por primera vez, y este es el hito, todos, todos, todos superaron la nota de notable, es decir, el 7,65.

El quinto hito ya tiene que ver más con el informe del año 2021. Y el primero es que la gran concesión de números de ayudas relacionadas con la COVID durante el ejercicio, las entidades privadas en el ámbito de la comunidad autónoma multiplicó por tres el número de entidades emplazadas a autoevaluarse.

El sexto hito lo ponemos en el proceso de verificación pormenorizada y exhaustiva del cumplimiento de las resoluciones de derechos de acceso favorables a los ciudadanos frente a las Administraciones que solicitan información. Es decir, esta es la mayor novedad en este último punto y en este último año y correspondiente a los últimos meses de trabajo.

El séptimo hito, también una novedad, que el comisionado apuesta por un programa de monitorización de cumplimiento del derecho de acceso a la información y ahora en la segunda parte ya nos aclarará y nos completará lo que nos quería decir anteriormente. A los ciudadanos que reclaman a la entidad por falta de respuesta de las 98 Administraciones territoriales del Canarias y sus entidades dependientes. Los resultados que reflejan los cuadros, que ahora lo vamos a ver, resoluciones de derechos de acceso a la información pública y del comisionado de transparencia.

Y el último hito se sitúa en la necesidad de mejora y estábamos hablando y usted se refería al poder coercitivo para terminar. Yo creo que la presentación, usted empezaba la presentación, “cuando sabemos que se puede saber lo que hacemos, lo hacemos mejor”. Entonces, cuando hay un poder coercitivo que te puede empujar también lo vas a hacer mejor. Y en ese caso yo quería felicitarles por el trabajo realizado. Gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:09:41] Gracias, señor portavoz.

Y, a continuación, para concluir, tiene la palabra el señor comisionado, señor Cerdán. Por espacio de diez minutos, un poquito menos generoso que el anterior turno.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [01:09:56] Gracias a todos, en nombre del equipo, porque nos enorgullece y nos estimula que se reconozca el trabajo de estos años.

Y dicho así, en corto, pero intenso y sinceramente nuestro agradecimiento, yo he procurado agrupar el batiburrillo lógico de seis intervenciones en preguntas, en reflexiones, en retos de futuro en algunos bloques, para tratar de responderles a lo más posible, porque es muy difícil en diez minutos responder a todo.

Y empezaríamos quizás primero por los temas del cuánto, de si hay suficientes medios o no suficientes medios, de ese tipo de cuestiones. Por una parte, están los medios en las administraciones, que efectivamente el propio Diputado del Común, hace unos pocos días, planteaba que efectivamente hay algunas Administraciones que están muy limitadas, faltan secretarios, faltan habilitados. Y luego está el tema de los medios en el Comisionado de Transparencia. Yo creo que en las administraciones en general, aunque eso es cierto, lo que comentaba el Diputado del Común, en el ámbito de la transparencia, como tampoco el nivel de preguntas es excesivo, porque no se conocen con precisión, porque nosotros hacemos encuestas, pero no tenemos mucha fiabilidad en cuanto a cuántas preguntas hacen los ciudadanos a las 98 Administraciones canarias, pero no parece que sean muy grandes.

Y la prueba es que, curiosamente, los pequeños tienen pocas preguntas, pero responden. Y si ustedes repasan nuestro informe, donde más hay incumplimientos en derechos de acceso es en ayuntamientos de un cierto nivel, que se supone que tienen medios. Eso es respecto a los medios de las administraciones canarias.  Respecto a los medios del Comisionado, nosotros siempre hemos dicho que estamos, comparativamente a otros comisionados y otros consejos autonómicos, satisfechos de los recursos que nos aporta el propio Parlamento, porque no olvidemos que somos un órgano del Parlamento.

Y en ese sentido, comparado con otros comisionados o consejos, nos encontramos satisfechos. Y eso que, cuando valoramos qué cuesta verificar la transparencia, lo tenemos cifrado en 0,32 céntimos por habitante y año (en 2022), que no es mucho porque somos ocho funcionarios más dos auxiliares del Parlamento los que colaboran y eso es un costo bastante razonable. Y no demandamos muchos más medios. ¿Y cómo es posible que estemos con tan bajo costo, con tan poco personal y tal productividad en número de expedientes y en número de evaluaciones? Porque el truco del almendruco, diríamos, sería haber podido establecer un sistema de interconexión entre nosotros, entre el equipo del comisionado, que está, les recuerdo, este Parlamento, y el conjunto de las administraciones o de las empresas subvencionadas a través de un programa informático, a través del que miles de canarios colaboran con nosotros en cargar esos datos. Nosotros no podríamos cargar 3.167 evaluaciones si no fuera porque invitamos a autoevaluarse a las instituciones y a las empresas; y se autoevalúan y nosotros verificamos si lo que dicen está publicado o no está publicado. De ahí, esa coparticipación, esa colaboración es la que permite, con bajo costo, conseguir estos resultados en número de expedientes y en número de resultados.

Como les decía, el nivel de publicidad activa es alto en las medias, pero tampoco nos debe hacer olvidar que hay, aunque las medias están por encima de siete en todo el sector público, que hay todavía ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos que suspenden, y dos o tres entidades del ámbito autonómico, pero que ayuntamientos y entidades dependientes de ayuntamientos que todavía están suspendiendo y que están en la lista. Yo no puedo ahora relatar aquí de las 340 entidades públicas cuáles son, pero los tienen ustedes en el informe. Y yo lo que siempre invito es a las instituciones a que lleven sus resultados, que son descargables desde nuestro programa, descargables con un clic, que lo lleven al debate, lo mismo que estamos debatiendo aquí, pero al debate de sus plenos, porque aquí no podemos debatir las 340 entidades públicas uno por uno, pero sí se pueden debatir en plenos de cabildos o plenos de corporaciones locales.

Y les digo que, aunque estamos satisfechos en el nivel de publicidad activa, nos queda y estamos satisfechos incluso en el ámbito privado, que está en 4,48, creo que hay un margen de mejora, siempre lo hay en estos campos. En el ámbito de la publicidad activa o privada, que es donde los portales de transparencia de las empresas y ONGs, nuestras actividades ya ahora, en este año, que no entraba dentro del informe, en el año 2023, de cara, digamos, a la mejora, se han manifestado en la semana pasada, hemos publicado el viernes una recomendación a todas las administraciones públicas para que mejoren en las convocatorias de ayudas y subvenciones su información sobre a qué están obligados cada entidad que recibe ayuda, incluso hasta las que reciben menos de 60.000 euros, las que reciben más de 60.000 euros tienen que presentar, tienen que mantener un micro portal de transparencia mucho más pequeño que el de las entidades públicas, pero las tienen que mantener. Entonces, ese déficit informativo que había, tratamos de corregirlo mediante una recomendación que introduzca en todas las convocatorias de subvenciones el recordatorio de que existen leyes de transparencia que obligan a publicar al menos 12 elementos informativos, que es lo que nosotros controlamos en los portales privados, y que eso ha de cumplirse. Eso, como mecanismo, diríamos, de mejora a futuro en el ámbito privado de la transparencia, que como hemos dicho, era el más factible de mejorar.

En el otro ámbito, incluso las intervenciones de todos ustedes han puesto más de manifiesto, unos más crudamente que otros, pero que tenemos un más amplio margen de mejoras es en el derecho de acceso. Y, además, no solamente en el derecho de acceso de los ciudadanos, sino en el derecho de acceso de los cargos públicos. En este sentido, aunque no lo hemos comentado porque no era una cuestión específicamente nuestra, en el año 2022, el año pasado, el Tribunal Supremo, por fin, emitió Sentencia núm. 312/2022 de la Sala de  Contencioso del Tribunal Supremo (https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9624ee5285bdd333) y convalidó una resolución de la Comisión de Garantías de Cataluña que, de alguna manera, puso fin a la discrepancia que había en España entre unos consejos que admitían las reclamaciones de cargos públicos contra su ayuntamiento, su diputación o su Gobierno. Y, de alguna manera, consolidó ya una jurisprudencia que este Comisionado venía aplicando, pero venía aplicando fundamentalmente con concejales y consejeros de Cabildo, que desde el año 2016-2017, creo recordar, a veces nos planteaban reclamaciones frente a denegaciones de sus instituciones no necesariamente a través de la Ley de Transparencia, sino simplemente a través de la Ley de Régimen Local.

Entonces, hasta ahora no se habían planteado, hasta ahora digo, el mes de diciembre del año pasado. Perdón, sí se habían planteado. El año pasado se planteó una reclamación de un diputado de esta Cámara que se resolvió, se inadmitió y se declaró su terminación, pero fundamentalmente porque se había entregado la información [apenas unos días después de haber reclamado]. Pero en diciembre se ha vuelto a presentar un paquete de reclamaciones de una diputada de esta Cámara, como ha ocurrido ya en Navarra y en Cataluña. Diremos que pretende, lo que aquí se ha estado antes explicando por algunas diputadas, que es que las denegaciones, las no contestaciones o denegaciones de derecho de acceso del Gobierno a los diputados de esta Cámara también se vean amparadas por el Comisionado y, por lo tanto, por la Ley de Transparencia. No solamente por el reglamento de la Cámara, que era una cosa habitual hasta ahora, que prácticamente cuando no se respondía, la mesa instaba a la Consejería competente a que respondiera y ahí se quedaba el asunto, sino que en este momento, ya les digo, ha habido dos comunidades que han ido por delante de nosotros, tanto Cataluña, no porque fueran más adelantadas, sino simplemente porque allí se produjo la reclamación, en Cataluña como en Navarra.

En ambos casos se han producido resoluciones estimatorias para los diputados y tenemos -como les decía- el precedente, la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año 2022, referidas a concejales y a diputados de la Diputación de Girona, que avalan, de alguna manera, ese salto, esa mejora cualitativa en el reconocimiento al derecho de acceso para que los diputados, también -no solamente concejales y consejeros de Cabildo o diputados provinciales- se puedan, diríamos, amparar en la Ley de Transparencia de este país. Con lo cual, significará un nivel de avance también en esta materia. Porque no nos olvidemos que, para que ustedes hagan una idea, aunque no tengo aquí la cifra, las preguntas que se hacen en esta Cámara y en general, yo creo que en casi todas las Cámaras autonómicas, superan el número de preguntas que se hacen los ciudadanos al conjunto de las administraciones canarias.

No hay una estadística precisa, pero prácticamente hay 5.000 o 6.000 preguntas, entre preguntas y solicitudes de acceso, que se presentan cada legislatura en esta Cámara. Y no es un problema de esta legislatura ni de la anterior. En general, no tenían hasta ahora los diputados ni en esta Cámara ni en otras autonómicas los sistemas de garantía que empiezan a consolidarse precisamente a raíz de sentencias de casación como la que les he explicado.

Por lo tanto, en ese sentido, creemos que la trayectoria, la evolución de estos seis años, de los ocho años, mejor dicho, que les he ido contando se va a ver de alguna manera fortalecida en los próximos meses.

Primero, porque ha habido también aquí una reflexión –creo que lo decía el presidente de la Comisión en su turno– que decía qué pasa con las grandes empresas que han recibido más de 200 millones de euros o casi 35 millones de euros. Y las de cinco millones no han declarado todas. Pero, ¿qué pasa con algunas que aparecen en el informe aquí sin datos? Es decir, que ni siquiera se ha molestado en decirnos «mire, sí, abrí un pequeño portal de transparencia con 12 ítems», que no les pedimos la luna, sino los 12 ítems mínimos que marca la Ley de Transparencia estatal. Bueno, pues en ese sentido, nuestra posibilidad para estimular que en el futuro ese nivel de no respuesta, es decir, de no datos, de no presentar la autoevaluación se reduzca al mínimo, sobre todo en aquellas que tienen grandes e importantes subvenciones; es comunicar, como lo comunicaremos, este informe. No solamente está publicado ya en la web del Comisionado y en el Boletín Oficial del Parlamento, sino que se lo comunicaremos a las intervenciones de fondos, que son en realidad las responsables de una segunda vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades que reciben fondos públicos, para que a su vez tengan una capacidad coercitiva, como lo que estamos hablando, mayor que la nuestra. Que la nuestra es hasta este momento puramente reputacional. Nosotros sacamos la lista para que todo el mundo lo vea. A partir de ahí se queda, diríamos, en el margen de las capacidades ya de los diputados o consejeros de cabildo o concejales en producir resultados a partir de los datos.

Pero, a partir de ahora, diríamos lo que vamos a poner también en manos de las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias, para que puedan, de alguna manera, cada vez que vuelven a dar en los próximos años fondos públicos a entidades privadas, pues tengan la misma o parecido nivel de control y responsabilidad que cuando son los funcionarios o los cargos públicos, digamos, de Canarias los que usan esos fondos. Porque, al fin y al cabo, el euro es igual de público cuando se usa por la Administración que cuando se usa por una entidad subvencionada. Y, en ese sentido, creo que este año vamos a poder impulsar mejoras en ese campo.

Muchas gracias a todos.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:23:09] Pues muchas gracias, al comisionado y a todo su equipo.

Y, bueno, esta comisión tiene que continuar. Y, mientras despedimos al equipo, pues muchas gracias. Y sigamos profundizando.

Se reducen los incumplimientos de las resoluciones de acceso a la información favorables a los ciudadanos

La evaluación de portales de transparencia se triplicó en 2022 hasta los 3.167 públicos y privados

– El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta informe anual

Transcripción de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces en la Comisión de Gobernación

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, junto a Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación, en la Comisión de Gobernación

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado hoy el informe anual del año 2021 y el  avance de la actividad en 2022 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

La grabación de la presentación del comisionado de Transparencia en la Comisión de Gobernación está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/ee9h-kBm5Dw

El informe anual completo es accesible aquí: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Transparencia-2021.pdf

El progreso más relevante del año 2022 se produjo en una mayor verificación del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso cuando los ciudadanos son amparados para que les entreguen información. Se ha conseguido reducir en más de la mitad el número de resoluciones incumplidas en el periodo 2020-2022, tal como recoge el cuadro de ratios de cumplimiento por las administraciones canarias de las resoluciones de derecho de acceso a la información pública emitidas por el Comisionado de Transparencia. Hasta el año 2021, más de un tercio de las resoluciones anuales no se cumplía (en porcentajes semejante a las siete comunidades autónomas donde se mide este fenómeno). El programa de verificación llevado a cabo en los últimos catorce meses llevó a reducir los incumplimientos al 8,37 % en 2020; al 10,48 % en 2021 y al 17,75 % en 2022. No consta todavía el cumplimiento de 60 resoluciones de 2022, de 33 resoluciones de 2021 y de 19 resoluciones de 2020.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, ha recordado que “la transparencia no es solamente un derecho del ciudadano, sino que es también una herramienta que permite mejorar los resultados a las administraciones”. Porque los poderes públicos e instituciones tienen parecidos incentivos a los de las personas: “cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos –indicó -, lo hacemos mejor”.

En los últimos dos años, el Comisionado de Transparencia ha duplicado el número de expedientes administrativos, superando los 4.000 expedientes gestionados en 2022 y, en concreto, ha triplicado el número de expedientes de evaluación de los portales de transparencia, hasta alcanzar los 3.167 en el último ejercicio.

Con respecto a los resultados de las evaluaciones de transparencia, en la última evaluación correspondiente a la información del ejercicio 2021 se consiguió la participación del 84,77 % de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa de Canarias: todas las instituciones principales y sus entidades dependientes y las asociaciones públicas (FECAI y FECAM), el 44, 44 % de las mancomunidades, el 88, 06% de las corporaciones de derecho público y el 83, 29% de las entidades privadas.

La media aritmética del sector público alcanzó 7,82 puntos en la evaluación hecha en 2022 sobre el ejercicio de 2021. Las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio y colegios profesionales) consiguieron una media de 6,35 y el sector privado (los miles de empresas y organizaciones subvencionadas con más de 60.000 euros anuales) se quedó cerca del aprobado con una media de 4, 48.

En materia de derecho de acceso, Daniel Cerdán informó del aumento de las reclamaciones presentadas por derecho de acceso a la información pública, así como del número de resoluciones. Mientras en 2020 se registraron 386 reclamaciones y se resolvieron 359 expedientes, en 2022 las reclamaciones llegaron a 575 y se resolvieron 507, de las que el 76 % fueron estimadas con resultados favorables para los ciudadanos.

Daniel Cerdán reconoció que en comparación con otros comisionados y consejos están satisfechos con los medios que les atribuye el Parlamento, indicando que el costo del Comisionado se sitúa en 0,32 € por habitante al año. “La colaboración de las miles de entidades públicas y privadas en el proceso de evaluación de transparencia a través de la presentación de sus declaraciones de transparencia que luego se procesan telemáticamente permite que el pequeño equipo del comisionado pueda realizar dicha labor a muy bajo coste”, indicó Cerdán.

Los resultados de la evaluación de los portales de transparencia de las entidades privadas serán facilitados a las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias para que puedan ejercer el control y las acciones correspondientes con respecto a las entidades que reciben subvenciones de más de 60.000 euros y no cumplen con sus obligaciones legales de transparencia.

En cuanto al sector privado, y a pesar de que la nota está por debajo del aprobado (4,48 frente al 4,83 de 2021), Cerdán ha señalado que en contra de lo que pudiera parecer es «aceptable» si se compara con las de los dos primeros años de evaluación en el sector público, y porque «la inmensa mayoría» de las empresas desconocían sus obligaciones en materia de transparencia. El comisionado ha hecho hincapié también en el incremento exponencial de empresas privadas analizadas por el reparto de fondos COVID: en total fueron 3.319 las que en el ejercicio de 2021 tenían obligación al percibir una subvención superior a los 60.000 euros, de las cuales presentaron su declaración el 83%.

Intervinieron en representación de los grupos políticos, por este orden:  Ricardo Fernández de la Puente Armas, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Francisco Antonio Déniz Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), Luz Reverón González, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Socorro Beato Castellano, portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario y Mauricio Aurelio Roque González, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Puede consultar la transcripción de las intervenciones completas del comisionado y de todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el siguiente enlace.

Transcripción del debate sobre el Informe Anual de 2019 del Comisionado de Transparencia de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2019 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 125/2022, de fecha 25/5/2022, del Parlamento de Canarias.

10L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El señor PRESIDENTE: Y vamos con el punto quinto. Le damos la bienvenida y los buenos días al comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ruego silencio, señorías.

Tiene la palabra.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo con ustedes un año más.

Siete minutos dan para lo esencial de un informe tan denso como el que hacemos todos los años, con más… basado en millones de datos que declaran más de 1000 operadores en Canarias.

La más joven y más pequeña de las entidades dependientes del Parlamento de Canarias tiene la misión de optimizar todo lo posible el sistema de remisión de cuentas informativas a los ciudadanos, tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes, como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años ya evaluamos anualmente.

Les adelanto un dato recién salido del horno. El día 31 de mayo comenzará la nueva evaluación. Además de a todas las organizaciones públicas canarias, vamos a instar a evaluar su transparencia a más de 3200 entidades privadas, frente a las 706 del año anterior. Y ello será por el gran incremento de las ayudas relacionadas con la pandemia COVID, que han sido financiadas ya en el año pasado y que continuarán en este. Por lo tanto, el número de nuestros expedientes va a ser superior a 3100 el año que viene, en el presente año quiero decir. Y será, por lo tanto, un 60 % superior al del año pasado, que ahora estamos valorando.

Todos los evaluados conforman lo que llamamos el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a los interventores de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. Solo por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos la eficiencia pública crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas por las leyes y por las garantías prestadas por los consejos y comisionados y en ´última instancia por los jueces.

La transparencia no responde solo a los derechos informativos de los ciudadanos y les permite valorar y decidir mejor, también afecta a la mejora de los servicios públicos. En España solo llevamos seis años en este camino y no es casual que en el ámbito de los Estados democráticos los países con más bienestar se corresponden con los que disfrutan de más alto grado de transparencia históricamente. No solo en sus leyes, que no son causa suficiente o motivo suficiente, sino en el comportamiento de sus responsables públicos y también en el de las preguntas de la ciudadanía. Es también una cuestión cultural, por lo tanto, el tema que nos ocupa, señorías.

Antes de que Jeremy Betham sentenciara en el siglo XVIII aquello de «cuanto más te observo mejor te comportas», ya el refranero español se había adelantado mucho al afirmar «el ojo del amo», soberano, «engorda al caballo», pero ya saben que el refranero dice uno y lo contrario, como veremos luego. El ojo del amo engorda al caballo, que es tanto como decir el ojo del ciudadano soberano acrecienta y mejora el servicio público. Por eso mismo es tan importante la labor fiscalizadora de los parlamentos. Insisto en ello porque la transparencia no es solamente una obligación burocrática.

Trataré a continuación de dos asuntos relevantes. Uno de cal y otro de arena, empezando por el segundo.

En el de arena no voy a insistir mucho porque ha sido conocido en los últimos meses y lo hemos desgranado bastante, con detalle, en nuestras noticias, que ustedes tienen en nuestra web. Todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas en los portales de transparencia determinadas por las leyes estatal y autonómica. En la quinta edición anual del informe del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse casi un millar, 968 exactamente, presentaron su autoevaluación de la transparencia del 2021 a través de la sede electrónica del comisionado, es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban más o menos tres cuartas partes del censo.

Continúa incrementándose la participación año tras año, ello nos permite calcular así el índice de transparencia de Canarias, un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias, las universidades, el Gobierno autónomo, los cabildos, los ayuntamientos, y al 95 % de sus entidades dependientes del sector público canario.

El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse este año, el año pasado, mejor dicho, en dos comunidades autónomas y lo hará en más comunidades en el futuro. Por primera vez en estos años la puntuación media de la transparencia en todo el sector público, las 345 entidades que lo componen en Canarias, superó el notable, los más de 7 puntos, el año pasado. Y en el sector privado, con solo dos años de evaluación, ya roza el aprobado con 4,8 puntos de media, un listón que le costó mucho más tiempo alcanzar al sector público cuando empezamos a evaluarlo allá por el año 2016.

Por primera vez en todos estos años la puntuación media de la transparencia, ya les decía, está en unos niveles satisfactorios, donde podemos encontrar, digamos, oportunidades de mejora. Está claro que empezar… que cada año… que emplazar cada año a todos los sujetos obligados a que sean transparentes también sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que, digamos, prácticamente a veces ni siquiera tienen portal de transparencia, ha conducido en el último lustro a una mejora indudable que está perfectamente comprobado. Los portales de transparencia están mejor.

¿Qué ocurre en el ámbito del derecho de acceso a la información? Una de cal y otra de arena, les decía antes, vamos con la de cal. Hemos podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso derivado, como hemos apuntado otros años, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder. No solamente escaso coste administrativo o político sino también social o reputacional. Y es mucho más difícil de medir porque no a todas las instituciones, las 98 instituciones canarias, se les pregunta lo mismo y se les pregunta con la misma intensidad.

Empezamos a constatar, por lo tanto, que un nutrido grupo de administraciones empieza a meter en la gaveta las solicitudes de información que les llegan por parte de los ciudadanos. El silencio administrativo no es un despiste, es un silencio activo, decisivo en muchas ocasiones. Una administración puede perfectamente negar una información, porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera cinco líneas, que cuesta cinco minutos. La mayor parte, eso es un… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Perdone, para… sí, para añadirle, para añadirle algo de tiempo.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien.

Les decía que prácticamente el 80 % de las reclamaciones que nos llegan es porque las administraciones canarias ni siquiera les contestan, es decir, aplican el silencio administrativo.

El silencio, les decía, ni enuncia, no afirma ni niega, no indica, no apunta ni sugiere, desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas» que sentencia también el refranero. Es una gran vacuna contra la verdad, por eso debemos combatirlo.

Porque el silencio no es un asunto de los administrativos, ese silencio no es administrativo, es un silencio decisivo, del que decide. Y por ello que, como les informaba en la comisión, en paralelo a la evaluación de la transparencia activa hemos iniciado un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información, porque comprobamos en enero pasado que de las 384 resoluciones estimatorias en los años 2020 y 2021 casi la mitad, 201, no existía constancia de cumplimiento. En cuatro meses, de enero a finales de abril hemos reducido este incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes 137, y esperemos reducirlo en otro tercio más en el próximo cuatrimestre y que sean menos de 30 a final de año. Este es un propósito que espero poder rendir cuentas en la próxima comparecencia.

Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible, es decir, cuando este Parlamento afronte -como está previsto en el plan normativo de la comunidad autónoma- la futura ley de gobierno abierto, que será la gran reforma del sistema de transparencia de Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Empezamos con los turnos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor FDEZ. DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente.

Señor comisionado, quiero en primer lugar felicitarlo porque no hay nada como predicar con el ejemplo y usted lo hace con su trabajo y el de todo su equipo, una felicitación que quiero hacer extensiva a todo su equipo, porque por muy bueno que uno pueda ser nada se hace si no cuenta con él.

Entrando en el informe del 2019 y los avances de la información comparativa de los años también 2021 y 2020 que usted nos ha dado no puedo sino ponerlos en relación y hacer mención de ellos también en algunos comentarios que le voy a hacer.

En primer lugar, es de resaltar la evolución positiva, muy positiva, que en los últimos años han tenido los distintos indicadores. Lo primero de ellos, las reclamaciones por derecho al acceso a la información, vemos cómo ha habido una… menos en 2019 si las comparamos con las del año 2018, donde se duplicó la cifra de reclamaciones. Esto sin otro dato podría parecer dos cosas, por un lado, que no se ha utilizado al comisionado para trasladar las faltas de respuesta o que se ha producido una mayor respuesta por parte de las administraciones, y por tanto ha habido menos reclamaciones. Lo cierto es que viendo el avance de los datos que también usted facilita en su último informe de 2020-2021 vemos cómo el número de reclamaciones se vuelve a incrementar notablemente.

El informe pone de manifiesto el altísimo número de reclamaciones solucionadas durante el año 2019, dado que son muchas las que se han presentado y entiendo que se hacen referencias a esas reclamaciones resueltas, que estaban también pendientes de ejercicios anteriores.

Otro indicador, que creo que ya mencioné también en otras comparecencias suyas, es el poco uso que se hace de la sede electrónica, que quizás es un problema que aquí también hemos debatido con cierta frecuencia y es la brecha digital que tenemos todavía a día de hoy en Canarias.

De su informe se desprende que el principal motivo de reclamaciones es la falta de respuesta de la Administración al administrado, y usted lo ha puesto de énfasis en su intervención. En el caso del 2019 fue el 81 % de las reclamaciones, un dato altísimo.

Y yo tengo que decirle, igual que le dije en comisión, que durante del estado del debate de la nacionalidad una de las propuestas que yo le hacía al Gobierno era que hiciéramos un mayor uso del silencio positivo, como forma de eliminar esos obstáculos a la hora de hacer peticiones por parte de los usuarios, porque ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno en algunos casos a la toma de decisiones que pueden como tener resultados la falta de generación de actividad económica o simplemente la falta de información. Una administración ágil, pero desde luego garantista para el administrado, es desde luego de gran ayuda para agilizar la toma de decisiones. A la vista de los datos, este es sin duda un elemento principal de sus reclamaciones.

Uno de los puntos negros de los informes anteriores era la falta de respuesta de las administraciones, como he dicho, pero vemos cómo en este año 2019 la participación, que yo creo que también es importante, ha crecido y fue de casi del setenta y cinco por ciento, y en el 2020 ha sido del 86,51 %. Creo que eso es una buena noticia, que las administraciones se impliquen en el ámbito de la transparencia.

E, insisto, creo que también esto, buena parte de este éxito o ese incremento del dato es debido a la labor que desde el comisionado y la insistencia que es del comisionado se hace para tener respuesta de todas las administraciones.

Como también le dije, me sorprendió y me sigue sorprendiendo esa falta de transparencia de nuestras universidades que después de que en los dos ejercicios anteriores sacasen ese cinco raspón que yo le decía pero suspenden en el 2019 en transparencia, si bien al año siguiente se han puesto las pilas y han mejorado notablemente, lo cual hace hincapié en que este informe aparte de los que aquí estamos lo lee más gente, y eso yo creo que también es una muy buena noticia.

Los incumplidores se… las incumplidoras se siguen reduciendo, y dentro de los que cumplen -son la inmensa mayoría- vemos también que las puntuaciones se van elevando año tras año, al final esto no deja de ser una especie como de liguilla en la que todos quieren tener una buena nota al final.

Referidos a los ayuntamientos en general su comportamiento y su puntuación son muy buenos o excelentes, pero también preocupan algunos municipios que siguen sin tomarse en serio el hecho de la transparencia.

Para ir terminando me gustaría hacer mención a ese informe sobre la COVID y las administraciones, y que también ha sido elaborado por su departamento, un informe de casi mil páginas que aporta muchísima información. Me gustaría, en esta parte, centrarme en la última parte y porque es evidente que la COVID, si bien, ha modificado muchas de nuestras actitudes y nuestros pensamientos, también es verdad que ha llevado a la Administración a tomar decisiones en algún caso por la rapidez y la urgencia que, por ejemplo, como ayer vimos, con el caso las mascarillas que van a dar mucho que hablar.

Yo creo que buen ejemplo de esa situación, de esa gestión de la transparencia ha sido lo que este propio Parlamento ha llevado cabo adaptándonos en un corto plazo de tiempo a seguir llevando una actividad ordinaria en la gestión del día a día y que no se parase la actividad del Parlamento.

Termino… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), termino con la última parte de su informe, las sugerencias que bien pueden ser consideraciones para llevar a cabo de esas 13 que usted sugiere, solamente fijar dos: la falta de la publicación de la relación de todos los contratos realizados durante la COVID-19, creo que es un tema que es importante y, como ya le dije, lo hemos hablado aquí; y también las ayudas y subvenciones concedidas.

Termino felicitándole a usted y a todo su equipo por un magnífico trabajo hecho en pro de la transparencia de Canarias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, tiene la palabra el señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.

Muy buenos días, señor Cerdán, bienvenido al Parlamento, una vez más. Sin duda, cada vez que viene para nosotros es un ejercicio de responsabilidad porque permite a las administraciones públicas dar esa mejor respuesta al ciudadano, que creemos que tiene que ser la base de toda las políticas.

Por lo tanto, le agradecemos que comparezca hoy aquí, ya tuvimos también la oportunidad de hablar, bueno, en este caso fue mi compañera Melodie quién estuvo en la comisión para hablar de su informe anual cuando se daba cuentas del trabajo que se realiza desde la oficina del Comisionado de la Transparencia.

Yo creo que es importante debatir de forma periódica sobre estos datos, sobre el ejercicio de la transparencia y el acceso de la información, porque realmente nos permite impulsar la mejora y transformación del sector público canario a uno más accesible y, sobre todo, que sea sensible con los ciudadanos, que dé esta manera…, pues, podrán estar más informados de lo que hace la Administración.

Y le reitero lo que le dijo mi compañera Melodie en la comisión, que cada año que pasa el informe es más completo gracias al continuo esfuerzo de superación de los de trabajadores de la oficina del Comisionado. Y es que, precisamente, ustedes siempre aspiran a mejorar y creo que un claro ejemplo de ello es que se haya triplicado su actividad en dos años, desde el 2019 al 2021, ejercicios que han sido especialmente complejos y también bastante difíciles para la Administración debido a la pandemia que sufrimos. Los datos están ahí, de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1965 del 2021. Creo que el avance en tramitación que en el último año ha supuesto un 55 % más de expedientes administrativos tramitados es una buena noticia y nos alegramos de ello. El conjunto total de…, perdón, un avance considerable gracias a esa comprobación y evaluación de forma interactiva y periódica de los datos incluidos en los portales públicos y privados de quienes están obligados a cumplir con lo preceptuado en las normativas relativas a la transparencia, ya sea por ser administraciones públicas, y también de aquellos entes privados que reciben fondos públicos para la realización de distintos fines. Una labor en la que han contado con más de mil colaboradores que se han autoevaluado de entre las 340 entidades públicas y las casi 600 entidades privadas subvencionadas y, por supuesto, por la tramitación de los expedientes correspondientes a las denegaciones de información de las administraciones a los ciudadanos que en el 2021 llegaron a las 525, más de un tercio que el año pasado, y de las cuales han tenido resolución unas 496. De estas reclamaciones hay que destacar que el 80 % han sido silencio administrativo por falta de diligencia en la tramitación de las solicitudes de información. Ayuda mucho a las administraciones que el comisionado cumpla un papel no solo de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, sino que también ejerce una labor propia de la evaluación y de calificación de las entidades que cumplen para que mantengan esos estándares.

Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Canarias, ya que en el conjunto total de las entidades subvencionadas con dinero público solo roza el aprobado con un 4,83, pero lo cierto es que hemos mejorado en casi un punto la nota obtenida en el informe anterior y, además, que es cierto que cada vez más entidades privadas apuestan por la excelencia. El sector público de media, sin embargo, está entre el 7,91 y el 7,65, subiendo más de un punto que el año anterior y las corporaciones de derecho público también con un incremento de un punto. Por fin, aprueban con un 5,52. Y si hablamos de la excelencia en la transparencia hay que recordar los premios que se han dado y que en 2019 de las más de 330 entidades públicas apenas 94 llegaron a tener una nota entre el 9 y el 10, ahora esta cifra se incrementa y tienen esta alta valoración hasta 145 entidades públicas. Esto un dato muy positivo que debemos seguir incrementando.

Y aprovechando esta intervención, desde nuestro grupo pedimos una vez en esta Cámara que se den los medios al comisionado de la Transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tienen actualmente hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.

Y, señor Cerdán, termino felicitándole a usted y a su equipo una vez más por ser un ejemplo y ayuda a cambiar esta gestión de Canarias, y creo que ustedes están siendo clave para ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

El señor DÉNIZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.

Bueno, yo creo que con los datos que nos ofrece el comisionado tenemos muchísimos motivos para estar, digamos no solo contentos sino también orgullosos del trabajo que están haciendo cientos y cientos, no más de ochocientos funcionarios, en todas las administraciones, entidades públicas y privadas por, digamos, exponer transparentar la actividad que se está haciendo. Porque tenemos que decir que el resultado de este informe que tenemos hoy aquí es un trabajo del comisionado, del equipo, al que felicito, al que felicito que está aquí presente, es un trabajo tremendo pero además también es un trabajo que requiere de la colaboración, de la colaboración de montón de personas que trabajan en situaciones a veces también de extrema saturación en muchas instituciones públicas, y tienen que realizar también tareas para las que ni se les contrató ni estaban pensando que iban a desarrollar ese tipo de trabajo, es decir, es un trabajo sobrevenido, y, en ese sentido, me parece que es importante aplaudir el esfuerzo que muchas personas están haciendo por, digamos, decir si los índices, los índices de transparencia pública, se están llevando a cabo o no o si son positivos, y sobre todo yo me quedo con un dato fundamental, y es la tendencia, porque aparte del dato lo importante es la tendencia de los datos, y evidentemente con los datos que se están exponiendo aquí en relación a otros informes anteriores la tendencia es al alza totalmente en ganar en democracia, que es lo que quiero decir.

Si desde 2015 empezamos con dieciocho expedientes estamos ya por más de tres mil expedientes, y eso es una progresión tremenda que implica ese esfuerzo -de dieciocho expedientes a más de tres mil y pico expedientes-, entonces tenemos que ser considerados con una situación novedosa que se inició hace cinco años y entender todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo la preocupación y tenerlo también el objetivo de muchas instituciones.

Creo que ganamos en democracia; creo que esto tiene que ver también, los resultados, con que este equipo se ha reforzado pero también con que muchas instituciones también se han reforzado en cuanto a su personal y en la dedicación que muchos responsables, por ejemplo de ayuntamientos, imponen también a sus equipos, es decir que forma parte también de las agendas decir si se supera o no se supera y, por lo tanto, supone un esfuerzo que hacen las instituciones por atender a la ciudadanía. Esta competencia que hay entre muchas instituciones nos parece a nosotros que es sana, nos parece a nosotros que es sana y que desde luego no podemos descuidar.

La brecha digital disuade a muchas personas, porque muchos trámites se hacen también vía digital, la brecha digital disuade a muchísimas personas de presentar reclamaciones.

Hay una diferencia en el informe que se nos presenta en cuanto a la provincia de Gran Canaria y a la provincia de Tenerife, en el informe mismo se dice que hay mucha más tradición de asociacionismo y organizaciones respecto a Tenerife en la provincia de Gran Canaria, mucho más, digamos, preponderancia de las reclamaciones. Esperemos que esto se termine definitivamente nivelando.

Me parece también que es importante el dato cualitativo que apunta el señor Cerdán en el sentido de que a mayor bienestar mayor transparencia. Eso es importante plantearlo. Es decir, a mayor bienestar mayor democracia. Por lo tanto es un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que además todo está bastante relacionado.

El dato cuestionable, pues por ejemplo que la no respuesta a la ciudadanía no tenga un coste para las instituciones, eso me imagino que con el paso del tiempo ya estarán arbitradas algún tipo de medidas en este sentido.

Las reclamaciones que tienen que ver con la ordenación del territorio siguen ocupando un papel importante; la preocupación por en qué situación está mi expediente sigue manifestando una preocupación de la ciudadanía.

Luego a nosotros nos parece que el dato es impresionante en el sentido de que más del 43,5 % de los expedientes en las instituciones sacan sobresaliente, más del 43,5 %; por ejemplo que más de ciento cuarenta y seis instituciones estén más del 9; que el 50 % de las instituciones, perdón, 50 instituciones tengan un sobresaliente, que 146 estén sobre el 9, por ejemplo… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional) que quienes no superan el aprobado, que al principio estaba en el 50 %, actualmente se ha reducido a un 14,9 %. Son tendencias relevantes, que significa que mucha gente se está poniendo la pila, en el sentido de competir por una mayor transparencia y además por una mayor claridad en la gestión que se hace.

Y luego a nosotros nos parece que es importante que tengamos que tener en cuenta que no todas las instituciones están en las mismas circunstancias. No todas las instituciones tienen la capacidad o el personal o, digamos, una realidad informática apropiada y que, por ejemplo, algunas instituciones que no superaron este aprobado yo tengo que decir que tenían la página web en un proceso de cambio, como por ejemplo la Academia Canaria de la Lengua, tenía en este momento en que se está evaluando y que luego el personal que se tenía está dedicado fundamentalmente a tareas que tienen que ver con la tarea filológica y no este tipo de tareas que les sobreviene.

Por lo tanto, felicidades.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Déniz.

Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al comisionado de Transparencia.

Un placer, una vez más, contar con su presencia, a una persona, a una institución que es una de las instituciones estatutarias, por tanto una de nuestros marcadores de canariedad, de autogobierno y, por tanto, una de las instituciones de las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos.

Una institución que además vela por seguir incrementando el nivel de transparencia, por tanto de calidad de nuestra democracia.

Se hablaba de que si una sociedad mejora la transparencia, mejora… creo que es a la inversa, si se mejora desde el punto de vista de transparencia la dación de cuentas de las distintas instituciones públicas y cada vez más instituciones privadas, sobre todo aquellas que participan de fondos públicos, las sociedades finalmente avanzan, la calidad democrática avanza, el bienestar de la gente también avanza.

Pero quiero empezar, por supuesto, con una felicitación. Yo creo que este informe es tremendamente positivo, con algunas lagunas, con algunos aspectos que hay que seguir mejorando, en un nivel de autoexigencia importante, porque, vuelvo y reitero, todo lo que sirva para incrementar la transparencia servirá para mejorar la calidad democrática de nuestra tierra, de Canarias. Y esa felicitación quiero hacerla al conjunto del equipo del Comisionado de Transparencia. Creo que es fundamental la labor que desarrolla. Y, como hacía en la comisión, quiero extender esa felicitación también a los distintos equipos que de cada una de las instituciones, del Gobierno de Canarias, cada una de las consejerías, cada uno de los cabildos insulares, cada uno de los ayuntamientos, que están detrás de esos portales, que han estado en la implementación y que están en la actualización de cada uno de esos portales, por supuesto extender esa felicitación, porque forma parte de este éxito, de este avance colectivo.

Yo creo que uno de los aspectos principales que hay que destacar es el aumento de la actividad del Comisionado. Ese aumento creo que refleja un éxito importante de esta figura estatutaria, demuestra el interés de la ciudadanía por el acceso a la información pública, pero creo que refleja sobre todo que la ciudadanía conoce mejor sus derechos, el del acceso a la divulgación, y eso también es una labor importante, uno de los elementos importantes que figuran entre los objetivos del Comisionado de Transparencia, la divulgación, por supuesto la información y la formación constante en este ámbito.

Y hablo de éxito, porque si uno analiza el primer año en el que se comprobó el cumplimiento de las obligaciones en las instituciones canarias, año 2015, en aquel instante 37 entidades fueron las que colaboraron con dicho Comisionado. La Administración pública de la comunidad autónoma, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, y 32 de los 88 ayuntamientos. Solo el 38,5 % de las instituciones canarias. En este instante el nivel de participación, el nivel de colaboración, el nivel de rendición de cuentas es muy superior. Evidentemente creo que estamos en un porcentaje aproximadamente en el que solo el 5 %, 14 de 336 entidades de sujeto público obligadas, no presentaron su declaración de transparencia. El objetivo será que sea el 0 % y esperemos que todas las instituciones en poco tiempo, a ser posible ya en el próximo informe, estemos colocados en ese ámbito.

Pero además no solamente ese altísimo nivel ya de participación, sino que el 86 % de las entidades obligadas lo hacen de manera adecuada, y que las instituciones principales lo hacen al 100 %, y sobre todo, como bien se comentaba con anterioridad, que estamos ya en una nota media de un notable alto, rozando ya el 8. Y sobre todo también un aspecto muy positivo, que ha sido clave para conseguir estos datos, ha sido la puesta en marcha de esa aplicación de Canarias que, además ha sido objeto de reconocimiento de algunos premios a nivel, bueno, fuera de nuestra tierra.

Por tanto, creo que son avances que a lo largo de los años se han ido consolidando y que se empiezan a ver los frutos de manera relevante. Obviamente, dentro de esas lagunas, de esas sombras que hablábamos con anterioridad están, pues bueno, las reclamaciones que se siguen planteando, las desestimadas y las resueltas crecen de forma importante, pero incluso en este caso yo quiero ver un aspecto positivo. (El señor diputado se dirige sin micrófono al señor presidente, que le da un tiempo adicional). Positivo porque cuando se incrementan en ocasiones las reclamaciones puede ser por dos cuestiones fundamentales: porque se incrementa, quizás, la desidia o la falta de cumplimiento por parte de las administraciones, pero puede ser también, precisamente, por una mayor toma de conciencia de la ciudadanía de cuáles son sus derechos y, sobre todo, de atreverse a reclamarlos y exigirlos a las instituciones. Porque es más fácil que existan reclamaciones de este tipo cuando hay ya portales de transparencia en todas las administraciones a cuando prácticamente no existían. Por tanto, también en este sentido, vamos a intentar verlo desde una mirada… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez.

Permítanme, señorías, en lo que la señora Pérez llega al estrado, saludar en nombre del Parlamento de Canarias al embajador de la República de Eslovenia don Robert Krmelj, bienvenido, a quien le acompaña la consejera de Economía y Política de la embajada, Tina Grgantov, el presidente de la Cámara de Comercio y el cónsul honorario en Canarias, Pedro Gómez. Les damos a todos ellos una calurosa y afectuosa bienvenida al Parlamento de Canarias, muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Bienvenidos, muchas gracias, señor presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor comisionado.

Bueno, felicitar en nombre del Grupo Popular a don Daniel Cerdán por formalizar este informe, que pone en valor el gran trabajo que lleva realizando en los últimos años el equipo del Comisionado de la Transparencia que tan acertadamente dirige. También quiero agradecer la labor desempeñada por los empleados públicos de todas las instituciones públicas canarias y también empresas públicas. Creemos que es de justicia reconocer el esfuerzo que se ha realizado en este sentido.

Señorías, señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en el estado de derecho, nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente donde la transparencia es un aspecto clave y esencial. No en vano la primera ley de transparencia en nuestro país fue obra del Partido Popular, concretamente en el Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Lo cierto es que en los nuevos tiempos de la sociedad de la información la que estamos inmersos la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news, están a la orden del día y es en este contexto la transparencia real, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático.

Respecto al informe remitido a este Parlamento debo reconocer especialmente el valor de los datos contenidos en el anexo del informe anual, centrado en COVID-19 de las administraciones públicas en Canarias en 2020 y que nos adelanta algunos datos realmente esclarecedores sobre la gestión del Gobierno de Canarias en periodo pandémico. Hablamos de un volumen de información muy importante, como los 969 contratos de emergencia realizados por casi 55 millones de euros, de los que 928 corresponden a negociados sin publicidad.

Pero, centrándonos más en el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia, nos llama la atención el alto número de reclamaciones de ciudadanos a las que alguna de las 336 entidades o instituciones públicas canarias les denegó una vez o varias las peticiones de información. Las 386 reclamaciones en 2020 y las más de 500 el año pasado. Un 76 % estimadas parcial o totalmente, lo que significa que estos reclamantes, el 76 %, tenían derecho a acceder a la información pública que la Administración no les facilitó.

Preocupante, y mucho, que un 80,76 % de las reclamaciones tengan que ver con el silencio administrativo, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano o administrado cuando se relaciona con la Administración, es decir, que ni sí ni no, ni blanco ni negro, la callada por respuesta, como usted mismo expresó en la presentación en el año 2008.

En cuanto al índice de transparencia, se indica una mejora hasta 8,4 de la media de los portales de transparencia dependientes del Gobierno de Canarias. 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno de Canarias obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior cuando la media fue de 6,90.

En cuanto a los cabildos insulares, tras cinco años de evaluación del índice de transparencia de Canarias, se superan y mejoran sus portales de transparencia. Felicitar al Cabildo de La Palma, que consiguió el último año un 10 y animar y exigir a los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura un mayor esfuerzo, ya que no llegan al 7,5.

En cuanto a las corporaciones locales, los ayuntamientos… bueno, en líneas generales también han experimentado una evolución positiva y una mejora importantísima en transparencia, pero todavía hay algunos que rondan entre el 6 y el 7, incluso algunos que rondan el suspenso. Quiero… permítanme, evidentemente, como alcaldesa de Arrecife que, bueno, que saque también en valor, Arrecife sacó un 10, con lo cual es algo que evidentemente nos enorgullece. En concreto 12 ayuntamientos canarios no alcanzan el 5, lo que debería… (ininteligible) sobre la causa. Falta de personal, de recursos o simplemente una negativa de los gobiernos a una gestión transparente de cara a los ciudadanos.

Entidades privadas que fueron subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos con más 60 000 euros anuales. Pues yo creo que merece que nos detengamos un momento. De las 706 entidades privadas que habrían recibido ayudas y subvenciones públicas por cerca de doscientos cuarenta millones de euros procedentes de fondos públicos, llama la atención que 127 entidades que estaban obligadas a presentar su declaración de transparencia no lo hicieron. ¿Sabemos, señor comisionado, si por parte de la Administración se ha hecho algo con estas entidades incumplidoras de la ley de transparencia? ¿Cómo es posible que haya entidades que hayan recibido 200 000 euros de fondos públicos y no hayan presentado datos? Por tanto, confiamos en que estas estadísticas desde luego no se vayan a quedar solo en eso sino que nos sirvan también para detectar deficiencias.

Terminamos. Seguir animando al comisionado a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones en la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señor comisionado.

Nos presenta hoy el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia correspondiente al año 2019, que además acompaña una novedad sobre las entidades privadas que recibieron ayudas o subvenciones de más de 60 000 euros. Es importante porque se habla mucho del uso del dinero público por las administraciones públicas pero poco del uso del dinero público por las entidades privadas. Importante este paso que ha dado con este informe, y además nos presenta un anexo sobre la transparencia en la gestión del COVID.

Queremos felicitarle a usted y al trabajo de su equipo por la rigurosidad, la extensión y el detalle de ambos informes.

Con carácter general hay una buena evolución de las puntuaciones, salvo algunas excepciones en ayuntamientos, sin embargo esta evolución y estos resultados siguen siendo insuficientes. Insuficientes, porque además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer, porque aún sigue siendo escasa la participación de la ciudadanía y las preguntas de la ciudadanía.

¿Tiene esto que ver con el cansancio frente a la opacidad de los gobiernos en decisiones que nos competen a todas? ¿Tiene que ver con esa falta de transparencia?, por ejemplo, en la gestión del COVID es un claro ejemplo de ausencia de transparencia, imposición de medidas y restricciones que nunca se explicaron debidamente a la ciudadanía, que fueron adoptadas sin participación de los ciudadanos, limitaciones de derechos que ni siquiera se consultaron con los sectores implicados.

En el informe del COVID concluye con un conjunto de sugerencias al Gobierno sobre una mayor transparencia en las subvenciones y en las ayudas concedidas, en los contratos relacionados con el COVID y en la publicación del pacto para la reactivación social y económica. Y lamentamos que esas sugerencias, señor comisionado, hayan caído en saco roto.

También el Grupo Nacionalista Canario pidió más transparencia sobre el pacto de reactivación social y económica y nos topamos con la negativa del Gobierno.

Y sobre algunos contratos millonarios del COVID, contratos fallidos, con indicios de presunta comisión de delitos, nos estamos enterando por fases y por los medios de comunicación.

Decía que todos tienen derecho a preguntar, pero al Gobierno le incomoda contestar a la oposición, y se extiende el reproche de que cada vez que preguntamos estamos haciendo política. ¿Eso hacer política? ¿Interesarnos por lo que la ciudadanía demanda? ¿Es hacer política trasladar sus problemas, hacer propuestas y fiscalizar al Gobierno? ¿Qué otra cosa si no es la labor de un parlamento? Esta y no otra es la labor de la oposición, de una oposición responsable.

Bajo el pretexto de la crisis del COVID, del volcán de La Palma o de la crisis migratoria se nos pide silencio, pero callando no estaríamos contribuyendo a mejorar las cosas y a transformar la sociedad. Esa es la labor de una oposición responsable.

La transparencia debe ir más allá de la mera transparencia formal de los datos para extender a la transparencia material del por qué de los hechos, del por qué de las decisiones, de las consecuencias de las políticas de los gobiernos.

Y sin ir más lejos, en Canarias seguimos sin saber el por qué de este viraje respecto al Sáhara, una decisión que nos atañe. Y vamos a tener hoy una visita a destiempo de un ministro, pero seguiremos sin saber cuáles son las consecuencias y por qué de esa decisión, sin poder participar en decisiones sobre política migratoria, cuando la razón, la ley y el Estatuto de Autonomía nos asisten sin poder conocer qué hay detrás y participar en decisiones de enorme calado sobre nuestras aguas, quizás deberían evolucionar las leyes de transparencia y pasar de la mera burocracia de los datos y de las cifras, que solo da una falsa apariencia de transparencia, y dar un paso más para que los gobiernos estén obligados a evaluar las políticas públicas, a dar explicaciones sobre sus decisiones, cuáles son las verdaderas implicaciones y las consecuencias de las políticas públicas para los ciudadanos.

Vamos terminando, señor presidente… (corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo. La Presidencia le concede un tiempo adicional), dando las gracias al señor comisionado, una vez más, y a su equipo por el trabajo y le animamos a seguir trabajando en esta tarea de pedagogía de la transparencia. Cuente con el Grupo Nacionalista Canario para evolucionar en materia de transparencia y en las leyes de transparencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beato.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Mendoza.

La señora MENDOZA REYES: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán.

Quiero empezar mi intervención recordando lo que ya explicó el señor Cerdán en su turno de intervención, qué es el Comisionado de Transparencia y Acceso a Información Pública de Canarias. Es un órgano dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia, del derecho de acceso a información pública. Y venimos hablando de transparencia desde el año 1992 y hemos ido actualizando la actividad conforme a las modificaciones europeas y los diferentes gobiernos de España hasta llegar a la ley que conocemos hoy.

Se le atribuía al comisionado dos facultades básicas que son: la del control del cumplimiento de publicar la información conocida como la publicidad activa; y la facultad de resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a información de las entidades y organismos incluidos en la propia ley de transparencia canaria. Y es, precisamente, este punto que venimos a tratar hoy en este informe anual correspondiente al año 2019. Y después de su intervención solo nos queda felicitar al comisionado por el trabajo realizado en estos años y por gestionar en el año 2021 los casi dos mil expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, es decir, un 55 % más de expedientes administrativos que el año anterior.

Extraemos del informe diferentes datos, todos ellos muy buenos en comparación con años anteriores, que reconocen el trabajo y la dedicación del comisionado para salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de Canarias.

Que se hayan triplicado las evaluaciones de transparencia en los dos últimos años es el resultado de unir esa dedicación plena del comisionado con la colaboración de los declarantes, cuestión que celebramos.

Ese trabajo concienzudo y la colaboración estrecha tiene como resultado dos cuestiones importantes: la primera, que el conjunto del sector público de Canarias supere la nota 7,7 como promedio de las evaluaciones, con respecto a las de 2020 y que de 1119 sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia 968 finalmente colaboraron con el comisionado presentando su declaración, es decir, un 86,51 %.

Extraemos del informe otro dato importante, y que podemos distinguir de los años anteriores, que las reclamaciones de derecho de acceso a la información y es que se hayan incrementado un 36 % este tipo de reclamaciones nos hace ver que la ciudadanía cada vez está más interesada en la información pública, en la transparencia, en manejar datos y, especialmente, en saber dónde reclamar si sienten indefensión por parte de la Administración pública.

Haciendo un balance de los siete años de vida del Comisionado podemos afirmar que el derecho de la información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad, así como explica en el informe presentado, los datos hablan por sí solos. De 1553 expedientes de reclamación se inadmitieron 307 reclamaciones, se estimaron totalmente 601, parcialmente 139 y formalmente por entrega de información fuera de plazo en trámite de audiencia otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde el 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas que reclamaban. El hecho de que haya crecido tantos puntos porcentuales la solicitud de información y de reclamación se puede deber a la buena respuesta de información del Comisionado dando una respuesta rápida y conforme a la ley de transparencia.

Con respecto a los índices de transparencia de Canarias celebramos que por cuarto año consecutivo todas las administraciones y las dos universidades canarias colaboraran con el Comisionado participando con la evaluación de transparencia del año 2020, lo que resalta el esfuerzo y la implicación de la colaboración de todas las entidades. Y no solo vemos el nivel de implicación de la colaboración sino de gestión de la transparencia teniendo una nota media en el año 2016 de 3,14 de las 96 instituciones a una nota media de 7,89 puntos de evaluación del año 2020. Y si analizamos esa puntuación, teniendo en cuenta también la población de cada administración, se logró una media de 9,24 puntos, por lo que podemos afirmar que la población de Canarias tiene un sobresaliente en el nivel de transparencia.

No nos extraña que teniendo todos estos datos hayan premiado al Comisionado de Transparencia de Canarias con el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública del año 2020 como premio que reconoce las prácticas innovadoras de los servicios públicos. Esto debe suponer un estímulo para la transparencia activa y participativa.

Con todo este recorrido, señor Cerdán, lo que nos queda es felicitar su labor al frente del Comisionado y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posibles los resultados de este informe, gracias a las entidades que colaboran para hacer de nuestra comunidad autónoma un referente de transparencia y acceso a la información teniendo cuenta la implicación del trabajo constante. No tenemos dudas, señor Cerdán, que los resultados serán mejores en el próximo informe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendoza.

Turno de cierre para el comisionado.

Adelante.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días de nuevo.

Lo primero agradecer en nombre todo el equipo, pequeño pero muy fuerte, de las siete personas que componen el equipo del comisionado, más, siempre me gusta reconocerlo, dos auxiliares, ujieres del Parlamento que colaboran con nosotros en sus tiempos libres; también he de reconocer que sin el apoyo del resto del Parlamento, al fin y al cabo dentro de esta casa y a veces tiramos de los servicios, de los diferentes servicios del Parlamento, sería muy difícil, como les informaba, haber desarrollado 10 000 expedientes en estos últimos cinco años o a atacar a más de tres mil quinientos este año si no tuviéramos también el apoyo del personal del Parlamento que nos rodea.

Dicho esto, quería fundamentalmente ampliar un poquito algunas de las cuestiones que tocamos antes y en relación con los planteamientos que ustedes han realizado aquí.

Don Luis Campos por ejemplo a que no, y coincido con él, a que el hecho de que se produzcan más reclamaciones cada año en el conjunto o sobre el conjunto de las administraciones canarias no es un indicativo de negativo a nuestro entender, primero porque, como efectivamente ocurre, a medida que el comisionado, que es una institución joven, es más conocido más reclamado es, y, en segundo lugar, el despliegue de las leyes de transparencia ha sido lento, prácticamente no tuvieron ninguna publicidad ni estatal ni autonómica en ninguna parte, y el conocimiento de los derechos de los ciudadanos ha sido, diríamos progresivamente, diríamos a medida que han ido viendo algunas noticias en los periódicos han sabido que podían primero preguntar y luego reclamar a los comisionados. En ese sentido, y abundando en ese dato, Canarias prácticamente en este momento, en términos relativos, ya el año pasado tuvo 29 reclamaciones por 100 000 habitantes y fue la segunda comunidad en España en esa ratio por detrás de la comunidad de Cantabria.

En ese sentido pues ya les digo que a mí no me preocupa tanto que existan reclamaciones como el silencio administrativo tanto cuando los ciudadanos preguntan o, también, ese es un dato que no hemos comentado antes, cuando nosotros les preguntamos luego a las administraciones, oigan ustedes les damos un periodo de alegaciones para que contesten a las quejas de los ciudadanos y ni siquiera a veces en ese momento tampoco nos dan una mínima información que nos permita valorar si realmente hay que aplicar límites a la transparencia o no.

Dicho esto, también quería comentarles que, como después de haber alcanzado los niveles en los portales de transparencia en el sector público, nos estamos concentrando, como habrá ustedes podido ya ver, en el análisis de qué pasa con el uso de los fondos públicos cuando salen del ámbito de la Administración y se gestionan, se gastan, a través del sector, a veces público pero en su mayor parte privado.

Cuando les aludíamos a que este año vamos a hacer más de tres mil doscientas evaluaciones o emplazar, yo me daría por contento que de esos tres mil doscientos dos mil quinientos respondieran, estábamos hablando de que vamos a poner el foco sobre cómo informan de lo que hacen con más de mil trescientos millones de euros que el año pasado se entregaron por las diferentes… fundamentalmente por el Gobierno, los cabildos y los cuatro principales ayuntamientos de Canarias porque no hemos podido llegar a todos sino hemos tenido que centrarnos en los siete más cuatro más uno, en los once… en las doce instituciones principales de Canarias, pues qué han hecho con esos fondos de forma de que también la ciudadanía pueda enterarse de qué ocurre con las subvenciones o para qué sirven. Ustedes tengan en cuestiones, pronto lo publicaremos, que el año pasado prácticamente pasamos de treinta o cuarenta perceptores que tenían más de un millón de euros de subvención a más de doscientos este año, fundamentalmente por los fondos COVID. Hay varias decenas de empresas que han recibido más de cinco millones de euros de ayuda pública como consecuencia de las ayudas COVID el año pasado y algo tienen que informar al conjunto de la ciudadanía, no solamente a intervención dentro de dos años sino al conjunto de la ciudadanía de qué ha ocurrido, cómo, fundamentalmente cómo han podido con esa financiación a veces sostener el funcionamiento sectores económicos que se paralizaron completamente a consecuencia de los efectos de la pandemia.

Por eso, en este momento queremos, ya le digo, poner, ya que hemos superado el notable como media, en el… (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí.

Le añadimos un minuto.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Pues fundamentalmente solamente concluir en este sentido anunciando también que, de acuerdo con estos proyectos, vamos a emitir una recomendación al conjunto de las administraciones canarias para que recuerden en cada convocatoria de subvención algo que muchas veces las entidades privadas no conocen, que es que no solamente tienen que rendir cuentas ante las intervenciones sino que tienen que hacer publicidad activa de cómo gastan los fondos. Porque, como les decía al principio, cuando uno está obligado a contar lo que hace, lo hace sustancialmente mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Queremos agradecerle en nombre de la Cámara al comisionado su trabajo y su comparecencia en el día de hoy en esta sesión plenaria.

El Comisionado de Transparencia presenta en el Pleno del Parlamento de Canarias el Informe Anual de 2017

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el pasado 29 de enero el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2017 en el Pleno del Parlamento de Canarias. El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace.

Sobre la actividad evaluativa del ejercicio 2017, Cerdán explicó ante la Cámara que «nunca lo hubiéramos podido hacer sin tres condiciones: un pequeño, pero entregado equipo, entregado a la tarea, pequeño, de seis personas -las tengo al completo, creo, allí, o casi al completo, cinco, arriba, en la grada, gracias-, los 347 funcionarios y concejales que han colaborado con nosotros en la carga de más de un millón y medio de datos, de los que les hablaba antes, a través de la aplicación telemática que hemos creado, T-Canaria, sin la que hubiera sido imposible entendernos todos, todas las administraciones con el Comisionado y con este Parlamento a la postre. Nunca hubiera sido posible que ellos se hubieran autoevaluado y rendido cuentas, como lo han hecho, sin esta aplicación nueva que pusimos en marcha este año, y nosotros no hubiéramos podido tratar y extraer todos esos datos, la información que ustedes tienen en el tercer informe anual, referido al año 2017».

Puede ver la grabación de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces en el Pleno a través de este vídeo.

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2017 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 147/2019, de fecha 29/1/2019, del Parlamento de Canarias.

9L/ICTR-0003 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

La señora PRESIDENTA: Como les anuncié, entonces vamos ahora, señorías, llamamos al comisionado de la Transparencia, el señor Cerdán, si es tan amable, para que entre en el hemiciclo. Si son tan amables los servicios, avisan al señor Cerdán. Ya está, ya está.

Buenos días, señor Cerdán. Bienvenido, comisionado.

Vamos, por tanto, a ver el informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al año 2017.

Señor Cerdán, tiene siete minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenos días a todos. Señora presidenta, señorías, estimados oyentes y televidentes.

Comparezco hoy ante ustedes para rendir cuentas o, mejor dicho, para rendir cuentas/cuentos -cuentas barra cuentos- Y no porque quiera usar aquí la variante masculina y femenina de un mismo concepto, tan de moda ahora -bien saben ustedes que ambas palabras tienen significados diferentes-, sino porque cuentos y cuentas se funden siempre en un todo cuando se trata de contar con verdad, con rigor y con solvencia algo, siempre. El cuento sin cifras no es tan verificable y creíble como las cuentas bien relatadas, honestamente relatadas, y las cuentas a secas pueden decirlo todo aparentemente y no decirnos nada en realidad.

Los grandes caudales o avenidas, sean de agua o de datos, pueden generar o mejorar la vida o producir inundaciones o desastres si no están bien canalizados, si no están mediados por buenos canales o por buenos contextos y relatos. Pero si malos son los desbordamientos, peores son las ausencias, la sequía. Estarán conmigo, espero.

Las cuentas a secas pueden decirlo todo, en bytes, en megas, en gigas, en terabytes, en zettabytes -mil millones de teras-, en esas magnitudes oceánicas de información del big data, y no decirnos a la postre nada si no les aplicamos un contexto temporal y espacial; un análisis, un expurgo de lo irrelevante y un foco en los significados cruciales; un relato, un canal.

Pareciera que las cuentas las reservamos solo para el conteo monetario: para los presupuestos, para la cuenta general que cada año rinden los gobiernos, para las cuentas anuales de los ayuntamientos o de las empresas públicas, para las fiscalizaciones de intervención o para las auditorías de la Audiencia de Cuentas. Pero los números y las cuentas van más allá de la mera ejecución presupuestaria, y no solo porque en el siglo XXI todo, absolutamente todo, sea traducido al lenguaje binario de ceros y unos, sino porque todo lo que no es cuantificado en cifras no puede ser medido y todo lo no medible es muy mal conocido. Si no medimos las cosas, las acciones, los programas, las políticas, los planes, lo dicho y lo hecho, ¿cómo podemos saber si son buenos? O al menos si progresan en el sentido correcto.

Y todo este introito para decirles que lo que hemos presentado a la consideración de la Cámara, y está disponible por completo para los ciudadanos en la web, es un cuento verdadero sobre las cifras de la transparencia. Es el cuento cifrado sobre la base de más de un millón y medio de datos sobre el acceso a la información de los ciudadanos en Canarias, disponibles para todo el que lo desee en nuestra web. Es el informe sobre cómo el Gobierno canario, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades canarias y 111 de sus 247 entidades dependientes rinden cuentas a este Parlamento, a través del Comisionado de Transparencia, sobre la forma en que cada día ellos rinden mejores o peores cuentas a los ciudadanos que sostienen las administraciones y que les han elegido directa o indirectamente. Es decir, es un ejercicio de metatransparencia, es decir, de transparencia sobre la transparencia.

Decía que todo lo no cuantificado en cifras no puede ser medido y todo lo no medible es muy mal conocido. Hace más de un siglo, el físico y matemático británico William Thompson Kelvin estableció las bases de lo que sin duda es la piedra angular de los procesos evaluativos y las concentró en tres frases: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que no se mide no se puede mejorar.

Este Parlamento definió en la Ley 12/2014 en qué debía consistir la transparencia pública y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en Canarias, y lo hizo con una ley más avanzada que la mayoría de las vigentes en el mundo, y encomendó a este comisionado la medición del cumplimiento de las obligaciones de la ley, además del amparo a las personas reclamantes ante denegaciones de información de las administraciones.

Nunca lo hubiéramos podido hacer sin tres condiciones: un pequeño, pero entregado equipo, entregado a la tarea, pequeño, de seis personas -las tengo al completo, creo, allí, o casi al completo, cinco, arriba, en la grada, gracias-, los 347 funcionarios y concejales que han colaborado con nosotros en la carga de más de un millón y medio de datos, de los que les hablaba antes, a través de la aplicación telemática que hemos creado, T-Canaria, sin la que hubiera sido imposible entendernos todos, todas las administraciones con el Comisionado y con este Parlamento a la postre. Nunca hubiera sido posible que ellos se hubieran autoevaluado y rendido cuentas, como lo han hecho, sin esta aplicación nueva que pusimos en marcha este año, y nosotros no hubiéramos podido tratar y extraer todos esos datos, la información que ustedes tienen en el tercer informe anual, referido al año 2017.

Tanto la aplicación T-Canaria como el Índice de Transparencia de Canarias, que permite calcular por segunda vez consecutiva, constituyen dos singularidades canarias en el sistema de transparencia español que nos permiten estar en vanguardia en el proceso de control de la transparencia activa, y es por ello que quiero agradecer muy expresa y sinceramente a esos empleados públicos, auténticos artífices de la transparencia, por la colaboración que nos han prestado en los últimos meses, y quiero agradecer su esfuerzo de verdad que muy sinceramente.

Y ahora ya paso un poco a sintetizar, en la medida de lo posible, los muchos datos que ustedes pueden apreciar en el informe.

El Índice de Transparencia de Canarias -el ITCCanarias- de las 98 instituciones, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades se concretó, en el 2017, en una nota media de 5,47 puntos, cuando el año anterior apenas había llegado a los 3,14 puntos. El avance ha sido notable. Buena parte de esas instituciones mejoraron sus portales de transparencia al realizar la autoevaluación y rendir cuentas al Comisionado de Transparencia.

Una vez revisados los datos de las administraciones, el algoritmo del que les hablaba ha calculado sin interferencias el primer índice público oficial que mide el cumplimiento de las obligaciones de las normas de transparencia en un territorio de una comunidad autónoma.

La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del noventa por ciento de las instituciones. 50 de ellas, 50 de las principales instituciones, es decir, el 51 % de las 98, superaron en 2017 la nota de 5, cuando el año anterior solo la habían rebasado 20. Pero todavía 48 no han alcanzado el valor 5 en la escala de 1 a 10, entre ellas instituciones con un ámbito de población importante, superior a 50 000 habitantes.

La señora PRESIDENTA: Señor Cerdán, su tiempo estaba en siete minutos, tiene tres minutos más, entiendo… para que pueda exponer con tranquilidad. ¿Entiende que con tres minutos puede hacerlo o…? ¿Con tres? Perfecto, tiene tres minutos. Si necesita alguno más, también se lo doy, no hay problema.

El señor cOMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien.

Les decía que, además de las 98 instituciones principales, han cumplido con la rendición de cuentas sobre su transparencia 111 de las 247 entidades dependientes -organismos autónomos, empresas públicas, etcétera-. De esas 111, 48 superaron la puntuación de 5, pero la nota media de este conjunto de órganos dependientes fue solo de 4,64. Las dos universidades tuvieron una nota media de 5,26.

Desde que en diciembre del 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la metodología de evaluación Mesta.

Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas, por primera vez, este año. Hasta ahora no habíamos conseguido que las 98 instituciones lo hicieran. Hecho que constituye, como les digo, todo un hito, ya que hace solo dos años apenas el 40 % de ellas se evaluaron y en el pasado ejercicio fueron el 89 % de ellas las que lo hicieron.

En total, de las 345 entidades censadas 211 cumplimentaron los cuestionarios, es decir, el 61 % de los sujetos obligados a la transparencia en Canarias.

No obstante, entre las 209 entidades que han podido ser evaluadas otras 136 entidades no presentaron su declaración de transparencia, quedando, por lo tanto, calificadas como incumplidoras -las pueden encontrar en el informe, si quieren tener detalles de su identidad-. Y si en el próximo ejercicio no presentan su declaración de transparencia, atendiendo al deber de colaboración establecido en el artículo 64 de la Ley de Transparencia de Canarias, se les instará, a las instituciones de las que dependen, a que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma.

Entre estas entidades dependientes se ha evidenciado una mayor conciencia sobre la necesidad de mejora de sus portales de transparencia, a pesar de la escasa presión social y ciudadana en este sentido. Se ha podido comprobar que el hecho de realizar la autoevaluación ha conducido a muchas de ellas a realizar mejoras inmediatas en sus portales, estimuladas por la posibilidad de mejorar cada año.

Hasta aquí mi introducción al informe. Espero que en la réplica les pueda aportar algunos otros datos de interés, sobre todo quizás más actuales, los referidos al año 2018.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Turno ahora de intervención para los grupos, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

Comienza el Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Cerdán.

Gracias por volver a comparecer ante esta Cámara. Es la tercera vez que el Comisionado de la Transparencia viene a presentar el informe sobre transparencia y acceso a la información. Un informe que cada vez -hay que decirlo- es más preciso y completo y que ya hemos tenido la oportunidad de debatirlo en comisión.

Tenemos que reconocer que el programa T-Canarias ha permitido que su acción llegue con plena operatividad a todas las entidades públicas canarias. Se ha fiscalizado a un total de 345 entes y dado tratamiento en un año a 1 529 062 datos brutos, lo que demuestra la eficacia de esta herramienta informática novedosa en toda España. Esto demuestra lo que llevamos demandando desde hace tiempo y que hay que continuar reforzando los medios del comisionado para que su acción llegue a todos los canarios, para que sepan dónde pueden defender el uso de su derecho a la información ante la Administración pública.

Mi grupo está convencido que si el comisionado tuviera más recursos y presencia en nuestras islas se mejoraría considerablemente la actuación de las administraciones ante la demanda de información de los ciudadanos. Pero para eso, repetimos, se deben poner más medios, porque con los recursos humanos y medios materiales con los que se cuenta actualmente apenas permite que el comisionado visite a los 345 entes y no pueda dar un servicio integral de asesoramiento, como debería dar.

También hay que lograr que el comisionado tenga la máxima difusión posible, porque a día de hoy sigue siendo una figura desconocida para una gran parte de la población. Y así lo demuestran las cifras: solo se iniciaron 154 reclamaciones, a pesar de que es un trámite mucho menos gravoso para los ciudadanos que una reclamación por vía contencioso-administrativa. Aunque también es cierto que esta cifra levemente se ha ido incrementando cada año que pasa, pero siguen siendo pocas si tenemos en cuenta que tenemos 345 entes, que, por cierto, muchos de ellos suspenden o no dan cuenta al comisionado.

Otro problema que evidencia el informe son los portales. Hay que mejorar en muchos aspectos, principalmente en los criterios de calidad, donde ninguno consigue una buena nota media, ni la reutilización, que está en el peor de los puestos, ni el contenido ni la forma de publicación ni la accesibilidad y tampoco la actualización.

Los portales de transparencia, incluido el del Gobierno de Canarias, fallan también en materia de transparencia en la contratación, donde o no son claros o la información que publican no es útil por diversas razones. Hay que lograr que la información que se suba a estos portales sea nítida y por supuesto esté actualizada. Además, pocos tienen la planificación de sus actuaciones publicada o incluso no establecen sus propias normativas internas, ya sean estatutos, ordenanzas, un problema además que tienen mucho más las entidades dependientes, de las cuales 111 ni siquiera aprueban o han presentado la documentación necesaria al comisionado.

Aunque son varios los problemas a los que nos hemos referido, porque así lo ha puesto de relieve el informe, sin embargo, eso no significa que haya una merma de transparencia en Canarias. Por primera vez, el conjunto de las entidades públicas de nuestro archipiélago tiene un aprobado de media, una nota de 5,47 puntos, una nota mejorable con respecto a años anteriores. Por eso quiero decirles que desde la Agrupación Socialista Gomera esperamos que esta tendencia se mantenga hasta que todas las administraciones públicas lleguen a la excelencia en la obligación que tienen en materia de transparencia. Y a las instituciones que no aprueban, que en este caso son unos siete municipios, pedirles que corrijan su gestión en materia de transparencia y a las entidades que aprueban, pero que han dejado que alguna de sus reclamaciones se haya convertido en denuncia, pedirles que cambien esa actitud obstruccionista.

Pero, señorías, aunque estamos lejos, o no tan cerca como nos gustaría, de implementar una auténtica transparencia en nuestras instituciones y en nuestros ciudadanos, aun así, Canarias es una realidad que avanza en materia de transparencia y somos un referente nacional de implementación de medidas y avances que se suceden cada año que pasa.

Termino, señor Cerdán, una vez más, felicitándole a usted y a su equipo por ser un ejemplo de eficacia y de eficiencia, demostrándonos todo lo que se puede hacer con esfuerzo y dedicación, aunque haya falta de recursos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías, señor Cerdán, buenos días.

Felicitarle nuevamente por el informe que ha elaborado y por la exhaustividad del mismo, que nos permite extraer información, pero, sobre todo, desde nuestro punto de vista, nos da pie a plantear una importante reflexión.

Buena noticia el hecho de que la tendencia de los niveles de transparencia haya sido positiva en más del noventa por ciento de las instituciones. Muy buena noticia y con ello nuestra felicitación al Ayuntamiento de El Sauzal por la excelente calificación obtenida en transparencia, 9,74 puntos sobre 10, la más alta de Canarias. Por el contrario, reprobable la calificación obtenida por el Ayuntamiento de San Mateo, 1,08 sobre 10, la más baja de toda Canarias; pero, es más, más baja incluso que la que obtuvieron en el 2016.

Buena noticia, señor Cerdán, el incremento en el número de sujetos evaluados, 345 frente a los 96 del año 2016, lo que manifiesta la evolución de la buena gestión del Comisionado de Transparencia.

Y mala noticia que el número de personas que ejercen su derecho a saber no alcance el cero coma uno por ciento de la población total de Canarias y que tan solo uno de cada cien canarias y canarios visite el portal de transparencia del Gobierno. Datos y datos que vistos así de forma aislada están muy bien, pero he aquí la reflexión que les traslado: ¿y estos datos de qué nos sirven?

Yo entiendo que lo que habría que analizar no son tanto las visitas, por ejemplo, que recibió el portal de transparencia sino si los que lo visitaron obtuvieron los resultados deseados. En definitiva, si los que la visitaron encontraban lo que buscaban, porque todos o, por lo menos, algunas sabemos, o más bien hemos padecido, el tener que navegar por los portales de transparencia, entre ellos el del Gobierno de Canarias, y en muchas de las ocasiones, no en algunas, en muchas ocasiones, no conseguir acceder a la información que buscamos. Y variadas son las razones por las que no podemos acceder a ella, no podemos conseguirla: porque no está, porque está desfasada o porque es obsoleta. Y esto último, también le digo, no sucede de forma aislada, es lo habitual, sobre todo si lo que buscamos es información razonablemente reciente.

Pero voy más allá: un ejemplo muy significativo es el referido a la información económica, financiera y presupuestaria del Gobierno de Canarias, porque es que, señorías, la transparencia no se mide por la cantidad de papeles que se cuelgan, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas; transparentar información es transparentar datos comprensibles que nos permitan crear una opinión, que nos permitan conformar un juicio de valor, y para ello la información suministrada debe ser clara, comprensible y fiable, y eso no sucede cuando hablamos de la información económica, financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno. Una información que, siendo solo comprensible para una minoría de expertos, ni siquiera esa minoría puede conocer cuestiones básicas que nos expliquen cómo utiliza el Gobierno de Canarias el dinero de nuestros impuestos, en qué se lo gasta, cómo se lo gasta, cuánto se gasta y además si lo que se gasta lo hace de la forma más eficiente y económicamente más ventajosa. Y no olvidemos, señorías, que fue esa, precisamente fue esa la razón principal por la que la ciudadanía y sus representantes empezamos a exigir transparencia. Fueron los alarmantes casos de corrupción y el continuo derroche del dinero público los que nos llevaron a decir un «basta ya», y ese es el origen de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, pero al día de hoy, con la actual ley en la mano, eso sigue siendo imposible.

Lógico sería que con el presupuesto aprobado tuviéramos no solo la foto inicial del presupuesto sino la foto final del presupuesto, que es la que nos permitiría saber la cantidad real que el Gobierno se gasta, en qué se lo gasta, dónde se lo gasta, me refiero a en qué isla, en qué municipio o en qué barrio, y cuáles han sido los beneficios de este gasto. Y yo repito: esto, imposible. Imposible, en primer lugar, porque esa información que exige la propia publicación activa en internet no solo no se cuelga en la web sino que se niegan a hacerlo. Y esto no lo estoy diciendo de forma gratuita, se le planteó a la consejera de Hacienda la necesidad de que, como mínimo, se publicara el estado de ejecución del presupuesto al cuarto trimestre y se negó en rotundo; y además dije «como mínimo», porque lo razonable, si existe un compromiso real de transparencia, sería haber publicado el estado de ejecución del presupuesto, de todo el sector con presupuesto limitativo…

La señora PRESIDENTA: Dos minutos y acabe, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias.

… pero desglosado por servicios, secciones, programas, capítulos, conceptos y subconceptos, lo cual es tan fácil como darle a una tecla, porque el Gobierno sí tiene los datos; a lo que se niega es a transparentarlos.

En resumen, señorías, la realidad es que el Gobierno, a ese Gobierno que se le llena la boca hablando de transparencia, lo hace porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque deben creer que, si hablan de transparencia, alejan toda sospecha de corrupción, pero la realidad es que la Ley de Transparencia, ley aprobada por este Parlamento pero a propuesta del Gobierno, que es quien presentó el proyecto de ley, se ideó exclusivamente para cubrir el expediente, para quedar bien, pero sin intención de cumplirla, y yo a los hechos me remito. Y el último de esos hechos, el más reciente que hemos leído en prensa, es el de uno de los órganos dependientes, también de la señora Dávila, radiotelevisión pública canaria, que ha sido apercibida nuevamente para que facilite la información a una consejera del ente público que la pidió en febrero del 2018. Ahora, ahora, es cuando anuncian que se la darán, un año más tarde, pero forzados, claro está, por el apercibimiento de la resolución del comisionado y porque la noticia salió en prensa.

En definitiva, señorías, entiendo que deberíamos hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la Ley de Transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo. Sé que son escasos los meses que quedan para que finalice la legislatura y que no es el momento de iniciar nada, pero sí entiendo necesario lanzar esta idea para que los futuros diputados de esta Cámara, los setenta diputados de la X Legislatura del Parlamento, lo piensen y actúen en consecuencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. La señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días a todos y a todas.

En julio del 2016, el Comisionado de Transparencia presentaba su primer informe en este pleno. Esa fue la primera vez que hablamos de transparencia en el Gobierno de Canarias, en Canarias, sin experiencia previa, sin métodos y, sobre todo, sin casi medios para poder hacerlo. Desde luego la evolución que ha habido desde el 2016 hasta este informe que se presenta ahora en pleno, evidentemente, ha mejorado muchísimo y por eso queremos, desde el Grupo Parlamentario Podemos, felicitar y agradecer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo del Comisionado de Transparencia, todo el personal que trabaja para que la transparencia sea una realidad en Canarias. Mucho, todavía, camino por recorrer, pero evidentemente sí se habla de una mejora, sobre todo en métodos, en medios materiales, no tanto en medios humanos. Esperemos que mejore la situación, como parece ser que en este informe también se vislumbra, una mejora en ese sentido y esperemos que así sea.

Nosotros creemos firmemente en el principio de transparencia y creemos además que es un eje fundamental para cualquier relación de cualquier gobierno, de cualquier institución, con la ciudadanía, a la que administra bienes que son propios además, bienes que son de todos y toda la ciudadanía.

Usted hablaba antes de que, si no se mide, no se puede mejorar. Nosotros iríamos mucho más allá: si no se controla, existe fraude, existe mentira, existe engaño a la ciudadanía. Por tanto, es importantísimo el papel del Comisionado de Transparencia para que toda la información, tanto en publicidad activa como en acceso a información, sea veraz, sea de calidad y no se engañe a la ciudadanía.

Entre mis antecesores que han hablado del informe, se comentaban aquí los datos que se dan, cómo no se actualizan, la información activa en las páginas webs, pero incluso, cuando se solicita esa información, cuando se accede mediante una solicitud a una información, cuál es la calidad de esa información también que se suministra.

En estos días hemos visto en medios de comunicación, hoy mismo se hablaba de los presupuestos, de los ingresos de los presupuestos de la comunidad autónoma canaria, de la cuenta de tesorería, de si tenemos superávit o tenemos déficit. Eso, que es un control de la Audiencia de Cuentas y está en ese control de la Audiencia de Cuentas para el tema de la información, al final también es transparencia, porque si los datos no se dan con veracidad y fidedignos, evidentemente la ciudadanía, lo que llega a la ciudadanía, es la no confianza en quienes gobiernan y en quienes están al mando de gestionar el dinero público de todas y todos de la mejor manera, para que al final seamos más eficaces y más eficientes y que ese dinero venga a mejorar la vida de todos y todas, y sobre todo también el que no haya actitudes o comportamientos dentro del Gobierno que no sean éticos, que no sea para todos y todas sino para una minoría, o que haya algún tipo de influencias o presiones para que se desvíe a intereses de unos pocos y no del interés general o de la mayoría social.

Cuando hablamos de los medios y hablamos de las herramientas -es verdad que usted comentaba que ya tenemos una herramienta, que es el ITE Canarias, que ha dado un método para que todo se valore de una forma general-, nos gustaría hablar de que, bueno, aunque es verdad que han mejorado los índices de transparencia, creemos que es un avance en teoría por lo que hemos comentado, porque al final, si el contenido de aquello que están obligados a publicitar tanto en las webs como en el acceso de la información no es veraz o no tiene el contenido que solicitan en este caso los ciudadanos, pues, evidentemente poco favor se está haciendo a la transparencia; cuando tenemos información no veraz en las webs, no solamente es que no se informe, es que esa desinformación aún es más grave, a que no esté a que esté mal. Eso también lo hemos comentado muchas veces.

Decir que, bueno, en este informe se ha requerido la participación de 345 sujetos, que son los que están obligados por ley; son 98 instituciones que son Administración y 247 entidades dependientes de estas administraciones. De este total de 345, 211 cumplieron el cuestionario, es decir, un 61,16 %, pero es que casi un cuarenta por ciento no ha participado en esta tarea. Eso creemos que es un dato relevante de la importancia que se le da a la transparencia. Porque podemos decir que tenemos pocos medios, porque es verdad que las políticas austericidas, en las que ha habido descenso de personal en las administraciones, han sido para todos, pero eso no puede ser una excusa, porque dentro de la organización de las instituciones tiene que haber una participación directa con la transparencia, tiene que haber una implicación directa con la transparencia, y que sea en el día a día de la estructura de esa organización… la que se vaya dando.

Hablamos siempre, muchas veces, de que aquella información que se solicita como acceso a información al final, si se solicita muchas veces, se convierta en publicidad activa y, por tanto, no tiene que estar solicitándose, sino que al final la encontremos en las páginas webs; y que, como decían antes, la satisfacción también del usuario que accede a esa publicidad activa, a esa página web, saber si realmente está encontrando lo que está buscando y de la manera que debe encontrarlo, que sea razonablemente entendible, con formatos abiertos, que siempre hemos dicho, reeditables; además, bueno, modificaciones que creemos que deben darse, que es que no tenga, que el sujeto tenga que identificarse para solicitar información, etcétera. Cuestiones que hemos hablado muchas veces en estos informes y que no se llegan a dar.

Información…

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Monzón, y acabe.

La señora MONZÓN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.

Información que, en el caso de publicidad activa, ya se hablaba, ayuntamientos que, bueno, estábamos hablando de que, en la planificación y las programaciones de aquello que es su tarea, solamente el 42,05 % de las entidades aprueban. Los cabildos, tanto de Tenerife como El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y Gran Canaria, sacan más de seis puntos; el Cabildo de Lanzarote, sin embargo, no aprueba.

Estas cuestiones, que incluso hemos dicho en la comisión, de aquellas instituciones y aquellas entidades que no participaban o que no aprueban, tienen que publicitarse, porque es la única manera de que se vean retratadas y que después puedan mejorar esos índices de transparencia.

Nos llama la atención, además, que los cabildos, por ejemplo, dijeran que no ha habido reclamaciones a su solicitud y, sin embargo, después se detecte que -el Comisionado de Transparencia- ha habido reclamaciones. No entendemos cómo es posible que hasta la información se dé mal, dónde están los problemas para que encima, transparentando los datos, esos datos además se den mal.

Con respecto al Gobierno de Canarias, sobre todo las concesiones de servicios públicos, son las que no se transparentan, las que no encontramos en las páginas webs.

Y las universidades, entes que entendemos que deben ser pioneros en la transparencia dada su condición, pues, precisamente están en aprobados rasos, con unas medias que creemos que son muy muy mejorables.

Con respecto al acceso a la información, como decíamos, la ciudadanía cada vez es más exigente. Los formatos tienen que darse de una manera rápida y eficaz y, como vemos, el control también es imprescindible, el hecho de que las reclamaciones puedan tener una resolución rápida por parte del Comisionado de Transparencia.

El coste del incumplimiento prácticamente es cero y, por tanto, eso también nos preocupa.

La información tiene que llegar. Compartimos que la transparencia debe introducirse, como decía, en todos los quehaceres cotidianos de todas las instituciones, dentro de los procedimientos, concretando los órganos competentes, y una mayor y mejor organización de esos medios personales, materiales y técnicos.

La transparencia debe ser una realidad del día a día en cualquier institución. Esperemos que así sea y esperemos que ustedes sean capaces de lograrlo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

También me sumo por parte de mi grupo parlamentario a la bienvenida al señor comisionado, el señor Cerdán, así como a las felicitaciones, la enhorabuena por el informe presentado ante la Cámara en relación con los datos de transparencia de nuestra comunidad autónoma. Un informe bastante bien estructurado, fácil de entender, fácil de leer y nos ha aportado mucha luz a los grupos parlamentarios, particularmente al nuestro, en relación con el cumplimiento del grado de transparencia de las administraciones públicas canarias y del sector público en general canario.

Señorías, la transparencia es un elemento fundamental, fundamental para todo sistema democrático de nuestro entorno, sistema democrático que se precie. La participación ciudadana, el conocimiento por todos de lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de todos es quizás el papel, el principal elemento definidor de una democracia consolidada y madura como es la democracia española. No es el dinero de todos, es el dinero de cada uno de nosotros, con el que, de acuerdo con las leyes, fundamentalmente las leyes tributarias, contribuimos, cada uno de nosotros, al sostenimiento y al funcionamiento de las instituciones públicas. Por tanto, somos los ciudadanos, todos los ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, en definitiva, somos como si fuéramos los propietarios de las administraciones públicas y, como tales propietarios, tenemos el derecho a saber y a conocer lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de cada uno de nosotros. Por tanto, quiero decir que esto no es un trámite cualquiera en el pleno, es poner en conocimiento lo que algunos o qué administraciones cumplen y cuáles no y qué debemos hacer en el futuro para mejorar.

De acuerdo con el informe, señor comisionado, señor Cerdán, hemos mejorado en índice de transparencia. Por cierto, felicidades por esa aplicación telemática que ha permitido homogeneizar todos los datos. Hemos mejorado, no sustancialmente, pero sí razonablemente, de 3,14 puntos hemos pasado a una media de 5,47. Ya hemos aprobado las administraciones públicas respecto de la nota de 10. El 90 % de las instituciones ha mejorado su ratio de transparencia y solo 7 han empeorado respecto de los datos del año anterior.

Respecto de las empresas públicas, me quería detener un momentito. El sector público empresarial, el paralelo, sigue siendo, digamos, la parte que queda por cumplir. Sigue en puestos de descenso, con una nota de 4,64 puntos. Y además lo hacen, señor comisionado, con un escaso entusiasmo, por parte de ellas, de rendir cuentas en la transparencia, de las 247 entidades dependientes 136 no presentaron su declaración. Por lo que, insisto, creo que debemos mejorar y ustedes tienen que tener un papel activo en que cada vez más empresas públicas y organismos autónomos presenten sus datos de transparencia. Y es que de las 111 restantes solo 42 superaron el test de transparencia presentado. Queda mucho por hacer, insisto, en el sector público empresarial.

Respecto de los ayuntamientos, continuamos en el aprobado, el 5,33; los cabildos algo mejor, del 3,85 al 6,93; y la comunidad autónoma, sin duda, los medios que tiene permiten que suba del 7,69 al 8,03.

Me detengo ahora en los contenidos, ya no solo en los datos estadísticos, en los contenidos. Y cabe destacar la escasa información que las administraciones públicas ofertan u ofrecen sobre contenidos normativos, sobre planes, sobre programación, sobre concesión de servicios públicos y contratación pública. Es verdad que lo más fácil de poner en los portales de transparencia siempre es la información institucional, pero quizás esa es la menos relevante para todos los ciudadanos. Por tanto, creo que hay que insistir, señor comisionado, en mejorar los datos de verdad del funcionamiento de las administraciones públicas.

Si orientamos el foco ahora hacia los ciudadanos, hay que destacar, señorías, el escaso interés que los ciudadanos tienen por estos nuevos derechos creados. Solo 1286 solicitudes de información y solo en 80 de las 209 administraciones o entidades auditadas. Es verdad que los portales de transparencia son visitados por…

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Voy terminando, señora presidenta.

… pero muy poca gente todavía accede a la petición de datos y de información.

Señorías, como conclusión, se han mejorado las ratios de transparencia en todas o en prácticamente todas las administraciones públicas, pero se detectan problemas en la información, con datos desfasados, datos mal estructurados o datos de carácter irrelevante. Creo que sería una buena medida, señor comisionado, analizar las propias peticiones de información de los ciudadanos para poder adaptar -las administraciones públicas- la información que ofrecen a esas características de los peticionarios que han realizado y emitir recomendaciones acerca de las características, de los modelos, de las páginas de transparencia para homogeneizar y hacer aún más clarificadores la información y los datos de las administraciones públicas.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorge.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días.

Igualmente dar las gracias al señor comisionado, don Daniel Cerdán, y a su equipo por la elaboración y la presentación de este informe. Este es el tercer año, como ya se ha dicho, que se trae el informe de evaluación a este Parlamento para la fiscalización por parte de los grupos políticos, en este caso respecto al año 2017.

El informe nos da una idea de cómo están las cosas respecto a la transparencia en la gestión de lo público en nuestras islas, en esta comunidad autónoma, y lo primero que debemos constatar, aunque sea obvio, es que tenemos una ley canaria de transparencia, que tenemos un Comisionado de Transparencia, como una herramienta de control y de evaluación, y que tenemos un sistema de evaluación -eso es nuevo este año- propio. Lo segundo que parece que podemos sacar de conclusión, en general, es que ya se evalúa al 100 % de las instituciones obligadas y que además, en general, en la media, también pasamos del suspenso al aprobado, raspadillo pero aprobado. Pero el tercero es que, si buceamos un poco en el informe, vemos que a algunas instituciones se les atraganta la transparencia, ya que aún no cumplen, cumplen de manera forzada o de manera selectiva, en algunos aspectos sí y en otros aspectos no. Hoy mismo veíamos la información de los datos económicos del Gobierno, si hay superávit en el 2017 o no… ¿Son ciertos los datos, si o no? O el propio Gobierno también la lía en cuanto a las listas de sustituciones en educación, por ejemplo. Son ejemplos de la transparencia y la confianza que esa transparencia da a la ciudadanía.

Es una buena noticia que pasemos del 3,14 al 5,47, como digo, consiguiendo ese aprobado raspadillo.

También es la primera vez que se ha incluido a todas las instituciones y se les ha aplicado los mismos baremos, basados en la metodología de evaluación de la transparencia de la actividad pública y el Índice de Transparencia de Canarias.

De las instituciones, de estas 98 instituciones de Canarias, dependen 247 sujetos públicos, obligados también a cumplir con la Ley de Transparencia, pero de ellos solo cumplen el 61,6 %; o sea, un cuarenta por ciento, alrededor, no cumple. Por tanto, es un dato que no es bueno, no es positivo.

Y destacar también que, bueno, que tienen una evaluación muy baja, cumplen pero mínimamente, las universidades llegan a un 5, pero algunos de sus organismos dependientes no cumplen con esta ley. Ninguna universidad cumple con la información sobre la concesión de servicios públicos; por tanto, no es un buen dato para Canarias.

En general, las distintas instituciones cumplen mayoritariamente, como decimos, en materia de contratación, pero solo 59 publican la información conforme a las exigencias de la ley. Fallan también en la forma de publicación, en la reutilización de la información, en la información de los contratos, no hay transparencia en la publicación de los planes de cooperación interadministrativa en obras y servicios.

En definitiva, señorías, podemos concluir que habrá mil razones para no cumplir con la ley, sobre todo las instituciones, las administraciones apelarán a la falta de recursos, de personal que destinar a estas tareas, pero siempre está la duda de si se ha hecho el esfuerzo suficiente por las instituciones para conseguir los objetivos y, por otra parte, si se ha valorado cuánto tiene de beneficio y de positivo cumplir con la Ley de Transparencia frente a la opacidad.

Para el Partido Socialista desde luego que la transparencia es el intento de dar luz, claridad, acceder al conocimiento de los detalles de la gestión pública ante los casos de corrupción o de fraude y de mala gestión de los fondos públicos, no en vano impulsamos en la anterior legislatura la aprobación de esta importante ley con la que hoy cuenta Canarias.

Lo lógico, lo responsable, lo normal sería que ni siquiera tuviéramos la ley. Es increíble que nos conformemos con que, bueno, llevamos tres años, esto es poco tiempo, vamos cumpliendo, pero esa no debería ser la razón de una sociedad democrática que realmente creyera en la transparencia como una forma normal y habitual de trabajo.

El informe constata que nos queda mucho trabajo por hacer, no quiero ser negativa sino exigente. Creo que debemos ser exigentes. Las instituciones evaluadas deben poner todo su empeño en ser claras y transparentes, mejorando sus índices de transparencia, de buena gobernanza y dando confianza…

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias.

… a la ciudadanía que los ha elegido. Aquí le preguntamos al señor comisionado cuáles cree que son las razones que llevan a que algunas instituciones no cumplan, cumplan en algunos aspectos, en otros no, aparte o independientemente de costes económicos, y prefieran aparecer en este ranking a veces, pues, un poco de forma vergonzosa, no cumplir, qué razón puede llevar a esto.

Un ejemplo claro de esta falta de confianza o desconfianza de la ciudadanía hacia la Administración lo podemos ver en la gestión de la publicidad de las listas de espera sanitarias, de dependencia, y ya decía, incluso en las últimas de aprobación de oposiciones en educación.

En las listas de espera sanitaria sí que queremos hacer una mención al error, entendemos que un error por parte del comisionado, que dice que en el 2016 se publicaban mensualmente -como efectivamente es así- las listas de espera y a finales de año, con la salida del Gobierno del Partido Socialista, dejan de publicarse; pasan, en 2017, a publicarse cada seis meses, además de generar dudas respecto a la veracidad de las mismas. Aquí hacemos dos puntualizaciones: las listas tienen que publicarse de forma clara y transparente en todo caso. Y además el informe del comisionado, como digo, entendemos que es un error y que no ha sido por mala fe. Agradecemos el esfuerzo de darnos una respuesta nuevamente, pero nos sorprende esa respuesta, porque usted además decía que debe ser un cuento creíble, claro, el que se cuenta hoy aquí, y el rigor y la veracidad hacen que la comunidad autónoma, el Gobierno… cumplía en 2016, no cumple con los seis meses, aunque cumplan otras comunidades autónomas o lo hagan otras comunidades autónomas cada seis meses, eso no tiene nada que ver con Canarias o sencillamente se haga en otros lugares. Esa no es la razón por la que debemos…

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, señor Cerdán, bienvenido.

Y queremos empezar desde el Grupo Nacionalista Canario felicitando por el contenido del informe, un informe que mejora notablemente el de años anteriores, no solo en la forma, sino en el fondo, en el contenido material del informe, en los aspectos sustantivos que profundizan en el Índice de Transparencia de Canarias, un índice que ahora se perfecciona con la aplicación informática IT-Canarias y la autoevaluación que han tenido que hacer todas las administraciones implicadas, cargando ellas mismas sus datos. No existe ninguna referencia comparada de metodología similar, de un índice similar, ni de mecanismos sobre evaluaciones similares en el contexto del Estado. Canarias está a la vanguardia con este índice de referencia y con esta metodología, que permite evaluar por igual a todas las administraciones públicas con el mismo rasero y en igualdad de condiciones. Y ese es un mérito del comisionado y de todo su equipo, por eso tenemos que felicitarlos.

Y tenemos que felicitar también al conjunto de las administraciones públicas canarias y sus instituciones, porque, según el Índice de Transparencia de Canarias, de las 98 instituciones de las islas, la nota media en este año, el año 2017, es de 7,47 puntos, superando la nota del año 2016, en el que se llegó a una media de 3,14. La progresión es positiva en más del noventa por ciento de las instituciones, ya que solo 7 de ellas redujeron su nota respecto a la del 2016. 50 instituciones principales superaron en 2017 la nota de 5, cuando en el año anterior solo la habían rebasado 20 instituciones. Destaca también el avance del indicador en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se sitúa superando casi en un punto y pico el año anterior.

La conclusión es evidente: el avance es notable. Estamos de acuerdo en que hay cuestiones que hay que seguir mejorando en todas las administraciones públicas. El objetivo tiene que ser mejorar la cantidad de la información y la calidad de la información, porque cantidad y calidad son conceptos que no pueden estar disociados, y centrarnos en la utilidad de la información para los ciudadanos, no para determinadas élites, no para determinadas consultoras, para los ciudadanos, porque un año más se constata que la demanda de solicitudes de acceso a la información sigue siendo escasa y sigue sin existir una fuerte presión ciudadana de demanda de información. Y por ello es lógico que las administraciones se centren en la principal prioridad, que es la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Desde el Grupo Nacionalista siempre hemos insistido en la necesidad de centrar los esfuerzos en la pedagogía de la ley, porque, señorías, alguna experiencia tenemos en Administración pública, en cambios en la organización, en procesos de implementación de tecnología, en modernización de la Administración, y créanme que se consigue muchísimo más con el estímulo que con la imposición y con las sanciones. Nosotros leemos el informe en su conjunto, no nos quedamos en las anécdotas, ni tampoco creemos que sea oportuno sacar los colores a ninguna Administración pública en concreto, porque preferimos centrar el interés en el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones públicas canarias.

Se ha tratado de hacer política con las listas de espera. El informe es categórico en su página 25, que dice: El portal de transparencia… (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora, disculpe, señora Beato, que le paro el tiempo.

Cuando quiera, continúe, por favor.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta.

Decía que en la página 25 del informe se dice textualmente: el portal de transparencia del Servicio Canario de Salud es de los mejores, la transparencia en las listas de espera es absoluta. Y, señorías, parece que les molestara que los datos mejoren. La tendencia se consolida, y eso es lo importante. El esfuerzo de los profesionales está dando sus frutos, y lo dice el informe del comisionado y lo confirman los datos de la auditoría independiente que han hecho las dos universidades públicas canarias, que dicen que son claros, que son veraces y que son transparentes.

No podemos obviar la realidad de las administraciones públicas, las pequeñas administraciones, que tienen carencia de medios materiales, personales y económicos. Y, miren, afortunadamente…

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Afortunadamente -gracias, presidenta-, afortunadamente, esté o no la información en un portal, lo que sí está es disponible para cualquier ciudadano, que en cualquier momento la puede solicitar y puede recibir la información y recibir una contestación de cualquier administración.

Canarias ha puesto la transparencia en lo más alto de su agenda, consignando, incluyendo al comisionado en el texto estatutario al mismo nivel del resto de las instituciones de relevancia estatutaria. Creemos que ha sido una buena noticia después de tres años de andadura del comisionado. El balance es positivo, los resultados del informe son positivos y tienen que servir como estímulo para seguir trabajando en la transparencia, en incrementar la cultura de la transparencia entre la ciudadanía y en el conjunto de nuestras administraciones públicas.

(La señora Rodríguez Herrrera solicita la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Han intervenido todos los grupos. Corresponde de nuevo tomar la palabra al señor comisionado de transparencia… ¿Sí? Perdón, dígame. Perdone un momento, señor comisionado.

Dígame, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA (Desde su escaño): Sí, presidenta, quería intervenir por datos contradichos. La señora Beato ha hecho una afirmación que no es correcta.

La señora PRESIDENTA: Entiendo que por el artículo 81. Tiene un minuto. Dígame la contradicción y la fundamenta, por favor. ¿De acuerdo?

La señora RODRÍGUEZ HERRERA (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Leo textualmente: «En el informe referido al año 2016 se anotaba el hecho de que se habían dejado de publicar las listas de espera sanitarias». En el informe el señor comisionado no deja claro cuándo se dejaron de publicar las listas de espera en 2016. Esto no es una anécdota, por eso pedimos la aclaración y la corrección.

Las listas de espera mensuales se dejaron de publicar cuando salió el Partido Socialista del Gobierno y entró el señor Baltar. No es una anécdota, es un dato que hay que corregir en un informe tan importante, que debemos tener la veracidad y la seguridad de que lo que se pone aquí es cierto.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.

Señora Beato.

Un momento, por favor. Un minuto, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Yo quiero reiterarme en lo que he dicho. En la página 25 del informe se dice: el portal de transparencia del Servicio Canario de Salud es de los mejores.

Los datos son absolutamente ciertos y los confirma una auditoría independiente de las dos universidades canarias, que dice que son veraces, que las listas de espera son claras y que los datos son transparentes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

(Comentarios desde los escaños).

Señorías, habla quien está en el uso de la palabra, ¿de acuerdo? Ya he dado un minuto a cada una, suficientemente cada diputada ha expresado su parecer y así queda constancia en el Diario de Sesiones.

Señor comisionado, tiene cinco minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Gracias en primer lugar por todos los buenos comentarios que he escuchado aquí esta mañana respecto al informe y, como les reitero, es una obra muy colectiva, no solamente del pequeño equipo del comisionado sino de funcionarios de toda Canarias. Y, en cualquier caso, quería repasar rápidamente algunos de los comentarios que ustedes han hecho, a ver si en cinco minutos lo consigo.

Algunos de los portavoces se han referido a que la información económica, fundamental en los portales de transparencia y fundamental en la Audiencia de Cuentas -con la que, por cierto, hemos establecido ya un primer convenio de colaboración, porque es lógico que los pequeños equipos de ambos, dedicados a promocionar la mejor gobernanza de las instituciones canarias, trabajen en colaboración-… Les decía que es cierto que la información económica aparece en muchas ocasiones abstrusa, confusa, demasiado técnica y que hay un camino, hay un recorrido ahí para realizarlo. En ese sentido, el convenio con la Audiencia de Cuentas espero que nos ayude a encontrar y a sugerir esas herramientas o esas maneras de comunicar la información económica adecuadas; y lo mismo en encontrar, como indicaba la portavoz de la asamblea socialista gomera, mecanismos más eficaces de asesoramiento a las corporaciones locales para que informen de este tipo de datos, que son siempre difíciles de hacer llegar al ciudadano.

Varios de los intervinientes también se han referido a la escasez, sobre todo han puesto la atención en ese 40 % de entidades dependientes que no han prestado su colaboración y no se han autoevaluado, no nos han contado a nadie cómo están informando a la gente sobre su actividad o cómo están respondiendo a los ciudadanos sobre las preguntas que reciben. En ese sentido, como les indicaba antes, nuestro propósito es de publicarlas, las ciento treinta y seis entidades que no han rendido cuentas, publicar sus datos de forma que al menos se sientan, de alguna manera tengan un cierto coste reputacional, que es el único que podemos ahora imputar desde el comisionado a las entidades incumplidoras, en la medida en que todavía los órganos garantes de transparencia en España no tienen ningún otro elemento de presión o de coacción o de presión a los sujetos obligados para que cumplan mejor.

Es cierto también, como decía el portavoz del Grupo Popular, el señor Jorge, que hay mucho camino por andar en dos de los ámbitos de actuación analizados en el informe, en materia de planes y en materia de contratación, a los que esta vez, por primera vez en estos tres años, les dedicamos un capítulo concreto, entendiendo que los planes, es decir, lo que las instituciones dicen que van a hacer, y los contratos, que es lo que realmente luego hacen y cómo lo hacen, son elementos de primer orden, no solamente para que los ciudadanos se enteren de cómo va esa película, sino sobre todo para que el conjunto de los operadores, digamos, tenga más cuidado, más esmero, más profesionalidad, en la ejecución de esas políticas. ¿Por qué lo digo?, porque solamente cuando los operadores son conscientes de que esa información va a estar en los portales de transparencia o la van a preguntar y la van a tener que contar van a poner mucho más cuidado en cómo realizan los contratos, en cómo ejecutan los planes, en definitiva, en cumplir lo que les dijeron a los ciudadanos que pensaban hacer.

La portavoz del Grupo Socialista se preguntaba -y ha suscitado un pequeño debate interno en la Cámara- sobre si son ciertos los datos económicos, si son ciertos los datos educativos y también si son ciertos los datos de la lista de espera, etcétera; y se preguntaba también cuánto tiene de positivo cumplir la ley para los responsables políticos de cada institución. Yo siempre repito que, aparte de que los puedan o no conocer los ciudadanos, los datos a través de los portales de transparencia, el hecho de saber que los pueden mirar, que los pueden en un momento determinado apuntar como incumplidores o como engañosos, es un acicate importante, simplemente esa obligación legal y que haya un comisionado, un garante, que los esté mirando, es un acicate para que la gobernanza de los entes públicos mejore.

Y concretamente, en el punto que ha suscitado al final el debate en esta Cámara respecto a las listas de espera, yo no tengo otra misión…

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Gracias.

… que, de alguna manera, explicar lo que hace el comisionado al respecto. Hace un año lo que hicimos es hacer una evidente llamada de atención al Servicio Canario de Salud porque había interrumpido la publicación mensual de las listas de espera sin avisarlo y sin anunciar que estaba en un proceso de cambio metodológico. Un año después, no solamente el Servicio Canario de Salud, diríamos, ha reactivado la publicación de las listas de espera, sino que constatamos que lo que no tenía hace un año, o, mejor dicho, a finales del año 2016, que era un portal de transparencia, no solamente lo tiene, sino es el mejor de todas las entidades dependientes del Gobierno. Y de la misma manera que fuimos, digamos, severos un año llamándole evidentemente la atención, si queremos ser justos en este, tenemos que reconocer que aquello que le dijimos hace un año se ha resuelto al menos en buena medida. Y eso es lo que hemos procurado, con mayor o menor acierto, decirlo en el informe y estamos abiertos a precisarlo mucho mejor. Pero lo que sí es cierto…

La señora PRESIDENTA: Un minuto más y concluya, señor Cerdán.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Concluyo ya.

Lo que sí es cierto es que hace un año estaban los datos, no existían los datos y ahora existen.

Y en cuanto a la veracidad o no veracidad, yo, como les dije en comisión, les animo a que más sosegadamente, también en comisión parlamentaria, estudien el informe de los auditores, que espero que pronto se pueda conocer en su totalidad, de los auditores que han analizado las listas de espera y lleguen a conclusiones positivas para la mejora de la información sanitaria en Canarias en los próximos años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cerdán. Muchas gracias, comisionado.

El Comisionado de Transparencia presenta el Informe de 2017 a la presidenta del Parlamento

Informe de Transparencia de 2017 y resumen ejecutivo

El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la mañana del 19 de noviembre de 2018, el Informe de Transparencia correspondiente al ejercicio 2017. Se trata del tercer informe del Comisionado de Transparencia de Canarias, en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, haciendo entrega del Informe 2017 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

 

El informe recoge por un lado la evaluación de la transparencia de las instituciones canarias y sus entes dependientes a través de la aplicación telemática «T-Canaria», puesta en marcha a principios de año, y dando lugar al Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Por otro lado, el estado del derecho de acceso en Canarias, tanto de las solicitudes de acceso a información pública a los diferentes sujetos obligados, como de las reclamaciones interpuestas ante el Comisionado por denegación de información a los ciudadanos. 

Daniel Cerdán sostiene, con respecto a la evaluación de transparencia del ejercicio 2017, que se trata de «un pequeño hito que señala a Canarias como la primera comunidad autónoma que ha conseguido evaluar individualmente a todas las  instituciones de Canarias».

A continuación ponemos a su disposición el Informe 2017 al completo así como el extracto del resumen ejecutivo y las conclusiones: https://transparenciacanarias.org/informeanual2017/

Disponible la grabación de la entrega del Informe 2017 a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, y la posterior rueda de prensa pinchando en el siguiente enlace

Presentación en el Pleno del Parlamento de Canarias del Informe de Transparencia de 2016

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el 13 de septiembre en el Pleno del Parlamento de Canarias el Informe anual de Transparencia correspondiente a la actividad del año 2016.

Con la presentación del informe, el comisionado Cerdán informó a la Cámara de que han puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. «El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable», explicó.

El contenido íntegro del Informe anual se halla en este enlace.

En el desarrollo de la sesión plenaria intervinieron los portavoces de Agrupación Socialista Gomera-ASG (Melodie Mendonza); Nueva Canarias-NC (María Esther González); Podemos (María Concepción Monzón); Partido Popular-PP (Luz Reverón); Partido Socialista-PSOE (María Ventura del Carmen) y Coalición Canaria-CC (Socorro Beato).

El desarrollo de la comparecencia en el Pleno se desarrolla en este vídeo.

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2016 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 86/2017, de fecha 13/9/2017, del Parlamento de Canarias.

9L/ICTR-0002 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora con el señor comisionado de la Transparencia, si es tan amable.

Buenas tardes, señor comisionado de la Transparencia, si quiere se incorpora y presenta su informe.

Diez minutos, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.

Señora presidenta y señorías de esta Cámara, estimados oyentes de la presentación del segundo informe sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en el año 2016.

Sin los preámbulos cervantinos de la presentación del 20 de julio del año pasado, en los que perdí un poquito de tiempo, adelanto directamente los enunciados esenciales a los que decidan concederme el regalo de su atención en los próximos minutos.

En primer lugar, un agradecimiento intenso, que no es un mero ejercicio de cortesía, a la Mesa y a la Junta de Portavoces por decidir que este informe se presente también en el pleno, no solo en la Comisión de Gobernación. Es señal y muestra de la relevancia que la Cámara da a los caminos que abrió a la buena gobernanza de todas las instituciones canarias en la ley aprobada en diciembre de 2014. Caminos o sendas que trazan las nuevas obligaciones de transparencia y acceso a la información, una muestra clara que agradezco y valoro por un hecho esencial que explicaré más adelante.

Hecha la evaluación de las 96 instituciones canarias y sus 2 universidades en el informe ya publicado antes del verano y también en el Boletín Oficial de esta Cámara, corresponde a sus señorías analizar y debatir el propio trabajo de la más joven, pequeña y humilde autoridad independiente de Canarias. Un Comisionado de la Transparencia vinculado a esta Cámara y no al Gobierno, como aún muchos piensan por analogía con otros comisionados, un comisionado que vigila el cumplimiento tanto de los portales de transparencia como la respuesta que se da a las preguntas escritas de los ciudadanos. Y ahora les indicaré un poco las novedades respecto al informe del año anterior.

Hemos puesto en marcha el índice de transparencia de Canarias, el ITCanarias. El primer índice oficial de carácter autonómico en España, no hay en ningún otro hasta ahora. Centrado sobre todo en los portales de transparencia, refleja avances notorios y significativos sobre la situación del año 2015, pero también el largo trecho que queda por recorrer para que 76 de las 96 corporaciones y universidades de Canarias alcancen el mínimo exigible y para que el resto, todas ellas, logren la excelencia deseable.

En el 2016, hemos casi quintuplicado las resoluciones del comisionado frente a reclamaciones de información de ciudadanos respecto a las que resolvimos en la segunda mitad del año 2015, que fue nuestro primer periodo de mandato. Nos presentaron, el año pasado, 91 reclamaciones, de las que 85 eran admisibles. De ellas, estimamos favorablemente 72, el 84,7 %, un porcentaje significativamente elevado.

Estas resoluciones obligan al Gobierno, a cabildos y a ayuntamientos a entregar la información pedida por los ciudadanos. Pero, para ser precisos, justos y autocríticos, he de indicar que nuestras resoluciones, en muchos casos -40 concretamente-, han sobrepasado los tres meses de plazo que prescribe la ley, porque solo conté en 2016 con los mismos dos técnicos superiores que el año precedente, uno de ellos dedicado a esta actividad de las resoluciones y de acceso a la información. Y lo que es peor, la situación se agravará este año porque se están triplicando las reclamaciones y posible que en el próximo 2018 vuelvan a multiplicarse por dos. Y eso ocurre no necesariamente por una peor disposición de las administraciones, sino porque los ciudadanos, más conocedores sus derechos, están preguntando más y sobre cuestiones más difíciles o más comprometidas.

Pero lo que es más preocupante en este campo es que, de las 72 resoluciones ejecutivas indicadas como favorables para los ciudadanos, al menos 13 han sido manifiestamente incumplidas, porque ni han entregado la información ni han recurrido a los jueces, como era su deber si discrepan con el comisionado.

Pusimos en marcha en este año pasado también nuestra administración electrónica y nuestra sede electrónica, un esfuerzo añadido para suplir la falta de medios, que agiliza procedimientos y da mayores garantías a los ciudadanos. Y dimos amparo, por primera vez, a miembros de la oposición de corporaciones insulares y locales a los que no se respondía adecuadamente desde los equipos de gobierno, porque ellos también pueden recurrir a la Ley de Transparencia.

Les decía al principio que me detendría en un detalle relevante que justifica la atención de este Pleno a estos hechos. Aprobada la ley estatal de transparencia y más de una decena de leyes autonómicas, muchos tienen la impresión de que nuestro secular atraso en materia de acceso a la información pública tiene las vías de solución trazadas y solo hay que dejar que el paso del tiempo vaya haciendo su efecto. Tal actitud es tan ingenua como la de los que piensen que si los arquitectos dibujan sus planos los edificios acaban construidos inevitablemente.

Digo esto porque empieza a existir la sensación en algunos ámbitos políticos de que la transparencia y el acceso a la información como nueva herramienta para la mejor gobernanza es cosa alcanzada, resuelta, lista porque se han aprobado unas leyes, porque se ha puesto un cártel que dice «portal de transparencia» dentro de las páginas web o porque se han respondido algunas preguntas. Unos sostienen esto por mero postureo, y no descarto que los más responsables lo dicen o lo sostienen porque piensan que tienen otras cosas mejores que hacer que contar fielmente lo que hacen o hacer cabalmente lo que dijeron que harían, tienen cosas mejores que hacer que ser transparentes, ser consecuentes o rendir cuentas.

Esta es la base y la cúspide de la pirámide de la acción pública, el conocimiento de lo que hay, de lo que se dice que se hará para cambiarlo, de lo que realmente se hace y también el conocimiento de sus resultados, es decir, el conocimiento del diagnóstico, del plan, de la acción y de la evaluación. Si a ello se da cobertura en los procedimientos de transparencia, habremos logrado un tiempo el gobierno abierto -palabras que están ahora de moda en la nueva agenda- y también la rendición de cuentas, término muy antiguo, y no solo contable, sin el que es imposible una participación ciudadana responsable tanto en la propuesta de acciones como en el ejercicio del voto, última y soberana acción participativa.

¿Por qué hemos visto esa cierta autocomplacencia en este campo en los últimos tiempos? ¿Por qué algunos tienen tanta tentación a pensar que solo dos o tres años después de la Ley de Transparencia ya alcanzaron el grado de notable, de excelente o de sobresaliente en sus sistemas de acceso a la información? Yo creo que es porque, lejos de querer cumplir la ley básica española o las más ambiciosas autonómicas, se autoevalúan y se conforman con cumplir los viejos códigos de Transparencia Internacional, mucho menos exigentes que la legislación española y, desde luego, mucho menos exigentes que la legislación canaria. Es como si, habiendo llegando por edad y ley al grado de universitarias, muchas instituciones se empeñaran en autoevaluarse con pruebas de examen de primaria o secundaria, y eso no vale. Esa es una argucia tentadora para la galería, pero soslaya con disimulo el cumplimiento completo de las obligaciones de las leyes vigentes.

Y hoy quiero decirlo claramente: Transparencia Internacional tuvo un papel muy importante en el lanzamiento de los portales de transparencia en España cuando no existían las leyes, la mayoría de ellos se crearon para no quedar penalizadas por esta prestigiosa ONG. Y Transparencia Internacional tiene hoy una actividad realmente encomiable en otros campos más avanzados del buen gobierno, como la integridad pública, la buena contratación, la protección de denunciantes públicos o la regulación de los lobbies, entre otros.

Temas de extraordinaria relevancia muy conectados a la transparencia que nos ocupa y en los que sin duda esta Cámara, por cierto, tiene y puede y puede y tiene que seguir trabajando y profundizando a través del proyecto de ley reguladora de personas que ocupan cargos públicos; como ha hecho recientemente, en junio, Aragón, que ha enriquecido con muchos de los temas propuestos por Transparencia Internacional lo que ha sido su reciente Ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada el pasado mes de junio; una ley que viene a ser una modificación y una ampliación de su Ley de Transparencia.

Pero numerosos autores académicos han señalado que los 80 indicadores de evaluación de los portales web que realiza Transparencia Internacional están lejos de contemplar las 254 obligaciones que las leyes canarias -la de cabildos, la de ayuntamientos y la de transparencia- señalan para cabildos y ayuntamientos, en un caso, o las 290 obligaciones que la Ley Canaria de Transparencia les señala al Gobierno regional y a sus entidades vinculadas.

Quería hacer esta precisión para que no se confundan ambos campos: ser bien evaluados en Transparencia Internacional no significa estar cumpliendo las leyes de transparencia. En todo caso, desplegados los planos de la arquitectura del sistema de transparencia en Canarias y en España, en dos años apenas hemos comenzado a levantar los cimientos de un edificio que en otros países se ha creado en siglos o en décadas. Sólidos edificios, por cierto, los de otros países, todo sea dicho, pero que no soportan a veces, o muy malamente lo soportan, los embates actuales de las postverdad, de las verdades alternativas o de las verdaderas ficciones como sustitutivas de los verdaderos hechos.

Es bueno tener esto presente, saber de dónde partimos y ser conscientes de que estamos al inicio del camino. Y sí, la transparencia no es algo, a primera vista, tan valioso para los ciudadanos como el sistema de pensiones, que debemos mantener y proteger. La transparencia es algo pendiente de construir que, desde luego, para muchos no será equiparable al sistema de pensiones, una herramienta de protección y un final de vida mínimamente digno para la mayoría. Pero el sistema de transparencia es una herramienta que da cobertura y garantías al conocimiento de cómo se cumple todo el sistema de derechos: el de pensiones, el de salud, el de educación, el de justicia, todos. Si la transparencia no funciona bien, no solo la sociedad va un poco a ciegas, también los gobiernos pueden ir a tientas y no saber qué hacen sus administraciones, porque muchas veces la ausencia de transparencia oculta otra carencia, como es la ausencia de sistemas de información interna que permitan saber a los gobiernos y diputados qué es lo que realmente hacen las administraciones, sus administraciones.

Los sistemas de información convertidos en transparencia pública constituyen un iluminador cuadro de mando en el que, en esta era de la complejidad, no es posible ni la rendición de cuentas de los poderes…

La señora PRESIDENTA: Comisionado, tres minutos más. Tres minutos más, señor comisionado, por lo que veo que tiene ahí…

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA (Cerdán Elcid): Muy bien, gracias.

¿Por qué digo esto? Porque en el sistema de transparencia y acceso a la información en una sociedad es la contrapartida pública que da respuesta a una de las dos esenciales libertades sobre las que descansa todo nuestro sistema de convivencia bajo un Estado de derecho. ¿A qué es contrapartida el sistema de transparencia? Es la contrapartida a la libertad de expresión, que se concreta también en la libertad para preguntar y para saber. La respuesta pública a esa libertad es el derecho al acceso a la información. Sobre ese pilar y sobre el derecho a un procedimiento reglado se asienta el conjunto de todos los demás derechos, fundamentales o no, porque sin libertad auténtica para hablar o para pedir información ningún otro derecho, el que sea, se puede reclamar o exigir auténticamente, ninguno. La libertad de expresión es previa y esencial para ejercer el derecho a saber, a conocer, que es en el que se sustentan la transparencia y el derecho al acceso a la información.

La libertad de expresión sin contrapartida pública de transparencia es una libertad coja, incompleta, frustrante cuando interpela a los poderes públicos, porque incluye el derecho a decir y preguntar sobre cualquier otro derecho o libertad, pero no el derecho a ser respondido, y ese derecho es ahora cuando ha sido mejor reconocido por las leyes de transparencia y acceso a la información. En esa lucha estamos.

Y si empezaba con un agradecimiento, quiero cerrar con otro, no menos sincero, al pequeño y compenetrado equipo que ha hecho posible el trabajo que refleja este informe. Una aspiración que tengo muy presente a menudo tiene que ver con lo que se decía en Burgos de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Metafóricamente, sobre los servidores de mi equipo, cabe pensar qué buenos vasallos si tuvieran un buen señor; siempre son una referencia muy estimulante para llegar y estar a su altura.

Gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias.

Intervención de los grupos, ahora por orden de menor a mayor, como siempre. Comienza el Grupo Mixto.

Señora Mendoza, siete minutos.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, buenas tardes, señor Cerdán.

Antes que nada, darles las gracias a usted y a su equipo por la labor que están realizando desde la oficina del comisionado de la Transparencia. Una institución que cada año que pasa va cogiendo fuerza en Canarias y a la que solo falta dotarla de más medios para que pueda potenciar su tarea y tener más presencia en todas las islas. Y, precisamente, añado a mi agradecimiento el reconocimiento que usted dijo al comienzo de su exposición la semana pasada, que, aunque yo no pude estar presente en la comisión, sí que me la vi, y es que son los pequeños municipios y cabildos los que hacen un gran esfuerzo en poner en marcha la Ley de Transparencia. Hacemos un gran esfuerzo en que se reconozca no solo este hecho, sino que hace falta dotar más medios a su oficina y en que debe de tener más presencia en todas las islas a través de la participación en jornadas. En esto estamos absolutamente de acuerdo.

Como también estamos de acuerdo en valorar muy positivamente el grado de dedicación a la atención a todos los requerimientos de ayuda e información que le hacen los ciudadanos las veinticuatro horas del día. Una atención que, a pesar de todo, arroja un dato objetivo de demora media de noventa y cinco días para contestar solicitudes, esto nos obliga, una vez más, a pedir que haya una mayor dotación de recursos humanos para complementar la fantástica labor de los dos funcionarios -creo que son- y tres becarios que lo acompañan. Hay que entender que no es suficiente y que deben atender a decenas de reclamaciones durante el año, cantidad que va en aumento: 18 en el 2015, hasta 91 en 2016 y ya a mitad de este año iban por 119 registradas.

Como usted bien recoge en el informe, la demora de resolución de noventa y cinco días irá en aumento, no olvidemos que ya nos pasábamos del plazo de resolución máximo cuando era cuarenta días. Ahora que la ciudadanía empieza a reconocer en la figura del comisionado de la Transparencia un referente para dirigir las reclamaciones sobre esta materia y sobre acceso a la información para que tengan los habitantes de nuestras islas, tenemos que hacer más accesible la propia figura del comisionado.

El año pasado usted hablaba en el informe de la necesidad de cambiar aspectos de la Ley de Transparencia para poder reforzar la respuesta de esta institución. Si se ha analizado la incidencia de la aplicación práctica de la ley y se encuentran deficiencias o cosas que se deban mejorar, tenemos que implementar para hacer las mejoras necesarias. Es un tema que vale la pena analizar y trabajar entre todos. Y quizás en este sentido lo más fácil es pedirle al Gobierno que empiece a desarrollar el reglamento de la ley, un tema que deberíamos tener resuelto esta legislatura y luego ir analizando qué deberíamos cambiar. Porque la misma situación que tenemos aquí la tenemos en el resto de autonomías e incluso en la ley estatal. No se olviden de que el compromiso con la transparencia de las administraciones y la creciente demanda social acerca de este tema apenas tiene unos años, a pesar de que llevemos más de cuatro décadas en democracia.

Esta cultura de la transparencia y el compromiso de responder a ella con solvencia es una tarea en la que estamos muchas de las administraciones insulares, locales y regionales; pero lo cierto es que lo limitado de los recursos hace que todavía vayamos más lento y que quizás se retrase durante unos años para por estar al cien por cien de efectividad al ciudadano. Pero poco a poco, yo creo que todos, y con la intención de ser cada vez más transparentes, lo vamos a conseguir; aunque incido en que -yo hablo por las corporaciones locales- estamos bastante limitados en recursos.

Y porque es lo que debemos hacer y ahora hemos puesto los cimientos y estamos construyendo, debemos también revisar todos los proyectos para establecer un mejor diseño del marco legal o definitivamente quedarán grietas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenas tardes.

Yo quería empezar diciendo que esperaba que hoy en este pleno, porque esto ya lo debatimos hace una semana en comisión, pero bueno había una diferencia, hoy estaban todos los diputados y se suponía que estaba el Gobierno. Tal como se dijo en la proposición de ley de antes, tampoco hay ningún miembro del Gobierno… Gobierno, Administración, comunidad autónoma, que tenía…, que es uno de los sujetos obligados para el cumplimiento de la ley.

En cualquier caso, y como le dije, el planteamiento, la posición de mi grupo, de Nueva Canarias, respecto al informe, a la Ley de Transparencia y a la aplicación de la transparencia en Canarias ya la conoce porque se la comentamos la debatimos en la comisión. En cualquier caso, hoy pretendo hacer un resumen porque con el escaso tiempo no va a haber para mucho más, pero, bueno, volverle a reiterar la felicitación por el informe del 2016. Un informe que va mucho más allá, es mucho más profundo y mucho más elaborado que el del 2015 y, además, que, como ya le dije, incluye un dato que entendemos que es muy muy importante -por lo menos para nuestro grupo- que es el índice de transparencia de Canarias, que va a permitir evaluar de forma objetiva la realidad canaria en materia de transparencia.

Evidentemente, queda mucho que avanzar en los futuros informes, pero para que eso ocurra, además del trabajo que tiene que seguir haciendo el Comisionado de la Transparencia, es necesario que todos los sujetos obligados cumplan efectivamente la ley, la apliquen de forma efectiva. Y como también ya le dije, y muy a mi pesar o muy a nuestro pesar, no tenemos mucha esperanza de que esto ocurra a corto ni siquiera a medio plazo. Y, particularmente o básicamente, porque no existe en Canarias cultura de transparencia, no existe en la ciudadanía, pero, lo que es peor, tampoco existe cultura en los gobernantes. Uno de los ejemplos que pone el informe es que menos del 1 % de los canarios visita el portal de transparencia del Gobierno, y yo ya le comenté que no era de extrañar, dada la escasa publicidad que, tal como dice el informe, se le ha dado a este portal ahora y desde el año 2015 en que se creó el portal, y sin una buena campaña de difusión es muy difícil, primero, conocer el portal y todavía más difícil incrementar su accesibilidad y su usabilidad.

Y, además, no vale el que hay recortes, el que no hay dinero, el que el dinero hay que utilizarlo en servicios básicos fundamentales porque es que para este tema ha habido desde el año 2014 partida presupuestaria, ha habido dinero y no se ha utilizado. En el 2017 esperamos, como espera el comisionado, que el dinero que hay se utilice, pero, además, que se utilice para el fin que fue previsto.

En cualquier caso y con respecto a la escasa cultura por parte del Gobierno, en este caso, del Gobierno de Canarias, yo voy a reiterar de lo que ya hemos hablado en este Parlamento muchísimas veces, y es reiterar el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias a los requerimientos hechos por los diputados de este Parlamento, sobre todo en las solicitudes de documentación y en las preguntas escritas. Ese reiterado incumplimiento obstaculiza o en muchos casos impide que podamos cumplir con nuestro trabajo, y somos los diputados los representantes de la soberanía popular, con lo que no contestarnos a nosotros es no contestar a la ciudadanía. Si no lo hacen con sesenta, cómo podemos esperar que lo hagan con el resto de la ciudadanía. Hicimos numerosas preguntas orales por parte de todos los grupos preguntándole al Gobierno el porqué de esos incumplimientos y se limitaron en todos los casos a pedir disculpas, pero, insisto, disculpas que no fueron sentidas. Vamos, y se lo digo por experiencia, porque hace un año mi grupo pidió una serie de documentación, hizo las oportunas preguntas orales en el pleno, en este pleno se nos dio propósito de enmienda y un año más tarde, porque las preguntas fueron realizadas en septiembre del año pasado, un año más tarde, seguimos sin tener la documentación.

Para concluir, tal como le dije en la comisión, la realidad es que aquí todos los Gobiernos se llenan la boca hablando de transparencia porque es lo que toca, porque es lo que está de moda y porque, además, insisto, se creen que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción, que también es lo que está de moda; pero la realidad es que la Ley de Transparencia, una ley aprobada por este Parlamento pero a propuesta del Gobierno, se ideó exclusivamente para cumplir el expediente, para quedar bien, pero con la intención de no cumplirla, y a los hechos me remito. No la ha cumplido ninguna institución: ni los cabildos, ni los ayuntamientos, ni la universidad, ni el Gobierno de Canarias, pero a los tres primeros les vino impuesta, en el caso del Gobierno de Canarias no es así, puesto que el texto que aquí se aprobó fue a propuesta del Gobierno de Canarias y en ese texto venían las condiciones para el cumplimiento de la norma.

La realidad es que, dos años y pico más tarde, no la han cumplido, y como no pasa nada, porque la propuesta de ley, una vez se hizo la propuesta y se hizo la trampa, la ley contempla un régimen disciplinario difícil de llevar a cabo y además no regula la ejecutividad de las resoluciones y cómo enfrentarse a los incumplimientos de la misma, lo que convierte, en primer caso, a la institución del Comisionado de la Transparencia en un órgano poco eficiente y, a la vez, provoca una desvalorización de la ley por falta de consecuencias en su incumplimiento.

Con lo cual, señor comisionado, reitero, en nombre de mi grupo, que muy pocas esperanzas de que en Canarias y de que el Gobierno de Canarias sea transparente. Y la opacidad también, a los ejemplos de todo este verano me remito. Me remito a las microalgas, es más, me remito incluso ya no solo a lo que es la Administración general, me remito a un ente como el de la Radiotelevisión Canaria, donde también lo que existe, o lo que ha existido hasta el momento, esperemos que no siga, es opacidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todas y a todos.

Señor comisionado de Transparencia, en primer lugar, quería felicitarles no solo por el informe, el segundo informe que se realiza, mucho más extenso, mucho más completo que el del año anterior, a usted y a todo el equipo que ha trabajado durante todo este año por la transparencia en Canarias, también a los becarios -que usted hacía mención también en la comisión- y todas aquellas personas que creen en la transparencia realmente. Porque, como decíamos, la transparencia es mucho más que cumplir una ley, es una forma de hacer gobierno, es una forma de hacer política que demanda la ciudadanía en épocas de crisis aun con mayor razón, nuestros ciudadanos quieren saber que donde se les ha dicho que tenían que apretarse cinturones, donde se les ha recortado en derechos, ese dinero que ha dejado de percibir, como derecho, la ciudadanía, qué es lo que hacen los gobiernos con ese dinero que es de todas y de todos.

Además, la transparencia es una forma activa de luchar contra la corrupción y el mal gobierno y es una forma de participación; lo decíamos en la comisión, lo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no se conoce no existe. Difícilmente, de lo que no se conoce, se puede participar. Por tanto, la transparencia, además, exige una dación de cuentas sobre las decisiones y acciones, usted lo estaba diciendo hace un momento en su intervención, algo que, tristemente, ni muchos gobiernos ni muchos partidos políticos están dispuestos, a dar explicaciones a la ciudadanía sobre los actos y sobre las acciones que realizan.

Me gustaría empezar por donde usted ha empezado, hablando de la falta de medios del Comisionado de Transparencia, ya lo hablábamos, esas políticas austericidas que han afectado a todas las administraciones públicas con tasas de reposición que no tenían ningún sentido porque no se adaptaban a la realidad de ninguna de las instituciones, de ninguna de las administraciones públicas, sino que vienen dictadas por el Estado sin tener en cuenta absolutamente nada. Y, evidentemente, el Comisionado, que ha surgido o se ha generado en un momento en el que precisamente estábamos en esas políticas austericidas, ha sido uno de los más castigados.

Yo quiero recordar que, además, desde este grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, en los presupuestos del 2017 presentamos una enmienda precisamente para aumentar en el capítulo, en el subconcepto 190, de gastos de personal, 200 000 euros para mejorar, precisamente, el personal que pudiera tener el Comisionado de Transparencia y que se eliminaran los complementos salariales de portavoces y presidentes de los grupos, que, por supuesto, no fue apoyada por esta Cámara.

Dicho esto, hablando ya expresamente del informe, reiterarnos en algunas cuestiones que hablamos ya en la comisión y que le adelantamos que compartíamos con el informe que ustedes han realizado. Por un lado, los ajustes que necesita la ley. Usted habla de ajustes, nosotros hablamos de modificaciones reales que necesita la ley para que realmente tengamos una publicidad activa que sea realmente eficaz. Es decir, ahora mismo la publicidad activa no tiene plazos de publicación, no tiene ninguna normativa para su actualización ni requisitos de calidad de la misma, eso es importantísimo. Cualquier portal de transparencia, cualquier web que dé información si no está actualizada no solamente es que desinforme a la ciudadanía, sino que yo creo que es más grave. Nosotros comentábamos un caso concreto en la Comisión de Industria, Energía y Comercio sobre el autoconsumo de energía eléctrica en que la página web estaba totalmente desfasada, una normativa que estaba totalmente desfasada, que ya estaba derogada y que, por tanto, era tal el daño que se hacía que era mucho mejor que no hubiera información a que la información estuviera mal en una página web. Y eso, evidentemente, es algo que, bueno, pues, o no se tiene en cuenta o no hay interés por parte de los responsables políticos para que esos portales, esa publicidad activa esté actualizada.

Otra cuestión importante. Hablábamos de la calidad de la información, que sea útil para los usuarios utilizarla, con formatos a través de los cuales se ponga a disposición y que esos archivos estén abiertos; eso lo hemos comentado muchas veces. Poco a poco, en algunas web se ha ido mejorando, pero de nada sirve un PDF que abrimos y que en ese momento ya deja de estar actualizado y que ni siquiera muchas veces nos deja copiar y pegar ni el texto que está en ese PDF, ¿no?

Los incumplimientos sobre la publicidad (ininteligible) contratos menores. Usted hablaba del amparo a cargos públicos cuando solicitan información, que también son ciudadanos, y que no se les da. Nosotros le agradecemos porque, finalmente, de aquella resolución, que usted…, sobre un consejero de Podemos del Cabildo de El Hierro, uno de los más incumplidores, pues finalmente parece que han reaccionado y que una cuestión como eran los contratos menores, que tienen que ser publicidad activa, pues al final se va a dar como un acceso, como una solicitud de información.

No sabemos muchas veces las subvenciones, es difícil saber quiénes son los beneficiarios y adjudicatarios. Muchas veces también, cuando hay un incumplimiento, no pasa nada, que ese es otro de los graves problemas que tenemos con esta ley. Usted lo dice: el régimen sancionador que tiene la ley es muy difícil poder aplicarlo.

Usted habla, además, de que esa información que se demanda, como solicitud de información, debería pasar a publicidad activa y nosotros le damos la razón, porque, además, esto facilitaría los medios. Es decir, si tenemos esa cultura -que no existe- de transparencia en la que cada vez que haya información que se genera esa información está como publicidad activa, realmente vamos a ahorrar en el trabajo, en el esfuerzo que tienen que hacer cuando se solicita una información por escrito, un acceso a la información y que tienen que elaborarla o traducirla o buscarla las personas, los responsables que tienen que hacerlo.

También la dificultad en la estadística. Los datos que usted ha reflejado, ese índice de transparencia que usted ha intentado reflejar en un informe con muy pocos medios, con poca cultura, como ha dicho, y con poco que haya estudios y unanimidad en todas las comunidades autónomas para poder hacer ese índice de transparencia, se ha hecho con la dificultad de encontrar todos los datos. Porque resulta que, al final, cuando usted solicita esos datos en algunas instituciones le dicen que no ha habido y es que usted tiene la certeza de que sí lo ha habido, quizás porque la estructura de esas administraciones no reconoce que la solicitud de información que tenga que pasar y que se contabilice como transparencia…, y que, sin embargo, esa estructura no lo permita.

Por tanto, esa opacidad de la que hablamos, que existe en todos los aspectos muchas veces, de muchas administraciones es imposible de controlar en el sentido de que no pasa si lo hacen. Por tanto, el coste es visibilizarlo para ver si se ponen coloraos -y me va a permitir esta expresión- y reaccionan, por tanto, las instituciones para facilitar esa información.

Como me queda muy poco tiempo, voy a terminar como usted decía, que la ciudadanía exige que no solamente sean los programas, las acciones, el buen temperamento (ininteligible), sino que la gente quiere que las metas que realiza cada gobierno se sepa cómo se hacen.

Para nosotros la transparencia sirve en el ámbito público para ganar eficiencia y legitimidad, y es la ciudadanía la que con urgencia reclama una democracia que inevitablemente tiene que tener por más participación de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor comisionado.

Sí me gustaría, antes de empezar mi intervención, pues, felicitarlo por el trabajo que han hecho usted y su equipo.

Dicho esto, hasta aquí se han acabado las felicitaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que hoy en lugar de hablar del informe de la transparencia vamos hablar del informe de la no transparencia. Hago alusión a esto porque cualquiera que haya tenido acceso al informe podrá comprobar la actitud negligente por parte del Gobierno de Canarias y de muchas corporaciones locales a la hora de aplicar la ley.

Señorías, la propia exposición de motivos de esta ley está cargada de muy buenas intenciones, pero, a día de hoy, poco creíble por su grado de incumplimiento. Desde mi grupo parlamentario consideramos que esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos. Es una ley para la calidad democrática, es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión del dinero público y también la manera de concebir el lugar del ciudadano dentro de un estado democrático. Es una ley que, además, es una respuesta global del sistema democrático en un momento, y todos lo sabemos, en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria.

La transparencia, señorías, es sin duda uno de los elementos que complementan la democracia; asimismo, la transparencia posee rasgos estrictamente democráticos. En palabras de muchos autores, la transparencia es un indicar de legalidad. Sin embargo, para que la transparencia pueda llevarse a cabo debe existir información de calidad y eso a día de hoy todavía no lo tenemos. Asimismo, también se requiere, por supuesto, una ciudadanía crítica para que se pueda hacer algo útil con esa información.

A lo largo de mi trayectoria política, he escuchado en muchas ocasiones que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. Pues quiero pensar que los problemas de la transparencia se deberían haber resuelto con esta Ley de Transparencia. Sin embargo, tras la lectura del informe que ha presentado el señor comisionado, queda mucho por hacer. El objetivo de la norma para que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con ese poder, para qué se hace y quién lo hace dista mucho de ser una realidad.

La presentación del informe distingue entre lo que es la publicidad activa y el derecho de acceso a las administraciones públicas canarias, y se puede observar claramente el incumplimiento -y lo vuelvo a repetir- flagrante de la comunidad autónoma. Y lo digo porque, tal y como dice el Comisionado en su informe, y leo textualmente, «el Servicio Canario de la Salud no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública como son las listas de espera». Creo que con esto está todo dicho.

Asimismo, se evidencia que el Comisionado tiene la necesidad de contar con un mejor sistema de registro, toda vez que en su comparecencia nos manifestó, pues, que habían unos datos que remitía el Gobierno y los cabildos y que no le constaban al señor comisionado.

Por lo expuesto en este informe, el Comisionado no ha podido efectuar un control específico, pero no se preocupe, porque esta Cámara, como han dicho personas que me han precedido en la palabra, le habrán dicho bien clarito que tampoco nosotros hemos podido ejercer este control porque nos falta información. Asimismo, falta información a la ciudadanía.

Esa es la manera que tiene de entender la transparencia el Gobierno de Canarias o al menos, me gustaría matizar, alguna de las consejerías del Gobierno de Canarias. Pero, fíjense, todo esto parece responder a la normalidad política y sobre todo en este Parlamento, y el Partido Popular siempre creyó en la transparencia y esa es la razón por la cual aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la primera ley nacional de transparencia en las Cortes Generales. En cambio, parece que lo que hace el Gobierno de Canarias, o algunas -y vuelvo a repetir- de las consejerías del Gobierno de Canarias, no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas; pero el Partido Popular no está de acuerdo con esa forma de actuar.

Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles para todos sin excepción y sin distinción; pero parece que eso no se aplica o no se ha querido entender por parte del Gobierno de Canarias. La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige, fundamentalmente, una voluntad y una actitud nueva. Ese es, o debe ser, el desafío de la transparencia, pero algunos parece que todavía no quieren entenderlo.

Hemos de tener presente que la transparencia es, hoy en día, un valor tan esencial como necesario en lo que es un contexto político, económico y social. La transparencia está inherentemente unida al derecho de saber y del derecho que tienen todos los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficiente informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. La transparencia constituye, así, un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad como elemento fundamental para conseguir una equidad social y una eficiencia económica.

La Ley de Transparencia también viene a posibilitar el impulso de un gobierno abierto, que constituye un objetivo fundamental de una sociedad moderna y democrática y que creo que todos los que nos encontramos en esta Cámara deseamos para la sociedad canaria.

He de decir que desde mi grupo parlamentario sí tenemos fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la población y que están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. Lo que sí queremos, de cara al futuro, es, por un lado, mucha, señor comisionado, mucha, mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley relativas, por un lado, a lo que son el derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan tan alegremente ante los medios de comunicación y que nos afean a los que pedimos todo tipo de información.

Y la verdad que me gustaría terminar diciendo que me encantaría saber…, a ver si ya las administraciones públicas, todas, todas aquellas que a usted no le han contestado, se empiecen a poner las pilas y empiecen a aplicar esta ley porque es una ley de aplicación.

En definitiva, quiero decir y quiero terminar diciendo que podemos decir que estamos en el camino pero que todavía queda mucho por recorrer. Y por eso quiero terminar mi intervención con una cita de Roosevelt, donde decía que «una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia».

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías.

Quizás es por la hora o el cansancio, pero yo creo que no voy a ser tan pesimista en cuanto a la situación.

Desde luego, en primer lugar agradecer al señor comisionado, el señor Cerdán, el informe, el trabajo que ha realizado desde el Comisionado. Ya lo vimos las semanas anteriores en la comisión y hoy tenemos la posibilidad de comentarlo, debatirlo nuevamente aquí. Desde luego que es el segundo informe que se presenta, ya el año pasado se trajo esta información y hay una diferencia del año pasado a este.

Examinando por partes en cuanto al trabajo del propio comisionado, desde luego, destacar o solidarizarnos con esa falta de medios de los que hablaba, medios humanos y medios materiales, la falta de presupuestos con la que trabaja el comisionado, con ese equipo tan reducido, pero esa cuestión también es la misma o el mismo problema con el que se encuentra toda la Administración. Quizás esa falta de conciencia de asumir la ley realmente y de aplicarla hace que no se cuente con un presupuesto específico para aplicar la transparencia con un personal específico, con una unidad de trasparencia. Quizás haga falta dotar y tener un mejor presupuesto y unas mejores unidades tanto de medios humanos como materiales, no solo por el propio Comisionado, sino por todas las administraciones.

Desde luego, es un acierto lo que planteaba en la comisión, y que ya también se ha comentado aquí, de la posibilidad de tener más presencia en las islas periféricas. No estando allí físicamente, porque generará probablemente un mayor gasto, sino buscar una forma o un método, las nuevas tecnologías probablemente serán suficientes como para que el comisionado recoja esas quejas y esas inquietudes, la preocupación o la exigencia de transparencia en las islas periféricas, como decía, donde también hace falta o se hace necesario.

La falta de la puesta en marcha de la sede electrónica del propio Comisionado también es una asignatura pendiente; eso permitiría agilizar los plazos de respuesta del propio comisionado. Y en cuanto a las propias administraciones que se examinan aquí, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos como las universidades, desde luego que este informe debe tomarse como una evaluación para cada una de las administraciones. A las que cumplen o las que intentan cumplir, las que intentan aplicar la ley, pues servirá para motivarlas y animarlas a seguir cumpliéndola y seguir mejorando. Y las que no lo hacen, porque hay muchas que no lo hacen directamente y no dan respuesta, no responden a las solicitudes del Comisionado, pues, deberán empezar a trabajar y a cumplir con esta ley. Y aquí lo enlazamos ya con uno de los puntos débiles de esta ley y del comisionado, de todo este trabajo, que tiene que ver con la falta o la deficiencia del régimen sancionador, que hace fácil incumplir con la ley. Quizás habrá que revisarlo, aprobar un reglamento y, de alguna forma, ser bastante más exigentes para que cueste un poco más o sea un poco más caro a la Administración y no solo el reproche del comisionado o el reproche ciudadano.

Hay un dato importante en el informe que habría que tener en cuenta y que deja ver que no se han examinado los organismos autónomos dependientes del Gobierno. Por tanto, esa buena nota que, por ahora, se le atribuye al Gobierno de Canarias ya el comisionado advierte de que el año que viene puede verse rebajada, dado que los organismos autónomos ya en una primera prueba que se les ha hecho no superan el aprobado. Por tanto, entiendo que esos organismos autónomos habrán leído, conocen este informe y estarán trabajando para que el año que viene el resultado del informe no baje la nota de Canarias.

Como decía, se necesita ese desarrollo reglamentario y, además, analizar a otros sujetos obligados en el artículo 3 de la propia Ley de Transparencia: sindicatos, partidos políticos, todas las organizaciones que reciben subvenciones y fondos públicos.

Otro dato llamativo es la creación del propio portal, del Gobierno, de transparencia, que no ha tenido la suficiente divulgación y, por tanto, el Gobierno deberá ocuparse de dar esa divulgación para que los ciudadanos lo conozcan e intentar consultarlo.

Desde luego, en el Partido Socialista creemos en un Gobierno transparente, abierto y fiable para la ciudadanía, y la transparencia es clave para que los ciudadanos tengan confianza y participen de la Administración y se impliquen en las acciones de gobierno. Si no, mantendremos esa lejanía y ese rechazo de la ciudadanía muchísimas veces a las acciones de gobierno, en cualquier ámbito, regional, insular o local. Es la única manera de ofrecer servicios públicos eficaces y eficientes, que los ciudadanos se sientan partícipes y respetados en sus actuaciones.

El Partido Socialista trabaja ha trabajado en ese camino. La Ley de Transparencia en Canarias se aprueba en 2014, bajo una consejería o una dirección de un consejero socialista. Se queda también pendiente de aprobación o se…, en 2016, se aprueba la estrategia marco canaria de gobierno abierto y se queda sobre la mesa también la ley de altos cargos públicos, que entendemos que el Gobierno está trabajando y que seguro, con toda seguridad, entrará en vigor pronto, en estos próximos meses, según nos ha informado el consejero en algunas intervenciones o preguntas que le hemos realizado.

Pero muchas veces una buena gestión no tiene acogida por los ciudadanos si no se cuenta bien, si no se traslada bien, si no se da la información y si no se accede a la documentación y a la información que solicitan los ciudadanos. Hemos tenido ejemplos, ya lo hemos visto estos días, las microalgas, los vertidos, las listas de espera. El consejero socialista publicaba las listas de espera de sanidad; en este caso, no es así y, desde luego, se genera cierta incertidumbre e inseguridad por los usuarios, por los ciudadanos, por los pacientes. Igual sucede con los datos de dependencia: habría que establecer unos criterios únicos a la hora de determinar cuáles son los datos correctos en un caso o en otro y no entrar en discusiones de si es verdad lo que se publica o no.

Por tanto, señor comisionado, mostrarle nuestro apoyo a seguir trabajando para que el año que viene el informe nos dé una buena noticia y se haya avanzado en democracia, en participación y en transparencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, buenas tardes.

Le felicitamos porque, con pocos medios humanos y poco presupuesto, nos presenta hoy un buen informe, un excelente informe, que mejora el del año pasado y que nos sirve de foto para contemplar cuál es la realidad, para extraer conclusiones sobre los aspectos a mejorar en un proceso que es de mejora continua.

Lo decía la señora Mendoza, las administraciones más pequeñas tienen más dificultades y demuestran menor transparencia en internet. Afortunadamente, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder con mayor facilidad al alcalde, a los concejales y a los funcionarios, y con esto, lejos de verlo como un freno, queremos ser flexibles porque, según nuestra Ley de Transparencia, los medios de acceso a la información no se limitan a un portal de internet. Un sistema de información multicanal es garantía de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos al acceso a la información, porque no todo el mundo tiene o se maneja en internet, pero sí llaman al 012 o acuden a una oficina de información. Los portales son un instrumento más, sin embargo, los análisis se hacen atendiendo exclusivamente a la web y sería positivo que en el futuro pudieran tenerse en cuenta y valorarse los esfuerzos de transparencia que hacen las administraciones a través de otros medios.

Volvemos a constatar que las solicitudes de acceso a la información siguen siendo escasas, no hay presión ciudadana, por eso las administraciones se centran en la prestación de los servicios públicos, en resolver una ayuda social, las subvenciones, abonar las facturas y dejan atrás estas obligaciones.

Nos hablaba esta mañana la señora Acuña de las dificultades que afrontan los municipios con escasos medios y con poco presupuesto para cumplir con sus competencias y, sinceramente, escuchándola se me hace difícil pensar en sancionarlos por no cumplir la Ley de Transparencia o por cumplirla deficientemente.

Este año el informe incorpora como novedad del índice de transparencia de Canarias, que puede servir como herramienta de medición para otras comunidades autónomas. La cooperación entre el Gobierno y el Comisionado es esencial para elevar la nota media de ese índice. Este informe ha de servir para mejorar y perfeccionar la estrategia marco de gobierno abierto que el Gobierno ha aprobado recientemente.

Según el informe, 20 de las 96 principales instituciones obtuvieron más de 5 puntos sobre 10 en el índice. El resto influyeron en la nota a la baja, y nos preguntamos si esto atañe solo a Canarias o, una cuestión, cómo estamos posicionados respecto al Estado o al resto de comunidades autónomas. Y, señorías, el lento incremento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia no es exclusivo de Canarias, es algo generalizado en todas las administraciones de España, y así lo ponen de manifiesto los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal.

Ha habido avances, como pone de manifiesto el informe cuando afirma que «el indicador de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en un nivel, dice usted, más que aceptable -7,69 -«. Pero hay que adoptar medidas para seguir avanzando, por ejemplo, automatizar la carga de información para vincular al portal de transparencia los magníficos sistemas de información que sí tenemos y con los que cuenta la comunidad autónoma. Se me ocurre el Sistema de Información Territorial, uno de los más completos que se conoce; la web Canarias Saludable, con información puntual sobre la sanidad y el medioambiente; el portal del Servicio Canario de la Salud sobre las listas de espera, el perfil del contratante para contratos, y quizás esto se pueda solucionar pudiendo integrar los datos con una solución técnica que permita replicarlos en el portal de transparencia.

Estamos seguros de que todas las administraciones trabajan en la medida de sus posibilidades. Estamos de acuerdo con usted en que uno de los objetivos de una buena política, de un buen gobierno, de una buena gestión debe partir del análisis y del diagnóstico previo para trazar un plan viable, ejecutar las acciones planificadas y su posterior evaluación.

La evaluación de las políticas públicas es el mejor referente para mejorar y corregir el rumbo, lo que permite la rendición de cuentas a la ciudadanía. Porque nos permite, además, un juicio de valor sobre el éxito y el impacto de las políticas, saber si estamos en el camino correcto. Esto es un cambio de cultura difícil de asimilar en este mundo de la inmediatez, de la apariencia, del espectáculo, de los 140 caracteres y cuando la memoria solo nos dura diez minutos, nada más que diez minutos. Pero nosotros estamos comprometidos con la transparencia y, por tanto, con que los servidores públicos seamos examinados y valorados por lo que realmente hacemos.

Le animamos desde el Grupo Nacionalista a seguir trabajando y cuente con nuestro apoyo para mejorar el índice de transparencia de Canarias, para mejorar la implantación de la ley en las islas y para caminar en ese objetivo de la evaluación de la gestión, de la planificación y del análisis de las políticas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora, para cerrar, el señor comisionado por tiempo de diez minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muy bien, buenas tardes.

Vamos a ver si soy capaz de concentrar todas las amplias sugerencias y valoraciones que se han realizado en estos últimos minutos sobre el informe, del que inicialmente agradezco las valoraciones genéricas que he recibido, porque me consta, no solamente por ahora sino por las manifestaciones que se hicieron en comisión y por el conocimiento que demostraron ustedes del mismo, que lo conocen. Realmente, ha sido un informe trabajado, hecho dentro de la casa, sin externalizaciones y con el ánimo, digamos, de ir abriendo caminos e ir sobre todo aprendiendo, porque, como he dicho muchas veces, nosotros también, si las administraciones son noveles en materia de transparencia, nosotros también, nosotros estamos aprendiendo, pues, como a la bicicleta a la vez que caminando, ¿no?

Yo voy a tratar de agrupar todos los comentarios que se han hecho, algunos compartidos. Hay algunas cuestiones que ha tocado todo el mundo, pero me gustaría empezar por una reflexión que se ha planteado aquí por varios de los portavoces, que es que ¿existe transparencia en Canarias o en la comunidad autónoma? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? El índice que nosotros, de alguna manera, matemático, hemos alcanzado respecto al cumplimiento de lo que en el portal de transparencia, de las obligaciones que establece la ley, ¿es un índice suficiente para respondernos a esa pregunta? Yo creo que solamente la podremos responder cuando, en el conjunto al menos del Estado español, y si pudiera ser en Europa, mejor, tuviéramos un sistema de comparativo para medir a los gobiernos autónomos con gobiernos autónomos, capitales de más de 200 000 habitantes con las capitales… Porque ocurre como con la velocidad, que en las carreras, digamos, no solamente gana el que llega primero o el mejor, sino que, realmente, hablamos de la gente más rápida y más lenta siempre en comparación con los primeros de la carrera y con los que acaban la carrera. Por lo tanto, la transparencia, como la velocidad, es algo evolutivo, es algo que solamente se puede medir bien cuando se puede medir por comparación con semejantes. Por lo tanto, yo no estoy seguro; por eso cuando en el informe anunciamos que el año que viene de repente baja, yo no estoy seguro de que, si aun bajando la puntuación, el año que viene bajará la transparencia, porque seguramente los parámetros van evolucionando a medida que el resto de las administración se mueven generalmente siempre hacia arriba.

(La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

Respecto a cómo mejorar este marco, ya en esta Cámara ustedes lo han conocido en este mismo pleno, están en marcha tanto la Estrategia Marco de Gobierno Abierto de la comunidad autónoma como esa ley que les comentaba antes sobre regulación de cargos públicos. Creo que son dos instrumentos que están en marcha y sobre los que esta propia Cámara, como decía, puede trabajar en el futuro para mejorar el marco, y hacerlo en las líneas que ustedes mismos han señalado. Por una parte, para mí el más urgente y más importante desarrollo de la Estrategia de Gobierno Abierto podía ser el desarrollo del reglamento, porque es cierto que la ley señala cuantitativamente muchas obligaciones, pero el reglamento, como ha señalado algún portavoz, nos va a determinar cómo cualitativamente se cumplen esas obligaciones. La ley dice cúmplanse para el Gobierno de Canarias 290 obligaciones y el Reglamento diría cómo tienen que cumplirse, algo que en este momento falta y que, por lo tanto, tiene de alguna manera sin criterio de actuación a muchos funcionarios responsables de las URIP, no solamente en las diferentes consejerías sino en las 81 entidades vinculadas al Gobierno o en las 60 entidades vinculadas de los cabildos o en los más de 200 de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese reglamento va a iluminar, valga la redundancia, el cumplimiento de la ley, que en este momento se está haciendo, como decíamos en comisión, a veces a paladas de PDF porque no hay ninguna obligación de que los contenidos sean actualizables en determinado momento, que si los contenidos sean en determinado formato y, por lo tanto, el reglamento… Que ya contamos con algún precedente la primera comunidad ha sido la valenciana recientemente, no ha habido muchas que lo han desarrollado, pues es algo que va a mejorar no solamente la Ley de Transparencia, sino esa estrategia de gobierno abierto que el Gobierno ha explicitado aquí que quiere mejorar.

En cuanto a la nueva ley de cargos públicos, creo que en el debate político en este país está en este momento, fundamentalmente, la regulación de los lobbies, que afecta a las leyes de transparencia, indudablemente, porque ayudan a entender cómo los poderes públicos toman sus decisiones y otros aspectos de la buena gobernanza. Creo que, también, me imagino que en los próximos meses va a tener entrada ese proyecto de ley en el Parlamento y tienen oportunidad de seguir trabajando en esa materia.

En cuanto al acceso a las islas del comisionado, que se ha tocado en varias intervenciones, nosotros hemos manifestado nuestro propósito de, en los próximos meses -y empezaremos por El Hierro, precisamente, el día 10 de octubre-, visitarlas más, hacer más pedagogía, como se nos ha dicho. Pero también les digo -lo comenté en la comisión- que somos perfectamente accesibles teniendo una sede electrónica, muy pocas administraciones de nuestro tamaño y de nuestra juventud pueden decir que tienen sede electrónica ya, y teniendo una respuesta en hora siempre a través, fundamentalmente, de las redes sociales a cualquier consulta, pregunta o planteamiento que se nos hace.

Creemos también importante -y en eso creo que la propia comunidad autónoma tiene amplio margen de mejora- la integración de los sistemas de información que tiene. Es decir, tenemos en algunos casos como el de Grafcan o de información geográfica o de información económico-financiera, o el Unifica. Plataformas absolutamente desconocidas que casi podríamos decir que son un pequeño derroche en la medida que cuestan mucho, dan mucho servicio, pero son poco conocidas, que, de alguna forma, vinculándolas mejor a la propia Ley de Transparencia, publicitándolas más, habría no solamente una sensación de estar mejor informados, sino una evidente mejor información en el conjunto del tejido social canario, en algunos casos, con elementos que solamente aparecen en los medios, como el trueno, cuando truena, y que, sin embargo, están ahí permanentemente, a veces están tan recónditamente ocultos, fundamentalmente, porque no las hemos puesto de alguna manera más visibles o más accesibles a los ciudadanos.

Otra de las cuestiones que se ha comentado y sobre la que también me gustaría reflexionar es el famoso tema del 1 % de ciudadanos canarios que visitan el portal de transparencia. Después de haberlo comentado en la comisión hace unos días, me tomé la molestia de ir a comprobar, como les decía antes, comparativamente qué información podemos encontrar en otras comunidades. Sí lo hay en las del portal estatal de transparencia y se da la curiosidad de que es un porcentaje muy parecido, prácticamente semejante, al canario. ¿Por qué? Porque en Canarias han visitado el portal de transparencia 20 000, es decir, un 1 %, en términos redondos, de los 2 millones de canarios y el portal de transparencia estatal del año pasado lo visitaron 444 000, es decir, casi -un poquito menos- casi el 1 % de los 46 millones de habitantes.

¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente, que, por una parte, la élite, preocupada por la transparencia…, porque lo decía el otro día en comisión, es una élite, cuando es un 1 %, realmente son ciudadanos o muy sensibilizados políticamente o son periodistas o son políticos o son ustedes mismos o son funcionarios. Esa élite, diríamos, seguramente crecerá en el futuro, pero no creamos que va a crecer mucho más allá del 5 o del 10 %, porque son muchos los portales más atractivos que cualquier portal de transparencia.

Lo importante en este caso, como he indicado en alguna ocasión, es que en los portales de transparencia la información exista, porque la virtualidad de los portales no es tanto, a veces, que la vea una élite sino que la virtualidad es que toda la Administración -políticos y también funcionarios-, todas las administraciones sepan que van a ser o que pueden ser vigilados por los datos allí expuestos, el efecto panóptico. Es decir, oiga, la gente se comporta mejor cuando sabe que puede ser vista y por lo tanto aportar mucha información a los portales, aunque solamente lo vea el 1 %. Esa élite es importante porque, cuando detecten algo relevante, lo van a proyectar, vía prensa, vía otros medios de divulgación, lo van a proyectar hacia el conjunto del 100 % de la población.

Por lo tanto, estemos más preocupados por alimentar bien los portales que por el que sea el 1, el 2 o el 3 %, que, en cualquier caso, no es un porcentaje inferior al del portal de transparencia del Estado.

Respecto a mejoras también que se han planteado, que han surgido ahora o en la comisión. Se habló en la comisión algo también del derecho al acceso de los 60 ciudadanos canarios que se sientan en esta Cámara, que también es un derecho de acceso a la información. Comentamos la posibilidad de constituir un grupo de trabajo que facilite de la misma manera que hemos facilitado el acceso a la información a consejeros de cabildos o concejales, que permita de alguna forma establecer mecanismos más fáciles y, por otra parte, más razonables; porque ustedes mismos, en la última comisión donde se trató este tema, alguno de los portavoces señaló que había preguntas a veces irrisorias o, si vamos a ser serios y a hacer también autocrítica, como he intentado hacer al principio, que había preguntas que se realizaban desde esta Cámara sin saber si la comunidad autónoma es competente, a veces preguntas sobre temas que tienen que ver con cabildos o con ayuntamientos o con el Estado, y, por lo tanto, para que los funcionarios de la comunidad autónoma de alguna manera apliquen con diligencia su trabajo, lo lógico…

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Dos minutos más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Lo lógico es que les lleguen -y perdonen este pequeño inciso- preguntas que tengan que ver con las competencias de esta comunidad o que las deriven directamente ustedes a los cabildos en el caso de que quieran información de otra administración.

Concluyo. Agradezco ya de antemano el impulso que en los meses siguientes puedan ustedes realizar desde esta Cámara a través de las leyes en marcha o a través de la discusión de la Estrategia de Gobierno Abierto, y, como siempre, quedo a su disposición para comparecer las veces que sea necesario en la Comisión de Gobernación, que, como les dije, entiendo que es el consejo de transparencia de esta comunidad, en la medida que es una comunidad con Comisionado, sin un consejo específico, es una comunidad con un modelo tan singular que permite eso, permite que la Comisión de Gobernación de este Parlamento sea de facto el consejo de transparencia de esta comunidad.

Muchas gracias.

(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor comisionado.

Presentación en el Pleno del Parlamento de Canarias del Informe de Transparencia de 2015

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, en la tribuna del Parlamento de Canarias

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el 20 de julio en el Pleno del Parlamento de Canarias el Informe de Transparencia correspondiente al año 2015. 

En el comienzo de su intervención, Daniel Cerdán explicó que se trata del primer informe anual de un órgano garante de la transparencia en España, porque hasta ahora ninguno de los consejos o comisionados de otras comunidades autónomas ha presentado un informe sobre su actividad. 

«La Ley de Transparencia es como una gran red de iluminación que incluye muchas farolas y que está llamada a poner luz sobre todo a lo que ocurre en las administraciones canarias, pero, puesta la red, preciso es encender todas y cada una de sus bombillas con la debida potencia en unos casos e ilustrar a los ciudadanos sobre sus nuevas capacidades para encender aquellos interruptores que deseen, porque es cierto que hemos puesto, hemos tendido, un tejido iluminador de las administraciones canarias, pero todavía hay muchas bombillas apagadas y todavía muchos ciudadanos no saben, no conocen la manera de encender, de preguntar, de acceder a su ayuntamiento, a su cabildo, al Gobierno o a cualquiera de los 389 sujetos obligados, entidades dependientes de las administraciones canarias», reflexionó Cerdán.

En el desarrollo de la sesión plenaria intervinieron los portavoces de Agrupación Socialista Gomera-ASG (Melodie Mendonza), Nueva Canarias-NC (María Esther González), Podemos (María Concepción Monzón) y Partido Popular-PP (Emilio Moreno).

El contenido íntegro del Informe anual se halla en este enlace.

 

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2015 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 43/2016, de fecha 20/7/2016, del Parlamento de Canarias.

9L/ICTR-0001 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La señora PRESIDENTA: Vamos al siguiente punto del orden del día, para el que pido la presencia del señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si es tan amable y los servicios de la Cámara…

Señora diputada, voy a ver, si no me dicen nada pasamos a la ley para no perder tiempo (ante comentarios efectuados desde los escaños del GP Popular). A ver si me informan los servicios que fueron a… Déjenme un minuto, si son tan amables.

(Pausa).

Ya está aquí, señorías.

Buenos días, señor comisionado, si es tan amable, por tiempo de quince minutos tiene la…

(Rumores en la sala).

Señorías, por favor, guarden silencio. Por tiempo de quince minutos, señor comisionado. Bienvenido y buenos días.

Si son tan amables, cierren las puertas. Muchas gracias.

Señorías. Cuando quiera, comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.

Y dijo uno de nuestros certeros sabios: «Haz gala […] de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienen de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio», hasta ahí dijo jugando con el doble sentido de las palabras un sabio. Viendo que no te corres o te avergüenzas ninguno se pondrá a correrte o a perseguirte. Vaya, que al que puede dar buena y continua fe de sus actos difícilmente lo van a pillar en renuncios o cazar en falta, pues bien es la ocultación la gran madre o madrastra de todas las sospechas fundadas o infundadas. Y continuaba el sabio: «Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad de pontificia e imperatoria -ya sea también a un gobierno a un parlamento como este-, y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran.

Mira, Sancho: si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos -es decir, si no los ocultas, los proclamas y los transparentas-, no hay para qué tener envidia a los que padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista -es decir, se adquiere-, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.

[…]

Y procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre -porque las apariencias, me explico yo, no siempre se corresponden con las evidencias, y al revés-«.

Y cierro comillas. Y cierro comillas porque a buen seguro que si continuara por este camino lo que les dijere, señorías, sería de mucho más provecho, gracia y utilidad que aquellas palabras que salgan de mi escaso entendimiento. Ya se lo advierto, como habrán advertido ustedes que las citas entrecomilladas corresponden a los consejos que el más valiente, famoso y ejemplar caballero andante de todos los tiempos le dio a su no menos formidable, afamado y sabio escudero, Sancho, apenas horas antes de que se fuese a administrar la ínsula de la que unos duques le habían hecho gobernador.

Hecho este introito, no puedo continuar y arrancar de verdad sin un corto pero intenso capítulo de agradecimientos. A la presidenta y a la Mesa de la Cámara, por haber considerado que traer al pleno el informe sobre la Transparencia era bueno para la difusión y crecimiento de tan noble, como incipiente, pequeña y endeble causa. A los trabajadores del Parlamento, y especialmente a los del Servicio de Personal, Biblioteca y Archivo, que nos acogen, por habernos acogido aquí en nuestro primer año entre sus menguantes despachos, en tiempos en los que dos grupos parlamentarios nuevos comprimían tanto los espacios como los recursos disponibles para el conjunto de las instituciones y órganos dependientes de la Cámara, y por el apoyo constante que dan al equipo del comisionado, sin el cual nuestro trabajo sería más mermado y menos efectivo. También quiero agradecer a todo mi gran equipo, del que disfruto cada día y que me soporta cada hora, pero lo pueden, diríamos, contemplar aquí, porque está al completo en el ala derecha de nuestra Cámara, de alguna manera abarrotando, como ustedes pueden ver, toda el área. También quiero agradecer a los proponentes y a los ponentes de la Ley de Transparencia y a todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Gobernación, de los que hemos anotado sus sugerencias y alientos. Y también a todos ustedes, diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, que me eligieron hace un año con la encomienda de realizar una comisión o misión determinada.

Somos, soy y somos, los tres -y aquí nos presentamos-, como los ojos y oídos de esta Cámara, para el análisis, la supervisión, el control y la interpretación de la ley que se aprobó en diciembre de 2014, piedra angular del futuro edificio que se ha de ir construyendo los próximos años: el sistema de transparencia canario. Sistema que será la base de la rendición de cuentas, el soporte, a su vez, de otros bienes públicos de más valor, la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, el progreso en todos los órdenes de nuestro pueblo, y el control y la participación democrática de los ciudadanos. Porque en estos tiempos de permanente postureo o apariencia se demanda lo contrario: una transparencia que desvele lo aparente e informe de lo real, sin velos, ni distracciones. Porque al contrario de la mujer del césar, no basta con parecer ser buenos y honrados, sino que hay que serlo, y hay que demostrarlo día a día con datos, y no con cualquier dato, sino con datos estructurados, que sean verdadero conocimiento.

Agradecimiento y reconocimiento al papel de encomienda de esta Cámara hace hoy el trío que conforma este comisionado.

Y retomo el hilo quijotesco, porque qué le toca a esta Cámara sino gobernar a los que gobiernan ínsulas, sino aconsejar y mandatar a los gobernadores de ellas. Ahora que se habla tanto del buen gobierno, del gobierno abierto, de la gobernanza buena o del buen entendimiento, necesario entre un sistema de partidos tan partido, bueno será volver, siquiera unos minutos, a las fuentes originarias de las buenas prácticas para la mejor administración de ínsulas como las nuestras, que se hallan en un libro que es germinal no solo de la novela universal sino de los más variados, ignotos y múltiples tesoros de las Españas continentales o archipielágicas. Cuatro venturosos siglos no han bastado para sacar de sí todo el rico jugo de enseñanzas y matices que don Miguel de Cervantes encerró por los millares de esquinas y recovecos de las más de mil páginas de su compendio de maravillas. Me place pues haber iniciado este parlamento con esos vestigios arqueológicos de la transparencia, arrancados de ese tratado de tratados, repertorio de las mil maneras de contar y seducir, y, a la postre, espejo de la mejor pedagogía de la vida, de aquella que persevera en proponer un ideal indesmayable ante todo mal percance o afrenta, aun cuando la realidad se empeñe en contradecirlo a todo trance. Porque la historia es, a la postre, el relato de locuras, ideales o perversas, que ha tiempo parecían imposibles. Y en los labios del Quijote también la transparencia tiene acomodo y enseñanza, ahora que se cumplen los cuatrocientos años de la muerte de quien le diera vida. Le honramos hoy tomando de los consejos a Sancho una recomendación que está en la base del buen gobierno de ínsulas o no ínsulas, porque no cabe una crítica racional a un Gobierno, cabildo y ayuntamiento si previamente no se define y publica un ideal de actuación concreto y realizable, no simplemente unas metas vagas. Precisamos, pues, unos objetivos medibles y unas medidas concretas que los acerquen, de forma que podamos contrastar con ese ideal la realidad que analizamos, argumenta el ensayista español Javier Gomá, autor de Ejemplaridad pública. Y para que ese proceso sea realizable, hemos de definir claramente el ideal posible, un programa de gobierno a cuatro, a diez o a veinte años. Porque es más cierto aquel aserto de que Roma no se hizo en un día, o de que Zamora no se ganó en una hora -como diría Sancho, el mejor refranero de la historia- que aquel otro tan famoso, también universal, como es el veni, vidi, vinci, de Julio César, con el que a veces, sometidos a la cortedad de las legislaturas, digamos, los servidores públicos acostumbran a trabajar y a medir sus esfuerzos.

Y aquí entramos ya en las conclusiones que corresponden a la harina y al costal del punto del día de los informes de hoy.

El informe que ustedes tienen disponible en la web del comisionado es el primero que se presenta en España ante un Parlamento, es así, nos ha tocado esta prerrogativa. Hasta ahora nadie en este país, a pesar de que hay seis o siete leyes autonómicas previas a la nuestra, nadie ha presentado hasta ahora su informe. Y por eso se ha realizado sin ningún precedente previo en el que mirarse, y, por lo tanto, es un ensayo general de lo que serán estos informes de evaluación cuando se haya consolidado una metodología con todos los operadores canarios y con el resto de órganos garantes del país con los que estamos trabajando.

La Ley de Transparencia es como una gran red de iluminación que incluye muchas farolas y que está llamada a poner luz sobre todo a lo que ocurre en las administraciones canarias, pero, puesta la red, preciso es encender todas y cada una de sus bombillas con la debida potencia en unos casos e ilustrar a los ciudadanos sobre sus nuevas capacidades para encender aquellos interruptores que deseen, porque es cierto que hemos puesto, hemos tendido, un tejido iluminador de las administraciones canarias, pero todavía hay muchas bombillas apagadas y todavía muchos ciudadanos no saben, no conocen la manera de encender, de preguntar, de acceder a su ayuntamiento, a su cabildo, al Gobierno o a cualquiera de los 389 sujetos obligados, entidades dependientes de las administraciones canarias.

El hecho de que, les decía, los ciudadanos lo hagan en tan escasa medida es porque ni conocen los caminos abiertos por la Ley de Transparencia ni atisban siquiera la gran contribución que pueden realizar a la mejor gobernanza y a la calidad democrática de nuestra región si preguntan y reclaman, es decir, si tienen comportamientos cívicos, comprometidos, con su tierra y su tiempo. Y eso es cuestión de medios, señorías, que en buena medida arbitran en esta Cámara, y de actitud y aptitud, que dependen de todas las administraciones canarias, entidades dependientes y sujetos obligados.

No podemos todavía comparar la evolución de la transparencia de Canarias en el año 2015 con el de otras comunidades autónomas porque, como les decía, ni a nivel estatal ni a nivel de regional se han presentado todavía informes semejantes al canario que hoy comentamos, y que ya les digo tienen ustedes completo en la página web de Transparencia de Canarias, que es la del comisionado que les habla.

Falta, diríamos, para poder comparar, falta una metodología común que nos permita establecer asertos con una cierta confianza, porque las establecidas -y que ustedes conocerán en alguna medida, sobre todo algunas como las de Transparencia Internacional- miden unos pocos parámetros internacionales, pero de ninguna manera, diríamos, analizan las casi más de 290 obligaciones que la ley canaria establece de publicidad activa para las administraciones canarias, mientras que, por ponerles un ejemplo, Transparencia Internacional apenas tiene 80 indicadores para medir el nivel de transparencia de las instituciones.

Son, por lo tanto, 88 ayuntamientos, 7 cabildos, un Gobierno y 2 universidades los principales sujetos obligados, pero luego son 389 nuevos sujetos obligados, dependientes de estas administraciones, los que estamos obligados desde el comisionado a supervisar por mandato de este Parlamento, así como a miles de entidades privadas, que o bien reciben ayudas, o bien reciben subvenciones, o bien hacen contratos con las administraciones públicas. Por lo tanto, para activar la ley en los próximos años se requiere, diríamos, un compromiso importante por parte no solamente de esta Cámara sino de las administraciones y a ese propósito nos encomendamos en los próximos meses y años.

Esperamos de todas formas estar a la altura de esta tarea que tenemos por delante, porque como diría Sancho: «Obras son amores y no buenas razones».

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Vamos ahora con la intervención de los grupos, de menor a mayor, por tiempo de diez minutos. Empezamos por el Grupo Mixto. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señor comisionado; buenas tardes, señor consejero.

Todos debemos implicarnos en la regeneración democrática y en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Es vital, por tanto, que avancemos en pro de una mayor accesibilidad y transparencia.

Me atrevo a afirmar, en consecuencia, que tenemos ante nosotros un asunto de especial importancia, un hito para esta Cámara que sin duda cobrará cada vez más protagonismo a lo largo de los años. Hoy se trae a debate en sesión plenaria la presentación del primer informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este camino comenzó a finales de la anterior legislatura cuando se hizo un esfuerzo legislativo considerable para atender esta demanda social. Fraguó entonces la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, y se eligió al señor Cerdán como el primer comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apenas hemos echado a andar por lo que considero que será una larga senda a favor de la participación y la salud democrática; sin embargo, el informe que hoy se trae a esta Cámara marca las pautas de la evaluación que debemos seguir.

El formato del informe, como ya le dije en su día en comisión al señor Cerdán, nos parece muy didáctico pues explica las funciones y la normativa vigente para que el ciudadano tenga claro todo lo que necesita saber sobre la regulación de la transparencia y el acceso a la información en nuestras islas.

Teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan, así como que el trabajo empezó a mitad del año pasado, debemos reconocer que este es un buen informe, que esperamos que se vaya puliendo según avance la implantación de la transparencia en Canarias, y tenemos que ser conscientes, además, de que para poder hacer un trabajo más completo es necesario contar con más recursos humanos y materiales, además de con una sede propia. En consecuencia confiamos en que los próximos presupuestos tengan en cuenta la necesidad de ajustar al equipo el volumen de trabajo que ya es grande y que es deseable que vaya creciendo. Sirvan como ejemplo de ese gran trabajo al que aludo las más de 12 500 solicitudes de información de ciudadanos que el Gobierno pasó a destiempo al comisionado en marzo de este año, a pesar de que era información de 2015 que tendría que haber sido recogida en el informe que hoy debatimos.

No podemos permitir que la ingente cantidad de documentación que se debe añadir al informe haga inviable su confección. Abogamos, por tanto, por mejorar las dotaciones y tener presente en todo momento que en Canarias tenemos 389 sujetos públicos obligados a adaptarse a la Ley de Transparencia, por no hablar de los sujetos privados que obtengan financiación pública y que, consecuentemente, también están obligados… Pero nos encontramos aún en una fase de adaptación a la ley, tenemos tiempo para corregir y no consideramos conveniente descargar en un grupo reducido de trabajadores de nuestro archipiélago la gran responsabilidad que supone la transparencia y el acceso a la información pública. Dicho esto, señorías, conviene que nos concentremos en los datos recogidos por este primer informe, aunque lo cierto es que no tenemos cifras muy significativas.

En todo 2015 solo hay 328 peticiones de acceso a la información que sin duda equivalen a una mínima fracción de la necesidad real. Esperamos que en los próximos ejercicios sea posible tener unas cifras más cercanas a lo que en verdad sucede en la sociedad canaria. Confiamos en que las administraciones públicas sean cada vez más conscientes de que deben entregar estas peticiones así como que los ciudadanos conozcan cada vez más la actuación pública y, por tanto, se materialice el derecho de acceso a la información.

Señorías, el papel del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe darse a conocer a la ciudadanía para que adquiera la trascendencia que realmente le corresponde.

Recordará el comisionado que desde ASG incluso le sugerimos que su oficina debería tener delegaciones territoriales, pues, aunque sabemos que los recursos disponibles hoy lo hacen imposible, entendemos que este despliegue sería lo ideal y lo deseable. La inmediatez y la accesibilidad que debe tener el servicio se ven limitadas con un único centro físico. No obstante, también es necesario tener en cuenta que el número de portales web destinados a la transparencia se incrementa día a día de forma que es posible concluir que en pocos años todos los sujetos públicos cumplirán con lo dispuesto en la ley. Y tengamos en cuenta, además, que muchas corporaciones locales tienen un presupuesto limitado, de ahí que haya que darles el tiempo suficiente para que vayan cumpliendo con las obligaciones que impone la norma.

Es innegable la exhaustiva labor de fiscalización de la transparencia que ha realizado la oficina, desde la que no solo se han recogido sino también analizado los datos presentes por las diferentes administraciones canarias en cuanto a solicitudes de información. Así es posible desglosar que se han registrado algunas deficiencias en el funcionamiento de las consejerías del Gobierno que esperamos que se corrijan, además de que se amplíe la información y se ajuste a los tiempos pues, como dije, solo se pudieron recoger 90 solicitudes de información y miles fueron presentadas fuera de plazo.

Detalla el informe, además, que los cabildos todavía están en fase de adaptación tanto de los portales web como de solicitudes de información presentadas. Solo se han registrado 15, pero, si se sigue la tendencia del Gobierno, también se convertirán en miles en los próximos años. Poco a poco los ayuntamientos también se van adaptando a la legislación, pero el número de solicitudes es todavía muy inferior al esperado. Hay muchas asignaturas pendientes y todas las administraciones deben de mejorar su compromiso con la tarea de la transparencia.

En el capítulo de reclamaciones se han registrado 18, a las que se ha dado, eso sí, un tratamiento muy exhaustivo explicando qué actuaciones se realizaron en cada una de ellas. Estamos seguros de que el número aumentará cuando se publicite, como debe, la función de la oficina de transferencia. El informe detalla asimismo las reuniones que ha habido con las distintas administraciones. Creemos que los encuentros y la colaboración con la Fecai y la Fecam deben ser fluidos, pues pueden facilitar y mejorar los servicios que se prestan.

Debo apuntar, sin embargo, que desde mi grupo político no entendemos ni el revuelo ni la negación a que se puedan afrontar cambios legislativos en la regulación de transparencia y acceso a la información. Sabemos que los cambios propuestos son fruto del consenso y del gran trabajo realizado en esta legislatura anterior, pero quién mejor que usted, el propio comisionado que trabaja todos los días con esta norma, para indicar las reformas que deben realizarse a fin de mejorar la gestión.

En esta Cámara representamos al poder legislativo, y la mejora de una norma debe entenderse, por tanto, como la mejor oportunidad para realizar nuestro trabajo. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, no está escrita en piedra y todavía está dando sus primeros pasos. Aprovechemos el estudio detallado y solvente que se nos ha facilitado para mejorar, estudiemos al menos esta posibilidad, debatámosla y lleguemos a las conclusiones que nos permitan concretar lo que debemos hacer y cómo afrontar esta reforma legislativa.

Termino dando las gracias al señor Cerdán y a los trabajadores de su oficina por traer este primer informe de Transparencia de Canarias a este Parlamento. Esperamos ser testigos de la evolución que se requiere para los próximos años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Continuamos con otro grupo. Por Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenos días.

Tal y como ya comentamos en la comisión, nosotros hemos considerado este informe como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe anual una vez consolidada la aplicación de la Ley 12/2014, y, además, efectuada la plena aplicación de esta ley por los sujetos obligados. Pero, al margen de este tema o de este inciso, la transparencia no va a ser real hasta que los ciudadanos no puedan tener acceso a la información, acceso de forma clara, de forma completa, de forma correcta y de forma rápida, y esto en la actualidad no ocurre. Y no ocurre por varias razones. La primera de esta razones es porque no existe la cultura de transparencia, no existen los ciudadanos, a los que, como ya también usted dijo en la comisión, nos criaron en la idea de que no se puede preguntar porque es de mala educación, pero tampoco existe esa educación o esa cultura en las administraciones, que son de la teoría de que la información es de quien la tiene, de quien la custodia, y no están concienciados de que la información es pública; y esto entendemos que indudablemente tiene cambiar.

Hay que concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cambiar la idea de que los derechos están pero no existe la obligación de ejercerlos, porque los ciudadanos tenemos que ser partícipes, tenemos que implicarnos, tenemos que ser actores y no ser meramente espectadores; en definitiva, los derechos hay que ejercerlos, no vale con que dejemos todo en manos de unos pocos y cuando las cosas no funcionen o vayan mal nos echemos las manos a la cabeza. Y también hay que concienciar a los dirigentes políticos, y a los trabajadores públicos en general, de que deben cambiar la idea de que las administraciones están para hacer cumplir la ley, porque esto ni es ni ha sido nunca así. Las administraciones están para cumplir y para hacer cumplir la ley, para las dos cosas. Y para crear esta cultura lo primero que hay que hacer, entendemos, es una adecuada política de divulgación; hay que informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y de qué pasos deben adoptar para poder ejercerlos; y, además, complementariamente, para que los niños de hoy no crezcan con la misma idea con la que crecimos los que ya no somos tan niños, me refiero al «no se puede preguntar porque es de mala educación», también hay que incluir como objetivo en las políticas educativas el imprimir en el ADN de estos niños que las personas, los niños, la gente tiene que reivindicar sus derechos, que hay que preguntar, que hay que informarse, en definitiva, que el saber no ocupa lugar.

En comisión usted manifestó su acuerdo con esta necesidad de divulgación pero dijo que esta misión corresponde a cada uno de los entes públicos, es decir, a los 389 incluidos en su informe; pero permítame que yo difiera de esta opinión. Entiendo que dejar este tema en manos de muchos y al libre albedrío de cada uno de ellos es una garantía de fracaso. Desde Nueva Canarias entendemos que es mucho más eficaz, y posiblemente mucho más barato, que la divulgación en materia de transparencia, la divulgación sobre los derechos de los ciudadanos, sobre las obligaciones de las administraciones, sobre a qué información se puede acceder, sobre cómo se puede acceder o sobre lo que hay que hacer en caso de no poder acceder, debe ser encomendada a un solo organismo o a unos pocos de forma colegiada. Nosotros proponemos que se le encomiende al Comisionado de Transparencia, obviamente desde que se le dote económicamente para poderla llevar a cabo; o también, en otro caso, pues que se le encomiende, conjunta y coordinadamente, al Comisionado de Transparencia y al Diputado del Común. En cualquiera de los casos, la necesidad de transparencia ha existido siempre, la exigencia de transparencia es la que ha venido motivada por el descontento ciudadano generalizado.

Hay que reconocer que si algo positivo tuvo la crisis del 2008 ha sido que los recortes sociales y los numerosos casos de corrupción motivaron la desconfianza en las instituciones públicas y despertaron de alguna manera, el interés de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos y en conocer en qué se gastan los gobiernos nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos.

La transparencia, además, entendemos que, aparte de la falta de cultura, tiene otro gran desafío y es encontrar el equilibrio entre lo que debe ser informado y lo que puede ser informado, y no vale la pena hacerlo porque no es relevante. Porque también hay que crear la cultura de que las cosas cuestan dinero, que los servicios que presta la Administración no son gratis, y, dado que los recursos son limitados, todo lo que de estos recursos se utilice para este fin, por ejemplo, se está dejando de utilizar en otra cosa, en otras necesidades que también tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos, y me refiero a necesidades sanitarias, educativas, en dependencia; a prestaciones de inserción, en políticas activas de empleo o en vivienda, por poner ejemplos. Por lo que, además, llevar la transparencia más allá de lo que es relevante, significa dejar de llevar a cabo actuaciones que sí son relevantes.

Ahora, una vez dicho esto, también quiero decir que los recursos que al final se decidan a utilizar sí deben dar sus frutos, deben servir para algo. Y digo esto porque simplemente la transparencia no es solo colgar información o entregar un montón de papeles. Transparencia es informar, transparencia es transmitir, y para eso la información, tal como dije antes, debe ser clara, completa, correcta, estructurada y entendible por los interesados, debe ser tratable y debe ser de fácil acceso. Y para ello desde Nueva Canarias entendemos que hay muchas cosas que corregir. Algunas en la propia ley y muchas en las herramientas de transparencia. Como ya le comenté en la comisión, en la ley, por ejemplo, la cuestión del silencio administrativo negativo, que entendemos que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar la denegación de información. Además, que el régimen disciplinario sea de muy difícil implementación, porque, tal como usted dijo, pues, no vemos, ni usted ni yo tampoco, al señor presidente del Gobierno sancionándose a sí mismo o sancionando a un consejero por no cumplir con la Ley de Transparencia, y lo mismo de un alcalde con respecto a sus concejales. Además, la necesidad de eliminar de la ley muchos términos genéricos y conceptos indeterminados; que se determine también en la ley los plazos de publicación, los plazos durante los cuales hay que mantener la información publicada, las fechas de actualización y los requisitos de la misma; y, por último, como también le dije en la comisión, el extraño enredo en el que se mete la ley respecto a los contratos menores, la ley canaria que es mucho más limitativa, incluso, que la ley estatal, en la que solo se exige la publicación del montante total o del importe total de los contratos en número y en cantidad, en euros, y, además, el porcentaje que representan los contratos menores respecto al resto de la contratación.

Con respecto a la publicidad activa, desde Nueva Canarias entendemos que también hay muchas cosas que corregir, y la primera es que la información que aparece en los portales de transparencia debe ser entendible, y reitero el ejemplo que ya he dicho muchas veces de la información presupuestaria, que solo permite su comprensión a una minoría de expertos. La información presupuestaria es difícil, y es necesario, es preciso, simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría para que la ciudadanía sepa cuánto se gasta o en qué se invierte su dinero, cuánto se gasta en Sanidad, en educación, en asuntos sociales, en carreteras, en personal, sin que tengan para ello que resolver un auténtico jeroglífico. Además debe ser tratable y debe ser veraz, cosa que en estos momentos en muchos casos no ocurre.

Para finalizar, y teniendo en cuenta, como le dije al principio, que este informe lo hemos tratado como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe a partir del año que viene, usted dice, en cualquier caso, en este informe, que para que el comisionado pueda desarrollar todas sus competencias y su responsabilidad, pues, no cuenta con recursos suficientes. A mí lo que sí que me gustaría es que nos valorara qué cantidad de recursos humanos, medios materiales y medios personales son los que su oficina entiende necesarios para poder cumplir en su totalidad con las funciones que el artículo 63 de la ley les pide. Y en cualquiera de los casos, con los datos que también pone en el informe respecto al poco cumplimiento de la ley por parte de los ayuntamientos, de los cabildos o de las empresas públicas y el resto de entes públicos, me gustaría que me corroborara o que me confirmara si tiene la misma idea que tenemos desde Nueva Canarias de que una parte del tema es por la falta de formación del personal y la otra, al igual que le ocurre a usted, por la falta de recursos y de medios materiales y personales para poder llevarla a cabo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Continuamos, por el Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días, a todas y a todos.

El principio de transparencia es un principio esencial en lo que debe ser el modelo de relación de los ciudadanos con las distintas administraciones y debe ser defendido, estaría englobado en lo que llamamos el gobierno abierto, donde debe garantizarse una verdadera transparencia, participación y colaboración ciudadana.

Deberíamos hacer una reflexión si con las distintas leyes realmente hay obligaciones de las administraciones y hay derechos de los ciudadanos, y esto lo decimos a colación de la escasa rendición de cuentas de los gobiernos y de que la transparencia no está en la práctica operativa, aunque sí en la declarativa de las distintas administraciones.

Las reflexiones que realiza usted en su informe sobre la presentación de esa tradición cultural que sintetiza en dos enunciados, que viene a decir la pregunta de que preguntar está mal visto, y que los datos, o sea la información, es de quien la tiene y no de todo el mundo, son algo que aún en nuestros días podemos palpar, no solo en el acceso a la información de los ciudadanos sino también en la información dentro de la propia administración, una información que cuesta compartir entre los distintos departamentos, entre los distintos organismos y ya no le digo entre distintas administraciones, y esto no es solo causa de falta de medios, es verdad que las políticas austericidas han ocasionado el adelgazamiento de las estructuras públicas, que son garantes de los servicios a la población, y no se defienden los servicios públicos, y eso merma la capacidad y la calidad con la que se prestan los servicios, también en materia de transparencia. Las tasas de reposición atacan la neutralidad que salvaguarda a los empleados públicos y que ocasiona encomiendas de gestión o desviación de servicios hacia una gestión que no es transparente, como usted indica también en su informe. Son estas empresas las menos transparentes y las más incumplidoras de la ley.

La soberanía de los datos que manejan debe de caer en los ciudadanos y nuestros servicios públicos son la mayor fábrica de igualdad y equidad, o al menos deberían serlo. Hace falta voluntad política.

Esta tradición que cuesta erradicar y que en la propia ley, tal como está, impide exigir su cumplimiento a las distintas administraciones, o al menos lo dificulta. Usted nombra la corrupción, y asevera que es la que conduce a la demanda de una legislación transparente, una corrupción que no es la suma de hechos aislados, a la que hay que sumarle, además, el mal gobierno, donde se desvirtúan muchas veces las normas con vericuetos para favorecer a unos pocos, como, por ejemplo, lo que ha sucedido con algunas contrataciones públicas. Las desigualdades, donde unos pocos cada vez tienen más y muchos cada vez tienen menos, crean también las exigencias del reparto de lo que es de todos y de todas y de que lo público sea más transparente. Es una obligación refortalecer la democracia y la exigencia de la rendición de cuentas y la transparencia es el pilar angular de cualquier Estado democrático y de derecho. Lo que no se ve o no se sabe no existe.

La transparencia es más que conocer los salarios, los coches oficiales. La transparencia debe ser clara y sencilla, y esta publicidad activa de la información debe ser realmente fácil de acceder para cualquier ciudadano, tiene que estar disponible, además, con alto detalle, sujeta a calendarios, donde se pueda ejercer control y acceso real de los ciudadanos, las organizaciones sociales y donde la información sea mayor que la que pueda dar la prensa o los propios gabinetes de las distintas administraciones. La transparencia es el derecho también al acceso a la información, porque es una información generada con el dinero de todos y de todas, pero para que esta información esté disponible y sea real debe tener tres premisas, ya he dicho ser accesible, y también ser interoperable y reutilizable. Para poder analizar la información, los formatos deben ser reutilizables y aprovechables para monitorizar las actividades de los sujetos que manejan el dinero público, la ley indica la forma preferente pero en la realidad es que nos encontramos muchos PDF, que a veces impiden tan siquiera copiar y pegar la información que está en esos PDF, cuando entendemos que deben ser archivos con formatos abiertos, preferentemente hojas de cálculo con formatos estándar y ficheros conectados y no inconexos, que hacen que tengamos que descargar ficheros y que en ese momento dejen de estar actualizados.

La transparencia, además, debe permitir que el derecho a la información sea efectivo, el hecho de que el silencio sea negativo, que se tenga un mes para contestar o dos para la información más compleja y que si no se contesta se entienda que no hay derecho nos parece lamentable, entendemos que el silencio debe ser positivo y si no se contesta que se entienda que se tiene el derecho a la información. En dos meses es tiempo más que suficiente para que al menos el derecho esté claro. El abuso de este silencio, como hemos visto en las reclamaciones de su informe que se han interpuesto ante el Comisionado de Transparencia, es claro; de las 18 reclamaciones, 10 se habían resuelto con silencio administrativo, esa práctica de no hacer resoluciones expresas crea indefensión ante aquellos que quieren solicitar esa información y que obligan a dirigirse a la vía jurisdiccional.

El control del cumplimiento, como queda demostrado en este informe, es casi imposible, un régimen sancionador debe ser mucho más contundente, los incumplimientos no van más allá de la crítica que se pueda hacer, pero no tienen consecuencias efectivas ni eficaces. Ante las vulneraciones del derecho al acceso de la información necesitamos sistemas que garanticen que se cumpla.

En este informe, además, se analiza la cuantificación del incumplimiento de las distintas administraciones, las que tienen una mayor obligación de transparencia y el resto de sujetos, algunas grandes incumplidoras, como las empresas mercantiles, pero no se controla la calidad de la información que se da, por lo que el nivel de cumplimiento no es solo contestar, sino que la respuesta sea la adecuada con los niveles máximos exigidos y que no quede como un mero trámite para aparecer en las encuestas como cumplidoras. Esto, como dicen algunas organizaciones que luchan por la transparencia, se convierte en la tramparencia.

El acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la jurisprudencia internacional, como usted comentaba, que se engloba dentro de la libertad de expresión, pero en este país no se reconoce, es más, se frena, no solo porque el derecho de la protección de datos sino por lo que recogen las propias leyes estatal y canaria sobre la información auxiliar, las notas, la reelaboración previa, etcétera.

Los sistemas deben estar preparados, así como las normas que puedan existir sobre el régimen de publicidad específico de algunos temas que dejan la Ley de Transparencia como supletoria. Todo ello desalienta la solicitud de información y, es más, todo aquello que no se transparenta, pues, al final, la sensación es que es sospechoso.

Entrando un poco más en el informe, como usted comentaba, no hay una metodología de evaluación común en todas las comunidades autónomas. Al final, en las reuniones que usted ha mantenido con los distintos responsables de las otras comunidades autónomas y el Aeval lo que se pretende es mejorar y aprender a compartir experiencias y medios comunes que favorezcan precisamente la eficacia de la transparencia.

Según el informe que usted presenta de 2015, se han solicitado 94 solicitudes de información al Gobierno de Canarias, 15 a los cabildos insulares, y 219 son del bloque municipal. Realmente son pocas solicitudes, es verdad que la puesta en marcha de esta ley, siendo efectiva incluso, ha sido diferente en las distintas administraciones, la más tardía en el cabildo, y estamos sujetos a datos de muy pocos meses. Esperemos que para el próximo informe esto haya cambiado y realmente hayan muchas más solicitudes de información.

Hay una queja desde su departamento sobre los medios personales y materiales que tiene el comisionado, ya han dicho que es un problema que compartimos pero que está generalizado en todas las administraciones a todos los servicios que hacen el Gobierno y las demás administraciones.

Pero sí es verdad, y ya lo comentamos en la comisión, que no compartíamos y éramos algo críticos con las formas en cómo se ha estructurado el comisionado, en cómo se han tratado los medios necesarios para ser eficaces, porque entendemos que la RPT no se puede hacer en función de los perfiles de las personas que tenemos sino que debemos saber primero cuáles son las necesidades y en función de esas necesidades establecer los perfiles necesarios para que se puedan realizar.

En estos momentos de situación difícil para poder suplir los puestos de trabajo sabemos que para cubrir unos puestos de unos organismos debemos eliminar otros puestos de trabajo y eso al final es un problema.

Usted hace una valoración, además, de las fichas enviadas a las distintas administraciones en un cumplimiento a la hora de remitirlas, lo que denota la falta de voluntad política total que hay en las administraciones públicas. No hay compromiso en materia de transparencia y esto entendemos que es algo inadmisible.

Siendo reciente en dar la información de estos 96 sujetos obligados, usted nos dice en el informe que solo respondieron 37, siendo los ayuntamientos, además, los más incumplidores.

Nosotros, ante todo esto, señor comisionado, queremos ofrecer la voluntad de que realmente haya una transparencia. En nuestro grupo parlamentario va a tener el apoyo total de que realmente podamos conseguir que nuestras administraciones sean transparentes, no solo las administraciones públicas sino también todos los sujetos que la ley recoge que están obligados, todos aquellos que tienen contratos públicos con la administración, todos aquellos que manejan dinero público en la administración. Tenemos que darle valor, precisamente, a la transparencia que es el garante de evitar la corruptela y la corrupción y también evitar que haya un mal gobierno por parte de todos los responsables en llevar las gestiones.

Animamos a este comisionado para trabajar en garantizar ese derecho de acceso a la información y la publicidad activa con calidad y con rigor. Ya decíamos que esperamos que los datos del 2017 sean mucho mejores y que el verdadero valor de la transparencia esté en poder hacer sin testigos todo aquello que seríamos capaces de hacer ante todo el mundo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Continuamos con el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, don Daniel Cerdán, bienvenido a este pleno.

Agradecer la cita que nos ha traído aquí a la Cámara. Yo siempre…, y conocía los consejos que el caballero de la triste figura le daba a Sancho cuando iba a gobernar la ínsula de Barataria, porque en todos esos consejos, en todas esas recomendaciones, subyace la mejor teoría, la más completa teoría de los principios generales del Derecho, y, en concreto, incluso, aquellos principios aplicables a la justicia penal de la que yo he mamado profesionalmente durante años. Y me alegra que a través de esa cita se pueda ver que ya el propio Alonso Quijano, el hidalgo, veía que una de las mejores maneras de gobernar era a través de la propia transparencia, es decir, que al final no somos tan novedosos, todo está escrito, todo está dicho y todo está hecho.

Lo felicito, no quiero ser o quiero dejar a un lado cierta acidez que pudo manifestarse en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad cuando se analizó por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte de este portavoz el informe en dicha comisión. Lo felicito porque es usted el primer comisionado de Transparencia que acude a una cámara y lleva a cabo la evacuación del correspondiente informe de su gestión. Por tanto, imagino que lo que usted hoy ha dicho aquí, lo que usted hoy ha plasmado a través de su informe de abril del 2016 va a ser objeto seguramente de inspiración y de copia por parte de los demás comisionados o entes encargados de la transparencia y de acceso a la información pública en el resto de España.

Lo que sí es verdad, lo que sí quiero decirle es que tal vez es un informe que no nos ofrece más que una mera aproximación de lo que debemos entender por la transparencia y acceso a la información pública en Canarias, pues no trata más que seis meses, ni siquiera el año natural completo del 2016, así que deberíamos esperar a futuros informes para poder visualizar una correcta situación real de la transparencia en Canarias, pero ante todo, felicidades.

De dicha comparecencia, de la que usted realizó en la Comisión de Gobernación y de la que usted estaba realizando hasta este pleno, puedo extraer o pude extraer, a lo mejor prematuramente, una especial voluntad del comisionado -creo que equivocada, se lo digo con todo respeto- de interesar modificaciones legislativas a la Ley canaria de Transparencia, una ley tan reciente como la que aprobamos en este Parlamento, que al parecer de mi grupo parlamentario era un error aunque ello no signifique la necesidad de que tengamos que hacer, a raíz de sus propuestas, algún que otro desarrollo reglamentario. Pero ya ahondaré sobre el particular más adelante.

Ahora quiero detenerme en la conclusión principal que yo extraigo de este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, y es el incumplimiento, más que flagrante, en materia de transparencia por parte de la mayoría de las administraciones públicas, y en especial por parte del Gobierno de Canarias, o voy a rectificar, en especial por parte de algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias.

Resulta desolador leer que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias remite, con fecha 30 de marzo del 2016, es decir a escasos días de haber finalizado usted el informe, -días después lo finaliza, lo presenta en registro en abril de 2016, si no me equivoco-, un volumen muy significativo, por no decir ingente, de informaciones relativas a tres cuestiones básicas de esta comunidad autónoma: servicios sociales, dependencia e incapacidad. Y yo me pregunto: ¿esta es la manera de creer en la transparencia por parte del Gobierno de Canarias o -rectifico- por parte de algunas consejerías del Gobierno de Canarias?

Se tramitaban las solicitudes o se referían a las solicitudes sobre servicios sociales, dependencia e incapacidad, y nos advertía usted que se habían hecho sin seguir el procedimiento legal previsto en la Ley canaria de Transparencia, y encima, además, nos decía usted que, dada la tardanza en llegar esa información, no iba a poder realizar un control específico sobre dichas solicitudes, ni más ni menos, nada más y nada menos, que 12 503 solicitudes. Auténticamente increíble.

Pues la verdad, señor Cerdán, no es culpa suya pero a mí no me extraña. La mayoría de ellas viene de consejerías de la Administración autonómica en manos del Partido Socialista Obrero Español.

Usted no ha podido efectuar un control específico, pero los ciudadanos y los miembros de esta Cámara tampoco hemos podido efectuar dicho control. Esa es la manera de entender la transparencia por el Gobierno de Canarias o, al menos, por algunos de los miembros del Gobierno de Canarias.

Pero, fíjese señor consejero, todo esto responde a la normalidad política. El Partido Popular siempre creyó en la transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que apoyó y aprobó la primera Ley nacional de Transparencia en la Cortes Generales, donde obviamente el Partido Socialista Obrero Español votó en contra.

En cambio, lo que hace el Gobierno de Canarias o algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias -vuelvo a repetir, y qué casualidad, en manos del Partido Socialista Obrero Español- no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas, que no comparte el Partido Popular, que defendió siempre cualquier norma que supusiera un avance en el camino a la transparencia y en el acceso a la información pública.

Nos decía usted en su informe que la práctica administrativa desplegada por el Gobierno de Canarias de no tramitar estas 12 503 solicitudes conforme a la Ley 12/2014, estas solicitudes de acceso a la información pública por la Administración autonómica, constituía -y lo dice usted- una merma de los derechos de reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los solicitantes.

Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles a todos sin excepción, y sin distinción, pero eso parece que no se aplica o no se entiende en el Gobierno de Canarias o -vuelvo a reiterar- en parte de las consejerías del Gobierno de Canarias.

La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva y alerta de la gestión de los asuntos públicos. Ese es el verdadero desafío de la transparencia, pero algunos parece que no han entendido nada.

No quiero finalizar, señor Cerdán, sin reiterar los argumentos que expuse, parte de los argumentos que expuse en la Comisión de Gobernación. La leyes, por supuesto, que no son inmutables, pero de ahí a que a seis meses de lo que es la práctica o puesta en práctica de esta ley o su examen en las administraciones…, me parece correr mucho en lo que sería una reforma, se ve poco prudente por parte de mi grupo parlamentario. Y no es prudente porque, tal vez, se traslada a la ciudadanía, y se ha trasladado, ya he oído las intervenciones de otros grupos parlamentarios y las que me quedarán después por oír, se traslada a la ciudadanía que los mecanismos que tenemos en esta ley pueden ser inservibles. Y no creo que eso sea verdad. Seguro que serán necesarios desarrollos reglamentarios, seguro, no lo pongo en duda, para ajustar desfases. Pero no pretendamos hacer tabula rasa a lo que ya se ha construido en este Parlamento, en esta comunidad autónoma.

Desde el PP no deseamos más polémica sobre este particular, es cierto, señor comisionado, pero lo que no se puede admitir, después de oír ciertas intervenciones, es que incluso se quiera invertir la aplicación del derecho sancionatorio administrativo.

Y lo que sí le interesamos, de cara al futuro, es mucha mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, relativas al derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan ante los medios de comunicación y afean a los que solicitan las peticiones de información.

Y a ver cuándo se empiezan, de verdad, a poner las pilas los cabildos incumplidores, como usted refleja en su informe, que no contestan cuando usted les ha solicitado información sobre los portales de transparencia.

En fin, señor Cerdán, el camino acaba de empezar, y seguro que cada vez iremos a mejor. Y por ello su figura se hace, por supuesto, más que necesaria.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.

Continuamos. Por el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes ya, a todos y a todas.

Dice un proverbio español que la honradez es un vestido transparente. Y al mismo tiempo hay que recordar un dato que me parece significativo para empezar a hacer una valoración sobre el informe que hoy se nos ha presentado aquí. Tengo que empezar por agradecer la presencia del comisionado y el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Y es un dato que nos pone frente a una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos de este país. El último informe del CIS, de febrero del año 2016, establece que la corrupción política en España es la segunda preocupación de los ciudadanos, solamente superada por el desempleo, por encima de muchas otras preocupaciones, la corrupción política.

Por lo tanto, hablar de transparencia es hablar probablemente de las herramientas, de los elementos que puede utilizar justamente la política, las administraciones, para hacer que los ciudadanos recobren la confianza en sus políticos, en sus gestores públicos.

Miren, hay que partir de otro dato: hasta el año 2013 España era el único país de la Unión Europea que no tenía ley de transparencia, es decir, hasta hace escasamente tres años. Y Transparencia Internacional, aunque en la comisión algunos ya decían que los informes de Transparencia Internacional podían estar algo desfasados en relación con las herramientas que utiliza para evaluar el grado de transparencia de las administraciones, pero en el año 2013, cuando todavía no había regulación en España, ni siquiera la autonómica, España estaba entre los países europeos en el puesto número 19 en la percepción de corrupción, solo nos superaban países con los que desde luego no aspiramos a compararnos.

Un reciente estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha realizado probablemente uno de los primeros estudios en evaluar la adaptación de los ayuntamientos españoles a la ley estatal, a la Ley 19/2013. El primer ayuntamiento que aparece en ese ranquin es el Ayuntamiento de Sevilla, el segundo el de Santander, el tercero el de Madrid y el cuarto el de Alcobendas. Para encontrar el primer ayuntamiento canario en este estudio de la Universidad Rey Juan Carlos nos tenemos que ir al puesto 17, es el Ayuntamiento de Arona, en el puesto 67 Las Palmas de Gran Canaria, en el puesto 80 Santa Cruz de Tenerife, o en el puesto 86 Arrecife. Esta es un poco la realidad de la que es bueno que partamos para saber cuál es la situación de partida cuando hablamos de transparencia y cómo es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que pasa en la gestión pública de sus asuntos.

Del informe del comisionado hay algunas cosas que a mí personalmente me resultan significativas. Ya lo dijimos en la comisión y las repetimos hoy. De 96 administraciones a las que se les solicitó información para evaluar cuál había sido el grado de cumplimiento de la Ley de 26 de diciembre de 2014, solo respondieron 37. Es decir, hay un 38,54 %, exclusivamente, de administraciones que respondieron al requerimiento del comisionado. Esto, señorías, es inaceptable.

Podemos entender que los ciudadanos todavía estén en un proceso de asimilación de lo que es la transparencia, de la cultura de la transparencia. Pero que las administraciones no sean ni siquiera capaces de contestarle al comisionado, que solamente hayan respondido 37…; y hay tres cabildos que no le respondieron -no respondió el Cabildo de La Gomera, no respondió el Cabildo de Fuerteventura y no respondió el Cabildo de El Hierro-; y 56 ayuntamientos, algunos muy importantes como el de Telde o el de La Laguna. Esta es la realidad de la cultura, que no podemos pedirle a los ciudadanos que la asuman cuando no somos capaces ni siquiera de asumirla en las propias administraciones.

Llama la atención también cuáles son los asuntos que los ciudadanos consultan en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Yo quiero en este caso, además, felicitar al Gobierno de Canarias, al consejero. Ha sido una ley de la anterior legislatura, una ley impulsada por un consejero socialista y una ley desarrollada por otro consejero socialista, y esta es la primera comparecencia de un comisionado en un parlamento autonómico, y se ha hecho gracias al socaire de una ley que ha sido impulsada estrictamente por los socialistas, por eso yo pido un poco de respeto también para el Partido Socialista en este asunto, no damos lecciones de transparencia, pero tampoco aceptemos que nos las den, y menos quienes entienden la transparencia de un modo extraño, por ejemplo, rompiendo los ordenadores propios para que no sean visualizadas sus contabilidades, ¿no? Otros partidos predicamos con el ejemplo y nuestras cuentas están auditadas por Transparencia Internacional. No damos lecciones, pero tampoco pedimos que nos las den.

Pero es curioso que de la información que solicitan, de la que han solicitado, a la que han accedido los ciudadanos, todas tienen que ver, o la mayor parte tienen que ver con altos cargos, con las retribuciones de los altos cargos, con el currículum de los altos cargos, con los cargos de confianza, con las declaraciones de bienes de altos cargos. Esto parece ser que es lo que más les interesa a los ciudadanos que han entrado. Por cierto, el número de visitas es todavía susceptiblemente mejorable, es verdad que los datos que se manejan son solamente los que se han podido disponer a partir de la entrada en vigor del nuevo portal, es decir, que no es todo el año 2016, pero es verdad que son datos suficientemente mejorables.

Me preocupa también mucho -insisto-, quiero felicitar una vez más al Gobierno de Canarias, a la consejería, por la puesta en marcha de este portal de transparencia, que me parece fresco, ágil, accesible a los ciudadanos, pero señorías, hay tres cabildos que no tienen portal de transparencia, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de El Hierro o el Cabildo de Lanzarote, y muchísimos ayuntamientos que tampoco lo tienen. Y estos son datos, en mi opinión, señorías, que habría que tenerlos en cuenta y que son muy significativos. De los 88 ayuntamientos solo 70 tienen portal de transparencia.

Hay datos también que son significativos en el informe: de las 219 solicitudes de información a las corporaciones locales, 173 corresponden a un único ayuntamiento, concretamente al Ayuntamiento de Arona, el 79 % del total de esas solicitudes.

Por lo tanto, enlazo esto con otra cuestión, que me preocupa, y quiero dejarlo como una reflexión, aprovechando esta comparecencia. Me preocupa que creemos una brecha también social en cuanto a la transparencia, tenemos que hacer un esfuerzo por que la transparencia no sea exclusivamente un ejercicio de un derecho, o de una oportunidad estrictamente, solamente para un grupo de ciudadanos, para ciudadanos que están mejor informados, ciudadanos que conocen mejor sus derechos, y lo pongo además en relación con algo que también es muy importante, y en lo que habrá que trabajar si queremos que esto sea de verdad, digamos, o se generalice un uso de la transparencia y del acceso a la información. No nos podemos olvidar de que tenemos delante, en Canarias, una brecha digital brutal, una brecha digital que no queremos que se convierta en una brecha de la transparencia. Hay muchísimos ciudadanos, una parte de la ciudadanía que no está familiarizada con el uso de las nuevas tecnologías, no les podemos dejar fuera del uso, del ejercicio, del acceso a la transparencia. Canarias está por debajo de la media nacional y europea en la penetración de la banda ancha y hay un 28 % de hogares sin conexión a internet. Hagamos que este derecho, que este uso, esta posibilidad de acceder a esta información no cree también una brecha social en nuestra tierra.

Termino rápidamente con algunas consideraciones que hace el comisionado en su informe, y que tienen que ver con las modificaciones legales que plantea, y que yo creo que tienen todo el sentido.

La fijación de los plazos para hacer pública la información, en la publicidad activa, tanto para las instituciones, como para los organismos, como para las empresas, no está bien regulada, en los primeros meses de rodaje de la ley parece que es susceptiblemente mejorable esta regulación. Es muy importante aplicar los requisitos para los contratos menores, todos sabemos la…, no el abuso, pero el uso, digamos, generalizado de los contratos menores, que se utilizan con mucha habitualidad en la Administración, que una gran parte del presupuesto público se gestiona a través de contratos menores. Por tanto, es susceptiblemente mejorable, es recomendable la mejora en cuanto al acceso a la información de los contratos menores. Los instrumentos de sanción, yo no sé cuál es la vía, pero aquí discrepo con mi amigo Emilio en cuál debe ser el régimen sancionador. Es verdad que difícilmente en la misma Administración que debe ser controlada podemos dejar en sus propias manos el régimen sancionador, pero algo tendremos que inventarnos sin violentar el derecho sancionador de la administración pública, algo habrá que inventarse al respecto.

Por tanto, señorías, en mi opinión y en la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, estamos ante una buena ley, que está empezando a dar sus frutos, que somos pioneros por primera vez en España en una cuestión… Insisto: hoy es la primera vez que comparece un comisionado en un parlamento, y creo que es un buen día y una buena noticia, y, por lo tanto, felicitamos tanto a la consejería, al Gobierno, como al propio comisionado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Por el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado.

Desde el Grupo Nacionalista le saludamos a usted y a su equipo en su primera comparecencia ante el pleno de esta Cámara para rendir cuentas sobre el informe correspondiente al año 2015.

La ausencia de referencias en Derecho comparado sobre evaluación y metodología no ha sido un obstáculo para disponer hoy de un informe a modo de foto de la realidad, que sirve de herramienta para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar para continuar avanzando.

El despliegue de la ley coincide con la persistencia de los efectos de la crisis económica y las restricciones presupuestarias en todas las administraciones públicas. Está siendo necesario activar cientos de portales, modificar métodos de trabajo y adecuar la estructura organizativa y procedimental a los nuevos requerimientos de la ley. Las administraciones más pequeñas tienen más dificultades para su desarrollo. Según un informe, los ayuntamientos pequeños demuestran menos nivel de transparencia en Internet, pero eso los ciudadanos lo pueden suplir con la inmediatez que les da el contacto directo con el alcalde, con los concejales o con los funcionarios, porque, señorías, la transparencia no debemos mediarla exclusivamente por un portal, los sistemas de información multicanal son los que de verdad garantizan la transparencia y la igualdad de todos los ciudadanos al derecho a la información por todas las vías posibles y el derecho a elegir ese canal. Los portales son herramientas dinámicas en continua actualización, que poco a poco irán alcanzando su madurez de la misma manera que lo fueron haciendo las webs institucionales, que necesitaron años para madurar. Más que la cantidad de información, interesa la calidad y la utilidad de la misma, portales como verdaderos repositores de información accesibles, útiles para el ciudadano.

Hoy es una realidad el compromiso de las administraciones públicas con la transparencia. La transparencia está en lo más alto de la agenda política. Todo puede estar bajo escrutinio de la ciudadanía porque la ciudadanía puede preguntar, solicitar y obtener cualquier información y cualquier dato. Toda la acción pública puede ser observada por el ciudadano. Hace años era impensable, por ejemplo, seguir vía internet la actividad de este Parlamento o de un ayuntamiento o de un cabildo y eso hoy es una realidad. Aun así, las mayores demandas ciudadanas siguen centradas en los perfiles, los sueldos, los bienes y el patrimonio de funcionarios y políticos. Y nosotros respetamos que eso interese a la ciudadanía, pero limitarlo a esto de alguna manera empobrece el objetivo más ambicioso que perseguimos con la transparencia: que los servidores públicos seamos valorados de verdad por lo que hacemos y no por la mera apariencia y el espectáculo en el que algunos pretenden convertir la actividad política; y superar la cultura de la sospecha, la desconfianza y el mero control para avanzar hacia un verdadero gobierno abierto donde conjugar transparencia, participación y colaboración con los ciudadanos.

Dice en su informe una de sus conclusiones que no se aprecia verdadera presión ciudadana en demanda de información, esta falta de demanda hace que las administraciones atiendan prioritariamente a la prestación de servicios públicos, sobre todo los ayuntamientos con escasos recursos. De alguna manera centrar los recursos humanos en procesar información que pudiera ser útil o no a la ciudadanía puede ser un obstáculo a la inmediatez que requiere emplear el trabajo de los recursos humanos en resolver, por ejemplo, una ayuda social o una subvención.

La ley canaria es de las más avanzadas de España. Con la aprobación de la ley en la pasada legislatura se dio un paso histórico en Canarias en materia de transparencia y de información pública. Y hoy estamos dando un segundo paso histórico siendo la primera comunidad autónoma que debate en un Parlamento el informe de evaluación de una autoridad independiente como es el Comisionado de Transparencia. La ley fue aprobada por unanimidad con el consenso de todos los grupos parlamentarios, y ese esfuerzo de generosidad y de diálogo conseguido en la pasada legislatura todos debemos seguir cultivándolo de aquí en adelante. Hay mucho por hacer y un largo camino por delante que recorrer, y podemos hacerlo de la misma manera entre todos.

Ya sabemos que el Gobierno de Canarias sigue trabajando para continuar con el desarrollo reglamentario aun cuando hay aspectos que pueden remitirse al procedimiento administrativo común.

Señorías, en una ley tan audaz, tan reciente y tan innovadora no debemos obsesionarnos con el régimen sancionador, ese no tiene por qué ser el objetivo prioritario, ¿es que ganamos algo imponiendo sanciones? Miren, poco o nada ganamos poniendo sanciones y mucho avanzaremos si hacemos pedagogía, auténtica pedagogía de la ley.

Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos centrar los esfuerzos en hacer esa pedagogía, en buscar fórmulas entre todos que permitan hacer que la ley pueda ser lo más efectiva y de máxima utilidad a los ciudadanos. Estamos convencidos de que todas las administraciones, las pequeñas y las grandes, están trabajando en la medida de sus posibilidades para producir los cambios internos necesarios y buscar los recursos que les permitan poco a poco ir implementando sus portales y depurando la información; y es tarea también de la sociedad civil, con la implicación ciudadana, que es necesaria y que puede contribuir al arraigo de la ley. En la medida que se incremente la demanda de información por parte de los ciudadanos, esto redundará en la mejora de la eficiencia de nuestras administraciones públicas y en la credibilidad social de sus instituciones.

Estimado Daniel, señor comisionado, le animamos a seguir trabajando, y cuente, usted y todo su equipo, con el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario en la tarea de fomentar y promover una mayor y mejor cultura de la transparencia entre la ciudadanía canaria y entre nuestras administraciones públicas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señor comisionado, por tiempo de diez minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muchas gracias.

Bueno, disculparán mi novatez en estas lides y si no puedo contestar mínimamente todas las cuestiones que aquí se han planteado, pero voy a tratar de ir directamente al grano.

Agradezco a algunos que ya han desbrozado datos del propio informe que no incluí yo en mi intervención inicial, pero sí quería de alguna manera comenzar actualizando al día de hoy algunos de los datos que ustedes ya han escuchado o han podido leer en el informe. Concretamente, en lo que se refiere al comisionado, ustedes saben que el año pasado, en los seis últimos meses del año, que es cuando empezó a funcionar, recibió 19 reclamaciones referidas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y ya en este año, aunque es cierto que la gente todavía no conoce mucho este recurso, ya prácticamente en los seis primeros meses de este año se han duplicado hasta las 41 las reclamaciones que se presentaron en estos seis primeros meses. Por lo tanto hay que pensar que a final de año va a acabar con más de 100, reclamaciones al comisionado, que darán idea de una cierta movilidad o un cierto conocimiento y agilidad en este servicio público que crea la Ley de Transparencia. En ese sentido, lo mismo ocurrirá a nivel del Gobierno de Canarias. El Gobierno hizo un esfuerzo por abrir un nuevo portal desde el mes de febrero que ha tenido hasta ahora, según las últimas informaciones, pues, prácticamente más de 10 000 visitantes en estos meses. Es una cifra todavía pequeña comparada con los que visitan los periódicos, pero bueno, en esta materia, diríamos que después de lo que a este país le ha costado arrancar, es decir, recuerden que arrancó 250 años después de que arrancara en Suecia, que fue el primer país que tuvo una ley de transparencia, de alguna manera siempre vamos a analizar este tema del acceso a la información viendo, según nuestra propia vara de medir, la botella medio llena o medio vacía, en cualquier caso.

Bien. Yendo concretamente a las intervenciones ya de cada portavoz, respecto a la intervención de la portavoz de Agrupación Socialista Gomera, que ha tocado uno de los temas recurrentes en todas las intervenciones de los portavoces, ha sido de las pocas solicitudes expresadas a las instituciones canarias. Respondiéndole a ella le respondo a todos. Yo, una de las cosas de la que estoy absolutamente convencido, y tanto en Canarias como a nivel español, es que no aparecen, es decir, no se registran o no se han manifestado más solicitudes de información en parte porque no se hacen, pero en mucha medida porque no se cuentan, es decir, llega un escrito a una consejería, a una concejalía o a un departamento del cabildo y hasta ahora prácticamente nadie estaba comunicando a ningún servicio central que había llegado una solicitud de información acogida a la Ley de Transparencia. Por lo tanto, cuando han tenido que informar, tarde, mal y nunca, solamente 30 de ayuntamientos y 4 de cabildos y 1 del Gobierno en los tres primeros meses del año. Por eso les digo tarde, mal y nunca, cuando han tenido que informar de las solicitudes que habían recibido estamos absolutamente convencidos de que en buena medida no las conocían porque nadie se había encargado de agruparlas y contarlas, hasta el punto de que algunas reclamaciones que nos han hecho no constaban para esas instituciones como realizadas.

Si nos vamos otros sistemas de medición, como puede ser un reciente estudio realizado por la Agencia española de evaluación de la calidad, veremos que prácticamente ya el 40 % de los españoles, y hay que entender que los canarios, que en eso no andamos por detrás en la Administración electrónica o en el disfrute de las nuevas tecnologías, el 40 % ya navega por las webs públicas y, por lo tanto, por los portales de transparencia; y de los, digamos, del 40 % de los españoles o canarios que tienen acceso a Internet habitualmente. Y de esa cantidad de personas, el 20 % prácticamente interactúa, solicita información de alguna manera, bien sea por correo electrónico, bien rellenando formularios. Por lo tanto, nos faltan realmente sistemas de medición más eficaces para valorar en qué medida los ciudadanos están haciendo uso o no del derecho de acceso.

El tema de la reforma de la norma, que fue uno de los temas que polarizó la comisión, también ha sido tocado por diferentes portavoces, con diferentes opiniones, e, incluso, terció en este debate el propio consejero de la Presidencia, que agradezco su presencia aquí, porque de alguna manera es un detalle que le honra, terció en este debate y manifestó su opinión, coincidente con el señor Emilio Moreno, en el sentido de que no veía necesaria una reforma del régimen sancionador. Evidentemente este es un debate abierto, yo no quise en ningún momento del informe, ni en la comisión se dijo que era necesaria una reforma inmediata y una reforma que necesariamente tuviera que venir de la ley canaria, entre otras cosas porque ni siquiera en el informe entramos en cuestiones de ámbito superior al canario, como podía ser un debate mucho más interesante que es el de si la propia ley estatal se ha quedado o no coja o insuficiente, y esto no es ninguna crítica, en cuanto a que también la mayoría de la academia hubiera preferido que el derecho a la información…, y en esto no hago distingo de partidos, porque yo creo que hay posiciones como estamos viendo de uno y otro sentido en todos los partidos, digamos, que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y, por lo tanto, debiera estar al mismo nivel que el derecho a la protección de datos, y por lo tanto debía tener la misma protección jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que otros derechos fundamentales. Ese es un debate que se quedó aparcado ahí, y que muy posiblemente lo vamos a ver en las próximas semanas, si se configura un nuevo Gobierno, con un programa nuevo de gobierno, y si incluye o no en su planificación legislativa de esta legislatura una revisión de la Ley de Transparencia, tal como proclaman todos los programas políticos, es decir, incluso los programas políticos de los partidos que aprobaron la actual Ley de Transparencia estatal, de diciembre de 2013, todos ellos plantean modificaciones en la ley. Entre otras cosas porque efectivamente es una ley nueva, pero precisamente por ser una ley nueva es novata, y precisamente el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a los propios partidos que la aprobaron a considerar que hay ajustes que se pueden hacer. Yo nunca los planteé como una cosa inmediata, como una cosa absolutamente necesaria. Es cierto que hay desarrollos reglamentarios más urgentes, que me consta que están trabajándose en la consejería, como los dos que ya se han hecho a nivel de orden, pero era una reflexión que era bueno dejar allí para cuando toque y para que los grupos la vayan madurando.

En cuanto al régimen disciplinario, no voy a abundar en más temas.

Pero sí en una de las cuestiones que se han tocado, que es el de los contratos menores. Lo tocó la portavoz de Nueva Canarias. En el sentido de que es cierto que es el único aspecto en el que la ley canaria es menos exigente que la estatal, en la definición de la información sobre los contratos menores que hay que hacer. Pero también es cierto que este comisionado, como otros órganos de la transparencia, tiene en cuenta las dos normas, y, por lo tanto, aquello, en este caso solamente este punto, aquello en lo que es más ambiciosa la ley estatal es de aplicación, por lo tanto, no es un problema grave de obligación. Ahora eso sí, lo es de ejecución, porque evidentemente en todo lo que es el ámbito de la contratación, en todo eso, es, digamos, uno de los ámbitos más sensibles de la información pública, por varias razones, fundamentalmente porque, como ha ocurrido en otros ámbitos de la Administración electrónica -no nos olvidemos que la transparencia es una parte de la Administración electrónica-, la parte que más ha costado llevar, fundamentalmente los ayuntamientos, a una tramitación electrónica, que es más trazable, que es más eficiente, que es más honrada, que es más limpia, ha sido precisamente la de contratación, porque los aparatos administrativos y políticos de las instituciones generalmente son los que más se han resistido, ha sido el ámbito de la administración que más ha tardado en llegar a ejecutarse electrónicamente. Por tanto, no es extraño que evidentemente hay aspectos de todas las obligaciones de contratación, de información sobre contratación, que están en la ley canaria y que todavía no están en los portales de transparencia. Y, fundamentalmente, hay uno importante, que me gustaría destacar aquí, no ya en cuanto puede contribuir a la honradez y a la limpieza de la contratación, sino también en cuanto puede contribuir a la eficiencia, que es el de que prácticamente de los portales ninguno, ningún portal, está introduciendo como debe su planificación de contratos del año, que permita a los operadores, contratistas, suministradores, etcétera, hacerse una idea con antelación de que va a existir un concurso al que poder presentarse, y no tener que correr mal y pronto, en diez días que les dan de plazo, o en quince, para presentar una propuesta. Eso va a contribuir, ya le digo, no sé si mucho o poco a la honradez o a la anticorrupción, pero desde luego sí a la eficiencia de los recursos públicos, que tanto hace falta en unos momentos como estos en los que a todas las administraciones les requieren utilizar cada euro de la mejor forma posible.

Se ha hablado también…

La señora PRESIDENTA: Señor comisionado, un minuto más.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): La verdad que se me ha ido el tiempo con rapidez. Yo, en cualquier caso, les indico, como les indiqué en la comisión, que al término de este debate procuraré responder personalmente a cada grupo aquellas preguntas que han hecho, tanto en comisión como aquí, y eso lo mantengo y les visitaré en cualquier caso con la referencia de sus preguntas en su grupo parlamentario, y les informaré de cuál es mi opinión en unos casos, y cuáles son los datos en otros.

En cualquier caso, yo lo que espero es que, de alguna manera, este Parlamento se convierta no solamente en el aprobador de la ley, es decir, en la institución que ha sembrado un sistema de (Ininteligible.) pública en toda Canarias, sino que lo aliente con su impulso presupuestario, en el caso de los recursos que se dediquen tanto a la transparencia en el Gobierno, como en el Parlamento, como en el comisionado, y, sobre todo, que de alguna manera también introduzca otros aspectos, que no son reformas a la Ley de Transparencia, pero que sí son nuevas políticas, como pueden ser las políticas pedagógicas, de las que se ha hablado aquí, en los colegios, para que prácticamente las nuevas generaciones que…

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Ya acabo.

La transparencia -concluyo- no solamente es una ley como la del tráfico, que si no la aplicamos al día siguiente nos chocamos por la calle, es una ley, diríamos, de más largo recorrido y de más larga implantación, pero que, fundamentalmente, solamente en la medida en que llegue a las escuelas y llegue a instancias donde realmente se forma a los ciudadanos, tendrá un éxito a cinco, diez o veinte años vista.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Hemos concluido este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Comisionado de Transparencia presenta el Informe Anual de 2016 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Daniel Cerdán presentó este 5 de septiembre ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias el segundo informe anual del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, correspondiente al año 2016.

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El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta su primer informe anual ante la Comisión de Gobernación del Parlamento

El pasado 31 de mayo, Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, presentó ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias el primer informe anual del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, correspondiente a la actividad del año 2015.

El Informe anual de 2015 se puede consultar en este enlace.

En el desarrollo de la sesión, bajo la presidencia de Rosa Bella Cabrera, intervinieron, asimismo, los portavoces de la Agrupación Socialista Gomera (Melodie Mendoza), Nueva Canarias-NC (Esther González), Podemos (Concepción Monzón), Partido Popular-PP (Emilio Moreno), Partido Socialista-PSOE (Gustavo Matos) y Coalición Canaria (Socorro Beato).

El desarrollo de la comparecencia se refleja al completo en este vídeo.