Transcripción del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias del pasado 28 de marzo:

 

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias celebrado el 28 de marzo de 2023

Gustavo Adolfo Matos Expósito, presidente del Parlamento de Canarias: Y, señorías, continuamos tal y como habíamos acordado, la Junta de Portavoces, la Mesa, con el informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con los informes anuales acumulados correspondientes al año 2020 y 2021.

Tiene la palabra el señor comisionado, al que le damos la bienvenida a este Pleno del Parlamento de Canarias.

(Pausa)

Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos.

Mi comparecencia de hoy resume y comenta las actuaciones del Comisionado de Transparencia en esta décima legislatura del Parlamento y segunda legislatura en la que está plenamente en vigor la Ley 12/2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La comparación de ambas legislaturas evidencia lo que está a los ojos y es palpable, y espero que lo puedan ver pronto en las pantallas de la Cámara. En la primera legislatura, entre los años 2016 y 2018, el Comisionado se constituyó, se diseñó, se fortaleció con tres funcionarios y un grupo de becarios y se pusieron las bases tecnológicas y operativas a muy bajo coste, apenas 32 céntimos de euro por canario y año. En  el año 2022, se pusieron las bases tecnológicas y operativas –decía – de la evidente y fructífera progresión posterior en varios órdenes, como podrán apreciar en los cuadros de la pantalla y con detalle en el informe anual que refleja el trabajo de un equipo de ocho servidores.

En ese gráfico verán que en la primera legislatura hicimos 618 reclamaciones de derecho de acceso, que se triplicaron hasta las 1.730 a 31 de diciembre del año 2022. Y lo mismo, o mucho más fuerte incremento, se multiplicaron por 15 las 342 evaluaciones de los portales de transparencia públicos, hasta las 5.068 concluidas en el año 2022, porque fundamentalmente incluimos en los tres últimos años, como ustedes saben, por otras anualidades, la evaluación a los portales de transparencia de entidades y empresas que han recibido ayudas públicas y que están obligadas a la transparencia, igual que lo están, o en menor medida, quiero decir, los portales públicos. Ambas, tanto instituciones públicas como entidades subvencionadas que gestionan dinero público, están obligados, por la ley de transparencia, a dar cuenta mínimamente de lo que hacen.

Como les decía, esas evaluaciones se multiplicaron por 15 en la última legislatura, y en el siguiente cuadro, o en el anterior, incluso, pueden apreciar la evolución de las notas medias por sectores, tanto el autonómico, como el insular, el local, el universitario…,. En el conjunto del sector público, ya llevamos dos años por encima del notable; y creemos que la tarea ha sido ejecutada satisfactoriamente. Ahora, como apreciarán ustedes allí, en esa imagen, la tarea pendiente, y en la que espero poder desgranar un poquito en el segundo turno, es cómo mejoramos el cumplimiento de la publicidad activa: los portales de transparencia de aquellos miles ya de empresas y entidades privadas que reciben fondos públicos, tanto del Gobierno, como de los cabildos, como de los ayuntamientos canarios.

Como les decía, ahí, en el informe y en ese cuadro, tienen la evolución sintetizada de las notas de todos los operadores. Ya  les comenté que el último año han sido 3.167, como se aprecia en la siguiente curva, en el siguiente gráfico, de evolución del número de evaluaciones. Verán ahí que el salto fundamental se produjo en el último ejercicio, donde pasamos de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 del año pasado, como les decía, porque más de 2.000 ayudas COVID de más de 60.000 euros se incorporaron a nuestro censo de entidades emplazadas a rendir cuentas sobre transparencia, y produjo ese disparo hacia arriba de la curva del Índice de Transparencia de Canarias, que, como saben, mide el estado de la “salud” o calidad de la publicidad activa. Es decir, la calidad de los portales de transparencia, que no hay que confundir nunca con la “salud” de la transparencia global del sistema público de Canarias, porque en el sistema de la transparencia pública de cualquier ámbito territorial cuenta tanto o más cómo se ejerce el derecho al acceso a la información:  cuando se le pregunta a las instituciones por información pública, como lo se cuenta o se hace en los portales de transparencia, que es, digamos, el aspecto que más se ha conocido en los últimos años de nuestro trabajo, hasta ahora.

Lo advierto desde ahora: para nada somos triunfalistas con las cifras que acabo de exponerles, la detección de nuestras carencias y fallos, con la ayuda encontrada, entre otros, en este Pleno y en la Comisión de Gobernación, nos sirve cada año para avanzar. Y lo primero que he de hacer es expresar mi sentido agradecimiento por ello, así como también a los servidores públicos de este Parlamento, con los que compartimos lugar de trabajo, por su ayuda y consejo cada vez que lo necesitamos.

Hasta ahora hemos sido objeto de atención pública, como les decía, tanto en Canarias como en Madrid, en Murcia o en Navarra, donde están implementando nuestro modelo de evaluación de las portales de transparencia. Hemos captado la  atención en esas comunidades y también en Iberoamérica, donde a veces se han interesado por este modelo que hemos desarrollado en Canarias, por nuestra singularidad  en la creación de un índice de transparencia que mide los portales de información de las instituciones y también de las entidades subvencionadas.

Y lo hemos hecho a través de esta herramienta, T-Canaria que corre y está disponible en nuestra sede electrónica y que ha suscitado, además de  reconocimientos a nivel nacional, una posibilidad de evaluar a muchas entidades a muy bajo costo. Prácticamente podemos entrar en eso en el futuro, a pesar de que hacemos 3.167 evaluaciones, pues prácticamente nuestro costo se mantiene en menos de 80 euros por evaluación. Lo hemos podido hacer y por eso ha suscitado el interés de otras administraciones semejantes a la nuestra. Pero esto es bastante conocido. Lo que quería destacar sobre todo de este año se refiere al compromiso que adquirí ante ustedes en esta misma Cámara el año pasado, en 2022, centrado más que en la publicidad activa, [donde hemos visto que hemos conseguido unos niveles bastante aceptables], en el derecho de acceso a la información. Y quería repasar con ustedes algunos datos.

En la anterior legislatura, donde fueron tres los años plenos de aplicación de la ley, abordamos 618 reclamaciones de derecho de acceso a la información desde los ciudadanos, concejales y consejeros de los cabildos, frente a las 1.730 de los cuatro años que van del año 2019 a 2022. Es decir, prácticamente hemos triplicado los expedientes de este tipo, que son los más característicos de los consejos de transparencia autonómicos y en todo el mundo; es decir, son los que se dedican a amparar y garantizar este tipo de derecho ciudadano. Son aquellos que tratan de garantizar la entrega de la información a los ciudadanos sin necesidad de largos y costosos pleitos judiciales.

Las 575 reclamaciones presentadas en el año pasado nos vuelven a situar a en los lugares de  cabeza del país en reclamaciones por 100.000 habitantes ( 26 anuales por 100.000 habitantes), y esto tiene que ver, sobre todo, con la propia visibilidad del Comisionado de Transparencia en los medios de comunicación, tiene que ver con nuestra amplia presencia en los canales audiovisuales, especialmente en Youtube, con las consultas telefónicas y mails masivos anuales a miles de operadores en Canarias y con el creciente uso del derecho de acceso a la información por los propios funcionarios de las administraciones públicas para demandar información a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus directivos administrativos.

Y las resoluciones de derecho de acceso a la información las hacemos con cada vez más seguridad y acierto; quiero y permítame pensarlo así a la vista de los datos. Porque en los dos últimos años no hemos tenido ningún recurso  ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De las 1.003 resoluciones de derecho de acceso que hemos dictado en los años 2021 y 2022,  no ha sido recurrida ninguna, frente a los nueve recursos que se presentaron contra nuestras decisiones en los años anteriores, cuando habíamos firmado 1.037 resoluciones. En ocho de ellos se confirmaron nuestras resoluciones plenamente y solo en el noveno se le dio la razón parcialmente a la persona reclamante.

En los últimos años, lo más destacado en este campo no es el crecimiento de las resoluciones de derecho de acceso. Hasta hace quince meses estábamos, como la mayor parte de las comunidades autónomas donde se conocen este tipo de datos, que no en todas se conocen, en un nivel francamente lamentable de escaso cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso por parte del conjunto de las administraciones canarias, o mejor dicho, sobre todo de las instituciones autonómicas y municipales, ya que en el ámbito insular de los cabildos los ratios han sido históricamente mucho mejores, como también se puede apreciar en el resumen ejecutivo de nuestro informe. Ningún cabildo tiene ahora ningún incumplimiento de resolución de derecho de acceso pendiente de los tres últimos años. Y por eso hemos querido destacar el comportamiento de los siete cabildos, porque de alguna manera son un poco como una referencia ejemplar  para el resto de las Administraciones en el futuro.

A lo largo del año 2022 y primeros meses del 2023 hemos aplicado lo que les anuncié el año pasado, el programa de monitorización y verificación del cumplimiento, del que informé en esta Cámara y en la Comisión hace unos meses. Entonces, no constaba el cumplimiento de más de un tercio de las resoluciones; un tercio como ocurre en las comunidades autónomas que controlan estos datos, excepto en Navarra, que dispone en su ordenamiento de multas coercitivas para los incumplidores y donde no hay ni un solo incumplidor. Y esto  no porque se haya aplicado multas coercitivas, sino simplemente por el hecho de que, ante su existencia, los incumplimientos son absolutamente nulos, son cero.

Aplicando el programa que les anuncié el año pasado, se han producido estos resultados, como ven en el cuadro. De tener algunos años entre el 35 y el 50 % de resoluciones incumplidas, pasamos a que los incumplimientos en el año 2020 fueran solamente del 8,37 %, ni uno de cada diez; en el año siguiente, del 10,48 %, uno de cada diez;  y en el año 2022, del conjunto de las administraciones canarias, el 17 %, que yo espero reducir hasta por debajo del 10%, antes del verano, porque continuamos con ese proceso de requerimiento constante a las administraciones para que satisfagan las expectativas razonables y justas y acordes a derecho de los ciudadanos:  En los dos primeros años, por tanto, a menos de un 10 % los incumplimientos.

Quiero destacar estos avances, aunque no podemos estar satisfechos hasta que logremos por completo el cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso como han logrado en algunas comunidades.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán, por favor, una cuestión.

Le he dado tiempo. Le he dado un minuto más, medio, 30 segundos más. Yo le voy a dejar 30 segundos más y acabe, por favor.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta.

Por lo tanto, me gustaría simplemente destacar estos avances que no son del todo satisfactorios, como les decía, y dejar tres reflexiones para el siguiente turno del debate. En los tres últimos años he sugerido la implantación de multas coercitivas en diferentes debates para garantizar el derecho de acceso, como ya figura en la Ley de Transparencia, que les dije, de Navarra. También en el borrador de la ley estatal que está trabajándose y también en el borrador de la ley de gobierno abierto que este Gobierno ha estado manejando en los últimos dos años y que no ha llegado a esta Cámara, pero que espero que en la siguiente legislatura se desarrolle en paralelo a la ley estatal que también está cambiando en este momento.

Hemos aprobado la semana pasada una recomendación de publicidad activa para las entidades subvencionadas, que ya hemos visto antes que apenas tienen una nota media de 4,48, pero que va dirigida a todas las administraciones públicas, porque, en parte, el gran problema es que el desconocimiento amplio tanto en el sector funcionarial que debe de aplicar las ayudas, como en las ayudas cuando se reciben sin constancia y sin conocimiento de que están obligadas…

Muchas gracias y continuamos más adelante en estos temas y en cuantos quieran plantearme. Gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 Turno ahora para los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Fernández de la Puente, tiempo cinco minutos.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): Gracias, señora presidenta. Y buenas tardes, señor Cerdán.

Estamos ante el cierre de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica que ha sido. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante muchos meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las administraciones intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesara la actividad y el servicio a los ciudadanos, como, por ejemplo, hizo este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva realidad, ese periodo en que, poco a poco, se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer a día de hoy, salvo en aquellos centros médicos o farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 a finales del año 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos generales del año 2020 a 2021 fueron un claro incremento de la actividad. Usted ha hecho una exposición breve, pero concisa, de todos esos datos y yo voy a hacer referencia solamente a algunos de ellos.

El número de expedientes en el año 2020, 1.267, frente a los de 2021, que fueron casi 2.000. Y si nos fijamos en las consultas que se han realizado, pasan de 1.900 a más de casi 3.000. Unas cifras récord de lo que muestra la evolución que ha tenido la acción de este Comisionado.

Estas cifras de por sí serían muy buenas, si no fuera porque el año pasado se batieron nuevamente todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se evaluaron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que además la gestión de expedientes se duplicó pasando de 1.900 a más de 4.000 en el año 2022. Y si hablamos de las consultas, estas han pasado de casi 3.000 a unas 8.100. Como he indicado en su presentación, las actuaciones han pasado de 5.000 a 12.300.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia de informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento, el 100 % de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde se queda por hacer esfuerzo, como ya le dije en la Comisión cuando usted presentó este informe, es en las corporaciones de derecho público, 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los del año 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios, que no llegan al 50 %, concretamente ese 45 %.

En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más del ocho, salvo en el caso de las mancomunidades, que nuevamente llegan a un aprobado raspado con el 5,32. Poner de manifiesto, y me gustaría, porque me extrañó y se lo dije en la Comisión, la transparencia en cuanto a la Comunidad Autónoma, que haya bajado de un 9,65 a un 8,59. Sigue siendo un índice muy bueno, y este último año rompe con una tendencia de ejercicios anteriores.

Gracias a los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes Administraciones Públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser su obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados.

En este último informe de esta legislatura, y haciendo balance estos cuatro años, como le dije en mi intervención, se ve reflejado este esfuerzo de las Administraciones Públicas por dar satisfacción a la transparencia que debe prevalecer, pero, sobre todo, analizando los datos, pone de manifiesto el magnífico trabajo que un reducido equipo de personas que componen el Comisionado ha venido realizando.

Termino, señor Cerdán. En nombre de mi Partido Ciudadanos, les felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado, y el cual, por supuesto, hago extensivo a todo su equipo.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Fernández de la Puente.

 Turno para el grupo de ASG, señor Ramón Ramos Chinea, por tiempo también de cinco minutos.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Cerdán.

Agradecerle y reiterarle el agradecimiento que ya hicimos al Comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto, a todo el equipo, que son compañeros de esta cámara, y ya lo hicimos también, como digo, en la comisión de la semana pasada.

Hoy nos traslada, una vez más, los datos contenidos en este informe, relativos entre los años 2020 y 2022, un periodo en que las gestiones realizadas por la oficina o por el Comisionado han aumentado sustantivamente, hasta llegar a 12.277 gestiones realizadas en el pasado ejercicio, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes, incluyendo la mejora en las resoluciones, ya que, de las 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, un porcentaje bastante alto.

Sin duda, es una carga de trabajo que demuestra la proactividad y también la productividad y el continuo esfuerzo del personal del Comisionado, y los avances que han supuesto las herramientas digitales para realizar las comprobaciones necesarias en la labor de transparencia en la gestión de las administraciones públicas.

Y la nota general del Índice de Transparencia en nuestro archipiélago, en Canarias, ha subido hasta el 7,82, como ya decía, en el año 2021, destacando el sector autonómico con 8,51. Los cabildos con 8,42 y los ayuntamientos con un 7,37. Si bien es cierto que el sector privado, que debe rendir cuentas por recibir ayudas públicas, unas 3.161 entidades, pues ha llegado solo a un 4,84 %, aunque cabe destacar que ha subido, aunque sigue siendo ese índice insuficiente.

También es preocupante el cumplimiento de las obligaciones que tiene el acceso a la información pública en Canarias, porque la ratio de cumplimiento entre 2020 y 2022, en vez de subir, ha bajado en el conjunto del sector público.  Desde el 91,63 % se ha bajado al 82,25 %. Hoy hay que revisar las causas de este empeoramiento de datos, aunque consideramos que cada vez más administraciones y entes asociados optan por aumentar su implicación con la transparencia y acceso a esta información, siendo muchas veces los problemas de acceso derivados de la falta de recursos humanos y administrativos suficientes para dedicarlos precisamente a esa tarea.

Pero, como dice el refrán, «querer es poder», y esto es una cuestión de voluntad política. Precisamente en la comisión le daba datos de la isla de La Gomera, usted también lo hacía en su intervención, donde el Cabildo solo recibió dos reclamaciones y un índice de transparencia del 9,58 %, el mejor de todos los Cabildos. Además de la bajada importante de reclamaciones en los ayuntamientos de la isla, solo existiendo cuatro reclamaciones de las 304 que recibieron el conjunto de los municipios de todas las islas.

Y es verdad que a través de los indicadores se puede hacer un mayor esfuerzo de concentración, de motivación para mantener esa excelencia, pero también a través de las recomendaciones y pautas de la oficina del Comisionado podríamos corregir esas deficiencias y aumentar, y, por tanto, la respuesta que le damos también a la ciudadanía.

Señor Cerdán, la intercomunicación entre varias oficinas de Comisionados de otras regiones, a nivel nacional y en los distintos foros, se han realizado evidenciando algunas cuestiones en las que debería mejorarse, tanto normativamente como a través de distintas herramientas, este trabajo para potenciar e impulsar la transparencia y el acceso a la información que deben tener nuestros ciudadanos. Empezando, por ejemplo, por establecer consecuencias jurídicas a quienes incumplen estas obligaciones y los mecanismos para que a través de la oficina del Comisionado de Transparencia se aperciba y se pueda manejar este posible régimen sancionador con efectos jurídicos suficientes.

Y estas son reflexiones que tenemos que hacernos, porque la necesidad de ser transparentes es la misma, pero debemos revisar el sistema para comprobar si en estos años desde 2014, en que se creó el organismo, ver cómo nos vamos adaptando a la normativa y ver cómo ha ido esta mejora en la transparencia.

 Y termino agradeciendo una vez más, señor Cerdán, tanto a usted como a su equipo el trabajo…

(Pausa)

 Gracias, señora presidenta.

Simplemente para acabar, agradecerle, como le decía, señor Cerdán, el trabajo que realiza tanto usted como su equipo, agradecerle que vengan al Parlamento a darnos cuenta de esos datos y ver en qué vamos mejorando y dónde tenemos todavía que reforzar mucho más para que las administraciones públicas cada vez sean más accesibles al ciudadano.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, don Ramón Ramos Chinea.

 Turno para el Grupo de Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Cerdán.

Nosotros, el otro día lo planteamos en la Comisión, creemos que la sola existencia del Comisionado de Transparencia, digamos, es un valor en sí democrático, porque además estudia los índices de transparencia, no es que sancione, pero sí es verdad que en parte obliga, compromete a todas las instituciones a ser transparentes, y eso es un valor democrático que afortunadamente en nuestra comunidad lo tenemos y además hemos bajado la nota de incumplimiento. En datos, impresionante, la media de España de incumplimiento está en 35 y la nuestra estamos en 17, hemos bajado enormemente. Por lo tanto, creemos que la ciudadanía canaria tiene además en el portal de dicho comisionado todos los datos.

A nosotros nos ha interesado bastante analizar no solamente las entidades públicas dependientes de los organismos, cabildos, ayuntamientos, también el gobierno de Canarias, sino también las entidades privadas, hasta un total de 3.161. Se analizan las entidades que han tenido algún tipo de subvención por encima de 60.000 euros, y eso a nosotros nos parece relevante y la ciudadanía tiene que saber de qué estamos hablando.

A continuación, comentaré algunas. Entidades evaluadas del sector privado 3.161, esto sobre un censo total de 3.766, como ya se ha dicho aquí, con unas actuaciones del Comisionado, que han evolucionado de 5.000 a unas 12.000 y pico. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un trabajo impresionante, que además agradecemos también la presencia aquí de todo su equipo, que está aquí en el palco, y está bien que estén en el palco porque se merecen una consideración especial de toda la ciudadanía canaria, del trabajo incesante, estadístico que hacen ahí también, llamadas y todo este tipo de cosas. Como se ha indicado aquí, la participación ha subido muchísimo, del 100 % casi en las entidades públicas, las entidades dependientes, también en el sector privado…

Esta mañana se decía en alguna intervención por parte del Partido Popular que este gobierno no es transparente, que la comunidad no es transparente, en fin, están quejándose constantemente, incluso de que la Radio Televisión Pública Canaria no es transparente. Pues bien, el dato es el dato que le puedo decir, lo demás es propaganda. Es verdad que hemos bajado la Comunidad Autónoma en transparencia desde un 9,6, está en un 8,59, no llega al punto de baja, pero estamos rondando el sobresaliente.

En cambio, la Radio Televisión Canaria está en un índice de transparencia de 9,97 y la radio de 9,96. Por lo tanto, transparencia máxima. O sea, cuando digan que no somos transparentes, ahí está el dato. Por si se quieren entretener en mirarlo, yo me he entretenido.

En definitiva, yo creo que estamos en una senda positiva, estamos avanzando en niveles de transparencia. Nosotros el otro día en la Comisión llamamos la atención sobre un hecho y es la cantidad, la enorme cantidad, porque se ponen a leer ahí todas las entidades que han cobrado subvenciones por encima de 60.000 euros y resulta que hay un montón de empresas hoteleras, turísticas y derivados que no responden, que incumplen, por ejemplo, no sé, por citar algunas, Promociones Turísticas Tenerife, cobra un millón de euros de subvenciones y no tiene datos de transparencia. Paloma Viz Apartamentos, sin datos, cobra 887.000 euros. Hoteles del Atlántico, casi 500.000 euros, un 0,9 en transparencia. Entonces, creo yo que estos datos también soparán, esto es lo que estudiamos y hagamos un seguimiento también a de dónde se están dando determinadas subvenciones, porque después hay entidades sin ánimo de lucro, no sé, la Cruz Roja, un 10 en transparencia. Caritas, un 10. Radio Beca, un 6,3. Aldeas Infantiles, 8,6. La Federación de Arrastre Canario, 8,24, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, hay datos ahí muy interesantes. También me gusta ver el dato de Global -Salcai Utinsa, para los más viejos- un 8,79 y Titsa también, esto es un 9,20.

Por lo tanto, señorías, yo creo que estamos en la comisión fundamental del Gobierno de Canarias que garantiza la democracia, la transparencia. Aquí están todas las personas y entidades que pueden perfectamente también evaluar los datos. Creo que es un instrumento de ejercicio democrático, por lo tanto, merece la pena darles un vistazo a estos datos y garantizar que la democracia sigue caminando, le pese a quien le pese y no hay retorno.

 Muchas gracias, señorías, y al equipo del Comisionado.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Déniz.

 Turno para el Grupo de Nueva Canarias, señor…

 

Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias): Buenas noches, señorías. Buenas noches, señor Cerdán.

Muchas gracias por su exposición y agradecerle el trabajo, esa dirección del Comisionado, agradecer a todo su equipo en el trabajo que vienen haciendo para cumplir con uno de los preceptos y con una de las instituciones que nuestro Estatuto de Autonomía contempla. Por tanto, en el fondo también, una de las instituciones de autogobierno en nuestra tierra.

Cuando hablamos del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, estamos hablando, sin duda, de una institución que entre muchas cuestiones viene a mejorar la calidad democrática en nuestra tierra, viene a garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía, viene a estimular al conjunto de las administraciones públicas a explicar lo que hace, cómo lo hace, y en todo caso, por cuánto lo hace. Pero también, y de manera importante, y es una de las cuestiones a las que me referiré en mi intervención, evidenciando que también el sector privado que recibe recursos públicos está obligado, por tanto, a rendir cuentas, a ser transparentes para el conjunto de la ciudadanía.

Creo que el trabajo que ustedes han venido desarrollando en los últimos años es excepcional. Lo decía al principio, con muy pocos recursos, en su arranque, pocas personas, pocas cuantías económicas, crear una estructura que poco a poco se ha ganado no solo el respeto, la credibilidad, más allá de las críticas iniciales a todos los que recibíamos en alguna institución, ese tirón de oreja, esa llamada de atención, pero que poco a poco entendíamos que ese era un papel fundamental que le correspondía hacer a ustedes, pero, en definitiva, lo que ustedes estaban haciendo era porque lo que nos correspondía hacer a nosotros no lo estábamos cumpliendo. Por lo tanto, felicitarles también por la forma, el cariño y la insistencia para que todo eso se fuera produciendo.

Años en los que el crecimiento del trabajo ha sido importantísimo. Fíjese que no voy a dar prácticamente ningún dato estadístico, usted ya los ha planteado algunos de los que me anteceden. Creo que, en esta última intervención, en esta legislatura referida al Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, y al menos desde Nueva Canarias queríamos resaltar la parte más cualitativa de lo que representa al Comisionado, su evolución en este tiempo, y también los retos de futuro que tiene que afrontar en los próximos años para seguir cumpliendo con sus objetivos y con sus fines.

Fíjese que decía que ha habido un crecimiento del trabajo que ustedes han venido desarrollando importante. Cuando hablamos del crecimiento del trabajo de una figura como el Comisionado, mañana a primera hora, prácticamente, también tendremos la comparecencia de la Diputación del Común. Yo le decía en la Comisión correspondiente que cuando el número de expedientes crece, en la mayoría de las ocasiones, las reclamaciones o las quejas en el caso de la Diputación del Común se incrementan. Yo no sé si eso es una buena noticia o es una mala noticia. Mi interpretación es que es una buena noticia, porque esto es como aquellas cuestiones que pensamos que no sucedían o no suceden y en realidad sí, y afortunadamente cuando la sociedad se atreve a denunciar, a exigir lo que les corresponde, es cuando se evidencia que existía un problema. Sería deseable que no hubiera ni una sola denuncia, ni una sola reclamación, por supuesto, y esa es la aspiración a la que tenemos entre todos, con el papel de acompañante y de tutor, y en cierta medida de velar por que eso suceda, del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias es el objetivo a alcanzar. Pero lo que es cierto es que, si cada vez más personas reclaman, es porque afortunadamente también, y eso es una tarea importante en el aspecto positivo del trabajo que ustedes han hecho en los últimos años, cada vez más gente, más ciudadanos en esta tierra conocen sus derechos, conocen la figura del Comisionado y de su institución y por tanto la utilizan. Creo que ese es un aspecto importante.

Fíjense, aspectos también relevantes, al menos en este último informe. Usted lo decía, se había comprometido con anterioridad a mejorar una vez que se había avanzado de manera notable en los índices de transparencia, en los portales de transparencia de las administraciones públicas, el compromiso de garantizar que el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía era efectivo. Un trabajo importante que no es nuevo de este último año, que viene desarrollándose en los últimos años, pero en el que han tenido una mirada especial en estos últimos ejercicios con un notable incremento de las resoluciones por su parte.

Pero yo quiero poner también en evidencia un aspecto importantísimo en este último informe. Y fue un compromiso que usted tuvo también en la última comparecencia anterior, en el ejercicio anterior, y era ser capaces de impulsar la transparencia de todas las empresas privadas que habían sido beneficiarias de recursos públicos. Obviamente, las administraciones públicas tenemos que ser los que demos ejemplo, estamos obligados, pero también están obligadas las empresas públicas que reciben cuantías superiores a determinados niveles, 60.000 euros en algunos casos, cuantías superiores en otros, a ser transparentes con el conjunto de la población. Y han llegado a miles de empresas.

Cierto es que con la colaboración de todas ellas, agradecimiento también a quienes así lo han hecho, y también quiero cerrar esta intervención agradeciendo, ya lo hacía al principio, a todo el personal del Comisionado, pero por extensión a todo el personal del conjunto de las administraciones públicas que han participado para que finalmente este trabajo sea posible.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Campos.

 Turno ahora para el Grupo Popular. Señora, Reverón.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Lo primero, pues darle la bienvenida al señor comisionado y a su equipo, que el otro día tuve el honor también de felicitarles y de verdad les felicitamos del Partido Popular por el gran trabajo que están haciendo y que siguen haciendo con estos informes.

También quiero agradecer la labor que han desempeñado todos los funcionarios y todos los empleados públicos de todas las entidades públicas, que han hecho realidad la transparencia, pues hoy en día estemos hablando de ella, y sobre todo gracias al avance de esa aplicación telemática de Canarias.

Señorías y señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia ha sido clave y esencial. No en vano, la primera ley de transparencia, ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue obra del Partido Popular bajo la presidencia del presidente Mariano Rajoy. Y quiero recordarlo, ahora que está tan de moda hablar de ese gobierno abierto y que algunos intentan ponerse continuas medallas.

Ahora bien, sí tengo que decir que la falta de acceso a la información puede tener graves consecuencias para la sociedad. Por ejemplo, puede permitir la corrupción y el abuso de poder, ya que aquellas personas que están en posiciones de autoridad, pues pueden ocultar sus acciones y, sobre todo, sus decisiones. Es importante que los gobiernos reconozcan la importancia del derecho a la información y a la transparencia, y que trabajen para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esa información tan relevante y necesaria. Asimismo, es fundamental, por supuesto, que los ciudadanos sean conscientes que tienen ese derecho y gracias a sus campañas de comunicación que ha hecho y publicidad, cada vez lo saben más; porque lo cierto es que estamos asistiendo a unos nuevos tiempos de la sociedad de la información que la desinformación parece que está a la orden del día y eso es peligroso.

En este contexto, la transparencia real es una garantía y renunciable de cara a la ciudadanía y también a los medios de comunicación para que dispongan de las herramientas suficientes para que puedan fiscalizarnos, para que puedan fiscalizar a sus representantes públicos. Y nuestro caso también es una herramienta importante que nos sirve para poder ejercer la labor de fiscalización que todos tenemos. Y en este sentido, sí me gustaría hacer un paréntesis, que hice esta mañana.

Vamos a ver, estamos en el último pleno de esta décima legislatura y en el día de hoy he tenido que denunciar públicamente cómo el Gobierno de Canarias ha dejado al grupo parlamentario de contestarle casi 300 solicitudes de información. Señoría, 300. Y me hace gracia que hoy tenga que escuchar a esta última hora de la noche, que a algunos está claro que no les interesa lo que estoy diciendo. Me hace gracia que algunos vengan y digan, «hombre, es que ha habido empresas que han sacado un 0,3 % en transparencia porque no han contestado». Y yo digo, si me lo permiten, que estamos en confianza yo creo más a estas horas ya de la noche. ¿Perdón? Ah, es que no contesta una empresa privada, Pero y ¿qué pasa con el Gobierno de Canarias? ¿Cómo vamos a pedirle nosotros a las empresas privadas que sean transparentes cuando el propio Gobierno de Canarias no lo es con la oposición, señorías? Y esto deja mucho que entrever.

Por tanto, lo decía esta mañana, la conclusión es clara, ¿qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias? ¿Ustedes saben lo que son 300 solicitudes de información? y ni una sola respuesta. Por tanto, ese dato que ha dado el Comisionado de Transparencia que la Comunidad Autónoma ha aprobado además con nota, tiene un sobresaliente a mi grupo parlamentario, no nos sirve de mucho, porque la otra cara de la moneda es que no nos contestan, o, mejor dicho, no dan la información que no les interesa, porque a otras cosas sí que contestan. Por tanto, señorías, hoy que hablamos de transparencia, transparencia del resto de las Administraciones Públicas, porque lo que respecta al Gobierno de Canarias y su deber de informar a quienes tenemos el derecho legítimo de obtener esa información, pues no lo recibimos. Por tanto, yo sí les voy a decir a los grupos que apoyan al Gobierno, en un Estado de Derecho donde está la división de la separación de poderes, les guste o no les guste, van a tener que seguir contestando a la oposición.

Como ya me queda poco tiempo, yo quiero terminar con lo siguiente. Confiamos en todas las estadísticas que nos ha dado el Comisionado de Transparencia y esperamos que esas estadísticas no se queden solo en eso, en esa foto fija, y que cada vez se pueda seguir trabajando en esta transparencia para que todos y cada uno de nosotros podamos tener acceso a…

Voy terminando, digo que espero que el Comisionado y todo su equipo siga haciendo esa labor de pedagogía para que todos podamos seguir teniendo acceso a esa información tan necesaria para poder fiscalizar y controlar lo que hacen los representantes públicos.

 Muchísimas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Nacionalista Canario. (Pausa) Adelante señora Beato.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Comisionado, bienvenido a esta cámara y también a todo el equipo que le acompaña. Un año más le felicitamos por el rigor y la profesionalidad que siempre demuestra en sus informes.

En cuanto a las obligaciones de transparencia, los datos reflejan una correcta evolución de las instituciones, salvo en contadas excepciones, sobre todo en los ayuntamientos. Podemos afirmar a la vista del informe que en el plano formal las instituciones canarias con carácter general cumplen. Y recalcamos lo de “en el plano formal”, porque señorías, nos preguntamos si es suficiente con el cumplimiento formal de la ley.

¿Se están garantizando los derechos de los ciudadanos a conocer el porqué de las decisiones de sus gobiernos? ¿Es posible conocer la verdadera razón y la motivación de las políticas que nos afectan? Mientras asistimos a gobiernos inmunes a las críticas, alejados de la realidad, amparados en su mayoría parlamentaria, a quienes les incomoda el más elemental diálogo de preguntas y respuestas. ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha tenido programa de gobierno, anunciado, pero nunca aprobado y ni conocido por la ciudadanía? ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha dado cuenta como corresponde de su programa legislativo en el Parlamento? ¿Que pide consenso mientras decide unilateralmente acuerdos, planes y proyectos que nos presenta aquí a hechos consumados? Un gobierno con un curioso sentido de la democracia parlamentaria que expresa en sentido peyorativo que hacemos política cuando preguntamos o nos interesamos por los problemas reales de la ciudadanía.

Y recordando al filósofo Byung Chul Han, la relación entre la transparencia y la mera apariencia, gobiernos más preocupados por las apariencias que por la realidad, para el que todo es positivo, “Canarias va bien”, dicen, “el milagro canario”, con los peores datos de dependencia, con los peores datos de lista de espera sanitaria y el colapso de la atención primaria, sin plazas sociosanitarias nuevas, sin viviendas nuevas en esta legislatura.

No es posible ocultar la realidad negando la realidad. ¿Y puede sacar sobresaliente en transparencia un gobierno que ni siquiera quiere debatir en esta Cámara si se crea o no una comisión de investigación para conocer qué pasó con 4 millones de euros empleados en mascarillas que nunca llegaron a Canarias? ¿Es posible que apruebe un gobierno que no sabe o no quiere explicar por qué un individuo en plena pandemia deambulaba haciendo negocios presuntamente turbios utilizando dependencias públicas? Un gobierno que esconde la cabeza cuando preguntamos quién, por qué y para qué le facilitó el salvoconducto que le permitió acceder a edificios y despachos oficiales.

En definitiva, señor comisionado, muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Y cómo puede actuar el Comisionado de Transparencia ante esto? ¿Cómo se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos y los derechos políticos de quienes ejercemos la oposición? Porque echamos de menos una mejora cualitativa de la transparencia. Y no puede aprobar un gobierno que ha hecho lo que ha querido y muy poco de lo que dijeron que harían.

Muchas gracias, señor comisionado. Concluimos reiterando la felicitación por el trabajo realizado y animándolo a seguir con esta profesionalidad en la defensa de la transparencia de la gestión pública.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Socialista Canario. (Pausa) Adelante, señor diputado. Señor Mauricio.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): Muchas gracias, presidenta.

Antes de pensar, hablar de lo que hemos venido a hablar, parece que a los grupos de la oposición les molesta el sobresaliente que tienen las administraciones públicas y especialmente el Gobierno de Canarias. Sí que quiero comentar, porque lo hicieron en la Comisión y lo vuelven a hacer hoy y me parece una falta de consideración al comisionado que ha presentado dos informes y ni siquiera hablan de ellos. Y yo les digo una cosa, ustedes han presentado, según parece, han denunciado esta mañana que han presentado 300 preguntas y todo esto. Bien, ustedes han presentado 300 preguntas, las preguntas las presentaron, he visto yo los registros, desde el año 2019. Las han traído a Pleno en el último pleno de la legislatura, cuando habían presentado las preguntas en septiembre de 2019. La Cámara tiene instrumentos para la labor del diputado, que es traerlo a Pleno. De forma inmediata, el gobierno tiene un mes y al mes lo puede traer a Pleno. Es más, puede traerlo a Pleno en un mes y si no consigue una respuesta que le satisfaga, pueden dictar resoluciones o instar a que se dicten. Cero resoluciones en esta Cámara, en esta legislatura. Cero sobre la transparencia del gobierno, que es sobresaliente. Y así lo recoge el propio informe. El informe lo dice claramente, la población canaria disfruta de un nivel altísimo de transparencia.

Pero yo, como no quiero ser desconsiderado, el tiempo que me queda lo voy a dedicar al agradecimiento de todo el equipo del Comisionado, al comisionado, porque aquí se le agradece al comisionado, pero no se habla de su trabajo. Se le dice que hay un buen trabajo, pero su trabajo no se valora adecuadamente. Y yo creo que sí lo debemos hacer. Y en este sentido, yo he visto en este informe, en estos dos informes, un crecimiento en el mapa de obligaciones, que eso es un éxito ya per se, y un crecimiento en los sujetos obligados a evaluación. Y este crecimiento tiene que ver con la labor del Comisionado, que empezó realizando en el año 2020 la primera campaña institucional sobre el derecho de acceso a la información realizada en Canarias en estos años. Centrada, sobre todo, en mil cuñas, bajo el lema «Canario conoce tu derecho a saber y preguntar». Y los canarios lo han hecho.

Y la respuesta ha sido: al informe pasado, se incorporó la evaluación de las 66 corporaciones públicas de Canarias, es decir, los colegios profesionales y las cámaras de comercio. Pero el informe del año 2020, realizado en el 2021, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones, lo que supone un 81,82 %. En la evaluación realizada en el año 2021, se decidió emplazar y rendir cuenta de la propia transparencia a las entidades privadas que recibieron subvenciones en el año 2020 por 60.000 euros del Gobierno de Canarias. Pero en ese año también se incluyó a todos aquellos sujetos que recibían ayuda de los cabildos insulares por más de 100.000 euros, que percibieron de los fondos de la Administración. De este modo, el censo de sujetos obligados subió hasta los 706. Y de estos 706, el 82,1 %, es decir, 579 entidades, presentaron su declaración de transparencia.

Este informe, como he dicho, con 335 sujetos obligados de los 347 presentaron su declaración de transparencia, por primera vez alcanzaron una media notable del 7,5, es decir, que ya estamos en niveles de notable, sobresaliente, en todas las administraciones. Muy destacable el avance de las 146 entidades que alcanzaron puntuaciones iguales o superiores a nueve puntos, esto es el 43,58 %,  cuando en referencia al anterior informe fue solo de un 29,19.

Pero si analizamos las puntuaciones teniendo en cuenta también a la población  correspondiente a cada administración, el conjunto de las 96 instituciones logró una media ponderada también por primera vez de sobresaliente, 9,24 puntos, más de tres puntos por encima del valor obtenido en 2016.

 En suma, aunque a algunos no les guste, y así lo recoge el informe, la población canaria en general puede disfrutar de un buen nivel de transparencia activa.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor diputado.

 Concluido el debate del informe del Comisionado sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ah, perdón, corresponde cinco minutos, señor comisionado. Señor Cerdán, disculpe.

 Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos de nuevo.

Gracias por los reconocimientos, por el estudio que he visto que han realizado del informe y también quería ampliar mi agradecimiento, como lo hago todos los años, excepto este que se me pasó, a los más de 3.500 personas, en este caso, por primera vez, más privados que públicos, pero prácticamente cerca de mil funcionarios, más de 2.500 personas del sector privado, que han colaborado con nosotros analizando sus portales, cargando los datos en nuestra sede electrónica, por lo tanto, siendo conscientes de sus lagunas o aciertos en transparencia, y por lo tanto, se han producido unas sinergias internas para que mejoren ellos y nosotros aprendamos más. Y por eso me gusta siempre destacarlos.

Desde el sector privado también quería, se ha comentado aquí alguna cosa, quería destacar que el 4,48, a pesar de que puede parecer una nota baja, para nosotros, no es baja porque es la más alta que conocemos en España, porque es la primera comunidad que lo evalúa y nadie puede decir en el sector privado en España que está por encima. Y entendemos, además, que esto ocurre porque generalmente en las convocatorias de las subvenciones e incluso en la divulgación de las subvenciones y en la comunicación de la concesión de la subvención, no se recuerda suficientemente al perceptor las obligaciones de transparencia que tienen, no solamente en base a la Ley de Subvenciones, sino en base a la Ley de Transparencia de Canarias [y estatal], que les obligan, como ustedes saben, a publicar 12 elementos informativos en su web, en su micro portal de transparencia.

En ese sentido, la semana pasada aprobamos una recomendación que ustedes tienen ya en el portal del Comisionado, dirigida a las 98 administraciones canarias para que en sus convocatorias informen a los perceptores, a los beneficiarios, de las obligaciones que conlleva recibir más de 60.000 euros [https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/138/bo138.pdf]. Con menos de 60.000 euros no tienen una obligación formal, más de 60.000 euros tienen la obligación de contarlo en su web, contar algunas cosas importantes, como su propia cuenta de resultados, en muchos casos. Tengan en cuenta que el año pasado, en el 2021, más de 200 empresas canarias recibieron más de un millón de euros. Y casi 30 recibieron cinco millones de euros. No estamos hablando solamente de pequeñas entidades, estamos hablando también de entidades, empresas importantes que han recibido mucha financiación. En ese sentido, me gusta recordar eso, porque también hay una parte que nos corresponde a nosotros y a las 98 administraciones en mejora, en el  impulso para que eso mejore, no solamente al sector privado.

Por otra parte, me gustaría, al final, detenerme un momento no solamente en los reconocimientos y valoraciones positivas que nos han hecho, sino sobre todo en la que más nos enseñan. En las valoraciones críticas hacia nuestro trabajo y hacia el conjunto de lo que es el nivel de la transparencia en Canarias. Valoraciones críticas cuando se nos ha dicho, con cierta razón, que se echa de menos una mejora cualitativa del sistema de transparencia. Para empezar, el sistema de transparencia siempre es mejorable, aunque llegáramos al cielo y más. La transparencia es un horizonte, y los horizontes saben ustedes que, cuando se alcanzan, siempre aparecen detrás horizontes mejores. En segundo lugar, es cierto que tenemos ya dos años de cumplimiento más que notable de los portales de transparencia, pero, como les he dicho, aunque hemos mejorado en el derecho de acceso, fundamentalmente este año, y hemos mejorado mucho, nos queda un tramo por mejorar.

No he entrado en particularidades, pero, si tuviera tiempo, desgranaría un poco dónde están los agujeros en el derecho de acceso al ciudadano. Me gustaría, en los dos minutos que me quedan, centrarme en otro de los temas que han salido aquí hoy y que salió en la Comisión [de Gobernación] del otro día, que se refería al propio derecho de acceso de los parlamentarios de esta Cámara, de los parlamentarios de esta Cámara y de las diecisiete cámaras Autonómicas, y si me apuran, del Congreso y del Senado, porque mi conclusión, después de estos años de análisis e investigación en esta materia, es que, en general, las cámaras parlamentarias aprobaron buenas leyes de transparencia para este país, tanto a nivel nacional como autonómico, y se olvidaron de actualizar sus reglamentos en la misma medida sobre la transparencia.

Al punto que yo, en muchas ocasiones, y alguna diputada lo comentaba ahora y en la legislatura pasada cuando no estaba en el Gobierno, sino que estaba en la oposición, en muchas ocasiones tiene más rápida respuesta un ciudadano que un diputado, dado que, a través de los diferentes trámites y requisitos y tiempos, desde que presenta la pregunta, se califica, se manda a la viceconsejería, al departamento, vuelve para… (…) inferiores a los del ciudadano. En ese sentido…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Sí, señor Cerdán. Sí, un minuto, vaya concluyendo. Un minuto.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: En ese sentido, creo que uno de los actos finales de este mandato, de este Comisionado, va a ser una estimación de prácticamente más de 20 de las 28 reclamaciones que nos interpuso en el mes de diciembre (no es una cuestión de esta mañana ni de hace dos semanas), una parlamentaria de esta Cámara, Nereida Calero, reclamando sobre 28 de esas 300 no respuestas que se han indicado en esta tarde aquí, 28 que correspondían a otras tantas solicitudes de información, no de opinión, de información, de datos, a través de solicitudes de información o a través de preguntas por escrito. De alguna manera nos sumamos a la tendencia en España que han abierto los comisionados del Consejo de Transparencia de Cataluña y el de de Navarra, que han admitido y estimado, diríamos, reclamaciones de derecho de acceso de sus parlamentarios. El Comisionado de Transparencia de Canarias se suma a ese movimiento, lo mismo que hicimos en el año 2016 al ser de los primeros en amparar a concejales y…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Concluya, señor… Concluya.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Concluyo.

Y, por lo tanto, les anuncio que vamos a emitir resoluciones amparando por primera vez demandas de información de parlamentarios, que me gusta que sea en este momento, en un momento en el que estamos a punto, …de que no se sabe ahora quiénes estarán en el futuro teniendo que dar información y quiénes estarán pidiéndola.

Por lo tanto, es un momento oportuno para recordarles que se abre esta nueva herramienta de mejora de la transparencia, no solamente en la calle, sino dentro del propio sistema autonómico, de la propia cámara autonómica, porque no olvidemos, y con esto acabo, que ustedes, los 70 parlamentarios que conforman esta Cámara, representantes de todos los canarios, preguntan más al Gobierno que los dos millones de canarios juntos. O sea, que lo sepan, ustedes preguntan más al Gobierno. Y hasta ahora no tenían las vías, no tenían las vías de reclamación rápida, gratuita…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán…

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  (…)

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 (aplausos)

Le damos las gracias. Siempre el tiempo se queda corto. Muchísimas gracias al señor Comisionado de la Transparencia, a todo su equipo por los informes elaborados.

Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.