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Se activa un programa para reducir los incumplimientos de resoluciones de transparencia favorables a la ciudadanía

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– Presentación del informe del Comisionado en el Pleno del Parlamento de Canarias

– Hay todavía 137 resoluciones sin cumplir, que se espera reducir a treinta a finales de año

Grabación de la presentación del informe en el pleno del Parlamento de Canarias

El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado este miércoles 25 de mayo el informe anual de transparencia de 2019 y del avance de los informes de 2020 y 2021 en el pleno del Parlamento de Canarias. Dio cuenta de la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a información a los ciudadanos que reclaman a esta entidad por la falta de respuesta de las 98 instituciones de Canarias.

Los datos señalan que, de las 384 resoluciones estimatorias para los ciudadanos frente a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos en los años 2020 y 2021, en 201 expedientes no existía constancia de cumplimiento el pasado mes de enero. En cuatro meses se ha reducido ese incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes de cumplimiento 137 resoluciones. El equipo del Comisionado espera reducirlo otro tercio más el próximo cuatrimestre y que sean menos de treinta expedientes a final de año. “Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible”, indicó el comisionado.  

Cerdán anunció que la evaluación de este año con respecto al ejercicio 2021 comenzará el próximo 31 de mayo y se emplazará, además de a las administraciones y entidades públicas, a más de 3.200 entidades privadas que fueron perceptoras de subvenciones en 2021, frente a las 706 convocadas en el año anterior. El Comisionado de Transparencia “tiene la misión optimizar todo lo posible el sistema de rendición de cuentas informativas a los ciudadanos. Tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes de ellas; como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones, que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años evaluamos” indicó el comisionado. El número de expedientes de evaluación gestionados por el equipo del Comisionado de Transparencia aumentará casi un 60 % más que el año pasado.

Todos los evaluados conforman el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a las intervenciones de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. “Solo ya por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos, la eficiencia publica crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas en las leyes y en las garantías prestadas por consejos y comisionados de transparencia; y por los jueces en última instancia”, destacó Cerdán.

Con respecto a los datos de las evaluaciones anteriores, todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas  en los  portales de transparencia,   determinadas por las leyes estatal y autonómica.

El comisionado señaló que, en la quinta edición anual del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1.119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, 968 exactamente presentaron su autoevaluación de transparencia en 2021 a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. “Emplazar cada a año a que sean transparentes sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que no lo hacen lleva a la mejora, no lo duden. Está comprobado”, recalcó a los diputados presentes en el pleno.

Continúa incrementándose la participación año tras año, lo que permite al Comisionado calcular así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y al 95 % de todas las entidades del sector público. El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse en dos comunidades autónomas y lo hará en más en el futuro. 

En cuanto al derecho de acceso a información, los datos no son tan positivos, como se señalaba al principio. El Comisionado de Transparencia ha podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso, derivado, según señaló Daniel Cerdán, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder; no solamente coste administrativo o político, sino también social o reputacional.  “El silencio administrativo –dijo– no es un despiste, es un silencio activo, decisivo muchas veces (del que decide). Una administración puede perfectamente negar una información porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera de cinco líneas que cuesta cinco minutos. El silencio no enuncia, no afirma ni niega, no indica, ni apunta, ni sugiere: desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas», que sentencia también el refranero. El silencio administrativo es una «gran vacuna contra la verdad». Y por eso debemos combatirlo”.

Turno de los grupos parlamentarios

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron a las personas responsables de la transparencia y de la rendición de información en las evaluaciones anuales por la mejora progresiva de los datos con respecto años anteriores.

Con respecto al silencio administrativo, Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del grupo parlamentario Mixto señaló “que ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno, en algunos casos, a la toma de decisiones que pueden tener como resultado la falta de generación de actividad económica, o simplemente la falta de información”.

Desde el Grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea pidió que se den los medios al Comisionado para que puedan realizar esta labor institucional porque con los recursos que tiene, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.

El portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, destacó que la competencia que hay entre las instituciones con respecto a las puntuaciones en el Índice de Transparencia “nos parece que es sana y que no se puede descuidar. Mucha gente se está poniendo las pilas para competir por la mayor transparencia”.

Por otro lado, Luis Alberto Campos, portavoz del grupo parlamentario Nueva Canarias, recalcó que el Comisionado es una institución que vela por seguir incrementando el nivel de transparencia y, por tanto, de la calidad de nuestra democracia y “si se mejora -desde el punto de vista de la transparencia- la rendición de cuentas; las sociedades avanzan, la calidad de las instituciones avanza”.

Por el grupo parlamentario Popular, Astrid Pérez manifestó que “en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news están a la orden del día y es en este contexto en el que la transparencia real es, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático”.

Para María del Socorro Beato, del grupo parlamentario Nacionalista Canario, hay una buena evolución de los resultados, pero siguen siendo insuficientes “porque -explicó- además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya una verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer”.

Por último, Yolanda Mendoza, portavoz del grupo parlamentario Socialista, indicó que, haciendo balance de los siete años de vida del Comisionado de Transparencia y con los datos del informe, se puede afirmar “que el derecho de información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad”.

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Por primera vez en seis años la media del sector público canario supera el notable en transparencia, con un 7,7

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No alcanzan el aprobado 62 de las 347 entidades públicas

Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Parlamento de Canarias

Transcripción de la presentación del Informe en la Comisión de Gobernación

Por primera vez en seis años, la puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 347 entidades de todas las instituciones canarias superó el notable, al situarse en 7,7 puntos. Doce entidades seguían sin mantener y evaluar sus portales de transparencia desde que se aprobó la ley y son consideradas incumplidoras; y cincuenta no alcanzaron la nota de 5 en la última evaluación.

El comisionado de Transparencia anunció la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, complementario al ITCanarias, tendente a garantizar la entrega de la información a los ciudadanos con resoluciones favorables a sus preguntas y a determinar las responsabilidades administrativas de los que siguen sin mantener unas mínimas obligaciones informativas en internet, mediante portales de transparencia.

Las doce entidades definidas como incumplidoras en la evaluación son: El Consejo Insular del Agua de Lanzarote (Cabildo insular de Lanzarote), Eólicas de Fuerteventura (Cabildo Insular de Fuerteventura), Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA), Parque Tecnológico de Telde, S.A., Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L., Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L.; así como  las mancomunidades de municipios siguientes:  del Centro-Norte de Gran Canaria [que ya ha activado recientemente su portal de transparencia],  del Centro-Sur de Fuerteventura, de la Isla de Lanzarote (RENSUITAL), del  Nordeste de Tenerife, de  San Juan de la Rambla-La Guancha y la Mancomunidad  de Gran Canaria para la Potenciación  de  Energías Renovables, Investigación y Desarrollo.

Este lunes, 28 de marzo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha presentado su informe anual sobre el ejercicio 2019 y 2020 y los avances en la evaluación del ejercicio 2021 ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias. En el debate intervinieron Daniel Cerdán y los portavoces Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto), Melodie Mendoza (Agrupación Socialista Gomera -ASG), Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias), Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias), Luz Reverón (Grupo Popular), María del Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario) y Yolanda Mendoza (Grupo Socialista Canario).

En 2021, el Comisionado de Transparencia de Canarias gestionó 1.966 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, un 55 % más de expedientes administrativos que en 2020. En total, 4.946 expedientes administrativos abordados desde 2015, a los que se suman otras 5.411 actividades centradas en consultas y formación, como jornadas formativas, seminarios web y videotutoriales; consultas sobre evaluación o la difusión de noticias y vídeos en la web y canal de Youtube de la institución; hasta un total de 10.357 asuntos tratados. Tal crecimiento fue posible por el alto grado de gestión digital de sus procedimientos y por la intensa colaboración de los más de 800 funcionarios de todas las instituciones canarias y más de 400 trabajadores de empresas subvencionadas. El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recalcó en la comisión que se trata de un trabajo en equipo: “A ellos quiero expresar mi reconocimiento porque sin ellos nada de esto sería posible”.

En este 2022 se espera un crecimiento estimado del 57 % de las actividades del Comisionado de Transparencia, que se afrontará sin aumentos de la plantilla, cubriendo únicamente dos de las vacantes actuales.

Con respecto al derecho de acceso a la información pública, en estos casi siete años de existencia, de los 1.533 expedientes de reclamaciones resueltos, se inadmitieron 307 porque en la mayoría de los casos no estaban solicitando información o presentaron la reclamación fuera de plazo. De las 1.226 reclamaciones admitidas, se estimaron totalmente 601; parcialmente, 139; y formalmente por entrega de la información fuera de plazo o en trámite de audiencia, otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. En 65 casos las resoluciones fueron desestimatorias, 128 fueron terminaciones por pérdida de objeto de la reclamación y en 50 casos se produjo el desistimiento del reclamante.

Durante el año 2021, se produjo un incremento del 36 % en el número de reclamaciones, donde se recibieron 525 reclamaciones de personas a las que alguna de las instituciones o entidades públicas canarias les habían denegado una o varias peticiones de información.

Por otro lado, el Comisionado de Transparencia viene comprobando el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias desde el año 2015. En aquel primer análisis, las administraciones públicas se estaban adaptando a la reciente ley de transparencia canaria y solo colaboraron con el Comisionado de Transparencia 37 entidades. En la última evaluación de los portales de transparencia, únicamente 12 de los 347 sujetos públicos obligados a presentar su declaración no colaboraron con el Comisionado, es decir, el 3,46 %. Y, por primera vez en seis años,  la nota media del conjunto del sector público del archipiélago superó el notable, con un 7,7 como promedio de las evaluaciones del ejercicio 2020.

En el informe anterior, se incorporó a la evaluación a las 66 corporaciones de derecho público de Canarias, entre colegios profesionales y Cámaras de Comercio, y se solicitó la participación de las 487 entidades privadas que recibieron ayudas y subvenciones por importes acumulados superiores a 60.000 € del Gobierno de Canarias en 2019.

En la evaluación realizada en 2021, no solo se emplazó a rendir cuentas a las entidades privadas que recibieron subvenciones en 2020 de más de 60.000 € del Gobierno de Canarias, sino también a todos aquellos sujetos que recibieron ayudas públicas de los cabildos insulares por más de 100.000 € o que percibieron fondos públicos de las administraciones mencionadas que en total superaban los 100.000 €. De este modo, el censo de sujetos obligados privados ascendió en esta última evaluación a 706, los cuales percibieron en 2020 subvenciones por valor de 239.569.688,78 €. Asimismo, la participación aumentó también hasta el 82,01 %: 579 entidades presentaron su declaración de transparencia con una media de 4,83 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias. ““Esperamos que el próximo año se pueda hablar de que en el sector privado también alcanzan ya una media de aprobado en sus portales de transparencia”, sostuvo el comisionado. En 2021 también se emplazó a las mancomunidades a declarar su transparencia por primera vez y solo 5 de las 11 presentaron su declaración.

Así, en el último año, de los 1.119 sujetos públicos y privados obligados a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia, 968 finalmente colaboraron con el Comisionado presentando su declaración, esto es, el 86,51 %.

Para la evaluación del ejercicio 2021 que se realizará en los próximos meses, se estima un censo de 3.538 sujetos obligados, cifra que ha incrementado considerablemente por las entidades privadas que fueron beneficiarias en 2020 y 2021 de las ayudas para paliar los efectos de la COVID-2019.

Con respecto a la persistencia de bajas puntuaciones o incumplimientos en la presentación de la declaración de transparencia, Daniel Cerdán expuso que “a partir de este año se emplazará a los responsables de los ayuntamientos y cabildos para que determinen quién es la persona responsable de que, por seis años consecutivos, no rindan cuentas sobre la transparencia de su entidad a través de los portales”.

Los portavoces de los grupos parlamentarios hicieron un expreso reconocimiento a la labor realizada por el equipo del Comisionado de Transparencia y por el trabajo de los más de mil empleados públicos y privados que trabajan para mejorar los portales de transparencia en las entidades canarias o responden a las preguntas de los ciudadanos.

Consideraron positivo el incremento de la actividad del Comisionado de Transparencia en los últimos años, pero preocupa en general que haya aún entidades, como algunos ayuntamientos, que persistan en el incumplimiento y en bajas puntuaciones, tanto en materia de publicidad activa como en derecho de acceso.

En su intervención final, Daniel Cerdán informó a los grupos de que el Comisionado de Transparencia está trabajando en un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, que consiste en detectar y controlar a aquellas instituciones que no entregan la información a los ciudadanos que la solicitan, aun teniendo resolución estimatoria y ejecutiva por parte del Comisionado para hacerlo.

Otra de las actividades que anunció que se van a realizar en los próximos días es la recomendación de que las administraciones hagan constar en las convocatorias y concesiones de subvenciones que las entidades beneficiarias tienen obligación de publicar información relativa a la publicidad activa y a la gestión de los fondos públicos recibidos. 

Daniel Cerdán junto a miembros de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias

Enlace a la presentación utilizada en la comisión: https://view.genial.ly/623dd5f2c3e3cc0011248319

Enlace a la grabación de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad: https://www.parcan.es/video/grabacion/11158/#1

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