Comisionado de Transparencia: Transcripción de la presentación y debate sobre el Informe Anual y avance del de 2022 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, de fecha 21 de marzo de 2023.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:00:05] Buenos días.

Bien, damos la bienvenida al señor comisionado, al señor Cerdán y a todo su equipo, que han hecho un denodado esfuerzo por presentarnos un informe tremendo sobre transparencia y acceso a la información pública.

Entonces, a continuación, vamos a tratar los dos informes conjuntamente [2021 – 2022]

El señor comisionado tendrá un tiempo de 15 minutos, generosos, para que nos explique todas las conclusiones del informe y, a continuación, los grupos parlamentarios intervendrán por el espacio de cinco minutos.

¿Bien? Pues bien, sin más dilación, tiene la palabra el señor Cerdán.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [00:00:57] Buenos días a todos.

Encantado de estar ya por octava vez con ustedes. Parece que fue ayer cuando me examinaba aquí, en esta misma sala, como candidato a construir esta pequeña institución para la transparencia de Canarias, poquito después de que se aprobara la ley de transparencia, tanto española como canaria. Y, como ha sido habitual en estas comparecencias, hemos procurado presentar los datos, digamos, en el mayor contexto posible, no de los del año 2022 o los del año 2021 o 2020, sino en la secuencia desde el año 2015, que permite interpretar la evolución de la transparencia en Canarias en estos años.

Generalmente, ustedes tienen…, como la pantalla no siempre se ve y, sobre todo, los cuadros con más datos no siempre se visualizan, les hemos repartido la presentación para que la tengan en mano [en este enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512]

No me gustaría que este año, como otros, solamente fuera una acumulación de datos, sino que repasáramos algunos de los datos fundamentales y nos quedáramos en una reflexión sobre lo que la transparencia significa dentro del conjunto de la gobernanza del sector público. Y, como les decía en el arranque del informe,  ustedes han podido ver desde la primera página del resumen ejecutivo, nos centrarnos en una de las actividades que este año, en el cumplimiento de la promesa que les hice aquí el año pasado, en esta misma sala, que hemos desarrollado y que tiene que ver con el programa de monitoreo del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso, que era, de alguna manera, la laguna, el punto oscuro, valga la redundancia, de lo que podía ser la mejora, las expectativas, las cuestiones pendientes en materia de transparencia en Canarias en los últimos años.

En este primer avance del cuadro de mando que llevamos del Comisionado, en estos ocho años, ustedes apreciarán que hemos prácticamente duplicado el número de expedientes administrativos el año pasado, hasta llegar a los 4.089, y hemos triplicado el número de evaluaciones de portales de transparencia hasta los 3.161, fundamentalmente por el aumento impresionante de subvencionados, fundamentalmente por las ayudas COVID, en el año 2021.

Ustedes saben que, con los registros de subvenciones del año precedente, evaluamos el año siguiente los portales de transparencia. Entonces, en el 2021 hubo una gran eclosión de más de 1.100 millones de euros en ayudas COVID; y que hubo más de 2.000 entidades, empresas sobre todo, que superaron los 60.000 euros de ayuda anual y, por tanto, estaban obligados a presentar su declaración, estaban invitados, estaban emplazados a demostrar, de alguna manera, que estaban cumpliendo con las obligaciones de publicidad que no solamente impone la Ley de Transparencia de Canarias o la estatal, sino también la propia legislación en materia de ayudas y subvenciones. En este sentido, una de las novedades que hemos introducido estos días –lo divulgaremos en los próximos días en nuestra operativa– es una recomendación que ayude en el futuro a las empresas y entidades no gubernamentales, a saber primero qué tienen que publicar cuando reciben una ayuda de más de 60.000 euros y a hacerlo de la mejor forma posible en las siguientes ediciones. [“Recomendación a las administraciones para la mejora del cumplimiento de las obligaciones informativas de los perceptores de subvenciones de 60.000 euros anuales” ya publicada en el momento de la Comisión parlamentaria: https://transparenciacanarias.org/recomendacion-a-las-administraciones-para-la-mejora-del-cumplimiento-de-las-obligaciones-informativas-de-los-perceptores-de-subvenciones-de-60-000-euros-anuales/]

En cualquier caso, les decía al principio que no quería centrarme mucho, o solamente lo imprescindible, en los datos, sino hacer una cierta reflexión sobre qué ha significado la transparencia en lo que es la gobernanza, no solamente de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias y sus 43 entidades dependientes, sino en el conjunto del sector público canario.

De ser vista, al inicio, hace ocho años, como una nueva obligación legal que se incorporaba al marco normativo de las instituciones, a ser contemplada con la experiencia que tenemos al cabo de ocho años como algo que, efectivamente, puede mejorar no solamente el derecho de los ciudadanos a saber  (la gente lo interpreta inicialmente como eso), sino también como un buen ejercicio de las funciones públicas; precisamente por esto que les comento aquí [presentación] , que está en la transparencia de la presentación y que lo hemos oído y sabido  desde muy pequeños y es: cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Esto lo hemos experimentado desde pequeñitos, con nuestros padres, con nuestros maestros, con la escuela, y generalmente lo hemos interiorizado de alguna manera. Y, realmente, las leyes de transparencia lo que vinieron es a incorporar al sistema de gobernanza pública este principio, es decir, generalmente, cuando no solamente los poderes públicos, no solamente los ejecutivos públicos, también los funcionarios saben que puede conocerse lo que se hace con cierta facilidad, tanto por el portal de transparencia como por derecho de acceso a la información la actividad que realizan, se realiza mejor la función.

Esto lo traté, de alguna manera, como otras veces, de resumir en cuatro pequeñas -no sé ni siquiera si llamarlos versos-, en cuatro pequeños mensajes [en la presentación enlazada anteriormente], que tienen que ver con cómo las organizaciones, generalmente, se planean su funcionamiento si quieren ser óptimas . Primero, antes de empezar, piensan cómo mejorar la materia de la que se ocupan y cuentan lo que harán. Después hacen lo que dijeron que harían y cuentan lo que hacen. A continuación, después cuentan lo que se hizo y lo que salió mal y, finalmente, hacen una reevaluación de la situación y piensan, hacen y rinden. Y si nunca se sabe realmente cómo estamos trabajando, es difícil mejorar.

Esta reflexión se corresponde, de alguna manera, con las cuatro grandes fases del proceso de la gobernanza pública, incluso de la gobernanza o de la gestión puramente empresarial:  Definir los planes que cada organización tiene, en programas de gobierno, en proyectos, en normas…; ejecutarlos en la fase de acción y en paralelo producir transparencia sobre cómo se está ejecutando esa actividad pública, a través de las webs, de los portales de transparencia y también de las preguntas de derecho al acceso a la información que presentan los ciudadanos.

En un tercer ámbito, una vez que eso se ha realizado, digamos a toro pasado, se produce una cierta rendición de cuentas sobre lo que las instituciones hacen, tanto en los plenos corporativos, en este Parlamento, en estas comisiones, como en los tribunales de cuentas o como en las ruedas de prensa, ante la opinión pública; y al final también todo eso se reconduce o permite que una cierta reflexión sobre lo que ha ocurrido para de nuevo empezar el ciclo, de nuevo innovando y de nuevo mejorando. Esas cuatro fases que les decía de la operatividad pública las he querido contrastar con los versos iniciales [de la presentación] y ustedes verán que, de alguna forma, la transparencia tiene un protagonismo importante en la segunda fase de ellas, que es justamente en el momento en que se están haciendo las cosas. En el momento en que se están haciendo las cosas hay que contar lo que se hace, hay que contar si se hizo lo que se dijo que haría, es decir, hay que contar si se están ejecutando los planes y en un segundo término, en un tercer término, se rendirá cuentas ante los plenos corporativos,  ante las ruedas de prensa, ante la audiencia de cuentas, etcétera.

Yo lo que quería un poco visualizar es lo que les decía al principio: la transparencia no es solamente un derecho ciudadano, sino que es fundamentalmente una herramienta que permite mejorar la gobernanza y mejorar los resultados de las instituciones.

Volviendo, de alguna manera, a lo que suele ser habitual en este tipo de comparecencias, al puro dato, vamos a repasar someramente, porque ya lo tienen ustedes en el informe, inicialmente lo que ha sido la actividad en la evaluación de los portales de transparencia, que, como saben, es una de las actividades singulares de este comisionado. No en todas las comunidades autónomas se realiza, pero nosotros la venimos realizando desde el 2016.

Y verán ustedes [en la presentación] que, como les adelantaba al principio, la curva tan impresionante de crecimiento que hemos tenido en el año pasado –se refieren al año 2021, porque la evaluación era sobre el ejercicio 2021, pero la realizamos en el 2022–, verán ustedes, como les decía antes, el salto de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 de 2022.

Fundamentalmente, dado la premura de tiempo, voy a ir pasando lo más rápidamente que pueda sobre estos parámetros. Verán ustedes que cada año han ido presentando su declaración en mayor medida. En el año 2019 estábamos en tres cuartas partes de los sujetos totales que estaban presentando su evaluación. Prácticamente ya entonces todos los sujetos públicos, el 100 % de las 98 instituciones principales, el 94 % de las 320 entidades dependientes, las dos asociaciones públicas, que eran la FECAN y la FECAI, dos tercios de las cámaras de comercio y los colegios profesionales, y solamente entonces un 60 % de las entidades privadas subvencionadas presentaron. Verán ustedes que eso creció diez puntos en el año siguiente, en el año 2020. Prácticamente mejoraron, sobre todo, las corporaciones de hecho público y las entidades privadas. Y el pasado año llegamos ya al 84 %, casi el 85 %, de los emplazados que presentaron su declaración o su autoevaluación de la transparencia.

Este cuadro siguiente es sintético de las puntuaciones: sobre cómo hemos ido evolucionando desde 2006, que, como ven ustedes ahí, prácticamente las puntuaciones…, la nota media del sector público, entonces solamente hacíamos el sector público, era de 3,14 en el primer año de la evaluación, pues todo el mundo prácticamente ni conocía sus obligaciones de transparencia. Se llegó al primer aprobado raspado en las notas medias del sector público en 2017 y, progresivamente, hemos ido creciendo hasta el 2021 (que hicimos el año pasado, en el 2022) al situarse en el 7,82. Contra más alta es la nota alcanzada en los últimos años, más dificultad, lógicamente, tienen para seguir progresando en cada año. El sector autonómico prácticamente se estabilizó en un 8,5, ahí incluye no solamente al Gobierno de Canarias, sino al conjunto de sus 43 entidades dependientes. El sector insular siguió creciendo, luego veremos que el sector insular es el mejor de los tres ámbitos públicos de Canarias, porque también muestra un magnífico desempeño en el derecho de acceso, cosa que no ocurre con ayuntamientos y con el ámbito autonómico. Y el sector local también ya, por dos años consecutivos, ambos estratos han estado por encima del notable. En su conjunto, verán que están ya prácticamente rozando el 8, en un nivel prácticamente casi excelente.

Por eso, como le decía al principio, nuestro trabajo este año se centró mucho, una vez conseguidos estos niveles en publicidad activa en los portales de transparencia, en la mejora del cumplimiento del derecho de acceso.

En el sector privado, ahí sí también quería hacer una reflexión, ustedes lo verán en la última fila [en la presentación] , con una pequeña reducción:  de 4,83 pasamos a 4,48. Nosotros -lo verían en el informe- no lo consideramos esto como una gran lacra, sino al contrario. Creemos que, para el poco tiempo que lleva el sector privado autoevaluándose y, sobre todo, de los 2.700 que se evaluaron el año pasado, la mayor parte se enteraron de que tenían que evaluarse el día que les emplazamos con un correo electrónico a hacerlo.

            Y, por lo tanto, verán que tiene en estos primeros años de evaluación casi igual o mejor, desde luego, mejores notas que el primer año en que se evaluaron los del sector público, que fue en el año 2016. Por lo tanto, creemos que estamos en una senda de mejora y espero que en el futuro puedan seguir creciendo, como ha crecido el sector público.

Ahí, de nuevo, esta es otra forma de representar los resultados que veía antes, el crecimiento de las notas medias del sector público, tanto las instituciones principales arriba como  el conjunto de las 340 entidades públicas en la línea naranja.

-Ya me va quedando minuto y medio-. Voy a pasar, fundamentalmente, al elemento que les decía al principio, que había ocupado nuestra…, aunque espero poder desarrollarlo un poquito mejor en el segundo turno, que se refiere, fundamentalmente, a las reclamaciones de derecho de acceso que hemos trabajado en los últimos años. Aquí [presentación] verán la evolución del número de reclamaciones y de las resoluciones. En el último año, en el 2022, se nos presentaron 575 reclamaciones, resolvimos 507 y, para que tengan una idea de contexto, estas 575 son más o menos 26 reclamaciones por 100.000 habitantes al año.

Esto nos sitúa en la cabeza, diríamos, de España (junto a Castilla- León) , en reclamaciones en función de la población. Y yo quiero pensar que no es porque porque haya, digamos, peor cumplimiento en general del derecho de acceso, sino porque creo que en Canarias, fruto de una labor de publicidad en este sentido, hay un mayor uso del derecho de acceso, una mayor reclamación ante el comisionado y, sobre todo, en el ámbito del funcionariado público, que ha descubierto la herramienta del derecho de acceso como una herramienta, diríamos, que emplear dentro de las organizaciones para obtener información de carácter funcionarial que, por otras vías, no lo obtenía.

Verán ustedes [presentación] aquí –les voy a exponer solamente el cuadro genérico del periodo 2015-2022–… Verán ustedes todas las cifras completas. Prácticamente nos presentaron 2.300 reclamaciones en todo el periodo y hemos resuelto, como se indica en la parte derecha, y se mantiene más o menos ese patrón cada año:  prácticamente cuatro de cada cinco hemos estimado, en un 78 %, hemos estimado total o parcialmente la reclamación de los ciudadanos. En ese sentido, creemos que estamos en la vía de ir mejorando la cultura de la transparencia en las Administraciones porque, como vamos a ver ahora, no solamente estamos dando ese amparo a prácticamente cuatro de cada cinco ciudadanos que reclaman ante el comisionado, sino que este año –lo vamos a ver ahora, lo ven ustedes en las páginas iniciales del informe– hemos hecho esta actividad a la que hemos llegado ahora, que refleja en los cuatro cuadros siguientes de esta presentación. Que por cierto, seguramente lo podrán ver mejor incluso los que nos sigan en diferido a través de YouTube de esta sesión, porque tendrán el acceso al conjunto de las 30 transparencias de la presentación [enlazada al inicio] para verlas con la tranquilidad que seguramente no podemos en estos minutos de sesión.

Aquí ven el nivel de incumplimiento de las resoluciones de derecho al acceso de la Comunidad Autónoma. Verán ustedes, por fijarnos en el año 2022, y como habrán podido leer en el informe a partir de la página 10, que de las entidades dependientes del Gobierno de Canarias, en el año 2022, un 14 % de las resoluciones (favorables al reclamante) , es decir, una de cada siete, no se  cumplieron –no nos consta que hayan cumplido– las resoluciones del comisionado. Esto, puesto en comparación, por ejemplo, con el nivel de cumplimiento de lo que pasa en el Estado, prácticamente se produce casualmente un parecido incumplimiento. En el Estado, el Gobierno, ante resoluciones del Consejo de Transparencia estatal, tiene también un 15,3 % creo –lo pueden ver ustedes en el portal del Consejo de Transparencia de España– de incumplimientos en ese año. Verán ustedes que en los años precedentes el cumplimiento es, al día de hoy, inferior, precisamente por lo que les dijimos el año pasado, porque desde mayo –incluso antes de mayo–, que en esta misma comisión les anunciamos el programa de monitoreo y verificación del cumplimiento, hemos insistido prácticamente, hemos requerido constantemente a las entidades para que entreguen la información o la recurran a los tribunales. Pero se da la circunstancia de que en dos años prácticamente tenemos hasta ahora, desde el año 2016, nueve recursos, hemos ganado ocho, pero estos dos últimos años no han presentado nadie recurso a las resoluciones del comisionado. Por lo tanto, las Administraciones, en este caso el Gobierno de Canarias, está obligado o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o a entregar la información. Y, como les digo ahí, en el año último, en uno de cada siete casos no entregó la información al reclamante.

Les adelantaba también antes que, en el caso de los cabildos, que es el cuadro que ahora tienen en pantalla, es, diríamos, el mejor nivel de cumplimiento dentro de lo que es el ámbito canario público, porque, como ustedes verán, no tienen ninguna reclamación pendiente del 2021 y del 2020, y solamente el Consorcio de Aguas de Fuerteventura tiene una reclamación pendiente de cumplir del 2022.

Esto yo me atrevería, quitando quizá el caso de Navarra, que es la única Comunidad Autónoma en España que tiene multas coercitivas para los incumplidores, que nunca las han aplicado, nunca, pero simplemente por su existencia todo el mundo cumple, quitando el caso de Navarra, no creo que haya, bueno, estoy absolutamente seguro de que no hay ninguna otra comunidad que tenga en el ámbito intermedio, de diputaciones, que pueden ser los equivalentes a cabildos, este nivel de cumplimiento del derecho al acceso.

Y, por último, los ayuntamientos, en el informe –ya les decía, en las páginas 10 y en adelante–, tienen no solamente este dato, el dato año por año de cuántas cumplieron  y cuántas no nos consta cumplimiento, sino tienen pormenorizados, como ocurre también con las consejerías de la Comunidad Autónoma, los nombres de aquellos ayuntamientos que fundamentalmente incumplen en esta materia.

Y este, finalmente, es el cuadro resumen de los tres ámbitos de la Administración, autonómico, insular y local. Verán ustedes que en el año 2022 están un 17 %, ya les digo, hasta hace catorce meses en Canarias estábamos en un nivel de incumplimiento semejante o peor de lo que están las siete comunidades autónomas donde esto se mide, porque no siempre se mide, fundamentalmente se mide –así lo digo de memoria– en Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Castilla- La Mancha, y Baleares;  y Navarra por otra parte, aunque Navarra lo que declara es que no tiene ningún incumplimiento. Entonces, entre ellas la media está en 35 % de incumplimiento, es altísimo, prácticamente una de cada tres reclamaciones de derecho de acceso no consta cumplimiento; y fruto de esta promesa que les hice el año pasado, nosotros, que estábamos en esos niveles, hemos bajado al 17 % (en el año 2022), es decir, tenemos del año pasado -como ustedes ven ahí- 60 resoluciones incumplidas de las 278 que emitimos favorables a los ciudadanos, emitimos muchas más, como les he dicho, 504 creo, pero favorables a los ciudadanos fueron 278, bueno, pues 60 están pendientes de cumplir.

Seguiremos insistiendo y requiriendo por tierra, mar y aire, por ORVE, por correos electrónicos, por WhatsApp…, el cumplimiento a los poderes públicos que no han acabado de responder a los ciudadanos, ni tampoco han acabado de recurrir a los tribunales, si es que estaban en desacuerdo con nosotros. Y creo que agradezco al presidente la generosidad en el tiempo y me pongo a su disposición para cuantas preguntas y aclaraciones desee.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:22:52] Gracias, señor Cerdán.

A continuación, por un espacio de cinco minutos, tienen la palabra los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el portavoz del Grupo Mixto.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): [00:25:48] Gracias, señor presidente. Y buenos días al señor Cerdán y a todo el equipo que le acompaña en esta presentación.

Estamos ante el cierre de la legislatura, de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica de la misma. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante varios meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las Administraciones Públicas intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesase la actividad y los servicios a la ciudadanos, como sí ocurrió, por ejemplo, en este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva normalidad, ese periodo donde poco a poco se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer, a día de hoy, salvo en centros médicos y farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo, entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 hasta finales del 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos en general de 2020 a 2021 fueron un claro ejemplo de incremento en la actividad del Comisionado. El número de expedientes destinados en 2020 fue de 1.267 y en 2021 fueron casi 2.000 los expedientes realizados. Y si nos fijamos en las consultas que se realizaron, pasan de 1.900 a casi 3.000, una cifra récord que muestra la evolución de la acción del Comisionado. Estas cifras ya serían de por sí muy buenas si no fuera porque el año pasado se batieron todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se valoraron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que, además, la gestión de expedientes se duplicó, pasando de los 1.900 a más de 4.000 en 2022. Y si hablamos de consultas, estas también han pasado de casi 3.000 a las 8.100. Como ha indicado usted en su presentación, las actuaciones han pasado de unas 5.000 a 12.300, lo que de por sí son unos impresionantes números globales. Lo que me hace hacer la pregunta, llegado a este punto, de si ha aplicado un tipo de procedimiento para conseguir esta evolución tan importante o es simplemente consecución del trabajo que ya se viene realizando.

Y viendo la información facilitada, vemos que en los años 2019 sí se utilizó el denominado cliente misterioso, pero el cual desaparece en 2022. Y aquí también me gustaría preguntarle si es que ya no tiene sentido hacerlo o se ha optado por otra forma de vigilar la transparencia.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia en los informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento del 100% de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde queda todavía un esfuerzo por hacer es en la evolución de las corporaciones de derecho público, un con 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, un 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los años 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios que no llegan al 50 %, concretamente a un 45 %. En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más de 8. Sabemos el caso de las mancomunidades, nuevamente, que llega un aprobado raspado con un 5,32. La pregunta, que yo creo que ya se le dice en anteriores informes, es si esto es debido a la falta de medios o infraestructura, más que a una desidia o falta de interés por contestar. También me gustaría conocer por qué se ha bajado en casi un punto, de 9,65 a un 8,59, el índice de transparencia de la Comunidad Autónoma. Sigue teniendo un índice muy bueno, pero este año rompe una tendencia de ejercicios anteriores que iba en continuo crecimiento.

Pasando a las reclamaciones, en cuanto al derecho de acceso a la información pública, los datos son también positivos, siendo admitidas en este periodo prácticamente el 80 % de ellas.

Del análisis de los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes administraciones públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser una obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados. Para ir terminando, me gustaría conocer si es posible las recomendaciones o sugerencias que introduciría usted para que se siguiesen mejorando aún más las cifras presentadas en estos dos informes anuales.

En este último informe de esta legislatura y haciendo balance de estos cuatro años, como ya le dije en mi intervención, se ve reflejado el esfuerzo de las Administraciones por dar satisfacción a la transparencia, que debe prevalecer sobre todo analizando los datos que pone en manifiesto el magnífico trabajo que el reducido equipo de las personas que componen este Comisionado ha venido realizando. Y finalizo, señor Cerdán, en nombre de Ciudadanos, le felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado y el cual, por supuesto, es extensivo a todo su equipo. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:27:54] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): [00:28:03] Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Cerdán. Bueno, buenos días todavía.

Tanto usted como a su equipo, agradecerles que estén hoy aquí y que nos haya expuesto esa visión o ese recorrido a lo largo de estos años de la transparencia en nuestra comunidad autónoma. Si nos ceñimos al análisis de los informes, pues debemos decir que lo primero que nos ha sorprendido es precisamente ese aumento tan increíble de expedientes y actuaciones que han tenido que acometer entre el 2020 y el 2022. En 2022 han alcanzado las 12.277 gestiones, es decir, un 144,08% más que en el año anterior, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes. Y por eso lo primero que me gustaría preguntarle es si cuentan con los recursos y el personal necesario para poder afrontar esta carga de trabajo y, sobre todo, esa carga de trabajo que podría venir también en el futuro.

Al final, a cada año que pasa, se nota el continuo esfuerzo de superación de los trabajadores de la institución y los avances que ha supuesto la digitalización. Herramientas como las consultas por correo electrónico, el uso del cliente misterioso, el chatbot, la revisión online de los portales de transparencia…, pues facilitan la labor de los trabajadores. Y, si entramos en lo concreto, a cada año que pasa reciben más reclamaciones y son capaces de resolver más. En 2022, de 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, por lo que no solo es una cuestión de incremento de volumen de trabajo, sino que también lo es de resolución de la oficina del Comisionado.

Por otra parte, es cierto que estos incrementos en los asuntos a gestionar se han producido también por las ayudas que han recibido centenares de empresas privadas en la pandemia y por motivo de las distintas crisis, hasta el punto de que de las 661 entidades evaluadas en 2019 se ha pasado a 3.161. Y es precisamente el sector privado el que, quizás por el desconocimiento de sus obligaciones de transparencia, el sigue sin aprobar. Del 4, pasaron al 4,83 en 2020, con un volumen de empresas de 968, hasta el 4,48 actual.

En el periodo de los informes que hoy debatimos, la nota general del índice de transparencia en Canarias ha seguido subiendo en el conjunto del sector público, del 6,49 que teníamos en 2019 al 7,82 del año 2021. Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública en Canarias, porque si hablamos de ratios de cumplimiento entre el 2020 y el 2022, ha bajado en conjunto el sector público, es decir, ha pasado del 91,63 % al 82,25 %. Si bien hay que revisar cuáles son las causas de este empeoramiento en cuanto al acceso a la información, la realidad es que, a pesar de esto, cada vez más entidades apuestan por esa excelencia. Y en cuanto a los datos, por ejemplo, de la isla de La Gomera, pues observamos que de las 45 reclamaciones interpuestas al conjunto de los cabildos insulares, solo dos se remitieron al Cabildo Insular de La Gomera, que tiene un índice de transparencia del 9,37; teniendo el Consorcio Insular de Aguas un 9,38 y un 10 el de GuaguaGomera, llegando en su conjunto a la institución insular al 9,58, es decir, el mejor índice entre los siete cabildos insulares. Y si hablamos de reclamaciones a ayuntamientos en la isla, observamos una bajada de las 15 reclamaciones de estos ejercicios a solo cuatro del conjunto, de 304 del total de las reclamaciones a los ayuntamientos de Canarias y sus entidades asociadas.

Precisamente, a través de los indicadores se puede hacer un esfuerzo de concienciación y motivación para mantener la excelencia. Y, por supuesto, a través de las recomendaciones y pautas que la oficina del Comisionado podría darnos para corregir las deficiencias, así como poder cambiar los problemas que se tengan en los portales de transparencia y en la observancia del acceso a la información.

También desde nuestro grupo llevamos pidiendo desde que llegamos a este Parlamento el que se le den más medios al comisionado de la transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tiene actualmente, pues, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más. Por lo que le agradecemos tanto a usted como a su equipo la intensa labor que están acometiendo en áreas de la mejora de la gestión pública canaria.

Y termino, señor Cerdán, una vez más felicitándole a usted y a todo el equipo por ser un ejemplo de eficacia y eficiencia, demostrándolo pues diariamente y que vemos que los resultados con esfuerzo y dedicación son posibles. Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:33:10] Gracias, diputado. Es el turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): [00:33:17] Gracias, señora presidenta.

Bueno, pues, vamos a ver, nosotros hemos hecho un estudio un poquito minucioso, más en una parte que en otras, sobre todo en las evaluaciones de algunas entidades del sector privado, y me parece que ahí sí tenemos un pequeño problema, después lo comento, ¿no? Pero en general yo creo que podemos darnos por satisfechos de la evolución muy positiva, muy positiva, tremendamente positiva, y recuerdo de la legislatura pasada cuando estábamos aquí en algunas reuniones, presentaciones de informes del Comisionado, donde había instituciones que no se les esperaba, ni existían ni sabían, ayuntamientos concretos, ¿no? Entonces ahí recuerdo que era una situación algunas veces, además con reincidencia, donde no contestaban, y nadie se ponía a trabajar. Entonces, yo creo que hemos mejorado absolutamente con los datos de participación del sector público al 100 %. Y eso se debe, entre otras cosas, a la oficina o esta comisión, ¿no?, este Comisionado.

Me parece que es una tarea necesaria para la democracia porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la transparencia, ¿no? Y quizás, más que por mala fe de muchas instituciones o entidades, yo creo que es porque esto nadie les recordaba qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad?, y no los orientaba. En ese sentido, agradecer el trabajo de todas las personas de su equipo, que están aquí presentes, y también, como no, de muchos funcionarios, de muchos ayuntamientos y cabildos porque, por ejemplo, la diferencia en el dato de los cabildos es espectacular también, ¿no? Los cabildos, en la realidad insular, se han puesto las pilas en el sentido de ofrecer datos de transparencia. A nosotros eso nos parece que se nota, gana la sociedad. Por ejemplo, cuando usted señala, por ejemplo, el dato de incumplimiento, creo que usted dijo que estábamos en 17 respecto a 35 del resto de las comunidades autónomas, y es un dato también impresionante, de cómo hemos mejorado en nuestro país canario respecto a la transparencia.

Es decir, que es un agradecimiento que además demuestra la necesidad de su equipo. Bien. Datos así por encima…, claro, aumenta un montón, se triplican las demandas porque también aumentan muchísimo las entidades evaluadas en un censo de 3.726, estamos en una evaluación de 3.161 entidades. Lo cual, no sé cómo ustedes se las apañan para recibir todos esos datos y ordenarlos, pero me imagino que tendrán, no solamente un programa informático, sino también unas cabezas bastante amuebladas para estar, digamos, ordenando todos los datos que aquí se nos presentan. Efectivamente, de entidades que tienen 60.000 euros más de ayudas. Ahora comento un poquito sobre este asunto.

La participación ha aumentado también incluso en el sector privado, llegando al 83,29 %. Por lo tanto, nos parece que estamos en unos datos impresionantes. Efectivamente, como decía el señor de la Puente, la duda que tenemos es por qué la Comunidad Autónoma ha bajado casi un puntito en índice de transparencia hasta un dato del 8,59, incluyendo, claro está, a las 43 entidades dependientes, como se plantea. Suben los cabildos, suben los ayuntamientos, y las universidades también bajan un poquito, en el 9,13, ¿no? Y el sector privado, pues ahí tenemos un problema bastante serio. Por ejemplo, respecto a la evaluación que se hace del sector privado, nosotros nos ha llamado la atención una cuestión, que la verdad que nos sorprendía, la cantidad de hoteles, infraestructuras hoteleras que reciben subvenciones, incluso algunas, de un millón de euros, que aparecen como sin datos. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Entidades privadas, hoteleras, turísticas, apartamentos, hoteles y demás, o agrupaciones de empresarios de la hostelería, que reciben a veces hasta por encima de 500.000 euros o un millón y no aparece ningún dato. Me parece que es una cuestión que tendríamos que revisar, lo digo como tarea para ustedes, pero a mí, sinceramente me preocupa bastante.

En la evaluación. Es importante, por ejemplo, Salcai Utinsa Global, uno 8 y pico, La Cruz Roja un 10, Binter, índice de transparencia de 4,74, no aprueba Binter; Caritas 10, aunque Caritas Diocesana de Tenerife suspende, Radio Ecca, hay una empresa también, Fuerteventura 2000, que es una de las empresas que más presupuestos llevó en el pasado de formación, de personas en paro, formación laboral, en un 5,4 raspado cuando tenía presupuestos hasta de 3 millones. Y luego decir, pues, simplemente el dato que a mí me llamó la atención, que fui a buscarlo, acordándome de aquella interpelación de la señora Reverón, con respecto a la Academia Canaria de la Lengua, y que también es una metáfora de cómo ha mejorado todo. No sé si se acuerda usted de cuando dijo que la Academia Canaria de la Lengua había suspendido, efectivamente, nos pusimos todos a la tarea, era un problema de falta de personal y de plantilla, hoy aparece aquí con un índice de transparencia del 10. Lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción por la cuenta que me trae. La Radio Televisión Canaria también, a veces hay algunas críticas fáciles sobre que se ocultan datos, resulta que la Radio Televisión Canaria tiene un índice de transparencia, un 9,97, rosa el 10, para los que somos más o menos docentes, pues eso prácticamente es un 10. No es una matrícula de honor, pero sí es un 10. Y luego también la radio está en un 9,96. Por lo tanto a nosotros parece que son indicativos, ¿no? El Instituto de Desarrollo Cultural, que gestiona este grupo parlamentario también, 9,91; ahí se ha hecho también un esfuerzo tremendo, y luego también, no nos extraña y también es una cuestión que debería, sin tomar nota, suspenden el ICA, ¿no?, dependiente de la Consejería de Agricultura y también la coordinadora del Rincón, yo creo que también es por falta de personal en este último caso, en el primero no sé.

En definitiva, felicitar el trabajo que se ha hecho y yo creo que la sociedad canaria entera gana porque el esfuerzo de ustedes para que la gente presente los datos y sea transparente está surtiendo efecto y nos podemos dar todos, pues, por felicitados y agradecido de tener un organismo como el que usted preside.

            Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:39:52] Gracias, diputado.

 Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Campos.

 

Luis Alberto Campos, (Grupo Nueva Canarias) [00:39:59] Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Y dar la bienvenida al comisionado, a todo su equipo y felicitarle por el trabajo realizado.

Son dos informes referidos a los años 2020 y 2021, con el avance del 2022, pero para nosotros es muy importante recalcar una cuestión. Fíjese -lo comentaba el señor Déniz con anterioridad-, recuerdo aquellas primeras sesiones, aquellas primeras comisiones donde evaluábamos el arranque del Comisionado de Transparencia y la respuesta que, fundamentalmente, desde las administraciones públicas, estábamos teniendo, y bueno, los rastrillazos eran terribles, ¿no? Recuerdo que eran datos duros, difíciles, poco comprensibles en un primer momento y afortunadamente vemos como, no 50 años después, sino 7 años después, 8 años después, los resultados son bastante loables.

No podemos quedarnos satisfechos, obviamente, el paradigma sería unos niveles de transparencia absoluto, con unos portales realmente, bueno, con todos los indicadores, con niveles de respuesta, no solamente, digamos, no haya ni una sola no contestación, sino además que sea completa, porque en ocasiones el problema no es solo que se responda, sino la calidad de la respuesta y a ser posible en un tiempo rápido, cuando realmente a quien hace la pregunta, le puede realmente ser útil. Creo que ese sería ya el paradigma, vamos camino de eso, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y hablar de transparencia, sin duda alguna, es hablar de calidad democrática y es hablar, en el caso de una de las funciones que lleva a cabo el Comisionado, de salvaguardar uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con el que nos hemos dotado a través de esta institución.

Fíjense que, más allá de los datos, yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, ya lo planteó usted y algunas de las intervenciones, pero a mí me resulta curioso para ver la escala del Comisionado de Transparencia en cuanto a su actividad. Veíamos cómo en el año 2019 eran 534 expedientes, 1.071 en el 2020, se avanza a 1.966 en el año 2021 y al cierre del 2022 son ya 4.089 expedientes tramitados. Me parece un avance importante, fruto de esto también, me imagino, el crecimiento en cuanto a personal, insuficiente siempre, pero sobre todo creo que pone de relieve el que el conjunto de la ciudadanía también empieza a entender y empieza a conocer el papel, sus derechos y a qué instituciones reclamar sus derechos. Fíjense que el otro día cuando hablábamos, teníamos también la comparecencia de la Diputación del Común, yo le decía que para mí era difícil entender si era una buena noticia o una mala noticia el que crecieran las quejas a la figura de la Diputación del Común o que crezcan las reclamaciones al Comisionado de Transparencia. Yo no sé si eso es positivo o negativo, lo digo sinceramente, porque yo creo que es más un elemento positivo en el sentido de que la ciudadanía cada vez conoce más sus derechos, porque lo que sí que tengo claro es que nunca nada fue perfecto, ni es que cuando se reclamaba muy poquito es que éramos impecables en cada una de las instituciones, sino probablemente todo lo contrario, la gente no conocía, los problemas estaban ahí y ahora quizás hay menos problemas que antes, pero la gente cada vez es más consciente, como decía antes, que tiene sus derechos y sobre todo dónde tiene que ir a reclamarlo.

Me parece interesante también que el número de reclamaciones a través de Internet cada vez haya ido creciendo de manera notable desde que se puso en marcha en el 2017 y me parece también muy interesante el trabajo que el Comisionado ha llevado a cabo sobre la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias de las entidades privadas subvencionadas. Esto que no arranca en el inicio del comisionado, sino es a partir del año 2019, alcanzó en este último informe 3.319, eran en las empresas que habían recibido más de 60.000 euros de subvención de dinero público, porque ese es el elemento esencial cuando se les requiere un nivel de transparencia con respecto a otras entidades privadas, y lo importante es que 2.767, es decir, el 83 % de ellas lo hicieron. Cierto es que todavía con un nivel, con un porcentaje de calidad del 4,48, pero creo que es un dato positivo porque viene siendo un poco el referente, incluso superior a aquellos primeros años de las instituciones públicas donde ni siquiera llegábamos al 4% y por tanto creo que es interesante. Recordar que estábamos hablando de que se repartieron 1.352 millones de euros de dinero público a estas entidades privadas y por tanto la exigencia, por supuesto, siempre debe ser máxima a quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de las instituciones públicas, pero también empezar a ser muy exigente con las entidades privadas.

Y quiero terminar, más allá de los datos cuantitativos, con un elemento cualitativo sobre el trabajo que está llevando a cabo el Comisionado. Al margen de que cada año ha ido incorporando nuevos elementos sobre los que incidir o si ya trabajaba en ellos poniendo un poco más de atención para mejorar la calidad en cada uno de esos trabajos, un ejemplo claro precisamente es el que ha llevado a cabo en este último informe también en cuanto al cumplimiento de derecho de acceso a la información. Pero para mí hay algo que es importante, que a veces pasa desapercibido. La primera imagen que se tenía del Comisionado de Transparencia era un órgano muy fiscalizador, alguien que estaba detrás de las instituciones para que cumplieran sus derechos. Y la imagen yo creo que poco a poco ha ido cambiando. Además puedo hablar en primera persona en el ámbito de algunas de las instituciones en las que estamos que además de esa tarea esencial, además de salvaguardar el derecho que cada ciudadano tiene a recibir la información por parte de las administraciones públicas en tiempo y forma, el Comisionado en los últimos años ha hecho una labor importantísima, además de divulgación, sigue faltando quizás un poco más, pero importante, de recomendaciones a las empresas y de acompañamiento en el proceso para mejorar aquellas fallas que se van detectando.

Finalizo ya, señor presidente. Creo que este es un elemento esencial porque permitirá que todos avancemos, por supuesto, como bien decía en la primera imagen que puso, cuando sabemos que estamos fiscalizados solemos actuar mejor, pero si además de eso, cuando tenemos dudas, cuando iniciamos procesos nuevos, cuando a veces, probablemente esa sea una de las razones, las instituciones sobre todo un poquito más débiles, hablo de los ayuntamientos y los que menos recursos tienen, a veces no tienen personal específico con alta cualificación para llevar a cabo este tema…, el que no solamente se les requiera, se les exija, sino que se les recomiende y se les acompañe, creo que es una de las tareas fundamentales que en los últimos años ha avanzado muchísimo y felicito al comisionado en ese sentido.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:47:35] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra la señora, por favor, del Partido Popular.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): [00:47:35] Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor presidente del Comisionado de la Transparencia y a todo su equipo.

Lo primero que quiero es felicitar por el trabajo que usted hace y junto con su equipo, espero no olvidarme de ningún nombre, creo que su equipo es Teresa, Miguel Ángel, Alicia, María, Esther, Ivana, Roberto, Clara, Almudena y Carmen Delia. Creo que están todos y, por tanto, en nombre del Partido Popular siempre hablamos del equipo del Comisionado, creo que esta es la última comisión y se merecen ese reconocimiento expreso y personal a cada uno de ustedes.

También es verdad que queremos agradecer la labor que han llevado a cabo todos los empleados públicos en todas las instituciones públicas y en todas las sociedades públicas y es de justicia reconocer el esfuerzo que se está realizando en este sentido y también el avance que ha supuesto la aplicación telemática de T-Canaria.

Señorías, la transparencia es un objetivo claro y clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia, como he dicho, es clave. No en vano tengo que recordar otra vez más que la primera ley de transparencia fue obra del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy y quiero recordarlo nuevamente por esa expresión que últimamente se está hablando tanto del gobierno abierto y cuando muchos se ponen medallas sobre ese gobierno abierto. Por lo tanto, quiero reconocer que el Partido Popular tiene mucho que decir sobre esto. La información es esencial para la toma de las decisiones informadas y la rendición de cuentas. La transparencia, por su parte, además, permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones y, además, dónde se gasta el dinero público. Eso es importantísimo, señorías, y más en el día de hoy que estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo en los medios de comunicación, porque la falta de información puede tener muchas consecuencias graves para esta sociedad. Por ejemplo, los casos de corrupción –no voy a empezar a nombrarlos–, pero los casos de corrupción entendemos que es una consecuencia, además, de la falta de información y del abuso de poder de algunos que tienen muchas posiciones de autoridad y que pretenden ocultar siempre sus decisiones sobre lo que es la gestión del dinero público.

Porque lo cierto es que en estos nuevos tiempos de la sociedad y la información que estamos todos viviendo, la desinformación y la manipulación de los mensajes está a la orden del día. En este contexto, la transparencia real es una garantía irrenunciable de cara a que la ciudadanía y los medios de comunicación dispongan de cuáles son las herramientas necesarias para poder fiscalizar a sus representantes públicos, que somos todos nosotros. Y en nuestro caso, en nuestro caso como oposición, sí me gustaría también decir que es importantísimo para nosotros poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Y digo esto, porque como esta es la última comisión, sí quiero destacar que en esta última décima legislatura a lo que estamos asistiendo es a un Gobierno que ha puesto en práctica el oscurantismo. Y digo esto por lo siguiente, señorías. Y, además, porque como los datos son tozudos y estos no se van a poder rebatir por ninguno de ustedes, la realidad es que este Gobierno tiene mucho que esconder.

Y digo esto por lo siguiente. Mire, el 13 de septiembre del año 2019 solicité copia de los informes jurídicos relativos a la entrega de escrituras de viviendas públicas por parte de Visocan. Sigo esperando. 13 de septiembre del 2019. El 15 de junio del 2020 solicité copia del expediente sancionador con motivo del famoso cero energético que se produjo el 29 de septiembre del 2019. Sigo esperando. El 14 de enero del año 2021 solicitamos el convenio de colaboración que se firmó entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Sanidad para completar las infraestructuras del Hospital del Sur, aquí en Tenerife. Seguimos esperando. El 18 de octubre del 2021 solicité todos los proyectos de obra que están pendientes de ejecutar del convenio de obras hidráulicas. Seguimos esperando. El 6 de septiembre del 2022 solicité cuánto fue el coste del viaje del consejero de Transición a Islandia con todo su equipo. Sigo esperando. El 31 de octubre solicité a la Consejería de Sanidad que me dijera cuáles eran los contratos que habían supuesto y que había contratado de más de dos millones de euros y, además, si se había solicitado el informe al Consejo de Gobierno. Porque es necesario, simplemente porque lo dice la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Pues bien, sigo esperando. También solicité que nos dijera con cuántas empresas había contratado en el año 2020 que carecían de capacidad de obrar. Sigo esperando.

Por tanto, la conclusión es clara, señorías. ¿Qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias ante tantas solicitudes por parte de la oposición y que no nos ha dicho absolutamente nada? Porque mire, es verdad que la nota del Gobierno de Canarias sobre transparencia es prácticamente un sobresaliente. Es verdad que estamos en un nueve y pico por ciento. Es verdad que en el año 2022 ha bajado un poco, pero, bueno, está…, como dirían las personas que dan clases, es un sobresaliente. Pero, claro, el otro lado de la moneda está clara. Es que por parte de la obligación que tiene el Gobierno de Canarias de trasladarnos la información a nosotros, que somos los diputados, para poder ejercer nuestra función de fiscalización, es un cero. Pero a mí lo que me preocupa es el oscurantismo, porque hay cosas que sí contesta, pero hay otras en las que no contesta.

Por tanto, señorías, hoy hablamos de transparencia. Transparencia, eso sí, del resto de las administraciones públicas, porque lo que respecta a este Gobierno en su deber de informar, como he dicho, a nosotros como oposición, poco o nada, o, mejor dicho, nada de lo que no le interesa contestar.

Respecto al informe que se ha remitido por parte del Comisionado a este Parlamento en relación con el cumplimiento de la ley de transparencia, así decir, que es verdad que usted ha dicho que, bueno, se duplicó su actividad y todo esto tiene que ver, como bien se ha dicho ya, porque es la primera  vez que hay sujetos privados que han recibido subvenciones y que ahora están obligados a responder. Nos sigue también, es verdad, llamando la atención el número de reclamaciones de los ciudadanos que algunas de las 336 instituciones o entidades públicas todavía le siguen denegando ese derecho a la información. Es verdad que llevamos años, bueno, demandando y, sobre todo, denunciando esta situación. Sobre todo nos preocupa porque una vez que ustedes, el Comisionado de Transparencia, entran por medio de esta situación, pues casi todas tienen derecho a esa información. Por tanto, algo, entendemos que algo está fallando. Pero lo positivo, si me gustaría destacar, después que existe una mayor concienciación, también me gustaría destacar las jornadas de información y publicidad que ustedes han dado, esas cuñas de radio que ustedes han hecho para que la ciudadanía sea consciente de que tiene derecho a la información que tanto necesita, porque además esto enriquece a nuestro sistema democrático.

En cuanto… una de las cuestiones que sí más nos preocupó son las ratios de cumplimiento, porque en el ámbito municipal son las peores. Es verdad que el 25 %, es decir, una de cada cuatro resoluciones del derecho de acceso a la información reconocida en el año 2022 se dejó de cumplir. Y como veo que ya me estoy pasando de tiempo, sí me gustaría que el comisionado nos respondiera a qué se debe esto. ¿Usted cree que se debe bien a la falta de medios o bien se debe a una negativa per se de no querer responder a los ciudadanos, tal y como pasa en este caso en el Gobierno de Canarias por parte de la oposición? Por tanto, voy terminando, seguir animando al comisionado haciendo pedagogía de la transparencia de forma que se pueda seguir implementando esa transparencia que avanza en la credibilidad de la política. Y digo esto porque no nos olvidemos, y ustedes todos lo saben, señoría, que cuando mi partido político pidió que se investigara qué pasó con cuatro millones de euros que se compraron en mascarilla y que no sirvieron absolutamente para nada, los grupos que apoyaban al Gobierno y el Gobierno se negaron a hacer esa comisión de investigación, pero lo que es peor, nos negaron el derecho a hablar en el Pleno.

Por tanto, yo finalizo felicitando a usted y a todo el equipo, a todas las personas que he nombrado, creo que no me quedaba nada por el gran avance que están haciendo y que sigan trabajando en la medida que lo están haciendo, con los pocos medios, pero que están haciendo un grandísimo trabajo. Muchísimas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:56:18] Gracias, señora portavoz.

A continuación, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Nacionalista Canario.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): [00:56:26] Gracias, señor presidente, señorías, señor comisionado y todo su equipo, que nos acompaña hoy.

Nos sumamos a ese reconocimiento personal de la profesionalidad, del rigor, del trabajo del Comisionado, que hoy nos presenta no solo un informe, nos presenta tres informes en realidad, el informe del 2020, el del 2021 y un avance del año 2022 hasta ahora, hasta prácticamente el cierre de la legislatura. Y queremos felicitarlos por ese rigor, por el detalle, por la profesionalidad y lamentamos haber dispuesto de poco tiempo para el análisis, porque realmente, claro, estamos en la coyuntura que tenemos del cierre de legislatura y los tiempos son los que son.

De todas formas, estos informes que cada año se superan nos servirán de herramientas, desde luego, en el futuro para el trabajo. Y se supera porque no solo cada año se incrementan, además de las administraciones públicas, las entidades dependientes, las entidades privadas y en los últimos tiempos los perceptores de fondos, fundamentalmente también los ligados al COVID. Y no solo este incremento de entidades y de instituciones, sino además se refleja en un incremento de los expedientes administrativos que se tramitan. Y al principio de la intervención, el señor comisionado ponía el cuadro sobre la evolución de la actividad del Comisionado y realmente es una de las cosas más llamativas a priori, como esa actividad tímida de 18 expedientes en el 2015 se ha convertido en el 2022 en más de 12.000 expedientes. Esto da idea de la dimensión, del volumen, del trabajo que hay detrás de la actividad del Comisionado. Y esto en cuanto a datos cuantitativos, pero los cualitativos también se reflejan en la mejora de las ratios de cumplimiento de las resoluciones del comisionado, en la mejora de los datos de evaluación de portales en los últimos años por encima del notable, aunque evidentemente siempre hay margen de mejora para las instituciones. Y nosotros en este caso queremos preguntarle si estos datos de evaluación de portales obedecen a una autoevaluación que realizan las entidades, si se realiza algún tipo de inspección, algún tipo de seguimiento, aunque sea aleatorio, para comprobar que efectivamente esas autoevaluaciones se están haciendo bien.

Y queremos también preguntarle qué herramientas necesitarían sobre todo los ayuntamientos, los más pequeños, si es falta de medios económicos, de recursos humanos o si es una cuestión de necesidad de avanzar en la cultura de la transparencia y sobre todo también de voluntad política. Y aquí quiero volver a traer la cuestión que ocurre sobre todo en los ayuntamientos de la falta de transparencia para los responsables públicos que están en la oposición, esa información que no se les facilita a esos expedientes a los que no tienen acceso, que les impide ejercer el derecho democrático del control de esos gobiernos municipales. Y también en este Parlamento porque los retrasos en la respuesta en las solicitudes de información, en algunos casos se unen esos retrasos a la calidad de la respuesta. Cuando te remiten a «busque usted en el boletín oficial» o «busque usted en la página web», no. El respeto que merece el Parlamento, el respeto que merecen los responsables públicos, merecen una respuesta adecuada del Gobierno.

Y ahora yo quisiera recordar las recomendaciones que usted hacía en el informe especial que hizo sobre el COVID, recomendaba la transparencia en los contratos, en las subvenciones, también hacía una referencia al Plan Reactiva, esa necesidad también de transparencia en el Plan Reactiva. Y tenemos que decirle, señor comisionado, que el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus recomendaciones. Seguimos sin saber qué ha ocurrido realmente en la gestión del COVID y el más grave caso es el exponente de los cuatro millones de mascarillas, que no sabemos qué ocurrió ni esperanza de saberlo. Y respecto al Plan Reactiva, tampoco sabemos nada. El Gobierno da por bueno toda la gestión del Plan Reactiva, dice que todo está bien y si preguntamos, pues estamos haciendo política. Es una curiosa manera de entender la política, de entender la responsabilidad pública y sobre todo, de entender la democracia y el parlamentarismo. Y lo que tenemos es triunfalismo frente a opacidad y la comodidad de no rendir cuentas amparados en una mayoría parlamentaria que sustenta los cuatro grupos que sustentan al Gobierno.

Y digo, hago esta referencia porque usted hacía un comentario, le daba usted la transparencia al mejor ejercicio de la función pública. Y también decía que la transparencia no es una obligación, sino es un derecho de los ciudadanos. Y visto desde el punto de vista del Parlamento, el ejercicio de la función pública es cierto para quien la ejerce desde el Gobierno, porque se siente evaluado, pero es fundamental para quienes ejercemos la oposición, la transparencia es una herramienta imprescindible para el control, la fiscalización de los Gobiernos. Y aquí estamos fallando, aquí necesitamos avanzar, porque en estos cuatro años de legislatura este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por la transparencia y como decía usted, no es una obligación del Gobierno, es un derecho de los ciudadanos en el ámbito parlamentario, es un derecho de los diputados, es un derecho a la participación política.

Y voy concluyendo, señor comisionado, reiterando la felicitación, reiterando el reconocimiento al compromiso del comisionado y todo su equipo, apoyándolo en su labor y tiene usted el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario, en esa tarea de dar y de seguir avanzando en materia de transparencia en la gestión de las políticas públicas. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:03:15] Gracias, señora diputada.

A continuación, es el turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor portavoz.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): [01:03:23] Gracias, señor presidente.

En primer lugar, sí sería cuestión de aclarar que estamos aquí para analizar un informe, no lo que nos sucede a cada uno de los grupos parlamentarios en su actividad en la Cámara. Porque está claro que se quejan de ECD, de falta de información. Las ECD saben que por el reglamento se convierten en preguntas orales y se accede a los consejeros para hacerlo. Quizás, si no han conseguido todavía esa, es porque han dejado de realizar sus funciones y no la han llevado al Pleno. Todos los temas que ustedes han discutido y han puesto sobre la mesa se han discutido en el Pleno. Están en el Tribunal de Cuentas, están en la Audiencia de Cuentas, han sido fiscalizados. Por lo tanto, con lo que hay que quedarse es con lo que usted mismo dijo, el Gobierno, en transparencia en su portal es de sobresaliente. Y eso es en lo que está. Distinto es, hasta incluso me parece una falta de respeto, dentro de un equipo que está aquí, al que felicito, le doy la bienvenida tanto al comisionado como a todo el equipo, de venir a dar un informe, de agradecerles el informe, de felicitarles el informe y hablar de otra cosa. Es decir, tenemos que hablar del informe, que es de lo que se ha venido a hablar. Otra cosa es cuáles son las circunstancias de cada grupo, que haya tenido. Pero, bueno, han tenido cumplida respuesta en el Pleno en cada momento y por cada uno de los consejeros. Otra cosa es que la información no sea la deseada o la que quieren que uno les dé, que es distinto. Pero el acceso lo tenía.

Yo con el informe, lo que sí, reitero mi agradecimiento, la verdad, trabajo realizado a todo el equipo y lo que denoto y lo que he visto es un crecimiento, un crecimiento que va en la ampliación del mapa de obligaciones, incluso superando lo que es el marco legal, incluso se evalúa más allá de lo que establece el marco legal, cosa que es positiva. Pero también ha habido un avance y una ampliación en los sujetos de evaluación. Es decir, que hay dos cosas importantísimas.

Y visto el informe, casi sin salir del resumen ejecutivo, nosotros, nuestro grupo, quiere plantear ocho hitos. En el año 2020, referido al año 2020, el primer hito, que tiene que ver con lo que hablaba el señor Luis Campos del número de reclamaciones, yo creo que tendrá que ver con la campaña que realizó institucional sobre el acceso a la información realizada en Canarias en estos años, centrada en más de mil cuñas, bajo el lema aquel “Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar”. Por lo tanto, algo tiene que ver. Por lo tanto, si alguien reclama y están reclamando y los números de reclamaciones aumentan, es positivo y por eso se hacen las campañas.

El segundo hito tiene que ver respecto al informe anterior, que se incorporaron las 66 corporaciones de derecho público de Canarias. Es decir, a los colegios profesionales y a las cámaras de comercio. De esta forma, por primera vez en la comunidad autónoma se emplazó a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia a todas las entidades incluidas en el 2, en el artículo 2 de la ley 12/2014.

Y así, en este informe del año 2020, como se recoge en el propio informe ejecutivo, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones locales. Es decir, superando el 80 %.

El tercer hito tiene que ver, igualmente, con la participación, pero en este caso con las que tienen que ver con el artículo 3 de la ley 12/2014, a 487 entidades privadas que recibieron las ayudas y subvenciones por importes acumulados a 60.000 euros.

El cuarto hito, que hemos visto en todos los informes y que abundan en este crecimiento, es el referido a los sujetos censados. Es decir, el informe del año 2020 se refiere a 335 sujetos obligados de los 347 que presentaron su declaración de transparencia. Y por primera vez, y este es el hito, todos, todos, todos superaron la nota de notable, es decir, el 7,65.

El quinto hito ya tiene que ver más con el informe del año 2021. Y el primero es que la gran concesión de números de ayudas relacionadas con la COVID durante el ejercicio, las entidades privadas en el ámbito de la comunidad autónoma multiplicó por tres el número de entidades emplazadas a autoevaluarse.

El sexto hito lo ponemos en el proceso de verificación pormenorizada y exhaustiva del cumplimiento de las resoluciones de derechos de acceso favorables a los ciudadanos frente a las Administraciones que solicitan información. Es decir, esta es la mayor novedad en este último punto y en este último año y correspondiente a los últimos meses de trabajo.

El séptimo hito, también una novedad, que el comisionado apuesta por un programa de monitorización de cumplimiento del derecho de acceso a la información y ahora en la segunda parte ya nos aclarará y nos completará lo que nos quería decir anteriormente. A los ciudadanos que reclaman a la entidad por falta de respuesta de las 98 Administraciones territoriales del Canarias y sus entidades dependientes. Los resultados que reflejan los cuadros, que ahora lo vamos a ver, resoluciones de derechos de acceso a la información pública y del comisionado de transparencia.

Y el último hito se sitúa en la necesidad de mejora y estábamos hablando y usted se refería al poder coercitivo para terminar. Yo creo que la presentación, usted empezaba la presentación, “cuando sabemos que se puede saber lo que hacemos, lo hacemos mejor”. Entonces, cuando hay un poder coercitivo que te puede empujar también lo vas a hacer mejor. Y en ese caso yo quería felicitarles por el trabajo realizado. Gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:09:41] Gracias, señor portavoz.

Y, a continuación, para concluir, tiene la palabra el señor comisionado, señor Cerdán. Por espacio de diez minutos, un poquito menos generoso que el anterior turno.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [01:09:56] Gracias a todos, en nombre del equipo, porque nos enorgullece y nos estimula que se reconozca el trabajo de estos años.

Y dicho así, en corto, pero intenso y sinceramente nuestro agradecimiento, yo he procurado agrupar el batiburrillo lógico de seis intervenciones en preguntas, en reflexiones, en retos de futuro en algunos bloques, para tratar de responderles a lo más posible, porque es muy difícil en diez minutos responder a todo.

Y empezaríamos quizás primero por los temas del cuánto, de si hay suficientes medios o no suficientes medios, de ese tipo de cuestiones. Por una parte, están los medios en las administraciones, que efectivamente el propio Diputado del Común, hace unos pocos días, planteaba que efectivamente hay algunas Administraciones que están muy limitadas, faltan secretarios, faltan habilitados. Y luego está el tema de los medios en el Comisionado de Transparencia. Yo creo que en las administraciones en general, aunque eso es cierto, lo que comentaba el Diputado del Común, en el ámbito de la transparencia, como tampoco el nivel de preguntas es excesivo, porque no se conocen con precisión, porque nosotros hacemos encuestas, pero no tenemos mucha fiabilidad en cuanto a cuántas preguntas hacen los ciudadanos a las 98 Administraciones canarias, pero no parece que sean muy grandes.

Y la prueba es que, curiosamente, los pequeños tienen pocas preguntas, pero responden. Y si ustedes repasan nuestro informe, donde más hay incumplimientos en derechos de acceso es en ayuntamientos de un cierto nivel, que se supone que tienen medios. Eso es respecto a los medios de las administraciones canarias.  Respecto a los medios del Comisionado, nosotros siempre hemos dicho que estamos, comparativamente a otros comisionados y otros consejos autonómicos, satisfechos de los recursos que nos aporta el propio Parlamento, porque no olvidemos que somos un órgano del Parlamento.

Y en ese sentido, comparado con otros comisionados o consejos, nos encontramos satisfechos. Y eso que, cuando valoramos qué cuesta verificar la transparencia, lo tenemos cifrado en 0,32 céntimos por habitante y año (en 2022), que no es mucho porque somos ocho funcionarios más dos auxiliares del Parlamento los que colaboran y eso es un costo bastante razonable. Y no demandamos muchos más medios. ¿Y cómo es posible que estemos con tan bajo costo, con tan poco personal y tal productividad en número de expedientes y en número de evaluaciones? Porque el truco del almendruco, diríamos, sería haber podido establecer un sistema de interconexión entre nosotros, entre el equipo del comisionado, que está, les recuerdo, este Parlamento, y el conjunto de las administraciones o de las empresas subvencionadas a través de un programa informático, a través del que miles de canarios colaboran con nosotros en cargar esos datos. Nosotros no podríamos cargar 3.167 evaluaciones si no fuera porque invitamos a autoevaluarse a las instituciones y a las empresas; y se autoevalúan y nosotros verificamos si lo que dicen está publicado o no está publicado. De ahí, esa coparticipación, esa colaboración es la que permite, con bajo costo, conseguir estos resultados en número de expedientes y en número de resultados.

Como les decía, el nivel de publicidad activa es alto en las medias, pero tampoco nos debe hacer olvidar que hay, aunque las medias están por encima de siete en todo el sector público, que hay todavía ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos que suspenden, y dos o tres entidades del ámbito autonómico, pero que ayuntamientos y entidades dependientes de ayuntamientos que todavía están suspendiendo y que están en la lista. Yo no puedo ahora relatar aquí de las 340 entidades públicas cuáles son, pero los tienen ustedes en el informe. Y yo lo que siempre invito es a las instituciones a que lleven sus resultados, que son descargables desde nuestro programa, descargables con un clic, que lo lleven al debate, lo mismo que estamos debatiendo aquí, pero al debate de sus plenos, porque aquí no podemos debatir las 340 entidades públicas uno por uno, pero sí se pueden debatir en plenos de cabildos o plenos de corporaciones locales.

Y les digo que, aunque estamos satisfechos en el nivel de publicidad activa, nos queda y estamos satisfechos incluso en el ámbito privado, que está en 4,48, creo que hay un margen de mejora, siempre lo hay en estos campos. En el ámbito de la publicidad activa o privada, que es donde los portales de transparencia de las empresas y ONGs, nuestras actividades ya ahora, en este año, que no entraba dentro del informe, en el año 2023, de cara, digamos, a la mejora, se han manifestado en la semana pasada, hemos publicado el viernes una recomendación a todas las administraciones públicas para que mejoren en las convocatorias de ayudas y subvenciones su información sobre a qué están obligados cada entidad que recibe ayuda, incluso hasta las que reciben menos de 60.000 euros, las que reciben más de 60.000 euros tienen que presentar, tienen que mantener un micro portal de transparencia mucho más pequeño que el de las entidades públicas, pero las tienen que mantener. Entonces, ese déficit informativo que había, tratamos de corregirlo mediante una recomendación que introduzca en todas las convocatorias de subvenciones el recordatorio de que existen leyes de transparencia que obligan a publicar al menos 12 elementos informativos, que es lo que nosotros controlamos en los portales privados, y que eso ha de cumplirse. Eso, como mecanismo, diríamos, de mejora a futuro en el ámbito privado de la transparencia, que como hemos dicho, era el más factible de mejorar.

En el otro ámbito, incluso las intervenciones de todos ustedes han puesto más de manifiesto, unos más crudamente que otros, pero que tenemos un más amplio margen de mejoras es en el derecho de acceso. Y, además, no solamente en el derecho de acceso de los ciudadanos, sino en el derecho de acceso de los cargos públicos. En este sentido, aunque no lo hemos comentado porque no era una cuestión específicamente nuestra, en el año 2022, el año pasado, el Tribunal Supremo, por fin, emitió Sentencia núm. 312/2022 de la Sala de  Contencioso del Tribunal Supremo (https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9624ee5285bdd333) y convalidó una resolución de la Comisión de Garantías de Cataluña que, de alguna manera, puso fin a la discrepancia que había en España entre unos consejos que admitían las reclamaciones de cargos públicos contra su ayuntamiento, su diputación o su Gobierno. Y, de alguna manera, consolidó ya una jurisprudencia que este Comisionado venía aplicando, pero venía aplicando fundamentalmente con concejales y consejeros de Cabildo, que desde el año 2016-2017, creo recordar, a veces nos planteaban reclamaciones frente a denegaciones de sus instituciones no necesariamente a través de la Ley de Transparencia, sino simplemente a través de la Ley de Régimen Local.

Entonces, hasta ahora no se habían planteado, hasta ahora digo, el mes de diciembre del año pasado. Perdón, sí se habían planteado. El año pasado se planteó una reclamación de un diputado de esta Cámara que se resolvió, se inadmitió y se declaró su terminación, pero fundamentalmente porque se había entregado la información [apenas unos días después de haber reclamado]. Pero en diciembre se ha vuelto a presentar un paquete de reclamaciones de una diputada de esta Cámara, como ha ocurrido ya en Navarra y en Cataluña. Diremos que pretende, lo que aquí se ha estado antes explicando por algunas diputadas, que es que las denegaciones, las no contestaciones o denegaciones de derecho de acceso del Gobierno a los diputados de esta Cámara también se vean amparadas por el Comisionado y, por lo tanto, por la Ley de Transparencia. No solamente por el reglamento de la Cámara, que era una cosa habitual hasta ahora, que prácticamente cuando no se respondía, la mesa instaba a la Consejería competente a que respondiera y ahí se quedaba el asunto, sino que en este momento, ya les digo, ha habido dos comunidades que han ido por delante de nosotros, tanto Cataluña, no porque fueran más adelantadas, sino simplemente porque allí se produjo la reclamación, en Cataluña como en Navarra.

En ambos casos se han producido resoluciones estimatorias para los diputados y tenemos -como les decía- el precedente, la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año 2022, referidas a concejales y a diputados de la Diputación de Girona, que avalan, de alguna manera, ese salto, esa mejora cualitativa en el reconocimiento al derecho de acceso para que los diputados, también -no solamente concejales y consejeros de Cabildo o diputados provinciales- se puedan, diríamos, amparar en la Ley de Transparencia de este país. Con lo cual, significará un nivel de avance también en esta materia. Porque no nos olvidemos que, para que ustedes hagan una idea, aunque no tengo aquí la cifra, las preguntas que se hacen en esta Cámara y en general, yo creo que en casi todas las Cámaras autonómicas, superan el número de preguntas que se hacen los ciudadanos al conjunto de las administraciones canarias.

No hay una estadística precisa, pero prácticamente hay 5.000 o 6.000 preguntas, entre preguntas y solicitudes de acceso, que se presentan cada legislatura en esta Cámara. Y no es un problema de esta legislatura ni de la anterior. En general, no tenían hasta ahora los diputados ni en esta Cámara ni en otras autonómicas los sistemas de garantía que empiezan a consolidarse precisamente a raíz de sentencias de casación como la que les he explicado.

Por lo tanto, en ese sentido, creemos que la trayectoria, la evolución de estos seis años, de los ocho años, mejor dicho, que les he ido contando se va a ver de alguna manera fortalecida en los próximos meses.

Primero, porque ha habido también aquí una reflexión –creo que lo decía el presidente de la Comisión en su turno– que decía qué pasa con las grandes empresas que han recibido más de 200 millones de euros o casi 35 millones de euros. Y las de cinco millones no han declarado todas. Pero, ¿qué pasa con algunas que aparecen en el informe aquí sin datos? Es decir, que ni siquiera se ha molestado en decirnos «mire, sí, abrí un pequeño portal de transparencia con 12 ítems», que no les pedimos la luna, sino los 12 ítems mínimos que marca la Ley de Transparencia estatal. Bueno, pues en ese sentido, nuestra posibilidad para estimular que en el futuro ese nivel de no respuesta, es decir, de no datos, de no presentar la autoevaluación se reduzca al mínimo, sobre todo en aquellas que tienen grandes e importantes subvenciones; es comunicar, como lo comunicaremos, este informe. No solamente está publicado ya en la web del Comisionado y en el Boletín Oficial del Parlamento, sino que se lo comunicaremos a las intervenciones de fondos, que son en realidad las responsables de una segunda vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades que reciben fondos públicos, para que a su vez tengan una capacidad coercitiva, como lo que estamos hablando, mayor que la nuestra. Que la nuestra es hasta este momento puramente reputacional. Nosotros sacamos la lista para que todo el mundo lo vea. A partir de ahí se queda, diríamos, en el margen de las capacidades ya de los diputados o consejeros de cabildo o concejales en producir resultados a partir de los datos.

Pero, a partir de ahora, diríamos lo que vamos a poner también en manos de las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias, para que puedan, de alguna manera, cada vez que vuelven a dar en los próximos años fondos públicos a entidades privadas, pues tengan la misma o parecido nivel de control y responsabilidad que cuando son los funcionarios o los cargos públicos, digamos, de Canarias los que usan esos fondos. Porque, al fin y al cabo, el euro es igual de público cuando se usa por la Administración que cuando se usa por una entidad subvencionada. Y, en ese sentido, creo que este año vamos a poder impulsar mejoras en ese campo.

Muchas gracias a todos.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:23:09] Pues muchas gracias, al comisionado y a todo su equipo.

Y, bueno, esta comisión tiene que continuar. Y, mientras despedimos al equipo, pues muchas gracias. Y sigamos profundizando.

Se reducen los incumplimientos de las resoluciones de acceso a la información favorables a los ciudadanos

La evaluación de portales de transparencia se triplicó en 2022 hasta los 3.167 públicos y privados

– El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta informe anual

Transcripción de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces en la Comisión de Gobernación

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, junto a Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación, en la Comisión de Gobernación

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado hoy el informe anual del año 2021 y el  avance de la actividad en 2022 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

La grabación de la presentación del comisionado de Transparencia en la Comisión de Gobernación está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/ee9h-kBm5Dw

El informe anual completo es accesible aquí: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Transparencia-2021.pdf

El progreso más relevante del año 2022 se produjo en una mayor verificación del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso cuando los ciudadanos son amparados para que les entreguen información. Se ha conseguido reducir en más de la mitad el número de resoluciones incumplidas en el periodo 2020-2022, tal como recoge el cuadro de ratios de cumplimiento por las administraciones canarias de las resoluciones de derecho de acceso a la información pública emitidas por el Comisionado de Transparencia. Hasta el año 2021, más de un tercio de las resoluciones anuales no se cumplía (en porcentajes semejante a las siete comunidades autónomas donde se mide este fenómeno). El programa de verificación llevado a cabo en los últimos catorce meses llevó a reducir los incumplimientos al 8,37 % en 2020; al 10,48 % en 2021 y al 17,75 % en 2022. No consta todavía el cumplimiento de 60 resoluciones de 2022, de 33 resoluciones de 2021 y de 19 resoluciones de 2020.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, ha recordado que “la transparencia no es solamente un derecho del ciudadano, sino que es también una herramienta que permite mejorar los resultados a las administraciones”. Porque los poderes públicos e instituciones tienen parecidos incentivos a los de las personas: “cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos –indicó -, lo hacemos mejor”.

En los últimos dos años, el Comisionado de Transparencia ha duplicado el número de expedientes administrativos, superando los 4.000 expedientes gestionados en 2022 y, en concreto, ha triplicado el número de expedientes de evaluación de los portales de transparencia, hasta alcanzar los 3.167 en el último ejercicio.

Con respecto a los resultados de las evaluaciones de transparencia, en la última evaluación correspondiente a la información del ejercicio 2021 se consiguió la participación del 84,77 % de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa de Canarias: todas las instituciones principales y sus entidades dependientes y las asociaciones públicas (FECAI y FECAM), el 44, 44 % de las mancomunidades, el 88, 06% de las corporaciones de derecho público y el 83, 29% de las entidades privadas.

La media aritmética del sector público alcanzó 7,82 puntos en la evaluación hecha en 2022 sobre el ejercicio de 2021. Las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio y colegios profesionales) consiguieron una media de 6,35 y el sector privado (los miles de empresas y organizaciones subvencionadas con más de 60.000 euros anuales) se quedó cerca del aprobado con una media de 4, 48.

En materia de derecho de acceso, Daniel Cerdán informó del aumento de las reclamaciones presentadas por derecho de acceso a la información pública, así como del número de resoluciones. Mientras en 2020 se registraron 386 reclamaciones y se resolvieron 359 expedientes, en 2022 las reclamaciones llegaron a 575 y se resolvieron 507, de las que el 76 % fueron estimadas con resultados favorables para los ciudadanos.

Daniel Cerdán reconoció que en comparación con otros comisionados y consejos están satisfechos con los medios que les atribuye el Parlamento, indicando que el costo del Comisionado se sitúa en 0,32 € por habitante al año. “La colaboración de las miles de entidades públicas y privadas en el proceso de evaluación de transparencia a través de la presentación de sus declaraciones de transparencia que luego se procesan telemáticamente permite que el pequeño equipo del comisionado pueda realizar dicha labor a muy bajo coste”, indicó Cerdán.

Los resultados de la evaluación de los portales de transparencia de las entidades privadas serán facilitados a las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias para que puedan ejercer el control y las acciones correspondientes con respecto a las entidades que reciben subvenciones de más de 60.000 euros y no cumplen con sus obligaciones legales de transparencia.

En cuanto al sector privado, y a pesar de que la nota está por debajo del aprobado (4,48 frente al 4,83 de 2021), Cerdán ha señalado que en contra de lo que pudiera parecer es «aceptable» si se compara con las de los dos primeros años de evaluación en el sector público, y porque «la inmensa mayoría» de las empresas desconocían sus obligaciones en materia de transparencia. El comisionado ha hecho hincapié también en el incremento exponencial de empresas privadas analizadas por el reparto de fondos COVID: en total fueron 3.319 las que en el ejercicio de 2021 tenían obligación al percibir una subvención superior a los 60.000 euros, de las cuales presentaron su declaración el 83%.

Intervinieron en representación de los grupos políticos, por este orden:  Ricardo Fernández de la Puente Armas, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Francisco Antonio Déniz Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), Luz Reverón González, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Socorro Beato Castellano, portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario y Mauricio Aurelio Roque González, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Puede consultar la transcripción de las intervenciones completas del comisionado y de todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el siguiente enlace.

Recomendación a las administraciones para la mejora del cumplimiento de las obligaciones informativas de los perceptores de subvenciones de 60.000 euros anuales

El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán Elcid, ha aprobado la «Recomendación 1/2023 sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: Transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas», publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 138/2023, de 17/3/2023  y en el Boletín Oficial de Canarias 68/2023, de 5 de abril.  

El documento, reproducido a continuación, insta a todas las administraciones canarias a mejorar la información en sus convocatorias de ayudas y subvenciones; de forma que los receptores de las misma conozcan con precisión sus obligaciones de transparencia cuando superan los 60.000 euros anuales.

 

RECOMENDACIÓN 1/2023, de 17 de marzo, sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: Transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (CTAIP) es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, cuya organización y funcionamiento se regulan en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (LTAIP).

El artículo 63.1, letra c), de la LTAIP atribuye al CTAIP la siguiente función:

“La formulación de recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en esta Ley relativas al derecho de acceso y la transparencia.”

En ejercicio de sus competencias, el CTAIP formuló el 17 de diciembre de 2015 la recomendación interpretativa n.º 1/2015, en relación con la aplicación de las obligaciones de publicidad activa que debían cumplir las entidades de carácter privado previstas en el artículo 3.1, letra b), de la LTAIP.

En el curso de las actuaciones de evaluación y control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa efectuadas por el CTAIP desde que se formulara la citada recomendación se ha comprobado que las entidades privadas que perciben ayudas y subvenciones públicas de las administraciones públicas canarias no son conocedoras de sus obligaciones de publicidad activa porque ni en las bases reguladoras, ni en las convocatorias, ni en las concretas resoluciones de concesión de las ayudas y subvenciones se hace mención alguna a las obligaciones de publicidad activa que han de cumplir las entidades privadas que reciben las ayudas y subvenciones públicas, con la excepción de las convocatorias de subvenciones realizadas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, que son pioneras en la materia que nos ocupa y marcan un encomiable camino a seguir.

Además, hay que tener en cuenta que en relación con las subvenciones que se concedan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha dictado por parte del Gobierno de Canarias el Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público: https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/pma.html

Los operadores habrán de tener en cuenta las obligaciones que se deriven de esta regulación.

Por tanto, a fin de corregir esta situación, resulta necesario formular una nueva recomendación, en este caso dirigida a las administraciones públicas canarias, para que se incluyan en las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones los textos que se exponen a continuación, u otros similares, así como en las órdenes de concesión de subvenciones nominadas y directas, siempre que los destinatarios de la ayuda o subvención no sean exclusivamente personas físicas.

Base X. Obligaciones de las entidades beneficiarias.(1)

Texto a añadir, antes o después, de la letra relativa a las medidas de difusión y publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones objeto de las subvenciones:

A) En relación con las convocatorias de subvenciones y ayudas que se concedan por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma:

“x) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.”

B) En relación con las convocatorias de subvenciones y ayudas que se concedan por parte de los Cabildos y los Ayuntamientos canarios, o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de los mismos:

“x) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 100.000 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 40 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.”

Base Y. Incumplimientos y reintegros (en otras bases reguladoras se denomina “reintegros y sanciones”).(2)

Texto a añadir en esta base como incumplimiento que puede llegar a ser causa de reintegro de las ayudas y subvenciones públicas concedidas.

“x) El incumplimiento de la obligación de publicar la información de publicidad activa a que estuvieran obligadas las entidades beneficiarias constituye infracción administrativa que se calificará conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, pudiendo ser sancionado dicho incumplimiento con multa, y conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida.”

Base Z. Control no financiero de subvenciones (o Control de las obligaciones de transparencia).(3)

Nueva base a añadir a continuación de la base relativa al control financiero de subvenciones.

“Las entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones públicas tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2023.- El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán Elcid.

NOTAS FINALES:

1. El artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al que se remite el artículo 11.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone en su apartado 3 las obligaciones de publicidad activa en materia de transparencia y en el apartado 4 las obligaciones de difusión del carácter público de la financiación de los programas, actividades, inversiones o actuaciones subvencionadas. Ambos tipos de publicidad, con finalidades y alcance diferentes, se recogen bajo el mismo título de “publicidad de las subvenciones”. Por consiguiente, las bases de las subvenciones tienen que hacer mención a ambos tipos de obligaciones de publicidad por parte de las entidades beneficiarias, para que las entidades subvencionadas conozcan que tienen otras obligaciones de publicidad que no se recogen en las actuales bases reguladoras.

2. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, establece una nueva causa de reintegro de las ayudas y subvenciones públicas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que debe recogerse en las bases reguladoras de las subvenciones, máxime si se tiene en cuenta que será el titular del departamento que otorga la subvención o ayuda el órgano competente para la iniciación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de transparencia, ya sea por propia iniciativa, a instancia del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a petición razonada de otros órganos (Intervención General o Audiencia de Cuentas de Canarias) o por denuncia, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la citada Ley 12/2014.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.b) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, es función del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas, como un control diferente al control financiero que se ha venido ejerciendo hasta el presente, y así se ha de dar a conocer en las bases generales de las ayudas y subvenciones. Ese nuevo control, no recogido hasta ahora en las bases reguladoras de las subvenciones, causa sorpresa a las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones cuando el Comisionado de Transparencia ha empezado a desarrollar sus actuaciones de comprobación en materia de publicidad activa, por el hecho de que dichas entidades no disponían de conocimiento previo sobre las obligaciones informativas que, desde el año 2014, estableció la Ley de Transparencia. Y es recomendable subsanar esa falta de información en las bases reguladoras de las subvenciones de cada administración pública.

ANEXO I

OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LAS
ENTIDADES SUBVENCIONADAS

La percepción de ayudas públicas relevantes conlleva una rendición de cuentas por sus perceptores y no solamente ante la administración subvencionadora, sino a través de sus páginas en internet, a partir del despliegue de las leyes de transparencia en España.

Las obligaciones informativas de publicidad activa de las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones, a incluir en un apartado de transparencia dentro de las páginas web, se refieren a la siguientes informaciones (artículo 3.1 de la Ley de Transparencia 12/2014 de Canarias, que remite a las obligaciones de la Ley básica 19/2013, conforme a los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno CI 3/2015 y del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública CI 1/2015) . Se recogen sinópticamente en este cuadro final.

Más, a efectos de que pueda captarse mejor la edición en las páginas webs de estas obligaciones, pueden identificarse las mejores prácticas en los informes anuales del Comisionado de Transparencia: concretamente en la visualización de las “Entidades privadas” que obtienen mejores puntuaciones en cada Informe sobre el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias); relacionada en el último informe anual del Comisionado en su página 76: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/01/Informe-definitivo.pdf#page=76

ANEXO II

MAPA DE OBLIGACIONES

El mapa de obligaciones informativas en sus portales derivadas a las normas de transparencia se recoge en la herramienta de evaluación T-Canaria y se resume en la tabla final. Los contratos y convenios se refieren únicamente a los firmados con administraciones públicas.

 

Base de datos de las 2.431 entidades privadas mayores perceptoras de ayudas COVID-19 en 2021 y su cuantía

Las 2.431 más importantes obtuvieron 1.001 millones de euros en total. Casi una de cada diez, 232, recibió más de un millón de euros

Como continuación de la noticia publicada sobre «En Canarias hubo más de 25.700 ayudas COVID por 1.231 millones € en 2021», se publica el listado completo de las 2.431 entidades privadas subvencionadas con ayudas COVID-19 emplazadas a declarar su transparencia sobre el ejercicio 2021 y su situación de cumplimiento con la declaración de transparencia.

A través de la principal línea de ayudas del Gobierno de Canarias, en 2021 se tramitaron 1.231 millones de euros en ayudas COVID-19 a 25.710 empresas y personas físicas, principalmente por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con fondos procedentes de la Unión Europea.

De ese montante, las 2.431 entidades con mayores ayudas COVID [con una subvención siempre superior a 60.000 €] recibieron 1.001 millones, cuatro quintas partes del total. El Comisionado de Transparencia de Canarias concluye en estos días el control del cumplimiento sus obligaciones informativas, ya que todos los grandes perceptores de ayudas públicas han de informar sobre ellas a través de sus páginas web. De ellas, 232 fueron perceptoras de más de 1 millón de euros cada una.

Puede descargar aquí el listado completo de las 2.431 entidades privadas que fueron perceptoras de ayudas COVID-19 del sector público canario:

Listado en formato XLSX con entidades ordenadas por volumen de subvenciones COVID-19 recibidas en 2021

 

La columna «Ayudas COVID recibidas» recoge las cuantías de las subvenciones para compensar los perjuicios del COVID de las 2.431 entidades evaluadas por el Comisionado de Transparencia, por haber superado los 60.000 euros de subvención por todo tipo de ayudas percibidas, según consulta a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en mayo de 2022. En las dos columnas siguientes se incorporan otras ayudas recibidas por esas mismas entidades del Gobierno de Canarias en 2021; y las ayudas de otras administraciones canarias, cabildos y ayuntamientos.

De todas ellas deben informar en sus páginas web según las leyes de transparencia. En la última columna se identifica si remitieron o no al Comisionado de Transparencia de Canarias su autoevaluación de cumplimiento de sus obligaciones informativas en su portal en Internet.

De las 2.431 entidades subvencionadas perceptoras específicamente de ayudas COVID-19, 2.089 presentaron su declaración de transparencia en esta evaluación del ITCanarias, es decir que más del 86 % cumplió ante el Comisionado de Transparencia. Mientras que 342 entidades incumplieron, el 14 %.

RESUMEN: PERCEPTORES PRIVADOS DE AYUDAS COVID EN 2021
 
  Número de entidades Remitió autoevaluación Ayudas Covid recibidas (€)
  2089 919.671.627
  342 No 81.565.755
Totales 2431   1.001.237.383

 

 

Si desea conocer el objeto o el detalle de las subvenciones percibidas por una entidad, puede encontrarlo con facilidad en la pestaña de Concesiones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la Intervención General del Estado, poniendo el CIF o el nombre del beneficiario, que se hayan en las tablas adjuntas a esta información.

 

En Canarias hubo más de 25.700 ayudas COVID por 1.231 millones € en 2021

Las 2.431 más importantes obtuvieron 1.001 millones de euros. Casi una de cada diez, 232, recibió más de un millón

El 86 % de las entidades privadas subvencionadas con ayudas COVID-19 presentó su declaración de transparencia

Base de datos de las 2.431 entidades privadas mayores perceptoras de ayudas COVID-19 en 2021 y su cuantía

A través de la principal línea de ayudas del Gobierno de Canarias, en 2021 se tramitaron 1.231 millones de euros en ayudas COVID-19 a 25.710 empresas y personas físicas, principalmente por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con fondos procedentes de la Unión Europea.

De ese montante, las 2.431 entidades con mayores ayudas COVID [con una subvención siempre superior a 60.000 €] recibieron 1.001 millones, cuatro quintas partes del total. El Comisionado de Transparencia de Canarias concluye en estos días el control del cumplimiento sus obligaciones informativas, ya que todos los grandes perceptores de ayudas públicas han de informar sobre ellas a través de sus páginas web. De ellas, 232 fueron perceptoras de más de 1 millón de euros cada una.

En estas semanas se ultima la evaluación de la transparencia de las entidades públicas y privadas que percibieron ayudas públicas del Gobierno de Canarias, de los cabildos insulares y de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en el año 2021. Las subvenciones de elevadas cuantías aumentaron mucho en ese ejercicio, por el reparto de las ayudas creadas para hacer frente a las dificultades y perjuicios económicos derivados de la pandemia del COVID-19 a empresas y autónomos que hubieron de reducir o cerrar temporalmente su actividad. Las cantidades más importantes se refieren al sector turístico, como se puede comprobar en tabla de datos de las 2.431 entidades publicada en la sección de actualidad de la web del Comisionado de Transparencia.

Canarias es la primera comunidad autónoma donde se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de aquellas empresas privadas que recibieron ayudas por el COVID en 2021. Con anterioridad se analizó la transparencia del sector público canario durante el primer año de la pandemia.

En 2022, el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, emplazó a presentar por tercera vez su declaración de transparencia a las entidades privadas subvencionadas en el ejercicio 2021 con más de 60.000 euros por el Gobierno de Canarias o con más de 100.000 euros por los cabildos insulares y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna.

Las entidades subvencionadas y emplazadas para esta evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) sobre el ejercicio 2021 fueron 3.322. Hubo un crecimiento casi exponencial que se debió, sobre todo, a la concesión de ayudas articuladas para compensar los efectos de la pandemia del COVID-19, concedidas en su inmensa mayoría por el Gobierno de Canarias con financiación estatal y de la Unión Europea. La más importante de ellas, planificada inicialmente con 1.144 millones de euros, se reguló a través del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula en Canarias la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas», prevista en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiadas con los fondos europeos distribuidos por el Gobierno español a las comunidades autónomas. En el citado decreto-ley (art. 27) se les recordaba a los solicitantes de las ayudas el deber de cumplimiento las obligaciones informativas contempladas tanto la Ley de Subvenciones como en las leyes de transparencia, en este caso en sus portales web.

De las 2.431 entidades subvencionadas con ayudas COVID-19 y que estaban obligadas a publicar su actividad en sus portales web, 2.089 (el 86%) presentaron su evaluación de cumplimiento en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Y las 342 entidades restantes (el 14%) no cumplieron con sus obligaciones de transparencia.

Entre las entidades perceptoras de las mayores cuantías, se encuentra la entidad Salcai Utinsa, S.A. (GLOBAL), que percibió 12.220.648,26 € de subvenciones COVID-19. Otras 20 entidades fueron perceptoras de 5 millones de euros cada una. Muchas de ellas son grupos hoteleros o están relacionadas con el sector del turismo. Recibieron en total 100 millones de euros de ayudas COVID-19 estas veinte empresas: Inversiones y Gestiones Turísticas, Grupo Inversor Hesperia, S.A., Riu Hotels, S.A., Riusa II, S.A., Duna Oasis Palace, S.A., Grupo Fedola, S.L, Fuert Can S.L., Servatur, S.A., Melia Hotels International, S.A., Tourin Europeo, S.A., Binter Canarias, S.A., Hotel Paradise Park, S.L., Gestión de Viajes Deneb, S.L., Unipersonal, Avoris Retail Division, S.L., Globalia Corporación Empresarial, S.A., Barceló Corporación Empresarial, S.A., Viajes Soltour, S.A., Fund Grube, S.A., Emicela, S.A. y Sea Side Hotels, S.L.

Entidad Ayudas Covid recibidas 
SALCAI UTINSA, S.A. (GLOBAL) 12.220.648,26 €
INVERSIONES Y GESTIONES TURISTICAS 5.000.000,00 €
GRUPO INVERSOR HESPERIA SA 5.000.000,00 €
RIU HOTELS, S.A. 5.000.000,00 €
RIUSA II, S A 5.000.000,00 €
DUNA OASIS PALACE, S.A. 5.000.000,00 €
GRUPO FEDOLA, S.L 5.000.000,00 €
FUERT CAN SL 5.000.000,00 €
SERVATUR SA 5.000.000,00 €
MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. 5.000.000,00 €
TOURIN EUROPEO SA 5.000.000,00 €
BINTER CANARIAS SA 5.000.000,00 €
HOTEL PARADISE PARK SL 5.000.000,00 €
GESTION DE VIAJES DENEB SL UNIPERSONAL 5.000.000,00 €
AVORIS RETAIL DIVISION S.L. 5.000.000,00 €
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A. 5.000.000,00 €
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL SA 5.000.000,00 €
VIAJES SOLTOUR SA 5.000.000,00 €
FUND GRUBE SA 5.000.000,00 €
EMICELA SA 5.000.000,00 €
SEA SIDE HOTELS SL 5.000.000,00 €

Entre las 342 entidades que no presentaron declaración ante el Comisionado de Transparencia (todas ellas en la tabla de datos adjunta), se encuentran 38 entidades con más de 500.000 euros de subvenciones COVID-19 cada una y 12 de ellas con más de 1 millón de euros: Alltours España, S.L. (con más de 4 millones de subvenciones), Club Lanzarote, S.A., Juan Antonio Rivera, S.L., Sajlila Kundlani, S.L., Automóviles Insulares, S.A., Tecamira, S.L., Central de Compras de Supermercados Canarios, S.L., Hnos. Betancor Sicilia, S.L., Kildesa, S.L. (Los Olivos Beach Resort), Ogladihlanz, S.L., Tenerife Ribs, S.L. y Servicio Logístico de Distribuciones Exclusivas, S.L. De estas 12 entidades que no acreditaron el ejercicio de la transparencia activa en internet se ha comprobado que ocho disponen de web (pero sin apartado o portal de transparencia), mientras que de las otras cuatro no se encontró una web propia (Club Lanzarote, S.A., Tecamira, S.L., Ogladihlanz, S.L. y Servicio Logístico de Distribuciones Exclusivas, S.L.). 

Entidad  Ayudas Covid recibidas 
ALLTOURS ESPAÑA, S.L. 4.040.000,00 €
CLUB LANZAROTE SA 2.666.087,59 €
JUAN ANTONIO RIVERA SL 2.449.932,93 €
SAJLILA KUNDLANI SL 1.825.000,00 €
AUTOMOVILES INSULARES S.A. 1.364.108,36 €
TECAMIRA SL 1.312.828,25 €
CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS, S.L. 1.272.318,06 €
HNOS. BETANCOR SICILIA, S.L. 1.257.701,64 €
KILDESA, S.L. (Los Olivos Beach Resort) 1.244.791,47 €
OGLADIHLANZ SOCIEDAD LIMITADA 1.175.424,47 €
TENERIFE RIBS SL 1.074.926,22 €
SERVICIO LOGISTICO DE DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS SOCIEDAD LIMITADA 1.067.998,01 €

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El año pasado se triplicó el numero de portales de transparencia evaluados en Canarias, hasta los 3.161

Las ayudas económicas  por el COVID obligan a muchas empresas a ser más transparentes  en sus sitios web

Todos los datos de la presentación: https://view.genial.ly/63c6a17afdda7f0011f827dc

El Comisionado de Transparencia de Canarias duplicó su actividad administrativa en el ejercicio de 2022 sin incrementar su plantilla gracias a la colaboración de los 3.161 declarantes de la transparencia de sus páginas webs, casi dos mil doscientos más que en el año anterior.

Los expedientes abordados el año pasado fueron 4.091, un 108% más que en 2021. Las reclamaciones de derecho de acceso de ciudadanos a los que las administraciones no respondieron fueron 577, un 10% que en 2021.

Donde se produjo el mayor un incremento de actividad  fue en la evaluación de los portales de transparencia, 3.161 el año pasado frente a los 968 del año 2021, tres veces más. Este salto enorme de un 226% fue motivado por el hecho de que las ayudas públicas  del año 2021 se incrementaron  mucho por las líneas especiales de subvención para restañar  efectos de la pandemia COVID  en las empresas, financiadas con fondos europeos y distribuidas por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias . Todos los perceptores de más de 60.000 euros estaban obligados a la transparencia de su actividad en sus páginas web

El comisionado de Transparencia de Canarias,  Daniel Cerdán,  rindió cuentas hoy en una rueda de prensa sobre su actividad durante el ejercicio 2022 y durante los siete años de existencia de este órgano adscrito al  del Parlamento de Canarias. Le acompañaron Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales y  Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación y Control de este órgano de garantía de la transparencia.

La evolución de sus parámetros principales se muestra en la tabla resumen,  donde se describen las tres actividades principales: el amparo a la ciudadanía en sus reclamaciones por derecho de acceso cuando les deniega información por parte de las instituciones canarias, el control y evaluación de los portales de transparencia y difundir, crear e incentivar la cultura de la transparencia. La presentación utilizada se puede obtener aqui https://view.genial.ly/63c6a17afdda7f0011f827dc

De las 507 reclamaciones de derecho de acceso  resueltas en 2022, fueron inadmitidas 62 por no ser en realidad solicitudes de información, sino de otro tipo.  De las 445  reclamaciones admitidas, solo fueron desestimadas totalmente  26 (el 5,8)

«El fuerte incremento de la actividad ha sido posible por la elevada implicación  del sector privado : el 83%% de los 3.322  entidades privadas emplazadas  aportaron datos sobre su nivel de transparencia en nuestra sede electrónica para crear una nueva edición anual del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), el primero en España que abarca la transparencia de todo el sector privado que maneja subvenciones  públicas importantes. El cien por cien de las 321 dmarie las instituciones públicas y organizaciones dependientes públicas declararon su transparencia , así como el 88% de las corporaciones de derecho público (colegios profesionales y cámaras de comercio) . La principal falla sigue localizando se en las mancomunidades de municipios, que son los entes más opacos del sector público canario y a veces, incluso, están inoperativos», señala Daniel Cerdán.

 

Evolución de la actividad del Comisionado 2015-2022:

Evolución  de la actividad del Comisionado de Transparencia de Canarias 2015 -2022
Tipo de expediente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación 2021-2022  Variación 2018-2022  Totales
Reclamaciones por derecho de acceso a la información 18 91 154 355 244 386 525 575 9,52 % 61,97 % 2.348
Denuncias sobre incumplimiento de Ley de Transparencia 0 0 7 6 6 11 28 25 -10,71 % 316,67 % 83
Consultas por escrito en la sede electrónica 0 0 3 2 3 5 8 3 -62,50 % 50,00 % 24
Solicitudes de acceso a la información del Comisionado 0 0 0 5 3 8 74 28 -62,16 % 460,00 % 118
Evaluaciones de portales de transparencia (ITCanarias)   37 96 209 278 661 968 3.161 226,55 % 1412,44 % 5.410
Solicitudes de derecho de acceso «Cliente misterioso»         196 196 363       755
Requerimientos de ejecución de resoluciones de acceso a la información               297     297
Total expedientes administrativos 18 128 260 577 730 1.267 1.966 4.089 107,99 % 608,67 % 9.035
Jornadas formativas, seminarios web  y videotutoriales   8 16 21 22 46 17 5 -70,59 % -76,19 % 135
Consultas evaluación por correo electrónico           1.310 2.032 5.444 167,91 %   8.786
Asistencia telefónica y por chatbot           579 950 2.662 180,21 %   4.191
Noticias y vídeos publicados en Internet   8 39 24 40 35 65 77 18,46 % 220,83 % 288
Total actuaciones no administrativas 0 16 55 45 62 1.970 3.064 8.188 167,23 % 18095,56 % 13.400
Total expedientes y actuaciones 18 144 315 622 792 3.237 5.030 12.277 144,08 % 1873,79 % 22.435

Presentación de la rendición de cuentas 2022 del Comisionado

Vídeo de la rueda de prensa de rendición de cuentas 2022 del Comisionado:

La Plataforma de Afectados por el Volcán de La Palma podrá conocer las actas del Pevolca previas a la erupción

DIARIO DE AVISOS | EUROPA PRESS

Ahora el Gobierno de Canarias debe, en el plazo de 15 días hábiles, entregar la información a la Plataforma

Una persona sostiene una pancarta durante una manifestación ‘silenciosa’ de protesta contra la gestión de la reconstrucción en La Palma, a 19 de septiembre de 2022, en La Palma, Canarias (España). La ‘Plataforma de Afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja 2021’ ha convocado este encuentro en el entorno de la plaza de España de los Llanos de Aridane, coincidiendo con el primer aniversario de la erupción volcánica en Cumbre Vieja y para protestar por la gestión de la reconstrucción de la isla. El presidente de la plataforma critica en un comunicado la «nefasta gestión» por parte de las administraciones públicas que se ha caracterizado por la «complacencia, el silencio y el olvido. 19 SEPTIEMBRE 2022;CANARIAS;MANI SILENCIOSA Kike Rincón / Europa Press 19/9/2022

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha conseguido, a través del Comisionado de Transparencia, poder exigir al Gobierno de Canarias las actas e informes científicos del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) previos al día de la erupción, así como el día que el volcán erupcionó.

Al respecto, señalan que este logro se ha conseguido después de que el 27 de junio de 2022 la Plataforma solicitara a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias la documentación sobre las actas de las reuniones de los comités científico y director del Pevolca en los días previos y el día de la erupción, así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución del fenómeno preruptivo.

Sin embargo, la Dirección General denegó el acceso a esta documentación “argumentando que al no ser el Pevolca un órgano colegiado no había secretario para levantar actas y además que se trata de mera información auxiliar o de apoyo que no consideraba de interés público”, por lo que la consideraba una solicitud entre los supuestos de inadmisión, según ha informado la Plataforma en nota de prensa.

Ante esta contestación la Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 una reclamación ante el Comisionado de Transparencia exponiendo que “no se trata de una información auxiliar sino esencial para la toma de decisiones a la hora de evacuar o no a los afectados”.

Finalmente, el Comisionado de Transparencia ha resuelto este viernes 30 de diciembre dando “la razón parcialmente a la Plataforma frente a la Resolución de 27 de julio de 2022 del Gobierno de Canarias que negó las actas del Pevolca, pues, según el Supremo, las actas de órganos colegiados es un supuesto de información pública susceptible de ser incluido en el objeto del derecho de acceso”.

Por contra, el Comisionado no da la razón a los reclamantes en su reivindicación del derecho a conocer las opiniones particulares de cada miembro del Pevolca, es decir, las deliberaciones de los comités científico y director, sino solo de los acuerdos que se tomaron (actas y los documentos que se manejaron los días 17, 18 y 19 de septiembre), así como toda la documentación relativa a los informes científicos de los últimos cinco años entre el año 2017 al año 2021 que debe ser entregadas, como solicitó la Plataforma.

Noticia reproducida de: https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/12/la-plataforma-de-afectados-por-el-volcan-de-la-palma-podra-conocer-las-actas-del-pevolca-previas-a-la-erupcion/