Llega al despacho con gran nerviosismo, no por la presión que podría suponer una entrevista y ese temor a las preguntas incómodas de un periodista, sino por las ganas de expresar todo el conocimiento que atesora. Se apresura por atenderme, eso sí, no sin antes saludar a todos sus compañeros y compañeras, ya que quedan muy pocos días para que aquel lugar lleno de un gran equipo humano, estanterías y numerosos papeles dentro del Parlamento regional deje de ser su trabajo habitual para dedicarse plenamente a su merecida jubilación.
Daniel Cerdán, periodista de corazón –sí, de corazón, porque se le nota la pasión y el cariño por esta profesión en sus palabras y en su mirada–, ha afrontado la ardua labor de dirigir el Comisionado de Transparencia de Canarias durante nueve años desde que se inauguró en 2015, siendo el primer órgano de este calibre en toda España. Una tarea nada fácil y que ha estado precedida por un largo bagaje, tanto en los medios de comunicación como en las administraciones públicas canarias, que le han permitido lograr hitos tan importantes para las Islas en este departamento como el Índice de Transparencia de Canarias o el sistema de evaluación ‘T-Canaria’, aunque reconoce otras buenas ideas se quedan ‘en el tintero’. Sin embargo, a pesar de la mejoría de este aspecto en el territorio regional, Cerdán lamenta que «la cultura de la transparencia tardará en permear en la sociedad canaria y la española».
Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias, posando para TIEMPO DE CANARIAS en el patio del Parlamento de Canarias. / Thalía Bello
Lo primero, darle la enhorabuena por esos nueve años de andadura al frente del Comisionado de Transparencia de Canarias, que se dice pronto. ¿Cómo resumiría su experiencia desde que entró al cargo hasta la actualidad?
Mi experiencia ha sido que me encontré justamente en este mismo despacho, hace ya nueve años, en el Parlamento. Como era una institución que no existía, aunque somos un órgano auxiliar como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Defensor del Pueblo, decidieron crear el Comisionado de Transparencia de Canarias aquí. Empecé sólo aquí y luego fui incorporando a mi equipo, que en un primer momento fueron sólo dos o tres personas; al que se unieron pronto un grupo de tres becarios que ayudaron mucho, sin el cuál no hubiéramos podido tirar para adelante en los tres años siguientes.
Luego, progresivamente, fuimos creciendo y desarrollando lo que yo llamo la ‘singularidad’ del Comisionado de Transparencia de Canarias, que es que, además de resolver las reclamaciones por derecho acceso a los ciudadanos –que han superado las 3.500 en todos estos años–, incorporamos también masivamente la evaluación de los portales de transparencia como obligaba la ley.
Por tanto, se creó un Servicio de Evaluación que empezó a analizar a las 98 instituciones principales canarias y, luego, a todo su sector público dependiente y empresas públicas, un total de 340 aproximadamente. Hace cuatro años extendimos esa evaluación también a todo el conjunto de las más de 4.400 entidades privadas que reciben más de 60.000 euros de los gobiernos, cabildos o ayuntamientos, las cuales también están obligadas a tener un portal de transparencia muy pequeño, de apenas 16 obligaciones informativas.
Fruto de eso, hemos sido reconocidos por nuestra labor con varios premios, y eso es una satisfacción que uno se lleva de aquí. Sin embargo, de todos ellos, el más importante es el Premio de Innovación en la Gestión Pública que nos dio hace pocos años el Ministerio de Administraciones Públicas, y que de alguna manera viene a reconocer no solamente que hayamos sido los primeros del país, sino también el haberlo hecho con muy pocos medios y colaborando con la carga de datos de 3.000 personas de todo el Archipiélago que han hecho las declaraciones y nos han permitido a nosotros estructurar todo un mapa de niveles de cumplimiento.
Ahora, que se cumplen diez años desde que se creó la Ley de Transparencia, creemos que es el momento de señalar que la gente no puede considerar que es transparente porque en su portal tienen un cinco o un seis. Todos aquellos que estén por debajo del siete no son suficientemente transparentes y sólo los son los que sacan una magnífica nota, que ahora está entre un nueve y un diez.
Eso en lo que respecta a los portales, pero cabe decir que muchas instituciones sacan en portada su nota de transparencia, diciendo que tienen un nueve o un diez y nos parece que ese beneficio reputacional es importante; pero hay que recordar que la transparencia son dos cosas: tener un buen portal y responder a los ciudadanos cuando te preguntan. Y en eso, a veces, incluso las entidades que tienen un diez de nota fallan, porque no responden a los ciudadanos.
El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, en su despacho ubicado en el Parlamento regional instantes antes de comenzar la entrevista con TIEMPO DE CANARIAS. / Thalía Bello
Además de esa falta de recursos, ¿qué otros obstáculos se encontró al llegar al cargo y en qué punto se encuentra en este momento este organismo ahora que cede su puesto?
Al principio, el Consejo de Transparencia Estatal también comenzó con dos personas: la presidenta y un primer funcionario, que se encontraron que no tenían ni edificio. Tuvieron que alquilar en Dependencias de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que es otro órgano de control, y empezaron a montar su equipo con grandes dificultades para cubrir plantilla.
Pues lo mismo ocurrió aquí, como todos al principio, que siempre es difícil, pero también lo he reconocido siempre: tenido la suerte de que la Mesa del Parlamento de Canarias, los secretarios generales y los sucesivos presidentes han entendido que, cuanto más avanzábamos el trabajo, había que ir reforzándolo con puestos de trabajo.
“Yo siempre digo que cuando pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor”
No a grandes niveles, porque ahora mismo los ocupados son ocho y el costo –aunque algún partido, incluso, lo ha cuestionado– que tiene para Canarias una evaluación y control de una entidad es de 0,39 céntimos por habitante. Un costo que me parece perfectamente asumible, sobre todo sabiendo los beneficios que tiene la transparencia, aunque no se notan inmediatamente, sino a largo plazo. Yo siempre digo que cuando pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor.
Entonces, a largo plazo, la transparencia induce a un mejor comportamiento público, más eficiencia en el control de los recursos… Pero eso no se ve en el día a día. De hecho, aquellos países que tienen una larga tradición en transparencia, sobre todo los nórdicos, tienen diagnósticos que demuestran que sus administraciones son más eficientes; precisamente porque son constantemente escrutadas y vigiladas.
De todas las acciones que ha desarrollado el Comisionado de Transparencia de Canarias en todos estos años y bajo su mandato, ¿qué medidas o iniciativas destacaría?
Precisamente, poner en marcha el Índice de Transparencia de Canarias, que es único en España, con el que logramos las 340 evaluaciones a todo el sector público de las Islas. Esto ha dado lugar a que todas ellas hayan llegado a unos niveles de transparencia aceptables, aunque no estamos tan satisfechos ni podemos decir que se cumple el derecho al acceso a la información porque todavía hay muchas instituciones que responden con silencio administrativo a los ciudadanos.
Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos hicieron desde 2016 una media de 18.000 preguntas al conjunto de Administraciones públicas, y prácticamente una de cada seis llegó al comisionado, de las cuales el 80 % se estimaron obligando a la administración a entregar la información requerida. Por ende, estamos más satisfechos en el trabajo realizado en publicidad activa, ya que se han producido reconocimientos importantes, siendo el que más nos enorgullece el que nos dio el Ministerio de Administraciones Públicas y que sólo en el territorio lo posee el Instituto de Astrofísica, con lo que eso significa.
Por tanto, nos enorgullece que nosotros, siendo un equipo pequeñito, hayamos programado uno de los mejores programas informáticos de sistema de evaluación llamado ‘T-Canaria’ por un valor de 40 y 60 mil euros en varios años. Un programa que ha sido ejemplar y ha llegado a ser utilizado en Murcia, en Navarra y también está establecido en la Comunidad de Madrid. Creo que eso ha sido nuestra mayor satisfacción, aunque nos queda la espina de no haber conseguido un mayor nivel de respuesta de las instituciones de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí queda una tarea pendiente por la que seguir peleando.
Otra de las fotografías tomadas a Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias, en el patio de la Cámara regional. / Thalía Bello
En relación con esto último que me comenta, ¿qué otras medidas se quedan en el tintero? ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo el Archipiélago en materia de transparencia?
Precisamente eso, el cumplimiento del derecho al acceso a la información, así como de la respuesta de las preguntas que los ciudadanos hacen y no siempre obtienen. Sabemos que no es cómodo y no es simpático, pero estamos planteando para las futuras regulaciones de la Ley de Transparencia, tanto la canaria como la estatal, el contemplar multas coercitivas para aquellas responsables máximos de transparencia en las corporaciones cuando incumplan, sobre todo, el el derecho de acceso a la información o la entrega de la información.
Con ello, confío en que simplemente sea una medida de incentivo porque la única comunidad donde está establecida esta normativa, que es en Navarra desde la modificación de la Ley de Transparencia en el año 2018, no se ha puesto ni una multa. No hay incumplimientos porque la gente sabe que le pueden multar y eso a nadie le gusta. Estoy seguro de que esta iniciativa dinamiza mucho más la entrega de las preguntas a los ciudadanos y espero que, más tarde o más temprano, se lleve a cabo.
Entonces, por lo que me comenta sobre esa alta demanda ciudadana, parece que la población le ha dado más importancia a la transparencia de las instituciones con el paso de los años. ¿O me equivoco?
Yo creo que, aunque está bien pensar que la gente está muy preocupada por la transparencia, lo cierto es que sólo se han registrado cerca de 18.000 preguntas en nueve años, lo que suponen una media de seis preguntas al día entre las 345 entidades. Eso es muy poco. Es cierto que la transparencia nació como una respuesta revulsiva ante los casos de corrupción que había en aquellos años, entre el 2010 y 2015, pero ahora no está siendo utilizada como es potencialmente utilizable a pesar de la gratuidad y la sencillez para preguntar.
Y es que nada más se necesita el certificado electrónico, como cuando hacemos la declaración de la renta. Es una lástima, porque yo siempre he dicho que la Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, ya que les permite hacer lo que hasta ahora hacíamos nosotros: preguntar en ruedas de prensa, que eso empodera mucho al profesional. Sin embargo, los ciudadanos no tienen que esperar a una rueda de prensa para hacer las preguntas, sino que las obtienen por esta vía y además son exclusivas.
Pero esa costumbre no se ha extendido y es algo que siempre recuerdo al público en general porque, las nuevas generaciones no, pero quizás la gente más mayor aún tienen en su cabeza esa manía que tenían nuestros padres de decirnos ‘niño, no preguntes’. La cultura de la transparencia, en ese sentido de la inhibición a preguntar, tardará en permear en la sociedad canaria y la española. Además, solo llevamos diez años de recorrido de transparencia gerente a otros países que llevan desde los años 60, es decir, cerca de 40 o 50 años. Pero espero que con campañas de sensibilización eso vaya creciendo.
Hemos centrado la conversación en el pasado y el presente, pero vamos a poner la mirada ahora en el futuro. ¿Qué cree que aportará su sucesora, Noelia García Leal, al Comisionado de Transparencia de Canarias?
Noelia García tiene una amplia experiencia en la administración pública canaria. Yo la conocí hace más de 20 años, cuando era diputada en este Parlamento y luego fue directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, alcaldesa del municipio palmero de Los Llanos de Aridane… En definitiva, tiene una experiencia muy amplia en diferentes niveles de administración: en la Cámara autonómica, en el Gobierno de Canarias, en ayuntamientos…
Por tanto, diríamos que va a llegar al cargo con un gran conocimiento de la administración y sus problemas gracias a su bagaje, que no siempre se tiene. Pienso que es bueno que, después de muchos años, una persona ha estado en una responsabilidad concreta deje paso a que se renueve. Por eso, hace ya más de un año, incluso antes de las elecciones regionales, puse mi cargo a disposición de los parlamentarios para que consideraran renovarme.
¿Cuál cree que será el principal reto al que se enfrentará Noelia García Leal al asumir el cargo y que consejo le daría para su nueva andadura?
Yo creo que Noelia García tiene tanta experiencia que no creo que le pueda dar ningún consejo indicativo o determinante. Lo que sí voy a estar dispuesto a que me pregunte todo lo que necesite cuando quiera. Además, pienso que es bueno compartir el conocimiento porque se trata de una pequeña institución pero que beneficia a todo el mundo, al conjunto de la sociedad, ya que también hablamos de realizar el mejor uso de los fondos públicos.
Insisto en que la transparencia llega, no solamente a las 435 administraciones, sino a los miles de entidades que usan fondos públicos y, que hasta ahora, ni el resto de España ni prácticamente nadie les obliga a informar públicamente sus páginas web sobre el uso de esos fondos.
Una última pregunta. En tan sólo quince días, usted se marcha del Comisionado de Transparencia de Canarias, ¿a qué se dedicará ahora?
Me voy a jubilar y, después, ya veré que hago. Desde luego, voy a dejar de trabajar, pero no me voy a quedar parado. Retomaré un poco el oficio de periodista, para escribir y colaborar con algunas organizaciones; quizás también estudie algunas artes que siempre me han gustado y no he podido desarrollar… En definitiva, tendré una jubilación bastante activa.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha conseguido en menos de seis años que la totalidad de sus instituciones públicas (345) y la mayoría de las entidades privadas (2.700) se sometan voluntariamente a su sistema de autoevaluación.
Las instituciones canarias se han convertido en un ejemplo de buenas prácticas de rendición de cuentas gracias a las evaluaciones anuales que realiza el Comisionado de Transparencia, encargado de fomentar y controlar la transparencia en Canarias. En la imagen, Fuerteventura.
Velar por la transparencia es una tarea compleja y costosa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estatal lo ha demostrado desde 2015, gastando más de 60.000 euros en servicios jurídicos para afrontar las demandas de diversas instituciones y entidades públicas que preferían demandar al Consejo antes que cumplir con las solicitudes de los ciudadanos.
Un coste que, como el propio organismo comenta en sus memorias anuales, se podía ahorrar si dichas instituciones hubieran publicado desde el principio la información solicitada y cumplieran con las obligaciones de la Ley de transparencia. Pero este problema no es exclusivo del Consejo estatal, ya que el cumplimiento de las normas de transparencia por parte de entidades regionales y locales tampoco es exhaustivo.
En la Comunidad Autónoma de Canarias, su Ley de transparencia entró en vigor en enero de 2015 y creó el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para fomentar, analizar, controlar y proteger el derecho de los ciudadanos canarios a saber qué hacen sus instituciones públicas. Así que, en 2016, el Comisionado realizó su primera evaluación de las entidades principales que forman parte del Gobierno regional, de los siete cabildos y más de 80 ayuntamientos, pero ese año solo rindieron cuentas 37 entidades públicas de 96.
Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, recuerda a Revista Haz que, en la actualidad, España no tiene reconocido el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Este hecho dificulta el cambio de mentalidad de las instituciones para que interioricen la transparencia como un valor inherente a su actividad, y por este motivo, Darbishire considera que es muy importante que “todas las instituciones tengan una evaluación de sus niveles de transparencia hecha por entidades independientes”.
Asimismo, Ana Gloria Gómez, directora de Evaluaciones de Dyntra, coincide en que “el verdadero avance en materia de transparencia viene de la mano de las evaluaciones” y señala al sistema de autoevaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias como el “claro ejemplo” de este logro, prueba de ello es que las instituciones canarias muestran unos niveles de cumplimiento que están por encima del resto de comunidades autónomas, a pesar de tener una de las normativas más exigentes de España.
Por comparar con otras comunidades, en la Región de Murcia, por ejemplo, la rendición de cuentas de las entidades públicas se encuentra en torno al 50%. Por otra parte parte, los resultados de las últimas evaluaciones del Consejo de Transparencia estatal (2023) muestra índices de cumplimiento en torno al 46% en el sector público y del 35% en las entidades perceptoras de subvenciones.
¿Cómo funciona el sistema canario?
Aunque existen varios sistemas de evaluación de la transparencia, como el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal -llamado Mesta (Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia)-, así como otros sistemas que han desarrollado organizaciones de la sociedad civil como Dyntra, Transparencia Internacional o Fundación Haz, que miden la transparencia voluntaria de las diferentes instituciones de la sociedad, el sistema de autoevaluación canario destaca por su alta implantación y, además, por haberlo logrado en poco tiempo: entre 2015 y 2021.
¿Cuál es su secreto? Según explica el responsable del Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, su sistema de autoevaluación está diseñado aunando la metodología de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), antes de que desapareciera, y la desarrollada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal. El Comisionado canario fue el primero en adaptar esta metodología para desarrollarla en un programa informático que permitiera su aplicación y poder extenderla a todos los operadores canarios, empezando por las entidades públicas y luego sumando a las privadas.
La herramienta informática se llama T-Canaria y se utiliza para elaborar el Índice de Transparencia de Canarias que muestra un ranking ordenado por las puntuaciones que han obtenido cada uno de los sujetos evaluados por el Comisionado, en función del cumplimiento con la publicación de información, que va desde la obligatoria básica como es la organizativa, institucional y financiera, hasta los datos tan relevantes para la transparencia como son los contratos, obras públicas, concesiones de servicios, estadística, ordenación del territorio y derecho de acceso, entre otros.
La característica más destacada de este sistema es que facilita la cooperación entre las entidades evaluadas y el órgano evaluador de manera que el Comisionado aporta para cada tipo de sujeto – ya sea un Gobierno, municipio, fundación, empresa pública, etc.- el mapa de obligaciones informativas que le corresponde según la Ley de Transparencia de Canarias y de la Ley estatal.
Una vez que se han dibujado esos mapas de obligaciones para cada sujeto obligado, se construye el portal de transparencia de cada entidad y se carga en el sistema del Comisionado los enlaces donde se publica la información y los contenidos para cumplir con la transparencia.
Por tanto, T-Canaria funciona como un ‘test de autoevaluación’ con respuesta inmediata para la entidad indicándole una puntuación tentativa. “Para cada obligación cumplida, el sistema informático les aporta inmediatamente las décimas de puntuación que van sumando a su nota. De forma que, cuando acaba la evaluación, ellos mismos saben indicativamente el nivel de calidad y de cumplimiento de su portal”, explica Cerdán para Revista Haz.
Una vez cerrado el periodo de remisión de las autoevaluaciones al Comisionado, este se encarga de verificar que efectivamente los datos están publicados y en la forma en que las entidades han dicho que están y, posteriormente, las notas se ajustan en función de esa verificación -unas veces a la baja, y otras, a la alta-, dando una puntuación final a cada entidad evaluada.
Esta cooperación, como la llama el Comisionado canario, entre el sujeto evaluado y el órgano evaluador es lo que diferencia al T-Canaria de otros sistemas de autoevaluación, ya que es el único sistema que lo permite, facilitando a la entidad sometida al control y a la auditoría participar en la misma medida en el proceso.
Daniel Cerdán, responsable del Comisionado de Transparencia de Canarias, explica que la cooperación entre el órgano evaluador y la institución evaluada es lo que diferencia al modelo canario de otros. Foto: Andrés Gutiérrez Taberner.
La representante de Dyntra destaca del sistema canario “la buena comunicación en relación a las evaluaciones” como uno de los puntos positivos, así como el laborioso trabajo que hay detrás de la revisión de cada uno de los informes de evaluación, donde se reporta punto por punto qué información está pendiente de mejora.
Asimismo, la Unidad Responsable de Información Pública del Servicio Canario de la Salud (URIP-SCS) afirma que esta metodología les permite detectar los puntos débiles para mejorarlos porque evalúa los distintos componentes que intervienen en la transparencia de la actividad pública: “esto explica que cada año la mayoría de las entidades mejoren o mantengan una determinada puntuación”, indican desde la entidad evaluada.
La importancia de evaluar cada mismo periodo de tiempo
Asimismo, la periodicidad de las evaluaciones, que se realizan sin excepción anualmente, sirve de aliciente para que “no se olvide el compromiso de cumplimiento”. Un elemento que el propio Cerdán ha destacado: “Si tuviera que pensar y definir algunos elementos que han podido hacernos caminar bien, el primero sería el haber hecho todos los años, isla por isla, antes de la pandemia, sesiones formativas a todos los operadores públicos”.
Según los expertos consultados, no solo basta con tener una buena norma sobre transparencia, sino que resulta igualmente necesario someterla a control. En este sentido, Gómez, de Dyntra, señala que otras áreas del Gobierno Abierto como es la reutilización de datos, si no está sometida a evaluación se toma menos en serio por muchas Administraciones públicas y termina siendo una de las cuestiones “olvidadas”.
“Cuando no existe un sistema de control, las Administraciones, que ya tienen un gran número de exigencias y cambios durante los últimos años, tienden a dejar desatendidas algunas normativas, pese a su carácter obligatorio”, señala Gómez.
Por otra parte, la evaluación anual tiene cierto “efecto emulador” entre las entidades y eso las impulsa también hacia la mejora colectiva. Gracias a las notas de excelentes, notables, aprobados rasos y suspensos, las instituciones y entidades canarias empezaron a copiar a quienes lo hacían bien, porque la lista de notas es publicada en la prensa canaria y ninguna quería figurar en los últimos lugares.
Desde el Servicio Canario de la Salud afirman que las evaluaciones anuales suponen “un proceso de mejora constante en el que no solo las Administraciones públicas, sino el sector privado obligado, se comprometen a mantener o superar su transparencia efectiva a través de la nota obtenida en el Índice de Transparencia de Canarias”.
En el índice de puntuaciones se puede ver que en 2018 la nota media de las entidades públicas era un escaso aprobado -un 5,27- y desde entonces ha ido mejorando hasta alcanzar un notable en 2023 -7,8-. Las otras entidades, como las corporaciones de derecho público y las entidades privadas subvencionadas, se han sumado a la autoevaluación a partir de 2019 y sus notas medias todavía son mejorables, ya que en el caso de las primeras apenas superan el aprobado -6,4- y las privadas ni siquiera lo alcanzan, aunque por poco -4,5-.
En muchos casos, se debe a que las entidades no conocían sus obligaciones y, gracias a los correos del Comisionado Canario se enteraron de que debían tener información sobre sus ayudas públicas en la web, por este motivo a partir de 2020 y 2021 se observa ese éxito en la respuesta de más de 300 entidades públicas y más de 2.700 entidades privadas que recibieron ayudas públicas para responder a la crisis del Covid-19.
No es una foto, se trata de progresar adecuadamente
En 2015, cuando comenzaron a hacerse las primeras evaluaciones, el Comisionado no disponía de la herramienta informática y los cuestionarios se rellenaban con tablas de Excel y debían enviarse por correo electrónico.
A partir de 2017, se produce el despegue de la autoevaluación al desarrollarse la aplicación T-Canaria y desde entonces, cada año ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a más de 3.300 entidades evaluadas en 2022.
Esta labor ha merecido el reconocimiento de la sociedad civil con el Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad por el “modelo de evaluación de las instituciones públicas” del Comisionado canario. Según explica Loredana Stan, directora de la Fundación NovaGob, cuyo objetivo es impulsar la innovación pública, estos galardones se conceden tras un proceso de selección donde la fundación no interviene, ya que las candidaturas aceptadas pasan a ser directamente votadas por la comunidad y, en algunos ejes, las tres que han obtenido más respaldo son evaluadas por un jurado independiente, como sucedió con la candidatura del Comisionado de Canarias.
Posteriormente, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en 2021 también le otorgó el Accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 por el desarrollo de la herramienta informática T-Canaria, que ha demostrado ser clave para extender la rendición de cuentas a todas las entidades canarias.
No obstante, Cerdán señala que lo “más complicado es haber armado un compromiso y una lealtad mutua entre las entidades llamadas a evaluarse y el equipo del Comisionado de Transparencia”, y eso lo han conseguido despertando la confianza de las entidades evaluadas cuando han podido comprobar que el Comisionado es una institución neutral y que el cálculo de las notas es absolutamente objetivo.
Desde la Unidad de Información del Servicio Canario de Salud señalan que las claves del éxito del sistema canario es que mide el rendimiento en materia de transparencia y hace públicos los resultados con el listado de entidades cumplidoras e incumplidoras, consiguiendo así una mayor implicación por la transparencia.
Actualmente, comunidades como Murcia y Navarra han extrapolado el sistema canario de autoevaluación y otras están estudiando su adaptación, ya que la metodología está disponible para cualquier institución y solo necesita adaptar el mapa de obligaciones a las características de las entidades de cada comunidad y sus normativas.
A nivel estatal, el modelo de evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es parecido al canario, pero se diferencia en que no cuenta con el soporte colaborativo de la herramienta informática. Al realizarse la evaluación manualmente llegan a menos sujetos y, además, tienen un universo de evaluación mucho más grande, por lo que les resulta imposible tener un índice global que refleje el comportamiento de todo el sistema completo cada año.
Por otra parte, Gómez de Dyntra señala algunos puntos ciegos del sistema de autoevaluación canario, ya que considera que fomenta el cumplimiento de la transparencia sin tener en cuenta la perspectiva del ciudadano y no fiscaliza la veracidad de los datos publicados. Además, considera que se valora el esfuerzo en el momento de la evaluación y la mayoría de los ítems solo se actualizan para el momento de la nota: “Se olvida que la transparencia es un esfuerzo permanente por parte de las Administraciones”, afirma Gómez.
Cabe recordar que hay entidades canarias incumplidoras con la transparencia y en estos casos Cerdán explica que donde suelen fallar es en el cumplimiento de “la transparencia reactiva”, es decir, en las respuestas a las solicitudes de información de los ciudadanos y es ahí donde el nivel de cumplimiento es menor.
De cara al futuro, el Comisionado prevé que se mantendrá el alto nivel de autoevaluación, observando el aumento progresivo de entidades que cada año se someten al T-Canaria y, sobre todo, porque señalan como factor determinante el esfuerzo conjunto del Comisionado con más de 3.200 personas que en el último año (2022) se han dedicado a divulgar y formar sobre la Ley de transparencia a los operadores que se incorporan a la evaluación, fundamentalmente en empresas y entidades sin ánimo de lucro que reciben ayudas públicas, pero que todavía no conocen bien sus obligaciones informativas.
“No creo que se rebaje el nivel de cumplimiento porque nadie quiere dar pasos atrás cuando ha conseguido un nivel y ha logrado mantenerse durante años; además, la formación que ya tienen las más de 3.200 entidades que se autoevalúan, les supone que cada año cuesta menos realizarla y les supondrá menos esfuerzo mantener los portales de transparencia actualizados”, concluye Cerdán.
En el Comisionado de Transparencia, adscrito al Parlamento, «la imparcialidad y la neutralidad son esenciales»
Daniel Cerdán, en una sala del Parlamento de Canarias. Sergio Méndez
Con una veintena de años de comunicación corporativa pública y privada a sus espaldas, además del periodismo de cercanía, Daniel Cerdán es el primer comisionado de Transparencia de Canarias. -¿La transparencia está de moda? ¿Marca tendencia? “Bueno… Sé que hay un diseñador, almeriense, que se llama Daniel Cerdán. Y un atleta. Ya no está tan de moda”.
-¿Por qué se ha desvanecido esa euforia? “En parte, porque la gente ha tenido la cabeza en otros asuntos. Y hay mucho silencio administrativo, que desanima”.
-La callada por respuesta… “Ni siquiera responden. No parece que los ciudadanos estén utilizando ampliamente las capacidades de la ley”.
-¿Es que la herramienta les quema en las manos a los ciudadanos o será un fallo del manual de instrucciones? “El órgano de garantía canario es conocido, con un índice de consultas por habitante aceptable”.
-¿Entonces? “La mayoría pregunta sobre cuestiones particulares”.
-¿Un oráculo? “Más o menos. Tampoco han sacado un gran rendimiento los periodistas, preguntadores profesionales”.
-El comisionado se eligió, por primera vez, en 2015. Para un periodo de cinco años. Y estamos en 2022… “En efecto, lo elige el Parlamento por una mayoría reforzada de tres quintos para un mandato de cinco años”.
-¿Por qué no se ha renovado todavía? “Suele ocurrir con los otros órganos dependientes, que se dilate en el tiempo al no ser suficiente la mayoría absoluta”.
-¿La reelección en el cargo está al caer? “No depende de los elegibles, sino de un acuerdo amplio en el Parlamento”.
-De momento, con la prórroga, nada cambia… “En principio, sigo desempeñando mis funciones”.
-No ha sido una fuente de polémicas ni controversias… “La imparcialidad y la neutralidad son esenciales”.
-Sobre el papel… “Es el único órgano garante de la transparencia de España que está recogido en el Estatuto de Autonomía”.
-Aquella iniciativa de CC y el PSOE la secundó el PP… “Se refrendó por más de dos tercios”.
-En los comienzos, solo ante el peligro… “Cuando yo llegué, no había nadie más. En las semanas posteriores capté a dos jefes de servicio”.
-¿Un rescate? [Risa] “Pedro Pacheco, un pata negra de la Administración, y José María Vázquez”.
-Uno que pinta mucho… “Director general de Tributos durante la etapa de Adán Martín en Hacienda”.
-Respaldos de prestigio… “De gran categoría”.
-Algo debieron de aprender, porque a Pedro Pacheco lo hicieron presidente de la Audiencia de Cuentas… “Ya estaban muy curtidos… Y a José María lo acaban de nombrar interventor del Parlamento. Me alegro por ellos”.
-¿Cómo se compone el equipo actualmente? “Dos jefes de servicio, tres administrativos y dos técnicos. Conmigo, ocho”.
-El órgano nacional equivalente lo controla el Gobierno de turno. ¡Qué curioso! “El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adscrito al Ministerio de Hacienda”.
-María Jesús Montero. ¡Vaya por dónde! “Antes correspondía a Carolina Darias, cuando era ministra de Política Territorial y Función Pública”.
-¡Ah! “Ha vuelto a Hacienda”.
-¿Y el nombramiento? “La propuesta se manda a una comisión del Congreso y para aprobarse basta con una mayoría simple”.
-¿Qué implica el mecanismo de la autoevaluación? “La aplicación T-Canaria permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias”.
-¿De qué manera? “Convocamos a todas las entidades públicas o privadas que hayan recibido más de 60.000 euros en subvenciones”.
-¿A qué? “A evaluar la calidad con la que reflejan su actividad en los portales de transparencia o sedes electrónicas”.
-¿Cuántas se enviaron para el último análisis? “Invitamos a 1.122 entidades y se presentaron 968 declaraciones, el 96% de las públicas y el 82% de las privadas”.
-¿Con qué resultados? “Lo que está claro es que este sistema induce a mejorar”.
-Para evitar la vergüenza… “O por inercia”.
-¿En qué se nota? “Después de cinco años, el sector público en general supera el notable”.
-¿Cuál es la media? “Las 43 entidades de la Administración autonómica obtuvieron una puntuación media de 8,47 puntos”.
-¿Algún suspenso? “Dos, frente a los doce del anterior índice”.
-Que son… “La Academia Canaria de la Lengua y el Museo de la Ciencia y la Tecnología”.
-Un acicate… “Hasta el punto de que el modelo canario está siendo implementado en la Región de Murcia y Navarra”.
-¡No está mal! “Y, muy probablemente, en la Comunidad de Madrid”.
-¿Quiénes han sido los concurrentes más espabilados? “Hay tres que han logrado 10 puntos dos años consecutivos: Promotur, ITC y Sodecan”.
El comisionado de Transparencia de Canarias presume de los avances en esa materia en los últimos años, pero también señala que queda trabajo por hacer
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. / ARCHIVO
En la administración hay una serie de instituciones poco conocidas, pero importantes por su labor de fiscalización y control. De todas ellas, en Canarias quizá la más ignorada sea el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es también la más joven. Nació con la ley de transparencia de 2014 y desde entonces se encarga de fomentar, analizar, controlar y proteger la transparencia pública, un trabajo en el que está consiguiendo resultados dispares porque la legislación se queda corta y las administraciones aún no han interiorizado eso de ser transparentes.
«Al no haber mucha cultura de la transparencia, ni en las administraciones ni en la sociedad, los resposanbles públicos dicen: ‘Si al final pregunta como mucho el 0,001% de la población, que se vea defraudado no tiene coste para mi comportamiento electoral’. Entonces deja de ser un elemento fundamental de sus políticas. Esa es la razón de que haya tanto silencio administrativo», explica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias desde 2015.
Él dirige una institución pequeña —apenas ocho personas— que tiene como principal misión cambiar esa situación. Aunque admite que cada vez se ejerce más el derecho de acceso a la información pública, reclama más implicación de la sociedad y los medios de comunicación para provocar un cambio en los poderes públicos. «Siguen aumentando las preguntas, pero no hay un censo global estatal de la evolución del número total. Intuimos que están creciendo, pero como se partía de cifras muy bajas hace cuatro o cinco años, todavía son pocos los que ejercen este derecho de acceso», dice.
El número de reclamaciones ante el Comisionado sirve como indicador: entre 2018 y 2021 aumentaron casi un 50%, y para 2022 la previsión es que suba otro 5%. Pero en total, la cifra de reclamaciones no llegará a las 600. Una cantidad muy pequeña, pero mayor que el de otras comunidades en comparación. Solo Cantabria tuvo en 2021 más reclamaciones por cada 100.000 habitantes.
La evaluación, cada vez mejor
El Comisionado de Transparencia evalúa la transparencia de los organismos públicos y de muchas entidades privadas que reciben dinero público. Lo hace a través de una herramienta que permite la autoevaluación, lo que junto a la publicidad de los resultados ha fomentado que esa evaluación cada vez funcione mejor y los resultados mejoren.
«Cuando comenzamos en 2016 a hacer la evaluación, solamente a los principales organismos (Gobierno, cabildos, ayuntamientos…), la nota media era 3,5. Progresivamente la hemos ido aumentando a entes dependientes. El conjunto de todo ese sector público llegó el año pasado a 7,7», comenta Cerdán. «La publicación de los resultados fue animando a todo el mundo a aumentar el nivel de transparencia activa».
«Hace dos años, cuando ya cogimos más musculo evaluador, ampliamos a todos los cientos de entidades que en Canarias recibían subvenciones por encima de 60.000 de euros. Y el año pasado, también a las que las recibieron de los cabildos y grandes ciudades. Ahora estamos emplazando a más de 3.000 sujetos, muchos de ellos receptores de fondos europeos y fondos covid. No en todas las comunidades se lleva a cabo este ejercicio», presume Cerdán. Los resultados fueron anunciados hace un mes. Por primera vez rindieron cuentas las 98 instituciones públicas principales de Canarias (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) y sus 231 entes dependientes. También lo hizo el 83% de los entes privados subvencionados.
Lo que deben mejorar las leyes de transparencia
Pero ese es solo uno de los pilares de la transparencia. El otro es el derecho de acceso a la información. Y si la salud del primero está cada vez mejor, con el segundo Cerdán no es tan optimista. «Podemos decir que la transparencia todavía funciona con muchos límites. Aún no ha penetrado en la cultura administrativa, no se responde siempre cuando el ciudadano contesta. Entre el 70% y el 75% de las reclamaciones que recibimos son porque las administraciones ni siquiera responden«, explica el comisionado.
Tanto la ley canaria como la estatal se quedan cortas en un aspecto fundamental: la capacidad para hacer cumplir las resoluciones de consejos o comisionados de transparencia. Es una opinión unánime en la comunidad de la transparencia en España desde la creación de la ley estatal en 2013. Un organismo público puede incumplir una resolución sin sufrir ninguna consecuencia, más allá del escarnio público, que en la mayoría de las veces es inexistente.
«Una regulación un poco más coercitiva»
«Necesitamos una regulación un poco más coercitiva y con más poder para que los comisionados puedan para exigir el cumplimiento de sus resoluciones», apunta Cerdán. «Lo que se está reclamando es que tengan algún mecanismo para que el que incumpla reciba, por ejemplo, multas. E ir incorporando más obligaciones de publicidad activa en la medida en que ahora la digitalización de la sociedad corre tanto y se amplía con tanta rapidez. Hay muchas cosas que están en los discos duros de las administraciones y que podrían estar en el disco duro de los portales de transparencia», añade el comisionado.
Cerdán cree que, en general, las unidades de transparencia están infradotadas, sobre todo en los ayuntamientos. «Pero también es cierto no siempre esa queja está respaldada por la realidad. En muchas ocasiones se preguntan cosas que se tardan minutos en responder y tampoco se hace. La queja de la falta de medios es cierta en algunos casos y es una excusa en otros«, dice.
El comisionado está seguro de que la transparencia pública irá mejorando con el tiempo, «pero sin milagros de hoy para mañana». «Ni los medios ni la presión social sobre este tema van a crecer», concluye.
La transparencia, ese indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos y del sector público, lleva siendo custodiada en Canarias desde 2015 por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1956). Tras décadas de experiencia en diversos medios de las Islas y haber estado al cargo de la comunicación de instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias –fue viceconsejero de Comunicación enero de 2003 y 2007, durante la presidencia de Adán Martín– o director general de Radio Televisión Canaria, en los últimos ocho años, Cerdán ha estado a cargo de vigilar el cumplimiento del deber de transparencia de las instituciones del Archipiélago, una labor que, en esta entrevista con TIEMPO DE CANARIAS, califica como el «un colofón de mi carrera periodística de cuarenta años».
Hay muchas personas que quizás no sepan cuál es la función del Comisionado de Transparencia. De forma sencilla, ¿Qué es el Comisionado de Transparencia? ¿Por qué es importante para la sociedad?
El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano autonómico más joven y el más pequeño, creado en 2015 como consecuencia de la Ley de Transparencia de Canarias. Asimismo, es dependiente del Parlamento, como lo es el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas, es decir, que es auxiliar y que ayuda a rendir cuentas ante todos los canarios de cómo se está cumpliendo la Ley de Transparencia de Canarias.
Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, durante un momento de la entrevista en los estudios de TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora
Fundamentalmente, lo hace en dos campos: en primer lugar, cómo las instituciones y las entidades que reciben fondos públicos cuentan en su portal de transparencia –a través de sus páginas webs– lo que la propia ley les obliga a contar; y, en segundo lugar, funciona como un medio de garantía de que a los ciudadanos, cuando preguntan en alguna administración por información pública, se les conteste. Si no se les contesta en un mes, tienen la opción sencilla a través de nuestra web de reclamar y de pedir que se les emita una resolución que obligue a esa administración a responderles a la pregunta o información que hayan solicitado.
Lleva al frente del Comisionado desde 2015, casi ocho años ejerciendo el cargo. ¿Qué ha supuesto para usted, tanto a nivel personal como profesional, esta experiencia?
Yo soy periodista de profesión. De hecho, soy el único periodista dentro de los consejos que conforman el Comisionado de Transparencia porque el resto, casi todos, proceden del ámbito del derecho público. Para mí ha supuesto un colofón de mi carrera periodística de más de cuarenta años, tanto en el ámbito de la información pública como en los periódicos canarios.
Esta es una nueva rama de la comunicación que surgió en España tardíamente, en esta última década, y que creo que es un buen campo de trabajo para que los periodistas podamos desplegar nuestra actividad.
¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria en el Comisionado de Transparencia y, sobre todo, en este último ejercicio?
La primera fase fue fundamental porque tuvimos que constituir algo que no existía y, por ende, tampoco teníamos referencias de cómo hacerlo. Prácticamente se empezó así en toda España, pues los primeros consejos fueron el Estatal y luego el de algunas comunidades autónomas, como los de Murcia, Cataluña o Canarias. Y, sobre todo, fue un reto hacerlo –como nos decían entonces– muy económicamente porque nacimos en medio de una crisis económica y cuando las administraciones estaban reduciendo gastos, aunque entendían que había que hacerlo porque se estableció una cierta alarma, como ha vuelto a producirse ahora, por la corrupción en aquellos años.
Por ello, se creyó que era bueno mejorar los mecanismos de integridad, como puede ser la transparencia. Entonces, nacimos con pocos medios y eso nos obligó a ser creativos en cuanto a consumir pocos recursos. A mí siempre me gusta recordar que el Comisionado empezó gastando 20 céntimos, y ahora ha subido a 30, por cada habitante al año. Como yo digo: lo que le cuesta a una familia un cortado, se financia el control de la transparencia en Canarias.
En cuanto a los retos de los últimos años, sobre todo a partir del 2018 hasta el 2021, en el control y evaluación de los portales de transparencia –en los que el sector público ha llegado por encima del notable, después de seis años– ha impulsado a los sectores públicos a no querer estar en la parte baja de la tabla y mejorar la calidad de sus páginas webs. Este último año hemos hecho un especial esfuerzo en el cumplimiento de la otra parte que antes hablaba: de la garantía del derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
Siempre me gusta recordar que la Ley de Transparencia convierte a todos en periodistas porque le da a la gente la capacidad de preguntar, como han hecho los profesionales de la comunicación desde siempre. Así que, cuando no se les responde, vigilamos que nuestras resoluciones se cumplan porque detectamos hace un año que ha habido un relajamiento respecto a esto. De hecho, hubo un tercio de las resoluciones que no se cumplían y, debido a nuestra labor especial e insistente, lo hemos reducido por debajo del 10 % en 2022.
El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, reflexiona sobre su trayectoria profesional en TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora
En materia de derecho de acceso a la información pública, Canarias se sitúa a la cabeza de España en reclamaciones de este tipo, con 26 reclamaciones por 100.000 habitantes en el año 2022. Las reclamaciones aumentaron por tercer año consecutivo y se situaron en 575 el pasado año. ¿En qué se traduce este incremento?
Eso es el número de reclamaciones de ciudadanos que, habiendo preguntado al Gobierno, a cabildos o a los ayuntamientos, no les han respondido y acuden al Comisionado para obtener amparo ante esa falta de respuesta. La mayor parte, el 80%, es que han tenido silencio administrativo, es decir, que ni siquiera les han respondido. El otro 20 % restante es que les han dicho que no, que no se los dan por algún motivo. El ciudadano entiende que, a pesar de decirle que no, tiene razones para acceder y recurre a nosotros. Por tanto, esas son las cifras de ciudadanos frustrados.
Del número de preguntas que hay en el conjunto de las 98 instituciones principales de Canarias, no hay una estadística fiable. Nosotros hacemos una aproximación, pero no es fiable porque no lo hemos podido comprobar, aunque creemos que pueden rondar entre las 4.000 y 5.000. Menos todavía existe esa estadística a nivel de toda España, solamente sabemos el número de los que nos reclaman al Comisionado de Transparencia.
Quiero entender que es así porque, primero, el Comisionado de Transparencia fue de los primeros en crearse y hemos hecho una labor de difusión de la propia existencia de la ley y de este órgano, lo que ha hecho que seamos más conocidos que en la mayor parte del resto de Comunidades Autónomas españolas. Es más, en algunas partes de España ni siquiera existe, sino que se derivan a los ciudadanos al Consejo Estatal. Entonces, fruto de eso y de nuestra insistencia, creo que ha sido más conocido y utilizado. De hecho, ha empezado a ser utilizado por los propios funcionarios para temas de asuntos de personal, posiciones, promoción, exámenes, etc.
El pasado año se duplicó el número de expedientes administrativos hasta llegar a los 4.089 y, a su vez, se triplicó el número de evaluaciones de portales de transparencia alcanzando los 3.161. ¿Cómo interpretan este dato?
Esos 4.000 y pico expedientes incluyen las evaluaciones, que son 3.177, y fundamentalmente son las evaluaciones de los portales y las resoluciones por derecho de acceso. En el derecho de acceso generalmente los incrementos anuales suelen ser entre 5 y 10, un incremento natural habitual en otras comunidades. Sin embargo, esa triplicación del número de evaluaciones, y por lo tanto que supone duplicar el número de expedientes, obedeció a que nosotros ya llevamos 3 años evaluando aquellas entidades, empresas y oenegés que reciben fondos públicos por más de 60.000 euros al año.
Entonces, como en el año 2021 hubo un incremento fortísimo del número de subvenciones a consecuencia de las ayudas por el Covid-19, que fueron mil y pico millones de euros solamente en Canarias, pues llegamos a emplazar a más de 3.700 entidades privadas, sobre todo empresas que recibieron subvenciones tras cerrar las puertas y por haber reducido mucho su facturación. A su vez, esto produjo una elevación muy fuerte del número de evaluaciones.
Posiblemente, este ejercicio, que vamos a empezar a analizar las subvenciones otorgadas en el año 2022, ese número se reduzca, porque ya no hubo ayudas por la crisis sanitaria. No obstante, posiblemente en los futuros años vuelva a aumentar por las ayudas del Next Generation, es decir, las nuevas ayudas que vienen ahora para la recuperación económica, fundamentalmente con fondos europeos. Por lo tanto, eso estará en buena medida a la albur o en función de cómo se comporte el número de ayudas públicas cada año.
Antes de entrar a valorar las evaluaciones respecto a la transparencia, ¿Cuáles son los criterios que establece el Comisionado para determinar si una entidad, ya sea pública o privada, es más o menos transparente?
Nosotros atendemos estrictamente, al igual que otros comisionados de España, a la Ley de Transparencia, tanto la básica estatal del 2013, como a la canaria del 2014. En esas leyes se establecen una serie de obligaciones de información en los portales de transparencia que nosotros medimos si las entidades las están publicando o no. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias tiene 160 obligaciones de todo tipo, desde obligaciones de leyes que tienen en tramitación hasta planes normativos, presupuestos, rendición de cuentas sobre cómo han gastado el dinero público, el número de subvenciones que han dado, el número de contratos y sueldos públicos… En el caso de Cabildos y Ayuntamientos, bajan a alrededor de unas 100 obligaciones de ese estilo. Hay que tener en cuenta que la tipología de sujetos públicos es muy variada, por lo que se ajustan a las funcionalidades de cada uno. Por ello, el número de obligaciones informativas puede ser mayor o menor.
Las evaluaciones las hacemos a través de una herramienta informática que creamos, que se llama T-Canaria, en la que invitamos a las organizaciones a que se autoevalúen con ella, colocando las obligaciones que piensan que tienen publicadas, y el sistema les da una nota indicativa. Así, presentan su autoevaluación y nosotros verificamos que realmente lo que dicen es cierto. Por tanto, nuestro trabajo es pequeño en ese sentido, pues sin la autoevaluación de más de 3.000 personas de toda Canarias no podríamos sacar el ranking.
A partir de nuestra verificación sobre lo que ellos se autoevalúan, surge la nota cada año del nivel de transparencia activa. Hay que destacar que la evaluación es del nivel de transparencia de sus portales, que no es una puntuación de la totalidad de la transparencia que cabe esperar de una institución o de una empresa, sino solamente de la calidad de su portal de transparencia, que es una de las partes del conjunto de la seguridad social transparente.
¿Es importante esa nota, no solo para las entidades, sino también para los ciudadanos?
Sí. Yo creo que sirve para ver si la institución está cumpliendo, sobre todo cuando logra una buena puntuación de su portal de transparencia. Además, diríamos que está facilitando el que el ciudadano obtenga esa información cuando la precise rápidamente, sin tener que preguntarla. Creo que, al final, con el paso de los años, se convertirá en una especie de cuadro de mando, de elemento que permita comparar lo que hacen instituciones semejantes con lo que apareció en el curso.
Antes cuando un concejal, político o un funcionario tenía durante su cargo equis presupuesto para gastar y para ejecutar en un año, pero no tenía ninguna obligación de contarlo en alguna parte, pues podría, perfectamente, no ser tan cuidadoso en el gasto, porque nadie va a saber si había conseguido mucho o poco. Ahora, cuando por obligación debe saberse que se consigue en cada área y con cada presupuesto, repasando el portal de transparencia en términos de productos o de servicios, pues eso ayuda a que la gente diga ‘oiga, que lo pueden ver, por lo tanto lo voy a hacer mejor’.
El sector local (7,37) y las mancomunidades (5,32) siguen siendo los peores calificados dentro del sector público. ¿A qué se debe esto?
En el sector local, aún siendo el peor porque son las de más baja calificación, esto es bueno destacarlo, todos están por encima de las de los ayuntamientos. Están todos por encima del siete, que eso es una magnífica nota porque nosotros sabemos lo que cuesta llegar al siete, no es fácil. En general, es cierto que al ser casi 200 –88 ayuntamientos más sus sectores públicos–, al haber mucha variedad hay más posibilidad de que algunos estén en el uno y el dos. Aunque hay muchos ayuntamientos excelentes.
El sector autonómico sí mejoró, pasando de un 8,47 en 2021 a un 8,51 en 2022. ¿Qué han hecho para mejorar su nota?
Yo creo que, como son solamente cuatro centésimas, prácticamente es quedarse igual. Hay algunos, como en el caso de la Comunidad Autónoma, que algunas entidades han subido y otras han bajado. Más o menos las medias se conservan. Generalmente, el que alcanza una buena puntuación un año, ya no la baja, eso es lo positivo. Lo que cuesta a veces es llegar y, luego, mantenerse en el ámbito de la transparencia no cuesta tanto.
¿Cuál es la fotografía actual de los cabildos insulares en esta materia?
Es positiva. Los Cabildos son, de los tres niveles públicos de Canarias, los que mejor rendimiento presentan. No solamente en la media de la transparencia, sino también en la que es más difícil: la respuesta a los ciudadanos con una pregunta. Cierto es que no tienen tanta presión de preguntas ciudadanas como el Gobierno o los grandes ayuntamientos del Archipiélago, pero lo cierto es que, en los tres últimos años, todas las resoluciones que ha emitido el Comisionado las han cumplido. El contador de incumplimiento de derechos de acceso a la información está a cero. Solamente hay una pregunta del ejercicio anterior sin contestar, del Consorcio del Puerto de Fuerteventura, que es una entidad dependiente del Cabildo.
Me gusta destacarlo porque creo que es un elemento que no se producirá en casi ninguna región española que tenga varias diputaciones. Ese nivel en el que están los siete cabildos en cuanto a preguntas pendientes de resolver de los ciudadanos, creo que es muy positivo y que marcan el horizonte al que debía ir el conjunto del sector público.
¿Qué parámetros les queda por cumplir a los Cabildos para alcanzar el diez en materia de transparencia?
Nosotros emitimos un informe en el que no solamente les ponemos la nota, eso es lo que la gente ve en los periódicos cuando lo publicamos, sino que ellos se pueden descargar, una vez que se ha cerrado la elaboración, un informe que detalla lo que les falta. Entonces, en cada caso es diferente. Ya le digo que, en el caso de los cabildos, casi todos están bien y cada uno tendrá algún elemento que le firmará el informe para llegar al diez o la máxima puntuación.
¿Cómo valora que, por ejemplo, el Cabildo Gran Canaria sí haya logrado la máxima puntuación respecto a su portal web de transparencia?
Yo entiendo que al Cabildo Gran Canaria, cuando llega por primera vez a esa puntuación, les ha causado una especie de alegría. Yo espero que lo mantengan. No es fácil quedarse entre el nueve y el diez, pero cuando tienes todos los años un diez no es fácil. Yo creo que es bueno felicitarlo, como a todos los que lo han conseguido a ese nivel, porque siguen marcando el horizonte a los demás.
En el caso de ellos, además, tampoco tienen ninguna pregunta pendiente de responder de estos últimos años. Eso es una cosa que pocas instituciones en el conjunto español podrán decir. Creo que como le pasa también a otros cabildos, el de Gran Canaria es una referencia para el resto del sector público canario.
Haciendo un poco de autocrítica, ¿Qué diría usted que le hace falta al Comisionado de Transparencia para mejorar aún más?
Nosotros tardamos un poquito en verificar el cumplimiento de las resoluciones. Creo que tenemos que estar más vigilantes de que las resoluciones se cumplan e impulsar, como hemos tratado de impulsar, que en las futuras regulaciones de la transparencia se dispongan de más elementos coercitivos para que los ciudadanos, que tienen derecho a una información, la obtengan.
Para mí, llegar a este nivel en el ámbito de la evaluación de los portales, ha sido bastante satisfactorio. Seguramente, con la experiencia de estos últimos años, más que una función del comisionado, esperemos que sea una función de los parlamentos en general, así como del estatal que está en eso. Los parlamentos autonómicos deben mejorar o aumentar el número de obligaciones informativas que tienen porque eso produce salud democrática.
Quizás la tarea pendiente del Comisionado respecto a la transparencia, y también de los sectores públicos, es divulgar más entre la población la existencia de este derecho a la pregunta y de los propios portales, porque no siempre toda la población lo conoce. Para mí, cuando se está hablando de un gobierno abierto, que al final se traduce en más transparencia y participación, sin una sociedad previamente informada no es tan rica. Y una forma de participar, precisamente, es preguntar. Simplemente por el hecho de que haya una rendición de cuentas por parte del poder público, ya la gobernanza mejora.
En definitiva, el reto para el próximo año será el difundir más las capacidades del derecho a la información y la transparencia dentro de Canarias, que creo que eso nos permitirá ir avanzando en este campo en los próximos años.
¿Qué acciones han tomado o esperan ejecutar en el próximo ejercicio para acercar el funcionamiento del Comisionado de Transparencia y la importancia del mismo?
Yo creo que hemos hecho alguna cosa en los años pasados. Hicimos una campaña en la radio sobre ello, animando a la gente a preguntar. Cada año procuramos publicarlas, incluso como publicidad, para que sirva de alguna manera de acercarte a los que están abajo y tener un motivo para mejorar. Lo que nos falta es aumentar la difusión y garantizar que nuestras resoluciones, de alguna manera, se cumplen. Esos son los dos retos para el futuro.
– Daniel Cerdán hace balance de sus nueve años como alto comisionado del derecho ciudadano a acceder a la información pública
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Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
En la década de los 80 del pasado siglo era periodista, con posterioridad fue 20 años la sombra de Adán Martín tanto en el Cabildo tinerfeño como en el Gobierno canario y, desde 2015, es el alto representante del Parlamento que defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública de las administraciones. Cuando llegó al cargo existía la nada y ahora deja una institución que fue premiada por el Estado.
En mayo de 2015 usted llega a una institución que no existía. ¿Cómo fue ese desembarco en lo desconocido?
Pues llegué a un despacho vacío que el Parlamento me facilitó y comienzo a recabar reclamaciones de los ciudadanos a los que las administraciones no les había contestado. Como éramos absolutamente desconocidos, en aquel año solo recibimos 18 y ya el año siguiente fueron 80. Empezamos a preparar lo que ha sido la singularidad de este Comisionado, que es la evaluación. Pero al principio no tenía a nadie, fiché a un jefe de servicio, que fue Pedro Pacheco, que fue tan bueno que me lo quitaron, como yo digo siempre en broma, para presidir la Audiencia de Cuentas, y allí sigue. Y así es como empezamos a andar.
Y de ahí a conformar una institución que ha sido reconocida y premiada por el Gobierno de España.
Sí, es cierto. El entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, nos hizo entrega del accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 a nuestra herramienta telemática T-Canaria, que es con la que elaboramos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Y aunque no es un premio, también estamos orgullosos de que el Ministerio de Hacienda haya hecho suya la otra aplicación que creamos, la que llamamos Evalúa-T. Con ella, quisimos poner en marcha una herramienta accesible a los ciudadanos como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que puede ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo. El Ministerio nos pidió poder usarla y lo están haciendo.
¿Y la ciudadanía está usando esa aplicación?
La verdad es que no hay mucho activismo, pero yo siempre digo que la Ley de Transparencia convierte a todos los ciudadanos en periodistas y a todos los periodistas les da una herramienta electrónica fácil y gratuita para preguntar. Es cierto que los políticos no responderán en dos días, pero permite acceder a una información exclusiva que no se obtiene en una rueda de prensa. También pueden ir a los portales de transparencia, donde hay un montón ingente de información que, sin embargo, no se explota.
Por lo que dice, a la vez que han ido instando a la ciudadanía a usar su derecho a recibir información pública han tenido que enseñar a las administraciones a ser transparentes.
Sí, entre otras cosas porque todas las leyes tardan en conocerse y en aplicarse y, sobre todo, si no hay nadie que lo vaya recordando pues, en general los poderes públicos, los funcionarios, tienenotras cosas que hacer y si alguien preguntaba por escrito a una administración, le aplicaban el silencio administrativo, que es lo que menos cuesta y funciona como una negativa de facto. Y la gente no iba más allá porque tenía que gastarse dinero en abogados y esperar dos años a tener una sentencia. Cuando España, último país grande de la Unión Europea en hacerlo, aprueba su ley de transparencia, cambia el chip en las administraciones españolas. El ciudadano, de una manera muy rápida, sobre todo ahora con las sedes electrónicas, y sin ningún costo, pasado un mes de no haber sido respondido puede presentar una reclamación y en tres meses obtener una resolución a su reclamación, que es ejecutiva.
Entonces, ¿el Comisionado de Transparencia o la transparencia funcionan como el adversario que se enfrenta al silencio administrativo?
Sí, en realidad sí. No está mal vista esa apreciación. Es, diríamos, el correctivo del silencio administrativo.
Pero no es suficiente ¿no? Lo digo porque ha propuesto que una futura Ley del Comisionado incluya la capacidad de imponer multas coercitivas.
En la evaluación permanentemente, año tras año, los datos demuestran que no regalamos la nota y suspendemos cuando tenemos que suspender y eso ha hecho que las administraciones vayan mejorando porque a ningún ayuntamiento, a ningún cabildo ni a ninguna consejería del Gobierno les interesa aparecer en los medios de comunicación como denegadores de información a un ciudadano. Dicho esto, en un grupo de trabajo a nivel nacional, porque esto no es una ocurrencia mía, se sugirió lo de poder multar, y esa posibilidad, que ya se ejerce en Navarra, la incluí en el último informe anual.
A los políticos se les llena la boca de transparencia, ¿pero son transparentes realmente?
Bueno, yo creo que va por barrios. Hay instituciones que se resisten a entregar la información y otras que no. Por ejemplo, en el mandato pasado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue el más incumplidor, porque se negó sistemáticamente a entregar información a una concejala de Ciudadanos. Lo mismo pasó con la Consejería de Transición Ecológica respecto a la diputada Nereida Calero o con el Servicio Canario de Salud (SCS). Fuimos muy incisivos, muy persistentes en esos casos y debo decir que ahora esas situaciones se han revertido.
Ahora que se han puesto de moda las comisiones de investigación, ¿son más transparentes que el comisionado? ¿Sirven para transparentar más o van a servir para embarrar más?
Creo que serían más transparentes si se combinaran los dos mecanismos. Es decir, que cuando hay una sospecha razonable o no sobre comportamientos no adecuados o ilícitos, se debería pedir la documentación y, posteriormente, a la vista de esos datos estar en condiciones de a los comparecientes de las comisiones de investigación hacerles oportunas preguntas aclaratorias a lo que los datos dicen. Por ejemplo, en Canarias los contratos que están ahora en cuestión ya están colgados en la plataforma del comisionado de Transparencia y podrían haberlos consultado desde el año 2021, pero no lo hicieron ni los diputados ni los periodistas. Es cierto que nosotros no podemos pedir a una administración que nos diga si se vio o no se vio con tal persona u otra, si le llamó por teléfono o no o si realmente cuando hizo esto o aquello lo que pretendía era hacer otra cosa. Eso es tarea de las comisiones de investigación.
¿Le he entendido que todos los contratos de la época de la pandemia pueden ser consultados en la web del comisionado de Transparencia?
Cuando surgió la pandemia nos pareció, como no había en ninguna de las leyes que se contemplara a qué estaban obligadas a hacer las instituciones en una situación tan excepcional, pasamos a nuestro cuestionario de los índices de transparencia anuales, en paralelo, un cuestionario específico para que las administraciones nos contaran cómo estaban informando de lo que estaban haciendo, tanto en reparto de medicamentos, analíticas, reparto de mascarillas y contratos. Y más que lo que estaban haciendo, qué cosas estaban publicando. En función de eso elaboramos un documento, que lo tenemos colgado en la web en el que aparecen ahí todos los contratos. Ahí están y cualquier investigador, cualquier diputado, cualquier periodista, cualquier particular pudo tirar de esa información. Todo el mundo fue a analizar el informe anual y nadie se interesó por el otro informe. Ahí están todos los contratos de la parte dura de la pandemia, que fue de marzo a septiembre, que era cuando las administraciones estaban contratando sin seguir ningún procedimiento. Hicimos ese esfuerzo, lo pusimos en la web desde entonces y al libre acceso de quien quiera entrar. Sin embargo, nadie lo hizo.
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El pasado 30 de abril, el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, fue entrevistado por Antonio Hernández en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria.
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A DANIEL CERDÁN EN BUENOS DÍAS CANARIAS EL 30 DE ABRIL
ANTONIO HERNÁNDEZ: 9 años al frente, Daniel Cerdán, cederá el relevo como comisionado de la transparencia. Hace unos días presentaba su último informe en el Parlamento Regional. ¿Qué nota sacan nuestras instituciones y empresas, las que reciben ayudas públicas? Se lo preguntamos. Ya nos acompaña aquí en el plató. ¿Qué tal? Muy buenos días.
DANIEL CERDÁN: Buenos días.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Bueno, señor Cerdán, se despide usted como comisionado en el cargo desde el año 2015. Le pregunto, respecto a cuando usted llegó, si lo miramos ahora mismo, ¿ha mejorado en transparencia las instituciones, empresas públicas y también las entidades privadas que reciben ayudas públicas aquí en Canarias?
DANIEL CERDÁN: Pues sí, yo creo que, bueno, nosotros reiteradamente en los últimos años, y está a disposición de todo el mundo en nuestra web, cada año han ido mejorando poco a poco en lo que es la transparencia activa, que se le llama así, que es lo que todas las instituciones, y no solamente ellas, las 430 que hay en Canarias, dependientes de las 88 ayuntamientos, cabildos, gobiernos, universidades, todas ellas, digamos, han tenido un crescendo lento pero continuo, de forma que este año, por primera vez, se llega al conjunto, a las administraciones públicas, he traído aquí el dato, ocho puntos, que para nosotros es cuando por primera vez ya llegó de alguna manera la excelencia, porque alguien que saca cinco o seis, pues un aprobado raspado no podemos decir que sea excelente. Empezaron todas ellas en el 2016, cuando apenas la ley era conocida, con un 3 de nota, que era la meta media, alcanzaron el 5 raspadillo, el 17, y luego han, progresivamente, han ido aumentando poquito a poquito cada año, hasta el 8. El sector público autonómico, pues ya, este año también incrementó un poquito, el sector insular también está en 8 y 20, son las mancomunidades, las que peor, las mancomunidades que son, por otra parte, 5 o 8 en Canarias, y que nadie las conoce, porque nadie sabe quién es el presidente de la mancomunidad del norte, las que, precisamente, por falta de, veamos, a nadie le afecta, a nadie lo entiende, la considera suya, pues descuidan más.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Son instituciones, a lo mejor, del día a día.
DANIEL CERDÁN: Sí, sí.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Le pregunto, para que la gente en casa, si a lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿cómo se mide esa transparencia?
DANIEL CERDÁN: Bien, pues las leyes establecen unas obligaciones, venimos la transparencia activa, luego, si quiere, hablamos de la más difícil, como yo digo, y más dura, que es la respuesta a los ciudadanos por parte de las administraciones. Lo que medimos es lo que las leyes establecen, para cada tipo de organización, cabildos, ayuntamientos, empresas públicas, fundaciones, etc. Establecen unas obligaciones informativas que deben de mantener actualizadas en su portal web. Nosotros, con esos mapas, organizamos un programa informático, que se llama «T-Canaria», que no existe más que en Canarias y que ha sido exportado a otras comunidades, y por eso hemos conseguido que en evaluaciones, para que se haga una idea, hemos hecho más evaluaciones en Canarias que en el conjunto de todo el país, precisamente por disponer de esta herramienta que, con apenas tres o cuatro personas en nuestro departamento, permite la colaboración de aproximadamente tres mil, que cargan su declaración de la transparencia, como si fuera la declaración de la renta, y nos dicen en qué medida han publicado los contratos, han publicado los salarios de los sector público, han publicado los currículos, han publicado, por ejemplo, el gobierno de Canarias, que es el que más tiene, tiene 122 obligaciones de ese estilo.
Entonces, declaran, nosotros validamos que lo que han declarado está, o sea, pinchamos en él, y automáticamente el programa le calcula una nota. Luego valora otras cuestiones, como la accesibilidad, si utiliza datos abiertos que permita la reutilización de la información, es decir, es más complejo que eso, pero fundamentalmente es ese, y por lo tanto nadie lo cuestiona, o sea, nadie nunca nos ha llevado eso, un expediente, no hemos tenido nueve años ni un solo recurso administrativo, porque no hayamos podido una nota mala, porque es muy riguroso el sistema.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Y respecto a lo que apuntaba usted, a esa otra vertiente, que es las peticiones de información que hace la ciudadanía, ¿cómo están las instituciones y empresas de Canarias?
DANIEL CERDÁN: Sí, ahí van las cosas de otra manera, en Canarias y en España. Generalmente, la transparencia tuvo un boom en los años 14, 15, 16, cuando se asoció a como un elemento, digamos, regenerador, frente a la corrupción, frente a la desinformación, que estamos hablando ahora, y tuvo un boom, pero luego, digamos, ha desaparecido, como yo digo, de la agenda, y muchas administraciones, para que se haga una idea, a nosotros el 80% de las ya 3.000 en estos años resoluciones, que son como micro sentencias, que son ejecutivas, que dice si la administración tiene que conceder o no la información a quien la pide, pues el 80% han tenido signos administrativos, ni siquiera les han dicho en un papelito de medio folio, oiga usted, le deniego, que no cuesta mucho eso, porque le aplico el artículo X de la ley X, que generalmente es la de transparencia, que me habilita a denegarle. Entonces, ese tipo de ciudadanos, pues bueno, para que se haga una idea, y por ponerle cifras a las cosas, pues las instituciones canarias declararon como más de 18.000 preguntas en estos nueve años, y a nosotros, de alguna manera, de esas nos han llegado más de 3.000, es decir, una de cada seis acaba resolviéndose en el comisionado, que les recuerdo, es un órgano independiente, vinculado al gobierno de Canarias, como el diputado del común, etcétera.
ANTONIO HERNÁNDEZ:¿Qué tipo de información, señor Serdán, es la más opaca, la menos transparente, la que más preguntan los ciudadanos, porque la institución o la empresa no se la ofrece?
DANIEL CERDÁN: Sí, bien, yo creo que hay dos informaciones crecientes. Es muy diversa, no hay tres, cuatro cosas solamente, porque se puede preguntar por todo. Podría preguntar a la división canaria cuánto vale este programa, por ejemplo, por poner un ejemplo que estamos aquí, pero hay un creciente uso de la ley por parte de los propios funcionarios, para preguntar cosas a la administración que tienen que ver con las políticas de personal, posiciones, procesos selectivos, etcétera, etcétera, porque han descubierto ahí una… quizá porque conocen, están cerca de la administración y conocen la ley, y luego creo que hay una, cada vez más también, petición de información sobre contratos, es decir, para validar que realmente aquello se ha hecho conforme a la ley.
Por eso yo digo que la transparencia, aunque a la gente a lo mejor no le dé tanta importancia, el saber lo que te pueden preguntar y tener que responder forzosamente obliga a comportarnos mejor, porque antes cuando la gente hacía un contrato con poca seriedad lo metía en una gaveta y tal, pero saben ahora que si cualquier duda sobre si lo que está haciendo con ese contrato responde al servicio público que ve el ciudadano o no, pues lo puede pedir. Entonces, ese efecto, diríamos, de revulsivo, también tiene un efecto en la eficiencia de las administraciones, no solamente en el derecho a saber de los ciudadanos.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Ayer en el Parlamento, si no me equivoco, en esa comisión donde usted presentaba el último informe, pedía estar muy vigilante, con el ojo más atento, en el reparto de las ayudas europeas de los fondos Next Generation, sobre todo con las entidades privadas que reciben esas ayudas públicas. Por qué hay que poner el foco sobre todo ahí?
DANIEL CERDÁN: Mire, ese fue un tema, la verdad, que fue un tema pequeñito de la comisión, pero ha cogido aire, porque hablamos de muchas cosas, pero está bien que, como era una de las cosas de futuro, está de alguna manera bien planteárselo. Nosotros en el año 2020, cuando llegó la pandemia COVID, pues no había nada regulado sobre cómo las administraciones tenían que informar de lo que estaban haciendo. Nadie imaginaba una pandemia y, prácticamente, incluso el gobierno central, a mi juicio, lamentablemente, cerró durante tres o cuatro meses la posibilidad de que la gente preguntara. O sea, tú preguntabas y se había suspendido el derecho de acceso a tal, y no había nada determinado respecto a qué tenían que publicar en las páginas web.
Entonces, ahora, y entonces, en el año 21, una de nuestras singularidades es que, prácticamente, a todas las empresas y entidades canarias que habían tenido más de 60.000 euros, que fueron muchísimas, que fueron unas 5.000 o más, las que recibieron subvenciones, pero de más de 3.600.000, que es lo que dice la ley, emplazamos a evaluarse a más de 3.500, que habían recibido esa cantidad, y respondieron 80%. Le digo que más de 200 habían tenido más de un millón de euros y más de casi 35 millones, es decir, que eran cantidades muy importantes y, entendiendo que los fondos públicos tiene que responder de ellos tanto el funcionario o el político, cuando los usa, que el ciudadano al que se lo dan y se los lleva a su organización. Entonces, ese proceso nos llevó, digamos, nos convirtió en la primera Comisión de España que, sistemáticamente, desde entonces, evalúa el uso que se hace de esas subvenciones. Llegamos a lo que ha pasado ahora, que sí, como en el año 21, Canarias distribuyó unos 1.400, 1.500 millones de euros en ayudas COVID, ahora llega, digamos, una avalancha, una gran cantidad de dinero, que por ahora está establecido en 1.350 aproximadamente, puede que se amplíe, de financiación europea que llega a Canarias a través del gobierno central, pero que se gestiona aquí, fundamentalmente por las consejerías, en el que le recordamos a todo lo que vaya a percibir que tienen la solicitud de transparencia y que tiene que dar cuenta de lo que hace con esa financiación. Además, no solamente con la transparencia, sino que Europa ha puesto controles más intensivos de cara a la integridad en la gestión de las ayudas y de cara a la transparencia que obligarán a que la gente, cuando reciba esa financiación, sea más transparente con ella.
ANTONIO HERNÁNDEZ: Pues hay que dar esa recomendación para el nuevo comisionado de la transparencia, quien le toma el relevo, Noelia García, y también para las administraciones: vigilancia con esos fondos.
Daniel Cerdán, hasta ahora comisionado de la transparencia de Canarias. Enhorabuena por estos nueve años al frente de esta institución, dependiente del Parlamento de Canarias, y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias.
– Cada vez son más los funcionarios que utilizan la herramienta del derecho de acceso para reclamar información sobre oposiciones, exámenes o pruebas
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, fue entrevistado el 23 de abril en la sección Tiempo de Entrevista del programa Canarias al Día presentado por David Cuesta en Mírame TV.
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A DANIEL CERDÁN EN CANARIAS AL DÍA (MÍRAME TV) EL 23 DE ABRIL
DAVID CUESTA: Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy vamos a hablar de una herramienta muy útil, el Comisionado de Transparencia. Un órgano que depende del Parlamento de Canarias y que nos permite a los ciudadanos, pero sobre todo también, por supuesto, por nuestro cometido, a los periodistas tener un acceso directo a los datos, a la información pública.
Y vamos a hablar de transparencia con el Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán Elcid que lleva en esta institución desde el año 2015 desde su creación y ha sido, sin duda, su gran impulsor a lo largo de todos estos años. Daniel, muy buenas tardes.
DANIEL CERDÁN: Buenas tardes a todos.
DAVID CUESTA: Gracias por acompañarnos. La verdad es que han sido, bueno, desde 2015. No sé si hoy, echando una mirada hacia atrás, Daniel, ¿se puede sentir satisfecho de todo lo que se ha avanzado y se ha avanzado todo lo que a usted le hubiera gustado cuando llegó a este cargo en su momento?
DANIEL CERDÁN: Bien, pues satisfecho. Esto es como la felicidad que nunca se llega a su completitud o que nunca es permanente. Y más en un tema como la transparencia en el que nunca es algo que se consiga al 100 %, sino que, como yo siempre digo, es un horizonte sobre el que avanzar, porque la información es cada día más inmensa. Yo me alucino respecto a la que los periodistas teníamos en los años 80, por ejemplo. Y, por lo tanto, cada día es más necesaria por otra parte de colocar y cada día es más difícil de hallar porque es tanta que no siempre está bien colocada.Y luego los ciudadanos tienen tantas alternativas a pantallas de todo tipo, digitales, redes sociales, canales y canales de televisión, que diríamos los portales de transparencia que se visitan, pero no tanto como se podía esperar porque las personas tienen otros muchos más intereses. Pero, en cualquier caso, en la transparencia de los portales en Canarias, en la medida que hemos implementado, únicos en España, porque no hay un sistema igual en España, de que llevamos seis evaluaciones continuadas, recurriendo no solamente a ayuntamientos y a instituciones públicas, las 98 canarias, y en total las 340 entes dependientes, sino que en este conjunto de los años hemos llevado también a más de 3.500, si lo cogemos todo, entidades públicas que recibieron dinero público, que gastaron dinero público y que están igualmente obligadas a tener un pequeño portal de transparencia, no como los públicos, pero a dar cuenta de lo que han hecho, por ejemplo, con la mayoría de subvenciones que ha habido en los últimos cuatro años, que fue la del COVID, que fueron 1.300 millones.
DAVID CUESTA: De hecho, leía en una entrevista que le hacía al compañero Salvador La Chica en el día, que, por ejemplo, los contratos bajo sospecha, investigados judicialmente ahora, del COVID, estaban en el portal de transparencia.
DANIEL CERDÁN: Sí, vamos a ver, nosotros no estaban tanto en el portal de transparencia, con un informe que nosotros hicimos en el año 20, cuando nos encontramos que había un decreto del gobierno estatal que había cerrado, si se acuerdan, ya han pasado cuatro años, la posibilidad de hacer reclamaciones, es decir, hubo tres meses en que dijeron no hay obligación de tal. Y, en segundo lugar, todo el mundo estaba confinado en casa, todos los trabajos y ninguna directriz respecto a qué cosas tenían que ir publicando respecto a la licencia, de la mortandad, del gasto, los tal. Entonces, nosotros se nos ocurrió hacer un cuestionario, lo mismo que nosotros, esto se hace la evaluación anual en base a un cuestionario de muchas preguntas, que un programa, digamos, consolida y da puntuaciones.
Y es un problema específico de más de 30 preguntas, preguntando a todas las instituciones públicas qué estaban haciendo, cuánto habían contratado, cómo estaban difundiendo su actividad. Es decir, y en base a eso, evidentemente, lo presentamos con anexo al informe de aquel año, del año 21, porque eran datos del 20. Y, claro, fue como ocurre tanta información que yo, no es que reproche, pero los periodistas se centraron sobre todo en la información habitual de los informes nuestros, porque en ese momento, el Tocho, como yo digo, el “tocho mocho”, que tiene 400 o 500 páginas, no había despertado todavía interés sobre su limpieza en la contratación. Todo el mundo pensaba que había que contratar muy rápido, porque las mascarillas tenían que llegar ahí. Esto se publica en septiembre, se cierra en septiembre y, evidentemente, ahí hay muchos contratos para el que quisiera profundizar en ellos, como también en la Base Nacional de Subvenciones.
Pero es cierto que, como comentábamos a veces, los potenciales investigadores, que son o somos los periodistas, ni usamos la Base Nacional de Subvenciones lo necesariamente, que es muy fácil de encontrar los contratos, ni usamos las capacidades de derecho de acceso para preguntar a las mismas.
DAVID CUESTA: Pero es curioso, Daniel, porque mientras que ustedes, por ejemplo, en ese informe, el último informe que va a presentar precisamente esta semana ante el Parlamento de Canarias, usted destaca una cosa, Canarias, proporcionalmente a sus poblaciones, es la comunidad donde más solicitudes de acceso a la información se presentan. Pero, paralelamente, es donde los periodistas menos preguntan, en comparación con la península. ¿Por qué ocurre esto?
DANIEL CERDÁN: Fundamentalmente, en el tema de la península, yo los comparo con los periodistas más conocidos, que son los de ámbito nacional y, diríamos, están trabajando, preguntando constantemente al gobierno, viajes del presidente.
DAVID CUESTA: ¿Pero puede ser que haya una mayor dependencia?
DANIEL CERDÁN: Pero no hay información, no hay información, diríamos, fidedigna, no hay, diríamos, una transparencia sobre la transparencia porque no se han consolidado esas cifras a nivel de toda España. Yo lo que sí aprecio es que aquí los periodistas lo utilizan poco, siendo una…
DAVID CUESTA: ¿Pero por qué se hace poco periodismo, quizás, Daniel?
DANIEL CERDÁN: No, primero, porque las plantillas son pequeñas, en comparación con las que yo viví en mi época moza, joven. Y segundo, porque prácticamente se consume mucho tiempo, digamos, adaptando notas de prensa, consumiendo la propia nota de prensa de las plantillas de comunicación pública, que son grandes.
DAVID CUESTA: Por la precariedad, entonces.
DANIEL CERDÁN: Por la precariedad, en parte. Y luego, el otro punto de que dice, no, en Canarias se reclama más que en otras comunidades autónomas, el ratio lo tenemos por 100.000 habitantes.
Yo creo que no es porque en Canarias haya menos desinformación, sino simplemente porque el esfuerzo del comisionado en alguna pequeña campaña de publicidad, estar permanente en los medios de una forma más reiterada, tener una web bastante accesible para poder presentar. Y luego el boca a boca, es decir, cuando, al ser un órgano bastante conocido, ha dado lugar que el primer año, el primer semestre del año 2015, tuvimos 18, no las conocían ni en nuestra casa. El año siguiente, 90, hemos ido escalando y, a medida que hemos ido siendo más conocidos, entre otras cosas, gracias a programas como el tuyo, que te agradezco que siempre, todos los años, nos hayas traído, pues ha habido más gente que se ha animado, primero, a preguntar al cabildo del Ayuntamiento o al Gobierno, y cuando no ha respondido o le ha respondido poco, fácilmente, en cinco minutos, ha hecho su reclamación a la Comisión.
Y yo siempre repito, y me gusta repetir, que la herramienta, digamos, de lo que es la ley de transparencia, convierte a todos los ciudadanos en periodistas y a los periodistas les empodera con mayores armas, en el sentido de que, cuando no te dan una cosa por garantía de prensa, o no te responden en una red de prensa, tienes la oportunidad de conseguir información exclusiva, además, preguntando por la vía, en cinco minutos, porque no hizo falta más que un certificado electrónico, por la vía de un registro electrónico.
DAVID CUESTA: Y, además, hay un hecho que ustedes también constatan en ese informe, y es que preguntar al comisionado, recurrir al Comisionado, ayuda y funciona. Lo digo porque, al final, por ejemplo, todos estos años hemos visto cómo se ha reducido, también, el nivel de incumplimiento de las administraciones, y yo supongo que ahí la presión que hacen desde el Comisionado ha sido clave, ¿no?
DANIEL CERDÁN: Sí, ahí fíjense que, a veces, digamos, lo útil para ese cometido es lo de siempre, es decir, cuando el comisionado tenía una plantilla de tres o cuatro personas muy pequeñitas, e íbamos produciendo centenares de elecciones cada año, pues, prácticamente, no había aire para ir insistiéndole a los que no cumplían, es decir, llamándoles, mandándoles más requerimientos y diciendo, mira, que vamos a publicar la relación de incumplidores, y eso, ese efecto reputacional que a nadie le gusta parecer como el peor de la clase, pues, ha ido consiguiendo poco a poco que el nivel de incumplimientos, que era hasta de un tercio, prácticamente, hasta el año 20, similar al de las otras seis comunidades autónomas de las que tenemos referencia, que son las que, diríamos, controlan o trabajan en Consejos Tratados de Transparencia, porque son comunidades sin defensa.
No tienen comisionado como tal, pero tienen unos consejos. Entonces, ahí, solamente en esas seis comunidades, se conoce con perfección qué nivel de incumplimientos tienen en esas comunidades, que fundamentalmente son Asturias, Cantabria, Extremadura, ahora Baleares, La Rioja, en las pequeñas, fundamentalmente. Entonces, ahí se conocen, no nos podemos comparar con las otras, porque no existen, no se publican las otras. Pero frente a esas, estábamos como ellas hace tres años, y a base de llamar, empujar, requerir, insistir, hemos conseguido reducir a muy poco, a menos de un 10 %, al 2 o el 3 hace dos años, y ahora estamos reduciendo las del año 2023 porque seguimos llamando.
DAVID CUESTA: Usted siempre insiste en que quizás la ley debería haber sido un poco más ambiciosa y haberles dado una herramienta más coercitiva, como puede ser la de multar a las administraciones que incumplan. ¿Cree que sigue siendo necesario?
DANIEL CERDÁN: Yo sí, creo que sí, lo vamos a plantear en la despedida que hagamos cuando nos vayamos. Creo que lo voy a volver a plantear al Parlamento, como lo planteé más de una vez ya, porque si hubiera habido en el año 2019 ley de acompañamiento, entonces el gobierno estuvo de acuerdo en introducirlas, porque habían sido experimentadas en Navarra, y desde que se experimentaron en Navarra, no hay ningún incumplimiento, porque nadie quiere pagar una multa de 100 euros diarios si se le pasa el plazo para contestar, de la misma manera que sabe que tiene que pagar la multa de 100 euros si se lo pone no un comisionado, ni un órgano, ni un juez, sino un simple señor, una señora de autoridad, como es un guardia civil de tráfico, por ejemplo. Entonces, eso en Navarra ha producido que no haya incumplimientos, porque nadie quiere pagar multas. Entonces, yo estoy seguro de que no sería lesivo para los órganos públicos y para los responsables públicos de Canarias, porque pasaría lo mismo, lo único que haría es que entregarían, no iban a perjudicarse económicamente, porque lo único que harían es decir «si me paso el plazo», como en Hacienda, si no te presentas, te ponen un recargo, entonces creo que a la postre será positivo para el sistema.
DAVID CUESTA: Hay una cosa, Daniel, que es muy importante en todo esto, y que quizás puede ser una de las patas que más cojea todavía dentro de la transparencia, y son los plazos. Da la sensación, o por lo menos personalmente, por mi experiencia, de que los plazos son demasiado largos, que a veces es una información que requieres con urgencia, sobre todo desde un punto de vista periodístico, y tarda mucho. Claro, cuando nosotros hemos insistido en este asunto también, las administraciones nos dicen, o nos hemos encontrado con administraciones que no tienen personal específico para tramitar las cuestiones de transparencia. ¿Cree que ahí es donde han fallado o siguen fallando las administraciones en la capacidad de tener a personas que se dediquen a facilitar el acceso a la transparencia? Y también, cree que quizás, si eso se consiguiera, ¿se podrían reducir esos plazos?
DANIEL CERDÁN: Yo, o sea, que ahí hay dos situaciones diferentes. Las de las organizaciones grandes, que sí tienen preguntas, y sí tienen un URIP, por ejemplo, en el Gobierno de Canarias, tienen lo que llaman un URIP, una unidad responsabilizada en cada Secretaría General Técnica, en cada consejería, de gestionar las preguntas que llegan. Evidentemente, también eso ocurre en los cabildos grandes, que son los que más tienen reclamaciones, y en los ayuntamientos grandes. Pero yo, cuando uno baja a los ayuntamientos de menor dimensión, se encuentra con que algunos no tienen preguntas. ¿Cómo vas a tener un empleado si nadie te pregunta? Entonces, es cierto que la casuística es variada y, efectivamente, algunos pueden estar infradotados, como, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud, donde se da una circunstancia extraña, que me quiero aclarar, por cierto, antes de cesar. Antes de irme, que hay un funcionario, yo repetidamente en estos últimos años hablo de que, mientras los ciudadanos y periodistas, que aparentemente tendrían que estar muy interesados, no usan la herramienta como, creo yo, que sería razonable que lo usaran, han empezado a crecer el número de funcionarios, es decir, como si fuera una transparencia interna, dentro, es decir, que utilizan estos mecanismos para reclamar información de todo tipo, sobre oposiciones, exámenes, pruebas, exámenes ya cumplimentados, que se los den anonimizados para comprobar si eran mejores que él hizo, pero es decir, es una transparencia para adentro, entre los propios servidores públicos, porque ellos mismos, que conocen la maquinaria, se dan cuenta de lo útil que es, y eso, que luego iban a preguntar a su jefe de palabra y el juez decía, mira, me voy a tomar un café, pues ahora se lo meten por registro, sabe que tiene un plazo, sabe que si no cumple, pueden recurrir, y sabe, y fácilmente, y sabe que nosotros, en cuestiones de estas, pues siempre van a obtener una estimación, que recuerdo, que es ejecutiva, y que están obligadas los administradores a entregar o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
DAVID CUESTA: Cuándo se ha recurrido, normalmente, o mayoritariamente, han ganado.
DANIEL CERDÁN: Sí, de las once últimas, ahora han salido dos. Pasamos el año 22 sin ninguna reclamación, pero hasta el 22 teníamos nueve y no habíamos perdido ninguna. Bueno, una a medias, quizás, porque fue por fuera de plazo, pero bueno, al final, tuvo buenos resultados para la reclamante. O sea, con lo cual, hemos tenido un ejercicio, yo creo que satisfactorio, en peso de las sentencias perdidas. Y ahora, hace poco, nos han metido dos que, casi siempre, puede recurrir cualquiera, tanto la administración como el ciudadano. Casi siempre recurre la administración porque es el que tiene medios. El ciudadano dice, oye, pues para esta pregunta, contáctame un abogado, esperar dos años, no sé qué. A la administración recurre, se permite ya, por lo tanto, esperar dos años a entregar el papel, y encima lo hace con dinero público. Pero bueno, yo creo que, en su conjunto, aunque uno puede estar más insatisfecho, a lo que me preguntabas, de cuáles son las luces y las sombras de este periodo, yo creo que en los portales de transparencia la evolución ha sido grande. ¿Satisfactorio del todo? No, porque hay muchos todavía que están por debajo de siete. Antes me preguntabas si antes, por sacar un cinco ya, pero es que sacar un cinco en el año 2017 ya estaba bien, porque estaban empezando, estaban conociendo el sistema, estaban viendo la ley. Ahora creo que sacar menos de un siete, y se lo digo a los ciudadanos que tienen todas las tablas, justamente estos días en los periódicos, publicamos el domingo la del gobierno de Canarias, hoy está en la prensa, hoy lunes, las dos planchas de las casi doscientas entidades municipales, nos lo he dicho, ayuntamientos y sus entidades, mañana estarán las de los cabildos, y espero que al final de la semana, las de los colegios profesionales y escamas de comercio, que también son semipúblicas, es decir, ahí pueden perfectamente, además en las ediciones digitales de los periódicos también lo están poniendo, ahí pueden comprobar realmente quién se mantiene ahí con el aprobado raspado, con lo cual está cumpliendo la mitad para llegar a la mitad de la nota, pero tiene grandes lagunas, y creo que ahora es el momento, y espero poder reivindicarlo estos días, tanto en el pleno de mañana como el lunes en comisión, que tendré más ocasión de decirlo, de que es el momento en que ya, digamos, aunque no hablamos nunca de aprobados y de no aprobados, sino simplemente de notas, que es el momento de pensar que alguien que no saque un 7 o un 8, digamos, tiene un déficit en transparencia. Eso en la publicidad activa, porque seguramente los ciudadanos cuando nos vean dicen, ¿qué es esto de…? ¿qué puntúan? Y lo que puntuamos es de los portales de transparencia que deben tener los principales, los cabildos, ayuntamientos, ciento y pico, ciento veinte, más o menos, obligaciones informativas, cosas que tienes que encontrar allí, y que las tenemos nosotros en nuestro mapa de obligaciones y saben qué cosas tienen. Hay algunos, no muchos tampoco, ciudadanos que denuncian, oiga, que no he encontrado aquí los contratos o que no he encontrado los currículos de presión elemental, y entonces nosotros, a raíz de la denuncia, activamos una petición de delegaciones y le decimos, oiga, cumpla este concreto…
DAVID CUESTA: ¿Pero eso se puntúa? ¿Hay otra puntuación paralela?
DANIEL CERDÁN: No, vamos a ver, lo que es difícil de puntuar, digamos, eso se puntúa en base al nivel de las… si el gobierno tiene ciento sesenta obligaciones informativas, si tiene ciento cincuenta, pues de repente llega al nueve.
DAVID CUESTA: Claro, pero a lo mejor nos encontramos con una administración que tiene un nueve en publicidad activa, pero que después cuando la gente le reclama…
DANIEL CERDÁN: Claro, lo otro es muy difícil. Es un muro para la ciudadanía. Lo otro, en este momento, más que puntuarse, porque es difícil establecer puntuaciones entre entidades que tienen muchas demandas y treinta ayuntamientos que nunca les preguntan. En teoría ellos serían súper transparentes porque nunca han fracasado, nunca han dejado de tal, pero sí, y es el camino que vamos a tomar, y vamos a ver si lo publicamos esta semana, es la relación de ayuntamientos que no han entregado en su día información cuando lo han pedido, pero que además, teniendo una resolución del comisionado diciendo, oiga, que tenía razón el ciudadano, que tienes que entregarlo, porque no lo han hecho. Entonces, esos serían, diríamos, los auténticos incumplidores de la transparencia fuerte, como yo digo, que es la de saca información que no tienes en la web porque te lo pide alguien, un periodista, un tal. Y a mí me consta que tú, por ejemplo, que has sido usuario de tal, a veces has encontrado muchas resistencias, muchas tal, entonces, a entregar la información. Y bueno, yo sé que a veces sería más útil que se entregara pronto, como tú dices, cuando urge, pero también es cierto que muchas de las informaciones para reportajes, para tal, aguantan 80 días, a lo mejor no puedes obtener información de suceso, y diga, dígame usted a quién ha detenido ayer, aunque anonimizado con sus nombres, pero de otras materias. Ahora, esto que se discute tanto, por ejemplo, de estos días, que están de actualidad, la manifestación y el movimiento…
DAVID CUESTA: El modelo turístico…
DANIEL CERDÁN: El modelo turístico. Pues yo no sé, a lo mejor llegan luego al comisionado alguien que haya estado preguntando por eso, por qué pasó con las moratorias anteriores de 2004 y 2011, cuánto, qué costaron, porque claro, aquí, quién se manifestó, eso es difícil de… O sea, aportación de informes sobre quién pidió entonces la moratoria y quién se manifestó, a mí me sorprende, por ejemplo…
DAVID CUESTA: Podríamos saber cuánto ha costado en indemnizaciones la primera moratoria.
DANIEL CERDÁN: Claro, pero para eso hay que preguntarlo. No hay transparencia, que somos tres y no tenemos tanto cerebro ni tanto conocimiento, pero preguntarlo por años, número de indemnizaciones e incluso a quiénes, porque también, si no es dato personal, sino a una empresa… Y otra cosa que es buena, que se podía preguntar, lo que pasa es que esto ya no es tanto de transparencia pública como de investigación periodística, es decir, quiénes en la anterior transparencia estaban a favor de la moratoria. O sea, que claro, han pasado 20 años.
DAVID CUESTA: Bueno, pero eso está en la hemeroteca.
DANIEL CERDÁN: Está en la hemeroteca, pero si uno va a la hemeroteca, David, te das cuenta de que en aquel momento en Canarias había dos movimientos, una patronal en Gran Canaria, que era reticente a la moratoria, y la patronal en Tenerife hotelera, ASHOTEL, que era partidaria de la moratoria. Y eran ahora la gente que estaba… Pero ¿cómo?, estamos a veces, sin darse cuenta, en convivencia con gente que quiso parar también teniendo hoteles. Evidentemente, pretendían diferentes intereses o diferentes objetivos con las mismas herramientas. ¿Y cuál pretendían entonces los que, los empresarios que eran partidarios de la moratoria? Pues pretendían menos competencia. Si tú las… Entonces en Tenerife, en 2015 ya no sé cuántas camas podía tener, 100.000. Si tú las congelas, automáticamente no te viene nadie a competir contigo, a bajar precios o nada por el estilo. Por lo tanto, en estos temas complejos, manifestarse, también hay que tener en cuenta las consecuencias de lo que se pide. Porque congelar así, automáticamente, como ocurrió en… Lo que pasa es que falta ir a las hemerotecas y a los libros. Con hacer aquello supuso, mientras se preparaba la ley, que se presentaran multitud de proyectos a los ayuntamientos, que se planificaron, como tú estabas apuntando, miles de plazas, que luego, cuando llegó la moratoria, eran consolidadas, fueron a los tribunales, y sin poner un ladrillo, porque esa es la cuestión, obtuvieron grandes indemnizaciones. La transparencia es bonita porque permite, sobre todo, al estudioso profundizar en el dato y tener en cuenta este tipo de factores que, a veces, no se tienen.
DAVID CUESTA: Sí, porque los debates, a veces, son mucho más complejos de lo que puedan parecer. Pero, Daniel, hay una herramienta que es muy útil, que no es mérito exclusivo del comisionado, pero que a mí me parece muy interesante, sobre todo, hablando de ese perfil de ciudadano que pregunta qué es el funcionario, porque es un canal de denuncias para personas que quieran informar sobre infracciones o corrupción. Me gustaría que explicases cómo funciona. Lo digo porque, sobre todo, creo que quienes manejan mucha información en ese sentido, que son los funcionarios, puede serles una herramienta de utilidad.
DANIEL CERDÁN: Eso es una herramienta derivada de una directiva de la Unión Europea que se aprobó en Europa en el primer trimestre del año pasado. Y nosotros, había unos plazos a todas las administraciones para instalarla y nosotros la pusimos, me parece, a mediados de año, en junio.
Y eso, fundamentalmente, es una buena pregunta para el derecho al acceso. Es saber, en esos portales, primero, cuántos hay. Primero, preguntar al ayuntamiento. «Oye, ¿usted tiene portal? ¿Desde cuándo?». Segundo, cuántas preguntas le han presentado. Al menos, en esto, matemáticamente. Y, a lo mejor, fíjate, esto no lo he pensado, si incluso, seguramente, hasta que no acabe la investigación, no van a poder decir, «Oiga, sí, están cuestionando a este jefe de servicio, a esta persona, hasta que no acabe». Pero el saber el nivel de uso que eso tiene, eso basta con cinco minutos cada seis meses presentar la misma pregunta. Entonces, ese, por ir un poco más al fondo de tu pregunta, eso implica el derecho a cualquier ciudadano a, como lo mismo que preguntar, a fácilmente, vía registro electrónico, como la dedicación a la renta, con una pregunta, con el certificado, llegar allí y utilizar ese canal propio, que es muy anónimo, no lo ve, en el caso del comisionado, no lo ve más que un funcionario, el que se supone que es el control ético de la institución. Y él ve y entiende, a partir de, si llega una denuncia, por ejemplo, «Oigan ustedes, que el comisionado, o este funcionario o tal, me ha puesto una mala nota, o ha tenido una mala práctica, o alguien en un contrato tuvo una mala práctica, se lo dio a un familiar, por un sobreprecio de mercado», lo que sea. Entonces, ese canal, la gente puede meter su denuncia, o su queja, con la garantía de que hay una garantía de anonimato, y que ese funcionario, que, claro, lo tiene que tratar un propio funcionario, es el que abre, de alguna manera, a la vista de la consistencia de lo que ve, abre o no abre diligencias o investigación, y, de alguna manera, hace una propuesta de cierre. Entonces, yo imagino que, como pasó con la transparencia, que al principio nadie la conocía y recibíamos pocas preguntas, esta será una herramienta que irá teniendo más uso, aunque espero que no, que diremos, en la medida que este tipo de herramientas, la transparencia o los portales de denuncias, van obligando a todo el aparato público a actuar mejor, pues se guardarán más las… Ahora, por ejemplo, para hacerte una idea que me ha venido a la mente, y que a veces los olvidamos, casos del pasado, hace un año más o menos, por ahí, se produjo en Gran Canaria un gran escándalo mediático diciendo que unos funcionarios que dependían del antiguo consejero de Sanidad, Morera, pues no había todavía portal de denuncias y quejas, pero denunciaron por abuso laboral, por este tipo de cosas, en público, no a través de un canal de denuncias. Eso se quedó muerto, de alguna manera, cuatro o cinco meses, era la administración anterior del Servicio de Salud, y cuando pasa la legislatura, justamente cuando acaba la legislatura, la persona afectada, el que había sido consejero de Sanidad, del Partido Socialista, curiosamente, en un periodo del mismo mandato, es decir, del Partido Socialista, porque este problema se plantea dentro del mandato del Partido Socialista en el Gobierno. Pues se acaba, en julio, se acaba la legislatura y el señor Morera nos presenta, insiste primero al Servicio de Gran Canaria de Salud de que le entreguen las diligencias que han hecho, porque han pasado meses, su reputación está muy machacada y ni sabe lo que ha ocurrido, ni hay resolución, y entonces, pues como no se lo da, viene el comisionado. El comisionado pide alegaciones, hay un cierto peloteo en que si el Hospital Negrín, que si el Servicio de Gran Canaria de Salud, que si la Consejería, y al final, justamente tres meses después, se sabe por una escueta nota pública, así como aquello abrió titulares y páginas, no escueta nota pública, que también eso suele pasar, pues que se había archivado. Es decir, que el equipo, el Gobierno tiene una regla, no recuerdo el nombre, pero una regla para investigar este tipo de cuestiones, para todas las consejerías, de nombramiento, de un equipo, de funcionarios, tal, tal. Bueno, pues el equipo que se reunió para contrastar las acusaciones, concluyó diciendo «aquí no hay materia». Claro, lo lógico es que después de que te hagan…
DAVID CUESTA: Hombre, lógicamente, pero…
DANIEL CERDÁN: Pues él defiende lo mismo que el ciudadano, aspire a tener el expediente completo, porque sabe quién es, porque fueron, manifiestamente, los que le denunciaron, pero no sabe qué dijeron, completamente, y no sabe qué actividades hicieron. De la misma manera que en un procedimiento penal, un encausado tiene derecho, incluso antes de la sentencia, a la apertura del sumario y a ver el sumario, parece evidente que en un procedimiento de este estilo sancionador, a la parte afectada, se le dé audiencia o conocimiento del expediente, incluso antes de que se…
DAVID CUESTA: Lo que no parece lógico es que tenga que recurrir al comisionado para tener esa información, claro.
DANIEL CERDÁN: Pero como es información pública…
DAVID CUESTA: No es lo razonable.
DANIEL CERDÁN: No, claro, pero como es información pública, antes mucho… tendría la ley de procedimiento administrativo, porque era mucho menos potente, ¿no? Pero ahora, con las leyes de transparencia, por eso yo digo que, aunque no se usen mucho, aunque la gente no vea mucho los portales, diríamos, tanto los funcionarios públicos como los políticos, saben que les pueden plantear estas cuestiones, y, por lo tanto, trabajan mejor, porque saben que, en un momento determinado, sus malas prácticas, si las tienen, que cada vez son verificables en el portal de transparencia, o alguien va a preguntar y lo va a poner…
DAVID CUESTA: Y va a quedar un registro, que eso, a veces, como usted decía antes, es muy importante, porque a nadie le gusta salir en las estadísticas negativas.
DANIEL CERDÁN: Sí, exactamente.
DAVID CUESTA:Daniel, al final han sido nueve años intensos, usted ya tiene la transparencia en las venas, como se suele decir, ¿le hubiera gustado seguir más tiempo?
DANIEL CERDÁN: No, no creo, porque, primero, yo siempre he pensado que… y lo digo por otras actividades públicas que he hecho, que cuando uno está ocho años en un sitio, yo iba a estar en principio cinco, me habrán acabado hasta nueve, pues ya no tiene mucho que aprender y, a veces, es buena la renovación. Por otra parte, si yo, a lo mejor, hubiera tenido cincuenta años, pues, a lo mejor, me lo hubiera planteado, pero tengo sesenta y seis, tengo, digamos, cuarenta y cuatro años y diez meses de vida laboral ya, creo que ya es un momento de dar otro salto, otro cambio, a una actividad jubilatoria o jubilosa, no absolutamente pasiva, espero, que, de repente, se me despierten cosas para hacer, después de un periodo, diremos, de relajo y, bueno, informadores somos, yo soy periodista como tú, eso no lo sabe siempre la audiencia y ese gusanillo de la información, pues yo creo que…DAVID CUESTA:A ver si va a acabar usted recurriendo al Comisionado de transparencia para después hacer algún reportaje.
DANIEL CERDÁN: No creo, porque yo creo que, al menos, en unos años, yo, si hago preguntas, seguramente, será pues al ámbito nacional y no interferiré en el sistema actual. No, lo que sí, si me preguntan la gente, en cuanto a consejos, en cuanto, oye, ¿esto es reclamable o no reclamable? Pues, evidentemente, a nivel particular, pero yo creo que, a la nueva comisionada, habrá que dejarle que, lógicamente, que dé su propio impulso y su propia impronta al Comisionado.
DAVID CUESTA:Daniel, precisamente, lo decía usted, usted es periodista, con años de experiencia en la comunicación en medios privados, también con años de experiencia en la comunicación institucional, ¿le preocupa que la figura que le vaya a sustituir sea un perfil político?
DANIEL CERDÁN: No, no necesariamente, porque yo creo que a las personas hay que, digamos, evaluarlas por sus resultados, y por lo que son, y por sus resultados, no tanto, porque hayan sido antes concejales o alcaldesas, como, por ejemplo…
DAVID CUESTA:En este caso, Noelia García, que es la exalcaldesa de Los Llanos.
DANIEL CERDÁN: Jerónimo Saavedra había sido, justamente, antes alcalde de Las Palmas, y ministro, y presidente del gobierno.
DAVID CUESTA: Pero, ¿lo ideal no sería un perfil más independiente, sin tanta vinculación política? Evidente, como es la de este caso.
DANIEL CERDÁN: Yo, vamos a ver, en cuanto al diseño, es lo mismo que en la transparencia, ocurre en España, en muchos sitios, al Consejo de Transparencia, lo nombran directamente el ministerio o la consejería competente en transparencia, y, prácticamente, es una especie de… tiene un poquito de autonomía personal, si el consejero es legal, no presionará mucho, pero tiene una cierta capacidad de influencia, más bien, con los presupuestos, si tú te hago un presupuesto, pues tal.
Para mí, eso tiene mucho más importancia, en la independencia, en la capacidad del órgano, que el hecho de que haya tenido responsabilidades públicas, porque, lo que tampoco puede ocurrir, es que aquel que haya tenido responsabilidades públicas, por haberse jugado, no digo jugado, dado al servicio público diez, veinte años, se convierta ya en alguien que, para este tipo de funciones, que son un poco como para senior, para gente con cierta experiencia desde atrás, pues, poco menos que se le prohíba. Otra cosa es, que sí parece más interesante, que aun existiendo esa posibilidad de que todos puedan, ya le digo que ha habido muchos, que todos puedan proceder antes de una responsabilidad pública, pues, hubiera una cierta concurrencia, como ha ocurrido, aunque fíjese, que en este país, como no tenemos la costumbre, casi siempre han fracasado. Si recuerda, hubo una convocatoria para cubrir las doce plazas de la televisión española, en el Consejo, con pruebas casi de currículum, de defensas de proyectos, etc. y se quedó nada más de borrajas. Los intentos, también, últimamente en Canarias, de constituir un Consejo de la Televisión, que todavía no tenemos, extrañamente, en base a que la Cámara, directamente, entrevistara, evaluara a una serie de candidatos potenciales, tampoco han funcionado. Entonces, a mí me parece más, que tiene que ver con la calidad humana y técnica de la persona, y luego, que sería, digamos, un modelo perfectible, que, efectivamente, hubiera, como va a ocurrir ahora, lo estábamos comentando, sería una selección con concurrencia en los puestos directivos de la Televisión Canaria.
DAVID CUESTA: Es una reflexión interesante, Daniel. Tenemos que ir despidiéndonos. La verdad es que, por nuestra parte, darle las gracias, porque, al final, la transparencia, para los que nos dedicamos a esto, es algo fundamental. En 2015, no había nada. Hemos pasado a tener una ley necesaria para poder obligar a nuestros políticos a que sean transparentes. De esto, también, hemos hablado en muchas ocasiones, pero, sobre todo, a tener un comisionado que le ha dado impulso a esa ley que le ha abierto las puertas, en este caso, a muchos ciudadanos, pero, también, a muchos profesionales de la comunicación y de la información.
Daniel, por nuestra parte, darle las gracias. La verdad es que ha sido un placer, durante todo este recorrido, haberlo acompañado, estar muy pendientes de su labor y haber recurrido, en ocasiones, al Comisionado de Transparencia.
DANIEL CERDÁN: Yo creo que el papel de los medios para que las personas, los ciudadanos, lo usen, es fundamental, porque, si los medios usan la herramienta y llegan a esta mesa y cuentan, «Oiga, hemos conseguido, hemos preguntado por la ley de Transparencia», que, a veces, no se dice, a veces, tienen la información y no se dice, «No, esto lo hemos conseguido porque lo hemos preguntado por registro», o, «porque no nos lo dieron, pero, luego, el comisionado». Ese tipo de información alimenta mayores preguntas de los ciudadanos y, por lo tanto, mayor control a las instituciones.
DAVID CUESTA: Además de que es información sobre la información, porque, para mí, creo que es relevante el hecho de que una administración, por ejemplo, no te dé una documentación cuando la pides y tengas que recurrir a un comisionado de Transparencia. Ya eso, ese dato, de por sí, es información y debería estar en la información y debería comentarse, ya solo porque creo que es relevante. Daniel, nos tenemos que despedir, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
DANIEL CERDÁN: A ustedes, ha sido, también, para mí, muy grato, no solamente esta vez, cada vez que estaban en Mírame, siempre me he sentido muy bien.
DAVID CUESTA: Bueno, a lo mejor no es la última, a lo mejor vuelve cumpliendo con esas otras inquietudes profesionales que siempre tendrá.
Nosotros nos despedimos. Les invitamos, eso sí, a que sigan utilizando siempre la herramienta del comisionado de Transparencia. Eso les va a ayudar a estar más cerca de las administraciones públicas y, sobre todo, a tener acceso. Yo tengo muchas personas que no se dedican, incluso, a la información y que, por problemas, incluso, que han tenido a nivel vecinal, de sus municipios, han recurrido al comisionado de Transparencia y eso ha sido muy útil. Incluso, han recurrido al comisionado de Transparencia para algunas cuestiones jurídicas en las que necesitaban una serie de datos para poder, por ejemplo, emprender una demanda o una reclamación contra una administración pública. De verdad, las posibilidades que les permite y que les brinda el comisionado de Transparencia son muy amplias y seguro que, si lo prueban, se van a enganchar. Así que, yo les invito a que sigan exigiendo a las administraciones que sean transparentes. Nos despedimos, les dejamos con la programación habitual y volvemos mañana con más análisis de la actualidad aquí, en Canarias Al Día.
Solicitud de información a Presidencia del Gobierno relativa a entrevistas y participaciones del presidente del Gobierno de Canarias | Desestimatoria
Resolución desestimatoria sobre solicitud de información a la Presidencia del Gobierno de Canarias relativa a entrevistas o participaciones individuales que no constituyan ruedas de prensa del Presidente del Gobierno de Canarias (07-03-2024)
El pasado 5 de diciembre de 2021 el comisionado Daniel Cerdán explicó para qué se creó el Comisionado de Transparencia de Canarias y cuáles son las funciones de este órgano dependiente de la cámara regional en el programa ‘Parlamento’ de Televisión Canaria, presentado por Marta Modino.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información pública es un órgano unipersonal y tiene un requisito de elección de tres quintas partes de la cámara, por lo que se necesita el consenso de los grandes partidos. Al comisionado actual, Daniel Cerdán, lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015.
Hay dos funciones fundamentales, «una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos», explica el comisionado.
Se trata de un órgano garante del derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, puede reclamar ante el Comisionado de Transparencia, que está obligado en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle.
La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. «Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020», sostiene Cerdán.
El comisionado de Transparencia de Canarias concluyó la entrevista con la importancia de que la ciudadanía conozca su derecho a preguntar y lo haga: «sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. […] Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor».
Marta Modino [MM]: Uno de los órganos dependientes, el Comisionado para la Transparencia, y su responsable, Daniel Cerdán, es hoy nuestro invitado. Bienvenido.
Daniel Cerdán (DC): Encantado de estar de nuevo en la Televisión Canaria.
MM: Es un placer recibirle en el programa Parlamento, donde también nos encargamos de que la gente entienda cómo funcionan estos órganos. Sobre todo porque en el caso de la transparencia es un eje fundamental para una acción de un gobierno: la transparencia y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Canarias.
DC: La Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, porque les da la capacidad de preguntar a cualquier administración de las 98 administraciones principales igual que un periodista. Y eso pone más en guardia a las administraciones. Y además les obliga a mejorar sus contenidos en sus portales de transparencia, porque aunque [los ciudadanos] no vayan tanto a ver la “Tele” Canaria como a ver los portales institucionales, la Administración al saber que tiene que poner la información, mejora lo que hace. Es decir, aquello de que porque te miran te comportas mejor, o porque te pueden mirar tu profesor o tu padre. El hecho de estar obligado permanentemente a mantener información sobre lo que haces mejora tu comportamiento, tu ordenanza, tus resultados; el hecho de que el ciudadano vaya a ver el portal, independientemente de que le pregunten más o menos cuestiones de derecho de acceso a la información.
El Comisionado de Transparencia es un órgano unipersonal y, al tener una requisito de elección de tres quintos, no lo puede poner solamente un grupo, ni siquiera el Gobierno, porque generalmente tiene mayoría simple por la composición política de la Cámara. Necesita, como ocurrió en mi caso hace seis años, el consenso de los grandes partidos. Al Comisionado lo votaron tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el año 2015; porque hacía falta alguien que suscitara, si no la adhesión incondicional, por lo menos el respeto de más de un partido importante o de más que el Gobierno.
MM: ¿Cuáles son las funciones básicas de un Comisionado de la Transparencia y qué es lo que ofrece al ciudadano?
DC: Sobre todo son dos. Una dirigida a los ciudadanos muy directamente y otra al conjunto del sector público, no solamente a lo políticos sino también a funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener informados a los ciudadanos.
Somos el órgano garante de su derecho acceso a la información cuando se entiende que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento (que ahora es muy fácil, siempre lo repito, porque no tienes que ir al registro sino que con un certificado electrónico, desde casa, en cinco minutos puedes hacer diez preguntas), y no le responden en un mes, responden insuficientemente, o responden mal, también desde casa puede entrar en el Comisionado de Transparencia electrónico, y adjuntando su pregunta decir: “Estos señores no me han contestado” (la mayor parte de las quejas suele ser por silencio administrativo, porque ni siquiera le dicen que no). Y nosotros [el Comisionado de Transparencia] estamos obligados en tres meses a emitir una resolución, que es ejecutiva para esa Administración, de forma que si no está de acuerdo con ella tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decirle: “Mire, esto que está diciendo el Comisionado no quiero entregarlo porque creo que no tengo que entregarlo”. Generalmente, estos recursos no han ocurrido mucho y siempre los hemos ganado.
La segunda función es el control de los Portales de Transparencia, una cuestión muy singular del modelo canario. Hemos conseguido desde el año 2015 a esta parte no solo que estén evaluados, y se autoevalúen y miren a sí mismos si ya están cumpliendo; sino que luego lo verificamos nosotros. Y eso ha producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web en el Índice de Transparencia de 2015 a 2020.
MM: El concepto de “transparencia” se le puede escapar a los ciudadanos, aunque es bastante obvio; y es que los ciudadanos puedan saber exactamente, para poner un ejemplo, en qué se gasta cada administración su presupuesto, cuáles son los sueldos que tiene cada una de las personas que conforman cada una de las administraciones, u otras cuestiones que también son importantes y que pueden interesar a muchos, pero que a lo mejor piensan “yo esto nunca lo voy a saber”. No, justo lo contrario, se puede saber.
DC: Lo genérico se ha de encontrar en el portal de transparencia, que obliga a tener unos 160 contenidos permanentemente actualizados, y en lo particular (cuánto se gastó en esta actividad deportiva concreta, a lo mejor no sale en el portal pero se puede preguntar. Lo que suele ocurrir cada vez más es que se utiliza para asuntos muy cercanos o propios, no siempre para asuntos de interés general. Además puede preguntar cualquiera, no hace falta ni siquiera la mayoría de edad, nacionalidad o residencia canaria. Puede preguntarnos a nosotros y a cualquier órgano en la Península o en Europa; el derecho de acceso es fuerte en Europa y puede preguntar cualquiera, hasta un chino o un japonés.
MM: Porque es importante también el avance que han hecho las administraciones, espoleadas por esta ley y por la ley canaria también, en transparencia. Porque con respecto a lo que había cuando usted llegó como comisionado imagino que el avance habrá sido notable.
DC: Sí, recuerdo que el primer año les ofrecimos un cuestionario que fue casi en mano. No respondieron ni la mitad y prácticamente la nota media era de tres y medio; eso entre los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno. Ahora a estamos acabando la última evaluación; no tenemos todavía las notas medias. Pero en la anterior el sector público tuvo un 6,49, y yo espero, que no lo sé todavía, que este año llegarán al 7, al notable. Me gustaría que llegaran, porque todos los años el sector público ha subido un poquito en eso.
Pero es que no solamente evaluamos a los 98 ayuntamientos, cabildos, gobierno y a las dos universidades; también a las corporaciones de derecho público, colegios profesionales y cámaras de comercio; que el año pasado no llegaron a aprobar con un 4,52. También hemos empezado a evaluar (este será el segundo año) a aquellas entidades privadas que recibiendo más de 60.000 euros de ayudas del gobierno o de los cabildos estaban obligadas por ley de transparencia a contar también en su propia página web quiénes son, quiénes les gobiernan (para que la gente pueda saber si es si son parientes de quienes les dan la subvención, es decir la identidad de quién está detrás de una ONG o de cualquiera de las organizaciones que tienen subvenciones relativamente importantes) y lo que hacen con la subvención.
Por lo tanto hemos dado un paso más en ese sentido y ahora esperamos que con toda la inmensa cantidad de recursos que va a llegar con los fondos Next Generation de la COVID esa información también la miremos. Para que las personas tengan garantías de que esa inmensa cantidad de ayudas que va a llegar, a veces con menos requisitos burocráticos para facilitar su trámite, por lo menos tenga un contrapeso: “Le vamos a eliminar pasos, pero usted se compromete a que después tiene que informar de qué está haciendo”.
MM: Es importante que los ciudadanos dispongan de ese acceso a la página web del comisionado, que sea muy sencillo y lo es; de hecho, es una página muy útil. Yo he estado mirándola y la verdad es que los ciudadanos lo tienen muy fácil, se les dirige a lo que quieren saber y se les explica perfectamente cómo pueden acceder a cada uno de los portales de esos ayuntamientos, por ejemplo.
DC: Efectivamente. Pueden ver las notas que tiene en su portal de transparencia el ayuntamiento… Y tenemos otro mapa además, en el que pueden pinchar directamente, para acceder directamente a la “ventanilla electrónica” del ayuntamiento en la que pueden preguntar. Es como si les lleváramos hasta la puerta o hasta la ventanilla electrónica, porque ahora el 90% de la gente ya lo presenta por la ventanilla electrónica, no se desplaza para presentarlo. Aún hay gente que sí, que va con su papel a que le cuñen, pero en este tipo de procedimiento la mayor parte lo hacen por la sede electrónica.
MM: Está claro que es un órgano unipersonal, pero para realizar todo este trabajo me imagino que contará con todo un equipo que se encarga sobre todo de la parte informática.
DC: Sí, hay una parte que se dedica a atender a las que, por cierto, este año van a ser más de 500 reclamaciones de los ciudadanos. Empezamos con 91 el primer año de 2016, en un año completo, y este año vamos a día de hoy por 477 reclamaciones. No creo que sea porque las instituciones estén respondiendo peor, sino porque los ciudadanos son cada vez más conocedores. Y sí, la gente sabe que existe una ley que al fin y al cabo es muy joven, del 2014 en Canarias, pero no sabe qué puede obtener de ella. En la medida en que es más conocida es más utilizada. Aumenta el número de preguntas y aumenta el número de reclamaciones. Yo llamo transparencia “dura” a cuando te preguntan; la “blanda” es el portal de transparencia. Cuando en la “dura” ni siquiera te responden, recurren a nosotros.
MM: Una vez que se recurre al Comisionado para la Transparencia, ustedes directamente sobre la marcha se ponen en contacto con la institución a la que se le requiere la información que no se ha dado al ciudadano.
DC: Efectivamente. Le preguntamos por qué no lo ha hecho. Primero, porque en algunos casos, no todos, se preguntan por poner un ejemplo por tus datos tributarios, y los datos tributarios de una persona normal son privados. Hay limitaciones a la información que tienen [que dar], sobre todo en materia de datos personales que tiene la administración. Por eso siempre le preguntamos. A veces nos contestan en las alegaciones y a veces no. Entonces emitimos la resolución.
No tenemos demasiados medios coercitivos por ley, ni nosotros ni ningún órgano garante en España. Pero ahora vamos a empezar a usar el último recurso que nos queda, que es que cuando reiteradamente no hacen caso a nuestro requerimiento de la información por lo menos lo ponemos en conocimiento del Pleno. Y que sean ellos los que determinen (porque la ley se lo concede a las administraciones, no al Comisionado) si se inicia algún tipo de expediente para pedir responsabilidades por no entregar la información.
MM: El trabajo que han realizado durante estos años, casi seis, les ha valido varios reconocimientos; entre ellos uno muy importante, un premio nacional; fue un accésit de innovación pública del año 2020 que les premiaba por su Índice de Transparencia y también por una herramienta, T-Canarias.
DC: Sí, nosotros hemos sido de entre los órganos garantes en España los primeros que, cogiendo un modelo que había nacional de evaluación de transparencia, lo bajamos o adaptamos a la Ley canaria de Transparencia. Lo convertimos en una herramienta telemática sin la que nosotros, con el pequeño equipo que disponemos, no podríamos [evaluar a todos los que hemos podido evaluar]. Este año hemos invitado a casi 1300 entidades a declarar su transparencia. Sin esa herramienta no sería posible que las propias entidades se autoevaluaran primero, viendo en qué medida están cumpliendo; y que cuando cumplen poco “alimenten” su propio portal para que el índice les mejore. Y sin esa colaboración, que en este último año ha sido de más de 1000 empleados públicos y privados, que facilita esa herramienta, nunca se hubiera podido conseguir con tan poquito personal.
Por lo tanto, ha sido una herramienta pionera en España que es la que el Ministerio ha reconocido, y antes Telefónica, la Red de Innovadores Públicos Novagob, y todo el mundo. Una herramienta que con poco gasto público permite una evaluación constante anual de todo el mundo, y que por tanto permite mejorar; porque lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil de mejorar. Y esa herramienta lo que hace es medir una política pública cada año en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma ni ningún lugar del mundo que le sirva como referencia .
MM: ¿Hay algún lugar del mundo que le sirva de referencia en cuanto a Transparencia, al que le gustaría parecerse desde Canarias?
DC: La transparencia es una cultura, no solamente una obligación. España llega tarde, porque fue de los países europeos que más tarde aprobaron una ley de transparencia. Pero también es cierto que al llegar tarde estableció obligaciones que muchos países no tienen, como la del portal de transparencia, porque entre otras cosas hace 20 años Internet era pequeñita. Pero los países referencia son siempre los que desde más antiguo tienen obligaciones de dar información completa. Generalmente los nórdicos como Finlandia o Noruega, que son referencia en gobernanza democrática y en buen gobierno, y generalmente lo son también en transparencia. Y de hecho, yo creo que son referencia en buen gobierno porque lo son en transparencia, se retroalimentan.
MM: Como referencia, aquí en Canarias, ¿puedo preguntarle quién es el que hace el peor índice? O a lo mejor también me lo puede decir, ¿Cuál es el órgano que le sirva como referencia para el resto, del que deberían tomar nota el resto de administraciones?
DC: Por estratos, la Comunidad Autónoma no puede compararse más que consigo misma, lo cual está bien porque ya lleva un par de años por encima del 9. Entre los Cabildos, hace dos años fue el de El Hierro el mejor, fue precisamente el más pequeño. Y el Cabildo de Tenerife fichó a su responsable de transparencia y el año pasado fue el mejor. Esto tiene mucho que ver con la calidad del funcionario que está debajo. Y entre los ayuntamientos, quizá los mejores pueden ser Los Realejos o Candelaria como ayuntamientos de carácter medio; Santa Cruz [de Tenerife] estuvo bien, Las Palmas estuvo cerca del 9. Es decir, no necesariamente los mejores son los más grandes, sino que hay ayuntamientos [pequeños] muy brillantes (Los Realejos, Candelaria o Buenavista) que también tienen buena nota [no solo por su portal principal sino conteniendo a todas sus entidades públicas dependientes].
MM: Para terminar, porque ahora la gente tiene claro que dispone de esa herramienta que les proporciona el Comisionado para la Transparencia, ¿le gustaría que los ciudadanos utilizaran más esta herramienta que les proporciona este Comisionado que les representa?
DC: Si, sobre todo que pregunten y que pregunten por cosas de interés público. Porque aquello de colaborar al buen gobierno con la mera conversación de barra de bar… En este país se suele decir que tenemos millones de entrenadores de fútbol, pero de boquilla. Pues también tenemos muchas personas que en su legítimo derecho opinan sobre el futuro del ayuntamiento, pero no siempre lo hacen sobre la base de información que puede tener un concejal o un periodista. Por eso, sepan que pueden ser periodistas; que tienen más derechos que antes a preguntar, y que además preguntando contribuyen al mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno. Porque el que se siente observado se comporta mejor.
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