El Comisionado de Transparencia presenta su Informe 2017 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

El pasado jueves 17 de enero de 2019 tuvo lugar la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad en el Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de 2017 del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron de forma unánime la labor del Comisionado de Transparencia en sus tres años de funcionamiento y, en concreto, su último Informe de Evaluación de la Transparencia de 2017.

Comenzó la intervención el comisionado Daniel Cerdán agradeciendo, en primer lugar, el apoyo unánime que todos los grupos de la cámara prestaron a la inclusión de la figura del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Estatuto de Autonomía de Canarias porque “es el primer estatuto de una Comunidad Autónoma que incorpora este órgano garante de la transparencia dentro del bloque estatutario y, por lo tanto, dentro del bloque constitucional”.

Continúo Cerdán haciendo autocrítica, y recordaba que el año anterior “echaba de menos el no haber visitado o informado más al conjunto de las islas de la actividad de la transparencia y de cómo mejorar su nivel de cumplimiento”. Ya en el ejercicio objeto del informe, señala el Comisionado que “hicimos jornadas en todas las islas, excepto en Lanzarote porque no cuadraron las fechas con el Cabildo”.

En este año, considera Daniel Cerdán, la mayor crítica que se le podría hacer es que se ha extendido el periodo de resolución de las reclamaciones, no solo porque ha aumentado el número de las reclamaciones, sino también por el cambio de la titularidad del Servicio de Reclamaciones y la falta de personal.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, en su comparecencia en la Comisión de Gobernación

Canarias sigue siendo la única Comunidad que mantiene un ranking autonómico propio y consolidado de acuerdo con una metodología aceptada en el conjunto del país pero todavía solo implantada en Canarias, como es la metodología MESTA.

El comisionado de Transparencia quiso valorar que el primer año que se les hizo el cuestionario, solo contestaron el 40 %, en 2016 solo contestaron el 89 % y en el último ejercicio, 2017, se ha logrado que al final el conjunto de las 98 instituciones principales de canarias responda. Aunque reconoció que esto se consiguió ampliando cuatro veces el plazo y retrasando incluso el informe “con el objeto de que todo el mundo tuviera oportunidad de rendir cuentas”.

Por otro lado, destacó que por primera vez se realizó la evaluación con una aplicación informática llamada ‘T-Canaria’, que “ha permitido que más de 300 funcionarios se dieran de alta y rindieran cuentas a través de este instrumento. Ese ha sido uno de los factores que nos ha permitido, con un pequeño equipo como el que tenemos, no solamente llevar a cabo las resoluciones, la respuesta a las reclamaciones, que es lo habitual en los órganos de transparencia, sino también esta evaluación”. A través de la aplicación, el Comisionado de Transparencia ha conseguido “de una forma ágil y económica, ya sin mediar papel alguno, que sea un algoritmo el que haga los cálculos y ponga la nota de cada sujeto obligado, prescindiendo de una cierta arbitrariedad que se puede tener cuando se ponen las notas a ojo”.

Con respecto a las notas obtenidas, el Comisionado quiso destacar que por primera vez la media del conjunto de las 98 administraciones canarias supera el 5, cuando en el 2016 la nota media era de 3,14. “Los hechos evidencian, cada año más, que cuando una actividad se evalúa cada año se contribuye de una forma bastante clara a que se mejore, porque todos los sujetos obligados saben que les van a controlar”.

Lamentaba finalmente Cerdán que en el ámbito del derecho de acceso en general, ni en Canarias ni en el conjunto de España, las noticias son tan alentadoras, porque “todavía hay, no solamente instituciones que no entregan la información a los ciudadanos cuando les preguntan, sino sobre todo, instituciones que aun recibiendo una resolución por parte del Comisionado que les obliga a entregar la información que pide el ciudadano, todavía no entregan la información. Concretamente, de las 146 resoluciones que emitimos el año 2017, al menos 11 de ellas no han sido cumplidas por las instituciones a las que se referían”.

Como solución a esta situación, apeló el comisionado a que la cámara tenga en cuenta estos datos de cara a futuros desarrollos normativos que están pendientes, para que se establezca o no algún tipo de sanción, “como tienen, por ejemplo, en el ámbito de la información económico- financiera, en la Audiencia de Cuentas. Algún tipo de penalización para aquellas entidades que no cumplen adecuadamente con la transparencia, bien en materia de respuesta a los ciudadanos cuando preguntan o bien porque sus portales de transparencia no llegan a los mínimos deseables que todos esperábamos”.

 

Turno de los portavoces

El portavoz del Grupo Mixto, Jesús Ramos Chinea, comenzó el turno de intervenciones, exponiendo que “se ha notado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo, a mejor, eso es bastante importante, en el formato del informe del Comisionado de la Transparencia. No porque los anteriores informes fueran más sencillos o escuetos, todo lo contrario. Para nuestro grupo siguen siendo impecables y demuestran que se podía hacer un buen trabajo a pesar de la falta de recursos de años pasados. Y es precisamente cuando se ponen más recursos y se incluye una herramienta informática como es el programa “T-Canaria” cuando se da este salto a mejor, por lo que esperamos que en lo sucesivo se sigan reforzando los medios del Comisionado de la Transparencia para seguir implementando mejoras y para hacer que el alcance de su acción pues llegue con plena operatividad a toda Canarias y a todos los canarios que hagan uso de su derecho a la información ante la administración pública”.

María Esther González, portavoz de Nueva Canarias, por su parte, se mostró crítica con la disposición actual de la ley de transparencia: “En esta cámara, que es la que aprueba las leyes, entiendo que deberíamos de hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo”. Conclusión que daba la portavoz a una previa reflexión: “La transparencia no se mide por la cantidad de papeles, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas, transparentar información es transparentar datos comprensibles, que nos permitan crearnos una opinión, que nos permitan conformar juicios de valor. Con lo que uno de los requisitos indispensables es que la información suministrada sea clara, o lo que es lo mismo, sea comprensible, y otro requisito, además, es que sea fiable. Y de esos requisitos mínimos, la información económico-financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno de Canarias no cumple ni uno”.

Por su parte, María Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, vio necesario nombrar en su turno a las entidades incumplidoras o con baja nota en el Índice de Transparencia de Canarias, ya que, según su opinión, falta que en la ley haya algún tipo de sanción al que incumpla las obligaciones de transparencia. Considera que actualmente “si no cumple no pasa nada y si no cumple y no pasa nada, pues evidentemente lo que nos queda es visibilizar a aquellas instituciones que no cumplen”.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Jesús Jorge, destacaba que se trata de “un trabajo bastante exhaustivo, bien elaborado, bien estructurado”. Sin embargo, con respecto a al Índice de Transparencia de 2017 considera que, a pesar de la notable mejoría con respecto al año anterior, hay varios ‘puntos negros’, “particularmente me refiero a las dos universidades canarias, me parece escaso ese ratio de puntuación de transparencia, y a las entidades paralelas de la administración pública, que sí, es verdad que empiezan ahora a evaluarse, pero ese 4,64 puntos sobre 10, no me parece un ratio lo suficientemente elevado como para estar satisfechos en relación al nivel de transparencia de todas ellas”. Con respecto al interés de los ciudadanos por informarse, el portavoz considera que “existe todavía poco conocimiento de la actividad de la administración pública y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer exactamente lo que hace”.

Ventura del Carmen Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista Canario, exponía que “si hablamos de transparencia como dejar pasar la luz, los colores, las imágenes, la realidad exacta de lo que tenemos al otro lado, nosotros creemos que la transparencia en Canarias aún se le atraganta a la administración en general”. Aún así, afirmaba que “podemos estar contentos, es una buena noticia pasar de un  3,14 a un 5,47, consiguiendo ese aprobado ‘raspadito’. Que sean 98 las instituciones, el 100 %, ya en estos momentos después de tres años de aprobación de la ley. Y además basados en esa metodología nueva de evaluación que ha elaborado el Comisionado de la Transparencia”.

La portavoz socialista formuló también varias preguntas al comisionado de Transparencia. Entre ellas, “¿cómo está la situación en el informe del año 2017 con respecto a la listas de espera sanitarias?” Haciendo referencia a que el año anterior el Comisionado había dejado constancia de la falta de transparencia en dicha materia. Daniel Cerdán, respondía que el Servicio Canario de Salud es uno de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias con mayor puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017, construyendo un portal nuevo, publicando de nuevo las listas de espera sanitaria y mejorando, por tanto, su transparencia con respecto a 2016.

Por otro lado, le preguntaba la socialista su opinión con respecto a la respuesta que dio el Gobierno de Canarias sobre la resolución del Comisionado acerca del acceso a documentación relativa al gasto en publicidad de la Consejería de Turismo y Promotur. El comisionado aludió a que la resolución en cuestión recordaba no solamente la obligación del Gobierno de entregar la información, sino que deben de publicarlo en el portal de transparencia, y reconocía que es uno de los mayores incumplimientos, no solo del Gobierno, sino de todas las administraciones que dejan de publicar sus contratos de publicidad, ya que la Ley de Transparencia de Canarias, es una de las tres leyes autonómicas en las que está esa obligación, “y si está es para cumplirla o para eliminarla pero no para dejarla un poco en el limbo”.

La última interviniente fue la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, quien comenzaba, como los anteriores, felicitando al comisionado y a su pequeño equipo por el Informe, porque es un informe que “ha evolucionado, que ha mejorado, no solo en la forma sino en el fondo, su parte sustantiva y su contenido”. Recordaba además que “hace dos años Canarias innovaba como el primer Parlamento en el que se debatía un informe de estas características, el año pasado se innovaba con la creación, la puesta en funcionamiento de ese índice de Transparencia que sirve como herramienta para establecer un sistema de medición fiable para todas las administraciones públicas, bajo el mismo rasero, con la misma metodología; que en este año, además, se perfecciona con esa herramienta informática, el “T-Canaria”, y la autoevaluación que han hecho las entidades obligadas”.

Este informe, sostiene Beato, “nos ha de servir como una foto de la realidad, una herramienta para mejorar, para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar y a corregir, para continuar avanzando en una tarea que es de mejora continua, que no se acaba nunca y, por lo tanto, hay que seguir avanzando, al mismo tiempo que se gestiona y que se cumple con los servicios públicos a los ciudadanos”.

Finalmente, el comisionado Daniel Cerdán, tras responder a cada una de las intervenciones de los portavoces, cerraba la comisión deseando “que en el futuro, en la próxima legislatura, se pueda seguir escalando y progresando en esta materia como creo que merece la pena”.

–> Grabación del Parlamento de Canarias: https://www.parcan.es/video/grabacion/10268/#1

Presentación en el Pleno del Parlamento de Canarias del Informe de Transparencia de 2015

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, en la tribuna del Parlamento de Canarias

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, presentó el 20 de julio en el Pleno del Parlamento de Canarias el Informe de Transparencia correspondiente al año 2015. 

En el comienzo de su intervención, Daniel Cerdán explicó que se trata del primer informe anual de un órgano garante de la transparencia en España, porque hasta ahora ninguno de los consejos o comisionados de otras comunidades autónomas ha presentado un informe sobre su actividad. 

«La Ley de Transparencia es como una gran red de iluminación que incluye muchas farolas y que está llamada a poner luz sobre todo a lo que ocurre en las administraciones canarias, pero, puesta la red, preciso es encender todas y cada una de sus bombillas con la debida potencia en unos casos e ilustrar a los ciudadanos sobre sus nuevas capacidades para encender aquellos interruptores que deseen, porque es cierto que hemos puesto, hemos tendido, un tejido iluminador de las administraciones canarias, pero todavía hay muchas bombillas apagadas y todavía muchos ciudadanos no saben, no conocen la manera de encender, de preguntar, de acceder a su ayuntamiento, a su cabildo, al Gobierno o a cualquiera de los 389 sujetos obligados, entidades dependientes de las administraciones canarias», reflexionó Cerdán.

En el desarrollo de la sesión plenaria intervinieron los portavoces de Agrupación Socialista Gomera-ASG (Melodie Mendonza), Nueva Canarias-NC (María Esther González), Podemos (María Concepción Monzón) y Partido Popular-PP (Emilio Moreno).

El contenido íntegro del Informe anual se halla en este enlace.

 

A continuación, se publica la transcripción completa de la presentación del informe anual de 2015 ante el Pleno del Parlamento de Canarias, publicada en Diario de Sesiones 43/2016, de fecha 20/7/2016, del Parlamento de Canarias.

9L/ICTR-0001 INFORME DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La señora PRESIDENTA: Vamos al siguiente punto del orden del día, para el que pido la presencia del señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si es tan amable y los servicios de la Cámara…

Señora diputada, voy a ver, si no me dicen nada pasamos a la ley para no perder tiempo (ante comentarios efectuados desde los escaños del GP Popular). A ver si me informan los servicios que fueron a… Déjenme un minuto, si son tan amables.

(Pausa).

Ya está aquí, señorías.

Buenos días, señor comisionado, si es tan amable, por tiempo de quince minutos tiene la…

(Rumores en la sala).

Señorías, por favor, guarden silencio. Por tiempo de quince minutos, señor comisionado. Bienvenido y buenos días.

Si son tan amables, cierren las puertas. Muchas gracias.

Señorías. Cuando quiera, comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Buenas tardes a todos.

Y dijo uno de nuestros certeros sabios: «Haz gala […] de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienen de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio», hasta ahí dijo jugando con el doble sentido de las palabras un sabio. Viendo que no te corres o te avergüenzas ninguno se pondrá a correrte o a perseguirte. Vaya, que al que puede dar buena y continua fe de sus actos difícilmente lo van a pillar en renuncios o cazar en falta, pues bien es la ocultación la gran madre o madrastra de todas las sospechas fundadas o infundadas. Y continuaba el sabio: «Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad de pontificia e imperatoria -ya sea también a un gobierno a un parlamento como este-, y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran.

Mira, Sancho: si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos -es decir, si no los ocultas, los proclamas y los transparentas-, no hay para qué tener envidia a los que padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista -es decir, se adquiere-, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.

[…]

Y procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre -porque las apariencias, me explico yo, no siempre se corresponden con las evidencias, y al revés-«.

Y cierro comillas. Y cierro comillas porque a buen seguro que si continuara por este camino lo que les dijere, señorías, sería de mucho más provecho, gracia y utilidad que aquellas palabras que salgan de mi escaso entendimiento. Ya se lo advierto, como habrán advertido ustedes que las citas entrecomilladas corresponden a los consejos que el más valiente, famoso y ejemplar caballero andante de todos los tiempos le dio a su no menos formidable, afamado y sabio escudero, Sancho, apenas horas antes de que se fuese a administrar la ínsula de la que unos duques le habían hecho gobernador.

Hecho este introito, no puedo continuar y arrancar de verdad sin un corto pero intenso capítulo de agradecimientos. A la presidenta y a la Mesa de la Cámara, por haber considerado que traer al pleno el informe sobre la Transparencia era bueno para la difusión y crecimiento de tan noble, como incipiente, pequeña y endeble causa. A los trabajadores del Parlamento, y especialmente a los del Servicio de Personal, Biblioteca y Archivo, que nos acogen, por habernos acogido aquí en nuestro primer año entre sus menguantes despachos, en tiempos en los que dos grupos parlamentarios nuevos comprimían tanto los espacios como los recursos disponibles para el conjunto de las instituciones y órganos dependientes de la Cámara, y por el apoyo constante que dan al equipo del comisionado, sin el cual nuestro trabajo sería más mermado y menos efectivo. También quiero agradecer a todo mi gran equipo, del que disfruto cada día y que me soporta cada hora, pero lo pueden, diríamos, contemplar aquí, porque está al completo en el ala derecha de nuestra Cámara, de alguna manera abarrotando, como ustedes pueden ver, toda el área. También quiero agradecer a los proponentes y a los ponentes de la Ley de Transparencia y a todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Gobernación, de los que hemos anotado sus sugerencias y alientos. Y también a todos ustedes, diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, que me eligieron hace un año con la encomienda de realizar una comisión o misión determinada.

Somos, soy y somos, los tres -y aquí nos presentamos-, como los ojos y oídos de esta Cámara, para el análisis, la supervisión, el control y la interpretación de la ley que se aprobó en diciembre de 2014, piedra angular del futuro edificio que se ha de ir construyendo los próximos años: el sistema de transparencia canario. Sistema que será la base de la rendición de cuentas, el soporte, a su vez, de otros bienes públicos de más valor, la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, el progreso en todos los órdenes de nuestro pueblo, y el control y la participación democrática de los ciudadanos. Porque en estos tiempos de permanente postureo o apariencia se demanda lo contrario: una transparencia que desvele lo aparente e informe de lo real, sin velos, ni distracciones. Porque al contrario de la mujer del césar, no basta con parecer ser buenos y honrados, sino que hay que serlo, y hay que demostrarlo día a día con datos, y no con cualquier dato, sino con datos estructurados, que sean verdadero conocimiento.

Agradecimiento y reconocimiento al papel de encomienda de esta Cámara hace hoy el trío que conforma este comisionado.

Y retomo el hilo quijotesco, porque qué le toca a esta Cámara sino gobernar a los que gobiernan ínsulas, sino aconsejar y mandatar a los gobernadores de ellas. Ahora que se habla tanto del buen gobierno, del gobierno abierto, de la gobernanza buena o del buen entendimiento, necesario entre un sistema de partidos tan partido, bueno será volver, siquiera unos minutos, a las fuentes originarias de las buenas prácticas para la mejor administración de ínsulas como las nuestras, que se hallan en un libro que es germinal no solo de la novela universal sino de los más variados, ignotos y múltiples tesoros de las Españas continentales o archipielágicas. Cuatro venturosos siglos no han bastado para sacar de sí todo el rico jugo de enseñanzas y matices que don Miguel de Cervantes encerró por los millares de esquinas y recovecos de las más de mil páginas de su compendio de maravillas. Me place pues haber iniciado este parlamento con esos vestigios arqueológicos de la transparencia, arrancados de ese tratado de tratados, repertorio de las mil maneras de contar y seducir, y, a la postre, espejo de la mejor pedagogía de la vida, de aquella que persevera en proponer un ideal indesmayable ante todo mal percance o afrenta, aun cuando la realidad se empeñe en contradecirlo a todo trance. Porque la historia es, a la postre, el relato de locuras, ideales o perversas, que ha tiempo parecían imposibles. Y en los labios del Quijote también la transparencia tiene acomodo y enseñanza, ahora que se cumplen los cuatrocientos años de la muerte de quien le diera vida. Le honramos hoy tomando de los consejos a Sancho una recomendación que está en la base del buen gobierno de ínsulas o no ínsulas, porque no cabe una crítica racional a un Gobierno, cabildo y ayuntamiento si previamente no se define y publica un ideal de actuación concreto y realizable, no simplemente unas metas vagas. Precisamos, pues, unos objetivos medibles y unas medidas concretas que los acerquen, de forma que podamos contrastar con ese ideal la realidad que analizamos, argumenta el ensayista español Javier Gomá, autor de Ejemplaridad pública. Y para que ese proceso sea realizable, hemos de definir claramente el ideal posible, un programa de gobierno a cuatro, a diez o a veinte años. Porque es más cierto aquel aserto de que Roma no se hizo en un día, o de que Zamora no se ganó en una hora -como diría Sancho, el mejor refranero de la historia- que aquel otro tan famoso, también universal, como es el veni, vidi, vinci, de Julio César, con el que a veces, sometidos a la cortedad de las legislaturas, digamos, los servidores públicos acostumbran a trabajar y a medir sus esfuerzos.

Y aquí entramos ya en las conclusiones que corresponden a la harina y al costal del punto del día de los informes de hoy.

El informe que ustedes tienen disponible en la web del comisionado es el primero que se presenta en España ante un Parlamento, es así, nos ha tocado esta prerrogativa. Hasta ahora nadie en este país, a pesar de que hay seis o siete leyes autonómicas previas a la nuestra, nadie ha presentado hasta ahora su informe. Y por eso se ha realizado sin ningún precedente previo en el que mirarse, y, por lo tanto, es un ensayo general de lo que serán estos informes de evaluación cuando se haya consolidado una metodología con todos los operadores canarios y con el resto de órganos garantes del país con los que estamos trabajando.

La Ley de Transparencia es como una gran red de iluminación que incluye muchas farolas y que está llamada a poner luz sobre todo a lo que ocurre en las administraciones canarias, pero, puesta la red, preciso es encender todas y cada una de sus bombillas con la debida potencia en unos casos e ilustrar a los ciudadanos sobre sus nuevas capacidades para encender aquellos interruptores que deseen, porque es cierto que hemos puesto, hemos tendido, un tejido iluminador de las administraciones canarias, pero todavía hay muchas bombillas apagadas y todavía muchos ciudadanos no saben, no conocen la manera de encender, de preguntar, de acceder a su ayuntamiento, a su cabildo, al Gobierno o a cualquiera de los 389 sujetos obligados, entidades dependientes de las administraciones canarias.

El hecho de que, les decía, los ciudadanos lo hagan en tan escasa medida es porque ni conocen los caminos abiertos por la Ley de Transparencia ni atisban siquiera la gran contribución que pueden realizar a la mejor gobernanza y a la calidad democrática de nuestra región si preguntan y reclaman, es decir, si tienen comportamientos cívicos, comprometidos, con su tierra y su tiempo. Y eso es cuestión de medios, señorías, que en buena medida arbitran en esta Cámara, y de actitud y aptitud, que dependen de todas las administraciones canarias, entidades dependientes y sujetos obligados.

No podemos todavía comparar la evolución de la transparencia de Canarias en el año 2015 con el de otras comunidades autónomas porque, como les decía, ni a nivel estatal ni a nivel de regional se han presentado todavía informes semejantes al canario que hoy comentamos, y que ya les digo tienen ustedes completo en la página web de Transparencia de Canarias, que es la del comisionado que les habla.

Falta, diríamos, para poder comparar, falta una metodología común que nos permita establecer asertos con una cierta confianza, porque las establecidas -y que ustedes conocerán en alguna medida, sobre todo algunas como las de Transparencia Internacional- miden unos pocos parámetros internacionales, pero de ninguna manera, diríamos, analizan las casi más de 290 obligaciones que la ley canaria establece de publicidad activa para las administraciones canarias, mientras que, por ponerles un ejemplo, Transparencia Internacional apenas tiene 80 indicadores para medir el nivel de transparencia de las instituciones.

Son, por lo tanto, 88 ayuntamientos, 7 cabildos, un Gobierno y 2 universidades los principales sujetos obligados, pero luego son 389 nuevos sujetos obligados, dependientes de estas administraciones, los que estamos obligados desde el comisionado a supervisar por mandato de este Parlamento, así como a miles de entidades privadas, que o bien reciben ayudas, o bien reciben subvenciones, o bien hacen contratos con las administraciones públicas. Por lo tanto, para activar la ley en los próximos años se requiere, diríamos, un compromiso importante por parte no solamente de esta Cámara sino de las administraciones y a ese propósito nos encomendamos en los próximos meses y años.

Esperamos de todas formas estar a la altura de esta tarea que tenemos por delante, porque como diría Sancho: «Obras son amores y no buenas razones».

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Vamos ahora con la intervención de los grupos, de menor a mayor, por tiempo de diez minutos. Empezamos por el Grupo Mixto. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señor comisionado; buenas tardes, señor consejero.

Todos debemos implicarnos en la regeneración democrática y en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Es vital, por tanto, que avancemos en pro de una mayor accesibilidad y transparencia.

Me atrevo a afirmar, en consecuencia, que tenemos ante nosotros un asunto de especial importancia, un hito para esta Cámara que sin duda cobrará cada vez más protagonismo a lo largo de los años. Hoy se trae a debate en sesión plenaria la presentación del primer informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este camino comenzó a finales de la anterior legislatura cuando se hizo un esfuerzo legislativo considerable para atender esta demanda social. Fraguó entonces la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, y se eligió al señor Cerdán como el primer comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apenas hemos echado a andar por lo que considero que será una larga senda a favor de la participación y la salud democrática; sin embargo, el informe que hoy se trae a esta Cámara marca las pautas de la evaluación que debemos seguir.

El formato del informe, como ya le dije en su día en comisión al señor Cerdán, nos parece muy didáctico pues explica las funciones y la normativa vigente para que el ciudadano tenga claro todo lo que necesita saber sobre la regulación de la transparencia y el acceso a la información en nuestras islas.

Teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan, así como que el trabajo empezó a mitad del año pasado, debemos reconocer que este es un buen informe, que esperamos que se vaya puliendo según avance la implantación de la transparencia en Canarias, y tenemos que ser conscientes, además, de que para poder hacer un trabajo más completo es necesario contar con más recursos humanos y materiales, además de con una sede propia. En consecuencia confiamos en que los próximos presupuestos tengan en cuenta la necesidad de ajustar al equipo el volumen de trabajo que ya es grande y que es deseable que vaya creciendo. Sirvan como ejemplo de ese gran trabajo al que aludo las más de 12 500 solicitudes de información de ciudadanos que el Gobierno pasó a destiempo al comisionado en marzo de este año, a pesar de que era información de 2015 que tendría que haber sido recogida en el informe que hoy debatimos.

No podemos permitir que la ingente cantidad de documentación que se debe añadir al informe haga inviable su confección. Abogamos, por tanto, por mejorar las dotaciones y tener presente en todo momento que en Canarias tenemos 389 sujetos públicos obligados a adaptarse a la Ley de Transparencia, por no hablar de los sujetos privados que obtengan financiación pública y que, consecuentemente, también están obligados… Pero nos encontramos aún en una fase de adaptación a la ley, tenemos tiempo para corregir y no consideramos conveniente descargar en un grupo reducido de trabajadores de nuestro archipiélago la gran responsabilidad que supone la transparencia y el acceso a la información pública. Dicho esto, señorías, conviene que nos concentremos en los datos recogidos por este primer informe, aunque lo cierto es que no tenemos cifras muy significativas.

En todo 2015 solo hay 328 peticiones de acceso a la información que sin duda equivalen a una mínima fracción de la necesidad real. Esperamos que en los próximos ejercicios sea posible tener unas cifras más cercanas a lo que en verdad sucede en la sociedad canaria. Confiamos en que las administraciones públicas sean cada vez más conscientes de que deben entregar estas peticiones así como que los ciudadanos conozcan cada vez más la actuación pública y, por tanto, se materialice el derecho de acceso a la información.

Señorías, el papel del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe darse a conocer a la ciudadanía para que adquiera la trascendencia que realmente le corresponde.

Recordará el comisionado que desde ASG incluso le sugerimos que su oficina debería tener delegaciones territoriales, pues, aunque sabemos que los recursos disponibles hoy lo hacen imposible, entendemos que este despliegue sería lo ideal y lo deseable. La inmediatez y la accesibilidad que debe tener el servicio se ven limitadas con un único centro físico. No obstante, también es necesario tener en cuenta que el número de portales web destinados a la transparencia se incrementa día a día de forma que es posible concluir que en pocos años todos los sujetos públicos cumplirán con lo dispuesto en la ley. Y tengamos en cuenta, además, que muchas corporaciones locales tienen un presupuesto limitado, de ahí que haya que darles el tiempo suficiente para que vayan cumpliendo con las obligaciones que impone la norma.

Es innegable la exhaustiva labor de fiscalización de la transparencia que ha realizado la oficina, desde la que no solo se han recogido sino también analizado los datos presentes por las diferentes administraciones canarias en cuanto a solicitudes de información. Así es posible desglosar que se han registrado algunas deficiencias en el funcionamiento de las consejerías del Gobierno que esperamos que se corrijan, además de que se amplíe la información y se ajuste a los tiempos pues, como dije, solo se pudieron recoger 90 solicitudes de información y miles fueron presentadas fuera de plazo.

Detalla el informe, además, que los cabildos todavía están en fase de adaptación tanto de los portales web como de solicitudes de información presentadas. Solo se han registrado 15, pero, si se sigue la tendencia del Gobierno, también se convertirán en miles en los próximos años. Poco a poco los ayuntamientos también se van adaptando a la legislación, pero el número de solicitudes es todavía muy inferior al esperado. Hay muchas asignaturas pendientes y todas las administraciones deben de mejorar su compromiso con la tarea de la transparencia.

En el capítulo de reclamaciones se han registrado 18, a las que se ha dado, eso sí, un tratamiento muy exhaustivo explicando qué actuaciones se realizaron en cada una de ellas. Estamos seguros de que el número aumentará cuando se publicite, como debe, la función de la oficina de transferencia. El informe detalla asimismo las reuniones que ha habido con las distintas administraciones. Creemos que los encuentros y la colaboración con la Fecai y la Fecam deben ser fluidos, pues pueden facilitar y mejorar los servicios que se prestan.

Debo apuntar, sin embargo, que desde mi grupo político no entendemos ni el revuelo ni la negación a que se puedan afrontar cambios legislativos en la regulación de transparencia y acceso a la información. Sabemos que los cambios propuestos son fruto del consenso y del gran trabajo realizado en esta legislatura anterior, pero quién mejor que usted, el propio comisionado que trabaja todos los días con esta norma, para indicar las reformas que deben realizarse a fin de mejorar la gestión.

En esta Cámara representamos al poder legislativo, y la mejora de una norma debe entenderse, por tanto, como la mejor oportunidad para realizar nuestro trabajo. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, no está escrita en piedra y todavía está dando sus primeros pasos. Aprovechemos el estudio detallado y solvente que se nos ha facilitado para mejorar, estudiemos al menos esta posibilidad, debatámosla y lleguemos a las conclusiones que nos permitan concretar lo que debemos hacer y cómo afrontar esta reforma legislativa.

Termino dando las gracias al señor Cerdán y a los trabajadores de su oficina por traer este primer informe de Transparencia de Canarias a este Parlamento. Esperamos ser testigos de la evolución que se requiere para los próximos años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Continuamos con otro grupo. Por Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenos días.

Tal y como ya comentamos en la comisión, nosotros hemos considerado este informe como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe anual una vez consolidada la aplicación de la Ley 12/2014, y, además, efectuada la plena aplicación de esta ley por los sujetos obligados. Pero, al margen de este tema o de este inciso, la transparencia no va a ser real hasta que los ciudadanos no puedan tener acceso a la información, acceso de forma clara, de forma completa, de forma correcta y de forma rápida, y esto en la actualidad no ocurre. Y no ocurre por varias razones. La primera de esta razones es porque no existe la cultura de transparencia, no existen los ciudadanos, a los que, como ya también usted dijo en la comisión, nos criaron en la idea de que no se puede preguntar porque es de mala educación, pero tampoco existe esa educación o esa cultura en las administraciones, que son de la teoría de que la información es de quien la tiene, de quien la custodia, y no están concienciados de que la información es pública; y esto entendemos que indudablemente tiene cambiar.

Hay que concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cambiar la idea de que los derechos están pero no existe la obligación de ejercerlos, porque los ciudadanos tenemos que ser partícipes, tenemos que implicarnos, tenemos que ser actores y no ser meramente espectadores; en definitiva, los derechos hay que ejercerlos, no vale con que dejemos todo en manos de unos pocos y cuando las cosas no funcionen o vayan mal nos echemos las manos a la cabeza. Y también hay que concienciar a los dirigentes políticos, y a los trabajadores públicos en general, de que deben cambiar la idea de que las administraciones están para hacer cumplir la ley, porque esto ni es ni ha sido nunca así. Las administraciones están para cumplir y para hacer cumplir la ley, para las dos cosas. Y para crear esta cultura lo primero que hay que hacer, entendemos, es una adecuada política de divulgación; hay que informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y de qué pasos deben adoptar para poder ejercerlos; y, además, complementariamente, para que los niños de hoy no crezcan con la misma idea con la que crecimos los que ya no somos tan niños, me refiero al «no se puede preguntar porque es de mala educación», también hay que incluir como objetivo en las políticas educativas el imprimir en el ADN de estos niños que las personas, los niños, la gente tiene que reivindicar sus derechos, que hay que preguntar, que hay que informarse, en definitiva, que el saber no ocupa lugar.

En comisión usted manifestó su acuerdo con esta necesidad de divulgación pero dijo que esta misión corresponde a cada uno de los entes públicos, es decir, a los 389 incluidos en su informe; pero permítame que yo difiera de esta opinión. Entiendo que dejar este tema en manos de muchos y al libre albedrío de cada uno de ellos es una garantía de fracaso. Desde Nueva Canarias entendemos que es mucho más eficaz, y posiblemente mucho más barato, que la divulgación en materia de transparencia, la divulgación sobre los derechos de los ciudadanos, sobre las obligaciones de las administraciones, sobre a qué información se puede acceder, sobre cómo se puede acceder o sobre lo que hay que hacer en caso de no poder acceder, debe ser encomendada a un solo organismo o a unos pocos de forma colegiada. Nosotros proponemos que se le encomiende al Comisionado de Transparencia, obviamente desde que se le dote económicamente para poderla llevar a cabo; o también, en otro caso, pues que se le encomiende, conjunta y coordinadamente, al Comisionado de Transparencia y al Diputado del Común. En cualquiera de los casos, la necesidad de transparencia ha existido siempre, la exigencia de transparencia es la que ha venido motivada por el descontento ciudadano generalizado.

Hay que reconocer que si algo positivo tuvo la crisis del 2008 ha sido que los recortes sociales y los numerosos casos de corrupción motivaron la desconfianza en las instituciones públicas y despertaron de alguna manera, el interés de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos y en conocer en qué se gastan los gobiernos nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos.

La transparencia, además, entendemos que, aparte de la falta de cultura, tiene otro gran desafío y es encontrar el equilibrio entre lo que debe ser informado y lo que puede ser informado, y no vale la pena hacerlo porque no es relevante. Porque también hay que crear la cultura de que las cosas cuestan dinero, que los servicios que presta la Administración no son gratis, y, dado que los recursos son limitados, todo lo que de estos recursos se utilice para este fin, por ejemplo, se está dejando de utilizar en otra cosa, en otras necesidades que también tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos, y me refiero a necesidades sanitarias, educativas, en dependencia; a prestaciones de inserción, en políticas activas de empleo o en vivienda, por poner ejemplos. Por lo que, además, llevar la transparencia más allá de lo que es relevante, significa dejar de llevar a cabo actuaciones que sí son relevantes.

Ahora, una vez dicho esto, también quiero decir que los recursos que al final se decidan a utilizar sí deben dar sus frutos, deben servir para algo. Y digo esto porque simplemente la transparencia no es solo colgar información o entregar un montón de papeles. Transparencia es informar, transparencia es transmitir, y para eso la información, tal como dije antes, debe ser clara, completa, correcta, estructurada y entendible por los interesados, debe ser tratable y debe ser de fácil acceso. Y para ello desde Nueva Canarias entendemos que hay muchas cosas que corregir. Algunas en la propia ley y muchas en las herramientas de transparencia. Como ya le comenté en la comisión, en la ley, por ejemplo, la cuestión del silencio administrativo negativo, que entendemos que es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar la denegación de información. Además, que el régimen disciplinario sea de muy difícil implementación, porque, tal como usted dijo, pues, no vemos, ni usted ni yo tampoco, al señor presidente del Gobierno sancionándose a sí mismo o sancionando a un consejero por no cumplir con la Ley de Transparencia, y lo mismo de un alcalde con respecto a sus concejales. Además, la necesidad de eliminar de la ley muchos términos genéricos y conceptos indeterminados; que se determine también en la ley los plazos de publicación, los plazos durante los cuales hay que mantener la información publicada, las fechas de actualización y los requisitos de la misma; y, por último, como también le dije en la comisión, el extraño enredo en el que se mete la ley respecto a los contratos menores, la ley canaria que es mucho más limitativa, incluso, que la ley estatal, en la que solo se exige la publicación del montante total o del importe total de los contratos en número y en cantidad, en euros, y, además, el porcentaje que representan los contratos menores respecto al resto de la contratación.

Con respecto a la publicidad activa, desde Nueva Canarias entendemos que también hay muchas cosas que corregir, y la primera es que la información que aparece en los portales de transparencia debe ser entendible, y reitero el ejemplo que ya he dicho muchas veces de la información presupuestaria, que solo permite su comprensión a una minoría de expertos. La información presupuestaria es difícil, y es necesario, es preciso, simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría para que la ciudadanía sepa cuánto se gasta o en qué se invierte su dinero, cuánto se gasta en Sanidad, en educación, en asuntos sociales, en carreteras, en personal, sin que tengan para ello que resolver un auténtico jeroglífico. Además debe ser tratable y debe ser veraz, cosa que en estos momentos en muchos casos no ocurre.

Para finalizar, y teniendo en cuenta, como le dije al principio, que este informe lo hemos tratado como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe a partir del año que viene, usted dice, en cualquier caso, en este informe, que para que el comisionado pueda desarrollar todas sus competencias y su responsabilidad, pues, no cuenta con recursos suficientes. A mí lo que sí que me gustaría es que nos valorara qué cantidad de recursos humanos, medios materiales y medios personales son los que su oficina entiende necesarios para poder cumplir en su totalidad con las funciones que el artículo 63 de la ley les pide. Y en cualquiera de los casos, con los datos que también pone en el informe respecto al poco cumplimiento de la ley por parte de los ayuntamientos, de los cabildos o de las empresas públicas y el resto de entes públicos, me gustaría que me corroborara o que me confirmara si tiene la misma idea que tenemos desde Nueva Canarias de que una parte del tema es por la falta de formación del personal y la otra, al igual que le ocurre a usted, por la falta de recursos y de medios materiales y personales para poder llevarla a cabo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Continuamos, por el Grupo Podemos, señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenos días, a todas y a todos.

El principio de transparencia es un principio esencial en lo que debe ser el modelo de relación de los ciudadanos con las distintas administraciones y debe ser defendido, estaría englobado en lo que llamamos el gobierno abierto, donde debe garantizarse una verdadera transparencia, participación y colaboración ciudadana.

Deberíamos hacer una reflexión si con las distintas leyes realmente hay obligaciones de las administraciones y hay derechos de los ciudadanos, y esto lo decimos a colación de la escasa rendición de cuentas de los gobiernos y de que la transparencia no está en la práctica operativa, aunque sí en la declarativa de las distintas administraciones.

Las reflexiones que realiza usted en su informe sobre la presentación de esa tradición cultural que sintetiza en dos enunciados, que viene a decir la pregunta de que preguntar está mal visto, y que los datos, o sea la información, es de quien la tiene y no de todo el mundo, son algo que aún en nuestros días podemos palpar, no solo en el acceso a la información de los ciudadanos sino también en la información dentro de la propia administración, una información que cuesta compartir entre los distintos departamentos, entre los distintos organismos y ya no le digo entre distintas administraciones, y esto no es solo causa de falta de medios, es verdad que las políticas austericidas han ocasionado el adelgazamiento de las estructuras públicas, que son garantes de los servicios a la población, y no se defienden los servicios públicos, y eso merma la capacidad y la calidad con la que se prestan los servicios, también en materia de transparencia. Las tasas de reposición atacan la neutralidad que salvaguarda a los empleados públicos y que ocasiona encomiendas de gestión o desviación de servicios hacia una gestión que no es transparente, como usted indica también en su informe. Son estas empresas las menos transparentes y las más incumplidoras de la ley.

La soberanía de los datos que manejan debe de caer en los ciudadanos y nuestros servicios públicos son la mayor fábrica de igualdad y equidad, o al menos deberían serlo. Hace falta voluntad política.

Esta tradición que cuesta erradicar y que en la propia ley, tal como está, impide exigir su cumplimiento a las distintas administraciones, o al menos lo dificulta. Usted nombra la corrupción, y asevera que es la que conduce a la demanda de una legislación transparente, una corrupción que no es la suma de hechos aislados, a la que hay que sumarle, además, el mal gobierno, donde se desvirtúan muchas veces las normas con vericuetos para favorecer a unos pocos, como, por ejemplo, lo que ha sucedido con algunas contrataciones públicas. Las desigualdades, donde unos pocos cada vez tienen más y muchos cada vez tienen menos, crean también las exigencias del reparto de lo que es de todos y de todas y de que lo público sea más transparente. Es una obligación refortalecer la democracia y la exigencia de la rendición de cuentas y la transparencia es el pilar angular de cualquier Estado democrático y de derecho. Lo que no se ve o no se sabe no existe.

La transparencia es más que conocer los salarios, los coches oficiales. La transparencia debe ser clara y sencilla, y esta publicidad activa de la información debe ser realmente fácil de acceder para cualquier ciudadano, tiene que estar disponible, además, con alto detalle, sujeta a calendarios, donde se pueda ejercer control y acceso real de los ciudadanos, las organizaciones sociales y donde la información sea mayor que la que pueda dar la prensa o los propios gabinetes de las distintas administraciones. La transparencia es el derecho también al acceso a la información, porque es una información generada con el dinero de todos y de todas, pero para que esta información esté disponible y sea real debe tener tres premisas, ya he dicho ser accesible, y también ser interoperable y reutilizable. Para poder analizar la información, los formatos deben ser reutilizables y aprovechables para monitorizar las actividades de los sujetos que manejan el dinero público, la ley indica la forma preferente pero en la realidad es que nos encontramos muchos PDF, que a veces impiden tan siquiera copiar y pegar la información que está en esos PDF, cuando entendemos que deben ser archivos con formatos abiertos, preferentemente hojas de cálculo con formatos estándar y ficheros conectados y no inconexos, que hacen que tengamos que descargar ficheros y que en ese momento dejen de estar actualizados.

La transparencia, además, debe permitir que el derecho a la información sea efectivo, el hecho de que el silencio sea negativo, que se tenga un mes para contestar o dos para la información más compleja y que si no se contesta se entienda que no hay derecho nos parece lamentable, entendemos que el silencio debe ser positivo y si no se contesta que se entienda que se tiene el derecho a la información. En dos meses es tiempo más que suficiente para que al menos el derecho esté claro. El abuso de este silencio, como hemos visto en las reclamaciones de su informe que se han interpuesto ante el Comisionado de Transparencia, es claro; de las 18 reclamaciones, 10 se habían resuelto con silencio administrativo, esa práctica de no hacer resoluciones expresas crea indefensión ante aquellos que quieren solicitar esa información y que obligan a dirigirse a la vía jurisdiccional.

El control del cumplimiento, como queda demostrado en este informe, es casi imposible, un régimen sancionador debe ser mucho más contundente, los incumplimientos no van más allá de la crítica que se pueda hacer, pero no tienen consecuencias efectivas ni eficaces. Ante las vulneraciones del derecho al acceso de la información necesitamos sistemas que garanticen que se cumpla.

En este informe, además, se analiza la cuantificación del incumplimiento de las distintas administraciones, las que tienen una mayor obligación de transparencia y el resto de sujetos, algunas grandes incumplidoras, como las empresas mercantiles, pero no se controla la calidad de la información que se da, por lo que el nivel de cumplimiento no es solo contestar, sino que la respuesta sea la adecuada con los niveles máximos exigidos y que no quede como un mero trámite para aparecer en las encuestas como cumplidoras. Esto, como dicen algunas organizaciones que luchan por la transparencia, se convierte en la tramparencia.

El acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la jurisprudencia internacional, como usted comentaba, que se engloba dentro de la libertad de expresión, pero en este país no se reconoce, es más, se frena, no solo porque el derecho de la protección de datos sino por lo que recogen las propias leyes estatal y canaria sobre la información auxiliar, las notas, la reelaboración previa, etcétera.

Los sistemas deben estar preparados, así como las normas que puedan existir sobre el régimen de publicidad específico de algunos temas que dejan la Ley de Transparencia como supletoria. Todo ello desalienta la solicitud de información y, es más, todo aquello que no se transparenta, pues, al final, la sensación es que es sospechoso.

Entrando un poco más en el informe, como usted comentaba, no hay una metodología de evaluación común en todas las comunidades autónomas. Al final, en las reuniones que usted ha mantenido con los distintos responsables de las otras comunidades autónomas y el Aeval lo que se pretende es mejorar y aprender a compartir experiencias y medios comunes que favorezcan precisamente la eficacia de la transparencia.

Según el informe que usted presenta de 2015, se han solicitado 94 solicitudes de información al Gobierno de Canarias, 15 a los cabildos insulares, y 219 son del bloque municipal. Realmente son pocas solicitudes, es verdad que la puesta en marcha de esta ley, siendo efectiva incluso, ha sido diferente en las distintas administraciones, la más tardía en el cabildo, y estamos sujetos a datos de muy pocos meses. Esperemos que para el próximo informe esto haya cambiado y realmente hayan muchas más solicitudes de información.

Hay una queja desde su departamento sobre los medios personales y materiales que tiene el comisionado, ya han dicho que es un problema que compartimos pero que está generalizado en todas las administraciones a todos los servicios que hacen el Gobierno y las demás administraciones.

Pero sí es verdad, y ya lo comentamos en la comisión, que no compartíamos y éramos algo críticos con las formas en cómo se ha estructurado el comisionado, en cómo se han tratado los medios necesarios para ser eficaces, porque entendemos que la RPT no se puede hacer en función de los perfiles de las personas que tenemos sino que debemos saber primero cuáles son las necesidades y en función de esas necesidades establecer los perfiles necesarios para que se puedan realizar.

En estos momentos de situación difícil para poder suplir los puestos de trabajo sabemos que para cubrir unos puestos de unos organismos debemos eliminar otros puestos de trabajo y eso al final es un problema.

Usted hace una valoración, además, de las fichas enviadas a las distintas administraciones en un cumplimiento a la hora de remitirlas, lo que denota la falta de voluntad política total que hay en las administraciones públicas. No hay compromiso en materia de transparencia y esto entendemos que es algo inadmisible.

Siendo reciente en dar la información de estos 96 sujetos obligados, usted nos dice en el informe que solo respondieron 37, siendo los ayuntamientos, además, los más incumplidores.

Nosotros, ante todo esto, señor comisionado, queremos ofrecer la voluntad de que realmente haya una transparencia. En nuestro grupo parlamentario va a tener el apoyo total de que realmente podamos conseguir que nuestras administraciones sean transparentes, no solo las administraciones públicas sino también todos los sujetos que la ley recoge que están obligados, todos aquellos que tienen contratos públicos con la administración, todos aquellos que manejan dinero público en la administración. Tenemos que darle valor, precisamente, a la transparencia que es el garante de evitar la corruptela y la corrupción y también evitar que haya un mal gobierno por parte de todos los responsables en llevar las gestiones.

Animamos a este comisionado para trabajar en garantizar ese derecho de acceso a la información y la publicidad activa con calidad y con rigor. Ya decíamos que esperamos que los datos del 2017 sean mucho mejores y que el verdadero valor de la transparencia esté en poder hacer sin testigos todo aquello que seríamos capaces de hacer ante todo el mundo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Continuamos con el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, don Daniel Cerdán, bienvenido a este pleno.

Agradecer la cita que nos ha traído aquí a la Cámara. Yo siempre…, y conocía los consejos que el caballero de la triste figura le daba a Sancho cuando iba a gobernar la ínsula de Barataria, porque en todos esos consejos, en todas esas recomendaciones, subyace la mejor teoría, la más completa teoría de los principios generales del Derecho, y, en concreto, incluso, aquellos principios aplicables a la justicia penal de la que yo he mamado profesionalmente durante años. Y me alegra que a través de esa cita se pueda ver que ya el propio Alonso Quijano, el hidalgo, veía que una de las mejores maneras de gobernar era a través de la propia transparencia, es decir, que al final no somos tan novedosos, todo está escrito, todo está dicho y todo está hecho.

Lo felicito, no quiero ser o quiero dejar a un lado cierta acidez que pudo manifestarse en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad cuando se analizó por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte de este portavoz el informe en dicha comisión. Lo felicito porque es usted el primer comisionado de Transparencia que acude a una cámara y lleva a cabo la evacuación del correspondiente informe de su gestión. Por tanto, imagino que lo que usted hoy ha dicho aquí, lo que usted hoy ha plasmado a través de su informe de abril del 2016 va a ser objeto seguramente de inspiración y de copia por parte de los demás comisionados o entes encargados de la transparencia y de acceso a la información pública en el resto de España.

Lo que sí es verdad, lo que sí quiero decirle es que tal vez es un informe que no nos ofrece más que una mera aproximación de lo que debemos entender por la transparencia y acceso a la información pública en Canarias, pues no trata más que seis meses, ni siquiera el año natural completo del 2016, así que deberíamos esperar a futuros informes para poder visualizar una correcta situación real de la transparencia en Canarias, pero ante todo, felicidades.

De dicha comparecencia, de la que usted realizó en la Comisión de Gobernación y de la que usted estaba realizando hasta este pleno, puedo extraer o pude extraer, a lo mejor prematuramente, una especial voluntad del comisionado -creo que equivocada, se lo digo con todo respeto- de interesar modificaciones legislativas a la Ley canaria de Transparencia, una ley tan reciente como la que aprobamos en este Parlamento, que al parecer de mi grupo parlamentario era un error aunque ello no signifique la necesidad de que tengamos que hacer, a raíz de sus propuestas, algún que otro desarrollo reglamentario. Pero ya ahondaré sobre el particular más adelante.

Ahora quiero detenerme en la conclusión principal que yo extraigo de este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, y es el incumplimiento, más que flagrante, en materia de transparencia por parte de la mayoría de las administraciones públicas, y en especial por parte del Gobierno de Canarias, o voy a rectificar, en especial por parte de algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias.

Resulta desolador leer que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias remite, con fecha 30 de marzo del 2016, es decir a escasos días de haber finalizado usted el informe, -días después lo finaliza, lo presenta en registro en abril de 2016, si no me equivoco-, un volumen muy significativo, por no decir ingente, de informaciones relativas a tres cuestiones básicas de esta comunidad autónoma: servicios sociales, dependencia e incapacidad. Y yo me pregunto: ¿esta es la manera de creer en la transparencia por parte del Gobierno de Canarias o -rectifico- por parte de algunas consejerías del Gobierno de Canarias?

Se tramitaban las solicitudes o se referían a las solicitudes sobre servicios sociales, dependencia e incapacidad, y nos advertía usted que se habían hecho sin seguir el procedimiento legal previsto en la Ley canaria de Transparencia, y encima, además, nos decía usted que, dada la tardanza en llegar esa información, no iba a poder realizar un control específico sobre dichas solicitudes, ni más ni menos, nada más y nada menos, que 12 503 solicitudes. Auténticamente increíble.

Pues la verdad, señor Cerdán, no es culpa suya pero a mí no me extraña. La mayoría de ellas viene de consejerías de la Administración autonómica en manos del Partido Socialista Obrero Español.

Usted no ha podido efectuar un control específico, pero los ciudadanos y los miembros de esta Cámara tampoco hemos podido efectuar dicho control. Esa es la manera de entender la transparencia por el Gobierno de Canarias o, al menos, por algunos de los miembros del Gobierno de Canarias.

Pero, fíjese señor consejero, todo esto responde a la normalidad política. El Partido Popular siempre creyó en la transparencia, y esa es la razón por la que aprobó y apoyó la Ley canaria de Transparencia, y esa es la razón por la que apoyó y aprobó la primera Ley nacional de Transparencia en la Cortes Generales, donde obviamente el Partido Socialista Obrero Español votó en contra.

En cambio, lo que hace el Gobierno de Canarias o algunas de las consejerías del Gobierno de Canarias -vuelvo a repetir, y qué casualidad, en manos del Partido Socialista Obrero Español- no es más que una forma de entender la transparencia, no es más que una forma de ver las cosas, que no comparte el Partido Popular, que defendió siempre cualquier norma que supusiera un avance en el camino a la transparencia y en el acceso a la información pública.

Nos decía usted en su informe que la práctica administrativa desplegada por el Gobierno de Canarias de no tramitar estas 12 503 solicitudes conforme a la Ley 12/2014, estas solicitudes de acceso a la información pública por la Administración autonómica, constituía -y lo dice usted- una merma de los derechos de reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los solicitantes.

Señorías, la transparencia representa una nueva forma de gobernar, con obligaciones tasadas que son exigibles a todos sin excepción, y sin distinción, pero eso parece que no se aplica o no se entiende en el Gobierno de Canarias o -vuelvo a reiterar- en parte de las consejerías del Gobierno de Canarias.

La transparencia aporta salud e higiene a nuestro sistema democrático, pero la verdad es que la transparencia exige fundamentalmente una voluntad y una actitud nueva y alerta de la gestión de los asuntos públicos. Ese es el verdadero desafío de la transparencia, pero algunos parece que no han entendido nada.

No quiero finalizar, señor Cerdán, sin reiterar los argumentos que expuse, parte de los argumentos que expuse en la Comisión de Gobernación. La leyes, por supuesto, que no son inmutables, pero de ahí a que a seis meses de lo que es la práctica o puesta en práctica de esta ley o su examen en las administraciones…, me parece correr mucho en lo que sería una reforma, se ve poco prudente por parte de mi grupo parlamentario. Y no es prudente porque, tal vez, se traslada a la ciudadanía, y se ha trasladado, ya he oído las intervenciones de otros grupos parlamentarios y las que me quedarán después por oír, se traslada a la ciudadanía que los mecanismos que tenemos en esta ley pueden ser inservibles. Y no creo que eso sea verdad. Seguro que serán necesarios desarrollos reglamentarios, seguro, no lo pongo en duda, para ajustar desfases. Pero no pretendamos hacer tabula rasa a lo que ya se ha construido en este Parlamento, en esta comunidad autónoma.

Desde el PP no deseamos más polémica sobre este particular, es cierto, señor comisionado, pero lo que no se puede admitir, después de oír ciertas intervenciones, es que incluso se quiera invertir la aplicación del derecho sancionatorio administrativo.

Y lo que sí le interesamos, de cara al futuro, es mucha mucha pedagogía con todos y cada uno de los obligados, en especial al formular las recomendaciones precisas de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, relativas al derecho de acceso y a la transparencia. No podemos ser testigos de incumplimientos que se despachan ante los medios de comunicación y afean a los que solicitan las peticiones de información.

Y a ver cuándo se empiezan, de verdad, a poner las pilas los cabildos incumplidores, como usted refleja en su informe, que no contestan cuando usted les ha solicitado información sobre los portales de transparencia.

En fin, señor Cerdán, el camino acaba de empezar, y seguro que cada vez iremos a mejor. Y por ello su figura se hace, por supuesto, más que necesaria.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.

Continuamos. Por el Grupo Socialista, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes ya, a todos y a todas.

Dice un proverbio español que la honradez es un vestido transparente. Y al mismo tiempo hay que recordar un dato que me parece significativo para empezar a hacer una valoración sobre el informe que hoy se nos ha presentado aquí. Tengo que empezar por agradecer la presencia del comisionado y el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Y es un dato que nos pone frente a una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos de este país. El último informe del CIS, de febrero del año 2016, establece que la corrupción política en España es la segunda preocupación de los ciudadanos, solamente superada por el desempleo, por encima de muchas otras preocupaciones, la corrupción política.

Por lo tanto, hablar de transparencia es hablar probablemente de las herramientas, de los elementos que puede utilizar justamente la política, las administraciones, para hacer que los ciudadanos recobren la confianza en sus políticos, en sus gestores públicos.

Miren, hay que partir de otro dato: hasta el año 2013 España era el único país de la Unión Europea que no tenía ley de transparencia, es decir, hasta hace escasamente tres años. Y Transparencia Internacional, aunque en la comisión algunos ya decían que los informes de Transparencia Internacional podían estar algo desfasados en relación con las herramientas que utiliza para evaluar el grado de transparencia de las administraciones, pero en el año 2013, cuando todavía no había regulación en España, ni siquiera la autonómica, España estaba entre los países europeos en el puesto número 19 en la percepción de corrupción, solo nos superaban países con los que desde luego no aspiramos a compararnos.

Un reciente estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha realizado probablemente uno de los primeros estudios en evaluar la adaptación de los ayuntamientos españoles a la ley estatal, a la Ley 19/2013. El primer ayuntamiento que aparece en ese ranquin es el Ayuntamiento de Sevilla, el segundo el de Santander, el tercero el de Madrid y el cuarto el de Alcobendas. Para encontrar el primer ayuntamiento canario en este estudio de la Universidad Rey Juan Carlos nos tenemos que ir al puesto 17, es el Ayuntamiento de Arona, en el puesto 67 Las Palmas de Gran Canaria, en el puesto 80 Santa Cruz de Tenerife, o en el puesto 86 Arrecife. Esta es un poco la realidad de la que es bueno que partamos para saber cuál es la situación de partida cuando hablamos de transparencia y cómo es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que pasa en la gestión pública de sus asuntos.

Del informe del comisionado hay algunas cosas que a mí personalmente me resultan significativas. Ya lo dijimos en la comisión y las repetimos hoy. De 96 administraciones a las que se les solicitó información para evaluar cuál había sido el grado de cumplimiento de la Ley de 26 de diciembre de 2014, solo respondieron 37. Es decir, hay un 38,54 %, exclusivamente, de administraciones que respondieron al requerimiento del comisionado. Esto, señorías, es inaceptable.

Podemos entender que los ciudadanos todavía estén en un proceso de asimilación de lo que es la transparencia, de la cultura de la transparencia. Pero que las administraciones no sean ni siquiera capaces de contestarle al comisionado, que solamente hayan respondido 37…; y hay tres cabildos que no le respondieron -no respondió el Cabildo de La Gomera, no respondió el Cabildo de Fuerteventura y no respondió el Cabildo de El Hierro-; y 56 ayuntamientos, algunos muy importantes como el de Telde o el de La Laguna. Esta es la realidad de la cultura, que no podemos pedirle a los ciudadanos que la asuman cuando no somos capaces ni siquiera de asumirla en las propias administraciones.

Llama la atención también cuáles son los asuntos que los ciudadanos consultan en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Yo quiero en este caso, además, felicitar al Gobierno de Canarias, al consejero. Ha sido una ley de la anterior legislatura, una ley impulsada por un consejero socialista y una ley desarrollada por otro consejero socialista, y esta es la primera comparecencia de un comisionado en un parlamento autonómico, y se ha hecho gracias al socaire de una ley que ha sido impulsada estrictamente por los socialistas, por eso yo pido un poco de respeto también para el Partido Socialista en este asunto, no damos lecciones de transparencia, pero tampoco aceptemos que nos las den, y menos quienes entienden la transparencia de un modo extraño, por ejemplo, rompiendo los ordenadores propios para que no sean visualizadas sus contabilidades, ¿no? Otros partidos predicamos con el ejemplo y nuestras cuentas están auditadas por Transparencia Internacional. No damos lecciones, pero tampoco pedimos que nos las den.

Pero es curioso que de la información que solicitan, de la que han solicitado, a la que han accedido los ciudadanos, todas tienen que ver, o la mayor parte tienen que ver con altos cargos, con las retribuciones de los altos cargos, con el currículum de los altos cargos, con los cargos de confianza, con las declaraciones de bienes de altos cargos. Esto parece ser que es lo que más les interesa a los ciudadanos que han entrado. Por cierto, el número de visitas es todavía susceptiblemente mejorable, es verdad que los datos que se manejan son solamente los que se han podido disponer a partir de la entrada en vigor del nuevo portal, es decir, que no es todo el año 2016, pero es verdad que son datos suficientemente mejorables.

Me preocupa también mucho -insisto-, quiero felicitar una vez más al Gobierno de Canarias, a la consejería, por la puesta en marcha de este portal de transparencia, que me parece fresco, ágil, accesible a los ciudadanos, pero señorías, hay tres cabildos que no tienen portal de transparencia, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de El Hierro o el Cabildo de Lanzarote, y muchísimos ayuntamientos que tampoco lo tienen. Y estos son datos, en mi opinión, señorías, que habría que tenerlos en cuenta y que son muy significativos. De los 88 ayuntamientos solo 70 tienen portal de transparencia.

Hay datos también que son significativos en el informe: de las 219 solicitudes de información a las corporaciones locales, 173 corresponden a un único ayuntamiento, concretamente al Ayuntamiento de Arona, el 79 % del total de esas solicitudes.

Por lo tanto, enlazo esto con otra cuestión, que me preocupa, y quiero dejarlo como una reflexión, aprovechando esta comparecencia. Me preocupa que creemos una brecha también social en cuanto a la transparencia, tenemos que hacer un esfuerzo por que la transparencia no sea exclusivamente un ejercicio de un derecho, o de una oportunidad estrictamente, solamente para un grupo de ciudadanos, para ciudadanos que están mejor informados, ciudadanos que conocen mejor sus derechos, y lo pongo además en relación con algo que también es muy importante, y en lo que habrá que trabajar si queremos que esto sea de verdad, digamos, o se generalice un uso de la transparencia y del acceso a la información. No nos podemos olvidar de que tenemos delante, en Canarias, una brecha digital brutal, una brecha digital que no queremos que se convierta en una brecha de la transparencia. Hay muchísimos ciudadanos, una parte de la ciudadanía que no está familiarizada con el uso de las nuevas tecnologías, no les podemos dejar fuera del uso, del ejercicio, del acceso a la transparencia. Canarias está por debajo de la media nacional y europea en la penetración de la banda ancha y hay un 28 % de hogares sin conexión a internet. Hagamos que este derecho, que este uso, esta posibilidad de acceder a esta información no cree también una brecha social en nuestra tierra.

Termino rápidamente con algunas consideraciones que hace el comisionado en su informe, y que tienen que ver con las modificaciones legales que plantea, y que yo creo que tienen todo el sentido.

La fijación de los plazos para hacer pública la información, en la publicidad activa, tanto para las instituciones, como para los organismos, como para las empresas, no está bien regulada, en los primeros meses de rodaje de la ley parece que es susceptiblemente mejorable esta regulación. Es muy importante aplicar los requisitos para los contratos menores, todos sabemos la…, no el abuso, pero el uso, digamos, generalizado de los contratos menores, que se utilizan con mucha habitualidad en la Administración, que una gran parte del presupuesto público se gestiona a través de contratos menores. Por tanto, es susceptiblemente mejorable, es recomendable la mejora en cuanto al acceso a la información de los contratos menores. Los instrumentos de sanción, yo no sé cuál es la vía, pero aquí discrepo con mi amigo Emilio en cuál debe ser el régimen sancionador. Es verdad que difícilmente en la misma Administración que debe ser controlada podemos dejar en sus propias manos el régimen sancionador, pero algo tendremos que inventarnos sin violentar el derecho sancionador de la administración pública, algo habrá que inventarse al respecto.

Por tanto, señorías, en mi opinión y en la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, estamos ante una buena ley, que está empezando a dar sus frutos, que somos pioneros por primera vez en España en una cuestión… Insisto: hoy es la primera vez que comparece un comisionado en un parlamento, y creo que es un buen día y una buena noticia, y, por lo tanto, felicitamos tanto a la consejería, al Gobierno, como al propio comisionado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matos.

Por el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor comisionado.

Desde el Grupo Nacionalista le saludamos a usted y a su equipo en su primera comparecencia ante el pleno de esta Cámara para rendir cuentas sobre el informe correspondiente al año 2015.

La ausencia de referencias en Derecho comparado sobre evaluación y metodología no ha sido un obstáculo para disponer hoy de un informe a modo de foto de la realidad, que sirve de herramienta para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar para continuar avanzando.

El despliegue de la ley coincide con la persistencia de los efectos de la crisis económica y las restricciones presupuestarias en todas las administraciones públicas. Está siendo necesario activar cientos de portales, modificar métodos de trabajo y adecuar la estructura organizativa y procedimental a los nuevos requerimientos de la ley. Las administraciones más pequeñas tienen más dificultades para su desarrollo. Según un informe, los ayuntamientos pequeños demuestran menos nivel de transparencia en Internet, pero eso los ciudadanos lo pueden suplir con la inmediatez que les da el contacto directo con el alcalde, con los concejales o con los funcionarios, porque, señorías, la transparencia no debemos mediarla exclusivamente por un portal, los sistemas de información multicanal son los que de verdad garantizan la transparencia y la igualdad de todos los ciudadanos al derecho a la información por todas las vías posibles y el derecho a elegir ese canal. Los portales son herramientas dinámicas en continua actualización, que poco a poco irán alcanzando su madurez de la misma manera que lo fueron haciendo las webs institucionales, que necesitaron años para madurar. Más que la cantidad de información, interesa la calidad y la utilidad de la misma, portales como verdaderos repositores de información accesibles, útiles para el ciudadano.

Hoy es una realidad el compromiso de las administraciones públicas con la transparencia. La transparencia está en lo más alto de la agenda política. Todo puede estar bajo escrutinio de la ciudadanía porque la ciudadanía puede preguntar, solicitar y obtener cualquier información y cualquier dato. Toda la acción pública puede ser observada por el ciudadano. Hace años era impensable, por ejemplo, seguir vía internet la actividad de este Parlamento o de un ayuntamiento o de un cabildo y eso hoy es una realidad. Aun así, las mayores demandas ciudadanas siguen centradas en los perfiles, los sueldos, los bienes y el patrimonio de funcionarios y políticos. Y nosotros respetamos que eso interese a la ciudadanía, pero limitarlo a esto de alguna manera empobrece el objetivo más ambicioso que perseguimos con la transparencia: que los servidores públicos seamos valorados de verdad por lo que hacemos y no por la mera apariencia y el espectáculo en el que algunos pretenden convertir la actividad política; y superar la cultura de la sospecha, la desconfianza y el mero control para avanzar hacia un verdadero gobierno abierto donde conjugar transparencia, participación y colaboración con los ciudadanos.

Dice en su informe una de sus conclusiones que no se aprecia verdadera presión ciudadana en demanda de información, esta falta de demanda hace que las administraciones atiendan prioritariamente a la prestación de servicios públicos, sobre todo los ayuntamientos con escasos recursos. De alguna manera centrar los recursos humanos en procesar información que pudiera ser útil o no a la ciudadanía puede ser un obstáculo a la inmediatez que requiere emplear el trabajo de los recursos humanos en resolver, por ejemplo, una ayuda social o una subvención.

La ley canaria es de las más avanzadas de España. Con la aprobación de la ley en la pasada legislatura se dio un paso histórico en Canarias en materia de transparencia y de información pública. Y hoy estamos dando un segundo paso histórico siendo la primera comunidad autónoma que debate en un Parlamento el informe de evaluación de una autoridad independiente como es el Comisionado de Transparencia. La ley fue aprobada por unanimidad con el consenso de todos los grupos parlamentarios, y ese esfuerzo de generosidad y de diálogo conseguido en la pasada legislatura todos debemos seguir cultivándolo de aquí en adelante. Hay mucho por hacer y un largo camino por delante que recorrer, y podemos hacerlo de la misma manera entre todos.

Ya sabemos que el Gobierno de Canarias sigue trabajando para continuar con el desarrollo reglamentario aun cuando hay aspectos que pueden remitirse al procedimiento administrativo común.

Señorías, en una ley tan audaz, tan reciente y tan innovadora no debemos obsesionarnos con el régimen sancionador, ese no tiene por qué ser el objetivo prioritario, ¿es que ganamos algo imponiendo sanciones? Miren, poco o nada ganamos poniendo sanciones y mucho avanzaremos si hacemos pedagogía, auténtica pedagogía de la ley.

Desde el Grupo Nacionalista Canario queremos centrar los esfuerzos en hacer esa pedagogía, en buscar fórmulas entre todos que permitan hacer que la ley pueda ser lo más efectiva y de máxima utilidad a los ciudadanos. Estamos convencidos de que todas las administraciones, las pequeñas y las grandes, están trabajando en la medida de sus posibilidades para producir los cambios internos necesarios y buscar los recursos que les permitan poco a poco ir implementando sus portales y depurando la información; y es tarea también de la sociedad civil, con la implicación ciudadana, que es necesaria y que puede contribuir al arraigo de la ley. En la medida que se incremente la demanda de información por parte de los ciudadanos, esto redundará en la mejora de la eficiencia de nuestras administraciones públicas y en la credibilidad social de sus instituciones.

Estimado Daniel, señor comisionado, le animamos a seguir trabajando, y cuente, usted y todo su equipo, con el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario en la tarea de fomentar y promover una mayor y mejor cultura de la transparencia entre la ciudadanía canaria y entre nuestras administraciones públicas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señor comisionado, por tiempo de diez minutos.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Muchas gracias.

Bueno, disculparán mi novatez en estas lides y si no puedo contestar mínimamente todas las cuestiones que aquí se han planteado, pero voy a tratar de ir directamente al grano.

Agradezco a algunos que ya han desbrozado datos del propio informe que no incluí yo en mi intervención inicial, pero sí quería de alguna manera comenzar actualizando al día de hoy algunos de los datos que ustedes ya han escuchado o han podido leer en el informe. Concretamente, en lo que se refiere al comisionado, ustedes saben que el año pasado, en los seis últimos meses del año, que es cuando empezó a funcionar, recibió 19 reclamaciones referidas al Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y ya en este año, aunque es cierto que la gente todavía no conoce mucho este recurso, ya prácticamente en los seis primeros meses de este año se han duplicado hasta las 41 las reclamaciones que se presentaron en estos seis primeros meses. Por lo tanto hay que pensar que a final de año va a acabar con más de 100, reclamaciones al comisionado, que darán idea de una cierta movilidad o un cierto conocimiento y agilidad en este servicio público que crea la Ley de Transparencia. En ese sentido, lo mismo ocurrirá a nivel del Gobierno de Canarias. El Gobierno hizo un esfuerzo por abrir un nuevo portal desde el mes de febrero que ha tenido hasta ahora, según las últimas informaciones, pues, prácticamente más de 10 000 visitantes en estos meses. Es una cifra todavía pequeña comparada con los que visitan los periódicos, pero bueno, en esta materia, diríamos que después de lo que a este país le ha costado arrancar, es decir, recuerden que arrancó 250 años después de que arrancara en Suecia, que fue el primer país que tuvo una ley de transparencia, de alguna manera siempre vamos a analizar este tema del acceso a la información viendo, según nuestra propia vara de medir, la botella medio llena o medio vacía, en cualquier caso.

Bien. Yendo concretamente a las intervenciones ya de cada portavoz, respecto a la intervención de la portavoz de Agrupación Socialista Gomera, que ha tocado uno de los temas recurrentes en todas las intervenciones de los portavoces, ha sido de las pocas solicitudes expresadas a las instituciones canarias. Respondiéndole a ella le respondo a todos. Yo, una de las cosas de la que estoy absolutamente convencido, y tanto en Canarias como a nivel español, es que no aparecen, es decir, no se registran o no se han manifestado más solicitudes de información en parte porque no se hacen, pero en mucha medida porque no se cuentan, es decir, llega un escrito a una consejería, a una concejalía o a un departamento del cabildo y hasta ahora prácticamente nadie estaba comunicando a ningún servicio central que había llegado una solicitud de información acogida a la Ley de Transparencia. Por lo tanto, cuando han tenido que informar, tarde, mal y nunca, solamente 30 de ayuntamientos y 4 de cabildos y 1 del Gobierno en los tres primeros meses del año. Por eso les digo tarde, mal y nunca, cuando han tenido que informar de las solicitudes que habían recibido estamos absolutamente convencidos de que en buena medida no las conocían porque nadie se había encargado de agruparlas y contarlas, hasta el punto de que algunas reclamaciones que nos han hecho no constaban para esas instituciones como realizadas.

Si nos vamos otros sistemas de medición, como puede ser un reciente estudio realizado por la Agencia española de evaluación de la calidad, veremos que prácticamente ya el 40 % de los españoles, y hay que entender que los canarios, que en eso no andamos por detrás en la Administración electrónica o en el disfrute de las nuevas tecnologías, el 40 % ya navega por las webs públicas y, por lo tanto, por los portales de transparencia; y de los, digamos, del 40 % de los españoles o canarios que tienen acceso a Internet habitualmente. Y de esa cantidad de personas, el 20 % prácticamente interactúa, solicita información de alguna manera, bien sea por correo electrónico, bien rellenando formularios. Por lo tanto, nos faltan realmente sistemas de medición más eficaces para valorar en qué medida los ciudadanos están haciendo uso o no del derecho de acceso.

El tema de la reforma de la norma, que fue uno de los temas que polarizó la comisión, también ha sido tocado por diferentes portavoces, con diferentes opiniones, e, incluso, terció en este debate el propio consejero de la Presidencia, que agradezco su presencia aquí, porque de alguna manera es un detalle que le honra, terció en este debate y manifestó su opinión, coincidente con el señor Emilio Moreno, en el sentido de que no veía necesaria una reforma del régimen sancionador. Evidentemente este es un debate abierto, yo no quise en ningún momento del informe, ni en la comisión se dijo que era necesaria una reforma inmediata y una reforma que necesariamente tuviera que venir de la ley canaria, entre otras cosas porque ni siquiera en el informe entramos en cuestiones de ámbito superior al canario, como podía ser un debate mucho más interesante que es el de si la propia ley estatal se ha quedado o no coja o insuficiente, y esto no es ninguna crítica, en cuanto a que también la mayoría de la academia hubiera preferido que el derecho a la información…, y en esto no hago distingo de partidos, porque yo creo que hay posiciones como estamos viendo de uno y otro sentido en todos los partidos, digamos, que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y, por lo tanto, debiera estar al mismo nivel que el derecho a la protección de datos, y por lo tanto debía tener la misma protección jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo que otros derechos fundamentales. Ese es un debate que se quedó aparcado ahí, y que muy posiblemente lo vamos a ver en las próximas semanas, si se configura un nuevo Gobierno, con un programa nuevo de gobierno, y si incluye o no en su planificación legislativa de esta legislatura una revisión de la Ley de Transparencia, tal como proclaman todos los programas políticos, es decir, incluso los programas políticos de los partidos que aprobaron la actual Ley de Transparencia estatal, de diciembre de 2013, todos ellos plantean modificaciones en la ley. Entre otras cosas porque efectivamente es una ley nueva, pero precisamente por ser una ley nueva es novata, y precisamente el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a los propios partidos que la aprobaron a considerar que hay ajustes que se pueden hacer. Yo nunca los planteé como una cosa inmediata, como una cosa absolutamente necesaria. Es cierto que hay desarrollos reglamentarios más urgentes, que me consta que están trabajándose en la consejería, como los dos que ya se han hecho a nivel de orden, pero era una reflexión que era bueno dejar allí para cuando toque y para que los grupos la vayan madurando.

En cuanto al régimen disciplinario, no voy a abundar en más temas.

Pero sí en una de las cuestiones que se han tocado, que es el de los contratos menores. Lo tocó la portavoz de Nueva Canarias. En el sentido de que es cierto que es el único aspecto en el que la ley canaria es menos exigente que la estatal, en la definición de la información sobre los contratos menores que hay que hacer. Pero también es cierto que este comisionado, como otros órganos de la transparencia, tiene en cuenta las dos normas, y, por lo tanto, aquello, en este caso solamente este punto, aquello en lo que es más ambiciosa la ley estatal es de aplicación, por lo tanto, no es un problema grave de obligación. Ahora eso sí, lo es de ejecución, porque evidentemente en todo lo que es el ámbito de la contratación, en todo eso, es, digamos, uno de los ámbitos más sensibles de la información pública, por varias razones, fundamentalmente porque, como ha ocurrido en otros ámbitos de la Administración electrónica -no nos olvidemos que la transparencia es una parte de la Administración electrónica-, la parte que más ha costado llevar, fundamentalmente los ayuntamientos, a una tramitación electrónica, que es más trazable, que es más eficiente, que es más honrada, que es más limpia, ha sido precisamente la de contratación, porque los aparatos administrativos y políticos de las instituciones generalmente son los que más se han resistido, ha sido el ámbito de la administración que más ha tardado en llegar a ejecutarse electrónicamente. Por tanto, no es extraño que evidentemente hay aspectos de todas las obligaciones de contratación, de información sobre contratación, que están en la ley canaria y que todavía no están en los portales de transparencia. Y, fundamentalmente, hay uno importante, que me gustaría destacar aquí, no ya en cuanto puede contribuir a la honradez y a la limpieza de la contratación, sino también en cuanto puede contribuir a la eficiencia, que es el de que prácticamente de los portales ninguno, ningún portal, está introduciendo como debe su planificación de contratos del año, que permita a los operadores, contratistas, suministradores, etcétera, hacerse una idea con antelación de que va a existir un concurso al que poder presentarse, y no tener que correr mal y pronto, en diez días que les dan de plazo, o en quince, para presentar una propuesta. Eso va a contribuir, ya le digo, no sé si mucho o poco a la honradez o a la anticorrupción, pero desde luego sí a la eficiencia de los recursos públicos, que tanto hace falta en unos momentos como estos en los que a todas las administraciones les requieren utilizar cada euro de la mejor forma posible.

Se ha hablado también…

La señora PRESIDENTA: Señor comisionado, un minuto más.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): La verdad que se me ha ido el tiempo con rapidez. Yo, en cualquier caso, les indico, como les indiqué en la comisión, que al término de este debate procuraré responder personalmente a cada grupo aquellas preguntas que han hecho, tanto en comisión como aquí, y eso lo mantengo y les visitaré en cualquier caso con la referencia de sus preguntas en su grupo parlamentario, y les informaré de cuál es mi opinión en unos casos, y cuáles son los datos en otros.

En cualquier caso, yo lo que espero es que, de alguna manera, este Parlamento se convierta no solamente en el aprobador de la ley, es decir, en la institución que ha sembrado un sistema de (Ininteligible.) pública en toda Canarias, sino que lo aliente con su impulso presupuestario, en el caso de los recursos que se dediquen tanto a la transparencia en el Gobierno, como en el Parlamento, como en el comisionado, y, sobre todo, que de alguna manera también introduzca otros aspectos, que no son reformas a la Ley de Transparencia, pero que sí son nuevas políticas, como pueden ser las políticas pedagógicas, de las que se ha hablado aquí, en los colegios, para que prácticamente las nuevas generaciones que…

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señor comisionado.

El señor COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Cerdán Elcid): Ya acabo.

La transparencia -concluyo- no solamente es una ley como la del tráfico, que si no la aplicamos al día siguiente nos chocamos por la calle, es una ley, diríamos, de más largo recorrido y de más larga implantación, pero que, fundamentalmente, solamente en la medida en que llegue a las escuelas y llegue a instancias donde realmente se forma a los ciudadanos, tendrá un éxito a cinco, diez o veinte años vista.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor comisionado.

Hemos concluido este informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Comisionado de Transparencia presenta el Informe Anual de 2016 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

Daniel Cerdán presentó este 5 de septiembre ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias el segundo informe anual del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, correspondiente al año 2016.

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El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta su primer informe anual ante la Comisión de Gobernación del Parlamento

El pasado 31 de mayo, Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, presentó ante la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias el primer informe anual del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, correspondiente a la actividad del año 2015.

El Informe anual de 2015 se puede consultar en este enlace.

En el desarrollo de la sesión, bajo la presidencia de Rosa Bella Cabrera, intervinieron, asimismo, los portavoces de la Agrupación Socialista Gomera (Melodie Mendoza), Nueva Canarias-NC (Esther González), Podemos (Concepción Monzón), Partido Popular-PP (Emilio Moreno), Partido Socialista-PSOE (Gustavo Matos) y Coalición Canaria (Socorro Beato).

El desarrollo de la comparecencia se refleja al completo en este vídeo.

El Índice de Transparencia de Canarias, presentado en la Semana de la Calidad de República Dominicana

– Seleccionado por haber recibido en 2021 el accésit al Premio Nacional a la Innovación Pública en España

Daniel Cerdán junto al ministro de Administración Pública (MAP) de República Dominicana, Darío Castillo Lugo, y la viceministra de Evaluación del Desempeño Institucional del MAP, Hadeline Matos.

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) fue una de las experiencias innovadoras presentadas en la Semana de la Calidad del Ministerio de Administraciones Públicas de la República Dominicana. Invitado por el Gobierno dominicano, fue expuesta por el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, que describió asimismo una herramienta actualmente en desarrollo como es www.evaluat.org, para activistas en transparencia, en la conferencia titulada «El índice de Transparencia de Canarias: La autoevaluación de las instituciones como herramienta de avance».

La Semana de la Calidad es una iniciativa del Ministerio de Administración Pública de República Dominicana que tiene como objetivo principal compartir buenas prácticas de innovación y gestión e innovación.

El Comisionado de Transparencia de Canarias fue invitado a estas jornadas en República Dominicana porque el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y la herramienta telemática de evaluación T-Canaria recibió el año pasado el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España.

Sobre la autoevaluación en transparencia como herramienta de avance, Daniel Cerdán explicó al respecto que “en el caso de la función pública es un incentivo el hecho de que puedan, no solamente preguntarte por el derecho de acceso -que consagran todas las leyes de transparencia de los países democráticos, como el mío y el dominicano-, sino además, verte permanentemente en las webs de transparencia impulsa a los funcionarios y a los políticos que están al frente a hacer las cosas bien, porque si no las hacen bien, van a poder compararles”.

El progresivo afinamiento del ITCanarias, a través de T-Canaria, ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico. La mediación telemática ha posibilitado un permanente grado de interactividad y colaboración instantánea cada año, durante los meses de duración del proceso, entre los reducidos servicios del Comisionado de Transparencia con los más de 2.700 servidores públicos y empleados en entidades privadas subvencionadas de todas las instituciones canarias y de las entidades privadas perceptoras de grandes subvenciones. “Las experiencias de unos y otros son la base de un círculo virtuoso; que progresa y se retroalimenta de manera continua y bidireccional; y que permite así la mejora, cada año, de forma demostrable, tanto de la calidad del Índice ITCanarias como de la riqueza informativa de más del 80 % de los portales de transparencia del Archipiélago”, sostiene el comisionado.

En la evaluación realizada este año sobre el ejercicio 2022, se ha conseguido que, por primera vez, todas las 329 entidades públicas de canarias, instituciones principales y sus entidades dependientes, presenten su declaración de transparencia. Además, se emplazó a presentar declaración a más de 3.000 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2021 por el Gobierno de Canarias y 100.000 € de los Cabildos insulares y los ayuntamientos mayores. De ellas, 2.767 se han autoevaluado, el 83 %. En total, son 3.161 las entidades que se han autoevaluado y presentado declaración de transparencia ante el Comisionado de Transparencia sobre 2021, frente a las 661 de 2019 y las 968 de 2020.

La presentación utilizada por Daniel Cerdán en la conferencia “El Índice de Transparencia de Canarias- España: La autoevaluación de las instituciones como herramienta de avance” puede consultarse en el enlace https://view.genial.ly/63775ec28ce2d80013559b25 y la grabación de la conferencia está disponible en el canal de YouTube del Comisionado de Transparencia a través del enlace: https://youtu.be/rWqDgR617A8

https://youtu.be/rWqDgR617A8
Conferencia “El Índice de Transparencia de Canarias- España: La autoevaluación de las instituciones como herramienta de avance”, de Daniel Cerdán en la XIV Semana de la Calidad de República Dominicana

Daniel Cerdán al inicio de su conferencia «El índice de Transparencia de Canarias, España: La autoevaluación de las instituciones como herramienta de avance» en República Dominicana.

Memoria- Informe de la Aplicación Telemática T-Canaria e Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)

https://transparenciacanarias.org/entrega-del-accesit-del-premio-nacional-de-innovacion-publica-2020-al-comisionado-de-transparencia-de-canarias

Por primera vez en seis años la media del sector público canario supera el notable en transparencia, con un 7,7

No alcanzan el aprobado 62 de las 347 entidades públicas

Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Parlamento de Canarias

Transcripción de la presentación del Informe en la Comisión de Gobernación

Por primera vez en seis años, la puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 347 entidades de todas las instituciones canarias superó el notable, al situarse en 7,7 puntos. Doce entidades seguían sin mantener y evaluar sus portales de transparencia desde que se aprobó la ley y son consideradas incumplidoras; y cincuenta no alcanzaron la nota de 5 en la última evaluación.

El comisionado de Transparencia anunció la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, complementario al ITCanarias, tendente a garantizar la entrega de la información a los ciudadanos con resoluciones favorables a sus preguntas y a determinar las responsabilidades administrativas de los que siguen sin mantener unas mínimas obligaciones informativas en internet, mediante portales de transparencia.

Las doce entidades definidas como incumplidoras en la evaluación son: El Consejo Insular del Agua de Lanzarote (Cabildo insular de Lanzarote), Eólicas de Fuerteventura (Cabildo Insular de Fuerteventura), Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA), Parque Tecnológico de Telde, S.A., Sociedad de Desarrollo y Promoción de Telde, S.L., Viviendas de San Bartolomé de Tirajana, S.L.; así como  las mancomunidades de municipios siguientes:  del Centro-Norte de Gran Canaria [que ya ha activado recientemente su portal de transparencia],  del Centro-Sur de Fuerteventura, de la Isla de Lanzarote (RENSUITAL), del  Nordeste de Tenerife, de  San Juan de la Rambla-La Guancha y la Mancomunidad  de Gran Canaria para la Potenciación  de  Energías Renovables, Investigación y Desarrollo.

Este lunes, 28 de marzo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha presentado su informe anual sobre el ejercicio 2019 y 2020 y los avances en la evaluación del ejercicio 2021 ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias. En el debate intervinieron Daniel Cerdán y los portavoces Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto), Melodie Mendoza (Agrupación Socialista Gomera -ASG), Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias), Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias), Luz Reverón (Grupo Popular), María del Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario) y Yolanda Mendoza (Grupo Socialista Canario).

En 2021, el Comisionado de Transparencia de Canarias gestionó 1.966 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, un 55 % más de expedientes administrativos que en 2020. En total, 4.946 expedientes administrativos abordados desde 2015, a los que se suman otras 5.411 actividades centradas en consultas y formación, como jornadas formativas, seminarios web y videotutoriales; consultas sobre evaluación o la difusión de noticias y vídeos en la web y canal de Youtube de la institución; hasta un total de 10.357 asuntos tratados. Tal crecimiento fue posible por el alto grado de gestión digital de sus procedimientos y por la intensa colaboración de los más de 800 funcionarios de todas las instituciones canarias y más de 400 trabajadores de empresas subvencionadas. El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recalcó en la comisión que se trata de un trabajo en equipo: “A ellos quiero expresar mi reconocimiento porque sin ellos nada de esto sería posible”.

En este 2022 se espera un crecimiento estimado del 57 % de las actividades del Comisionado de Transparencia, que se afrontará sin aumentos de la plantilla, cubriendo únicamente dos de las vacantes actuales.

Con respecto al derecho de acceso a la información pública, en estos casi siete años de existencia, de los 1.533 expedientes de reclamaciones resueltos, se inadmitieron 307 porque en la mayoría de los casos no estaban solicitando información o presentaron la reclamación fuera de plazo. De las 1.226 reclamaciones admitidas, se estimaron totalmente 601; parcialmente, 139; y formalmente por entrega de la información fuera de plazo o en trámite de audiencia, otros 240 expedientes. Es decir, el 80 % de las reclamaciones admitidas desde 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. En 65 casos las resoluciones fueron desestimatorias, 128 fueron terminaciones por pérdida de objeto de la reclamación y en 50 casos se produjo el desistimiento del reclamante.

Durante el año 2021, se produjo un incremento del 36 % en el número de reclamaciones, donde se recibieron 525 reclamaciones de personas a las que alguna de las instituciones o entidades públicas canarias les habían denegado una o varias peticiones de información.

Por otro lado, el Comisionado de Transparencia viene comprobando el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias desde el año 2015. En aquel primer análisis, las administraciones públicas se estaban adaptando a la reciente ley de transparencia canaria y solo colaboraron con el Comisionado de Transparencia 37 entidades. En la última evaluación de los portales de transparencia, únicamente 12 de los 347 sujetos públicos obligados a presentar su declaración no colaboraron con el Comisionado, es decir, el 3,46 %. Y, por primera vez en seis años,  la nota media del conjunto del sector público del archipiélago superó el notable, con un 7,7 como promedio de las evaluaciones del ejercicio 2020.

En el informe anterior, se incorporó a la evaluación a las 66 corporaciones de derecho público de Canarias, entre colegios profesionales y Cámaras de Comercio, y se solicitó la participación de las 487 entidades privadas que recibieron ayudas y subvenciones por importes acumulados superiores a 60.000 € del Gobierno de Canarias en 2019.

En la evaluación realizada en 2021, no solo se emplazó a rendir cuentas a las entidades privadas que recibieron subvenciones en 2020 de más de 60.000 € del Gobierno de Canarias, sino también a todos aquellos sujetos que recibieron ayudas públicas de los cabildos insulares por más de 100.000 € o que percibieron fondos públicos de las administraciones mencionadas que en total superaban los 100.000 €. De este modo, el censo de sujetos obligados privados ascendió en esta última evaluación a 706, los cuales percibieron en 2020 subvenciones por valor de 239.569.688,78 €. Asimismo, la participación aumentó también hasta el 82,01 %: 579 entidades presentaron su declaración de transparencia con una media de 4,83 puntos en el Índice de Transparencia de Canarias. ““Esperamos que el próximo año se pueda hablar de que en el sector privado también alcanzan ya una media de aprobado en sus portales de transparencia”, sostuvo el comisionado. En 2021 también se emplazó a las mancomunidades a declarar su transparencia por primera vez y solo 5 de las 11 presentaron su declaración.

Así, en el último año, de los 1.119 sujetos públicos y privados obligados a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia, 968 finalmente colaboraron con el Comisionado presentando su declaración, esto es, el 86,51 %.

Para la evaluación del ejercicio 2021 que se realizará en los próximos meses, se estima un censo de 3.538 sujetos obligados, cifra que ha incrementado considerablemente por las entidades privadas que fueron beneficiarias en 2020 y 2021 de las ayudas para paliar los efectos de la COVID-2019.

Con respecto a la persistencia de bajas puntuaciones o incumplimientos en la presentación de la declaración de transparencia, Daniel Cerdán expuso que “a partir de este año se emplazará a los responsables de los ayuntamientos y cabildos para que determinen quién es la persona responsable de que, por seis años consecutivos, no rindan cuentas sobre la transparencia de su entidad a través de los portales”.

Los portavoces de los grupos parlamentarios hicieron un expreso reconocimiento a la labor realizada por el equipo del Comisionado de Transparencia y por el trabajo de los más de mil empleados públicos y privados que trabajan para mejorar los portales de transparencia en las entidades canarias o responden a las preguntas de los ciudadanos.

Consideraron positivo el incremento de la actividad del Comisionado de Transparencia en los últimos años, pero preocupa en general que haya aún entidades, como algunos ayuntamientos, que persistan en el incumplimiento y en bajas puntuaciones, tanto en materia de publicidad activa como en derecho de acceso.

En su intervención final, Daniel Cerdán informó a los grupos de que el Comisionado de Transparencia está trabajando en un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso en Canarias, que consiste en detectar y controlar a aquellas instituciones que no entregan la información a los ciudadanos que la solicitan, aun teniendo resolución estimatoria y ejecutiva por parte del Comisionado para hacerlo.

Otra de las actividades que anunció que se van a realizar en los próximos días es la recomendación de que las administraciones hagan constar en las convocatorias y concesiones de subvenciones que las entidades beneficiarias tienen obligación de publicar información relativa a la publicidad activa y a la gestión de los fondos públicos recibidos. 

Daniel Cerdán junto a miembros de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico del Parlamento de Canarias

Enlace a la presentación utilizada en la comisión: https://view.genial.ly/623dd5f2c3e3cc0011248319

Enlace a la grabación de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad: https://www.parcan.es/video/grabacion/11158/#1

https://transparenciacanarias.org/evaluacion/evaluacion-2020-2021/

Rinden cuentas de transparencia todas las 231 organizaciones públicas canarias y el 83% de las privadas subvencionadas

Han presentado su declaración 3.161 de las 3.729 entidades emplazadas a declarar

Se abre en octubre el periodo de alegaciones a las 3.161 entidades declarantes

Evolución de las entidades evaluadas con respecto a las entidades censadas entre 2015 y 2021

En el presente año han presentado la declaración de transparencia al Comisionado de Transparencia todas las 98 instituciones principales de Canarias y, por primera vez, todas sus 231 entidades vinculadas o dependientes [329 en total]. Desde que en 2015 comenzaron a estar en vigor las leyes de transparencia, es el primer año en el que en una comunidad autónoma se logra que todas sus entidades públicas presenten su autoevaluación de transparencia.

Se trata de todo un hito en la evaluación de transparencia en España, pues Canarias es la única Comunidad Autónoma donde se ha logrado evaluar al 100 % de los sectores públicos institucionales.

Ocho de las 67 corporaciones de derecho público [colegios profesionales y cámaras de comercio (el 11,94 %) no presentaron declaración: Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Las Palmas, Colegio de Procuradores de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas, Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas y Representantes Aduaneros de Las Palmas, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Las Palmas, Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Santa Cruz De Tenerife (COSITAL), Consejo Canario de Colegios de Procuradores y Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias.

Tanto las instituciones principales (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) como las entidades dependientes o subvencionadas tienen ahora un plazo para presentar alegaciones y mejorar sus notas y la calidad de sus portales de transparencia desde el 1 hasta el 31 de octubre, cuando se abra de nuevo el programa T-Canaria en la sede electrónica y puedan revisar sus notas provisionales.

“Ha continuado, como cada año, la reducción del número de incumplidores en la declaración de transparencia de los sujetos públicos y aumentan en paralelo las puntuaciones obtenidas por la mejora de los contenidos de portales de transparencia. Hace cuatro años 136 entidades públicas incumplían; hace tres, 62; hace dos, solo 13; y en esta última evaluación ninguna entidad dependiente de las instituciones canarias ha quedado sin evaluar. Las puntuaciones provisionales han subido y aún mejorarán algo en el periodo de alegaciones que abriremos. Se confirma la clara correlación entre el aumento de la autoevaluación y la mejora de la transparencia activa de los portales. Diferente ocurre con el derecho de acceso a la información, donde aún hay muchísimo margen de mejora, porque a un muy alto porcentaje de personas se les responde con la callada por respuesta, con el silencio administrativo. El 81 % reclamaciones de derecho de acceso a la información que nos llegaron el año pasado fueron por eso: porque les habían «respondido» con la socorrida figura del silencio administrativo”, señala Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano dependiente del Parlamento. “El proceso de evaluación se lleva a cabo con colaboración de más de 2.760 servidores públicos y trabajadores en entidades privadas subvencionadas, a los que estamos muy agradecidos. Ellos generan en la aplicación T-Canaria más de 2.000.000 de datos en cada evaluación, con los que el algoritmo define automáticamente el mayor o menor grado de avance o retroceso de la transparencia activa de cada sujeto obligado”.

Por otra parte, este año, por tercera vez, se ha emplazado a presentar declaración a 3.322 entidades subvencionadas con más de 60.000 euros en 2021 por el Gobierno de Canarias y 100.000 € de los Cabildos insulares y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna y Telde. De ellas, 2.767 se han autoevaluado, el 83,29 %, un porcentaje que duplica al que se alcanzó en 2016 cuando se evaluó por primera vez a las instituciones públicas y solo 37 de ellas contestaron. Y también han realizado por tercera vez su autoevaluación de transparencia 59 corporaciones de derecho público, principalmente colegios profesionales. En total, son 3.161 las entidades que se han autoevaluado estos meses frente a las 661 de 2019 y las 968 de 2020.

A continuación, se publica la relación de entidades privadas que recibieron más de 60.000 € de subvenciones del Gobierno de Canarias o más de 100.000 € del Gobierno de Canarias y otras administraciones públicas del archipiélago durante 2021, indicando la fecha en la que presentaron su autoevaluación de transparencia. Si figura «No presentada», significa que la entidad no remitió su declaración de transparencia al Comisionado de Canarias y no puede evidenciar ante las administraciones que la subvencionaron que está cumpliendo con sus obligaciones de publicidad y transparencia sobre las ayudas recibidas.

Relación de las entidades privadas subvencionadas en 2021 que presentaron y no presentaron declaración de transparencia

Se abre el día 1 de octubre un plazo de alegaciones de un mes para que cualquiera de las 3.161 organizaciones, entre públicas y privadas, que presentaron su autoevaluación al Comisionado puedan mejorar la puntuación provisional que tienen disponible en la sede electrónica del Comisionado.

Sobre la aplicación “T-Canaria” y el Índice de Transparencia de Canarias

La aplicación “T-Canaria” permite a todas las entidades públicas canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre su propia transparencia”, que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos. En las administraciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en los portales de transparencia, mientras que no ocurre así en el mismo grado en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto.

Las evaluaciones son trasladadas en un informe al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso de evaluación y serán publicadas en formato abierto.

Esta herramienta telemática permite calcular el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las entidades a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia y en un apartado sobre Evaluación específico dentro de la web. 

En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de entidad ha de incluir en su portal de transparencia, según la Ley: 120 la Comunidad Autónoma; 111 contenidos los ayuntamientos y cabildos; entre 80 y 50 las entidades vinculadas y dependientes de todas las instituciones canarias; y solo 14 las entidades subvencionadas por el sector público. Lo que cada persona no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar reclamación sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.

El Índice de Transparencia de Canarias logra el Accésit del Premio a la Innovación en la Gestión Pública del Gobierno español

En 20 años, desde Canarias solo el Instituto de Astrofísica lo había logrado

El modelo de evaluación del Índice de Transparencia (#ITCanarias) ha recibido Accésit del Premio a la Innovación en la XIII Edición de los Premios Nacionales a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España que dirige Carolina Darias, según publica hoy el BOE. El primer premio en la modalidad de Innovación Pública lo obtuvo la práctica «Digitalización de la devolución de IVA a viajeros (DIVA)2», presentada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El modelo y la herramienta que lo soporta, T-Canaria, han sido diseñados por el Comisionado de Transparencia de Canarias. En los veinte años de convocatoria de estos premios, ninguna institución canaria había obtenido este reconocimiento, si bien en los años 2000 y 2001 había sido galardonado con el mismo un consorcio estatal-autonómico de prestigio como es el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).

En esta convocatoria de los Premios, se evaluaron 54 candidaturas de los tres niveles de las administraciones públicas españolas. En la fase de evaluación participaron un total de 83 evaluadores, empleados públicos con acreditada experiencia. El premio está destinado a reconocer las prácticas innovadoras en la provisión de servicios público, así como las iniciativas que generen una mejora organizativa o de los procesos de gestión.

 “Me alegra especialmente el premio por el pequeño equipo del Comisionado que ha hecho crecer el modelo y por las más de 900 personas y funcionarios canarios que nos han ayudado desde fuera en la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias. Es una herramienta de mejora colaborativa para optimizar los esfuerzos de todos”, ha señalado Daniel Cerdán,  comisionado de Transparencia de Canarias.

El progresivo afinamiento durante estos cuatro años del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), a través de la aplicación telemática T-Canaria, ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico. La mediación telemática ha posibilitado un permanente grado de interactividad y colaboración instantánea cada año, durante los meses de duración del proceso, entre los reducidos servicios del Comisionado de Transparencia con los más de 900 empleados públicos y privados de todas las instituciones y entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias.

Además, la metodología y la herramienta informática empleadas para construir el ITCanarias no solo evalúan el cumplimiento de las normas de transparencia canarias, sino que han permitido también analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013); porque estas últimas están incluidas en los mapas de obligaciones de todas las entidades en T-Canaria.

El acta con las propuestas del Jurado se elevó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y posteriormente con fecha de 28 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden de concesión de los Premios.

Según consta en la noticia publicada en el Portal de la Administración Electrónica, el Jurado estuvo presidido por el secretario general de Función Pública, Javier Rueda; e integrado por la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera, como vicepresidenta, y la subdirectora general de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado (AGE), Luisa Berrio, como secretaria. Los vocales del Jurado son: Rosa Fuentes, subdirectora adjunta de la Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social (como organización ganadora de los Premios a la Innovación y Ciudadanía de la edición anterior); Bárbara Egea, jefa de sección de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación de Tarragona (como organización ganadora del Premio a la Excelencia en la edición anterior); Avelino Brito, director general de la Asociación Española para la Calidad AEC; Juan Luis Martín, director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ); Rafael García Meiro, director general de AENOR, e Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión.

El Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias ya recibió en octubre de 2019 el «Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad» y fue reconocido como una de las diez mejores prácticas de transparencia y buen gobierno del año 2018, tanto en España como en América Latina; entregado por la Fundación Compromiso Empresarial y Telefónica. También, desde marzo de 2020, el modelo ITCanarias está incluido en el Banco de Innovación de las Administraciones Públicas del INAP, un repositorio de las buenas prácticas en las administraciones públicas del Instituto Nacional de Administración Pública.


ANEXO: La síntesis valorativa del Jurado sobre el Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias

“Puntos fuertes más relevantes:

1.- El proyecto se basa en una novedosa metodología para medir el Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias) y su aplicación a través de la herramienta informática (T. Canaria), de evaluación del cumplimiento normativo de la legislación vigente en materia de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública para las instituciones públicas canarias.

2.- La innovación introducida viene a dar solución al Comisionado de Transparencia Canario para cumplir con el mandato que le atribuye la Ley Canaria 12/20174 de Transparencia y Acceso a La Información Pública para, entre otras las funciones, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y pasiva sobre las instituciones públicas canarias de la citada. Además de presentar el informe anual sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la ley que debe elaborar para su presentación al Parlamento de Canarias.

3.- El proyecto impacta en las instituciones públicas canarias de forma positiva para el cumplimiento de la normativa sobre transparencia al facilitar el conocimiento de las obligaciones y parte de su cumplimiento.

4.- El proyecto es fácilmente transferible y replicable en la diversidad de instituciones públicas del Estado español. Al basarse en MESTA (metodología evaluación cumplimiento la Ley Estatal de Transparencia) es utilizable por todas las organizaciones públicas en el ámbito de la Ley.

5.- Desde su concepción en el proyecto se aprecian importantes mejoras que impactan en los resultados (aumento de instituciones que se autoevalúan) como por ejemplo la introducción de la herramienta informática que viene a facilitar la cumplimentación y el envío de los formularios. Esta herramienta ha tenido un desarrollo evolutivo introduciendo propuestas de mejora de los propios usuarios y adaptaciones a nueva normativa (Ej Accesibilidad).

6.- El proyecto ha conseguido armar una completa estrategia de medición del cumplimiento normativo de la transparencia con relativamente pocos recursos. Es relevante que las sinergias generadas por los propios usuarios en las instituciones evaluadas con el Comisionada han favorecido la eficacia y eficiencia del proyecto.

7.- A pesar de la complejidad y diversidad de las instituciones a evaluar el proyecto ha conseguido reducir esta complejidad e igualar a éstas en la gestión y tramitación de las obligaciones de información ante el Comisionado.

8.- Después de tres años del inicio del proceso de implantación de la metodología de evaluación es contundente el aumento del número de actores institucionales implicados y comprometidos con la rendición de cuentas a través de esta autoevaluación del cumplimiento normativo de la transparencia.

 Áreas de Mejora más relevantes:

  1. Siempre aporta valor, someterse al escrutinio externo de expertos en metodologías de medición y transparencia institucional que validen, en este caso, los pesos de los indicadores establecidos y valoren la viabilidad de las ponderaciones que según la memoria quedarían por estudiar y aplicar.
  2. Evaluar la transparencia no es solo evaluar cumplimiento normativo. Es necesario conocer con qué dificultades se encuentran aquellas instituciones que no se autoevaluaron o que puntúan muy deficitariamente (falta voluntad decisores, falta de personal específico, carencia de competencias y destrezas digitales empleados/as, falta de recursos presupuestarios (ej.: automatización datos en portales Transparencia, etc.), etc.
  3. Sería de gran interés realizar un estudio comparado al respecto del sistema puesto en marcha por el Sindic de Greuges. Procuraría un aprendizaje colaborativo que generaría nuevas sinergias con un posible efecto reproductor en todo el Estado.
  4. Se podría continuar con el desarrollo de herramienta informática sobre software libre anunciada en la Memoria (Evalua-T) porque, en caso contrario, su software propietario podría hacer que su replicabilidad y difusión tuviera un coste económico elevado.
  5. Recomendamos referenciar el Proyecto con los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles) y la Agenda 2030 impulsados por Naciones Unidas con los que podría estar alineada.

Conclusiones (consensuadas por el equipo evaluador) de la práctica innovadora:

La aplicación telemática t-canaria e índice de transparencia de canarias (ITCANARIAS) para el autodiagnóstico y la evaluación de la transparencia institucional, representa un gran esfuerzo por evaluar el cumplimiento normativo que de una política pública.

La amplitud de mirada de todo el equipo que forma el Comisionado ha conseguido movilizando muy pocos recursos y sí muchas sinergias colaborativas, impactar en el último año en casi el 82% de las instituciones públicas canarias. Igualándolas en formas sencillas de cumplir con las obligaciones de facilitar la información al Comisionado, se ha conseguido, a buen seguro, ampliar la consciencia con respecto al valor que tiene una rendición de cuentas proactiva.”


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El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, entregó al Comisionado de Transparencia de Canarias el Accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020, concedido al Índice de Transparencia de Canarias y a su herramienta telemática T-Canaria. El primer premio de la modalidad lo obtuvo la Agencia Tributaria de España por su práctica “Digitalización de la devolución de IVA a viajeros (DIVA)”, entre los 54 proyectos analizados.

El modelo y la herramienta que lo soporta, T-Canaria, han sido diseñados por el equipo del comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, con el apoyo técnico de Galileo Ingeniería y Servicios. En los veinte años de convocatoria de estos premios, ninguna institución canaria había obtenido este reconocimiento, si bien en los años 2000 y 2001 había sido galardonado con el mismo un consorcio estatal-autonómico como es el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En la fase de evaluación participaron un total de 83 evaluadores, empleados públicos con acreditada experiencia. El premio está destinado a reconocer las prácticas innovadoras en la provisión de servicios públicos.

La memoria técnica que consideró el jurado para el otorgamiento del premio se encuentra aquí [actualizada con los datos de 2020 y 2021]: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2022/11/Memoria-informe-Premio-Nacional-a-la-Innovacion-en-la-Gestion-Publica.-Aplicacion-telematica-T-Canaria-e-Indice-de-Transparencia-de-Canarias-con-portada.pdf

 

«El desarrollo de esta herramienta nunca hubiera sido posible sin el apoyo de más de 900 empleados públicos y privados canarios, implicados en estos años en la autoevaluación y rendición de cuentas de la transparencia, a los que la media docena de personas de nuestro equipo está muy agradecida. Ello ha hecho posible que el modelo esté siendo adoptado por otras comunidades autónomas, como Murcia y Navarra; y que antes ya hubiera sido distinguido en dos ocasiones, por la Fundación Novagob y por la Fundación Compromiso y Transparencia. Ahora el reto es que nuestra herramienta sea accesible también a los ciudadanos a través de la aplicación Evalúa-T, como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que podrá ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo», señala Daniel Cerdán.

El progresivo afinamiento durante estos cuatro años del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico. La mediación telemática ha posibilitado un permanente grado de interactividad y colaboración cada año, entre las seis personas del equipo del Comisionado de Transparencia con los más de 900 empleados públicos y privados de todas las instituciones y entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias.

Además, la metodología y la herramienta informática empleadas para construir el ITCanarias no solo evalúan el cumplimiento de las normas de transparencia canarias, sino que han permitido también analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013); porque estas últimas están incluidas en los mapas de obligaciones de todas las entidades en T-Canaria.

El acta con las propuestas del Jurado se elevó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y se publicó la Orden de concesión de los Premios en el Boletín Oficial del Estado.

Según consta en la noticia publicada en el Portal de la Administración Electrónica, el Jurado estuvo presidido por el secretario general de Función Pública, Javier Rueda; e integrado por la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera, como vicepresidenta, y la subdirectora general de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado (AGE), Luisa Berrio, como secretaria. Los vocales del Jurado son: Rosa Fuentes, subdirectora adjunta de la Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social (como organización ganadora de los Premios a la Innovación y Ciudadanía de la edición anterior); Bárbara Egea, jefa de sección de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación de Tarragona (como organización ganadora del Premio a la Excelencia en la edición anterior); Avelino Brito, director general de la Asociación Española para la Calidad AEC; Juan Luis Martín, director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ); Rafael García Meiro, director general de AENOR, e Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión.

El Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias ya recibió en octubre de 2019 el «Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad» y fue reconocido como una de las diez mejores prácticas de transparencia y buen gobierno del año 2018, tanto en España como en América Latina; entregado por la Fundación Compromiso y Transparencia. También, desde marzo de 2020, el modelo ITCanarias está incluido en el Banco de Innovación de las Administraciones Públicas del INAP, un repositorio de las buenas prácticas en las administraciones públicas del Instituto Nacional de Administración Pública.

Accésit del Premio a la Innovación en la Gestión otorgado a la Aplicación telemática T-Canaria y al Índice de Transparencia de Canarias
El equipo del Comisionado de Transparencia en el año 2020: José María, Ivana, Teresa, Natalia, Daniel, Clara, Esther y Abel, al que ahora se han incorporado Alicia y Almudena. Desde Galileo, Juan Antonio Ubalde, José Velázquez y Andrea Rodríguez han tenido una importante participación en los proyectos de evaluación de la transparencia.

ANEXO: La síntesis valorativa del Jurado sobre el Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias

“Puntos fuertes más relevantes:

1.- El proyecto se basa en una novedosa metodología para medir el Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias) y su aplicación a través de la herramienta informática (T. Canaria), de evaluación del cumplimiento normativo de la legislación vigente en materia de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública para las instituciones públicas canarias.

2.- La innovación introducida viene a dar solución al Comisionado de Transparencia Canario para cumplir con el mandato que le atribuye la Ley Canaria 12/20174 de Transparencia y Acceso a La Información Pública para, entre otras las funciones, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y pasiva sobre las instituciones públicas canarias de la citada. Además de presentar el informe anual sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la ley que debe elaborar para su presentación al Parlamento de Canarias.

3.- El proyecto impacta en las instituciones públicas canarias de forma positiva para el cumplimiento de la normativa sobre transparencia al facilitar el conocimiento de las obligaciones y parte de su cumplimiento.

4.- El proyecto es fácilmente transferible y replicable en la diversidad de instituciones públicas del Estado español. Al basarse en MESTA (metodología evaluación cumplimiento la Ley Estatal de Transparencia) es utilizable por todas las organizaciones públicas en el ámbito de la Ley.

5.- Desde su concepción en el proyecto se aprecian importantes mejoras que impactan en los resultados (aumento de instituciones que se autoevalúan) como por ejemplo la introducción de la herramienta informática que viene a facilitar la cumplimentación y el envío de los formularios. Esta herramienta ha tenido un desarrollo evolutivo introduciendo propuestas de mejora de los propios usuarios y adaptaciones a nueva normativa (Ej Accesibilidad).

6.- El proyecto ha conseguido armar una completa estrategia de medición del cumplimiento normativo de la transparencia con relativamente pocos recursos. Es relevante que las sinergias generadas por los propios usuarios en las instituciones evaluadas con el Comisionada han favorecido la eficacia y eficiencia del proyecto.

7.- A pesar de la complejidad y diversidad de las instituciones a evaluar el proyecto ha conseguido reducir esta complejidad e igualar a éstas en la gestión y tramitación de las obligaciones de información ante el Comisionado.

8.- Después de tres años del inicio del proceso de implantación de la metodología de evaluación es contundente el aumento del número de actores institucionales implicados y comprometidos con la rendición de cuentas a través de esta autoevaluación del cumplimiento normativo de la transparencia.

 Áreas de Mejora más relevantes:

  1. Siempre aporta valor, someterse al escrutinio externo de expertos en metodologías de medición y transparencia institucional que validen, en este caso, los pesos de los indicadores establecidos y valoren la viabilidad de las ponderaciones que según la memoria quedarían por estudiar y aplicar.
  2. Evaluar la transparencia no es solo evaluar cumplimiento normativo. Es necesario conocer con qué dificultades se encuentran aquellas instituciones que no se autoevaluaron o que puntúan muy deficitariamente (falta voluntad decisores, falta de personal específico, carencia de competencias y destrezas digitales empleados/as, falta de recursos presupuestarios (ej.: automatización datos en portales Transparencia, etc.), etc.
  3. Sería de gran interés realizar un estudio comparado al respecto del sistema puesto en marcha por el Sindic de Greuges. Procuraría un aprendizaje colaborativo que generaría nuevas sinergias con un posible efecto reproductor en todo el Estado.
  4. Se podría continuar con el desarrollo de herramienta informática sobre software libre anunciada en la Memoria (Evalua-T) porque, en caso contrario, su software propietario podría hacer que su replicabilidad y difusión tuviera un coste económico elevado.
  5. Recomendamos referenciar el Proyecto con los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles) y la Agenda 2030 impulsados por Naciones Unidas con los que podría estar alineada.

Conclusiones (consensuadas por el equipo evaluador) de la práctica innovadora:

La aplicación telemática t-canaria e índice de transparencia de canarias (ITCANARIAS) para el autodiagnóstico y la evaluación de la transparencia institucional, representa un gran esfuerzo por evaluar el cumplimiento normativo que de una política pública.

La amplitud de mirada de todo el equipo que forma el Comisionado ha conseguido movilizando muy pocos recursos y sí muchas sinergias colaborativas, impactar en el último año en casi el 82% de las instituciones públicas canarias. Igualándolas en formas sencillas de cumplir con las obligaciones de facilitar la información al Comisionado, se ha conseguido, a buen seguro, ampliar la consciencia con respecto al valor que tiene una rendición de cuentas proactiva.”

Accede a todas las puntuaciones de las 334 organizaciones públicas canarias en el Índice de Transparencia #ITCanarias

Puntuaciones de calidad de los portales de transparencia de Canarias

Evolución del Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias (Nivel calidad de los portales de transparencia públicos)
Notas medias de las 334 entidades del sector público canario ITCanarias
2016 2017 2018 2019 2020
Sector público autonómico (43) 7,69 4,28 5,07 6,90 8,47
Sector público insular (94) 3,85 5,35 5,56 7,63 8,26
Sector público local (190 portales) 3,03 5,21 5,17 5,84 7,22
Sector público universitario (7)   4,08 4,93 5,59 8,80
Media aritmética 3,14 5,03 5,27 6,49 7,71

En la tabla se muestran las notas medias de las 98 instituciones principales (Gobierno de Canarias, siete cabildos insulares, ochenta y ocho ayuntamientos y dos universidades) y sus 235 entidades dependientes (empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos, etc.). En total suman 347 organizaciones. Trece no presentaron declaración [dos de cabildos y once de ayuntamientos] y son consideradas incumplidoras. 

Cinco años después de que arrancara la evaluación de las políticas públicas de transparencia de todas las instituciones de Canarias y sus entes dependientes puede afirmarse que la calidad media de los portales de transparencia en Internet del conjunto del sector público supera por primera vez el notable. En el último análisis llevado a cabo el año pasado sobre el ejercicio de 2020, la media de las 334 entidades evaluadas alcanzó un 7,7, como se indica en la tabla adjunta. En el ejercicio anterior, solo el grupo de las 94 entidades dependientes de los siete cabildos habían superado la nota de 7.

Así se refleja en el estudio realizado anualmente por el equipo del Comisionado de Transparencia de Canarias de las 347 páginas en internet de todo el sector público de Canarias. Trece de ellas han sido declaradas incumplidoras por no presentar la declaración de transparencia.

 «La puntuación alcanzada no quiere decir que hayamos logrado un nivel de transparencia óptimo. Si bien los portales de transparencia (donde se publican más de dos millones de datos cada año) están ya a niveles aceptables, se sigue produciendo un excesivo silencio administrativo en las respuestas de las administraciones a los ciudadanos que piden información por escrito. Esa será la batalla por dar en el futuro. Para que la ciudadanía pueda participar eficazmente, lo prioritario es que se le responda a los que le interese», señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.

En la tabla adjunta se muestran las notas medias de las 98 instituciones principales (Gobierno de Canarias, siete cabildos insulares, 88 ayuntamientos y dos universidades) y sus 235 entidades dependientes (empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos, etc.). 

El Gobierno de Canarias obtuvo en 2020 una nota media de 9,65 y el conjunto de sus 43 portales de transparencia un 8,8.

La media aritmética de los portales principales de los 7 cabildos insulares fue 9,01 y el conjunto de sus 94 webs de sus organizaciones dependientes se quedó en 8,2.

Los 88 ayuntamientos canarios también mejoraron sus portales principales de transparencia y alcanzaron una media 7,78; puntuación que se redujo a 7,22 en el conjunto de los 190 portales de transparencia de sus entes dependientes. Finalmente, la Universidad de La Laguna consiguió un 9,69 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mejoró hasta el 8,88.