Canarias/ La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este lunes 31 de julio en su despacho al Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán Elcid, con quien analizó el funcionamiento de este órgano de relevancia estatutaria y sus principales novedades y retos de futuro.
Daniel Cerdán subrayó que «desde el pasado mes de marzo, los diputados y diputadas ya están amparados por el Comisionado en sus reclamaciones ante preguntas denegatorias del gobierno de turno. Somos la tercera comunidad autónoma en España que da amparo también a los parlamentarios, aparte de concejales y consejeros de cabildos, ante situaciones en las que consideren que no se les está dando la información adecuada».
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es un órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias y dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario. Debe actuar con autonomía y plena independencia.
La persona titular de este órgano es elegida por mayoría de tres quintas partes de los 70 diputados del Parlamento de Canarias, y para su revocación o cese es preciso el voto del mismo porcentaje de parlamentarios. No tiene dependencia orgánica ni funcional del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos sobre los que ejerce el control en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Para garantizar esa autonomía e independencia, el cargo de comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública o empresa, o con la afiliación a un partido político o sindicato.
Los trabajadores del Comisionado de Transparencia podrán seguir informando en anónimo, pero esta herramienta garantiza la confidencialidad de informantes y familiares
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. / ARCHIVO
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias ha creado un sistema interno para la recepción y gestión de las informaciones sobre acciones u omisiones que puedan constituir determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea. Dicho de otro modo, un mecanismo para poder denunciar internamente irregularidades dentro del propio comisionado sin miedo a ser represaliado.
La necesidad de este sistema viene marcada desde la propia Unión Europea, que exige que se creen cauces en determinadas administraciones «de relevancia estatutaria» -entre las que está el Comisionado de Transparencia- para que quienes trabajen en ellas puedan informar de las irregularidades o infracciones penales o administrativas graves o muy graves cometidas; y su identidad y datos personales queden salvaguardados.
¿Quién puede usarlo?
Podrán utilizarlo las personas informantes que hayan obtenido información sobre alguna acción u omisión en un contexto laboral o profesional con el Comisionado, incluyendo a quienes trabajen o hayan trabajado en él -incluyendo becarios-, las personas aspirantes que hayan obtenido información de tales posibles infracciones durante un proceso de selección o quienes intervengan en un proceso de negociación precontractual realizado por el Comisionado y las personas que trabajen para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores del Comisionado, sus titulares autónomos o personas pertenecientes a sus órganos de administración, dirección o supervisión, que hayan obtenido información sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción.
También estarán protegidas las personas que asesoren a los informantes y terceros que pudieran sufrir represalias por su relación con la persona informante y, específicamente, sus colegas de trabajo y familiares.
Los datos serán tratados por personas autorizadas
Las informaciones sólo podrán ser gestionadas por personas autorizadas. Si algún trabajador del Comisionado de Transparencia recibiese una información sin estar autorizado para su gestión, deberá trasladarla inmediatamente a quien sí lo esté y obligado a mantener la confidencialidad del informante.
La confidencialidad aplica a todos los datos conocidos por este canal, incluyendo la identidad de las terceras personas afectadas, de testigos o de cualquier dato consignado en la información presentada. En cualquier caso, la identidad del informante sí podrá ser remitida a la justicia en caso de ser requerida para una investigación, aunque también existe la opción de realizar informaciones anónimas.
Se castigarán informaciones falsas
El Comisionado de Transparencia también ha informado a las personas informantes de que tienen «el deber de abstenerse de formular comunicaciones fundamentadas en meras opiniones, mala fe o abuso de derecho«. En caso contrario, puede incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa.
«No se admitirán, y se exceptúan en todo caso de la obligación de comprobar los hechos, los casos de informaciones que resulten carentes de fundamento o notoriamente falsas o tergiversadas, o que hubieran sido obtenidas mediante medios ilícitos», añade.
La normativa respecto a este sistema interno ha entrado en vigor este viernes 30 de junio con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
– Se añade al destinado a denunciar incumplimientos informativos de los portales de transparencia
El Comisionado de Transparencia ha abierto lo que se suele conocer como canal de denuncias, destinado en esta ocasión a aquellas personas que quieran informar sobre infracciones normativas o relativas a la lucha contra la corrupción. Está disponible en el siguiente enlace: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/denuncias-derecho/buzon/E/DUI-E
Estos instrumentos destinados a contribuir a la mejorar de la integridad institucional de cada una de las instituciones españolas se definieron en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas informantes de supuestas infracciones penales o administrativas graves o muy graves, así como de determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea, para que las puedan comunicar mediante los mecanismos regulados en la misma. Este segundo canal se añade al ya abierto en su sede electrónica en el año 2017 para alertar de incumplimientos informativos en los portales de transparencia de Canarias.
Mediante la Resolución de 13 de junio de 2023, por la que se crea el Sistema interno de información (canal de denuncias) del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública,publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial de Canarias, el órgano garante de la transparencia en Canarias ha creado un sistema interno de información en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 de dicha ley, algo así como un canal de denuncias.
Este sistema servirá de canal preferente para informar de las infracciones previstas en la resolución, siempre que la persona informante considere que no hay riesgo de represalia y se pueda tratar de manera efectiva la infracción. Además, este sistema interno de información del Comisionado permite la presentación de informaciones con carácter anónimo si así lo desea la persona informante.
La gestión y los procedimientos del Sistema interno de información, así como la configuración del canal interno de información, que facilite la comunicación entre la institución y las personas informantes, se llevarán a cabo preferentemente a través de un programa específico accesible a través de la página web del Comisionado.
Por otro lado, la presentación de informaciones será preferentemente en formato electrónico, pero también se contempla que la información pueda ser presentada verbalmente mediante telefonía o reuniones presenciales, “en cuyo caso, previo consentimiento de la persona informante, se transcribirá la conversación, de forma completa, exacta y duradera, y se ofrecerá, mediante audiencia a la persona informante, la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar con su firma las manifestaciones, sin perjuicio de los derechos que le correspondan de acuerdo a la normativa sobre protección de datos”, recoge la resolución.
Para la admisión de informaciones, la resolución aprobada por el Comisionado de Transparencia establece una serie de requisitos, como que la persona informante tenga razonabilidad en relación con la certeza de la información, que no se trate de comunicaciones fundamentadas en meras opiniones, mala fe o abuso de derecho, que se proporcione documentación sobre los hechos que comunica o los indicios objetivos para obtener pruebas. Además, las informaciones deberán describir de manera suficiente y lo más detalladamente posible las circunstancias que faciliten y permitan la identificación de la acción o la omisión que se quiere comunicar por ser presuntamente contraria a Ley 2/2023. “No se admitirán, y se exceptúan en todo caso de la obligación de comprobar los hechos, los casos de informaciones que resulten carentes de fundamento o notoriamente falsas o tergiversadas, o que hubieran sido obtenidas mediante medios ilícitos”, establece la norma del Comisionado.
Asimismo, en los casos en los que se evidencie la existencia de una infracción administrativa, se suspenderán las actuaciones de comprobación y se dará cuenta al órgano competente. Y, si los hechos fueran indiciarios de delito, se trasladará la información al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía Europea, si esta afectara a los intereses financieros de la Unión Europea.
Con respecto a las personas afectadas por la información comunicada, la resolución contempla que estas tienen derecho a la presunción de inocencia y al honor, a la confidencialidad, a ser informadas de la información presentada, a formular alegaciones y aportar información o documentos en relación con los hechos comunicados, a “ser informadas del tratamiento de sus datos personales y a que no se emitan ni se trasladen a terceras personas conclusiones o recomendaciones que contengan referencias nominales sin que hayan finalizado las actuaciones de comprobación y sin haber tenido oportunidad real de conocer los hechos comunicados y de dejar constancia de su opinión” y a tener acceso al expediente, salvaguardando siempre la confidencialidad de la persona informante.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, intervino como ponente en el grupo de trabajo GT23-19 Evaluación de la transparencia en el ámbito local del VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT2023) con una ponencia sobre la Evolución del Medidor de Transparencia evalúa-T.
TRANSCRIPCIÓN PONENCIA EVOLUCIÓN DEL MEDIDOR DE TRANSPARENCIA EVALÚA-T
Me alegro mucho de estar de nuevo en este congreso que muchos nos vemos todos los años y por aligerar quería empezar precisamente por la intervención de Víctor Ginesta, porque conecta en buena medida con lo que ha hablado también antes Ana.
Son 3 ponencias interconectadas porque Ana se refirió a los modelos de evaluación de las Comunidades Autónomas en España. Y él, no conocía y me alegró, a ver si me pasa el estudio, de los 1000 y pico ayuntamientos en toda España, y de alguna manera creo que conjuntando las diferentes continuaciones.
Estoy en condiciones de indicar que una de las tesis por las que, por ejemplo, Cataluña y Canarias Áreas tienen esa diferenciabilidad en la calidad de sus portales de transparencia es porque son las 2 únicas comunidades donde sistemáticamente venimos haciendo evaluación, monitoreo, desde el año 2017. Cuando a todos los ayuntamientos se les emplaza cada año a demostrar que están actualizando sus portales de transparencia, es decir, que sus webs no son de historia, sino de transparencia actualizada cada año, automáticamente tienen un incentivo para actualizar los portales y por lo tanto cumplen de esa manera, unos para aparecer en la alta vista, digamos en el ranking alto, otros para no aparecer penalizados como suspensos sistemáticos y que les digan que no son transparentes; tienen ese input. Eso es lo que que ha ocurrido.
En Cataluña lo ha hecho el Síndic de Greuges con su metodología. Nosotros fuimos los primeros en España en aplicar, como ha dicho Ana, la metodología MESTA y trasladarla a un sistema informático que permitiera de una forma muy económica, es decir, en el Comisionado, para que se haga una idea, -mañana os explicaré mejor en la sesión de Comisionados, que hay más información de esto-, pues cuesta 0,3 céntimos por habitante y año. Con esto, en el último ejercicio hicimos 3167 evaluaciones, como les indicaba también Ana, la mayor parte de ellos, 2700, ya referidas a entidades privadas que recibieron fondos públicos, no solamente a las 340 entidades públicas canarias, sino a 2700 que recibieron más de 60000 euros.
Pero yo de todas maneras reconecto de esta forma con lo que se ha hablado aquí hasta este momento. Yo venía de todas formas a volverles a hablar un poco de esta herramienta, en la medida en que la hemos actualizado, la estamos simplificando para que esté a disponibilidad de cualquiera en este país de una forma sencilla y fácil.
Esta herramienta, como nos ha indicado también antes Ana, se deriva de nuestra experiencia en nuestra herramienta oficial de Canarias que permite la evaluación Sistemática de todas las instituciones canarias, todas las corporaciones de derecho público (colegios profesionales y Cámaras de Comercio), eso en conjunto, son unas 405 entidades y desde hace 3 años todas las entidades subvencionadas con más de 60.000 euros.
A nosotros nos pareció, en la época inicial, del año 2017, 2018, que era factible hacer una versión para ciudadanos, para que cualquier ciudadano pudiera autoevaluar o bien su ayuntamiento donde su competencia o un concejal de la oposición al equipo de gobierno. Una herramienta que le permitiera en cualquier momento del año chequear el portal, pero nos salió una herramienta, por aquello de que a veces lo mejor es lo enemigo de lo bueno, que era muy compleja, que costaba 3 o 4 horas cargarla y que nadie, difícilmente, había muy poca gente que la utilizaba, excepto cuando la empleábamos para formar evaluadores.
Entonces lo hemos ido simplificando y hemos llegado a este nuevo modelo, a un modelo más pequeñito como es este. Como les decía, había dos problemas: uno, que lo resolvimos, la autocomprobación de cada ayuntamiento, de cada Diputación o de cada Gobierno autonómico, de cómo está, de su propio auto chequeo, de cómo está cumpliendo su portal de transparencia las obligaciones, que recuerdo son 61, las de la ley básica en general para toda España y luego las autonómicas establecen hasta 160, varía en cada una, para chequear el nivel de incumplimiento.
Y eso lo hacemos fundamentalmente introduciendo mapas de obligaciones para cada tipología de institución en el sistema, de forma que cuando uno va a evaluar un ayuntamiento, sea el de Barcelona o sea el de Villarrubia de Abajo, le aparecen las 61, si lo hace con la ley estatal, le aparecen las 61 obligaciones de la ley estatal y uno va introduciendo en el sistema las URLs de donde se cumple esa obligación o no se cumple y al final obtiene una nota.
Reconecto de nuevo con lo que decía antes Víctor. Él hablaba de que la media de las notas que ha analizado en toda España era de un 30 % de cumplimiento cumplido. Yo lo asemejo a puntos , puntuando del cero al 10, y por lo tanto eso sería un 3 de media en el sistema de España. Y los mejores son 7 y pico del Ayuntamiento de Castelldefels.
Bueno, pues después de 7 evaluaciones anuales en Canarias, con un sistema parecido a este, el oficial, nosotros tenemos a todo el sector público por encima del 7, por eso te aparece a ti también en tu contraste, por eso me ha alegrado que por dos fuentes diferentes, aparezcan todos por encima del 7 y prácticamente solamente las entidades públicas principales suspenden unas 5 o 6, de todas ellas.
Por lo tanto esa experiencia la hemos querido trasladar, ya le digo, a la ciudadanía, y os hablo de que antes la ciudadanía solo podía observar la institución ejerciendo su derecho a saber y es una herramienta que quisimos poner en su mano para que además pudiera chequear a su institución.
Como les decía, por excesivamente compleja no funcionó, costaba demasiado. La hemos ido simplificando al punto de que los elementos, los atributos que consideramos de la información establecidos en el MESTA, que los que conozcan un poco el MESTA pues saben que son: existe la información, a qué clics está, está en formato actualizable, está claro… lo hemos superreducido solamente a dos atributos: existe la información y está actualizado. Porque de esa manera se permite que con este sistema podamos cargar muy rápidamente, en 1 hora o 2 horas se puede chequear a un ayuntamiento.
Hemos tratado bien por esta simplificación que lo que lo pueden ver luego en el enlace que contiene la transparencia y que espero que quede incorporada a la documentación del Congreso. Con esta información, lo que hemos tratado de conseguir es que sea un instrumento fácil. Está en proceso de cambio en este momento para que cualquiera, ya le digo, no solamente pueda evaluar su ayuntamiento, sino incluso ya entidades grandes, por ejemplo, el propio Ministerio de Hacienda, que es de la que depende la Dirección General de Gobernanza, se ha interesado por la herramienta y lo hemos adaptado a él para que desde ese ministerio pueda asimismo controlar a los 22 ministerios para saber.
Diríamos que sería una derivación de esta herramienta que se puede facilitar para cualquier otra gran institución que sea el Gobierno autonómico, sea gran ayuntamiento, que tiene un sistema de carga del portal complejo, es decir, a veces intervienen hasta 20 áreas, cargando un portal de transparencia y la entidad central puede tener problemas, o puede tener interés en saber si todo el mundo está cargando a 31 de marzo, cuántos han cargado o no han cargado. Entonces este sistema también les permite, creando un sistema cerrado para ellos mismos, en este caso para el Gobierno de España, le permite, digamos, controlarse hacia dentro, es decir, controlar a sus propios ministerios, para saber quién está cargando el portal y quién no.
Como les decía, hasta hace 1 año era un entorno completamente abierto, con capacidad para que cualquiera que se lo autoevaluara lo publicara en el propio portal. Entendimos que eso era disuasorio porque la gente no le parecía, seguramente cuando se evaluaba, pues de repente lo iba a poder ver todo el mundo. Y hemos facilitado ahora que el que se evalúe, que haga evaluaciones logueándose con un correo, como una red social, con un correo y una contraseña, pues pueda conservar solamente para sí el resultado de sus evaluaciones, imprimírsela, bajarse un PDF, pero que en cualquier caso no tenga el temor de que por estar cargando una información propia de su propia institución, eso va a ser compartido, eso va a ser divulgado si él no lo quiere.
Como les decía, permite cargar cualquier mapa de obligaciones de cualquier ley de transparencia autonómica, tenemos cargados 8000 y pico ayuntamientos de España. Se sumo el Ayuntamiento de Madrid. Ahora puede evaluarse con la herramienta, tanto en su versión antigua que es el evaluat.es como en esta versión que os voy a presentar, que estamos trabajando, que está en proceso de desarrollo.
Permite incluir también si nos piden entidades del sector privado, si nos dicen mira, yo es que tengo estos 60 subvencionados que quiero aplicarles el mapa de obligaciones informativas a las entidades subvencionadas, que son mucho más cortas que las de entidades públicas, para que se hagan idea una entidad subvencionada, sea un hotel con una cadena hotelera, que le han dado 5 millones por COVID, en Canarias 20 entidades para que se hagan una idea recibieron 5 millones de euros cada una en ese año, simplemente por las ayudas COVID. Bueno, pues generaron obligaciones de transparencia. Bueno, pues para ellas, como para una ONG chiquitita que haya recibido 50000 euros, as obligaciones son 15 y esta herramienta permite en media hora chequear, introducir las URLS donde se demuestre que la obligación se está cumpliendo o no, y automáticamente generar su informe de transparencia y su nota, como les decía, con la ley estatal, con la ley básica, porque en realidad casi todas las leyes de transparencia autonómicas contemplan, han desarrollado las obligaciones de publicidad para entidades públicas, pero solamente la básica, la española de 2013, desarrolla, obliga claramente, en la mayor parte de los casos, a tener su micro portal de transparencia a las entidades privadas.
Como decía, respecto a la antigua, lo he contado esto ya un poquito. Permite a cada persona autoevaluarse en base a la ley de transparencia española y canaria. Si entran desde Extremadura pueden encontrar la ley española y utilizar la Ley básica del 2013 para evaluar. El desarrollo que estamos haciendo este año mantiene las posibilidades de la antigua herramienta y abrimos una nueva, es decir, abrimos entornos cerrados, como les he dicho, como para el Ministerio de Hacienda, perdón, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, depende de la Dirección General de Gobernanza para que en un entorno propio, que nos han dado su mapa de obligaciones de los ministerios, ellos puedan conocer cómo los 22 ministerios están cumpliendo con el portal general. Si esto nos plantea, veo aquí el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que también es una Comunidad Autónoma casi en su complejidad, pues evidentemente podemos crearle en horas un sistema propio al Ayuntamiento de Madrid aprovechando esta herramienta.
Esto lo hacemos, como les decía, facilitando que solo los miembros de esos grupos puedan ver sus resultados para que tengan confianza y le puedan utilizar como herramienta interna de control de una organización grande en el seguimiento de su transparencia.
Y bueno, en los dos próximos meses, yo creo que antes de Navidad la tendremos perfectamente rematada y puesta a disposición de cualquier colectivo o grupo, la FEMP, los consejos de transparencia, etcétera, etcétera.
Esta es la que está actualmente funcionando, que es la que les digo compleja, que se llama evaluat.es, que ya les digo era bastante o sigue siendo bastante compleja. Aquí tienen 8452 sujetos cargados para poderse evaluar, fundamentalmente los ayuntamientos; y esta es más sencillita, la hemos descargado de muchas complejidades, tratamos de que sea muy, sigue teniendo la base de datos de los ayuntamientos, para para que cualquiera los pueda evaluar, pero va a ser, yo creo, mucho más sencilla de manejar y más factible para cualquiera.
Estos son los informes que produce. Da la nota por tipología de la información, no solamente una nota global, sino que te da la de información institucional, la jurídica, la patrimonial, la de derecho de acceso. Eso es decir, da no solamente una nota, sino que da, esta es una página típica de cómo se carga. Voy acabando. Normativa aplicada a la organización. Bueno, pones aquí la URL donde existe y el sistema, como es de autoevaluación, te dice, bueno, te puntúa con 100. Si no tienes una URL, si no tienes la información relativa a la organización, pues evidentemente ese punto no se lo da por bueno ese.
Con esto creo que… aquí tienen las transparencias. Se va a quedar a disposición de la organización y aquí tienen el enlace a nuestros recursos, hemos ido creando con los años sobre evaluación, digamos oficial por nuestra parte, a todos los sujetos públicos y privados canarios y el medidor evalúa-T está en este enlace.
Que aquí no hay más que darse de alta y empezar a trastear. Ven ustedes que no es evaluat.es sino que está en proceso de desarrollo, que lo tenemos abierto, que está en proceso de desarrollo y puede, digamos, cualquiera va a encontrar su ayuntamiento o su diputación, su Comunidad Autónoma, la va a encontrar y va a poder hacer, trastear en 1 hora o 2 horas y poder practicar con ello.
Y si tiene cualquier duda, los enlaces los ponemos ahí, pueden resolverla por correo electrónico o por teléfono. Muchas gracias.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, intervino junto a José Luis Ros Medina y Lorenzo Cotino Hueso en la presentación del libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» durante el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.
El libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» ha sido coordinado por José Luis Ros Medina, José Manuel Mayor Balsas y Encarna Hernández Rodríguez.
Entre los autores de los diferentes capítulos del libro se encuentran Francisco Javier Amorós Dorda, Elisabet Samarra, Emilio Guichot, Francisco Delgado Morales, Manuel Villoria, Lorenzo Cotino Hueso y Daniel Cerdán.
El resumen del libro versa así: «El legado de Pepe Molina Molina es demasiado extenso para resumirlo en un libro. Durante su mandato como Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia desarrolló una intensa labor de control de la transparencia, reflexión sobre su mejora, promoción de su uso y pedagogía tanto hacia la clase política, como hacia los académicos y al resto de la sociedad civil. Del mismo modo, centró su interés y esfuerzo en que la transparencia no estuviera aislada, sino arropada por la participación ciudadana y la colaboración, dentro del marco del gobierno abierto; de ahí su interés en los presupuestos participativos, en la formación ciudadana y en la rendición de cuentas. En esta obra hemos pretendido rendir un pequeño homenaje a aquél luchador y visionario de la mano de algunos de sus mejores amigos y compañeros -donde destacan desde directivos y funcionarios de los órganos de control de la transparencia, hasta juristas especializados en el derecho a saber, académicos de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y profesores y activistas de la participación ciudadana y la colaboración-, realizando un compendio de las diferentes temáticas del gobierno/Estado abierto que pueden generar, como Pepe pretendió a lo largo de toda su vida, una nueva gobernanza.»
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, intervino en la sesión abierta sobre las Principales actuaciones de los órganos garantes de la Transparencia, donde participaron los representantes de los consejos y comisionados de transparencia de España, en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DE NATALIA DEL CASTILLO RAMOS
El estudio que a continuación se reproduce, sobre la calidad de la información de los portales de transparencia de los ayuntamientos canarios, corresponde al trabajo de investigación realizado por Natalia del Castillo Ramos para su Trabajo de Fin de Máster del Máster en Innovación Comunicativa en las Organizaciones de la Universidad de La Laguna, en el curso académico 2020/2021, que puede consultarse íntegro en este enlace.
Calidad de Información en la Transparencia Local: un Análisis de los Portales de los Ayuntamientos de Canarias
Natalia del Castillo Ramos
Resumen
La transparencia municipal en el Archipiélago ha dado pasos importantes desde que está siendo objeto de control por parte del Comisionado de Transparencia a través de su Índice de Transparencia de Canarias. Sin embargo, no se puede hablar de transparencia si no se comunica, si no se llega de manera efectiva a la ciudadanía. La legislación vigente en esta materia en España establece que la información pública sujeta a publicidad activa debe estar disponible en un portal web de manera clara, estructurada y entendible para las personas interesadas. Para alcanzar una transparencia real en las administraciones es necesario avanzar en la adaptación de los contenidos de los portales de transparencia en base a los principios de usabilidad, accesibilidad, “encontrabilidad”, lenguaje claro y accesibilidad cognitiva, entre otros. Este estudio analiza en qué medida cumplen los portales de transparencia de los municipios de Canarias con estos principios, en términos de Calidad de Información y de Comunicación Clara. Entre los datos analizados se destaca que 16 de los portales municipales no tienen recursos visuales ni gráficos, ni buscador, y tampoco tienen la información publicada en html, en formatos reutilizables, ni fecha de actualización visible en más del 75 % de los tipos de información. Los resultados obtenidos evidencian, por tanto, el largo camino que falta para conseguir que los contenidos de los portales se acerquen a la ciudadanía mediante el apoyo de herramientas de visualización de datos que adapten el lenguaje administrativo a un lenguaje ciudadano.
1.Introducción
Desde la creación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (2013) y de las leyes autonómicas posteriores, se presupone que la ciudadanía tiene a su alcance toda la información pública necesaria para saber cómo se gestionan los recursos en las administraciones públicas y en las entidades privadas que también trabajan con recursos públicos. Esta información debe estar, por un lado, publicada de manera digital, en lo que se ha denominado portal de transparencia, y por otro, a través de la solicitud de información pública ejercida a través del derecho de acceso. Así como la ley estatal de transparencia creó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la finalidad de promover la transparencia, velar por el cumplimiento de la publicidad activa y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso, algunas leyes autonómicas de transparencia crearon órganos de control análogos al estatal con el mismo fin. En Canarias, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de derecho de acceso a la información pública (2015), creó al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para supervisar y controlar la manera en la que las entidades canarias cumplen con la ley, tanto en materia de publicidad activa como de derecho de acceso.
Este Comisionado de Transparencia lleva desde 2015 evaluando los portales de transparencia de Canarias para determinar en qué medida cumplen con sus obligaciones de publicidad activa. Esta evaluación anual ha supuesto una mejora evidente de dichos portales en cuanto a la publicación de la información sujeta a publicidad. Los resultados de las evaluaciones son publicados en los informes anuales (Comisionado de Trasparencia, s.f.-a) y en ellos se aprecia una mejora significativa de las notas obtenidas año tras año. En lo que respecta a las 98 administraciones públicas canarias, la Comunidad Autónoma, 88 Ayuntamientos, 7 Cabildos y 2 Universidades; la nota media en el Índice de Transparencia de Canarias de 2016 era de un 3,14, y un año después, en 2017, alcanzó el 5,47. En 2018 la puntuación bajó unas décimas hasta el 5,36, pero en los últimos resultados publicados, correspondientes a 2019, la nota de las administraciones públicas del archipiélago llegó hasta el 6,68 de media (Comisionado de Transparencia, 18 de diciembre de 2020).
No obstante, este aumento de puntuación de los portales de transparencia en Canarias no está necesariamente relacionado con el acceso real de la ciudadanía a la información publicada, en relación con la Calidad de Información y la Comunicación Clara de sus contenidos. La Calidad de Información responde a los principios basados en la usabilidad en el diseño web como son la accesibilidad, la facilidad de uso, la “encontrabilidad” y la reutilización, entre otros; mientras que la Comunicación Clara (escrito con mayúsculas por los autores) es una tendencia comunicativa basada en la sencillez, con el objetivo de que todas las personas puedan comprender la información de una manera directa, fácil de entender, transparente y eficaz (Prodigioso Volcán, 2020).
¿Realmente hay comunicación en los portales de transparencia o son meros cajones digitales de documentos indescifrables para la ciudadanía? Si la información sujeta a publicidad activa por las leyes de transparencia se publica en documentos escaneados y extensos, llenos de tecnicismos administrativos, sin ofrecer la posibilidad de reutilizar los datos, sin poder consultarse de manera directa en la web y sin elementos gráficos que faciliten el entendimiento de cifras complejas, en lugar de ser un ejercicio de transparencia y comunicación, en la práctica se convierte en opacidad, porque la ciudadanía se encuentra con una información que no puede descifrar.
En esta investigación se hace una revisión de los conceptos derivados de la Comunicación Clara y la Calidad de Información, para analizar, posteriormente, los portales de transparencia de los ayuntamientos de Canarias conforme a esos estándares o principios atribuidos. El objetivo es esclarecer en qué medida cumplen o no los portales de transparencia municipales del archipiélago canario con los requisitos necesarios para comunicar la información sujeta a publicidad activa de manera eficaz a las personas interesadas en conocer cómo se gestionan desde su ayuntamiento los recursos públicos del municipio.
Para ello, se ha realizado una investigación cuantitativa a través de la técnica del análisis de contenido, creando una ficha de análisis que permita la recopilación de los datos necesarios para obtener una serie de resultados cuantitativos y numéricos (Igartua y Humanes, 2004).
2.Metodología
Para realizar la investigación, se ha utilizado la técnica de análisis de contenido cuantitativo en la que se tomaron como objeto de análisis los portales de transparencia municipales de Canarias. De esta manera, se procedió a examinar los portales de transparencia de los 88 ayuntamientos del archipiélago canario: 31 de la isla de Tenerife, 21 de Gran Canaria, 14 de La Palma, 7 de Lanzarote, 6 de La Gomera, 6 de Fuerteventura y 3 de El Hierro. Asimismo, se ha tenido en cuenta la cifra de población, obtenida de las Cifras Oficiales de Población (ISTAC, 2021), la isla y la provincia de pertenencia de cada municipio con el fin de poder ampliar la explotación de los resultados. El número de habitantes es bastante dispar entre los municipios canarios. Son 9 los municipios que tienen más de 50.000 habitantes, ordenados de mayor a menor población: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana y Granadilla de Abona. Entre los 50.000 y 20.000 habitantes hay 21 municipios, 31 tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes y 27 ayuntamientos no alcanzan los 5.000 habitantes.
Por otro lado, se ha clasificado a los portales según la empresa que los desarrolló. En este sentido, consta para este estudio que los ayuntamientos de Canarias han desarrollado sus portales con las siguientes entidades según el tipo de alojamiento:
Con portal alojado en sede electrónica: esPublico y Galileo.
Con portal alojado en el sitio web: T-Systems, Dyntra, SmartGov, Inventia, ATMDOS, Gobierno de España y recursos propios de cada ayuntamiento.
Conociendo esto, se podrán obtener datos sobre si influye o no en la calidad de la información de los portales la empresa que creó el portal y la plataforma donde se aloja, siendo esta sede electrónica o página web. En la siguiente tabla se puede observar que el 77% de los ayuntamientos ha puesto en manos de dos empresas como esPublico y Galileo el desarrollo de sus portales de transparencia (42 portales creados por esPublico y 26 por Galileo). Los portales desarrollados por estas dos empresas están alojados en sede electrónica, mientras que el resto de los portales, los 20 restantes, están desarrollados por otras entidades o con recursos propios de la corporación (12) y alojados en sitios web en lugar de en sedes electrónicas.
El procedimiento de análisis se detalla a continuación. Se ha entrado uno por uno en los portales de transparencia municipales y se ha navegado por sus diferentes secciones, repitiendo el mismo proceso de observación, basado en la respuesta a 12 preguntas y otras 6 cuestiones derivadas de las preguntas principales, recogidas en la ficha de análisis. Para responder a la pregunta de si hay información sobre los portales de transparencia en la sección de noticias, se han revisado también todas las páginas webs de los ayuntamientos analizados y comprobado si había alguna entrada referente a transparencia en el apartado de noticias o actualidad en los últimos tres meses.
Para responder a las preguntas en las que se ha puesto el requisito de que los portales de transparencia cumplan con el ítem en cuestión en más de un 75% de los tipos de información, entendiendo que un porcentaje inferior de cumplimiento no alcanza el nivel de calidad de información adecuado, se toman como referencia los 17 tipos de información de publicidad activa que figuran en la ley canaria como información sujeta a publicación en los portales de transparencia: Institucional, Organizativa, Personal de libre nombramiento, Empleo en el sector público, Retribuciones, Normativa, Servicios y procedimientos, Económico-financiera, Patrimonio, Planes y programas, Obras públicas, Contratos, Convenios y encomiendas de gestión, Concesiones de servicios públicos, Ayudas y subvenciones, Ordenación del territorio y Estadística.
Por tanto, para alcanzar el 75%, los portales de los ayuntamientos analizados deberán tener la información en html, formatos reutilizables, fecha de actualización e información de los años anteriores en al menos 13 tipos de información.
3.Resultados
(Al ser un análisis muy extenso con datos, gráficos y tablas, no se van a reproducir aquí los resultados obtenidos de la investigación. Estos pueden consultarse a partir de la página 5 del PDF que figura al final de esta página).
4.Propuestas de mejora
Los portales de transparencia han supuesto un avance en la apuesta por la transparencia y la lucha contra la opacidad y la corrupción. Pero la simple creación de estos no basta para lograr una ciudadanía informada y conocedora de la gestión de los recursos públicos.
Se ha puesto de manifiesto por parte de expertos en la materia, algunos de ellos citados en este estudio, el amplio margen de mejora que tienen los portales de transparencia en la adaptación de sus contenidos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos de forma directa, fácil y clara. A continuación, se enumeran 10 propuestas de mejora:
Apostar por un portal de transparencia que comunique, contribuyendo a un mayor acercamiento entre administración y ciudadanía.
Dotar al departamento de transparencia de medios, tiempo y personal suficientes para lograr mantener en el tiempo un portal actualizado, accesible y comprensible. Además, es recomendable que sea un departamento interdisciplinar.
Involucrar a todos los departamentos en las tareas de transparencia. De esta manera la transparencia será responsabilidad de todos, favoreciendo una mayor apuesta por tener un portal de transparencia excelente.
El departamento de comunicación debe formar parte de la cultura de la transparencia de la organización y trabajar juntamente con el departamento de transparencia, puesto que son los profesionales de la comunicación los que por definición tienen las habilidades necesarias para comunicar eficazmente la información a la ciudadanía. Los comunicadores son los más adecuados para la divulgación de la transparencia de las administraciones públicas.
Impulsar el uso de la Comunicación Clara en la organización para hacer que la información de los portales de transparencia sea comprensible para la ciudadanía. Esto pasa por hacer una revisión de la documentación compleja para filtrarla a la ciudadanía utilizando el lenguaje fácil y ciudadano.
Incluir recursos que permitan comprender mejor la compleja información administrativa, financiera o jurídica. Para ello, es imprescindible la inclusión de imágenes, gráficos, mapas, infografías y vídeos que sinteticen y expliquen los procesos e informaciones de una manera visual y atractiva.
Diseñar el portal de transparencia pensando en las personas que lo utilizan y en la imagen que la entidad quiere transmitir.
Alojar el portal de transparencia en un sitio web que sea flexible a la hora de incorporar elementos y recursos que complementen la información. Las sedes electrónicas como la que ofrece esPublico, por ejemplo, no favorecen el desarrollo de portales de transparencia con el mínimo de Calidad de Información exigible.
Invertir en acercar la cultura de la transparencia a la ciudadanía con campañas de sensibilización y divulgación de la transparencia para potenciar el uso de los portales de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
Crear canales de comunicación en los propios portales de transparencia para consultar a la ciudadanía y generar una retroalimentación con propuestas que enriquezcan los portales, no solo en las informaciones sujetas a publicidad activa por las leyes de transparencia, sino también con la publicación de aquellas informaciones que más demanden conocer.
5.Conclusiones
Los portales de transparencia, desde su creación, han servido como alojamiento de archivos o base de datos que acumulan informaciones sujetas a publicidad activa por la legislación vigente en materia de transparencia, cumpliendo así con los diversos indicadores de evaluación y de medición de la transparencia de las entidades activistas y de algún organismo oficial como el Comisionado de Transparencia de Canarias. Pero este estudio ha demostrado que queda mucho margen de mejora, no en que esté la información publicada, que ya en la mayoría de los casos lo está, sino en que esa información se acerque a la ciudadanía mediante una Comunicación Clara y el apoyo de herramientas de visualización de datos que traduzcan el lenguaje administrativo, jurídico y financiero a un lenguaje ciudadano.
La transparencia atañe sin duda al buen gobierno e impulsa la mejora de la gestión pública y política, pero es también indispensable para la democracia, pues solo una ciudadanía que pueda hacer un seguimiento de esa gestión y que esté bien informada sobre la actividad pública podrá ejercer su voto de manera totalmente consciente y argumentada, premiando o penalizando al equipo de gobierno según su buena o mala gestión de los recursos en la legislatura anterior.
Es indudable la complejidad y el esfuerzo que requiere para las administraciones públicas el desarrollo y el mantenimiento de un portal de transparencia. Pero tal esfuerzo habrá sido en vano si la información publicada no resulta útil porque no es accesible o inteligible para la gran mayoría de la sociedad o porque se trata de datos que no pueden verificarse y por tanto no generan confianza (Martínez, 2015).
Actualmente, los portales de transparencia municipales siguen sin comunicar, y sin comunicación no hay transparencia real. Los resultados de esta investigación son reveladores sobre el grado de Calidad de Información de los portales de transparencia de los ayuntamientos de Canarias y probablemente sean extrapolables al resto administraciones públicas. Es necesaria una apuesta seria por la transparencia y eso pasa en primer lugar por la voluntad de las personas que trabajan en las administraciones. Una vez haya voluntad, el resto de los pasos se pueden conseguir sin tantos esfuerzos como se puede presuponer desde una visión externa. Tanto es así, que los datos de este análisis reflejan que, mientras los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes aún no cumplen con todos los criterios de Calidad de Información establecidos en la investigación, hay cuatro municipios con menos de 30.000 habitantes, y uno de ellos con menos de 5.000 personas, que sí alcanzan la mayoría exigible para un portal de transparencia más accesible y comprensible para la ciudadanía.
La transparencia activa de las administraciones públicas en la actualidad se basa lamentablemente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que figuran en las leyes de transparencia y en obtener una mejor puntuación en las clasificaciones de las evaluaciones de transparencia. Sin embargo, este esfuerzo por ser el mejor no va relacionado con ser realmente transparentes para/con la ciudadanía. Es cierto que hay un desconocimiento casi total de la existencia de los portales de transparencia en la sociedad, pero aquellas personas que sí tienen conocimiento de su derecho a estar informadas sobre la actividad pública se encuentran con portales de transparencia opacos, con informaciones y documentos difíciles de comprender.
Un avance en la adaptación de los contenidos pasa irremediablemente por la integración en los departamentos de transparencia de profesionales de disciplinas como la comunicación, la filología, la informática y la pedagogía, entre otras. De esta manera, se garantizaría que los portales de transparencia no solo sirvan de alojamiento de infinidad de documentos, sino que comuniquen de manera clara y se enriquezcan con elementos gráficos y audiovisuales, ayudando a la ciudadanía a entender la información que actualmente es incomprensible para la gran mayoría. Para ello, es importante apostar cada vez más por acompañar la información con imágenes, infografías, gráficos y vídeos, que la información pueda leerse directamente y con un lenguaje claro en la web; que además se pueda descargar en formatos abiertos que permitan reutilizar los datos; que el portal tenga un buscador que permita ir directamente a lo que se quiere consultar y que esté estructurado y organizado; que esté visible la fecha de actualización de cada sección y que la información además de estar actualizada, también contenga un histórico con los datos de años anteriores.
En definitiva, los municipios de Canarias han hecho un esfuerzo notorio en general por situarse en una buena posición dentro de la clasificación anual del Índice de Transparencia de Canarias desarrollado por el Comisionado de Transparencia de Canarias, pero este esfuerzo no se traduce en un trabajo en pro de la Calidad de Información y la Comunicación Clara de los departamentos de transparencia. Principios imprescindibles para lograr unas administraciones públicas transparentes, claras y cercanas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (2013). Boletín Oficial del Estado, 295, de 10 de diciembre de 2013. https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. (2015). Boletín Oficial del Estado, 32, de 6 de febrero de 2015. https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12/con
Maaß, C. (2020). Easy Language – Plain Language – Easy Language Plus. Balancing Comprehensibility and Acceptability. Frank & Timme. https://bit.ly/3bF9knS
Martínez, D. (2015). Evaluación de los aspectos de usabilidad y reutilización de la información en el Portal de la Transparencia de España. Cuadernos de Gestión de Información, 5, 36-52. https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/232211
Prodigioso Volcán. (2020b). ¿Habla claro la Administración Pública?: Estudio preliminar sobre el estado del lenguaje administrativo en España. Comunicación Clara. https://comunicacionclara.com/lenguaje-claro/
En el VIII Congreso Internacional de Transparencia (CIT2023), celebrado en Alcalá de Henares, participó como ponente Natalia del Castillo Ramos, colaboradora externa del Comisionado de Transparencia en servicios de comunicación, gestión de contenidos y evaluación de transparencia.
En su ponencia «Portal de Datos Abiertos del Comisionado de Transparencia de Canarias: hacia una mejor rendición de cuentas», dentro del grupo de trabajo Propuestas sobre el derecho de acceso y la evaluación de la Publicidad Activa, explicó cómo se plantea el portal de datos abiertos que el Comisionado de Transparencia de Canarias pondrá en marcha próximamente: implementación, contenidos, funciones y ventajas.
TRANSCRIPCIÓN DE LA PONENCIA DE NATALIA DEL CASTILLO
Bueno, buenas tardes. Como Daniel ha adelantado, trabajo externamente para el Comisionado de Transparencia, haciendo, por una parte, servicios de comunicación y gestión de contenidos y, por otra, evaluando en los periodos de evaluación a los portales transparencia de Canarias.
Y bueno, hoy les vengo a hablar, como también adelantaba Daniel, de un proyecto que tiene el Comisionado para los próximos meses, y es abrir concretamente todos sus datos, tanto de la publicidad activa como del derecho de acceso a la información pública y también de la propia actividad administrativa del Comisionado, de la gestión, por ejemplo, que hablaba también Alicia, de las denuncias y de los datos estadísticos que se puedan obtener de esa gestión.
Con estas dos funciones principales que tiene el Comisionado de Transparencia, por un lado, como decíamos, la publicidad activa y, por otro, el derecho de acceso, pues se generan una serie de conocimientos a partir de datos, informes, cifras y una serie de documentación que creemos, desde el Comisionado, que vale la pena poner en abierto, no solo publicando en la web como documentos en PDF, escaneados y demás, sino en formatos reutilizables abiertos que puedan servir para ser explotados, más allá de una simple consulta externa.
¿Qué hacer con ese conocimiento que se genera en el Comisionado de Transparencia?
Volcarlos en ese portal de datos abiertos que se pretende abrir para que los sujetos obligados puedan conocer y descargarse un informe en formato reutilizable abierto, porque ya los pueden obtener desde dentro del aplicativo, T-Canaria, cuando se evalúan, pero no pueden asistir a tener la información del resto de sujetos obligados, de su competencia, por así decirlo, en cuanto al ranking de transparencia, y de esta manera sí podrán hacerlo y acceder directamente a los informes individuales de cada entidad; y poder luchar por esa superior nota dentro del Índice de Transparencia de Canarias.
Y, por otro lado, pues para la ciudadanía, como decíamos, que también podrá acceder a esta información que ahora mismo solo la puede obtener de manera individual cada entidad. Sí que pueden acceder a las notas y a las puntuaciones que el Comisionado hace al respecto sobre los Índices de Transparencia en sus informes anuales y en las publicaciones en la web y en los medios de comunicación, pero ahora podrán hacerlo de una manera más directa y reutilizable.
¿Qué contenidos, como decía, estarán disponibles en ese portal de datos abiertos?
Por un lado, los derivados del Índice de Transparencia de Canarias, tanto los informes individualizados de cada entidad, como de cada evaluación desde que se inició la evaluación en 2015 hasta ahora. Y por otro lado, los datos estadísticos de las reclamaciones. Es cierto que las resoluciones individuales en PDF ya están colgadas en la web, y se cuelgan y se actualizan con la mayor frecuencia posible, pero de esta manera también podrá hacerse en formatos reutilizables que permitan al ciudadano copiar y pegar y hacer lo que quiera con esa información; y también los datos estadísticos de esas reclamaciones: número de reclamaciones, de resoluciones, de personas que demandan, qué información se demanda con más frecuencia, y demás.
Y como decía también al principio, los datos puramente de la actividad del Comisionado, que además de estar en el propio portal de transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, accesibles para todos, cumpliendo y dando ejemplo a esas entidades que pretendemos evaluar de lo que hay que informar en el portal; también en formato totalmente reutilizable abierto.
¿Cómo se va a implementar?
Pues a través de una plataforma que se llama CKAN, que no sé si todos la conocen. Pero bueno, desde que se empezó a implementar y, en términos coloquiales, a ponerse de moda los portales de datos abiertos, CKAN ha sido una de las plataformas más elegidas por los diversos gobiernos y administraciones para llevarlo a cabo, porque es una plataforma de código abierto, es de software libre y además es una interfaz bastante amigable, tanto para el usuario como para los propios administradores de ese portal de datos abiertos. La carga de información y de datos, y luego la descarga por parte de los usuarios, es bastante sencilla.
Además se puede editar totalmente, se puede personalizar de cara a la propia imagen de corporativa de cada entidad, en este caso, la del Comisionado de Transparencia, y visualmente quedará como una página web o un apartado más de la página web del Comisionado. Con la imagen corporativa del Comisionado, pero internamente cuelga de esta plataforma, CKAN.
¿Cuáles son las ventajas de abrir los datos de esta manera?
Es cierto que quizás llegamos un poco tarde a esta subida al carro de los datos abiertos, pero igualmente ya nosotros, dentro de la página web del Comisionado, hacíamos una labor de intentar subir todos los contenidos posibles, lo más reutilizables posibles, pero nos quedaba como esa pena de no poder darle a toda la ciudadanía los contenidos reales de cada informe individual de transparencia, que puedan directamente ir al Gobierno de Canarias o al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y decir, pues mira, en este punto falla en esto y tal, porque el informe del Comisionado habla de manera general, datos estadísticos de cumplimiento, pero no de cada una de las instituciones.
Por un lado, para el propio Comisionado es una ventaja porque facilita la propia transparencia del Comisionado, la transparencia de su actividad y de sus funciones, y también el acceso a la información que ofrece de una manera más fácil para la ciudadanía, de esa propia información del Comisionado. Y por otro, también para las propias administraciones, facilita y promueve la rendición de cuentas, viendo que van a ser publicados todos sus datos de sus evaluaciones de manera individualizada, y que los ciudadanos pueden consultarla, Con lo cual, creemos que va a incentivar una mejora también en este cumplimiento, aparte del propio ranking del Comisionado, que saca a nivel anual, de cada evaluación en los medios de comunicación, nos informa de quiénes están cumpliendo mejor con puntuaciones de cero a 10; y verse obviamente reflejados en un ranking público hace que se pongan las pilas. Y lo comentaba también Alicia con esa evolución de los colores en el mapa de los ayuntamientos; pues ahora esperamos que se incentive, más incluso, esa transparencia que, ya hemos mencionado, viene promoviendo desde que comenzó en 2015, 2016.
Y por último, también para la propia ciudadanía, por supuesto, que es para quien va destinado este portal de datos abiertos, porque facilita la reutilización y la utilidad de esos datos. No solo para ciudadanos de a pie, que quizás por intereses simplemente informativos quiera consultar esta información, sino también para trabajos académicos, para información periodística, informes, reportajes y demás, información más de investigación, de trabajo periodístico, y también actos administrativos, por qué no, quizás podrían motivarse más las denuncias que comentaba la compañera, al saber que se puede tener un informe exhaustivo del cumplimiento o el incumplimiento de una entidad, poder denunciar -he leído en este informe del Ayuntamiento X que falla en esto, pues quiero denunciarlo para que lo cuelgue-.
Entonces también fomenta, por último, la participación de la ciudadanía en esa actividad del Comisionado y también en la toma de decisiones informadas con respecto a su propio ayuntamiento, si está conforme o no con la actividad que realiza.
¿Qué funciones tiene?
Es, como decíamos, un portal muy amigable. Tiene 3 funciones principales, un buscador y unos filtros, como todo portal o servidor, para facilitar la búsqueda por términos o por categorías de la información, y filtrar también por esas búsquedas, tiene un filtro en el que puedes clicar e ir filtrando.
Por otro lado, la visualización de los datos en el portal de abiertos sin necesidad de descargarlos previamente, es decir, facilita primero que el ciudadano pueda ver la información y luego decidir si quiere obtenerla y descargarla para para seguir trabajando con ella o simplemente ver los datos de una manera más gráfica, más visual.
Y por último, obviamente, la descarga de datos en los mayores posibles formatos que podamos, y además en varios, porque desde la valoración de transparencia del Índice de Transparencia de Canarias siempre decimos que la información debería de estar en los máximos posibles formatos que puedan tener para que cada ciudadano o ciudadana elija el formato que más le conviene para esa información.
¿Cómo lo haremos?
Pues primero publicando y poniendo en abierto este portal, que ahora estamos trabajando en él. Agregando todos los datos que hemos obtenido de esta actividad que hemos comentado anteriormente, de esas dos funciones, esas dos patas del Comisionado. Por supuesto, una vez que se cargue la primera información, ir actualizándola y cargando los demás contenidos que se vayan actualizando con la frecuencia que se generen.
Y finalmente seguir buscando mejoras constantes, que siempre en el Comisionado estamos en ello, y ver si realmente ha sido práctico ese portal de datos abiertos o necesita darle una vuelta de tuercas para que realmente sea útil, tanto para la ciudadanía en general como para los propios sujetos obligados del Comisionado.
– Daniel Cerdán hace balance de sus nueve años como alto comisionado del derecho ciudadano a acceder a la información pública
– Noelia García lo sustituirá en el cargo el 8 de mayo
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
En la década de los 80 del pasado siglo era periodista, con posterioridad fue 20 años la sombra de Adán Martín tanto en el Cabildo tinerfeño como en el Gobierno canario y, desde 2015, es el alto representante del Parlamento que defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública de las administraciones. Cuando llegó al cargo existía la nada y ahora deja una institución que fue premiada por el Estado.
En mayo de 2015 usted llega a una institución que no existía. ¿Cómo fue ese desembarco en lo desconocido?
Pues llegué a un despacho vacío que el Parlamento me facilitó y comienzo a recabar reclamaciones de los ciudadanos a los que las administraciones no les había contestado. Como éramos absolutamente desconocidos, en aquel año solo recibimos 18 y ya el año siguiente fueron 80. Empezamos a preparar lo que ha sido la singularidad de este Comisionado, que es la evaluación. Pero al principio no tenía a nadie, fiché a un jefe de servicio, que fue Pedro Pacheco, que fue tan bueno que me lo quitaron, como yo digo siempre en broma, para presidir la Audiencia de Cuentas, y allí sigue. Y así es como empezamos a andar.
Y de ahí a conformar una institución que ha sido reconocida y premiada por el Gobierno de España.
Sí, es cierto. El entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, nos hizo entrega del accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 a nuestra herramienta telemática T-Canaria, que es con la que elaboramos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Y aunque no es un premio, también estamos orgullosos de que el Ministerio de Hacienda haya hecho suya la otra aplicación que creamos, la que llamamos Evalúa-T. Con ella, quisimos poner en marcha una herramienta accesible a los ciudadanos como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que puede ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo. El Ministerio nos pidió poder usarla y lo están haciendo.
¿Y la ciudadanía está usando esa aplicación?
La verdad es que no hay mucho activismo, pero yo siempre digo que la Ley de Transparencia convierte a todos los ciudadanos en periodistas y a todos los periodistas les da una herramienta electrónica fácil y gratuita para preguntar. Es cierto que los políticos no responderán en dos días, pero permite acceder a una información exclusiva que no se obtiene en una rueda de prensa. También pueden ir a los portales de transparencia, donde hay un montón ingente de información que, sin embargo, no se explota.
Por lo que dice, a la vez que han ido instando a la ciudadanía a usar su derecho a recibir información pública han tenido que enseñar a las administraciones a ser transparentes.
Sí, entre otras cosas porque todas las leyes tardan en conocerse y en aplicarse y, sobre todo, si no hay nadie que lo vaya recordando pues, en general los poderes públicos, los funcionarios, tienenotras cosas que hacer y si alguien preguntaba por escrito a una administración, le aplicaban el silencio administrativo, que es lo que menos cuesta y funciona como una negativa de facto. Y la gente no iba más allá porque tenía que gastarse dinero en abogados y esperar dos años a tener una sentencia. Cuando España, último país grande de la Unión Europea en hacerlo, aprueba su ley de transparencia, cambia el chip en las administraciones españolas. El ciudadano, de una manera muy rápida, sobre todo ahora con las sedes electrónicas, y sin ningún costo, pasado un mes de no haber sido respondido puede presentar una reclamación y en tres meses obtener una resolución a su reclamación, que es ejecutiva.
Entonces, ¿el Comisionado de Transparencia o la transparencia funcionan como el adversario que se enfrenta al silencio administrativo?
Sí, en realidad sí. No está mal vista esa apreciación. Es, diríamos, el correctivo del silencio administrativo.
Pero no es suficiente ¿no? Lo digo porque ha propuesto que una futura Ley del Comisionado incluya la capacidad de imponer multas coercitivas.
En la evaluación permanentemente, año tras año, los datos demuestran que no regalamos la nota y suspendemos cuando tenemos que suspender y eso ha hecho que las administraciones vayan mejorando porque a ningún ayuntamiento, a ningún cabildo ni a ninguna consejería del Gobierno les interesa aparecer en los medios de comunicación como denegadores de información a un ciudadano. Dicho esto, en un grupo de trabajo a nivel nacional, porque esto no es una ocurrencia mía, se sugirió lo de poder multar, y esa posibilidad, que ya se ejerce en Navarra, la incluí en el último informe anual.
A los políticos se les llena la boca de transparencia, ¿pero son transparentes realmente?
Bueno, yo creo que va por barrios. Hay instituciones que se resisten a entregar la información y otras que no. Por ejemplo, en el mandato pasado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue el más incumplidor, porque se negó sistemáticamente a entregar información a una concejala de Ciudadanos. Lo mismo pasó con la Consejería de Transición Ecológica respecto a la diputada Nereida Calero o con el Servicio Canario de Salud (SCS). Fuimos muy incisivos, muy persistentes en esos casos y debo decir que ahora esas situaciones se han revertido.
Ahora que se han puesto de moda las comisiones de investigación, ¿son más transparentes que el comisionado? ¿Sirven para transparentar más o van a servir para embarrar más?
Creo que serían más transparentes si se combinaran los dos mecanismos. Es decir, que cuando hay una sospecha razonable o no sobre comportamientos no adecuados o ilícitos, se debería pedir la documentación y, posteriormente, a la vista de esos datos estar en condiciones de a los comparecientes de las comisiones de investigación hacerles oportunas preguntas aclaratorias a lo que los datos dicen. Por ejemplo, en Canarias los contratos que están ahora en cuestión ya están colgados en la plataforma del comisionado de Transparencia y podrían haberlos consultado desde el año 2021, pero no lo hicieron ni los diputados ni los periodistas. Es cierto que nosotros no podemos pedir a una administración que nos diga si se vio o no se vio con tal persona u otra, si le llamó por teléfono o no o si realmente cuando hizo esto o aquello lo que pretendía era hacer otra cosa. Eso es tarea de las comisiones de investigación.
¿Le he entendido que todos los contratos de la época de la pandemia pueden ser consultados en la web del comisionado de Transparencia?
Cuando surgió la pandemia nos pareció, como no había en ninguna de las leyes que se contemplara a qué estaban obligadas a hacer las instituciones en una situación tan excepcional, pasamos a nuestro cuestionario de los índices de transparencia anuales, en paralelo, un cuestionario específico para que las administraciones nos contaran cómo estaban informando de lo que estaban haciendo, tanto en reparto de medicamentos, analíticas, reparto de mascarillas y contratos. Y más que lo que estaban haciendo, qué cosas estaban publicando. En función de eso elaboramos un documento, que lo tenemos colgado en la web en el que aparecen ahí todos los contratos. Ahí están y cualquier investigador, cualquier diputado, cualquier periodista, cualquier particular pudo tirar de esa información. Todo el mundo fue a analizar el informe anual y nadie se interesó por el otro informe. Ahí están todos los contratos de la parte dura de la pandemia, que fue de marzo a septiembre, que era cuando las administraciones estaban contratando sin seguir ningún procedimiento. Hicimos ese esfuerzo, lo pusimos en la web desde entonces y al libre acceso de quien quiera entrar. Sin embargo, nadie lo hizo.
– España: Obligaciones de transparencia informativa en sus webs de las entidades subvencionadas
«Cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor.»
Daniel Cerdán Elcid
Comisionado de Transparencia de Canarias
Las entidades subvencionadas con más de 60.000 euros por las administraciones canarias en el año 2022 y 2023 están llevando a cabo en estos días su propia autoevaluación de la transparencia que practican en el uso de los fondos públicos. Se ha prorrogado el plazo hasta el 15 de mayo para facilitar su cumplimiento.
No solo los recursos empleados por el Gobierno, universidades públicas, cabildos, ayuntamientos y sus más de 230 entidades canarias dependientes de todas ellas han de estar a la vista de cualquier ciudadano sin necesidad de pedir la información. También han de rendir cuentas y cumplir las leyes de transparencia colegios profesionales, cámaras de comercio y las 1.114 entidades privadas (sean empresas u ONGs) que en 2022 y 2023 recibieron cuantiosas subvenciones y están emplazadas a autoevaluarse.
Por cuarto año consecutivo, desde el Comisionado se les emplaza a que lleven a cabo en su sede electrónica su «declaración de transparencia», a través de su aplicación informática T-Canaria, pionera en España en esta materia. El control y evaluación de las entidades privadas se abrió hace una década en el país y tiene pocas equivalencias en Europa. T-Canaria permite de un modo fácil, económico y justo verificar el cumplimiento de la transparencia: la publicación de las obligaciones informativas en abierto que deben a los ciudadanos. Y abre un amplio camino de colaboración público- privada para que más de un millar de trabajadores públicos y privados puedan comprobar la calidad de la información que deben hacer pública y mantener actualizada.
Tanto la Ley de Transparencia española del año 2013 como la Ley de Transparencia de Canarias del año 2014 regulan la transparencia privada. Están aquellas entidades privadas que hayan percibido subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias con importe superior a 60.000,00 € anuales; o bien, de varias administraciones públicas canarias (o españolas), que en conjunto superen los 100.000,00 €.
¿Qué obligaciones informativas se tienen?
Según la Ley de Transparencia española, existen un total de 16 obligaciones sobre información a publicar por parte de las entidades privadas subvencionadas de todo el país. Ya el año pasado comunicamos a todas las administraciones una Recomendación que facilita las cosas en las propias convocatorias de las subvenciones. Para mayor claridad, las cito agrupadas en siete conjuntos:
Estructura organizativa: Requiere la publicación de la estructura orgánica, normativa aplicable a la entidad, funciones y competencias, así como el organigrama que tenga.
Administradores y directivos: Incluye la identificación, perfil, méritos académicos, trayectoria profesional y retribución anual de los administradores y directivos.
Servicios y procedimientos: Entre ellos se ha de describir el uso del canal interno de información o denuncias si la empresa está obligada a tenerlo.
Información Económico-financiera: Requiere la publicación de las cuentas anuales, informes de auditoría, y datos sobre el presupuesto de la entidad.
Contratos: Sólo ha de publicarse información en este apartado si las entidades subvencionadas han realizado en los meses o años anteriores contratos con las administraciones. Solo si tienen contratos con el sector público habrán de ponerlo en su pequeño portal de transparencia en su web.
Convenios y encomiendas de gestión: En este conjunto, se publica la información solo y únicamente en el caso de que haya suscrito convenio con instituciones o entidades públicas.
Ayudas y subvenciones: Es el apartado más importante: Incluye la publicación de la relación de ayudas y subvenciones recibidas de cualquier institución pública, detallando el importe, objetivo, entidad concedente, descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados.
Estas son las dieciséis obligaciones que una entidad privada (tanto en Canarias como en el resto del país) debe reflejar en su portal de transparencia. Con la publicación de esta información, cumplirá con lo establecido en la normativa de transparencia vigente. De lo contrario tampoco estará respetando las determinaciones de la Ley General de Subvenciones (art. 8, 16, 18, 20 y 28), con los riesgos que se pueden derivar de su incumplimiento.
Se obtener más información sobre estas obligaciones informativas, así como sobre los pasos para crear un buen portal de transparencia, en el apartado «evaluación» subapartado «sector privado», de la web del Comisionado de Transparencia. Cualquier duda será despejada en unos días si se consulta por correo electrónico.
La transparencia tiene efectos inmediatos; pero que solo se aprecian y valoran en su debida dimensión a largo plazo. Desde niños, cuando estábamos bajo la mirada de nuestros padres, abuelos o profesores, lo aprendimos: Cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor.
TRANSCRIPCIÓN DEL VÍDEO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN SU WEB DE LAS ENTIDADES SUBVENCIONADAS
¿Eres una entidad privada que ha recibido subvenciones públicas? ¿Conoces sus obligaciones informativas en materia de transparencia?
Te contamos lo esencial en esta corta píldora informativa. La Ley de Transparencia española del año 2013 establece que determinadas entidades privadas tienen que tener un pequeño portal o apartado de transparencia en su web.
¿Qué entidades tienen estas obligaciones? Aquellas organizaciones o empresas privadas que hayan percibido subvenciones públicas que en conjunto superen los 100.000 euros anuales. La normativa de transparencia de las comunidades autónomas puede establecer otros límites más bajos. Por ejemplo, la Ley de Transparencia de Canarias del año 2014 determina –como otras autonómicas – que están obligadas las que superen en un año los 60.000 de subvenciones.
¿Qué obligaciones informativas tienen? Según la Ley de Transparencia española, existen un total de 16 obligaciones informativas a publicar por las entidades privadas. Aparecen aquí agrupadas en siete conjuntos:
– Estructura organizativa: Requiere la publicación de la normativa aplicable a la entidad, funciones y competencias, así como el organigrama que tenga.
– Administradores y directivos: Por una parte incluye la identificación, perfil, méritos académicos, trayectoria profesional; y, por otra, la retribución anual de los administradores y directivos.
– Servicios y procedimientos: Entre ellos, se ha de describir el uso del canal interno de información o denuncias si la empresa está obligada a tenerlo. Si no está obligada, debe indicar expresamente esta circunstancia.
– Información Económico-Financiera: Requiere la publicación de las cuentas anuales y, cuando proceda, la liquidación del presupuesto, así como los informes de auditoría cuando tengan obligación de presentarlos. Si no, deben declarar la inexistencia de esta obligación.
– Contratos: Solo ha de publicarse información en este apartado si las entidades subvencionadas han realizado en los meses o años anteriores contratos con las Administraciones públicas. En tal caso, deben publicar información de los contratos formalizados, sus modificaciones, las decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos y la relación de contratos menores.
– Convenios y encomiendas de gestión: En este conjunto, se publica la información solo y únicamente en el caso de que haya suscrito convenio con instituciones o entidades públicas. Si no, debe declararse expresamente su inexistencia.
– Ayudas y subvenciones: Es uno de los apartados más importantes: Incluye la publicación de la relación de ayudas y subvenciones recibidas de cualquier institución pública, detallando el importe, objetivo, entidad concedente, descripción de la finalidad y objetivos o logros alcanzados.
Estas son las 16 obligaciones que una entidad privada debe reflejar en su portal de transparencia. La normativa autonómica puede exigir obligaciones adicionales para las entidades subvencionadas en la respectiva comunidad autónoma. Concretamente en la Comunidad Autónoma de Canarias no se exigen obligaciones adicionales.
Con la publicación de esta información, la entidad privada cumplirá con lo establecido en la normativa de transparencia vigente. De lo contrario, no estarán respetando tampoco las determinaciones de la Ley General de Subvenciones (art. 8, 16, 18, 20 y 28), con los riesgos que se pueden derivar de su incumplimiento.
Puede obtener más información sobre estas obligaciones informativas, así como sobre los pasos para crear un buen portal de transparencia, en el apartado «evaluación», subapartado «sector privado», de nuestra web en esta dirección: www.transparenciacanarias.org
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