Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia

– «La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia»

– «Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados»

DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA 

«Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.

Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.

Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.

En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.

Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie  de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.

La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.

Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y  caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.

El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.

Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.

Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.

Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.

Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.

Alicante, a 28 de septiembre de 2021″

Intervienen en la lectura:

– Manuel Sánchez de Diego, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia

– Gonzalo Gómez de Villalobos, director de la Oficina de reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

– Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra

– Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)

– Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

– Santiago Álvarez Carreño,  vicepresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

– Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana

– Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón

– Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias

– Miren Martiarena Barcaiztegui, presidenta de la Comisión Vasca de acceso a la información pública

– Gonzalo Gómez de Villalobos en nombre de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública

– Antonio Rovira, consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid

– Rubén García López, secretario del Comisionado de Transparencia de Castilla y León

– José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Comisionado de Transparencia de Canarias informa de su actividad en la sesión abierta de los órganos garantes en el VIII Congreso Internacional de Transparencia

El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, intervino en la sesión abierta sobre las Principales actuaciones de los órganos garantes de la Transparencia, donde participaron los representantes de los consejos y comisionados de transparencia de España, en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto. 

Declaración de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia en CIT2020

– Hay que reformar la Ley de Transparencia y fortalecer sus órganos garantes

– Han de constituirse los consejos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria que sus leyes crearon

“Si bien es un hecho que, año a año y mes a mes, la política de transparencia en nuestro país va reafirmándose… la transparencia, el acceso a la información y los propios órganos garantes continúan estando ausentes de la agenda de los gobernantes y los grupos políticos”, indicó hoy José Molina en su despedida como presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y decano de los comisionados españoles. Es una de las partes significativas de los Declaración institucional de los doce titulares de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España en la clausura del V Congreso Internacional de Transparencia #CIT2020, celebrado durante toda esta semana virtualmente, a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la asistencia de más de 500 personas. Ha sido organizado por ACREDITRA y la Universidad Complutense de Madrid y dirigido y coordinado por Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra Rodríguez.

La declaración fue leída hoy antes de la clausura del Congreso por los titulares de once de los doce órganos garantes de la Red: País Vasco, Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valencia, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Castilla y León y España. No la suscribió Galicia y la han respaldado hasta hoy dieciséis organizaciones cívicas implicadas en el derecho acceso, como ocurrió en los últimos congresos de Cádiz y Málaga.

La Red apuesta por el fortalecimiento, normativo y material, de los órganos garantes de la transparencia. Anuncia sus propuestas de modificación de la Ley básica de Transparencia (“que ha quedado superada por las circunstancias”), tal como fueron definidas en la última reunión presencial de los comisionados. Entre estas modificaciones se halla la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados y del correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés y la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y las personas demandantes de información en caso de conflicto.

Asimismo, reclama el cumplimiento de sus resoluciones y la puesta en práctica de sus recomendaciones, de forma que se reduzca la alta litigiosidad actual en algunos ámbitos.

En este sentido, respecto a la minusvaloración que se ha hecho en unos casos de los órganos garantes de la transparencia, la Declaración afirma que “es preciso señalar que los Consejos de Transparencia de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria continúan -incomprensiblemente- sin constituirse siquiera, hasta dos años más tarde de haber sido creados por sus respectivas leyes autonómicas, en lo que supone una muestra de incoherencia” con sus propias leyes autonómicas.

También denuncia que “la ausencia de reconocimiento y entidad denunciada en todas nuestras declaraciones anuales se manifiesta, además, en unos casos, en la citada escasez de medios económicos y, en otros, en la absoluta falta de medios económicos propios, bien porque no disponen de ningún recurso o bien porque carecen de un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vinculan”.

Finalmente, recuerda que “la demanda de transparencia en la actuación pública y de información ajustada y veraz sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención, ha sido una constante presente en todos los Estados y las sociedades organizadas a nivel mundial. El suministro de la información al respecto ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población al posibilitar el conocimiento de los datos reales y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias”. 

Se celebra en Canarias el Encuentro de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia de España

Esta mañana se han reunido en el Parlamento de Canarias los representantes de los órganos garantes de la transparencia en España para consensuar modificaciones legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La red está formada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña junto con el Síndic de Greuges, el Consejo de Transparencia de Aragón, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, el Consejo de Transparencia de Navarra, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo), el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Valencia, la Comisión para la resolución de reclamaciones de Baleares; y el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que ejerció de anfitrión en este encuentro.

Representantes de los órganos garantes de la transparencia en España | Parcan

 


Javier Amorós: “La transparencia es una herramienta disuasoria muy eficaz contra la corrupción”

La Declaración de Málaga alerta sobre «peligro de dejar «morir de inanición» a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la «opacidad» de las administraciones públicas». #CIT19

02/10/2019 –EUROPA PRESS–

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia ha firmado este miércoles en Málaga una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos que cumplan con la Declaración de Cádiz, documento que se formalizó hace justo un año y en la que los organismos de dicha Red solicitaban apoyo explícito a su labor en favor de la transparencia pública así como un compromiso decidido en la implantación de la nueva cultura de la transparencia.

Esta nueva declaración, que recuerda la necesidad de cumplir con las demandas recogidas en la anterior, ha sido firmada en Málaga, con motivo de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del IV Congreso Internacional de Transparencia, foro de encuentro de expertos en la materia celebrado en el auditorio de la Diputación malagueña. A la declaración se han adherido las principales organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia.

Todos los Consejos y Comisionados de Transparencia españoles reconocen en esta nueva declaración que, transcurrido un año desde que se adoptó la Declaración de Cádiz, «no se ha obtenido la respuesta deseada» por parte de los representantes públicos, lamentando que la política de transparencia «continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos».

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia considera que no han «sido dotados de medios adecuados, ni en el terrero de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales» y destaca que existe «resistencia a esta nueva cultura de transparencia por parte de organismos e instituciones públicas», lo cual «supone un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes».

Representantes de los órganos garantes de la transparencia en el IV Congreso Internacional de Transparencia

También se recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal continúa con una presidencia interina que dura casi dos años, han precisado en un comunicado.

Los firmantes de la declaración consideran que el compromiso de los responsables públicos con la transparencia «ha ido perdiendo peso en los últimos años» y advierten del peligro de dejar «morir de inanición» a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la «opacidad» de las administraciones públicas.

El texto recoge también la necesidad de conectar la transparencia con otras cuestiones en un marco más general de integridad pública, tales como medidas de Gobierno Abierto, códigos éticos, control de la actividad de los grupos de interés o ‘lobbies’, la publicación de agendas de trabajo de autoridades públicas y altos cargos, así como la protección de los denunciantes de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y la ética pública y la necesidad de redefinir la política establecida por la ley de transparencia y por las leyes autonómicas dictadas en su desarrollo.

 

DECLARACIÓN DE CÁDIZ

La Declaración de Cádiz, y en la que se reitera este año la importancia de su cumplimiento, fue firmada el 28 de septiembre de 2018, Día Internacional del Derecho a Saber, por la Red de Consejos y Comisiones de Transparencia y contó con el apoyo de 32 entidades de la sociedad civil.

En esta declaración institucional, todos los organismos públicos encargados de garantizar la transparencia en España lamentaban la falta de medios para ejercer su labor, reafirmaban su compromiso con la implantación de la transparencia en España y solicitaban a los poderes públicos apoyo y compromiso en la «implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia» así como una reforma que mejorara las garantías del «derecho de acceso», es decir, del derecho que tiene la ciudadanía a obtener información pública; y de la «transparencia activa» o la obligación que tienen las organizaciones públicas de informar sobre su actividad.

Entre las reformas que solicitaban estos organismos destacaban aquellas que supondrían un cambio legislativo, como reconocer el derecho de acceso como un derecho fundamental, modificar el procedimiento de solicitud de información para hacerlo más sencillo o reforzar los Consejos de Transparencia para que puedan sancionar a los organismos que no cumplen con las obligaciones de transparencia.

La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia está formada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de garantía de la transparencia a nivel estatal, así como por el resto de las autoridades de control de la transparencia creadas en el ámbito autonómico.

Dicha Red mantiene relaciones permanentes de colaboración a través de encuentros periódicos en los que se tratan las cuestiones que comúnmente les afectan y se intercambian experiencias prácticas que permiten un desarrollo de sus funciones más eficaz y coordinado.


Acceda al texto completo de la Declaración de Málaga aquí: https://congresotransparencia.com/actividad/s19-declaracion-malaga/  

 

 

Los órganos de control de la transparencia en España firman en Cádiz una declaración para demandar más apoyo y compromiso a los poderes públicos

 

 

 

Los órganos de control de la transparencia en España firman en Cádiz una declaración para demandar más apoyo y compromiso a los poderes públicos

Los Consejos y Comisionados de la transparencia estatal, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Murcia, de Valencia, de Aragón, de Canarias, de Navarra, de Islas Baleares, de Castilla-León y del Área Metropolitana de Barcelona, firmaron una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos un «apoyo explícito» a su labor desarrollada y un «compromiso decidido» en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia.

 

Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia estatales.

El 28 de septiembre de 2018, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del III Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Cádiz, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia firmó una declaración colectiva por la transparencia, apoyada por treinta y dos entidades de la sociedad civil. El texto pone de manifiesto que “nuestra sociedad se ha vuelto crítica y exigente porque es conocedora de sus derechos y quiere ejercitarlos para conseguir la mayor cuota de bien común y de bienestar general”. Por ello, “Es necesario tomar consciencia de que la transparencia y la garantía del acceso ciudadano a la información que manejan las Administraciones Públicas es una conquista valiosísima en términos de democratización del control de las instituciones públicas pero que no se consigue sólo con la entrada en vigor de una Ley. Requiere, para ser efectiva, de medios materiales y humanos encargados de aplicarla, y no asignarlos al cumplimento de la legislación de transparencia implica comprometer seriamente su efectividad”. 

La “Declaración de Cádiz” reafirma el compromiso de los Consejos y Comisionados de Transparencia con la implantación definitiva y eficaz de la Transparencia en España. Los órganos de control de la Red demandan un apoyo de los poderes públicos a la importante labor que estos realizan. Demandan también una reforma que mejore las garantías del derecho de acceso, consagrándolo como un derecho fundamental del ciudadano, “el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.