En esta legislatura hubo 5.068 evaluaciones de portales de transparencia canarios

- Se multiplicaron por quince, frente a las 342 del periodo 2015-2018

- Las reclamaciones por denegaciones de información se triplicaron: desde las 618 a las 1.730 entre 2019 y 2022

Las reclamaciones por derecho de acceso a la información pública ante el Comisionado de Transparencia se triplicaron en la legislatura que ahora acaba: pasaron de las 618 presentadas entre 2015 y 2018  a las 1.730. Y las evaluaciones de portales de transparencia se multiplicaron por quince desde las 342 de la legislatura 2015-2018 a las 5.068 realizadas en el periodo 2019-2022.

Se ha aumentado progresivamente el número de entidades evaluadas desde el comienzo de actividad del órgano a través de la aplicación T-Canaria. De los 5.068 expedientes de evaluaciones, 3.161, el 62,4 %, se corresponden con entidades evaluadas solo en 2022, sobre la información del ejercicio 2021. Esto se debió sobre todo al fuerte aumento de las subvenciones COVID del año 2021.

Con respecto al Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que mide la calidad de los portales de transparencia de las entidades públicas y privadas subvencionadas de Canarias, el comisionado Daniel Cerdán presentó en el Pleno del Parlamento una evolución de las puntuaciones medias desde 2016 hasta 2021. La media del sector público se situó ya en la última evaluación en un notable alto, 7,82. De este sector, las mancomunidades son las que están todavía con un nivel de cumplimiento bajo, aunque su media se situó por encima del cinco en la evaluación del ejercicio 2021. Por otro lado, las corporaciones de derecho público, que comenzaron a evaluarse en 2019, han logrado pasar de una media aritmética de 4,52 ese año a un 6,35 en 2021. Y finalmente, el sector privado que todavía no consigue superar el cinco de media, pero para Daniel Cerdán un 4,48 “no es baja, porque es la más alta que conocemos en toda España” y explicó que se debe a que generalmente en las convocatorias y bases de las subvenciones y en las resoluciones de concesiones no se informaba a las entidades de que tienen la obligación de cumplir con las leyes de transparencia si reciben más de 60.000 euros. Por ello, recordó Daniel Cerdán, el Comisionado de Transparencia aprobó recientemente una recomendación sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas.

El Comisionado de Transparencia de Canarias recibió 575 reclamaciones en 2022 que, tiene que ver “sobre todo con la propia visibilidad del Comisionado de Transparencia de Canarias en los medios de comunicación, tiene que ver con nuestra presencia en los canales audiovisuales, especialmente en Youtube; con las consultas telefónicas y mails masivos anuales a miles de operadores en Canarias y con el creciente uso del derecho de acceso por los propios funcionarios de las administraciones públicas para demandar información a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus directivos administrativos”.

 

Daniel Cerdán en la tribuna del Parlamento durante el Pleno del 28 de marzo

Sobre las resoluciones de derecho de acceso, el comisionado de Transparencia destacó que cada vez se hacen con más seguridad y acierto, porque en los dos últimos años no ha habido ningún recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, frente a los 9 recursos que se presentaron contra las resoluciones del Comisionado en los años anteriores. “En ocho de ellos se confirmaron nuestras resoluciones plenamente y en el noveno se le dio la razón parcialmente a la reclamante”, señaló Cerdán.

A lo largo del año 2022 y en los primeros meses de 2023 el Comisionado de Transparencia de Canarias aplicó un programa de monitorización y verificación de cumplimiento de las resoluciones. De las resoluciones de 2020 y 2021 se redujeron los incumplimientos de más de un tercio del total a menos de la décima parte y en 2022, sobre las 338 resoluciones favorables a los ciudadanos, aún se mantiene un 17,7 % de incumplimientos (actualización: en mayo de 2023 el porcentaje de incumplimientos de las resoluciones emitidas en 2022 ha bajado a 8,25%).

El informe anual completo es accesible aquí.

– Los primeros minutos de la intervención de Daniel Cerdán se refieren a datos de las diapositivas de este enlace: https://view.genial.ly/6424319ce2d232001ac12eb4

Se reducen los incumplimientos de las resoluciones de acceso a la información favorables a los ciudadanos

– La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias en la presentación del informe anual en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

Transcripción del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias

A continuación, se publica la transcripción completa del balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias del pasado 28 de marzo:

 

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Pleno del Parlamento de Canarias celebrado el 28 de marzo de 2023

Gustavo Adolfo Matos Expósito, presidente del Parlamento de Canarias: Y, señorías, continuamos tal y como habíamos acordado, la Junta de Portavoces, la Mesa, con el informe del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con los informes anuales acumulados correspondientes al año 2020 y 2021.

Tiene la palabra el señor comisionado, al que le damos la bienvenida a este Pleno del Parlamento de Canarias.

(Pausa)

Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos.

Mi comparecencia de hoy resume y comenta las actuaciones del Comisionado de Transparencia en esta décima legislatura del Parlamento y segunda legislatura en la que está plenamente en vigor la Ley 12/2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

La comparación de ambas legislaturas evidencia lo que está a los ojos y es palpable, y espero que lo puedan ver pronto en las pantallas de la Cámara. En la primera legislatura, entre los años 2016 y 2018, el Comisionado se constituyó, se diseñó, se fortaleció con tres funcionarios y un grupo de becarios y se pusieron las bases tecnológicas y operativas a muy bajo coste, apenas 32 céntimos de euro por canario y año. En  el año 2022, se pusieron las bases tecnológicas y operativas –decía – de la evidente y fructífera progresión posterior en varios órdenes, como podrán apreciar en los cuadros de la pantalla y con detalle en el informe anual que refleja el trabajo de un equipo de ocho servidores.

En ese gráfico verán que en la primera legislatura hicimos 618 reclamaciones de derecho de acceso, que se triplicaron hasta las 1.730 a 31 de diciembre del año 2022. Y lo mismo, o mucho más fuerte incremento, se multiplicaron por 15 las 342 evaluaciones de los portales de transparencia públicos, hasta las 5.068 concluidas en el año 2022, porque fundamentalmente incluimos en los tres últimos años, como ustedes saben, por otras anualidades, la evaluación a los portales de transparencia de entidades y empresas que han recibido ayudas públicas y que están obligadas a la transparencia, igual que lo están, o en menor medida, quiero decir, los portales públicos. Ambas, tanto instituciones públicas como entidades subvencionadas que gestionan dinero público, están obligados, por la ley de transparencia, a dar cuenta mínimamente de lo que hacen.

Como les decía, esas evaluaciones se multiplicaron por 15 en la última legislatura, y en el siguiente cuadro, o en el anterior, incluso, pueden apreciar la evolución de las notas medias por sectores, tanto el autonómico, como el insular, el local, el universitario…,. En el conjunto del sector público, ya llevamos dos años por encima del notable; y creemos que la tarea ha sido ejecutada satisfactoriamente. Ahora, como apreciarán ustedes allí, en esa imagen, la tarea pendiente, y en la que espero poder desgranar un poquito en el segundo turno, es cómo mejoramos el cumplimiento de la publicidad activa: los portales de transparencia de aquellos miles ya de empresas y entidades privadas que reciben fondos públicos, tanto del Gobierno, como de los cabildos, como de los ayuntamientos canarios.

Como les decía, ahí, en el informe y en ese cuadro, tienen la evolución sintetizada de las notas de todos los operadores. Ya  les comenté que el último año han sido 3.167, como se aprecia en la siguiente curva, en el siguiente gráfico, de evolución del número de evaluaciones. Verán ahí que el salto fundamental se produjo en el último ejercicio, donde pasamos de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 del año pasado, como les decía, porque más de 2.000 ayudas COVID de más de 60.000 euros se incorporaron a nuestro censo de entidades emplazadas a rendir cuentas sobre transparencia, y produjo ese disparo hacia arriba de la curva del Índice de Transparencia de Canarias, que, como saben, mide el estado de la “salud” o calidad de la publicidad activa. Es decir, la calidad de los portales de transparencia, que no hay que confundir nunca con la “salud” de la transparencia global del sistema público de Canarias, porque en el sistema de la transparencia pública de cualquier ámbito territorial cuenta tanto o más cómo se ejerce el derecho al acceso a la información:  cuando se le pregunta a las instituciones por información pública, como lo se cuenta o se hace en los portales de transparencia, que es, digamos, el aspecto que más se ha conocido en los últimos años de nuestro trabajo, hasta ahora.

Lo advierto desde ahora: para nada somos triunfalistas con las cifras que acabo de exponerles, la detección de nuestras carencias y fallos, con la ayuda encontrada, entre otros, en este Pleno y en la Comisión de Gobernación, nos sirve cada año para avanzar. Y lo primero que he de hacer es expresar mi sentido agradecimiento por ello, así como también a los servidores públicos de este Parlamento, con los que compartimos lugar de trabajo, por su ayuda y consejo cada vez que lo necesitamos.

Hasta ahora hemos sido objeto de atención pública, como les decía, tanto en Canarias como en Madrid, en Murcia o en Navarra, donde están implementando nuestro modelo de evaluación de las portales de transparencia. Hemos captado la  atención en esas comunidades y también en Iberoamérica, donde a veces se han interesado por este modelo que hemos desarrollado en Canarias, por nuestra singularidad  en la creación de un índice de transparencia que mide los portales de información de las instituciones y también de las entidades subvencionadas.

Y lo hemos hecho a través de esta herramienta, T-Canaria que corre y está disponible en nuestra sede electrónica y que ha suscitado, además de  reconocimientos a nivel nacional, una posibilidad de evaluar a muchas entidades a muy bajo costo. Prácticamente podemos entrar en eso en el futuro, a pesar de que hacemos 3.167 evaluaciones, pues prácticamente nuestro costo se mantiene en menos de 80 euros por evaluación. Lo hemos podido hacer y por eso ha suscitado el interés de otras administraciones semejantes a la nuestra. Pero esto es bastante conocido. Lo que quería destacar sobre todo de este año se refiere al compromiso que adquirí ante ustedes en esta misma Cámara el año pasado, en 2022, centrado más que en la publicidad activa, [donde hemos visto que hemos conseguido unos niveles bastante aceptables], en el derecho de acceso a la información. Y quería repasar con ustedes algunos datos.

En la anterior legislatura, donde fueron tres los años plenos de aplicación de la ley, abordamos 618 reclamaciones de derecho de acceso a la información desde los ciudadanos, concejales y consejeros de los cabildos, frente a las 1.730 de los cuatro años que van del año 2019 a 2022. Es decir, prácticamente hemos triplicado los expedientes de este tipo, que son los más característicos de los consejos de transparencia autonómicos y en todo el mundo; es decir, son los que se dedican a amparar y garantizar este tipo de derecho ciudadano. Son aquellos que tratan de garantizar la entrega de la información a los ciudadanos sin necesidad de largos y costosos pleitos judiciales.

Las 575 reclamaciones presentadas en el año pasado nos vuelven a situar a en los lugares de  cabeza del país en reclamaciones por 100.000 habitantes ( 26 anuales por 100.000 habitantes), y esto tiene que ver, sobre todo, con la propia visibilidad del Comisionado de Transparencia en los medios de comunicación, tiene que ver con nuestra amplia presencia en los canales audiovisuales, especialmente en Youtube, con las consultas telefónicas y mails masivos anuales a miles de operadores en Canarias y con el creciente uso del derecho de acceso a la información por los propios funcionarios de las administraciones públicas para demandar información a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus directivos administrativos.

Y las resoluciones de derecho de acceso a la información las hacemos con cada vez más seguridad y acierto; quiero y permítame pensarlo así a la vista de los datos. Porque en los dos últimos años no hemos tenido ningún recurso  ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De las 1.003 resoluciones de derecho de acceso que hemos dictado en los años 2021 y 2022,  no ha sido recurrida ninguna, frente a los nueve recursos que se presentaron contra nuestras decisiones en los años anteriores, cuando habíamos firmado 1.037 resoluciones. En ocho de ellos se confirmaron nuestras resoluciones plenamente y solo en el noveno se le dio la razón parcialmente a la persona reclamante.

En los últimos años, lo más destacado en este campo no es el crecimiento de las resoluciones de derecho de acceso. Hasta hace quince meses estábamos, como la mayor parte de las comunidades autónomas donde se conocen este tipo de datos, que no en todas se conocen, en un nivel francamente lamentable de escaso cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso por parte del conjunto de las administraciones canarias, o mejor dicho, sobre todo de las instituciones autonómicas y municipales, ya que en el ámbito insular de los cabildos los ratios han sido históricamente mucho mejores, como también se puede apreciar en el resumen ejecutivo de nuestro informe. Ningún cabildo tiene ahora ningún incumplimiento de resolución de derecho de acceso pendiente de los tres últimos años. Y por eso hemos querido destacar el comportamiento de los siete cabildos, porque de alguna manera son un poco como una referencia ejemplar  para el resto de las Administraciones en el futuro.

A lo largo del año 2022 y primeros meses del 2023 hemos aplicado lo que les anuncié el año pasado, el programa de monitorización y verificación del cumplimiento, del que informé en esta Cámara y en la Comisión hace unos meses. Entonces, no constaba el cumplimiento de más de un tercio de las resoluciones; un tercio como ocurre en las comunidades autónomas que controlan estos datos, excepto en Navarra, que dispone en su ordenamiento de multas coercitivas para los incumplidores y donde no hay ni un solo incumplidor. Y esto  no porque se haya aplicado multas coercitivas, sino simplemente por el hecho de que, ante su existencia, los incumplimientos son absolutamente nulos, son cero.

Aplicando el programa que les anuncié el año pasado, se han producido estos resultados, como ven en el cuadro. De tener algunos años entre el 35 y el 50 % de resoluciones incumplidas, pasamos a que los incumplimientos en el año 2020 fueran solamente del 8,37 %, ni uno de cada diez; en el año siguiente, del 10,48 %, uno de cada diez;  y en el año 2022, del conjunto de las administraciones canarias, el 17 %, que yo espero reducir hasta por debajo del 10%, antes del verano, porque continuamos con ese proceso de requerimiento constante a las administraciones para que satisfagan las expectativas razonables y justas y acordes a derecho de los ciudadanos:  En los dos primeros años, por tanto, a menos de un 10 % los incumplimientos.

Quiero destacar estos avances, aunque no podemos estar satisfechos hasta que logremos por completo el cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso como han logrado en algunas comunidades.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán, por favor, una cuestión.

Le he dado tiempo. Le he dado un minuto más, medio, 30 segundos más. Yo le voy a dejar 30 segundos más y acabe, por favor.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta.

Por lo tanto, me gustaría simplemente destacar estos avances que no son del todo satisfactorios, como les decía, y dejar tres reflexiones para el siguiente turno del debate. En los tres últimos años he sugerido la implantación de multas coercitivas en diferentes debates para garantizar el derecho de acceso, como ya figura en la Ley de Transparencia, que les dije, de Navarra. También en el borrador de la ley estatal que está trabajándose y también en el borrador de la ley de gobierno abierto que este Gobierno ha estado manejando en los últimos dos años y que no ha llegado a esta Cámara, pero que espero que en la siguiente legislatura se desarrolle en paralelo a la ley estatal que también está cambiando en este momento.

Hemos aprobado la semana pasada una recomendación de publicidad activa para las entidades subvencionadas, que ya hemos visto antes que apenas tienen una nota media de 4,48, pero que va dirigida a todas las administraciones públicas, porque, en parte, el gran problema es que el desconocimiento amplio tanto en el sector funcionarial que debe de aplicar las ayudas, como en las ayudas cuando se reciben sin constancia y sin conocimiento de que están obligadas…

Muchas gracias y continuamos más adelante en estos temas y en cuantos quieran plantearme. Gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 Turno ahora para los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Fernández de la Puente, tiempo cinco minutos.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): Gracias, señora presidenta. Y buenas tardes, señor Cerdán.

Estamos ante el cierre de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica que ha sido. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante muchos meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las administraciones intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesara la actividad y el servicio a los ciudadanos, como, por ejemplo, hizo este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva realidad, ese periodo en que, poco a poco, se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer a día de hoy, salvo en aquellos centros médicos o farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 a finales del año 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos generales del año 2020 a 2021 fueron un claro incremento de la actividad. Usted ha hecho una exposición breve, pero concisa, de todos esos datos y yo voy a hacer referencia solamente a algunos de ellos.

El número de expedientes en el año 2020, 1.267, frente a los de 2021, que fueron casi 2.000. Y si nos fijamos en las consultas que se han realizado, pasan de 1.900 a más de casi 3.000. Unas cifras récord de lo que muestra la evolución que ha tenido la acción de este Comisionado.

Estas cifras de por sí serían muy buenas, si no fuera porque el año pasado se batieron nuevamente todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se evaluaron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que además la gestión de expedientes se duplicó pasando de 1.900 a más de 4.000 en el año 2022. Y si hablamos de las consultas, estas han pasado de casi 3.000 a unas 8.100. Como he indicado en su presentación, las actuaciones han pasado de 5.000 a 12.300.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia de informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento, el 100 % de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde se queda por hacer esfuerzo, como ya le dije en la Comisión cuando usted presentó este informe, es en las corporaciones de derecho público, 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los del año 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios, que no llegan al 50 %, concretamente ese 45 %.

En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más del ocho, salvo en el caso de las mancomunidades, que nuevamente llegan a un aprobado raspado con el 5,32. Poner de manifiesto, y me gustaría, porque me extrañó y se lo dije en la Comisión, la transparencia en cuanto a la Comunidad Autónoma, que haya bajado de un 9,65 a un 8,59. Sigue siendo un índice muy bueno, y este último año rompe con una tendencia de ejercicios anteriores.

Gracias a los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes Administraciones Públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser su obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados.

En este último informe de esta legislatura, y haciendo balance estos cuatro años, como le dije en mi intervención, se ve reflejado este esfuerzo de las Administraciones Públicas por dar satisfacción a la transparencia que debe prevalecer, pero, sobre todo, analizando los datos, pone de manifiesto el magnífico trabajo que un reducido equipo de personas que componen el Comisionado ha venido realizando.

Termino, señor Cerdán. En nombre de mi Partido Ciudadanos, les felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado, y el cual, por supuesto, hago extensivo a todo su equipo.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Fernández de la Puente.

 Turno para el grupo de ASG, señor Ramón Ramos Chinea, por tiempo también de cinco minutos.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Cerdán.

Agradecerle y reiterarle el agradecimiento que ya hicimos al Comisionado de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto, a todo el equipo, que son compañeros de esta cámara, y ya lo hicimos también, como digo, en la comisión de la semana pasada.

Hoy nos traslada, una vez más, los datos contenidos en este informe, relativos entre los años 2020 y 2022, un periodo en que las gestiones realizadas por la oficina o por el Comisionado han aumentado sustantivamente, hasta llegar a 12.277 gestiones realizadas en el pasado ejercicio, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes, incluyendo la mejora en las resoluciones, ya que, de las 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, un porcentaje bastante alto.

Sin duda, es una carga de trabajo que demuestra la proactividad y también la productividad y el continuo esfuerzo del personal del Comisionado, y los avances que han supuesto las herramientas digitales para realizar las comprobaciones necesarias en la labor de transparencia en la gestión de las administraciones públicas.

Y la nota general del Índice de Transparencia en nuestro archipiélago, en Canarias, ha subido hasta el 7,82, como ya decía, en el año 2021, destacando el sector autonómico con 8,51. Los cabildos con 8,42 y los ayuntamientos con un 7,37. Si bien es cierto que el sector privado, que debe rendir cuentas por recibir ayudas públicas, unas 3.161 entidades, pues ha llegado solo a un 4,84 %, aunque cabe destacar que ha subido, aunque sigue siendo ese índice insuficiente.

También es preocupante el cumplimiento de las obligaciones que tiene el acceso a la información pública en Canarias, porque la ratio de cumplimiento entre 2020 y 2022, en vez de subir, ha bajado en el conjunto del sector público.  Desde el 91,63 % se ha bajado al 82,25 %. Hoy hay que revisar las causas de este empeoramiento de datos, aunque consideramos que cada vez más administraciones y entes asociados optan por aumentar su implicación con la transparencia y acceso a esta información, siendo muchas veces los problemas de acceso derivados de la falta de recursos humanos y administrativos suficientes para dedicarlos precisamente a esa tarea.

Pero, como dice el refrán, «querer es poder», y esto es una cuestión de voluntad política. Precisamente en la comisión le daba datos de la isla de La Gomera, usted también lo hacía en su intervención, donde el Cabildo solo recibió dos reclamaciones y un índice de transparencia del 9,58 %, el mejor de todos los Cabildos. Además de la bajada importante de reclamaciones en los ayuntamientos de la isla, solo existiendo cuatro reclamaciones de las 304 que recibieron el conjunto de los municipios de todas las islas.

Y es verdad que a través de los indicadores se puede hacer un mayor esfuerzo de concentración, de motivación para mantener esa excelencia, pero también a través de las recomendaciones y pautas de la oficina del Comisionado podríamos corregir esas deficiencias y aumentar, y, por tanto, la respuesta que le damos también a la ciudadanía.

Señor Cerdán, la intercomunicación entre varias oficinas de Comisionados de otras regiones, a nivel nacional y en los distintos foros, se han realizado evidenciando algunas cuestiones en las que debería mejorarse, tanto normativamente como a través de distintas herramientas, este trabajo para potenciar e impulsar la transparencia y el acceso a la información que deben tener nuestros ciudadanos. Empezando, por ejemplo, por establecer consecuencias jurídicas a quienes incumplen estas obligaciones y los mecanismos para que a través de la oficina del Comisionado de Transparencia se aperciba y se pueda manejar este posible régimen sancionador con efectos jurídicos suficientes.

Y estas son reflexiones que tenemos que hacernos, porque la necesidad de ser transparentes es la misma, pero debemos revisar el sistema para comprobar si en estos años desde 2014, en que se creó el organismo, ver cómo nos vamos adaptando a la normativa y ver cómo ha ido esta mejora en la transparencia.

 Y termino agradeciendo una vez más, señor Cerdán, tanto a usted como a su equipo el trabajo…

(Pausa)

 Gracias, señora presidenta.

Simplemente para acabar, agradecerle, como le decía, señor Cerdán, el trabajo que realiza tanto usted como su equipo, agradecerle que vengan al Parlamento a darnos cuenta de esos datos y ver en qué vamos mejorando y dónde tenemos todavía que reforzar mucho más para que las administraciones públicas cada vez sean más accesibles al ciudadano.

 Muchas gracias.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, don Ramón Ramos Chinea.

 Turno para el Grupo de Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Cerdán.

Nosotros, el otro día lo planteamos en la Comisión, creemos que la sola existencia del Comisionado de Transparencia, digamos, es un valor en sí democrático, porque además estudia los índices de transparencia, no es que sancione, pero sí es verdad que en parte obliga, compromete a todas las instituciones a ser transparentes, y eso es un valor democrático que afortunadamente en nuestra comunidad lo tenemos y además hemos bajado la nota de incumplimiento. En datos, impresionante, la media de España de incumplimiento está en 35 y la nuestra estamos en 17, hemos bajado enormemente. Por lo tanto, creemos que la ciudadanía canaria tiene además en el portal de dicho comisionado todos los datos.

A nosotros nos ha interesado bastante analizar no solamente las entidades públicas dependientes de los organismos, cabildos, ayuntamientos, también el gobierno de Canarias, sino también las entidades privadas, hasta un total de 3.161. Se analizan las entidades que han tenido algún tipo de subvención por encima de 60.000 euros, y eso a nosotros nos parece relevante y la ciudadanía tiene que saber de qué estamos hablando.

A continuación, comentaré algunas. Entidades evaluadas del sector privado 3.161, esto sobre un censo total de 3.766, como ya se ha dicho aquí, con unas actuaciones del Comisionado, que han evolucionado de 5.000 a unas 12.000 y pico. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un trabajo impresionante, que además agradecemos también la presencia aquí de todo su equipo, que está aquí en el palco, y está bien que estén en el palco porque se merecen una consideración especial de toda la ciudadanía canaria, del trabajo incesante, estadístico que hacen ahí también, llamadas y todo este tipo de cosas. Como se ha indicado aquí, la participación ha subido muchísimo, del 100 % casi en las entidades públicas, las entidades dependientes, también en el sector privado…

Esta mañana se decía en alguna intervención por parte del Partido Popular que este gobierno no es transparente, que la comunidad no es transparente, en fin, están quejándose constantemente, incluso de que la Radio Televisión Pública Canaria no es transparente. Pues bien, el dato es el dato que le puedo decir, lo demás es propaganda. Es verdad que hemos bajado la Comunidad Autónoma en transparencia desde un 9,6, está en un 8,59, no llega al punto de baja, pero estamos rondando el sobresaliente.

En cambio, la Radio Televisión Canaria está en un índice de transparencia de 9,97 y la radio de 9,96. Por lo tanto, transparencia máxima. O sea, cuando digan que no somos transparentes, ahí está el dato. Por si se quieren entretener en mirarlo, yo me he entretenido.

En definitiva, yo creo que estamos en una senda positiva, estamos avanzando en niveles de transparencia. Nosotros el otro día en la Comisión llamamos la atención sobre un hecho y es la cantidad, la enorme cantidad, porque se ponen a leer ahí todas las entidades que han cobrado subvenciones por encima de 60.000 euros y resulta que hay un montón de empresas hoteleras, turísticas y derivados que no responden, que incumplen, por ejemplo, no sé, por citar algunas, Promociones Turísticas Tenerife, cobra un millón de euros de subvenciones y no tiene datos de transparencia. Paloma Viz Apartamentos, sin datos, cobra 887.000 euros. Hoteles del Atlántico, casi 500.000 euros, un 0,9 en transparencia. Entonces, creo yo que estos datos también soparán, esto es lo que estudiamos y hagamos un seguimiento también a de dónde se están dando determinadas subvenciones, porque después hay entidades sin ánimo de lucro, no sé, la Cruz Roja, un 10 en transparencia. Caritas, un 10. Radio Beca, un 6,3. Aldeas Infantiles, 8,6. La Federación de Arrastre Canario, 8,24, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, hay datos ahí muy interesantes. También me gusta ver el dato de Global -Salcai Utinsa, para los más viejos- un 8,79 y Titsa también, esto es un 9,20.

Por lo tanto, señorías, yo creo que estamos en la comisión fundamental del Gobierno de Canarias que garantiza la democracia, la transparencia. Aquí están todas las personas y entidades que pueden perfectamente también evaluar los datos. Creo que es un instrumento de ejercicio democrático, por lo tanto, merece la pena darles un vistazo a estos datos y garantizar que la democracia sigue caminando, le pese a quien le pese y no hay retorno.

 Muchas gracias, señorías, y al equipo del Comisionado.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Déniz.

 Turno para el Grupo de Nueva Canarias, señor…

 

Luis Alberto Campos (Grupo Nueva Canarias): Buenas noches, señorías. Buenas noches, señor Cerdán.

Muchas gracias por su exposición y agradecerle el trabajo, esa dirección del Comisionado, agradecer a todo su equipo en el trabajo que vienen haciendo para cumplir con uno de los preceptos y con una de las instituciones que nuestro Estatuto de Autonomía contempla. Por tanto, en el fondo también, una de las instituciones de autogobierno en nuestra tierra.

Cuando hablamos del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, estamos hablando, sin duda, de una institución que entre muchas cuestiones viene a mejorar la calidad democrática en nuestra tierra, viene a garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía, viene a estimular al conjunto de las administraciones públicas a explicar lo que hace, cómo lo hace, y en todo caso, por cuánto lo hace. Pero también, y de manera importante, y es una de las cuestiones a las que me referiré en mi intervención, evidenciando que también el sector privado que recibe recursos públicos está obligado, por tanto, a rendir cuentas, a ser transparentes para el conjunto de la ciudadanía.

Creo que el trabajo que ustedes han venido desarrollando en los últimos años es excepcional. Lo decía al principio, con muy pocos recursos, en su arranque, pocas personas, pocas cuantías económicas, crear una estructura que poco a poco se ha ganado no solo el respeto, la credibilidad, más allá de las críticas iniciales a todos los que recibíamos en alguna institución, ese tirón de oreja, esa llamada de atención, pero que poco a poco entendíamos que ese era un papel fundamental que le correspondía hacer a ustedes, pero, en definitiva, lo que ustedes estaban haciendo era porque lo que nos correspondía hacer a nosotros no lo estábamos cumpliendo. Por lo tanto, felicitarles también por la forma, el cariño y la insistencia para que todo eso se fuera produciendo.

Años en los que el crecimiento del trabajo ha sido importantísimo. Fíjese que no voy a dar prácticamente ningún dato estadístico, usted ya los ha planteado algunos de los que me anteceden. Creo que, en esta última intervención, en esta legislatura referida al Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, y al menos desde Nueva Canarias queríamos resaltar la parte más cualitativa de lo que representa al Comisionado, su evolución en este tiempo, y también los retos de futuro que tiene que afrontar en los próximos años para seguir cumpliendo con sus objetivos y con sus fines.

Fíjese que decía que ha habido un crecimiento del trabajo que ustedes han venido desarrollando importante. Cuando hablamos del crecimiento del trabajo de una figura como el Comisionado, mañana a primera hora, prácticamente, también tendremos la comparecencia de la Diputación del Común. Yo le decía en la Comisión correspondiente que cuando el número de expedientes crece, en la mayoría de las ocasiones, las reclamaciones o las quejas en el caso de la Diputación del Común se incrementan. Yo no sé si eso es una buena noticia o es una mala noticia. Mi interpretación es que es una buena noticia, porque esto es como aquellas cuestiones que pensamos que no sucedían o no suceden y en realidad sí, y afortunadamente cuando la sociedad se atreve a denunciar, a exigir lo que les corresponde, es cuando se evidencia que existía un problema. Sería deseable que no hubiera ni una sola denuncia, ni una sola reclamación, por supuesto, y esa es la aspiración a la que tenemos entre todos, con el papel de acompañante y de tutor, y en cierta medida de velar por que eso suceda, del Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias es el objetivo a alcanzar. Pero lo que es cierto es que, si cada vez más personas reclaman, es porque afortunadamente también, y eso es una tarea importante en el aspecto positivo del trabajo que ustedes han hecho en los últimos años, cada vez más gente, más ciudadanos en esta tierra conocen sus derechos, conocen la figura del Comisionado y de su institución y por tanto la utilizan. Creo que ese es un aspecto importante.

Fíjense, aspectos también relevantes, al menos en este último informe. Usted lo decía, se había comprometido con anterioridad a mejorar una vez que se había avanzado de manera notable en los índices de transparencia, en los portales de transparencia de las administraciones públicas, el compromiso de garantizar que el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía era efectivo. Un trabajo importante que no es nuevo de este último año, que viene desarrollándose en los últimos años, pero en el que han tenido una mirada especial en estos últimos ejercicios con un notable incremento de las resoluciones por su parte.

Pero yo quiero poner también en evidencia un aspecto importantísimo en este último informe. Y fue un compromiso que usted tuvo también en la última comparecencia anterior, en el ejercicio anterior, y era ser capaces de impulsar la transparencia de todas las empresas privadas que habían sido beneficiarias de recursos públicos. Obviamente, las administraciones públicas tenemos que ser los que demos ejemplo, estamos obligados, pero también están obligadas las empresas públicas que reciben cuantías superiores a determinados niveles, 60.000 euros en algunos casos, cuantías superiores en otros, a ser transparentes con el conjunto de la población. Y han llegado a miles de empresas.

Cierto es que con la colaboración de todas ellas, agradecimiento también a quienes así lo han hecho, y también quiero cerrar esta intervención agradeciendo, ya lo hacía al principio, a todo el personal del Comisionado, pero por extensión a todo el personal del conjunto de las administraciones públicas que han participado para que finalmente este trabajo sea posible.

 

María Esther González González, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Campos.

 Turno ahora para el Grupo Popular. Señora, Reverón.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Lo primero, pues darle la bienvenida al señor comisionado y a su equipo, que el otro día tuve el honor también de felicitarles y de verdad les felicitamos del Partido Popular por el gran trabajo que están haciendo y que siguen haciendo con estos informes.

También quiero agradecer la labor que han desempeñado todos los funcionarios y todos los empleados públicos de todas las entidades públicas, que han hecho realidad la transparencia, pues hoy en día estemos hablando de ella, y sobre todo gracias al avance de esa aplicación telemática de Canarias.

Señorías y señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia ha sido clave y esencial. No en vano, la primera ley de transparencia, ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue obra del Partido Popular bajo la presidencia del presidente Mariano Rajoy. Y quiero recordarlo, ahora que está tan de moda hablar de ese gobierno abierto y que algunos intentan ponerse continuas medallas.

Ahora bien, sí tengo que decir que la falta de acceso a la información puede tener graves consecuencias para la sociedad. Por ejemplo, puede permitir la corrupción y el abuso de poder, ya que aquellas personas que están en posiciones de autoridad, pues pueden ocultar sus acciones y, sobre todo, sus decisiones. Es importante que los gobiernos reconozcan la importancia del derecho a la información y a la transparencia, y que trabajen para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a esa información tan relevante y necesaria. Asimismo, es fundamental, por supuesto, que los ciudadanos sean conscientes que tienen ese derecho y gracias a sus campañas de comunicación que ha hecho y publicidad, cada vez lo saben más; porque lo cierto es que estamos asistiendo a unos nuevos tiempos de la sociedad de la información que la desinformación parece que está a la orden del día y eso es peligroso.

En este contexto, la transparencia real es una garantía y renunciable de cara a la ciudadanía y también a los medios de comunicación para que dispongan de las herramientas suficientes para que puedan fiscalizarnos, para que puedan fiscalizar a sus representantes públicos. Y nuestro caso también es una herramienta importante que nos sirve para poder ejercer la labor de fiscalización que todos tenemos. Y en este sentido, sí me gustaría hacer un paréntesis, que hice esta mañana.

Vamos a ver, estamos en el último pleno de esta décima legislatura y en el día de hoy he tenido que denunciar públicamente cómo el Gobierno de Canarias ha dejado al grupo parlamentario de contestarle casi 300 solicitudes de información. Señoría, 300. Y me hace gracia que hoy tenga que escuchar a esta última hora de la noche, que a algunos está claro que no les interesa lo que estoy diciendo. Me hace gracia que algunos vengan y digan, «hombre, es que ha habido empresas que han sacado un 0,3 % en transparencia porque no han contestado». Y yo digo, si me lo permiten, que estamos en confianza yo creo más a estas horas ya de la noche. ¿Perdón? Ah, es que no contesta una empresa privada, Pero y ¿qué pasa con el Gobierno de Canarias? ¿Cómo vamos a pedirle nosotros a las empresas privadas que sean transparentes cuando el propio Gobierno de Canarias no lo es con la oposición, señorías? Y esto deja mucho que entrever.

Por tanto, lo decía esta mañana, la conclusión es clara, ¿qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias? ¿Ustedes saben lo que son 300 solicitudes de información? y ni una sola respuesta. Por tanto, ese dato que ha dado el Comisionado de Transparencia que la Comunidad Autónoma ha aprobado además con nota, tiene un sobresaliente a mi grupo parlamentario, no nos sirve de mucho, porque la otra cara de la moneda es que no nos contestan, o, mejor dicho, no dan la información que no les interesa, porque a otras cosas sí que contestan. Por tanto, señorías, hoy que hablamos de transparencia, transparencia del resto de las Administraciones Públicas, porque lo que respecta al Gobierno de Canarias y su deber de informar a quienes tenemos el derecho legítimo de obtener esa información, pues no lo recibimos. Por tanto, yo sí les voy a decir a los grupos que apoyan al Gobierno, en un Estado de Derecho donde está la división de la separación de poderes, les guste o no les guste, van a tener que seguir contestando a la oposición.

Como ya me queda poco tiempo, yo quiero terminar con lo siguiente. Confiamos en todas las estadísticas que nos ha dado el Comisionado de Transparencia y esperamos que esas estadísticas no se queden solo en eso, en esa foto fija, y que cada vez se pueda seguir trabajando en esta transparencia para que todos y cada uno de nosotros podamos tener acceso a…

Voy terminando, digo que espero que el Comisionado y todo su equipo siga haciendo esa labor de pedagogía para que todos podamos seguir teniendo acceso a esa información tan necesaria para poder fiscalizar y controlar lo que hacen los representantes públicos.

 Muchísimas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Nacionalista Canario. (Pausa) Adelante señora Beato.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Comisionado, bienvenido a esta cámara y también a todo el equipo que le acompaña. Un año más le felicitamos por el rigor y la profesionalidad que siempre demuestra en sus informes.

En cuanto a las obligaciones de transparencia, los datos reflejan una correcta evolución de las instituciones, salvo en contadas excepciones, sobre todo en los ayuntamientos. Podemos afirmar a la vista del informe que en el plano formal las instituciones canarias con carácter general cumplen. Y recalcamos lo de “en el plano formal”, porque señorías, nos preguntamos si es suficiente con el cumplimiento formal de la ley.

¿Se están garantizando los derechos de los ciudadanos a conocer el porqué de las decisiones de sus gobiernos? ¿Es posible conocer la verdadera razón y la motivación de las políticas que nos afectan? Mientras asistimos a gobiernos inmunes a las críticas, alejados de la realidad, amparados en su mayoría parlamentaria, a quienes les incomoda el más elemental diálogo de preguntas y respuestas. ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha tenido programa de gobierno, anunciado, pero nunca aprobado y ni conocido por la ciudadanía? ¿Puede presumir de transparencia un gobierno que nunca ha dado cuenta como corresponde de su programa legislativo en el Parlamento? ¿Que pide consenso mientras decide unilateralmente acuerdos, planes y proyectos que nos presenta aquí a hechos consumados? Un gobierno con un curioso sentido de la democracia parlamentaria que expresa en sentido peyorativo que hacemos política cuando preguntamos o nos interesamos por los problemas reales de la ciudadanía.

Y recordando al filósofo Byung Chul Han, la relación entre la transparencia y la mera apariencia, gobiernos más preocupados por las apariencias que por la realidad, para el que todo es positivo, “Canarias va bien”, dicen, “el milagro canario”, con los peores datos de dependencia, con los peores datos de lista de espera sanitaria y el colapso de la atención primaria, sin plazas sociosanitarias nuevas, sin viviendas nuevas en esta legislatura.

No es posible ocultar la realidad negando la realidad. ¿Y puede sacar sobresaliente en transparencia un gobierno que ni siquiera quiere debatir en esta Cámara si se crea o no una comisión de investigación para conocer qué pasó con 4 millones de euros empleados en mascarillas que nunca llegaron a Canarias? ¿Es posible que apruebe un gobierno que no sabe o no quiere explicar por qué un individuo en plena pandemia deambulaba haciendo negocios presuntamente turbios utilizando dependencias públicas? Un gobierno que esconde la cabeza cuando preguntamos quién, por qué y para qué le facilitó el salvoconducto que le permitió acceder a edificios y despachos oficiales.

En definitiva, señor comisionado, muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Y cómo puede actuar el Comisionado de Transparencia ante esto? ¿Cómo se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos y los derechos políticos de quienes ejercemos la oposición? Porque echamos de menos una mejora cualitativa de la transparencia. Y no puede aprobar un gobierno que ha hecho lo que ha querido y muy poco de lo que dijeron que harían.

Muchas gracias, señor comisionado. Concluimos reiterando la felicitación por el trabajo realizado y animándolo a seguir con esta profesionalidad en la defensa de la transparencia de la gestión pública.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señora diputada.

Turno para el Grupo Socialista Canario. (Pausa) Adelante, señor diputado. Señor Mauricio.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): Muchas gracias, presidenta.

Antes de pensar, hablar de lo que hemos venido a hablar, parece que a los grupos de la oposición les molesta el sobresaliente que tienen las administraciones públicas y especialmente el Gobierno de Canarias. Sí que quiero comentar, porque lo hicieron en la Comisión y lo vuelven a hacer hoy y me parece una falta de consideración al comisionado que ha presentado dos informes y ni siquiera hablan de ellos. Y yo les digo una cosa, ustedes han presentado, según parece, han denunciado esta mañana que han presentado 300 preguntas y todo esto. Bien, ustedes han presentado 300 preguntas, las preguntas las presentaron, he visto yo los registros, desde el año 2019. Las han traído a Pleno en el último pleno de la legislatura, cuando habían presentado las preguntas en septiembre de 2019. La Cámara tiene instrumentos para la labor del diputado, que es traerlo a Pleno. De forma inmediata, el gobierno tiene un mes y al mes lo puede traer a Pleno. Es más, puede traerlo a Pleno en un mes y si no consigue una respuesta que le satisfaga, pueden dictar resoluciones o instar a que se dicten. Cero resoluciones en esta Cámara, en esta legislatura. Cero sobre la transparencia del gobierno, que es sobresaliente. Y así lo recoge el propio informe. El informe lo dice claramente, la población canaria disfruta de un nivel altísimo de transparencia.

Pero yo, como no quiero ser desconsiderado, el tiempo que me queda lo voy a dedicar al agradecimiento de todo el equipo del Comisionado, al comisionado, porque aquí se le agradece al comisionado, pero no se habla de su trabajo. Se le dice que hay un buen trabajo, pero su trabajo no se valora adecuadamente. Y yo creo que sí lo debemos hacer. Y en este sentido, yo he visto en este informe, en estos dos informes, un crecimiento en el mapa de obligaciones, que eso es un éxito ya per se, y un crecimiento en los sujetos obligados a evaluación. Y este crecimiento tiene que ver con la labor del Comisionado, que empezó realizando en el año 2020 la primera campaña institucional sobre el derecho de acceso a la información realizada en Canarias en estos años. Centrada, sobre todo, en mil cuñas, bajo el lema «Canario conoce tu derecho a saber y preguntar». Y los canarios lo han hecho.

Y la respuesta ha sido: al informe pasado, se incorporó la evaluación de las 66 corporaciones públicas de Canarias, es decir, los colegios profesionales y las cámaras de comercio. Pero el informe del año 2020, realizado en el 2021, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones, lo que supone un 81,82 %. En la evaluación realizada en el año 2021, se decidió emplazar y rendir cuenta de la propia transparencia a las entidades privadas que recibieron subvenciones en el año 2020 por 60.000 euros del Gobierno de Canarias. Pero en ese año también se incluyó a todos aquellos sujetos que recibían ayuda de los cabildos insulares por más de 100.000 euros, que percibieron de los fondos de la Administración. De este modo, el censo de sujetos obligados subió hasta los 706. Y de estos 706, el 82,1 %, es decir, 579 entidades, presentaron su declaración de transparencia.

Este informe, como he dicho, con 335 sujetos obligados de los 347 presentaron su declaración de transparencia, por primera vez alcanzaron una media notable del 7,5, es decir, que ya estamos en niveles de notable, sobresaliente, en todas las administraciones. Muy destacable el avance de las 146 entidades que alcanzaron puntuaciones iguales o superiores a nueve puntos, esto es el 43,58 %,  cuando en referencia al anterior informe fue solo de un 29,19.

Pero si analizamos las puntuaciones teniendo en cuenta también a la población  correspondiente a cada administración, el conjunto de las 96 instituciones logró una media ponderada también por primera vez de sobresaliente, 9,24 puntos, más de tres puntos por encima del valor obtenido en 2016.

 En suma, aunque a algunos no les guste, y así lo recoge el informe, la población canaria en general puede disfrutar de un buen nivel de transparencia activa.

 Muchas gracias.

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor diputado.

 Concluido el debate del informe del Comisionado sobre la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ah, perdón, corresponde cinco minutos, señor comisionado. Señor Cerdán, disculpe.

 Adelante.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Buenas tardes a todos de nuevo.

Gracias por los reconocimientos, por el estudio que he visto que han realizado del informe y también quería ampliar mi agradecimiento, como lo hago todos los años, excepto este que se me pasó, a los más de 3.500 personas, en este caso, por primera vez, más privados que públicos, pero prácticamente cerca de mil funcionarios, más de 2.500 personas del sector privado, que han colaborado con nosotros analizando sus portales, cargando los datos en nuestra sede electrónica, por lo tanto, siendo conscientes de sus lagunas o aciertos en transparencia, y por lo tanto, se han producido unas sinergias internas para que mejoren ellos y nosotros aprendamos más. Y por eso me gusta siempre destacarlos.

Desde el sector privado también quería, se ha comentado aquí alguna cosa, quería destacar que el 4,48, a pesar de que puede parecer una nota baja, para nosotros, no es baja porque es la más alta que conocemos en España, porque es la primera comunidad que lo evalúa y nadie puede decir en el sector privado en España que está por encima. Y entendemos, además, que esto ocurre porque generalmente en las convocatorias de las subvenciones e incluso en la divulgación de las subvenciones y en la comunicación de la concesión de la subvención, no se recuerda suficientemente al perceptor las obligaciones de transparencia que tienen, no solamente en base a la Ley de Subvenciones, sino en base a la Ley de Transparencia de Canarias [y estatal], que les obligan, como ustedes saben, a publicar 12 elementos informativos en su web, en su micro portal de transparencia.

En ese sentido, la semana pasada aprobamos una recomendación que ustedes tienen ya en el portal del Comisionado, dirigida a las 98 administraciones canarias para que en sus convocatorias informen a los perceptores, a los beneficiarios, de las obligaciones que conlleva recibir más de 60.000 euros [https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2023/138/bo138.pdf]. Con menos de 60.000 euros no tienen una obligación formal, más de 60.000 euros tienen la obligación de contarlo en su web, contar algunas cosas importantes, como su propia cuenta de resultados, en muchos casos. Tengan en cuenta que el año pasado, en el 2021, más de 200 empresas canarias recibieron más de un millón de euros. Y casi 30 recibieron cinco millones de euros. No estamos hablando solamente de pequeñas entidades, estamos hablando también de entidades, empresas importantes que han recibido mucha financiación. En ese sentido, me gusta recordar eso, porque también hay una parte que nos corresponde a nosotros y a las 98 administraciones en mejora, en el  impulso para que eso mejore, no solamente al sector privado.

Por otra parte, me gustaría, al final, detenerme un momento no solamente en los reconocimientos y valoraciones positivas que nos han hecho, sino sobre todo en la que más nos enseñan. En las valoraciones críticas hacia nuestro trabajo y hacia el conjunto de lo que es el nivel de la transparencia en Canarias. Valoraciones críticas cuando se nos ha dicho, con cierta razón, que se echa de menos una mejora cualitativa del sistema de transparencia. Para empezar, el sistema de transparencia siempre es mejorable, aunque llegáramos al cielo y más. La transparencia es un horizonte, y los horizontes saben ustedes que, cuando se alcanzan, siempre aparecen detrás horizontes mejores. En segundo lugar, es cierto que tenemos ya dos años de cumplimiento más que notable de los portales de transparencia, pero, como les he dicho, aunque hemos mejorado en el derecho de acceso, fundamentalmente este año, y hemos mejorado mucho, nos queda un tramo por mejorar.

No he entrado en particularidades, pero, si tuviera tiempo, desgranaría un poco dónde están los agujeros en el derecho de acceso al ciudadano. Me gustaría, en los dos minutos que me quedan, centrarme en otro de los temas que han salido aquí hoy y que salió en la Comisión [de Gobernación] del otro día, que se refería al propio derecho de acceso de los parlamentarios de esta Cámara, de los parlamentarios de esta Cámara y de las diecisiete cámaras Autonómicas, y si me apuran, del Congreso y del Senado, porque mi conclusión, después de estos años de análisis e investigación en esta materia, es que, en general, las cámaras parlamentarias aprobaron buenas leyes de transparencia para este país, tanto a nivel nacional como autonómico, y se olvidaron de actualizar sus reglamentos en la misma medida sobre la transparencia.

Al punto que yo, en muchas ocasiones, y alguna diputada lo comentaba ahora y en la legislatura pasada cuando no estaba en el Gobierno, sino que estaba en la oposición, en muchas ocasiones tiene más rápida respuesta un ciudadano que un diputado, dado que, a través de los diferentes trámites y requisitos y tiempos, desde que presenta la pregunta, se califica, se manda a la viceconsejería, al departamento, vuelve para… (…) inferiores a los del ciudadano. En ese sentido…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Sí, señor Cerdán. Sí, un minuto, vaya concluyendo. Un minuto.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: En ese sentido, creo que uno de los actos finales de este mandato, de este Comisionado, va a ser una estimación de prácticamente más de 20 de las 28 reclamaciones que nos interpuso en el mes de diciembre (no es una cuestión de esta mañana ni de hace dos semanas), una parlamentaria de esta Cámara, Nereida Calero, reclamando sobre 28 de esas 300 no respuestas que se han indicado en esta tarde aquí, 28 que correspondían a otras tantas solicitudes de información, no de opinión, de información, de datos, a través de solicitudes de información o a través de preguntas por escrito. De alguna manera nos sumamos a la tendencia en España que han abierto los comisionados del Consejo de Transparencia de Cataluña y el de de Navarra, que han admitido y estimado, diríamos, reclamaciones de derecho de acceso de sus parlamentarios. El Comisionado de Transparencia de Canarias se suma a ese movimiento, lo mismo que hicimos en el año 2016 al ser de los primeros en amparar a concejales y…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Concluya, señor… Concluya.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Concluyo.

Y, por lo tanto, les anuncio que vamos a emitir resoluciones amparando por primera vez demandas de información de parlamentarios, que me gusta que sea en este momento, en un momento en el que estamos a punto, …de que no se sabe ahora quiénes estarán en el futuro teniendo que dar información y quiénes estarán pidiéndola.

Por lo tanto, es un momento oportuno para recordarles que se abre esta nueva herramienta de mejora de la transparencia, no solamente en la calle, sino dentro del propio sistema autonómico, de la propia cámara autonómica, porque no olvidemos, y con esto acabo, que ustedes, los 70 parlamentarios que conforman esta Cámara, representantes de todos los canarios, preguntan más al Gobierno que los dos millones de canarios juntos. O sea, que lo sepan, ustedes preguntan más al Gobierno. Y hasta ahora no tenían las vías, no tenían las vías de reclamación rápida, gratuita…

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Señor Cerdán…

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública:  (…)

 

Rosa Dávila Mamely, vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias: Gracias, señor Cerdán.

 (aplausos)

Le damos las gracias. Siempre el tiempo se queda corto. Muchísimas gracias al señor Comisionado de la Transparencia, a todo su equipo por los informes elaborados.

Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Comisionado de Transparencia: Transcripción de la presentación y debate sobre el Informe Anual y avance del de 2022 en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

Transcripción de la intervención del Comisionado de Transparencia de Canarias en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, de fecha 21 de marzo de 2023.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:00:05] Buenos días.

Bien, damos la bienvenida al señor comisionado, al señor Cerdán y a todo su equipo, que han hecho un denodado esfuerzo por presentarnos un informe tremendo sobre transparencia y acceso a la información pública.

Entonces, a continuación, vamos a tratar los dos informes conjuntamente [2021 – 2022]

El señor comisionado tendrá un tiempo de 15 minutos, generosos, para que nos explique todas las conclusiones del informe y, a continuación, los grupos parlamentarios intervendrán por el espacio de cinco minutos.

¿Bien? Pues bien, sin más dilación, tiene la palabra el señor Cerdán.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [00:00:57] Buenos días a todos.

Encantado de estar ya por octava vez con ustedes. Parece que fue ayer cuando me examinaba aquí, en esta misma sala, como candidato a construir esta pequeña institución para la transparencia de Canarias, poquito después de que se aprobara la ley de transparencia, tanto española como canaria. Y, como ha sido habitual en estas comparecencias, hemos procurado presentar los datos, digamos, en el mayor contexto posible, no de los del año 2022 o los del año 2021 o 2020, sino en la secuencia desde el año 2015, que permite interpretar la evolución de la transparencia en Canarias en estos años.

Generalmente, ustedes tienen…, como la pantalla no siempre se ve y, sobre todo, los cuadros con más datos no siempre se visualizan, les hemos repartido la presentación para que la tengan en mano [en este enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512]

No me gustaría que este año, como otros, solamente fuera una acumulación de datos, sino que repasáramos algunos de los datos fundamentales y nos quedáramos en una reflexión sobre lo que la transparencia significa dentro del conjunto de la gobernanza del sector público. Y, como les decía en el arranque del informe,  ustedes han podido ver desde la primera página del resumen ejecutivo, nos centrarnos en una de las actividades que este año, en el cumplimiento de la promesa que les hice aquí el año pasado, en esta misma sala, que hemos desarrollado y que tiene que ver con el programa de monitoreo del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso, que era, de alguna manera, la laguna, el punto oscuro, valga la redundancia, de lo que podía ser la mejora, las expectativas, las cuestiones pendientes en materia de transparencia en Canarias en los últimos años.

En este primer avance del cuadro de mando que llevamos del Comisionado, en estos ocho años, ustedes apreciarán que hemos prácticamente duplicado el número de expedientes administrativos el año pasado, hasta llegar a los 4.089, y hemos triplicado el número de evaluaciones de portales de transparencia hasta los 3.161, fundamentalmente por el aumento impresionante de subvencionados, fundamentalmente por las ayudas COVID, en el año 2021.

Ustedes saben que, con los registros de subvenciones del año precedente, evaluamos el año siguiente los portales de transparencia. Entonces, en el 2021 hubo una gran eclosión de más de 1.100 millones de euros en ayudas COVID; y que hubo más de 2.000 entidades, empresas sobre todo, que superaron los 60.000 euros de ayuda anual y, por tanto, estaban obligados a presentar su declaración, estaban invitados, estaban emplazados a demostrar, de alguna manera, que estaban cumpliendo con las obligaciones de publicidad que no solamente impone la Ley de Transparencia de Canarias o la estatal, sino también la propia legislación en materia de ayudas y subvenciones. En este sentido, una de las novedades que hemos introducido estos días –lo divulgaremos en los próximos días en nuestra operativa– es una recomendación que ayude en el futuro a las empresas y entidades no gubernamentales, a saber primero qué tienen que publicar cuando reciben una ayuda de más de 60.000 euros y a hacerlo de la mejor forma posible en las siguientes ediciones. [“Recomendación a las administraciones para la mejora del cumplimiento de las obligaciones informativas de los perceptores de subvenciones de 60.000 euros anuales” ya publicada en el momento de la Comisión parlamentaria: https://transparenciacanarias.org/recomendacion-a-las-administraciones-para-la-mejora-del-cumplimiento-de-las-obligaciones-informativas-de-los-perceptores-de-subvenciones-de-60-000-euros-anuales/]

En cualquier caso, les decía al principio que no quería centrarme mucho, o solamente lo imprescindible, en los datos, sino hacer una cierta reflexión sobre qué ha significado la transparencia en lo que es la gobernanza, no solamente de la comunidad autónoma, del Gobierno de Canarias y sus 43 entidades dependientes, sino en el conjunto del sector público canario.

De ser vista, al inicio, hace ocho años, como una nueva obligación legal que se incorporaba al marco normativo de las instituciones, a ser contemplada con la experiencia que tenemos al cabo de ocho años como algo que, efectivamente, puede mejorar no solamente el derecho de los ciudadanos a saber  (la gente lo interpreta inicialmente como eso), sino también como un buen ejercicio de las funciones públicas; precisamente por esto que les comento aquí [presentación] , que está en la transparencia de la presentación y que lo hemos oído y sabido  desde muy pequeños y es: cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor. Esto lo hemos experimentado desde pequeñitos, con nuestros padres, con nuestros maestros, con la escuela, y generalmente lo hemos interiorizado de alguna manera. Y, realmente, las leyes de transparencia lo que vinieron es a incorporar al sistema de gobernanza pública este principio, es decir, generalmente, cuando no solamente los poderes públicos, no solamente los ejecutivos públicos, también los funcionarios saben que puede conocerse lo que se hace con cierta facilidad, tanto por el portal de transparencia como por derecho de acceso a la información la actividad que realizan, se realiza mejor la función.

Esto lo traté, de alguna manera, como otras veces, de resumir en cuatro pequeñas -no sé ni siquiera si llamarlos versos-, en cuatro pequeños mensajes [en la presentación enlazada anteriormente], que tienen que ver con cómo las organizaciones, generalmente, se planean su funcionamiento si quieren ser óptimas . Primero, antes de empezar, piensan cómo mejorar la materia de la que se ocupan y cuentan lo que harán. Después hacen lo que dijeron que harían y cuentan lo que hacen. A continuación, después cuentan lo que se hizo y lo que salió mal y, finalmente, hacen una reevaluación de la situación y piensan, hacen y rinden. Y si nunca se sabe realmente cómo estamos trabajando, es difícil mejorar.

Esta reflexión se corresponde, de alguna manera, con las cuatro grandes fases del proceso de la gobernanza pública, incluso de la gobernanza o de la gestión puramente empresarial:  Definir los planes que cada organización tiene, en programas de gobierno, en proyectos, en normas…; ejecutarlos en la fase de acción y en paralelo producir transparencia sobre cómo se está ejecutando esa actividad pública, a través de las webs, de los portales de transparencia y también de las preguntas de derecho al acceso a la información que presentan los ciudadanos.

En un tercer ámbito, una vez que eso se ha realizado, digamos a toro pasado, se produce una cierta rendición de cuentas sobre lo que las instituciones hacen, tanto en los plenos corporativos, en este Parlamento, en estas comisiones, como en los tribunales de cuentas o como en las ruedas de prensa, ante la opinión pública; y al final también todo eso se reconduce o permite que una cierta reflexión sobre lo que ha ocurrido para de nuevo empezar el ciclo, de nuevo innovando y de nuevo mejorando. Esas cuatro fases que les decía de la operatividad pública las he querido contrastar con los versos iniciales [de la presentación] y ustedes verán que, de alguna forma, la transparencia tiene un protagonismo importante en la segunda fase de ellas, que es justamente en el momento en que se están haciendo las cosas. En el momento en que se están haciendo las cosas hay que contar lo que se hace, hay que contar si se hizo lo que se dijo que haría, es decir, hay que contar si se están ejecutando los planes y en un segundo término, en un tercer término, se rendirá cuentas ante los plenos corporativos,  ante las ruedas de prensa, ante la audiencia de cuentas, etcétera.

Yo lo que quería un poco visualizar es lo que les decía al principio: la transparencia no es solamente un derecho ciudadano, sino que es fundamentalmente una herramienta que permite mejorar la gobernanza y mejorar los resultados de las instituciones.

Volviendo, de alguna manera, a lo que suele ser habitual en este tipo de comparecencias, al puro dato, vamos a repasar someramente, porque ya lo tienen ustedes en el informe, inicialmente lo que ha sido la actividad en la evaluación de los portales de transparencia, que, como saben, es una de las actividades singulares de este comisionado. No en todas las comunidades autónomas se realiza, pero nosotros la venimos realizando desde el 2016.

Y verán ustedes [en la presentación] que, como les adelantaba al principio, la curva tan impresionante de crecimiento que hemos tenido en el año pasado –se refieren al año 2021, porque la evaluación era sobre el ejercicio 2021, pero la realizamos en el 2022–, verán ustedes, como les decía antes, el salto de las 968 evaluaciones de hace dos años a las 3.161 de 2022.

Fundamentalmente, dado la premura de tiempo, voy a ir pasando lo más rápidamente que pueda sobre estos parámetros. Verán ustedes que cada año han ido presentando su declaración en mayor medida. En el año 2019 estábamos en tres cuartas partes de los sujetos totales que estaban presentando su evaluación. Prácticamente ya entonces todos los sujetos públicos, el 100 % de las 98 instituciones principales, el 94 % de las 320 entidades dependientes, las dos asociaciones públicas, que eran la FECAN y la FECAI, dos tercios de las cámaras de comercio y los colegios profesionales, y solamente entonces un 60 % de las entidades privadas subvencionadas presentaron. Verán ustedes que eso creció diez puntos en el año siguiente, en el año 2020. Prácticamente mejoraron, sobre todo, las corporaciones de hecho público y las entidades privadas. Y el pasado año llegamos ya al 84 %, casi el 85 %, de los emplazados que presentaron su declaración o su autoevaluación de la transparencia.

Este cuadro siguiente es sintético de las puntuaciones: sobre cómo hemos ido evolucionando desde 2006, que, como ven ustedes ahí, prácticamente las puntuaciones…, la nota media del sector público, entonces solamente hacíamos el sector público, era de 3,14 en el primer año de la evaluación, pues todo el mundo prácticamente ni conocía sus obligaciones de transparencia. Se llegó al primer aprobado raspado en las notas medias del sector público en 2017 y, progresivamente, hemos ido creciendo hasta el 2021 (que hicimos el año pasado, en el 2022) al situarse en el 7,82. Contra más alta es la nota alcanzada en los últimos años, más dificultad, lógicamente, tienen para seguir progresando en cada año. El sector autonómico prácticamente se estabilizó en un 8,5, ahí incluye no solamente al Gobierno de Canarias, sino al conjunto de sus 43 entidades dependientes. El sector insular siguió creciendo, luego veremos que el sector insular es el mejor de los tres ámbitos públicos de Canarias, porque también muestra un magnífico desempeño en el derecho de acceso, cosa que no ocurre con ayuntamientos y con el ámbito autonómico. Y el sector local también ya, por dos años consecutivos, ambos estratos han estado por encima del notable. En su conjunto, verán que están ya prácticamente rozando el 8, en un nivel prácticamente casi excelente.

Por eso, como le decía al principio, nuestro trabajo este año se centró mucho, una vez conseguidos estos niveles en publicidad activa en los portales de transparencia, en la mejora del cumplimiento del derecho de acceso.

En el sector privado, ahí sí también quería hacer una reflexión, ustedes lo verán en la última fila [en la presentación] , con una pequeña reducción:  de 4,83 pasamos a 4,48. Nosotros -lo verían en el informe- no lo consideramos esto como una gran lacra, sino al contrario. Creemos que, para el poco tiempo que lleva el sector privado autoevaluándose y, sobre todo, de los 2.700 que se evaluaron el año pasado, la mayor parte se enteraron de que tenían que evaluarse el día que les emplazamos con un correo electrónico a hacerlo.

            Y, por lo tanto, verán que tiene en estos primeros años de evaluación casi igual o mejor, desde luego, mejores notas que el primer año en que se evaluaron los del sector público, que fue en el año 2016. Por lo tanto, creemos que estamos en una senda de mejora y espero que en el futuro puedan seguir creciendo, como ha crecido el sector público.

Ahí, de nuevo, esta es otra forma de representar los resultados que veía antes, el crecimiento de las notas medias del sector público, tanto las instituciones principales arriba como  el conjunto de las 340 entidades públicas en la línea naranja.

-Ya me va quedando minuto y medio-. Voy a pasar, fundamentalmente, al elemento que les decía al principio, que había ocupado nuestra…, aunque espero poder desarrollarlo un poquito mejor en el segundo turno, que se refiere, fundamentalmente, a las reclamaciones de derecho de acceso que hemos trabajado en los últimos años. Aquí [presentación] verán la evolución del número de reclamaciones y de las resoluciones. En el último año, en el 2022, se nos presentaron 575 reclamaciones, resolvimos 507 y, para que tengan una idea de contexto, estas 575 son más o menos 26 reclamaciones por 100.000 habitantes al año.

Esto nos sitúa en la cabeza, diríamos, de España (junto a Castilla- León) , en reclamaciones en función de la población. Y yo quiero pensar que no es porque porque haya, digamos, peor cumplimiento en general del derecho de acceso, sino porque creo que en Canarias, fruto de una labor de publicidad en este sentido, hay un mayor uso del derecho de acceso, una mayor reclamación ante el comisionado y, sobre todo, en el ámbito del funcionariado público, que ha descubierto la herramienta del derecho de acceso como una herramienta, diríamos, que emplear dentro de las organizaciones para obtener información de carácter funcionarial que, por otras vías, no lo obtenía.

Verán ustedes [presentación] aquí –les voy a exponer solamente el cuadro genérico del periodo 2015-2022–… Verán ustedes todas las cifras completas. Prácticamente nos presentaron 2.300 reclamaciones en todo el periodo y hemos resuelto, como se indica en la parte derecha, y se mantiene más o menos ese patrón cada año:  prácticamente cuatro de cada cinco hemos estimado, en un 78 %, hemos estimado total o parcialmente la reclamación de los ciudadanos. En ese sentido, creemos que estamos en la vía de ir mejorando la cultura de la transparencia en las Administraciones porque, como vamos a ver ahora, no solamente estamos dando ese amparo a prácticamente cuatro de cada cinco ciudadanos que reclaman ante el comisionado, sino que este año –lo vamos a ver ahora, lo ven ustedes en las páginas iniciales del informe– hemos hecho esta actividad a la que hemos llegado ahora, que refleja en los cuatro cuadros siguientes de esta presentación. Que por cierto, seguramente lo podrán ver mejor incluso los que nos sigan en diferido a través de YouTube de esta sesión, porque tendrán el acceso al conjunto de las 30 transparencias de la presentación [enlazada al inicio] para verlas con la tranquilidad que seguramente no podemos en estos minutos de sesión.

Aquí ven el nivel de incumplimiento de las resoluciones de derecho al acceso de la Comunidad Autónoma. Verán ustedes, por fijarnos en el año 2022, y como habrán podido leer en el informe a partir de la página 10, que de las entidades dependientes del Gobierno de Canarias, en el año 2022, un 14 % de las resoluciones (favorables al reclamante) , es decir, una de cada siete, no se  cumplieron –no nos consta que hayan cumplido– las resoluciones del comisionado. Esto, puesto en comparación, por ejemplo, con el nivel de cumplimiento de lo que pasa en el Estado, prácticamente se produce casualmente un parecido incumplimiento. En el Estado, el Gobierno, ante resoluciones del Consejo de Transparencia estatal, tiene también un 15,3 % creo –lo pueden ver ustedes en el portal del Consejo de Transparencia de España– de incumplimientos en ese año. Verán ustedes que en los años precedentes el cumplimiento es, al día de hoy, inferior, precisamente por lo que les dijimos el año pasado, porque desde mayo –incluso antes de mayo–, que en esta misma comisión les anunciamos el programa de monitoreo y verificación del cumplimiento, hemos insistido prácticamente, hemos requerido constantemente a las entidades para que entreguen la información o la recurran a los tribunales. Pero se da la circunstancia de que en dos años prácticamente tenemos hasta ahora, desde el año 2016, nueve recursos, hemos ganado ocho, pero estos dos últimos años no han presentado nadie recurso a las resoluciones del comisionado. Por lo tanto, las Administraciones, en este caso el Gobierno de Canarias, está obligado o a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o a entregar la información. Y, como les digo ahí, en el año último, en uno de cada siete casos no entregó la información al reclamante.

Les adelantaba también antes que, en el caso de los cabildos, que es el cuadro que ahora tienen en pantalla, es, diríamos, el mejor nivel de cumplimiento dentro de lo que es el ámbito canario público, porque, como ustedes verán, no tienen ninguna reclamación pendiente del 2021 y del 2020, y solamente el Consorcio de Aguas de Fuerteventura tiene una reclamación pendiente de cumplir del 2022.

Esto yo me atrevería, quitando quizá el caso de Navarra, que es la única Comunidad Autónoma en España que tiene multas coercitivas para los incumplidores, que nunca las han aplicado, nunca, pero simplemente por su existencia todo el mundo cumple, quitando el caso de Navarra, no creo que haya, bueno, estoy absolutamente seguro de que no hay ninguna otra comunidad que tenga en el ámbito intermedio, de diputaciones, que pueden ser los equivalentes a cabildos, este nivel de cumplimiento del derecho al acceso.

Y, por último, los ayuntamientos, en el informe –ya les decía, en las páginas 10 y en adelante–, tienen no solamente este dato, el dato año por año de cuántas cumplieron  y cuántas no nos consta cumplimiento, sino tienen pormenorizados, como ocurre también con las consejerías de la Comunidad Autónoma, los nombres de aquellos ayuntamientos que fundamentalmente incumplen en esta materia.

Y este, finalmente, es el cuadro resumen de los tres ámbitos de la Administración, autonómico, insular y local. Verán ustedes que en el año 2022 están un 17 %, ya les digo, hasta hace catorce meses en Canarias estábamos en un nivel de incumplimiento semejante o peor de lo que están las siete comunidades autónomas donde esto se mide, porque no siempre se mide, fundamentalmente se mide –así lo digo de memoria– en Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Castilla- La Mancha, y Baleares;  y Navarra por otra parte, aunque Navarra lo que declara es que no tiene ningún incumplimiento. Entonces, entre ellas la media está en 35 % de incumplimiento, es altísimo, prácticamente una de cada tres reclamaciones de derecho de acceso no consta cumplimiento; y fruto de esta promesa que les hice el año pasado, nosotros, que estábamos en esos niveles, hemos bajado al 17 % (en el año 2022), es decir, tenemos del año pasado -como ustedes ven ahí- 60 resoluciones incumplidas de las 278 que emitimos favorables a los ciudadanos, emitimos muchas más, como les he dicho, 504 creo, pero favorables a los ciudadanos fueron 278, bueno, pues 60 están pendientes de cumplir.

Seguiremos insistiendo y requiriendo por tierra, mar y aire, por ORVE, por correos electrónicos, por WhatsApp…, el cumplimiento a los poderes públicos que no han acabado de responder a los ciudadanos, ni tampoco han acabado de recurrir a los tribunales, si es que estaban en desacuerdo con nosotros. Y creo que agradezco al presidente la generosidad en el tiempo y me pongo a su disposición para cuantas preguntas y aclaraciones desee.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:22:52] Gracias, señor Cerdán.

A continuación, por un espacio de cinco minutos, tienen la palabra los diferentes grupos parlamentarios, empezando por el portavoz del Grupo Mixto.

 

Ricardo Fernández de la Puente (Grupo Mixto): [00:25:48] Gracias, señor presidente. Y buenos días al señor Cerdán y a todo el equipo que le acompaña en esta presentación.

Estamos ante el cierre de la legislatura, de la décima legislatura, una legislatura que, desde luego, será recordada por lo atípica de la misma. Hace solo unos días, el 14 de marzo, hizo tres años del confinamiento de todo un país durante varios meses. Un cero en la actividad económica, pero donde las Administraciones Públicas intentaron adaptarse mediante diferentes fórmulas para que no cesase la actividad y los servicios a la ciudadanos, como sí ocurrió, por ejemplo, en este Parlamento. Empezamos a usar términos como teletrabajo, videoconferencia, y luego vino la adaptación a la nueva normalidad, ese periodo donde poco a poco se iban liberalizando las restricciones de movilidad y de actividad, hasta prácticamente desaparecer, a día de hoy, salvo en centros médicos y farmacias. Todo esto lo digo como introducción a la valoración de los informes que trae usted hoy aquí y que hacen referencia, precisamente, a ese espacio de tiempo, entre los que empezamos a relacionarnos nuevamente hasta finales del año pasado, donde las restricciones han desaparecido prácticamente.

Lo primero que mi partido Ciudadanos quiere hacer es felicitarle a usted y a todo su equipo. La evolución que se ha experimentado desde finales del año 2020 hasta finales del 2022 es espectacular y no cabe, en mi opinión, otro calificativo. Ya los datos en general de 2020 a 2021 fueron un claro ejemplo de incremento en la actividad del Comisionado. El número de expedientes destinados en 2020 fue de 1.267 y en 2021 fueron casi 2.000 los expedientes realizados. Y si nos fijamos en las consultas que se realizaron, pasan de 1.900 a casi 3.000, una cifra récord que muestra la evolución de la acción del Comisionado. Estas cifras ya serían de por sí muy buenas si no fuera porque el año pasado se batieron todos los récords en cuanto a la actividad del Comisionado. Se valoraron más portales de transparencia el año pasado, 3.161, que en todos los años anteriores juntos. Pero es que, además, la gestión de expedientes se duplicó, pasando de los 1.900 a más de 4.000 en 2022. Y si hablamos de consultas, estas también han pasado de casi 3.000 a las 8.100. Como ha indicado usted en su presentación, las actuaciones han pasado de unas 5.000 a 12.300, lo que de por sí son unos impresionantes números globales. Lo que me hace hacer la pregunta, llegado a este punto, de si ha aplicado un tipo de procedimiento para conseguir esta evolución tan importante o es simplemente consecución del trabajo que ya se viene realizando.

Y viendo la información facilitada, vemos que en los años 2019 sí se utilizó el denominado cliente misterioso, pero el cual desaparece en 2022. Y aquí también me gustaría preguntarle si es que ya no tiene sentido hacerlo o se ha optado por otra forma de vigilar la transparencia.

Profundizando en la evolución de la participación, vemos cómo se mantiene la tendencia en los informes anteriores en lo que se refiere al cumplimiento del 100% de las instituciones principales, así como las asociaciones públicas y las entidades dependientes. Pero donde queda todavía un esfuerzo por hacer es en la evolución de las corporaciones de derecho público, un con 88 %, y sobre todo en las entidades privadas, un 84 %. Y si vemos y comparamos estos datos con los años 2019. En el furgón de cola están las mancomunidades de municipios que no llegan al 50 %, concretamente a un 45 %. En cuanto a la nota, el sector público en su conjunto evoluciona favorablemente, siendo su nota de más de 8. Sabemos el caso de las mancomunidades, nuevamente, que llega un aprobado raspado con un 5,32. La pregunta, que yo creo que ya se le dice en anteriores informes, es si esto es debido a la falta de medios o infraestructura, más que a una desidia o falta de interés por contestar. También me gustaría conocer por qué se ha bajado en casi un punto, de 9,65 a un 8,59, el índice de transparencia de la Comunidad Autónoma. Sigue teniendo un índice muy bueno, pero este año rompe una tendencia de ejercicios anteriores que iba en continuo crecimiento.

Pasando a las reclamaciones, en cuanto al derecho de acceso a la información pública, los datos son también positivos, siendo admitidas en este periodo prácticamente el 80 % de ellas.

Del análisis de los informes presentados, es indudable el avance que se ha producido en la toma en consideración de la transparencia por parte de las diferentes administraciones públicas de nuestra comunidad, lo cual, además de ser una obligación, personalmente creo que mejora la imagen de la función pública frente a los administrados. Para ir terminando, me gustaría conocer si es posible las recomendaciones o sugerencias que introduciría usted para que se siguiesen mejorando aún más las cifras presentadas en estos dos informes anuales.

En este último informe de esta legislatura y haciendo balance de estos cuatro años, como ya le dije en mi intervención, se ve reflejado el esfuerzo de las Administraciones por dar satisfacción a la transparencia, que debe prevalecer sobre todo analizando los datos que pone en manifiesto el magnífico trabajo que el reducido equipo de las personas que componen este Comisionado ha venido realizando. Y finalizo, señor Cerdán, en nombre de Ciudadanos, le felicito por el trabajo bien realizado y ejecutado y el cual, por supuesto, es extensivo a todo su equipo. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:27:54] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera.

 

Jesús Ramos (Agrupación Socialista Gomera): [00:28:03] Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Cerdán. Bueno, buenos días todavía.

Tanto usted como a su equipo, agradecerles que estén hoy aquí y que nos haya expuesto esa visión o ese recorrido a lo largo de estos años de la transparencia en nuestra comunidad autónoma. Si nos ceñimos al análisis de los informes, pues debemos decir que lo primero que nos ha sorprendido es precisamente ese aumento tan increíble de expedientes y actuaciones que han tenido que acometer entre el 2020 y el 2022. En 2022 han alcanzado las 12.277 gestiones, es decir, un 144,08% más que en el año anterior, lo que significa un volumen de resolución en esta área sin precedentes. Y por eso lo primero que me gustaría preguntarle es si cuentan con los recursos y el personal necesario para poder afrontar esta carga de trabajo y, sobre todo, esa carga de trabajo que podría venir también en el futuro.

Al final, a cada año que pasa, se nota el continuo esfuerzo de superación de los trabajadores de la institución y los avances que ha supuesto la digitalización. Herramientas como las consultas por correo electrónico, el uso del cliente misterioso, el chatbot, la revisión online de los portales de transparencia…, pues facilitan la labor de los trabajadores. Y, si entramos en lo concreto, a cada año que pasa reciben más reclamaciones y son capaces de resolver más. En 2022, de 575 reclamaciones recibidas, se resolvieron 507, por lo que no solo es una cuestión de incremento de volumen de trabajo, sino que también lo es de resolución de la oficina del Comisionado.

Por otra parte, es cierto que estos incrementos en los asuntos a gestionar se han producido también por las ayudas que han recibido centenares de empresas privadas en la pandemia y por motivo de las distintas crisis, hasta el punto de que de las 661 entidades evaluadas en 2019 se ha pasado a 3.161. Y es precisamente el sector privado el que, quizás por el desconocimiento de sus obligaciones de transparencia, el sigue sin aprobar. Del 4, pasaron al 4,83 en 2020, con un volumen de empresas de 968, hasta el 4,48 actual.

En el periodo de los informes que hoy debatimos, la nota general del índice de transparencia en Canarias ha seguido subiendo en el conjunto del sector público, del 6,49 que teníamos en 2019 al 7,82 del año 2021. Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública en Canarias, porque si hablamos de ratios de cumplimiento entre el 2020 y el 2022, ha bajado en conjunto el sector público, es decir, ha pasado del 91,63 % al 82,25 %. Si bien hay que revisar cuáles son las causas de este empeoramiento en cuanto al acceso a la información, la realidad es que, a pesar de esto, cada vez más entidades apuestan por esa excelencia. Y en cuanto a los datos, por ejemplo, de la isla de La Gomera, pues observamos que de las 45 reclamaciones interpuestas al conjunto de los cabildos insulares, solo dos se remitieron al Cabildo Insular de La Gomera, que tiene un índice de transparencia del 9,37; teniendo el Consorcio Insular de Aguas un 9,38 y un 10 el de GuaguaGomera, llegando en su conjunto a la institución insular al 9,58, es decir, el mejor índice entre los siete cabildos insulares. Y si hablamos de reclamaciones a ayuntamientos en la isla, observamos una bajada de las 15 reclamaciones de estos ejercicios a solo cuatro del conjunto, de 304 del total de las reclamaciones a los ayuntamientos de Canarias y sus entidades asociadas.

Precisamente, a través de los indicadores se puede hacer un esfuerzo de concienciación y motivación para mantener la excelencia. Y, por supuesto, a través de las recomendaciones y pautas que la oficina del Comisionado podría darnos para corregir las deficiencias, así como poder cambiar los problemas que se tengan en los portales de transparencia y en la observancia del acceso a la información.

También desde nuestro grupo llevamos pidiendo desde que llegamos a este Parlamento el que se le den más medios al comisionado de la transparencia para que pueda realizar esta labor institucional, porque con los recursos humanos y medios materiales que tiene actualmente, pues, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más. Por lo que le agradecemos tanto a usted como a su equipo la intensa labor que están acometiendo en áreas de la mejora de la gestión pública canaria.

Y termino, señor Cerdán, una vez más felicitándole a usted y a todo el equipo por ser un ejemplo de eficacia y eficiencia, demostrándolo pues diariamente y que vemos que los resultados con esfuerzo y dedicación son posibles. Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:33:10] Gracias, diputado. Es el turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Déniz.

 

Francisco Antonio Déniz (Grupo Sí Podemos Canarias): [00:33:17] Gracias, señora presidenta.

Bueno, pues, vamos a ver, nosotros hemos hecho un estudio un poquito minucioso, más en una parte que en otras, sobre todo en las evaluaciones de algunas entidades del sector privado, y me parece que ahí sí tenemos un pequeño problema, después lo comento, ¿no? Pero en general yo creo que podemos darnos por satisfechos de la evolución muy positiva, muy positiva, tremendamente positiva, y recuerdo de la legislatura pasada cuando estábamos aquí en algunas reuniones, presentaciones de informes del Comisionado, donde había instituciones que no se les esperaba, ni existían ni sabían, ayuntamientos concretos, ¿no? Entonces ahí recuerdo que era una situación algunas veces, además con reincidencia, donde no contestaban, y nadie se ponía a trabajar. Entonces, yo creo que hemos mejorado absolutamente con los datos de participación del sector público al 100 %. Y eso se debe, entre otras cosas, a la oficina o esta comisión, ¿no?, este Comisionado.

Me parece que es una tarea necesaria para la democracia porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la transparencia, ¿no? Y quizás, más que por mala fe de muchas instituciones o entidades, yo creo que es porque esto nadie les recordaba qué es lo que tenían que hacer, ¿verdad?, y no los orientaba. En ese sentido, agradecer el trabajo de todas las personas de su equipo, que están aquí presentes, y también, como no, de muchos funcionarios, de muchos ayuntamientos y cabildos porque, por ejemplo, la diferencia en el dato de los cabildos es espectacular también, ¿no? Los cabildos, en la realidad insular, se han puesto las pilas en el sentido de ofrecer datos de transparencia. A nosotros eso nos parece que se nota, gana la sociedad. Por ejemplo, cuando usted señala, por ejemplo, el dato de incumplimiento, creo que usted dijo que estábamos en 17 respecto a 35 del resto de las comunidades autónomas, y es un dato también impresionante, de cómo hemos mejorado en nuestro país canario respecto a la transparencia.

Es decir, que es un agradecimiento que además demuestra la necesidad de su equipo. Bien. Datos así por encima…, claro, aumenta un montón, se triplican las demandas porque también aumentan muchísimo las entidades evaluadas en un censo de 3.726, estamos en una evaluación de 3.161 entidades. Lo cual, no sé cómo ustedes se las apañan para recibir todos esos datos y ordenarlos, pero me imagino que tendrán, no solamente un programa informático, sino también unas cabezas bastante amuebladas para estar, digamos, ordenando todos los datos que aquí se nos presentan. Efectivamente, de entidades que tienen 60.000 euros más de ayudas. Ahora comento un poquito sobre este asunto.

La participación ha aumentado también incluso en el sector privado, llegando al 83,29 %. Por lo tanto, nos parece que estamos en unos datos impresionantes. Efectivamente, como decía el señor de la Puente, la duda que tenemos es por qué la Comunidad Autónoma ha bajado casi un puntito en índice de transparencia hasta un dato del 8,59, incluyendo, claro está, a las 43 entidades dependientes, como se plantea. Suben los cabildos, suben los ayuntamientos, y las universidades también bajan un poquito, en el 9,13, ¿no? Y el sector privado, pues ahí tenemos un problema bastante serio. Por ejemplo, respecto a la evaluación que se hace del sector privado, nosotros nos ha llamado la atención una cuestión, que la verdad que nos sorprendía, la cantidad de hoteles, infraestructuras hoteleras que reciben subvenciones, incluso algunas, de un millón de euros, que aparecen como sin datos. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Entidades privadas, hoteleras, turísticas, apartamentos, hoteles y demás, o agrupaciones de empresarios de la hostelería, que reciben a veces hasta por encima de 500.000 euros o un millón y no aparece ningún dato. Me parece que es una cuestión que tendríamos que revisar, lo digo como tarea para ustedes, pero a mí, sinceramente me preocupa bastante.

En la evaluación. Es importante, por ejemplo, Salcai Utinsa Global, uno 8 y pico, La Cruz Roja un 10, Binter, índice de transparencia de 4,74, no aprueba Binter; Caritas 10, aunque Caritas Diocesana de Tenerife suspende, Radio Ecca, hay una empresa también, Fuerteventura 2000, que es una de las empresas que más presupuestos llevó en el pasado de formación, de personas en paro, formación laboral, en un 5,4 raspado cuando tenía presupuestos hasta de 3 millones. Y luego decir, pues, simplemente el dato que a mí me llamó la atención, que fui a buscarlo, acordándome de aquella interpelación de la señora Reverón, con respecto a la Academia Canaria de la Lengua, y que también es una metáfora de cómo ha mejorado todo. No sé si se acuerda usted de cuando dijo que la Academia Canaria de la Lengua había suspendido, efectivamente, nos pusimos todos a la tarea, era un problema de falta de personal y de plantilla, hoy aparece aquí con un índice de transparencia del 10. Lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción por la cuenta que me trae. La Radio Televisión Canaria también, a veces hay algunas críticas fáciles sobre que se ocultan datos, resulta que la Radio Televisión Canaria tiene un índice de transparencia, un 9,97, rosa el 10, para los que somos más o menos docentes, pues eso prácticamente es un 10. No es una matrícula de honor, pero sí es un 10. Y luego también la radio está en un 9,96. Por lo tanto a nosotros parece que son indicativos, ¿no? El Instituto de Desarrollo Cultural, que gestiona este grupo parlamentario también, 9,91; ahí se ha hecho también un esfuerzo tremendo, y luego también, no nos extraña y también es una cuestión que debería, sin tomar nota, suspenden el ICA, ¿no?, dependiente de la Consejería de Agricultura y también la coordinadora del Rincón, yo creo que también es por falta de personal en este último caso, en el primero no sé.

En definitiva, felicitar el trabajo que se ha hecho y yo creo que la sociedad canaria entera gana porque el esfuerzo de ustedes para que la gente presente los datos y sea transparente está surtiendo efecto y nos podemos dar todos, pues, por felicitados y agradecido de tener un organismo como el que usted preside.

            Muchas gracias.

 

Jana María González, secretaria de la Comisión: [00:39:52] Gracias, diputado.

 Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Campos.

 

Luis Alberto Campos, (Grupo Nueva Canarias) [00:39:59] Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, nuevamente. Y dar la bienvenida al comisionado, a todo su equipo y felicitarle por el trabajo realizado.

Son dos informes referidos a los años 2020 y 2021, con el avance del 2022, pero para nosotros es muy importante recalcar una cuestión. Fíjese -lo comentaba el señor Déniz con anterioridad-, recuerdo aquellas primeras sesiones, aquellas primeras comisiones donde evaluábamos el arranque del Comisionado de Transparencia y la respuesta que, fundamentalmente, desde las administraciones públicas, estábamos teniendo, y bueno, los rastrillazos eran terribles, ¿no? Recuerdo que eran datos duros, difíciles, poco comprensibles en un primer momento y afortunadamente vemos como, no 50 años después, sino 7 años después, 8 años después, los resultados son bastante loables.

No podemos quedarnos satisfechos, obviamente, el paradigma sería unos niveles de transparencia absoluto, con unos portales realmente, bueno, con todos los indicadores, con niveles de respuesta, no solamente, digamos, no haya ni una sola no contestación, sino además que sea completa, porque en ocasiones el problema no es solo que se responda, sino la calidad de la respuesta y a ser posible en un tiempo rápido, cuando realmente a quien hace la pregunta, le puede realmente ser útil. Creo que ese sería ya el paradigma, vamos camino de eso, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Y hablar de transparencia, sin duda alguna, es hablar de calidad democrática y es hablar, en el caso de una de las funciones que lleva a cabo el Comisionado, de salvaguardar uno de los derechos fundamentales establecidos en nuestro propio Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con el que nos hemos dotado a través de esta institución.

Fíjense que, más allá de los datos, yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, ya lo planteó usted y algunas de las intervenciones, pero a mí me resulta curioso para ver la escala del Comisionado de Transparencia en cuanto a su actividad. Veíamos cómo en el año 2019 eran 534 expedientes, 1.071 en el 2020, se avanza a 1.966 en el año 2021 y al cierre del 2022 son ya 4.089 expedientes tramitados. Me parece un avance importante, fruto de esto también, me imagino, el crecimiento en cuanto a personal, insuficiente siempre, pero sobre todo creo que pone de relieve el que el conjunto de la ciudadanía también empieza a entender y empieza a conocer el papel, sus derechos y a qué instituciones reclamar sus derechos. Fíjense que el otro día cuando hablábamos, teníamos también la comparecencia de la Diputación del Común, yo le decía que para mí era difícil entender si era una buena noticia o una mala noticia el que crecieran las quejas a la figura de la Diputación del Común o que crezcan las reclamaciones al Comisionado de Transparencia. Yo no sé si eso es positivo o negativo, lo digo sinceramente, porque yo creo que es más un elemento positivo en el sentido de que la ciudadanía cada vez conoce más sus derechos, porque lo que sí que tengo claro es que nunca nada fue perfecto, ni es que cuando se reclamaba muy poquito es que éramos impecables en cada una de las instituciones, sino probablemente todo lo contrario, la gente no conocía, los problemas estaban ahí y ahora quizás hay menos problemas que antes, pero la gente cada vez es más consciente, como decía antes, que tiene sus derechos y sobre todo dónde tiene que ir a reclamarlo.

Me parece interesante también que el número de reclamaciones a través de Internet cada vez haya ido creciendo de manera notable desde que se puso en marcha en el 2017 y me parece también muy interesante el trabajo que el Comisionado ha llevado a cabo sobre la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias de las entidades privadas subvencionadas. Esto que no arranca en el inicio del comisionado, sino es a partir del año 2019, alcanzó en este último informe 3.319, eran en las empresas que habían recibido más de 60.000 euros de subvención de dinero público, porque ese es el elemento esencial cuando se les requiere un nivel de transparencia con respecto a otras entidades privadas, y lo importante es que 2.767, es decir, el 83 % de ellas lo hicieron. Cierto es que todavía con un nivel, con un porcentaje de calidad del 4,48, pero creo que es un dato positivo porque viene siendo un poco el referente, incluso superior a aquellos primeros años de las instituciones públicas donde ni siquiera llegábamos al 4% y por tanto creo que es interesante. Recordar que estábamos hablando de que se repartieron 1.352 millones de euros de dinero público a estas entidades privadas y por tanto la exigencia, por supuesto, siempre debe ser máxima a quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de las instituciones públicas, pero también empezar a ser muy exigente con las entidades privadas.

Y quiero terminar, más allá de los datos cuantitativos, con un elemento cualitativo sobre el trabajo que está llevando a cabo el Comisionado. Al margen de que cada año ha ido incorporando nuevos elementos sobre los que incidir o si ya trabajaba en ellos poniendo un poco más de atención para mejorar la calidad en cada uno de esos trabajos, un ejemplo claro precisamente es el que ha llevado a cabo en este último informe también en cuanto al cumplimiento de derecho de acceso a la información. Pero para mí hay algo que es importante, que a veces pasa desapercibido. La primera imagen que se tenía del Comisionado de Transparencia era un órgano muy fiscalizador, alguien que estaba detrás de las instituciones para que cumplieran sus derechos. Y la imagen yo creo que poco a poco ha ido cambiando. Además puedo hablar en primera persona en el ámbito de algunas de las instituciones en las que estamos que además de esa tarea esencial, además de salvaguardar el derecho que cada ciudadano tiene a recibir la información por parte de las administraciones públicas en tiempo y forma, el Comisionado en los últimos años ha hecho una labor importantísima, además de divulgación, sigue faltando quizás un poco más, pero importante, de recomendaciones a las empresas y de acompañamiento en el proceso para mejorar aquellas fallas que se van detectando.

Finalizo ya, señor presidente. Creo que este es un elemento esencial porque permitirá que todos avancemos, por supuesto, como bien decía en la primera imagen que puso, cuando sabemos que estamos fiscalizados solemos actuar mejor, pero si además de eso, cuando tenemos dudas, cuando iniciamos procesos nuevos, cuando a veces, probablemente esa sea una de las razones, las instituciones sobre todo un poquito más débiles, hablo de los ayuntamientos y los que menos recursos tienen, a veces no tienen personal específico con alta cualificación para llevar a cabo este tema…, el que no solamente se les requiera, se les exija, sino que se les recomiende y se les acompañe, creo que es una de las tareas fundamentales que en los últimos años ha avanzado muchísimo y felicito al comisionado en ese sentido.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:47:35] Gracias, señor diputado.

A continuación, tiene la palabra la señora, por favor, del Partido Popular.

 

Luz Reverón González (Grupo Popular): [00:47:35] Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y también buenos días al señor presidente del Comisionado de la Transparencia y a todo su equipo.

Lo primero que quiero es felicitar por el trabajo que usted hace y junto con su equipo, espero no olvidarme de ningún nombre, creo que su equipo es Teresa, Miguel Ángel, Alicia, María, Esther, Ivana, Roberto, Clara, Almudena y Carmen Delia. Creo que están todos y, por tanto, en nombre del Partido Popular siempre hablamos del equipo del Comisionado, creo que esta es la última comisión y se merecen ese reconocimiento expreso y personal a cada uno de ustedes.

También es verdad que queremos agradecer la labor que han llevado a cabo todos los empleados públicos en todas las instituciones públicas y en todas las sociedades públicas y es de justicia reconocer el esfuerzo que se está realizando en este sentido y también el avance que ha supuesto la aplicación telemática de T-Canaria.

Señorías, la transparencia es un objetivo claro y clave en un Estado de derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia, como he dicho, es clave. No en vano tengo que recordar otra vez más que la primera ley de transparencia fue obra del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy y quiero recordarlo nuevamente por esa expresión que últimamente se está hablando tanto del gobierno abierto y cuando muchos se ponen medallas sobre ese gobierno abierto. Por lo tanto, quiero reconocer que el Partido Popular tiene mucho que decir sobre esto. La información es esencial para la toma de las decisiones informadas y la rendición de cuentas. La transparencia, por su parte, además, permite a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones y, además, dónde se gasta el dinero público. Eso es importantísimo, señorías, y más en el día de hoy que estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo en los medios de comunicación, porque la falta de información puede tener muchas consecuencias graves para esta sociedad. Por ejemplo, los casos de corrupción –no voy a empezar a nombrarlos–, pero los casos de corrupción entendemos que es una consecuencia, además, de la falta de información y del abuso de poder de algunos que tienen muchas posiciones de autoridad y que pretenden ocultar siempre sus decisiones sobre lo que es la gestión del dinero público.

Porque lo cierto es que en estos nuevos tiempos de la sociedad y la información que estamos todos viviendo, la desinformación y la manipulación de los mensajes está a la orden del día. En este contexto, la transparencia real es una garantía irrenunciable de cara a que la ciudadanía y los medios de comunicación dispongan de cuáles son las herramientas necesarias para poder fiscalizar a sus representantes públicos, que somos todos nosotros. Y en nuestro caso, en nuestro caso como oposición, sí me gustaría también decir que es importantísimo para nosotros poder ejercer nuestra labor de fiscalización. Y digo esto, porque como esta es la última comisión, sí quiero destacar que en esta última décima legislatura a lo que estamos asistiendo es a un Gobierno que ha puesto en práctica el oscurantismo. Y digo esto por lo siguiente, señorías. Y, además, porque como los datos son tozudos y estos no se van a poder rebatir por ninguno de ustedes, la realidad es que este Gobierno tiene mucho que esconder.

Y digo esto por lo siguiente. Mire, el 13 de septiembre del año 2019 solicité copia de los informes jurídicos relativos a la entrega de escrituras de viviendas públicas por parte de Visocan. Sigo esperando. 13 de septiembre del 2019. El 15 de junio del 2020 solicité copia del expediente sancionador con motivo del famoso cero energético que se produjo el 29 de septiembre del 2019. Sigo esperando. El 14 de enero del año 2021 solicitamos el convenio de colaboración que se firmó entre el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Sanidad para completar las infraestructuras del Hospital del Sur, aquí en Tenerife. Seguimos esperando. El 18 de octubre del 2021 solicité todos los proyectos de obra que están pendientes de ejecutar del convenio de obras hidráulicas. Seguimos esperando. El 6 de septiembre del 2022 solicité cuánto fue el coste del viaje del consejero de Transición a Islandia con todo su equipo. Sigo esperando. El 31 de octubre solicité a la Consejería de Sanidad que me dijera cuáles eran los contratos que habían supuesto y que había contratado de más de dos millones de euros y, además, si se había solicitado el informe al Consejo de Gobierno. Porque es necesario, simplemente porque lo dice la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Pues bien, sigo esperando. También solicité que nos dijera con cuántas empresas había contratado en el año 2020 que carecían de capacidad de obrar. Sigo esperando.

Por tanto, la conclusión es clara, señorías. ¿Qué tiene que esconder el Gobierno de Canarias ante tantas solicitudes por parte de la oposición y que no nos ha dicho absolutamente nada? Porque mire, es verdad que la nota del Gobierno de Canarias sobre transparencia es prácticamente un sobresaliente. Es verdad que estamos en un nueve y pico por ciento. Es verdad que en el año 2022 ha bajado un poco, pero, bueno, está…, como dirían las personas que dan clases, es un sobresaliente. Pero, claro, el otro lado de la moneda está clara. Es que por parte de la obligación que tiene el Gobierno de Canarias de trasladarnos la información a nosotros, que somos los diputados, para poder ejercer nuestra función de fiscalización, es un cero. Pero a mí lo que me preocupa es el oscurantismo, porque hay cosas que sí contesta, pero hay otras en las que no contesta.

Por tanto, señorías, hoy hablamos de transparencia. Transparencia, eso sí, del resto de las administraciones públicas, porque lo que respecta a este Gobierno en su deber de informar, como he dicho, a nosotros como oposición, poco o nada, o, mejor dicho, nada de lo que no le interesa contestar.

Respecto al informe que se ha remitido por parte del Comisionado a este Parlamento en relación con el cumplimiento de la ley de transparencia, así decir, que es verdad que usted ha dicho que, bueno, se duplicó su actividad y todo esto tiene que ver, como bien se ha dicho ya, porque es la primera  vez que hay sujetos privados que han recibido subvenciones y que ahora están obligados a responder. Nos sigue también, es verdad, llamando la atención el número de reclamaciones de los ciudadanos que algunas de las 336 instituciones o entidades públicas todavía le siguen denegando ese derecho a la información. Es verdad que llevamos años, bueno, demandando y, sobre todo, denunciando esta situación. Sobre todo nos preocupa porque una vez que ustedes, el Comisionado de Transparencia, entran por medio de esta situación, pues casi todas tienen derecho a esa información. Por tanto, algo, entendemos que algo está fallando. Pero lo positivo, si me gustaría destacar, después que existe una mayor concienciación, también me gustaría destacar las jornadas de información y publicidad que ustedes han dado, esas cuñas de radio que ustedes han hecho para que la ciudadanía sea consciente de que tiene derecho a la información que tanto necesita, porque además esto enriquece a nuestro sistema democrático.

En cuanto… una de las cuestiones que sí más nos preocupó son las ratios de cumplimiento, porque en el ámbito municipal son las peores. Es verdad que el 25 %, es decir, una de cada cuatro resoluciones del derecho de acceso a la información reconocida en el año 2022 se dejó de cumplir. Y como veo que ya me estoy pasando de tiempo, sí me gustaría que el comisionado nos respondiera a qué se debe esto. ¿Usted cree que se debe bien a la falta de medios o bien se debe a una negativa per se de no querer responder a los ciudadanos, tal y como pasa en este caso en el Gobierno de Canarias por parte de la oposición? Por tanto, voy terminando, seguir animando al comisionado haciendo pedagogía de la transparencia de forma que se pueda seguir implementando esa transparencia que avanza en la credibilidad de la política. Y digo esto porque no nos olvidemos, y ustedes todos lo saben, señoría, que cuando mi partido político pidió que se investigara qué pasó con cuatro millones de euros que se compraron en mascarilla y que no sirvieron absolutamente para nada, los grupos que apoyaban al Gobierno y el Gobierno se negaron a hacer esa comisión de investigación, pero lo que es peor, nos negaron el derecho a hablar en el Pleno.

Por tanto, yo finalizo felicitando a usted y a todo el equipo, a todas las personas que he nombrado, creo que no me quedaba nada por el gran avance que están haciendo y que sigan trabajando en la medida que lo están haciendo, con los pocos medios, pero que están haciendo un grandísimo trabajo. Muchísimas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [00:56:18] Gracias, señora portavoz.

A continuación, tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Nacionalista Canario.

 

Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario): [00:56:26] Gracias, señor presidente, señorías, señor comisionado y todo su equipo, que nos acompaña hoy.

Nos sumamos a ese reconocimiento personal de la profesionalidad, del rigor, del trabajo del Comisionado, que hoy nos presenta no solo un informe, nos presenta tres informes en realidad, el informe del 2020, el del 2021 y un avance del año 2022 hasta ahora, hasta prácticamente el cierre de la legislatura. Y queremos felicitarlos por ese rigor, por el detalle, por la profesionalidad y lamentamos haber dispuesto de poco tiempo para el análisis, porque realmente, claro, estamos en la coyuntura que tenemos del cierre de legislatura y los tiempos son los que son.

De todas formas, estos informes que cada año se superan nos servirán de herramientas, desde luego, en el futuro para el trabajo. Y se supera porque no solo cada año se incrementan, además de las administraciones públicas, las entidades dependientes, las entidades privadas y en los últimos tiempos los perceptores de fondos, fundamentalmente también los ligados al COVID. Y no solo este incremento de entidades y de instituciones, sino además se refleja en un incremento de los expedientes administrativos que se tramitan. Y al principio de la intervención, el señor comisionado ponía el cuadro sobre la evolución de la actividad del Comisionado y realmente es una de las cosas más llamativas a priori, como esa actividad tímida de 18 expedientes en el 2015 se ha convertido en el 2022 en más de 12.000 expedientes. Esto da idea de la dimensión, del volumen, del trabajo que hay detrás de la actividad del Comisionado. Y esto en cuanto a datos cuantitativos, pero los cualitativos también se reflejan en la mejora de las ratios de cumplimiento de las resoluciones del comisionado, en la mejora de los datos de evaluación de portales en los últimos años por encima del notable, aunque evidentemente siempre hay margen de mejora para las instituciones. Y nosotros en este caso queremos preguntarle si estos datos de evaluación de portales obedecen a una autoevaluación que realizan las entidades, si se realiza algún tipo de inspección, algún tipo de seguimiento, aunque sea aleatorio, para comprobar que efectivamente esas autoevaluaciones se están haciendo bien.

Y queremos también preguntarle qué herramientas necesitarían sobre todo los ayuntamientos, los más pequeños, si es falta de medios económicos, de recursos humanos o si es una cuestión de necesidad de avanzar en la cultura de la transparencia y sobre todo también de voluntad política. Y aquí quiero volver a traer la cuestión que ocurre sobre todo en los ayuntamientos de la falta de transparencia para los responsables públicos que están en la oposición, esa información que no se les facilita a esos expedientes a los que no tienen acceso, que les impide ejercer el derecho democrático del control de esos gobiernos municipales. Y también en este Parlamento porque los retrasos en la respuesta en las solicitudes de información, en algunos casos se unen esos retrasos a la calidad de la respuesta. Cuando te remiten a «busque usted en el boletín oficial» o «busque usted en la página web», no. El respeto que merece el Parlamento, el respeto que merecen los responsables públicos, merecen una respuesta adecuada del Gobierno.

Y ahora yo quisiera recordar las recomendaciones que usted hacía en el informe especial que hizo sobre el COVID, recomendaba la transparencia en los contratos, en las subvenciones, también hacía una referencia al Plan Reactiva, esa necesidad también de transparencia en el Plan Reactiva. Y tenemos que decirle, señor comisionado, que el Gobierno ha hecho oídos sordos a sus recomendaciones. Seguimos sin saber qué ha ocurrido realmente en la gestión del COVID y el más grave caso es el exponente de los cuatro millones de mascarillas, que no sabemos qué ocurrió ni esperanza de saberlo. Y respecto al Plan Reactiva, tampoco sabemos nada. El Gobierno da por bueno toda la gestión del Plan Reactiva, dice que todo está bien y si preguntamos, pues estamos haciendo política. Es una curiosa manera de entender la política, de entender la responsabilidad pública y sobre todo, de entender la democracia y el parlamentarismo. Y lo que tenemos es triunfalismo frente a opacidad y la comodidad de no rendir cuentas amparados en una mayoría parlamentaria que sustenta los cuatro grupos que sustentan al Gobierno.

Y digo, hago esta referencia porque usted hacía un comentario, le daba usted la transparencia al mejor ejercicio de la función pública. Y también decía que la transparencia no es una obligación, sino es un derecho de los ciudadanos. Y visto desde el punto de vista del Parlamento, el ejercicio de la función pública es cierto para quien la ejerce desde el Gobierno, porque se siente evaluado, pero es fundamental para quienes ejercemos la oposición, la transparencia es una herramienta imprescindible para el control, la fiscalización de los Gobiernos. Y aquí estamos fallando, aquí necesitamos avanzar, porque en estos cuatro años de legislatura este Gobierno no se ha caracterizado precisamente por la transparencia y como decía usted, no es una obligación del Gobierno, es un derecho de los ciudadanos en el ámbito parlamentario, es un derecho de los diputados, es un derecho a la participación política.

Y voy concluyendo, señor comisionado, reiterando la felicitación, reiterando el reconocimiento al compromiso del comisionado y todo su equipo, apoyándolo en su labor y tiene usted el apoyo y la colaboración del Grupo Nacionalista Canario, en esa tarea de dar y de seguir avanzando en materia de transparencia en la gestión de las políticas públicas. Muchas gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:03:15] Gracias, señora diputada.

A continuación, es el turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor portavoz.

 

Mauricio Aurelio Roque (Grupo Socialista Canario): [01:03:23] Gracias, señor presidente.

En primer lugar, sí sería cuestión de aclarar que estamos aquí para analizar un informe, no lo que nos sucede a cada uno de los grupos parlamentarios en su actividad en la Cámara. Porque está claro que se quejan de ECD, de falta de información. Las ECD saben que por el reglamento se convierten en preguntas orales y se accede a los consejeros para hacerlo. Quizás, si no han conseguido todavía esa, es porque han dejado de realizar sus funciones y no la han llevado al Pleno. Todos los temas que ustedes han discutido y han puesto sobre la mesa se han discutido en el Pleno. Están en el Tribunal de Cuentas, están en la Audiencia de Cuentas, han sido fiscalizados. Por lo tanto, con lo que hay que quedarse es con lo que usted mismo dijo, el Gobierno, en transparencia en su portal es de sobresaliente. Y eso es en lo que está. Distinto es, hasta incluso me parece una falta de respeto, dentro de un equipo que está aquí, al que felicito, le doy la bienvenida tanto al comisionado como a todo el equipo, de venir a dar un informe, de agradecerles el informe, de felicitarles el informe y hablar de otra cosa. Es decir, tenemos que hablar del informe, que es de lo que se ha venido a hablar. Otra cosa es cuáles son las circunstancias de cada grupo, que haya tenido. Pero, bueno, han tenido cumplida respuesta en el Pleno en cada momento y por cada uno de los consejeros. Otra cosa es que la información no sea la deseada o la que quieren que uno les dé, que es distinto. Pero el acceso lo tenía.

Yo con el informe, lo que sí, reitero mi agradecimiento, la verdad, trabajo realizado a todo el equipo y lo que denoto y lo que he visto es un crecimiento, un crecimiento que va en la ampliación del mapa de obligaciones, incluso superando lo que es el marco legal, incluso se evalúa más allá de lo que establece el marco legal, cosa que es positiva. Pero también ha habido un avance y una ampliación en los sujetos de evaluación. Es decir, que hay dos cosas importantísimas.

Y visto el informe, casi sin salir del resumen ejecutivo, nosotros, nuestro grupo, quiere plantear ocho hitos. En el año 2020, referido al año 2020, el primer hito, que tiene que ver con lo que hablaba el señor Luis Campos del número de reclamaciones, yo creo que tendrá que ver con la campaña que realizó institucional sobre el acceso a la información realizada en Canarias en estos años, centrada en más de mil cuñas, bajo el lema aquel “Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar”. Por lo tanto, algo tiene que ver. Por lo tanto, si alguien reclama y están reclamando y los números de reclamaciones aumentan, es positivo y por eso se hacen las campañas.

El segundo hito tiene que ver respecto al informe anterior, que se incorporaron las 66 corporaciones de derecho público de Canarias. Es decir, a los colegios profesionales y a las cámaras de comercio. De esta forma, por primera vez en la comunidad autónoma se emplazó a autoevaluarse y rendir cuentas sobre su propia transparencia a todas las entidades incluidas en el 2, en el artículo 2 de la ley 12/2014.

Y así, en este informe del año 2020, como se recoge en el propio informe ejecutivo, el porcentaje de participación ha subido, llegando a colaborar 54 de las 66 corporaciones locales. Es decir, superando el 80 %.

El tercer hito tiene que ver, igualmente, con la participación, pero en este caso con las que tienen que ver con el artículo 3 de la ley 12/2014, a 487 entidades privadas que recibieron las ayudas y subvenciones por importes acumulados a 60.000 euros.

El cuarto hito, que hemos visto en todos los informes y que abundan en este crecimiento, es el referido a los sujetos censados. Es decir, el informe del año 2020 se refiere a 335 sujetos obligados de los 347 que presentaron su declaración de transparencia. Y por primera vez, y este es el hito, todos, todos, todos superaron la nota de notable, es decir, el 7,65.

El quinto hito ya tiene que ver más con el informe del año 2021. Y el primero es que la gran concesión de números de ayudas relacionadas con la COVID durante el ejercicio, las entidades privadas en el ámbito de la comunidad autónoma multiplicó por tres el número de entidades emplazadas a autoevaluarse.

El sexto hito lo ponemos en el proceso de verificación pormenorizada y exhaustiva del cumplimiento de las resoluciones de derechos de acceso favorables a los ciudadanos frente a las Administraciones que solicitan información. Es decir, esta es la mayor novedad en este último punto y en este último año y correspondiente a los últimos meses de trabajo.

El séptimo hito, también una novedad, que el comisionado apuesta por un programa de monitorización de cumplimiento del derecho de acceso a la información y ahora en la segunda parte ya nos aclarará y nos completará lo que nos quería decir anteriormente. A los ciudadanos que reclaman a la entidad por falta de respuesta de las 98 Administraciones territoriales del Canarias y sus entidades dependientes. Los resultados que reflejan los cuadros, que ahora lo vamos a ver, resoluciones de derechos de acceso a la información pública y del comisionado de transparencia.

Y el último hito se sitúa en la necesidad de mejora y estábamos hablando y usted se refería al poder coercitivo para terminar. Yo creo que la presentación, usted empezaba la presentación, “cuando sabemos que se puede saber lo que hacemos, lo hacemos mejor”. Entonces, cuando hay un poder coercitivo que te puede empujar también lo vas a hacer mejor. Y en ese caso yo quería felicitarles por el trabajo realizado. Gracias.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:09:41] Gracias, señor portavoz.

Y, a continuación, para concluir, tiene la palabra el señor comisionado, señor Cerdán. Por espacio de diez minutos, un poquito menos generoso que el anterior turno.

 

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: [01:09:56] Gracias a todos, en nombre del equipo, porque nos enorgullece y nos estimula que se reconozca el trabajo de estos años.

Y dicho así, en corto, pero intenso y sinceramente nuestro agradecimiento, yo he procurado agrupar el batiburrillo lógico de seis intervenciones en preguntas, en reflexiones, en retos de futuro en algunos bloques, para tratar de responderles a lo más posible, porque es muy difícil en diez minutos responder a todo.

Y empezaríamos quizás primero por los temas del cuánto, de si hay suficientes medios o no suficientes medios, de ese tipo de cuestiones. Por una parte, están los medios en las administraciones, que efectivamente el propio Diputado del Común, hace unos pocos días, planteaba que efectivamente hay algunas Administraciones que están muy limitadas, faltan secretarios, faltan habilitados. Y luego está el tema de los medios en el Comisionado de Transparencia. Yo creo que en las administraciones en general, aunque eso es cierto, lo que comentaba el Diputado del Común, en el ámbito de la transparencia, como tampoco el nivel de preguntas es excesivo, porque no se conocen con precisión, porque nosotros hacemos encuestas, pero no tenemos mucha fiabilidad en cuanto a cuántas preguntas hacen los ciudadanos a las 98 Administraciones canarias, pero no parece que sean muy grandes.

Y la prueba es que, curiosamente, los pequeños tienen pocas preguntas, pero responden. Y si ustedes repasan nuestro informe, donde más hay incumplimientos en derechos de acceso es en ayuntamientos de un cierto nivel, que se supone que tienen medios. Eso es respecto a los medios de las administraciones canarias.  Respecto a los medios del Comisionado, nosotros siempre hemos dicho que estamos, comparativamente a otros comisionados y otros consejos autonómicos, satisfechos de los recursos que nos aporta el propio Parlamento, porque no olvidemos que somos un órgano del Parlamento.

Y en ese sentido, comparado con otros comisionados o consejos, nos encontramos satisfechos. Y eso que, cuando valoramos qué cuesta verificar la transparencia, lo tenemos cifrado en 0,32 céntimos por habitante y año (en 2022), que no es mucho porque somos ocho funcionarios más dos auxiliares del Parlamento los que colaboran y eso es un costo bastante razonable. Y no demandamos muchos más medios. ¿Y cómo es posible que estemos con tan bajo costo, con tan poco personal y tal productividad en número de expedientes y en número de evaluaciones? Porque el truco del almendruco, diríamos, sería haber podido establecer un sistema de interconexión entre nosotros, entre el equipo del comisionado, que está, les recuerdo, este Parlamento, y el conjunto de las administraciones o de las empresas subvencionadas a través de un programa informático, a través del que miles de canarios colaboran con nosotros en cargar esos datos. Nosotros no podríamos cargar 3.167 evaluaciones si no fuera porque invitamos a autoevaluarse a las instituciones y a las empresas; y se autoevalúan y nosotros verificamos si lo que dicen está publicado o no está publicado. De ahí, esa coparticipación, esa colaboración es la que permite, con bajo costo, conseguir estos resultados en número de expedientes y en número de resultados.

Como les decía, el nivel de publicidad activa es alto en las medias, pero tampoco nos debe hacer olvidar que hay, aunque las medias están por encima de siete en todo el sector público, que hay todavía ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos que suspenden, y dos o tres entidades del ámbito autonómico, pero que ayuntamientos y entidades dependientes de ayuntamientos que todavía están suspendiendo y que están en la lista. Yo no puedo ahora relatar aquí de las 340 entidades públicas cuáles son, pero los tienen ustedes en el informe. Y yo lo que siempre invito es a las instituciones a que lleven sus resultados, que son descargables desde nuestro programa, descargables con un clic, que lo lleven al debate, lo mismo que estamos debatiendo aquí, pero al debate de sus plenos, porque aquí no podemos debatir las 340 entidades públicas uno por uno, pero sí se pueden debatir en plenos de cabildos o plenos de corporaciones locales.

Y les digo que, aunque estamos satisfechos en el nivel de publicidad activa, nos queda y estamos satisfechos incluso en el ámbito privado, que está en 4,48, creo que hay un margen de mejora, siempre lo hay en estos campos. En el ámbito de la publicidad activa o privada, que es donde los portales de transparencia de las empresas y ONGs, nuestras actividades ya ahora, en este año, que no entraba dentro del informe, en el año 2023, de cara, digamos, a la mejora, se han manifestado en la semana pasada, hemos publicado el viernes una recomendación a todas las administraciones públicas para que mejoren en las convocatorias de ayudas y subvenciones su información sobre a qué están obligados cada entidad que recibe ayuda, incluso hasta las que reciben menos de 60.000 euros, las que reciben más de 60.000 euros tienen que presentar, tienen que mantener un micro portal de transparencia mucho más pequeño que el de las entidades públicas, pero las tienen que mantener. Entonces, ese déficit informativo que había, tratamos de corregirlo mediante una recomendación que introduzca en todas las convocatorias de subvenciones el recordatorio de que existen leyes de transparencia que obligan a publicar al menos 12 elementos informativos, que es lo que nosotros controlamos en los portales privados, y que eso ha de cumplirse. Eso, como mecanismo, diríamos, de mejora a futuro en el ámbito privado de la transparencia, que como hemos dicho, era el más factible de mejorar.

En el otro ámbito, incluso las intervenciones de todos ustedes han puesto más de manifiesto, unos más crudamente que otros, pero que tenemos un más amplio margen de mejoras es en el derecho de acceso. Y, además, no solamente en el derecho de acceso de los ciudadanos, sino en el derecho de acceso de los cargos públicos. En este sentido, aunque no lo hemos comentado porque no era una cuestión específicamente nuestra, en el año 2022, el año pasado, el Tribunal Supremo, por fin, emitió Sentencia núm. 312/2022 de la Sala de  Contencioso del Tribunal Supremo (https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9624ee5285bdd333) y convalidó una resolución de la Comisión de Garantías de Cataluña que, de alguna manera, puso fin a la discrepancia que había en España entre unos consejos que admitían las reclamaciones de cargos públicos contra su ayuntamiento, su diputación o su Gobierno. Y, de alguna manera, consolidó ya una jurisprudencia que este Comisionado venía aplicando, pero venía aplicando fundamentalmente con concejales y consejeros de Cabildo, que desde el año 2016-2017, creo recordar, a veces nos planteaban reclamaciones frente a denegaciones de sus instituciones no necesariamente a través de la Ley de Transparencia, sino simplemente a través de la Ley de Régimen Local.

Entonces, hasta ahora no se habían planteado, hasta ahora digo, el mes de diciembre del año pasado. Perdón, sí se habían planteado. El año pasado se planteó una reclamación de un diputado de esta Cámara que se resolvió, se inadmitió y se declaró su terminación, pero fundamentalmente porque se había entregado la información [apenas unos días después de haber reclamado]. Pero en diciembre se ha vuelto a presentar un paquete de reclamaciones de una diputada de esta Cámara, como ha ocurrido ya en Navarra y en Cataluña. Diremos que pretende, lo que aquí se ha estado antes explicando por algunas diputadas, que es que las denegaciones, las no contestaciones o denegaciones de derecho de acceso del Gobierno a los diputados de esta Cámara también se vean amparadas por el Comisionado y, por lo tanto, por la Ley de Transparencia. No solamente por el reglamento de la Cámara, que era una cosa habitual hasta ahora, que prácticamente cuando no se respondía, la mesa instaba a la Consejería competente a que respondiera y ahí se quedaba el asunto, sino que en este momento, ya les digo, ha habido dos comunidades que han ido por delante de nosotros, tanto Cataluña, no porque fueran más adelantadas, sino simplemente porque allí se produjo la reclamación, en Cataluña como en Navarra.

En ambos casos se han producido resoluciones estimatorias para los diputados y tenemos -como les decía- el precedente, la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del año 2022, referidas a concejales y a diputados de la Diputación de Girona, que avalan, de alguna manera, ese salto, esa mejora cualitativa en el reconocimiento al derecho de acceso para que los diputados, también -no solamente concejales y consejeros de Cabildo o diputados provinciales- se puedan, diríamos, amparar en la Ley de Transparencia de este país. Con lo cual, significará un nivel de avance también en esta materia. Porque no nos olvidemos que, para que ustedes hagan una idea, aunque no tengo aquí la cifra, las preguntas que se hacen en esta Cámara y en general, yo creo que en casi todas las Cámaras autonómicas, superan el número de preguntas que se hacen los ciudadanos al conjunto de las administraciones canarias.

No hay una estadística precisa, pero prácticamente hay 5.000 o 6.000 preguntas, entre preguntas y solicitudes de acceso, que se presentan cada legislatura en esta Cámara. Y no es un problema de esta legislatura ni de la anterior. En general, no tenían hasta ahora los diputados ni en esta Cámara ni en otras autonómicas los sistemas de garantía que empiezan a consolidarse precisamente a raíz de sentencias de casación como la que les he explicado.

Por lo tanto, en ese sentido, creemos que la trayectoria, la evolución de estos seis años, de los ocho años, mejor dicho, que les he ido contando se va a ver de alguna manera fortalecida en los próximos meses.

Primero, porque ha habido también aquí una reflexión –creo que lo decía el presidente de la Comisión en su turno– que decía qué pasa con las grandes empresas que han recibido más de 200 millones de euros o casi 35 millones de euros. Y las de cinco millones no han declarado todas. Pero, ¿qué pasa con algunas que aparecen en el informe aquí sin datos? Es decir, que ni siquiera se ha molestado en decirnos «mire, sí, abrí un pequeño portal de transparencia con 12 ítems», que no les pedimos la luna, sino los 12 ítems mínimos que marca la Ley de Transparencia estatal. Bueno, pues en ese sentido, nuestra posibilidad para estimular que en el futuro ese nivel de no respuesta, es decir, de no datos, de no presentar la autoevaluación se reduzca al mínimo, sobre todo en aquellas que tienen grandes e importantes subvenciones; es comunicar, como lo comunicaremos, este informe. No solamente está publicado ya en la web del Comisionado y en el Boletín Oficial del Parlamento, sino que se lo comunicaremos a las intervenciones de fondos, que son en realidad las responsables de una segunda vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades que reciben fondos públicos, para que a su vez tengan una capacidad coercitiva, como lo que estamos hablando, mayor que la nuestra. Que la nuestra es hasta este momento puramente reputacional. Nosotros sacamos la lista para que todo el mundo lo vea. A partir de ahí se queda, diríamos, en el margen de las capacidades ya de los diputados o consejeros de cabildo o concejales en producir resultados a partir de los datos.

Pero, a partir de ahora, diríamos lo que vamos a poner también en manos de las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias, para que puedan, de alguna manera, cada vez que vuelven a dar en los próximos años fondos públicos a entidades privadas, pues tengan la misma o parecido nivel de control y responsabilidad que cuando son los funcionarios o los cargos públicos, digamos, de Canarias los que usan esos fondos. Porque, al fin y al cabo, el euro es igual de público cuando se usa por la Administración que cuando se usa por una entidad subvencionada. Y, en ese sentido, creo que este año vamos a poder impulsar mejoras en ese campo.

Muchas gracias a todos.

 

Francisco Antonio Déniz, vicepresidente de la Comisión: [01:23:09] Pues muchas gracias, al comisionado y a todo su equipo.

Y, bueno, esta comisión tiene que continuar. Y, mientras despedimos al equipo, pues muchas gracias. Y sigamos profundizando.

Se reducen los incumplimientos de las resoluciones de acceso a la información favorables a los ciudadanos

La evaluación de portales de transparencia se triplicó en 2022 hasta los 3.167 públicos y privados

– El Comisionado de Transparencia de Canarias presenta informe anual

Transcripción de la intervención de Daniel Cerdán y de los portavoces en la Comisión de Gobernación

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, junto a Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones, y Miguel Ángel Herrero, jefe del Servicio de Evaluación, en la Comisión de Gobernación

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado hoy el informe anual del año 2021 y el  avance de la actividad en 2022 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.

La presentación utilizada por el comisionado de Transparencia de Canarias, en la Comisión de Gobernación se puede consultar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/641460ddcda5270011828512

La grabación de la presentación del comisionado de Transparencia en la Comisión de Gobernación está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/ee9h-kBm5Dw

El informe anual completo es accesible aquí: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Transparencia-2021.pdf

El progreso más relevante del año 2022 se produjo en una mayor verificación del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso cuando los ciudadanos son amparados para que les entreguen información. Se ha conseguido reducir en más de la mitad el número de resoluciones incumplidas en el periodo 2020-2022, tal como recoge el cuadro de ratios de cumplimiento por las administraciones canarias de las resoluciones de derecho de acceso a la información pública emitidas por el Comisionado de Transparencia. Hasta el año 2021, más de un tercio de las resoluciones anuales no se cumplía (en porcentajes semejante a las siete comunidades autónomas donde se mide este fenómeno). El programa de verificación llevado a cabo en los últimos catorce meses llevó a reducir los incumplimientos al 8,37 % en 2020; al 10,48 % en 2021 y al 17,75 % en 2022. No consta todavía el cumplimiento de 60 resoluciones de 2022, de 33 resoluciones de 2021 y de 19 resoluciones de 2020.

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, ha recordado que “la transparencia no es solamente un derecho del ciudadano, sino que es también una herramienta que permite mejorar los resultados a las administraciones”. Porque los poderes públicos e instituciones tienen parecidos incentivos a los de las personas: “cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos –indicó -, lo hacemos mejor”.

En los últimos dos años, el Comisionado de Transparencia ha duplicado el número de expedientes administrativos, superando los 4.000 expedientes gestionados en 2022 y, en concreto, ha triplicado el número de expedientes de evaluación de los portales de transparencia, hasta alcanzar los 3.167 en el último ejercicio.

Con respecto a los resultados de las evaluaciones de transparencia, en la última evaluación correspondiente a la información del ejercicio 2021 se consiguió la participación del 84,77 % de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa de Canarias: todas las instituciones principales y sus entidades dependientes y las asociaciones públicas (FECAI y FECAM), el 44, 44 % de las mancomunidades, el 88, 06% de las corporaciones de derecho público y el 83, 29% de las entidades privadas.

La media aritmética del sector público alcanzó 7,82 puntos en la evaluación hecha en 2022 sobre el ejercicio de 2021. Las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio y colegios profesionales) consiguieron una media de 6,35 y el sector privado (los miles de empresas y organizaciones subvencionadas con más de 60.000 euros anuales) se quedó cerca del aprobado con una media de 4, 48.

En materia de derecho de acceso, Daniel Cerdán informó del aumento de las reclamaciones presentadas por derecho de acceso a la información pública, así como del número de resoluciones. Mientras en 2020 se registraron 386 reclamaciones y se resolvieron 359 expedientes, en 2022 las reclamaciones llegaron a 575 y se resolvieron 507, de las que el 76 % fueron estimadas con resultados favorables para los ciudadanos.

Daniel Cerdán reconoció que en comparación con otros comisionados y consejos están satisfechos con los medios que les atribuye el Parlamento, indicando que el costo del Comisionado se sitúa en 0,32 € por habitante al año. “La colaboración de las miles de entidades públicas y privadas en el proceso de evaluación de transparencia a través de la presentación de sus declaraciones de transparencia que luego se procesan telemáticamente permite que el pequeño equipo del comisionado pueda realizar dicha labor a muy bajo coste”, indicó Cerdán.

Los resultados de la evaluación de los portales de transparencia de las entidades privadas serán facilitados a las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias para que puedan ejercer el control y las acciones correspondientes con respecto a las entidades que reciben subvenciones de más de 60.000 euros y no cumplen con sus obligaciones legales de transparencia.

En cuanto al sector privado, y a pesar de que la nota está por debajo del aprobado (4,48 frente al 4,83 de 2021), Cerdán ha señalado que en contra de lo que pudiera parecer es «aceptable» si se compara con las de los dos primeros años de evaluación en el sector público, y porque «la inmensa mayoría» de las empresas desconocían sus obligaciones en materia de transparencia. El comisionado ha hecho hincapié también en el incremento exponencial de empresas privadas analizadas por el reparto de fondos COVID: en total fueron 3.319 las que en el ejercicio de 2021 tenían obligación al percibir una subvención superior a los 60.000 euros, de las cuales presentaron su declaración el 83%.

Intervinieron en representación de los grupos políticos, por este orden:  Ricardo Fernández de la Puente Armas, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Francisco Antonio Déniz Ramírez, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Luis Alberto Campos Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC), Luz Reverón González, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Socorro Beato Castellano, portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario y Mauricio Aurelio Roque González, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario.

Puede consultar la transcripción de las intervenciones completas del comisionado y de todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el siguiente enlace.

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