Petición dirigida al Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución anual de un asesor del grupo ASG| Inadmisión
Resolución de inadmisión de reclamación contra resolución de la Mesa del Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución bruta anual de un asesor parlamentario del grupo ASG (08-I-2021)
El día 18 de mayo, una semana después de lo inicialmente previsto, se abrirá el plazo de un mes para la autoevaluación anual de la transparencia de las 340 instituciones y entidades públicas de Canarias, a través del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). En el supuesto de que el periodo de alarma se prorrogara de nuevo; los plazos para presentar la autoevaluación se ampliarán hasta, al menos, quince días después de la finalización de la alarma.
Una vez verificadas sus declaraciones por los servicios del Comisionado de Transparencia (Parlamento de Canarias), dispondrán de un periodo de alegaciones. Hasta entonces, y como las más avanzadas han venido haciendo durante los últimos meses, las instituciones pueden ir actualizando y mejorando la información que ofrecen en sus portales de transparencia.
Será el cuarto informe anual de rendición de cuentas sobre transparencia desarrollado en Canarias con su propia metodología y herramienta informática (T-Canaria) sobre todas las instituciones públicas. Analizará el cumplimiento del año 2019 con los datos publicados en los portales de transparencia en el primer semestre de 2020.
Los servicios del Comisionado de Transparencia han aprovechado el periodo de confinamiento para mejorar la aplicación informática; de forma que este año les costará mucho menos tiempo realizar la autoevaluación a los empleados públicos. Ello es así porque en la herramienta T-Canaria les aparecerán precargados los datos de su declaración anterior (de forma parecida a como ocurre en el programa de declaración de la renta), de forma que podrán optar por cargar todos los datos o anotar solo los cambios de las direcciones web donde están obligados a publicar los contenidos informativos de la transparencia.
Aquellas instituciones que esencialmente no hayan modificado la estructura del portal de transparencia en el último año y que únicamente hayan ido actualizando sus datos [se recomienda que cada mes o trimestre en algunos casos] les va a costar mucho menos tiempo realizar la carga del T-Canarias. La novedad este año será un nuevo cuestionario sobre los contenido informativo que cada institución haya publicado en el portal de transparencia o en su web sobre las actuaciones realizadas frente a la pandemia del Covid-19 y sus secuelas; en la medida en que toda las actividad del sector público se ha visto afectada o condicionada por ella.
Datos ampliados sobre la noticia:
Evaluación de las obligaciones de transparencia en Canarias mediante el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) en el periodo 2015-2018
El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) representa el grado de cumplimiento de transparencia activa de las instituciones canarias y se ha constituido en la más amplia y transversal evaluación de una política pública en esta materia a nivel estatal al haber alcanzado en el pasado ejercicio a 270 de las 340 instituciones y entidades públicas de Canarias. La aplicación informática T-Canaria que lo soporta ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico, interactivo y colaborativo. Juntos, constituyen una auténtica singularidad en la medición del grado de cumplimiento de las leyes de transparencia.
Tanto la evaluación como el desarrollo de la aplicación T-Canaria han demostrado tener un claro impacto positivo en la transparencia de las instituciones y de sus sectores públicos, incrementado también por el hecho de que el proceso de evaluación es participativo y permite a las entidades analizarse, autoevaluarse y mejorar los contenidos de la web o portal de transparencia antes de rendir cuentas al Comisionado.
El primer año en el que se comenzó a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en Canarias fue 2016, año en el que se analizó la calidad de los portales de transparencia en 2015. En aquel ejercicio, solo colaboraron con el Comisionado de Transparencia 37 entidades: la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife y 32 de los 88 ayuntamientos, es decir, el 38,54 % de las administraciones públicas. Cuatro años después, y por segundo año consecutivo, en el último informe del Comisionado todas las 96 administraciones y las dos universidades públicas colaboraron remitiendo su declaración de transparencia, hecho que en España solo ocurre en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el último informe publicado en la web del Comisionado, referido al ejercicio 2018, el número de entidades no colaboradoras o incumplidoras se redujo considerablemente, quedando solo 62 sujetos públicos obligados por evaluar, es decir, el 18,24 % de los 340 sujetos obligados canarios.
Cabe destacar que esta progresión ha sido posible gracias a la colaboración y al gran trabajo de los empleados públicos encargados de alimentar y mantener actualizados los portales de transparencia y de cumplimentar y remitir los cuestionarios de las evaluaciones. En el último proceso evaluativo, más de 400 empleados públicos de las 270 entidades evaluadas trabajaron con la herramienta T-Canaria.
Todo ese esfuerzo realizado se muestra en los resultados de la evaluación: la nota media del ITCanarias 2018 de todo el conjunto de entidades evaluadas fue de 5,27, dos décimas por encima de la nota del año anterior (5,03). Aunque pudiera parecer que la dedicación de las instituciones principales y de sus entidades dependientes no tuvo una gran repercusión en la media del conjunto, como sí ocurría en años anteriores; el mayor trabajo se vio en el aumento del número de portales de transparencia creados y evaluados. Recuérdese que solo quedó el 18,24 % del censo de entidades sin evaluar, frente al 39,42 % del ejercicio anterior.
De las 278 organizaciones que rindieron cuentas sobre su transparencia, 153 alcanzaron un ITCanarias 2018 igual o superior a 5, es decir, el 55,04 %, mientras que en 2017 solo el 44,02 % lo lograba. Por lo tanto, por primera vez más de la mitad de los sujetos obligados canarios evaluados tuvo un nivel de transparencia como mínimo aceptable.
En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia ascendente tanto de la participación de las entidades evaluadas como del número de entidades con notas superiores a 5.
En lo que respecta a las 96 administraciones públicas canarias, llama la atención que la media de los ayuntamientos fue ligeramente inferior a la del ejercicio 2017, 5,16 frente a 5,33, mientras que la media de los cabildos y la nota de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma aumentaron. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, este retroceso se produjo después del gran salto hacia adelante dado entre 2016 y 2017. En el primer año de las evaluaciones, la media aritmética de las 96 administraciones canarias apenas llegó a 3,14 puntos; lo que hizo reaccionar a las instituciones más sensibilizadas con la transparencia.
Por segundo año consecutivo todas las administraciones públicas alcanzaron una media del ITCanarias superior a 5, lo que refleja una consolidación progresiva de la cultura de la transparencia.
Se muestran a continuación las medias aritmética y ponderada por población de las 96 administraciones públicas, así como de cada tipo de administración.
[Nota metodológica sobre las medias. La media aritmética del ITCanarias, o simplemente media, es una medida de tendencia central, en la que se suman todas las notas de las entidades y se divide por el número total de estas. Todas las administraciones tienen el mismo peso y, por tanto, influyen de la misma manera en el resultado.
En la media ponderada por población se tiene en cuenta el peso relativo de cada administración en el total poblacional correspondiente, de forma que las entidades que afectan a un mayor número de habitantes tienen una mayor relevancia en el valor de la medida.]
Crónica de la presentación del informe 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias
El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, presentó este miércoles 19 de febrero de 2020 el informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio 2018 en el Pleno del Parlamento de Canarias.
Más del 80 % de las reclamaciones que llegan al Comisionado de Transparencia, 355 en 2018 y 244 en 2019, no proceden de inadmisiones o desestimaciones de las solicitudes de información sino del silencio administrativo, por eso, indicó el comisionado, “prácticamente más del 85 % [el 88 % en concreto desde el inicio de la actividad] de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes porque no había, en muchas ocasiones, mayor problema en entregar una información, no sometida a ningún límite, ni a ninguna causa de inadmisión”. Es, por tanto, en el ámbito de la respuesta al ciudadano donde más margen de mejora tiene el sistema canario de Transparencia y “donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos proactivos que empujen a unas mejores respuestas a las administraciones públicas de Canarias”, reflexionó Cerdán. Sigue habiendo, expuso el comisionado, una gran cantidad de administraciones que responden con “la callada por respuesta”.
Daniel Cerdán comenzó su intervención haciendo referencia a las máximas que han inspirado el trabajo de evaluación y control del Comisionado de Transparencia: «lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre» del matemático William Thomson y «cuanto más te observo, mejor te comportas» de Jeremy Bentham.
Recordó que los cuatro órganos vinculados al Parlamento de Canarias, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Diputado del Común y el propio Comisionado de Transparencia, son los ojos de la Cámara parlamentaria para el mejor cumplimiento de las leyes, “somos los delegados del Parlamento no solamente para detectar incumplimientos sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimizaciones, para empujar hacia la excelencia”.
En lo que respecta al control del cumplimiento de la Ley de Transparencia, en este informe, el Comisionado de Transparencia ha señalado públicamente a las 62 entidades que no rindieron cuentas sobre el ejercicio 2018, de las que 45 ni siquiera cuentan con página web. Pero también ha destacado a aquellas entidades que lo han hecho bien. Las 86 entidades que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) fueron distinguidas en noviembre con el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y 153 de las 340 administraciones y entidades que componen el sector público canario obtuvieron el “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” por haber aprobado la evaluación del ejercicio 2018. Consideró Cerdán, en este sentido, que ya hay una mayoría de entidades que, al menos en la transparencia ejercida a través de los portales de transparencia, está por encima del 5, “después de tres años de progresiva mejora”.
Sin embargo, el comisionado de Transparencia explicó ante la Cámara que mientras que en el ámbito de la publicidad activa se ha mejorado notablemente, y así se refleja en el informe presentado, en el ámbito del derecho de acceso los datos no son tan positivos, como se ha señalado al principio.
Después de tres años de “caminar en solitario”, el modelo de evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias ha recibido dos premios nacionales. Asimismo, “otras tres comunidades autónomas en estos momentos están empezando a trabajar con el modelo del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), adaptándolo a su fórmula de trabajo, para implementarlo a lo largo de este año”, anunció Cerdán.
Para terminar, el comisionado de Transparencia avanzó que con la herramienta T-Canaria y la colaboración de los empleados públicos de todas las administraciones y entidades públicas canarias, en la próxima evaluación “esperamos alcanzar a los 600 sujetos evaluados y medidos porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los 300 primeros perceptores de ayudas y subvenciones públicas”.
El portavoz de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente, destacó que la labor que ha realizado el Comisionado es “fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años”. Es importante, dijo, contar con los medios técnicos que favorezcan la disponibilidad de la información por lo que considera interesante el desarrollo que está haciendo el Comisionado de Transparencia para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones.
Fernández de la Puente valoró que el Gobierno de Canarias y los cabildos han hecho un esfuerzo para cumplir con las obligaciones de transparencia y han evolucionado favorablemente en el Índice de Transparencia. “Es quizás- distinguió- en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones”. Para el portavoz, se debe empezar a evaluar también a las entidades que reciben fondos públicos “concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos -que recibimos ayudas-, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia”.
Sobre el derecho de acceso, el diputado de Ciudadanos destacó la “mala costumbre de dar la callada por respuesta” que tienen las administraciones, en ese sentido, dijo, “tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva”.
Fernández de la Puente acabó su intervención preguntando a Daniel Cerdán cuál cree que es el motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el Comisionado de Transparencia.
Melodie Mendoza, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, empezó reseñando la evolución positiva de las administraciones hacia la transparencia desde la aprobación de la figura del Comisionado de Transparencia. Desde la Agrupación Socialista Gomera consideran una muy buena iniciativa del Comisionado de Transparencia la organización de eventos como la entrega de diplomas del pasado mes de noviembre, “ya que no solo recompensa- dijo la portavoz- a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motivan a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento”.
Para Mendoza, “cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI, para poder demostrar que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad”. Sin embargo, lamentó que aunque ha aumentado el número de portales de transparencia en 2018, todavía hay muchos “portales malos”, es decir, aquellos portales “que no se actualizan, que no tiene toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que, por tanto, no son útiles para los ciudadanos”.
En cuanto al derecho de acceso a la información, Mendoza destacó que el dato empeora porque las preguntas sin respuesta se incrementan, aunque como parte positiva, “cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del Comisionado ante la falta de respuesta por parte de la administración competente, de hecho, el Comisionado de la Transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87 % de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos”. Al respecto, reflexionó la portavoz que si los expedientes que debe revisar y evaluar el Comisionado de Transparencia cada vez son más, “debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible”.
El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Francisco Antonio Déniz, destacó que los datos ofrecidos por el Comisionado de Transparencia “muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, lo cual significa que las instituciones se están poniendo en la tarea de transparentarse”. Quiso agradecer y reconocer el trabajo de los empleados públicos que realizan el trabajo de cumplir con las obligaciones de transparencia “por contribuir a una mejor democracia”.
Déniz propuso al comisionado de Transparencia incluir en la evaluación las actividades de reuniones y asambleas con vecinos que realizan los alcaldes y concejales de los ayuntamientos y otras corporaciones ya que porque “es un trabajo bastante arduo”.
Por otro lado, con respecto a las 62 instituciones incumplidoras, considera que más que aplicar medidas coercitivas, se debe “persuadir” para ver las razones por las cuales no cumplen con los niveles de transparencia. Considera también que hay varias asignaturas pendientes, “una de ellas es el control a las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del Gobierno o de las instituciones. Es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo”.
Sandra Domínguez, portavoz del Grupo Nueva Canarias, recordó que el informe del Comisionado de Transparencia “nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas, y que produzcan un flujo de información multidireccional”. Con respecto al derecho de acceso, destacó Domínguez que, según los datos del informe, “se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública”. Canarias es una de las comunidades autónomas con más reclamaciones, “se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100 000 habitantes censados”, explicó.
La portavoz, por otro lado, achacó la falta de cumplimiento o los suspensos del ejercicio 2018 a que “se ha multiplicado la tarea de las administraciones por cuatro, cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades”.
Reflexionó también la portavoz sobre la falta de un reglamento que modifique la Ley de Transparencia y la “tarea pendiente” de ampliar el control de transparencia a otros entes privados que reciban subvenciones, partidos políticos y organizaciones sindicales. Por último, Domínguez animó al Comisionado a seguir en esta tarea “pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones”.
Para la portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, la transparencia es un “nuevo modo de vida y evidentemente todas las administraciones públicas pero también incluidos todos nosotros tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia”, “porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen, reseñó.
Reverón señaló a algunas entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, la Agencia Canaria de Protección Medio Natural, la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias; que descendieron en puntuación con respecto al año anterior, y entiende la portavoz que desde el Parlamento de Canarias se debería de hacer una labor, desde su función de control al ejecutivo, “para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe”.
Los ciudadanos, consideró Reverón, se quejan de no obtener la información que realmente demandan, debido a que en los portales “se carga la información institucional pero no realmente la información sobre la que el ciudadano quiere tener conocimiento”. Lamentó asimismo la falta de respuesta por parte de las administraciones a las solicitudes de información de la ciudadanía: “yo creo -dijo la portavoz- que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y, sobre todo, que un silencio por respuesta”.
La diputada del Partido Popular finalizó su intervención felicitando al comisionado “por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir”.
Socorro Beato, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, consideró que hay que ser benévolos con algunas administraciones, sobre todo con las más pequeñas, porque “estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos y la que merece la pena publicarse y por lo tanto hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información”. No se puede olvidar, expresó la diputada al respecto, la situación de muchas administraciones públicas, “la mayoría de los ayuntamientos canarios con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos sobre todo en los servicios públicos esenciales, los servicios sociales”.
Beato reflexionó sobre si la transparencia está en crisis y qué medidas se pueden tomar “para volver a poner la transparencia en lo más alto de las agendas políticas”, planteando la necesidad de una modificación de las leyes de transparencia “que permita saber, por ejemplo, cuales son los compromisos de gobierno”. En este sentido, preguntó la portavoz: “cómo puede la ciudadanía controlar a un Gobierno del que no sabe cuál es su rumbo, cómo puede la oposición controlar a un Gobierno del que no conoce su programa. Así es fácil malear las posiciones”.
Finalizó la señora Beato animando al comisionado “a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía”.
El portavoz del Grupo Socialista Canario, Manuel Martínez, habló de la evaluación con el símil académico, donde el Comisionado de Transparencia es el tutor que presenta las notas y las administraciones y entidades públicas son los alumnos. Destacó Martínez, sobre las 62 entidades incumplidoras, que “se han fugado, y lo han hecho por tercera vez” e insistió, al igual que el portavoz de Sí Podemos Canarias, en “no culpabilizarlos por no presentarse, pero sí que deberíamos analizar las causas y el motivo por los que no se han presentado”.
La herramienta, considera el portavoz, que tienen las administraciones públicas y la clase política para aumentar la confianza de la ciudadanía no es otra que la transparencia. Por ello, no se puede permitir “que el 90 % de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por el silencio administrativo”.
Desde el Partido Socialista, destacó Martínez, “entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción”. El portavoz, en este sentido, reprodujo las palabras del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, para concluir que el objetivo que deben marcarse las administraciones no es trabajar y luego abrir las ventanas sino trabajar con las ventanas abiertas.
Daniel Cerdán, en el segundo turno de intervención respondió a las preguntas más generalizadas de los portavoces. El motivo de tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso y del poco cumplimiento de las entidades dependientes con respecto a la publicidad activa, está según el comisionado de Transparencia, en “un fondo cultural común, que es que realmente a este país, no solamente en Canarias, le falta crecer en cultura de la transparencia”. Para eso, expresó, hace falta tiempo porque “España llegó a la transparencia obligada” por las leyes y los comportamientos no se cambian automáticamente por la vía normativa.
Otra cuestión que plantearon los diputados que intervinieron en este debate es qué medidas se pueden establecer para lograr un mejor cumplimiento. En este sentido, Cerdán explicó que ya se ha aplicado el “reconocer a los buenos” pero consideró que ya es el momento de establecer “pequeñas multas a los sujetos incumplidores que, aunque no se lleguen a practicar, -yo espero que no lleguemos a tal nivel- pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los que peor practican la transparencia”. Al respecto, el comisionado de Transparencia adelantó que ha contactado con el Gobierno de Canarias para introducir este instrumento sancionador en la futura propuesta de ley de acompañamiento de medidas administrativas.
Informó de que el número de solicitudes de información es bajo: no hay más de 2200 solicitudes cada año frente a las 98 administraciones canarias: “Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día” en el conjunto de todas las administraciones canarias, indicó el comisionado. Por ello, en lugar de un excesivo trabajo administrativo en las instituciones públicas como señalaron algunos portavoces, Cerdán considera que es al contrario: “las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan y, por lo tanto, hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo pero, sin embargo, no la practican en el día a día ante los ciudadanos” en los referido a las demandas de derecho de acceso a la información.
Santa Cruz de Tenerife, 19 feb (EFE).- El comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que en España no hay cultura de transparencia, y planteó la posibilidad de establecer pequeñas multas para las administraciones que no cumplen.
Daniel Cerdán hizo estos planteamientos durante la presentación del informe del Comisionado correspondiente a 2018 y después de que los diputados preguntasen porqué hay tanto silencio administrativo hacia las preguntas de los ciudadanos, y por qué las entidades dependientes, organismos autónomos y consorcios son los que más fallan.
Según el comisionado, ambas cuestiones tienen como fondo que en España falta cultura de transparencia, ya que, recordó, se llegó a ella por obligación de una ley, y por lo tanto, opinó, tardará en calar la idea de que hay ser transparentes desde las administraciones.
Daniel Cerdán comentó que desde el Comisionado se han hecho reconocimientos a las administraciones más cumplidoras, y en cuanto a las que no lo hacen cree que es el momento de establecer pequeñas multas para provocar mejoras.
Algo que podría plantearse en la próxima ley de acompañamiento que presente el gobierno de Canarias y que deberán votar todos los diputados, dijo Daniel Cerdán.
En cuanto al informe, en él se dice que la administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Gobierno de Canarias, obtuvo en 2018 un índice de transparencia de 9,04 puntos, frente a los 8,03 de 2017.
El conjunto de las 43 entidades de su sector público autonómico ha mejorado significativamente, al pasar su media aritmética de 4,28 puntos en el año 2017 a 5,07 en el año siguiente.
En el informe se apunta que solo 62 entidades públicas de las 340 que hay en Canarias no presentaron su declaración de transparencia.
El diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, reconoció que las administraciones se toman cada vez más en serio la transparencia, cuestión en la que consideró que deben hacer un esfuerzo organizaciones como las empresariales y los partidos políticos.
El mayor índice de incumplimiento está entre los ayuntamientos, por lo que habrá que pedirles más rigor, dijo el diputado del grupo Mixto quien preguntó si se sabe cual es el motivo de tanta falta de respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos.
La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, alentó a seguir por la senda de la transparencia y porque los ciudadanos accedan a la información, y criticó la falta de respuesta por parte de las administraciones.
El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz reconoció que se avanza progresivamente en transparencia, si bien recordó que se trata de un esfuerzo que realizan unos 400 empleados públicos, y también se refirió a la necesidad de mejorar en cuestiones como controlar las obligaciones de las entidades que reciben dinero público.
La diputada de Nueva Canarias (NC) se refirió al hecho de que las entidades dependientes de las administraciones son menos cumplidoras y consideró que no se debe a falta de interés ni a que, como se dice en el informe del Comisionado a la coincidencia con un proceso electoral, y sí a la escasez de medios para hacerlo.
La diputada del grupo Popular Luz Reverón recalcó que la transparencia es un nuevo modo de vida y preguntó los motivos por los que ha bajado la respuesta en entidades dependientes del gobierno regional.
La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato subrayó que el informe es una muestra del esfuerzo y la mejora que hacen las administraciones, con un «altísimo» cumplimiento, y se mostró preocupada por si se están en un proceso de pérdida de interés por la transparencia.
Esto sucedería porque no hay credibilidad, señaló la diputada del grupo Nacionalista quien cuestionó en este asunto que los ciudadanos y la oposición no pueden controlar a un gobierno, el canario, porque no conocen su programa.
El diputado del grupo Socialista Manuel Martínez se mostró partidario de analizar los motivos por los que 62 entidades no han presentado declaración de transparencia.
Enlace al Informe Anual 2018 de Evaluación del Cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias: https://transparenciacanarias.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe-2018.pdf
Presentación del Informe anual en la Comisión de Gobernación: https://transparenciacanarias.org/balance-de-cuatro-anos-863-reclamaciones-frente-a-denegaciones-de-acceso-a-la-informacion/
La nota media del Índice de Transparencia de Canarias 2018 de todas las instituciones públicas es de 5,27 frente al 5,03 de 2017: https://transparenciacanarias.org/la-nota-media-del-indice-de-transparencia-de-canarias-2018-de-todas-las-instituciones-publicas-es-de-527-2/
Mapas de las puntuaciones de calidad de los portales de transparencia de Canarias (2016 – 2017 – 2018): https://transparenciacanarias.org/mapas-de-las-puntuaciones-de-calidad-de-los-portales-de-transparencia-de-canarias-2016-2017-2018/
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, compareció el pasado martes 14 de enero de 2020 ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de Transparencia 2018.
El comisionado inició su ponencia presentando los mapas interactivos con las notas del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que han sido estrenados en esta edición del informe. Con esta herramienta, señaló Cerdán, “para cualquier ciudadano y para ustedes mismos es muy fácil seguir a partir de ahora la evolución de transparencia de cada tipo de sujeto”.
Cuatro años después del nacimiento del Comisionado de Transparencia, se han recibido 863 reclamaciones de derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, “eso significa que hemos tenido una reclamación por cada 2.400 canarios”, indicó el comisionado. El 88 % de las reclamaciones admitidas hasta 2019 concluyeron con resultados favorables para las personas reclamantes. Canarias es la comunidad donde más reclamaciones han existido por habitante en España, y “no creo que es porque estemos en peores condiciones de transparencia en el conjunto de las administraciones sino fundamentalmente porque hemos conseguido, no es que el Comisionado sea muy conocido, pero desde luego más conocido que la mayor parte de los comisionados autonómicos”, lo que deriva en un progresivo incremento anual del número de reclamaciones. (Ver tablas 1 y 2 al final de la página)
Además, en su andadura, este órgano garante de la transparencia ha realizado tres evaluaciones a todos los sujetos obligados de Canarias y “esto es una cuestión que en ninguna otra comunidad autónoma se ha repetido”.
El comisionado destacó que se trata del órgano más pequeño de Canarias, con poco personal, dos jefes de servicio, dos administrativas y tres becarios; y con el presupuesto más bajo de la Comunidad Autónoma. Cerdán expresó, en este sentido, que el control de la transparencia en Canarias “no le cuesta a cada familia canaria ni el coste de un cortado”, con lo cual, en el ámbito económico “nos movemos en unos márgenes que nos permiten justificar nuestra labor”.
Continuó Daniel Cerdán con autocrítica, destacando que el Comisionado resuelve las reclamaciones de la ciudadanía más tarde de lo necesario, por los reducidos medios con los que se dispone. Y señaló la necesidad de mejorar la ejecutividad de las resoluciones, porque “no siempre cuando resolvemos a favor de un ciudadano la administración reclamada entrega la información o recurre”.
Con respecto a los datos del derecho de acceso recogidos en el informe sobre el ejercicio 2018, el comisionado destacó que 527 de las 618 reclamaciones recibidas desde 2015 fueron por silencio administrativo, “no es que explicaran al ciudadano que no podían entregarle la información por esta causa o por este límite, sino que simplemente no le contestaron y dieron de alguna forma la callada por respuesta”, explicó Cerdán.
Desde el control de los portales de transparencia, la otra gran función del Comisionado, Daniel Cerdán resumió su labor en los tres años de evaluación. Se comenzó analizando a los 96 sujetos principales (Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos), de los que se consiguió evaluar a 37 en el primer año. Posteriormente, y a partir del censo de 340 entidades públicas de Canarias, el número de sujetos evaluados fue creciendo hasta alcanzar la cifra de 278 evaluados durante el año 2019, en referencia al estado de los portales de transparencia en el ejercicio 2018. “Solamente se quedaron 62 sin responder, que llamamos incumplidores”; y añadió “sobre ellos, creo que tenemos que poner más el foco en la próxima evaluación porque 45 de ellos ni siquiera tenían página web”.
En cuanto a los resultados de la evaluación del ITCanarias, la Comunidad Autónoma ha ido progresando hasta llegar al 9,04 en 2018; los cabildos empezaron el primer año suspendiendo y en el ejercicio 2018 han obtenido un 7,39 de media aritmética; en los ayuntamientos es el único ámbito en el que se produce “una inflexión a la baja”, empezaron mal en 2016, subieron a 5,33 en 2017 y en 2018 han bajado a 5,16. Explicó Cerdán que “no lo entendemos tanto como un retroceso” porque “estimamos que aun habiendo bajado en sus instituciones principales, fundamentalmente han crecido en el número de entidades dependientes sobre las que han aportado información”. Por último, las universidades pasaron de un 5,26 en 2017 a un 5,53 en 2018.
Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Ciudadanos, comenzó felicitando al comisionado y su equipo por el trabajo realizado. Destacó que en general se ve una evolución muy positiva del grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia “y eso seguramente algo ha tenido que ver el trabajo que se ha venido realizando desde el Comisionado de Transparencia”. Además, destacó el portavoz que es “un convencido de apoyar la labor en los medios técnicos, por eso, veo como algo muy interesante, algo que viene reflejado en el informe como es esa aplicación de software libre que están desarrollando- el Comisionado- para que la información disponible pueda ser analizada y autoevaluada por cualquier persona”. Consideró, con respecto a la evolución del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que es evidente que las administraciones “se han ido tomando cada vez más en serio el tema y eso es positivo”. Y concluyó: “si no avanzamos en medidas de algún tipo coercitivas, no podremos seguir avanzando de la manera en que se ha hecho en estos últimos años”.
El portavoz del Grupo Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea, se refirió a “la evolución positiva que ha supuesto el papel del Comisionado de la Transparencia en la administración durante todos estos años y para poner en valor el gran esfuerzo realizado, algo que ha permitido que Canarias tenga el reconocimiento de dos premios a nivel nacional”. Resaltó también la importancia de la colaboración de más de 400 empleados públicos para realizar la evaluación que se sintetiza en el informe.
Desde la Agrupación Socialista Gomera, expresó Ramos Chinea, “creemos que la transparencia y el derecho de acceso no solo han llegado para quedarse sino que debe ser lo normal en la sociedad actual”. Con respecto al derecho de acceso destacó que “es de agradecer al Comisionado de la Transparencia que haya tramitado satisfactoriamente para el ciudadano el 87 % de las reclamaciones desde el 2015”. Algo que implica una utilidad manifiesta para las administraciones y para los ciudadanos.
Francisco Antonio Déniz, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, empezó destacando que los datos del informe muestran “una tendencia al alza en cuanto a transparencia”. Considera Déniz que se trata de “un proceso hacia la transparencia”, es decir, “no solamente las instituciones van tomando conciencia de que la gente tiene que saber lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace, sino que también la ciudadanía tiene que activar sus preocupaciones”. Con respecto a las reclamaciones y solicitudes de información, señaló que el aumento se puede deber a que “otros organismos como partidos, sindicatos o también organizaciones empresariales no dan respuesta tampoco a la ciudadanía”. El motivo de la falta de respuesta, valoró el portavoz, es la posible sobrecarga de las tareas que ya tienen asignadas los empleados públicos, teniendo en cuenta “las carencias de personal que tienen por ejemplo los ayuntamientos y otro tipo de administraciones”. Quiso destacar la labor y el esfuerzo, por tanto, que hacen los trabajadores para cumplir con las tareas de transparencia.
Déniz hizo algunas sugerencias de mejora al Comisionado, como la valoración de aquellos ayuntamientos o instituciones que hacen el esfuerzo de convocar asambleas y reuniones con vecinos y por aumentar así el contacto directo con la ciudadanía. Acciones que, consideró, son “transparencia pura y dura” y deberían de evaluarse.
La portavoz del Grupo Nueva Canarias, Sandra Domínguez, afirmó que este tipo de informes “son necesarios para que la sociedad canaria cuente con instituciones públicas más accesibles, más transparentes y cercanas, y capaces de generar sinergias” ya que si no hubiera Ley de Transparencia, continuó, “posiblemente tuviésemos administraciones mas opacas”. Hizo una sugerencia al Comisionado sobre la forma del informe y le pidió que se ajuste un poco más a los requerimientos del artículo 65 de la Ley para facilitar su estudio posterior. Coincidiendo con el portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, consideró que el silencio administrativo, la falta de respuesta por los entes públicos y los suspensos que registran todavía 24 ayuntamientos hacen reflexionar sobre las carencias que pueden tener las administraciones en materia de personal y organización interna. “Creo que se ha de ahondar más en los motivos, en la justificación, si la hay, de por qué incumplen con la Ley de Transparencia”, señaló Domínguez. Además, añadió la preocupación sobre la escasa seguridad de que los datos sobre solicitudes sean precisos debido a que la mayoría de las instituciones no cuenta con un protocolo interno. Al respecto preguntó al comisionado de Transparencia si tiene una propuesta de protocolo general “para que los datos no queden distorsionados”.
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, comenzó su intervención expresando que “la transparencia está constituyendo en estos momentos un nuevo estilo de vida político” ya que hace cuatro años parecía que las instituciones eran más opacas. Destacó el hito de que Canarias se ha convertido en referente para otras comunidades autónomas al ser la única que, tras la aprobación de la Ley de Transparencia, puede hacer comparativas con otros años del nivel de transparencia de sus administraciones públicas. Reverón expresó, por otro lado, su sorpresa ante la conclusión de que la disminución de la media de los ayuntamientos puede deberse a que la evaluación coincidió con el periodo electoral, porque “entendemos que unas elecciones municipales para nada pueden influir en que se paralice una administración pública”. La portavoz quiso hacer especial mención al descenso de nota registrado en determinadas entidades dependientes de la administración autonómica, sobre las que es “necesario llamar la atención y sobre todo ser vigilantes y garantes de que se vuelva otra vez a unos índices de transparencia óptimos”.
La portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, destacó la novedad de la evolución del Índice de Transparencia que incorpora el informe, “de modo que se pueda comparar la evolución desde el año 2016 al 2018 y se ve que esa evolución pone de manifiesto un esfuerzo notable en todas las administraciones públicas”, hecho en el que, destaca la portavoz, algo ha tenido que ver el Comisionado de Transparencia que, recordó, en Canarias tiene relevancia estatutaria. Beato felicitó al Comisionado porque está a la vanguardia con ese Índice de Transparencia de Canarias, “que es singular, que no lo tiene ninguna otra comunidad autónoma” y también con la herramienta telemática T-Canaria “que ha sido merecedora, como ya se ha indicado, de algunos premios estatales”. La transparencia “se retroalimenta con las exigencias ciudadanas y en la medida que la ciudadanía se implique, exija, las administraciones dan respuesta”, algo que se ha venido estimulando en estos años con las acciones del Comisionado de Transparencia, como la aplicación, el sello de calidad o los premios a la excelencia, “incentivos que este Comisionado también ha ido incorporando”. Sin embargo, Beato preguntó al comisionado si está en crisis o en peligro la transparencia porque, consideró, “estamos en una situación actual de opacidad, no sabemos cuáles son los programas de algunos gobiernos, no conocemos los acuerdos a los que han llegado algunos partidos para la gobernabilidad en algunas instituciones”. Al respecto, señaló que “las obligaciones legales de información no pueden estar por encima de la obligación de la rendición de cuentas a la ciudadanía, de la obligación de ser transparentes, de que los ciudadanos conozcan cuáles son los compromisos de los gobiernos y cuáles son las premisas que llevan a cabo para la toma de decisiones”.
Por último, Manuel Fernando Martínez, portavoz del Grupo Socialista, expresó su reconocimiento a los empleados públicos y al equipo del Comisionado por su trabajo y por los premios que están obteniendo. Para valorar los datos del informe, Martínez utilizó el símil de las notas académicas, señalando a las entidades incumplidoras “yo las llamo los 62 fugados, ya que estamos en un símil académico, que durante tres convocatorias no se han presentado; y que yo creo que debemos de actuar de alguna manera para exigir que estas entidades cumplan con su obligación”. Al igual que a Luz Reverón, al portavoz del Grupo Socialista también le llamó la atención que las elecciones fueran motivo del descenso de notas de 2017 a 2018 en los ayuntamientos, ya que “creo que es en el periodo donde la administración debe de obtener mayor transparencia porque es a la que se presenta la ciudadanía y es paradójico que se dé esta situación, que en un año electoral la nota descienda”, explicó. Al respecto también señaló Martínez que la herramienta que tienen las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía es la transparencia y, por tanto, “no ayuda para nada ese 90 % de las reclamaciones por silencio administrativo”. Sobre la aplicación de software libre que está desarrollando el Comisionado de Transparencia, deseó que “nos convierta a cada uno de los diputados en los activistas de la transparencia”.
Daniel Cerdán agradeció a todos los portavoces sus “cálidas palabras de reconocimiento y también algunas críticas que, a buen seguro nos van a servir para mejorar en los próximos meses”. Quiso agradecer además la presencia del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y de la directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, en la medida en que “es un detalle que participen en la comisión y oigan de primera mano las diferentes sensibilidades que aquí se expresan”, consideró Cerdán, no solo de cómo mejorar la transparencia de las instituciones sino para recoger impresiones de cómo se pueden “ir afinando las herramientas que tenemos para fomentar más la transparencia en los ámbitos local e insular”.
Por otro lado, el comisionado de Transparencia propuso a los miembros de la Comisión de Gobernación la posibilidad de “que se constituyan como consejo, al menos mientras la Ley no diga otra cosa” para llevar en más ocasiones al control de la Cámara el control de las actividades del Comisionado de Transparencia.
Con respecto a la influencia de las elecciones en la evaluación, señaló que este año se detectó que en esos meses del año 2019 en los que coincidió la evaluación, entre febrero y mayo, con precampaña y campaña electoral, los ayuntamientos “no estaban reaccionando como reaccionaron en años anteriores cuando les instábamos a mejorar el portal”, porque “nadie pensaba que por la mejor o peor calidad de su portal de transparencia iba a evolucionar mucho su voto” y se prefería “otro tipo de actividades- como reuniones asamblearias- que no mejorar el portal de transparencia”.
Otra de las preguntas más planteadas por los portavoces fue sobre las medidas para mejorar el cumplimiento por parte de las administraciones de las obligaciones de transparencia y derecho de acceso. El comisionado de Transparencia expuso que ya se ha apuntado en los informes algunas medidas de propuestas de cara a una modificación de la Ley; pero como esta modificación puede tardar, se ha valorado con el Gobierno de Canarias adelantar algunos retoques: a la vista de que está en marcha un proyecto de Ley de medidas administrativas urgentes, se puede introducir algún tipo de elemento “que posibilite al Comisionado de Transparencia la imposición de algún tipo de multa para aquellos incumplidores crasos y reiterados y empecinados”, fundamentalmente para aquellos que hacen “caso omiso de las resoluciones del Comisionado de forma clara” y de los “pasotas de la transparencia”, que no solo no tienen portal de transparencia sino que 45 de ellos no tienen ni web. Así ha ocurrido en la última modificación de la Ley de Transparencia navarra.
Daniel Cerdán agradeció también las alusiones a los premios recibidos, que son, remarcó, “una manera de recompensar a mi pequeño equipo el esfuerzo que ha puesto para que, a pesar de los limitados medios que tenemos, tratar de estar en punta en España, especialmente en el control y evaluación de los portales de transparencia”. Todos los comisionados resuelven reclamaciones por derecho de acceso, destacó, pero en muy pocas comunidades alguien está reclamando a los comisionados que evalúen. Por ello, supone un esfuerzo añadido que se ha tratado de resolver con un modelo “que no solamente permite al Comisionado ejercer su labor de control sino que permite a todos los sujetos autoevaluarse y saber ellos mismos cómo están, en qué pueden mejorar, y por lo tanto, ser autónomos para ir mejorando las cosas poco a poco”.
Anunció que la herramienta en la que están trabajando, ‘Evalua-T’, servirá no solo para funcionarios sino para cualquier tipo de activistas y podrá usarse en cualquier punto de España, “porque entendemos que nuestra evaluación tendrá sentido cuando se puedan comparar los ayuntamientos de cualquier punto del país con los canarios y viceversa, que es una cosa que hasta ahora no se puede hacer porque no hay una herramienta semejante”.
Tabla 1. Estadística operativa: Expedientes administrativos en el Comisionado de Transparencia de Canarias 2015 – 2019
| Tipo de expediente | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Reclamaciones por derecho de acceso a la información | 18 | 91 | 154 | 355 | 245 | 863 |
| Denuncias sobre incumplimiento de Ley de Transparencia | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Consultas por escrito | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Solicitudes de acceso a la información del Comisionado por escrito | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Evaluaciones de portales de transparencia (ITCanarias) | 37 | 96 | 209 | 278 | 620 | |
| TOTAL | 18 | 128 | 260 | 577 | 535 | 1518 |
PIE DE TABLA.- La tabla refleja el conjunto de los 1.518 asuntos abordados mediante procedimientos administrativos por el equipo del Comisionado de Transparencia, (cuatro funcionarios y dos becarios en 2019) principalmente a través de la sede electrónica (https://sede.transparenciacanarias.org/).
No están incluidas las solicitudes de información o consultas resueltas vía presencial, telefónica, correo electrónico o redes sociales, o las planteadas y resueltas en los encuentros informativos presenciales mantenidos cada año en las siete islas con los más de 400 funcionarios públicos responsables de las entidades e instituciones. Además, se tramitaron diez instancias redirigidas a las administraciones que realmente eran competentes en el caso.-
Cabe precisar que las evaluaciones del ITCanarias realizadas cada año se refieren al estado y calidad de los portales de transparencia en el ejercicio anterior; y que en 2015 la actividad se llevó a cabo en el último cuatrimestre del año. En 2020 los expedientes de evaluación de portales crecerán considerablemente al alcanzar por primera vez a los sujetos obligados privados con mayores ayudas o subvenciones públicas.
Tabla 2. Número de reclamaciones por comunidades autónomas, cifras absolutas y ratios por 100.000 habitantes entre 2015 y 2018
| Comunidad Autónoma | Consejo/Comisionado que resuelve las reclamaciones | Número de habitantes | Número de reclamaciones | Ratio (100.000 habitantes) | |||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Andalucía | Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía | 8.399.043 | 8.388.107 | 8.379.820 | 8.384.408 | 13 | 232 | 495 | 455 | 0,2 | 2,8 | 5,9 | 5,4 |
| Aragón | Consejo de Transparencia de Aragón | 1.317.847 | 1.308.563 | 1.308.750 | 1.308.728 | 9 | 23 | 44 | 68 | 0,7 | 1,8 | 3,4 | 5,2 |
| Principado de Asturias | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 1.051.229 | 1.042.608 | 1.034.960 | 1.028.244 | 3 | 26 | 62 | 52 | 0,3 | 2,5 | 6 | 5,1 |
| Baleares | Comisión para la resolución de reclamaciones de Baleares | 1.104.479 | 1.107.220 | 1.115.999 | 1.128.908 | 3 | 14 | 21 | 0,3 | 0 | 1,3 | 1,9 | |
| Canarias | Comisionado de Transparencia de Canarias | 2.100.306 | 2.101.924 | 2.108.121 | 2.127.685 | 18 | 91 | 154 | 355 | 0,9 | 4,3 | 7,3 | 16,7 |
| Cantabria | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 585.179 | 582.206 | 580.295 | 580.229 | 12 | 49 | 96 | 82 | 2,1 | 8,4 | 16,5 | 14,1 |
| Castilla y León | Comisionado de Transparencia de Castilla y León | 2.472.052 | 2.447.519 | 2.425.801 | 2.409.164 | 10 | 102 | 202 | 314 | 0,4 | 4,2 | 8,3 | 13 |
| Castilla- La Mancha | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 2.059.191 | 2.041.631 | 2.031.479 | 2.026.807 | 4 | 49 | 157 | 96 | 0,2 | 2,4 | 7,7 | 4,7 |
| Cataluña | Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) | 7.508.106 | 7.522.596 | 7.555.830 | 7.600.065 | 37 | 561 | 470 | 519 | 0,5 | 7,5 | 6,2 | 6,8 |
| Comunitat Valenciana | Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Valencia | 4.980.689 | 4.959.968 | 4.941.509 | 4.963.703 | 12 | 118 | 174 | 200 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | 4 |
| Extremadura | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 1.092.997 | 1.087.778 | 1.079.920 | 1.072.863 | 1 | 21 | 74 | 64 | 0,1 | 1,9 | 6,9 | 6 |
| Galicia | Comisión da Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo) | 2.732.347 | 2.718.525 | 2.708.339 | 2.701.743 | 7 | 55 | 132 | 169 | 0,3 | 2 | 4,9 | 6,3 |
| Comunidad de Madrid | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 6.436.996 | 6.466.996 | 6.507.184 | 6.578.079 | 21 | 56 | 284 | 242 | 0,3 | 0,9 | 4,4 | 3,7 |
| Región de Murcia | Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia | 1.467.288 | 1.464.847 | 1.470.273 | 1.478.509 | 13 | 61 | 85 | 219 | 0,9 | 4,2 | 5,8 | 14,8 |
| Comunidad Foral de Navarra | Consejo de Transparencia de Navarra | 640.476 | 640.647 | 643.234 | 647.554 | 1 | 15 | 35 | 0,2 | 0 | 2,3 | 5,4 | |
| País Vasco | Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública | 2.189.257 | 2.189.534 | 2.194.158 | 2.199.088 | 2 | 2 | 32 | 101 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 4,6 |
| La Rioja | Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 317.053 | 315.794 | 315.381 | 315.675 | 1 | 13 | 17 | 15 | 0,3 | 4,1 | 5,4 | 4,8 |
| Total comunidades autónomas | 46.454.535 | 46.386.463 | 46.401.053 | 46.551.452 | 167 | 1.459 | 2.507 | 3.007 | 0,4 | 3,1 | 5,4 | 6,5 | |
| Media aritmética | 9,82 | 97,3 | 147,5 | 176,9 | 0,5 | 2,9 | 5,7 | 7,2 | |||||
PIE DE TABLA.– Se analiza el ratio del número de reclamaciones por cada 100.000 habitantes en las 17 comunidades autónomas (sin contar las reclamaciones presentadas por denegaciones de la Administración General del Estado (AGE), que las resuelve el Consejo de Transparencia español).
En las comunidades autónomas las reclamaciones conjuntas a gobiernos autonómicos, diputaciones o cabildos, ayuntamientos y universidades tuvieron un crecimiento muy fuerte en los años 2016 y 2017; de forma que en el segundo de estos años casi se duplicó el valor de la ratio precedente, al pasar de 2,9 a 5,7 reclamaciones por 100.000 habitantes. En 2018 siguió creciendo en menor proporción pero a fuerte ritmo hasta alcanzar las 7,2 reclamaciones por cien mil personas censadas.
En 2018 en Canarias se alcanzaron las 16,7 reclamaciones por 100.000 habitantes, duplicando la media nacional de 7,2. Este ratio se va a reducir en 2019 por la tendencia a la baja de las reclamaciones en los diez primeros meses del año.
La entrega será a las 09:45 horas del próximo miércoles 27 de noviembre en el Parlamento de Canarias.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estableció la distinción “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” y el distintivo digital “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” mediante resolución de 14 de noviembre (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias núm. 135, de 14/11/2019), con el fin de reconocer las mejores prácticas en la carga y mantenimiento de los portales de transparencia e incentivar a los sujetos obligados por la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, a la mejora permanente de la calidad en la rendición de las cuentas públicas. El Ayuntamiento de Los Realejos y sus entidades lograron las más altas puntuaciones. El Gobierno de Canarias obtuvo un 9,04.
Los premios y los sellos informáticos se concederán anualmente a aquellas entidades que hayan obtenido una puntuación superior a la que se fije cada año, para unos y otros, por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
Una vez finalizada la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (de las 278 entidades públicas que presentaron su declaración de transparencia del año 2018 y de las 62 que incumplieron dicha rendición de cuentas), el Comisionado de Transparencia procedió a hacer pública la relación de las entidades distinguidas con el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” mediante resolución de 18 de noviembre (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias núm. 145, de 19/11/2019).
Debido a la gran dificultad para obtener altas puntuaciones con la exigente metodología que se utiliza en el ITCanarias, el Comisionado ha fijado para el 2018 una puntuación mínima de siete puntos para obtener la distinción, lo que equivale a reconocérsela al 30,94 % de las entidades evaluadas.
Las entidades premiadas con más alta nota, superior a nueve puntos sobre diez son: la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.; Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.; Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.; Fundación Canaria para la Promoción de la Cultura Musical y las Artes en el Norte de Tenerife (FUNCANORTE); Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos, S.L.; Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos; Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Ayuntamiento de Los Realejos; Canalink África, S.L.; Consorcio de Viviendas de Gran Canaria; Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife, S.L. (IT3); Ayuntamiento de El Sauzal; Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria, S.A.U.; Ayuntamiento de Santiago del Teide; Canalink Baharicom, S.L.; TIC ULPGC, S.L.U.; Consorcio de Tributos de Tenerife; Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote; Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible; Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; Cabildo Insular de El Hierro; y Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna.
La relación completa de entidades a las que el Comisionado de Transparencia otorgará el “Premio de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias” se encuentra en la resolución de 18 de noviembre, anteriormente mencionada.
Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública dará los distintivos “Sello de Calidad a la Transparencia Digital en Canarias” a aquellas entidades que han obtenido en su evaluación definitiva del año 2018 una puntuación igual o superior a cinco en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Este distintivo otorga a la entidad que lo obtiene el derecho a utilizar en su Portal de Transparencia el sello informático hasta el 31 de diciembre del año siguiente a su concesión.
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado esta mañana su informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio 2018, al presidente del Parlamento de Canarias Gustavo Matos Expósito. Se trata del cuarto informe del Comisionado de Transparencia en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. En este, se recogen los datos tanto del derecho de acceso a la información pública de Canarias y de las reclamaciones recibidas por el Comisionado de Transparencia, como de los resultados en la evaluación de portales de transparencia con respecto al cumplimiento de la publicidad activa, que conforman el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
Daniel Cerdán ha destacado la singularidad de este Índice, que se ha ido desarrollando en los últimos tres años. Su elaboración es posible “no solo –dijo- gracias al pequeño equipo del Comisionado sino también a la colaboración de los más de 400 empleados públicos de todas las administraciones canarias y sus entidades dependientes que cargan y se autoevalúan en la herramienta T-Canaria, la cual les permite conocer cómo están cumpliendo con la publicidad activa, mejorar la información en los portales de transparencia, presentar su declaración, ver su nota provisional, presentar alegaciones y finalmente obtener una nota verificada por el Comisionado de Transparencia”.
El modelo de evaluación de la transparencia “ha llegado a configurar, lo que yo creo que ya, tres años después, podemos decir que es la principal evaluación de una política en la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, no hay ninguna otra política como la de transparencia que tenga una evaluación anual, permanente, consecutiva en tres años y que alcance a prácticamente el 80 %, no de las instituciones, sino también de las entidades dependientes de ellas”, señaló Daniel Cerdán.
Con respecto a los resultados de la evaluación, la nota media del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de 2018 de las 98 instituciones de las islas (ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades) es 5,36 puntos frente al 5,47 de 2017; y en 2016 apenas llegaba al 3,14.
La mayoría de las entidades han mejorado sus portales de transparencia entre 2016 y 2018 al realizar la autoevaluación y rendir cuentas ante el Comisionado de Transparencia, no obstante, se advierte un muy leve retroceso entre el año 2017 y 2018 en el ámbito municipal. Las puntuaciones la Comunidad Autónoma y de los cabildos insulares mejoraron sus niveles de transparencia, mientras que la media de los ayuntamientos se redujo ligeramente en 17 centésimas (de un 5,33 a un 5,16). Este descenso de la media es debido en primer lugar a la coincidencia de la autoevaluación con las elecciones municipales. Además, las administraciones locales dedicaron más tiempo a poner en marcha los portales de sus entidades dependientes que a actualizar los suyos propios. En 2017 se cargaron 111 portales de entidades dependientes y en el ejercicio de 2018 aumentaron muy notablemente, hasta 180, además de las 98 instituciones principales. Por último, todavía existen al menos 24 ayuntamientos con puntuaciones por debajo del 3, que siguen sin tomarse en serio la transparencia activa y arrastran hacia abajo la media municipal regional.
Media de las 98 instituciones principales de Canarias
| Tipo de entidad | ITCanarias 2016 | ITCanarias 2017 | ITCanarias 2018 | |||
| Media aritmética | Media ponderada | Media aritmética | Media ponderada | Media aritmética | Media ponderada | |
| Comunidad Autónoma | 7,69 | – | 8,03 | – | 9,04 | – |
| Cabildos | 3,85 | 5,24 | 6,93 | 7,25 | 7,39 | 7,52 |
| Ayuntamientos | 3,03 | 4,20 | 5,33 | 6,67 | 5,16 | 6,49 |
| Universidades | – | – | 5,26 | – | 5,53 | – |
| Total general | 3,14 | 5,71 | 5,47 | 7,32 | 5,36 | 7,69 |
El conjunto de los 278 sujetos evaluados, entre instituciones principales y entidades dependientes, ha alcanzado una nota media superior al 5, concretamente 5,27 en 2018 frente al 5,03 en 2017.
Únicamente 62 entidades públicas del total de las 340 existentes en Canarias no presentaron su declaración de transparencia, por lo que quedan reflejadas en el informe de 2018 del Comisionado de Transparencia como incumplidoras, con el principal objetivo de estimularlas a cumplir sus obligaciones en esta materia en el ejercicio anual siguiente.
– Acceso al Informe anual de Evaluación del Cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias 2018
Esta mañana se han reunido en el Parlamento de Canarias los representantes de los órganos garantes de la transparencia en España para consensuar modificaciones legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La red está formada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña junto con el Síndic de Greuges, el Consejo de Transparencia de Aragón, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, el Consejo de Transparencia de Navarra, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Transparencia de Galicia (Valedor do Pobo), el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Valencia, la Comisión para la resolución de reclamaciones de Baleares; y el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que ejerció de anfitrión en este encuentro.
Javier Amorós: “La transparencia es una herramienta disuasoria muy eficaz contra la corrupción”
Ha sido convocada por el Parlamento de Canarias una beca de formación en el Comisionado de Transparencia para titulados en Periodismo o Comunicación. Las bases aparecen el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias:
https://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2019/055/bo055.pdf …
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias ratificado el 24 de octubre definitivamente por el Senado convierte al Comisionado de Transparencia de Canarias en el primer órgano de control de la transparencia español en ser regulado por una ley de máximo nivel que forma parte del «bloque de constitucionalidad», el conjunto normativo de más alto rango del Estado, al que debe supeditarse el resto del ordenamiento jurídico español.
En este nuevo estatuto, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es reconocido como órgano de relevancia estatutaria.
Hasta ahora, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública se configura en el artículo 58 de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia, como un órgano del Parlamento de Canarias al que corresponde el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiendo actuar en el ejercicio de las funciones que le atribuye dicha ley, con autonomía y plena independencia.
Con la aprobación de la reforma, el órgano garante de la transparencia en Canarias queda recogido en el Estatuto de Autonomía, dándole la condición de órgano de relevancia estatutaria y poniéndolo al mismo nivel que los otros órganos auxiliares del Parlamento de Canarias, el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias. El Estatuto recoge para el Comisionado que “una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley”.
ARTÍCULO 60 DEL NUEVO ESTATUTO
Artículo 60. Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo que establezca la ley.
2. Una ley del Parlamento de Canarias garantizará su actuación con plena capacidad, autonomía e independencia y regulará su organización, funcionamiento y las relaciones con las administraciones públicas, entidades y otros obligados por la ley.
3. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública será elegido por mayoría de tres quintas partes del Parlamento de Canarias, conforme al procedimiento que la ley determine