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¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria en el Comisionado de Transparencia y, sobre todo, en este último ejercicio?

La primera fase fue fundamental porque tuvimos que constituir algo que no existía y, por ende, tampoco teníamos referencias de cómo hacerlo. Prácticamente se empezó así en toda España, pues los primeros consejos fueron el Estatal y luego el de algunas comunidades autónomas, como los de Murcia, Cataluña o Canarias. Y, sobre todo, fue un reto hacerlo –como nos decían entonces– muy económicamente porque nacimos en medio de una crisis económica y cuando las administraciones estaban reduciendo gastos, aunque entendían que había que hacerlo porque se estableció una cierta alarma, como ha vuelto a producirse ahora, por la corrupción en aquellos años. 

Por ello, se creyó que era bueno mejorar los mecanismos de integridad, como puede ser la transparencia. Entonces, nacimos con pocos medios y eso nos obligó a ser creativos en cuanto a consumir pocos recursos. A mí siempre me gusta recordar que el Comisionado empezó gastando 20 céntimos, y ahora ha subido a 30, por cada habitante al año. Como yo digo: lo que le cuesta a una familia un cortado, se financia el control de la transparencia en Canarias.

Quiero entender que es así porque, primero, el Comisionado de Transparencia fue de los primeros en crearse y hemos hecho una labor de difusión de la propia existencia de la ley y de este órgano, lo que ha hecho que seamos más conocidos que en la mayor parte del resto de Comunidades Autónomas españolas. Es más, en algunas partes de España ni siquiera existe, sino que se derivan a los ciudadanos al Consejo Estatal. Entonces, fruto de eso y de nuestra insistencia, creo que ha sido más conocido y utilizado. De hecho, ha empezado a ser utilizado por los propios funcionarios para temas de asuntos de personal, posiciones, promoción, exámenes, etc.

El pasado año se duplicó el número de expedientes administrativos hasta llegar a los 4.089 y, a su vez, se triplicó el número de evaluaciones de portales de transparencia alcanzando los 3.161. ¿Cómo interpretan este dato?

Esos 4.000 y pico expedientes incluyen las evaluaciones, que son 3.177, y fundamentalmente son las evaluaciones de los portales y las resoluciones por derecho de acceso. En el derecho de acceso generalmente los incrementos anuales suelen ser entre 5 y 10, un incremento natural habitual en otras comunidades. Sin embargo, esa triplicación del número de evaluaciones, y por lo tanto que supone duplicar el número de expedientes, obedeció a que nosotros ya llevamos 3 años evaluando aquellas entidades, empresas  y oenegés que reciben fondos públicos por más de 60.000 euros al año.

Entonces, como en el año 2021 hubo un incremento fortísimo del número de subvenciones a consecuencia de las ayudas por el Covid-19, que fueron mil y pico millones de euros solamente en Canarias, pues llegamos a emplazar a más de 3.700 entidades privadas, sobre todo empresas que recibieron subvenciones tras cerrar las puertas y por haber reducido mucho su facturación. A su vez, esto produjo una elevación muy fuerte del número de evaluaciones.

Posiblemente, este ejercicio, que vamos a empezar a analizar las subvenciones otorgadas en el año 2022, ese número se reduzca, porque ya no hubo ayudas por la crisis sanitaria. No obstante, posiblemente en los futuros años vuelva a aumentar por las ayudas del Next Generation, es decir, las nuevas ayudas que vienen ahora para la recuperación económica, fundamentalmente con fondos europeos. Por lo tanto, eso estará en buena medida a la albur o en función de cómo se comporte el número de ayudas públicas cada año.