Solicitud de información dirigida al Gobierno de Canarias sobre la autorización para el empleo de determinadas sustancias fitosanitarias| Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca relativa a autorizaciones de las sustancias 1,3-Dicloropropeno, Cloropicrina y sus mezclas (28-I-2021)
Petición a la Consejería de Sanidad sobre inspecciones en materia turística de las medidas para prevenir la COVID-19| Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a la inspección en materia turística relacionada con el incumplimiento de las medidas preventivas sobre la covid-19 (24-III-2020)
Solicitud a la Consejería de Sanidad de los informes que acompañan a las resoluciones relacionadas con la COVID-19| Estimación
Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a los informes que acompañan a las resoluciones de Presidencia del Gobierno relacionadas con la covid-19 (24-III-2020)
Petición dirigida al Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución anual de un asesor del grupo ASG| Inadmisión
Resolución de inadmisión de reclamación contra resolución de la Mesa del Parlamento de Canarias relativa al informe de retribución bruta anual de un asesor parlamentario del grupo ASG (08-I-2021)
Petición de información al Gobierno de Canarias sobre inspectores que visitaron residencias de mayores entre 2014 y 2019| Estimación
Resolución estimatoria formal y terminación sobre solicitud de información a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del número de inspectores encargados de residencias de mayores entre 2014 y 2019 (27-X-2020)
Petición de información dirigida al Cabildo de Lanzarote sobre deudas con Centros de Arte, Cultura y Turismo | Estimatoria
Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Lanzarote relativa al extracto de supuestas deudas de la corporación insular con la entidad pública Centros de Arte, Cultura y Turismo (14-I-2021)
Solicitud de información al Cabildo de Lanzarote sobre cuentas bancarias de Centros de Arte, Cultura y Turismo | Estimatoria
Resolución estimatoria formal y de terminación sobre solicitud de información al Cabildo de Lanzarote relativa al extracto de todas las cuentas bancarias de la entidad pública Centros de Arte, Cultura y Turismo (14-I-2021)
El Cabildo de Lanzarote y el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote tendrán que facilitar la información solicitada por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) acerca del procedimiento de contratación, negociado con publicidad, para la adjudicación del servicio de gestión de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las Islas de Lanzarote y La Graciosa.
Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la decisión del Comisionado de Transparencia de Canarias, de mayo de 2017 (https://transparenciacanarias.org/r91-2016/), frente al recurso interpuesto contra la misma por el Cabildo de Lanzarote y el Consorcio Insular de Aguas de la misma isla; que se han negado hasta ahora a facilitar cierta información del procedimiento de contratación, negociado con publicidad por valor de 120.000.000 de euros, por el que se le adjudicó al Canal de Isabel II Gestión, S.A. el servicio de gestión de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las Islas de Lanzarote y La Graciosa. La información solicitada consistía en las actas de la negociación del procedimiento, la oferta de la adjudicataria y otra información de recursos humanos. Dicha información, había sido solicitada por ASOLAN.
“En las tres sentencias emitidas hasta ahora por el TSJC se ha validado así la correcta aplicación de la Ley de Transparencia, frente a los que pretenden ampararse a menudo en límites como la protección de datos personales, la propiedad intelectual o los en otros caso legítimos intereses empresariales y comerciales para evitar que los ciudadanos conozcan a fondo el contenido de los expedientes; y, en este caso, uno de los contratos más importantes firmados en Lanzarote en muchos años”, ha indicado Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, órgano del Parlamento de Canarias.
Ante la negativa del Consorcio Insular de Aguas a facilitarlos, ASOLAN interpuso una reclamación ante el Comisionado de Transparencia, que es el órgano que la Ley Canaria de Transparencia ha previsto para resolver de forma rápida y gratuita las reclamaciones de los ciudadanos cuando se les niega información pública. El Comisionado de Transparencia dictó una resolución que ordenaba que se pusiera a disposición de ASOLAN la información solicitada puesto que, como se razona en la misma, “el único límite que puede invocarse en el acceso es el correspondiente a la garantía de confidencialidad en los procesos de toma de decisión, no obstante, los límites al derecho de acceso no se pueden invocar de manera genérica, sino que se deben motivar suficientemente si el acceso a la información puede generar un perjuicio efectivo para el derecho o interés en cuestión, si este se valora como posible se debe ponderar este perjuicio con la concurrencia de un posible interés público o privado superior que justifique la concesión del acceso, para finalmente en virtud del principio de proporcionalidad, dar al menos acceso parcial a aquella parte de la información no afectada por el límite de que se trate”“…..la LTAIP [Ley de Transparencia de Canarias] como ley posterior, permite ponderar si procede otorgar o denegar acceso por este motivo. En todo caso, las declaraciones de confidencialidad que puedan hacer los contratistas solo vincular a la administración a respetarlas en la medida en que el contenido de la información protegida por estas declaraciones tenga la calidad que justifique la declaración”.
Ahora, en la sentencia dictada en el presente mes de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se desestima el recurso interpuesto por el Cabildo y el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y se confirma el acto dictado por el Comisionado. La sentencia representa todo un reconocimiento de que el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos también alcanza a los procedimientos de contratación y sus documentos, aun se trate de procedimientos negociados, y a pesar de la existencia límites de dicho acceso respecto a los cuales la sentencia señala “Por otra parte, en relación a las limitaciones aludidas por el Consejo Insular y Cabildo en relación a los límites contemplados al derecho a la información tanto en la legislación estatal como en la autonómica, no basta una genérica referencia tal como hace dicha administración, sino que habrá de ser debidamente motivada poniéndolo en relación con la oferta presentada y actas de negociación a cuyo acceso se negó.”
Para luego más adelante en su fallo resolver: “En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido desestimar íntegramente el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 15 de mayo del 2017 dictada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, resolución que se confirma por ser plenamente ajustada a Derecho, sin que haya lugar a ninguno de los pedimentos contenidos en el recurso. Con expresa imposición de las costas causadas a los recurrentes.”
En el proceso judicial, el Comisionado de Transparencia de Canarias actuó representado por el letrado Juan Carlos García Melián. De los cinco recursos planteados ante el TSJC por administraciones canarias frente a las resoluciones de este órgano garante reconociendo el derecho de los ciudadanos a recibir información, los tres resueltos hasta ahora no solo han confirmado plenamente las decisiones de entrega de los documentos sino que han atribuido las costas a las entidades públicas que se negaban a hacerlo y recurrieron; por lo que no se ha producido ningún coste para el Parlamento de Canarias.
El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, calificó este jueves la transparencia como una herramienta disuasoria “muy eficaz contra la corrupción pública”, durante su intervención en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, celebradas en el Parlamento de Canarias con la organización del Comisionado de Transparencia.
Amorós Dorta abrió la sesión de clausura con la ponencia Balance de la Ley de Transparencia y perspectivas de futuro. Durante su exposición, hizo un resumen del primer quinquenio de esta norma durante el que se han realizado “21.000 solicitudes de acceso a información y cinco millones de accesos al portal de publicidad activa, aunque no es cierto –matizó— que la transparencia en España empezara en esa época, ya que existían normas sectoriales”.
“En ese balance quisiera destacar la fortaleza de la implantación de la Transparencia en España y, en ese sentido, hay motivos para ser optimistas porque en estos cinco años se ha conseguido que la transparencia se haya hecho presente en todas las administraciones y se trata de un aspecto que incide directamente en la actividad y en la cultura administrativa”, afirmó Amorós.
El presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, Jesús Colás Tena, habló de La Transparencia en la contratación pública, afirmando que la transparencia en la contratación pública resulta “fundamental y básica”, aunque tiene el inconveniente de que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) es “muy extensa”, pese a que a realiza una apuesta por la transparencia incluso desde su preámbulo.
A su vez, Agustí Cerrillo Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la UOC y experto en Administración Electrónica, Transparencia e Integridad Pública, tomó la palabra para desvelar ¿Cómo abrir las cajas negras de las Administraciones Públicas? La garantía de la transparencia en el uso de los algoritmos. Así, explicó que en el sector público se tiende hacia un nuevo paradigma de gestión denominado gobernanza inteligente, basado en el uso intensivo y en el análisis de la información para la satisfacción del interés general”.
Frente al reto que representa el uso de la inteligencia artificial respecto de los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, Cerrillo expuso que las administraciones públicas deberían “documentar el uso de estos algoritmos, aprobar formalmente su uso y publicar esta información; dar a conocer el código fuente de los algoritmos; y ofrecer garantías de su funcionamiento adecuado, a través de mecanismos de control y declaraciones de conformidad de los algoritmos”.
Agustí Cerrillo volvió a hacer uso de la palabra para exponer los resultados del estudio de investigación titulado Configuración legal, actuación y funciones de las autoridades de transparencia, en la que el ponente, Isaac Martín Delgado y Emilio Guichot Reina ofrecieron diferentes propuestas de mejora en esta materia.
Le siguió en el turno de palabra Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, que habló sobre Casuística en reclamaciones: subvenciones a los grupos políticos municipales, fincas exentas de IBI y transparencia de estudios e informes.
Sobre las fincas exentas de IBI y el deber de reserva de acceso a la información, expuso que “entendemos que la información tributaria, por el mero hecho de tener ese carácter, no debe quedar fuera del alcanza de la Ley de Transparencia”. Y respecto de la transparencia de estudios e informes, adelantó que, a corto plazo, “no bastará con ofrecer la información contractual que se estaba dando hasta ahora, sino que ahora deberá incluirse el estudio y el informe en sí mismos”, dijo Samarra.
Juan Luis Beltrán Aguirre, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, habló sobre Sanidad y transparencia, en particular en la política del medicamento, recordando que una evaluación del Servicio Navarro de Salud realizada en julio de este año estableció que no era transparente, “con un cumplimiento medio del 49%”. No obstante, precisó que el estudio solo tuvo en cuenta criterios cuantitativos. “Si se hubieran estudiado también aspectos cualitativos, los resultados hubieran sido diferentes”, dijo.
José Nuño, secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), intervino con la ponencia Buenas prácticas más destacadas en la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana y proyectos de futuro.
Antes precisó que la red, conformada por 242 entidades locales y 20 socios colaboradores, tiene entre sus objetivos promover las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local.
Nuño dio a conocer los resultados de un estudio entre sus miembros que puso de manifiesto que, en materia de publicidad activa, “se acortan las distancias entre los ayuntamientos en función de la población del municipio. En derecho de acceso a la información —continuó— sigue existiendo un déficit entre la ciudadanía, que desconoce la existencia de este derecho”. Y en materia de datos abiertos, recordó que “solo los grandes y medianos ayuntamientos conocen y aplican las recomendaciones”.
Balance de los comisionados
Los comisionados de distintas comunidades, o sus representantes presentes en la sesión de este jueves, subieron al escenario para dar su opinión sobre las perspectivas de futuro de las autoridades garantes de la transparencia.
Javier Amorós manifestó que “sería necesario que estuviéramos los recursos adecuados y necesarios para poder sancionar los incumplimientos de las resoluciones”. Y Enrique Gavira, subdirector del Consejero de Transparencia de Andalucía, dijo que “somos agentes de autoridad inmersos en un proceso lento, pero que lleva un paso firme”.
Por su parte, Elisabet Samarra, destacó “la dramática falta de medios que estamos sufriendo, lo que nos limita mucho nuestra capacidad de actuación”. En sentido contrario, Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón, explicó que “aunque no tenemos personal, entre dos personas resolvemos todas las reclamaciones y estamos orgullosos de nuestro trabajo porque lo hacemos de forma altruista”.
Mientras, Juan Luis Beltrán apostó por la profesionalización de los consejos para que ejerciten sus funciones y apoyó, además, que los consejos tengan “capacidad sancionadora”.
Las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, que acoge el Parlamento de Canarias, cerraron su primer día de trabajo con un foro en el que el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recordó que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza”
Abrió la sesión vespertina de este miércoles una exposición de varios representantes del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, organizador de la actividad, explicando datos del Informe Anual 2018 de esta institución.
María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, abordó las reclamaciones efectuadas durante el pasado año a este organismo en función del tipo de información. A la cabeza se situaron las relacionadas con el patrimonio, con 97, seguidas de otras temáticas como contratos (66), ordenación del territorio (33) o empleo en el sector público (30).
Natalia del Castillo, periodista del Comisionado de Transparencia, explicó el número de reclamaciones efectuadas a la institución. Han pasado de 18 en 2015 a 355 en 2018, lo que supone una ratio por cien mil habitantes de 0,9 frente a 16,7. En este índice, Canarias está por encima de comunidades como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana.
Mientras, José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia y Acceso a la Información, explicó el peso por el tipo de entidades objetivo de este proceso. Así, la Comunidad Autónoma pasó de 7,69 en 2016 al 9,04 en 2018; los cabildos, del 3,85 al 7,39, los ayuntamientos del 3,03 al 5,16. Por último, las procedentes de universidades pasaron del 5,26 al 5,53 en 2018.
Por su parte, Clara Rodríguez, matemática adscrita a la institución, ofreció información relativa a la evaluación sobre los tipos de información obligatoria, es decir, la que se publica en la web correspondiente, en los que la comunidad autónoma y los cabildos ofrecen buenos muy niveles. Los ayuntamientos, por el contrario, tienen mucho margen de mejora.
Rodríguez también ofreció algunos indicadores sobre cómo se podría mejorar la puntuación en el apartado de las obligaciones, entre los que citó “revisar periódicamente la información y dejar constancia de ello en el portal de transparencia; publicar la fecha de los documentos y de la actualización de manera visible; publicar la no existencia de información; proporcionar la información en varios formatos, y cuando se publique información a través de otra plataforma, suministrar los parámetros para que los resultados se muestren directamente”.
Transparencia y estadística
Gonzalo Rodríguez López, director general del Instituto Canario de Estadística (Istac), intervino con la ponencia La estadística Publica al Servicio de la Transparencia, en la que ofreció diferentes reflexiones sobre el aporte de la institución que dirige en los requerimientos de la transparencia. Para ello habló sobre principios y valores de la estadística publica, afirmando que “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática que proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental”.
También hizo mención al Plan Estadístico de Canarias como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la comunidad autónomas, en el que aparecen diferentes operaciones ligadas a la transparencia. Así, hizo referencia a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para señalar que, en relación al papel de la estadística oficial, “las labores de auditoria tendrían que estar a cargo de agentes externos que deben ser órganos independientes” con autoridad pública y competencia estadística.
Foro de transparencia
La sesión de tarde finalizó con el Foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que intervinieron Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias; Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; y Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias.
Matos manifestó su satisfacción por haber logrado hacer coincidir este apartado de las jornadas con el Foro Parlamentario, “una iniciativa en la que hemos procurado que, a partir de la puesta en común, este lugar sea un centro de ideas y de pensamiento”.
Por su parte, Rodríguez dijo que “uno nuestros principales objetivos es cumplir con una de las cuestiones más importantes que es la transparencia y la rendición de cuentas, columnas de todo gobierno abierto. En este sentido, —añadió— en el Gobierno de Canarias hemos arrancado con un proyecto ilusionante que enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible basado en la Gobernanza inteligente, en los datos, así como en la transparencia y la evaluación”.
El viceconsejero señaló que cuando hablamos de datos “tenemos que tener en cuenta lo que va a suceder en los próximos años, ya que algunas de las mejores empresas del mundo actualmente solo se dedican a gestionar datos. Debemos tener en cuenta —continuó— que las administraciones públicas son el mayor generador de datos que existe y en torno al 90% de esos dados han sido generados en los últimos años”.
Daniel Cerdán, por su parte, señaló que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza y para dar pasos hacia el cambio cultural en este sentido”.
Asimismo, recordó que “existen muchos datos, muy dispersos y que no se aprovechan” y que uno de los retos que tienen las administraciones es “cómo añadir a su gestión las obligaciones de la protección de datos”. En esa línea, sostuvo que “el protector de los datos y el encargado de gestionar la transparencia en las instituciones, a ser posible, deberían compartir la misma unidad orgánica en cualquier organización”.