Natalia del Castillo

El pasado jueves 17 de enero de 2019 tuvo lugar la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad en el Parlamento de Canarias para presentar el Informe anual de 2017 del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron de forma unánime la labor del Comisionado de Transparencia en sus tres años de funcionamiento y, en concreto, su último Informe de Evaluación de la Transparencia de 2017.

Comenzó la intervención el comisionado Daniel Cerdán agradeciendo, en primer lugar, el apoyo unánime que todos los grupos de la cámara prestaron a la inclusión de la figura del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Estatuto de Autonomía de Canarias porque “es el primer estatuto de una Comunidad Autónoma que incorpora este órgano garante de la transparencia dentro del bloque estatutario y, por lo tanto, dentro del bloque constitucional”.

Continúo Cerdán haciendo autocrítica, y recordaba que el año anterior “echaba de menos el no haber visitado o informado más al conjunto de las islas de la actividad de la transparencia y de cómo mejorar su nivel de cumplimiento”. Ya en el ejercicio objeto del informe, señala el Comisionado que “hicimos jornadas en todas las islas, excepto en Lanzarote porque no cuadraron las fechas con el Cabildo”.

En este año, considera Daniel Cerdán, la mayor crítica que se le podría hacer es que se ha extendido el periodo de resolución de las reclamaciones, no solo porque ha aumentado el número de las reclamaciones, sino también por el cambio de la titularidad del Servicio de Reclamaciones y la falta de personal.

Canarias sigue siendo la única Comunidad que mantiene un ranking autonómico propio y consolidado de acuerdo con una metodología aceptada en el conjunto del país pero todavía solo implantada en Canarias, como es la metodología MESTA.

El comisionado de Transparencia quiso valorar que el primer año que se les hizo el cuestionario, solo contestaron el 40 %, en 2016 solo contestaron el 89 % y en el último ejercicio, 2017, se ha logrado que al final el conjunto de las 98 instituciones principales de canarias responda. Aunque reconoció que esto se consiguió ampliando cuatro veces el plazo y retrasando incluso el informe “con el objeto de que todo el mundo tuviera oportunidad de rendir cuentas”.

Por otro lado, destacó que por primera vez se realizó la evaluación con una aplicación informática llamada ‘T-Canaria’, que “ha permitido que más de 300 funcionarios se dieran de alta y rindieran cuentas a través de este instrumento. Ese ha sido uno de los factores que nos ha permitido, con un pequeño equipo como el que tenemos, no solamente llevar a cabo las resoluciones, la respuesta a las reclamaciones, que es lo habitual en los órganos de transparencia, sino también esta evaluación”. A través de la aplicación, el Comisionado de Transparencia ha conseguido “de una forma ágil y económica, ya sin mediar papel alguno, que sea un algoritmo el que haga los cálculos y ponga la nota de cada sujeto obligado, prescindiendo de una cierta arbitrariedad que se puede tener cuando se ponen las notas a ojo”.

Con respecto a las notas obtenidas, el Comisionado quiso destacar que por primera vez la media del conjunto de las 98 administraciones canarias supera el 5, cuando en el 2016 la nota media era de 3,14. “Los hechos evidencian, cada año más, que cuando una actividad se evalúa cada año se contribuye de una forma bastante clara a que se mejore, porque todos los sujetos obligados saben que les van a controlar”.

Lamentaba finalmente Cerdán que en el ámbito del derecho de acceso en general, ni en Canarias ni en el conjunto de España, las noticias son tan alentadoras, porque “todavía hay, no solamente instituciones que no entregan la información a los ciudadanos cuando les preguntan, sino sobre todo, instituciones que aun recibiendo una resolución por parte del Comisionado que les obliga a entregar la información que pide el ciudadano, todavía no entregan la información. Concretamente, de las 146 resoluciones que emitimos el año 2017, al menos 11 de ellas no han sido cumplidas por las instituciones a las que se referían”.

Como solución a esta situación, apeló el comisionado a que la cámara tenga en cuenta estos datos de cara a futuros desarrollos normativos que están pendientes, para que se establezca o no algún tipo de sanción, “como tienen, por ejemplo, en el ámbito de la información económico- financiera, en la Audiencia de Cuentas. Algún tipo de penalización para aquellas entidades que no cumplen adecuadamente con la transparencia, bien en materia de respuesta a los ciudadanos cuando preguntan o bien porque sus portales de transparencia no llegan a los mínimos deseables que todos esperábamos”.

 

Turno de los portavoces

El portavoz del Grupo Mixto, Jesús Ramos Chinea, comenzó el turno de intervenciones, exponiendo que “se ha notado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo, a mejor, eso es bastante importante, en el formato del informe del Comisionado de la Transparencia. No porque los anteriores informes fueran más sencillos o escuetos, todo lo contrario. Para nuestro grupo siguen siendo impecables y demuestran que se podía hacer un buen trabajo a pesar de la falta de recursos de años pasados. Y es precisamente cuando se ponen más recursos y se incluye una herramienta informática como es el programa “T-Canaria” cuando se da este salto a mejor, por lo que esperamos que en lo sucesivo se sigan reforzando los medios del Comisionado de la Transparencia para seguir implementando mejoras y para hacer que el alcance de su acción pues llegue con plena operatividad a toda Canarias y a todos los canarios que hagan uso de su derecho a la información ante la administración pública”.

María Esther González, portavoz de Nueva Canarias, por su parte, se mostró crítica con la disposición actual de la ley de transparencia: “En esta cámara, que es la que aprueba las leyes, entiendo que deberíamos de hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo”. Conclusión que daba la portavoz a una previa reflexión: “La transparencia no se mide por la cantidad de papeles, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas, transparentar información es transparentar datos comprensibles, que nos permitan crearnos una opinión, que nos permitan conformar juicios de valor. Con lo que uno de los requisitos indispensables es que la información suministrada sea clara, o lo que es lo mismo, sea comprensible, y otro requisito, además, es que sea fiable. Y de esos requisitos mínimos, la información económico-financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno de Canarias no cumple ni uno”.

Por su parte, María Concepción Monzón, diputada del Grupo Parlamentario Podemos, vio necesario nombrar en su turno a las entidades incumplidoras o con baja nota en el Índice de Transparencia de Canarias, ya que, según su opinión, falta que en la ley haya algún tipo de sanción al que incumpla las obligaciones de transparencia. Considera que actualmente “si no cumple no pasa nada y si no cumple y no pasa nada, pues evidentemente lo que nos queda es visibilizar a aquellas instituciones que no cumplen”.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Jesús Jorge, destacaba que se trata de “un trabajo bastante exhaustivo, bien elaborado, bien estructurado”. Sin embargo, con respecto a al Índice de Transparencia de 2017 considera que, a pesar de la notable mejoría con respecto al año anterior, hay varios ‘puntos negros’, “particularmente me refiero a las dos universidades canarias, me parece escaso ese ratio de puntuación de transparencia, y a las entidades paralelas de la administración pública, que sí, es verdad que empiezan ahora a evaluarse, pero ese 4,64 puntos sobre 10, no me parece un ratio lo suficientemente elevado como para estar satisfechos en relación al nivel de transparencia de todas ellas”. Con respecto al interés de los ciudadanos por informarse, el portavoz considera que “existe todavía poco conocimiento de la actividad de la administración pública y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer exactamente lo que hace”.

Ventura del Carmen Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista Canario, exponía que “si hablamos de transparencia como dejar pasar la luz, los colores, las imágenes, la realidad exacta de lo que tenemos al otro lado, nosotros creemos que la transparencia en Canarias aún se le atraganta a la administración en general”. Aún así, afirmaba que “podemos estar contentos, es una buena noticia pasar de un  3,14 a un 5,47, consiguiendo ese aprobado ‘raspadito’. Que sean 98 las instituciones, el 100 %, ya en estos momentos después de tres años de aprobación de la ley. Y además basados en esa metodología nueva de evaluación que ha elaborado el Comisionado de la Transparencia”.

La portavoz socialista formuló también varias preguntas al comisionado de Transparencia. Entre ellas, “¿cómo está la situación en el informe del año 2017 con respecto a la listas de espera sanitarias?” Haciendo referencia a que el año anterior el Comisionado había dejado constancia de la falta de transparencia en dicha materia. Daniel Cerdán, respondía que el Servicio Canario de Salud es uno de los organismos dependientes del Gobierno de Canarias con mayor puntuación en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017, construyendo un portal nuevo, publicando de nuevo las listas de espera sanitaria y mejorando, por tanto, su transparencia con respecto a 2016.

Por otro lado, le preguntaba la socialista su opinión con respecto a la respuesta que dio el Gobierno de Canarias sobre la resolución del Comisionado acerca del acceso a documentación relativa al gasto en publicidad de la Consejería de Turismo y Promotur. El comisionado aludió a que la resolución en cuestión recordaba no solamente la obligación del Gobierno de entregar la información, sino que deben de publicarlo en el portal de transparencia, y reconocía que es uno de los mayores incumplimientos, no solo del Gobierno, sino de todas las administraciones que dejan de publicar sus contratos de publicidad, ya que la Ley de Transparencia de Canarias, es una de las tres leyes autonómicas en las que está esa obligación, “y si está es para cumplirla o para eliminarla pero no para dejarla un poco en el limbo”.

La última interviniente fue la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, quien comenzaba, como los anteriores, felicitando al comisionado y a su pequeño equipo por el Informe, porque es un informe que “ha evolucionado, que ha mejorado, no solo en la forma sino en el fondo, su parte sustantiva y su contenido”. Recordaba además que “hace dos años Canarias innovaba como el primer Parlamento en el que se debatía un informe de estas características, el año pasado se innovaba con la creación, la puesta en funcionamiento de ese índice de Transparencia que sirve como herramienta para establecer un sistema de medición fiable para todas las administraciones públicas, bajo el mismo rasero, con la misma metodología; que en este año, además, se perfecciona con esa herramienta informática, el “T-Canaria”, y la autoevaluación que han hecho las entidades obligadas”.

Este informe, sostiene Beato, “nos ha de servir como una foto de la realidad, una herramienta para mejorar, para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar y a corregir, para continuar avanzando en una tarea que es de mejora continua, que no se acaba nunca y, por lo tanto, hay que seguir avanzando, al mismo tiempo que se gestiona y que se cumple con los servicios públicos a los ciudadanos”.

Finalmente, el comisionado Daniel Cerdán, tras responder a cada una de las intervenciones de los portavoces, cerraba la comisión deseando “que en el futuro, en la próxima legislatura, se pueda seguir escalando y progresando en esta materia como creo que merece la pena”.

–> Grabación del Parlamento de Canarias: https://www.parcan.es/video/grabacion/10268/#1

Informeanual2017