Ha sido convocada por el Parlamento de Canarias una beca de formación en el Comisionado de Transparencia para titulados en Periodismo o Comunicación. Las bases aparecen el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias:
https://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2019/055/bo055.pdf …
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la convocatoria.
Hoy se ha comunicado la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se desestima íntegramente el recurso del Ayuntamiento de Santa Úrsula y lo condena en costas; frente a la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias. En la misma se da la razón a un ciudadano y ordena a la entidad local a facilitar la información que había solicitado sobre la vigencia del Plan Especial del Camino del Litoral de Santa Úrsula; en el ejercicio de los nuevos derechos de acceso a la información pública por cualquier persona, que contempla la Ley de Transparencia de Canarias.
Esta sentencia es la primera que se dicta en Canarias respecto a los cinco recursos judiciales planteados por la instituciones canarias contra alguna de las mas de 250 resoluciones acordadas por el comisionado Daniel Cerdán Elcid, en sus casi tres años de mandato. El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano de control que, además de vigilar el cumplimiento de la norma en materia de portales de transparencia (más de 200 instituciones y entidades públicas se han evaluado este año), resuelve las reclamaciones que los ciudadanos le presentan cuando no les responden con la información que piden. Esta institución es la más joven y la más pequeña de Canarias; con solo cuatro puestos de trabajo en su RPT y solo dos de ellos cubiertos desde la marcha a la Presidencia de la Audiencia de Cuentas de uno de sus artífices, Pedro Pacheco. «No es que el órgano esté pendiente de reforzarse; es que esta pendiente de constituirse realmente. Sin el sobreesfuerzo del equipo, habríamos fracasado en toda regla», indica su responsable.
La sentencia aludida afirma… «que la posición del Ayuntamiento para no dar la información solicitada resulta absolutamente improcedente. Ni está acreditado que se diera dicha información, ni el informe del Ayuntamiento de Santa Úrsula cumple con el cometido de la información. En él se dice: parece que el interesado lo que pretende es que los funcionarios de este ayuntamiento emitan una opinión jurídica respecto de la petición o solicitud…..función esta que no compete en modo alguno a los funcionarios municipales, que están obligados a referir sobre las actuaciones que pretenden realizar los ciudadanos, esto es, licencias, actividades, pero no sobre si consideran o no vigentes o ajustados a derecho la actuación municipal pues esta labor compete a los tribunales ordinarios….” Y más adelante añade: “Es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor…”.
Y al final concluye: “Con lo cual, por mucho que se sepa que el Plan se ha aprobado, el administrado no sabe, si se le han dado al expediente los demás trámites previstos legalmente a los efectos de su entrada en vigor; y esa información tiene derecho a saberla, y no es ninguna opinión jurídica. El comisionado ha obrado con toda corrección ajustándose a las exigencias de la LTAIP.”
Según señala el letrado que ha defendido la posición del Comisionado en el pleito, el especialista en transparencia y contratación Juan Carlos García Melián, se da la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del resto de comunidades autónomas, al ser el Comisionado un órgano del Parlamento de Canarias, es el Tribunal Superior de Justicia y no los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelven los recursos frente a sus resoluciones.
– Además, otras 109 empresas públicas y organismos autónomos dependientes de las instituciones han rendido cuentas
– Se abre periodo de alegaciones de una semana para corregir errores.
Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de una comunidad autónoma, la de Canarias, han hecho un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones sobre publicación de contenidos o entrega directa de informaciones a los ciudadanos; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. Hasta 527 responsables públicos han participado en este ejercicio en el que se han autoevaluado también otras 109 entidades dependientes de las instituciones.
El Gobierno de Canarias y sus 42 entidades que forman parte del sector público autonómico, los siete cabildos insulares, los 88 ayuntamientos y las dos universidades públicas han rendido cuentas sobre cómo están cumpliendo sus obligaciones de transparencia y de información a los ciudadanos ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública; órgano independiente, vinculado al Parlamento de Canarias.
Desde que en diciembre de 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia, nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la Metodología de Evaluación de la Transparencia de la Actividad Pública (MESTA) de ámbito estatal y el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que los adapta a la Ley de Transparencia de Canarias. A diferencia de otras mediciones privadas, los órganos de garantía de la transparencia públicos tienen, entre sus misiones, el control estricto de cumplimiento de las obligaciones que determinan las leyes.
“Desde las instituciones, se ha realizado un gran trabajo transversal en toda Canarias, que solo ha sido posible por la colaboración de hasta 527 funcionarios , concejales y directivos dados de alta en la aplicación “T-Canaria”, señala el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. “Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas; hecho que constituye todo un hito, ya que hace dos años no llegaron al 40%; el pasado ejercicio fueron el 89% y este año se ha alcanzado al 100%; por lo que reconocemos y agradecemos la implicación de la Federación de Municipios (FECAM) y de todos los responsables de transparencia institucionales”.
Las 98 instituciones canarias citadas tienen a su vez 247 entidades dependientes (organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, etc.) obligadas también por las leyes de transparencia. De ese total de 345 entidades públicas existentes en Canarias llamadas a autoevaluar su propio sistema de información a los ciudadanos, han respondido a la convocatoria 207 entidades; es decir, dos de cada tres, el 68% de las mismas: las 98 instituciones principales antes citadas y también las 42 entidades dependientes del Gobierno de Canarias y otros 67 organismos y empresas públicas vinculadas a a los cabildos, ayuntamientos y universidades. Este censo se refiere a las instituciones no parlamentarias.
“En cualquier caso, el mayor logro en estos meses se refiere a la rendición de transparencia de las entidades dependientes de las instituciones; donde el avance del cumplimiento de la transparencia es más evidente”, añade el comisionado. “En muchos casos, cuando supieron que iban a ser medidos activaron y mejoraron sus portales de transparencia. De las 247 entidades dependientes, organismos autónomos, empresas, etc.) , 109 han presentado su autoevaluación”.
Dado que en esta primera edición se han cometido diferentes errores de grabación de datos por un número significativo de entidades, desde el próximo lunes, día 25, se abrirá un periodo de alegaciones de una semana para que las instituciones y entidades pueden entrar en la sede electrónica y comprobar los resultados de la evaluación realizada por el Comisionado; es decir, su nota provisional. De esta forma, aquellos que consideren que grabaron mal los datos pueden solicitar por correo electrónico la reapertura del sistema para corregir las direcciones web puestas incorrectamente durante la próxima semana.
Sobre la aplicación “T-Canaria” y el Indice de Transparencia de Canarias
La aplicación “T-Canaria” permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre sus propia transparencia”, en palabras del comisionado Daniel Cerdán, “que resulta útil al conjunto de la organización, dirigentes y empleados públicos, porque además les permite comparar la calidad de su actividad informativa con la de otros ayuntamientos y cabildos”. En las instituciones ya se empieza a consolidar la cultura de informar en sus portales de transparencia, pero no siempre la ejercitan en las entidades dependientes de las mismas, a través de las que se gasta, en muchos casos, más de un tercio del presupuesto”.
Las evaluaciones serán trasladadas al Pleno del Parlamento de Canarias al final del proceso y serán publicadas en formato abierto para que los estudiosos puedan hacer comparaciones y los vecinos de cada municipio o isla puedan conocer si su corporación insular o local es más o menos transparente. Lo mismo ocurrirá con el portal de transparencia del Gobierno de Canarias y sus entes dependientes.
Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de institución ha de incluir en su portal de transparencia según la Ley: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente,puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia deCanarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.
En el archivo PDF adjunto se ofrece la relación de las 207 entidades que han realizado la autoevaluación y la declaración de transparencia; al objeto de que puedan desglosar la información por islas o municipios si lo desean.
Y la relación total de entidades obligadas a difundir sus contenidos en los portales de transparencia se encuentra en este enlace de nuestra página web: https://
