Congreso Internacional de Transparencia

Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia

por

– «La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia»

– «Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados»

DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA 

«Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.

Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.

Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.

En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.

Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie  de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.

La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.

Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y  caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.

El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.

Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.

Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.

Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.

Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.

Alicante, a 28 de septiembre de 2021″

Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia en la lectura de la Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia

Intervienen en la lectura:

– Manuel Sánchez de Diego, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia

– Gonzalo Gómez de Villalobos, director de la Oficina de reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

– Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra

– Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)

– Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

– Santiago Álvarez Carreño,  vicepresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

– Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana

– Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón

– Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias

– Miren Martiarena Barcaiztegui, presidenta de la Comisión Vasca de acceso a la información pública

– Gonzalo Gómez de Villalobos en nombre de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública

– Antonio Rovira, consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid

– Rubén García López, secretario del Comisionado de Transparencia de Castilla y León

– José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Daniel Cerdán participa en la presentación del libro en Memoria de Pepe Molina

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Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias, intervino junto a José Luis Ros Medina y Lorenzo Cotino Hueso en la presentación del libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» durante el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.

El libro «Transparencia y participación para una nueva gobernanza: en Memoria de Pepe Molina» ha sido coordinado por José Luis Ros Medina, José Manuel Mayor Balsas y Encarna Hernández Rodríguez.

Entre los autores de los diferentes capítulos del libro se encuentran Francisco Javier Amorós Dorda, Elisabet Samarra, Emilio Guichot, Francisco Delgado Morales, Manuel Villoria, Lorenzo Cotino Hueso y Daniel Cerdán.

El resumen del libro versa así: «El legado de Pepe Molina Molina es demasiado extenso para resumirlo en un libro. Durante su mandato como Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia desarrolló una intensa labor de control de la transparencia, reflexión sobre su mejora, promoción de su uso y pedagogía tanto hacia la clase política, como hacia los académicos y al resto de la sociedad civil. Del mismo modo, centró su interés y esfuerzo en que la transparencia no estuviera aislada, sino arropada por la participación ciudadana y la colaboración, dentro del marco del gobierno abierto; de ahí su interés en los presupuestos participativos, en la formación ciudadana y en la rendición de cuentas. En esta obra hemos pretendido rendir un pequeño homenaje a aquél luchador y visionario de la mano de algunos de sus mejores amigos y compañeros -donde destacan desde directivos y funcionarios de los órganos de control de la transparencia, hasta juristas especializados en el derecho a saber, académicos de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y profesores y activistas de la participación ciudadana y la colaboración-, realizando un compendio de las diferentes temáticas del gobierno/Estado abierto que pueden generar, como Pepe pretendió a lo largo de toda su vida, una nueva gobernanza.»

Portal de Datos Abiertos del Comisionado de Transparencia de Canarias: hacia una mejor rendición de cuentas

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En el VIII Congreso Internacional de Transparencia (CIT2023), celebrado en Alcalá de Henares, participó como ponente Natalia del Castillo Ramos, colaboradora externa del Comisionado de Transparencia en servicios de comunicación, gestión de contenidos y evaluación de transparencia.

En su ponencia «Portal de Datos Abiertos del Comisionado de Transparencia de Canarias: hacia una mejor rendición de cuentas», dentro del grupo de trabajo Propuestas sobre el derecho de acceso y la evaluación de la Publicidad Activa, explicó cómo se plantea el portal de datos abiertos que el Comisionado de Transparencia de Canarias pondrá en marcha próximamente:  implementación, contenidos, funciones y ventajas.  

TRANSCRIPCIÓN DE LA PONENCIA DE NATALIA DEL CASTILLO

Bueno, buenas tardes. Como Daniel ha adelantado, trabajo externamente para el Comisionado de Transparencia, haciendo, por una parte, servicios de comunicación y gestión de contenidos y, por otra, evaluando en los periodos de evaluación a los portales transparencia de Canarias. 

Y bueno, hoy les vengo a hablar, como también adelantaba Daniel, de un proyecto que tiene el Comisionado para los próximos meses, y es abrir concretamente todos sus datos, tanto de la publicidad activa como del derecho de acceso a la información pública y también de la propia actividad administrativa del Comisionado, de la gestión, por ejemplo, que hablaba también Alicia, de las denuncias y de los datos estadísticos que se puedan obtener de esa gestión.

Con estas dos funciones principales que tiene el Comisionado de  Transparencia, por un lado, como decíamos, la publicidad activa y, por otro, el derecho de acceso, pues se generan una serie de conocimientos a partir de datos, informes, cifras y una serie de documentación que creemos, desde el Comisionado, que vale la pena poner en abierto, no solo publicando en la web como documentos en PDF, escaneados y demás, sino en formatos reutilizables abiertos que puedan servir para ser explotados, más allá de una simple consulta externa.

 

¿Qué hacer con ese conocimiento que se genera en el Comisionado de Transparencia?

Volcarlos en ese portal de datos abiertos que se pretende abrir para que los sujetos obligados puedan conocer y descargarse un informe en formato reutilizable abierto, porque ya los pueden obtener desde dentro del aplicativo, T-Canaria, cuando se evalúan, pero no pueden asistir a tener la información del resto de sujetos obligados, de su competencia, por así decirlo, en cuanto al ranking de transparencia, y de esta manera sí podrán hacerlo y acceder directamente a los informes individuales de cada entidad; y poder luchar por esa superior nota dentro del Índice de Transparencia de Canarias.

Y, por otro lado, pues para la ciudadanía, como decíamos, que también podrá acceder a esta información que ahora mismo solo la puede obtener de manera individual cada entidad. Sí que pueden acceder a las notas y a las puntuaciones que el Comisionado hace al respecto sobre los Índices de Transparencia en sus informes anuales y en las publicaciones en la web y en los medios de comunicación, pero ahora podrán hacerlo de una manera más directa y reutilizable.

 

¿Qué contenidos, como decía, estarán disponibles en ese portal de datos abiertos?

Por un lado, los derivados del Índice de Transparencia de Canarias, tanto los informes individualizados de cada entidad, como de cada evaluación desde que se inició la evaluación en 2015 hasta ahora. Y por otro lado, los datos estadísticos de las reclamaciones. Es cierto que las resoluciones individuales en PDF ya están colgadas en la web, y se cuelgan y se actualizan con la mayor frecuencia posible, pero de esta manera también podrá hacerse en formatos reutilizables que permitan al ciudadano copiar y pegar y hacer lo que quiera con esa información; y también los datos estadísticos de esas reclamaciones: número de reclamaciones, de resoluciones, de personas que demandan, qué información se demanda con más frecuencia, y demás.

Y como decía también al principio, los datos puramente de la actividad del Comisionado, que además de estar en el propio portal de transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, accesibles para todos, cumpliendo y dando ejemplo a esas entidades que pretendemos evaluar de lo que hay que informar en el portal; también en formato totalmente reutilizable abierto.

 

¿Cómo se va a implementar?

Pues a través de una plataforma que se llama CKAN, que no sé si todos la conocen. Pero bueno, desde que se empezó a implementar y, en términos coloquiales, a ponerse de moda los portales de datos abiertos, CKAN ha sido una de las plataformas más elegidas por los diversos gobiernos y administraciones para llevarlo a cabo, porque es una plataforma de código abierto, es de software libre y además es una interfaz bastante amigable, tanto para el usuario como para los propios administradores de ese portal de datos abiertos. La carga de información y de datos, y luego la descarga por parte de los usuarios, es bastante sencilla.

Además se puede editar totalmente, se puede personalizar de cara a la propia imagen de corporativa de cada entidad, en este caso, la del Comisionado de Transparencia, y visualmente quedará como una página web o un apartado más de la página web del Comisionado. Con la imagen corporativa del Comisionado, pero internamente cuelga de esta plataforma, CKAN.

 

¿Cuáles son las ventajas de abrir los datos de esta manera?

Es cierto que quizás llegamos un poco tarde a esta subida al carro de los datos abiertos, pero igualmente ya nosotros, dentro de la página web del Comisionado, hacíamos una labor de intentar subir todos los contenidos posibles, lo más reutilizables posibles, pero nos quedaba como esa pena de no poder darle a toda la ciudadanía los contenidos reales de cada informe individual de transparencia, que puedan directamente ir al Gobierno de Canarias o al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y decir, pues mira, en este punto falla en esto y tal, porque el informe del Comisionado habla de manera general, datos estadísticos de cumplimiento, pero no de cada una de las instituciones.

Por un lado, para el propio Comisionado es una ventaja porque facilita la propia transparencia del Comisionado, la transparencia de su actividad y de sus funciones, y también el acceso a la información que ofrece de una manera más fácil para la ciudadanía, de esa propia información del Comisionado. Y por otro, también para las propias administraciones, facilita y promueve la rendición de cuentas, viendo que van a ser publicados todos sus datos de sus evaluaciones de manera individualizada, y que los ciudadanos pueden consultarla, Con lo cual, creemos que va a incentivar una mejora también en este cumplimiento, aparte del propio ranking del Comisionado, que saca a nivel anual, de cada evaluación en los medios de comunicación, nos informa de quiénes están cumpliendo mejor con puntuaciones de cero a 10; y verse obviamente reflejados en un ranking público hace que se pongan las pilas. Y lo comentaba también Alicia con esa evolución de los colores en el mapa de los ayuntamientos; pues ahora esperamos que se incentive, más incluso, esa transparencia que, ya hemos mencionado, viene promoviendo desde que comenzó en 2015, 2016.

Y por último, también para la propia ciudadanía, por supuesto, que es para quien va destinado este portal de datos abiertos, porque facilita la reutilización y la utilidad de esos datos. No solo para ciudadanos de a pie, que quizás por intereses simplemente informativos quiera consultar esta información, sino también para trabajos académicos, para información periodística, informes, reportajes y demás, información más de investigación, de trabajo periodístico, y también actos administrativos, por qué no, quizás podrían motivarse más las denuncias que comentaba la compañera, al saber que se puede tener un informe exhaustivo del cumplimiento o el incumplimiento de una entidad, poder denunciar -he leído en este informe del Ayuntamiento X que falla en esto, pues quiero denunciarlo para que lo cuelgue-.

Entonces también fomenta, por último, la participación de la ciudadanía en esa actividad del Comisionado y también en la toma de decisiones informadas con respecto a su propio ayuntamiento, si está conforme o no con la actividad que realiza.

 

¿Qué funciones tiene?

Es, como decíamos, un portal muy amigable. Tiene 3 funciones principales, un buscador y unos filtros, como todo portal o servidor, para facilitar la búsqueda por términos o por categorías de la información, y filtrar también por esas búsquedas, tiene un filtro en el que puedes clicar e ir filtrando.

Por otro lado, la visualización de los datos en el portal de abiertos sin necesidad de descargarlos previamente, es decir, facilita primero que el ciudadano pueda ver la información y luego decidir si quiere obtenerla y descargarla para para seguir trabajando con ella o simplemente ver los datos de una manera más gráfica, más visual.

Y por último, obviamente, la descarga de datos en los mayores posibles formatos que podamos, y además en varios, porque desde la valoración de transparencia del Índice de Transparencia de Canarias siempre decimos que la información debería de estar en los máximos posibles formatos que puedan tener para que cada ciudadano o ciudadana elija el formato que más le conviene para esa información.

 

¿Cómo lo haremos?

Pues primero publicando y poniendo en abierto este portal, que ahora estamos trabajando en él. Agregando todos los datos que hemos obtenido de esta actividad que hemos comentado anteriormente, de esas dos funciones, esas dos patas del Comisionado. Por supuesto, una vez que se cargue la primera información, ir actualizándola y cargando los demás contenidos que se vayan actualizando con la frecuencia que se generen.

Y finalmente seguir buscando mejoras constantes, que siempre en el Comisionado estamos en ello, y ver si realmente ha sido práctico ese portal de datos abiertos o necesita darle una vuelta de tuercas para que realmente sea útil, tanto para la ciudadanía en general como para los propios sujetos obligados del Comisionado.

Declaración de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia en CIT2020

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– Hay que reformar la Ley de Transparencia y fortalecer sus órganos garantes

– Han de constituirse los consejos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria que sus leyes crearon

“Si bien es un hecho que, año a año y mes a mes, la política de transparencia en nuestro país va reafirmándose… la transparencia, el acceso a la información y los propios órganos garantes continúan estando ausentes de la agenda de los gobernantes y los grupos políticos”, indicó hoy José Molina en su despedida como presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y decano de los comisionados españoles. Es una de las partes significativas de los Declaración institucional de los doce titulares de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España en la clausura del V Congreso Internacional de Transparencia #CIT2020, celebrado durante toda esta semana virtualmente, a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la asistencia de más de 500 personas. Ha sido organizado por ACREDITRA y la Universidad Complutense de Madrid y dirigido y coordinado por Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra Rodríguez.

La declaración fue leída hoy antes de la clausura del Congreso por los titulares de once de los doce órganos garantes de la Red: País Vasco, Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valencia, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Castilla y León y España. No la suscribió Galicia y la han respaldado hasta hoy dieciséis organizaciones cívicas implicadas en el derecho acceso, como ocurrió en los últimos congresos de Cádiz y Málaga.

La Red apuesta por el fortalecimiento, normativo y material, de los órganos garantes de la transparencia. Anuncia sus propuestas de modificación de la Ley básica de Transparencia (“que ha quedado superada por las circunstancias”), tal como fueron definidas en la última reunión presencial de los comisionados. Entre estas modificaciones se halla la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados y del correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés y la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y las personas demandantes de información en caso de conflicto.

Asimismo, reclama el cumplimiento de sus resoluciones y la puesta en práctica de sus recomendaciones, de forma que se reduzca la alta litigiosidad actual en algunos ámbitos.

En este sentido, respecto a la minusvaloración que se ha hecho en unos casos de los órganos garantes de la transparencia, la Declaración afirma que “es preciso señalar que los Consejos de Transparencia de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria continúan -incomprensiblemente- sin constituirse siquiera, hasta dos años más tarde de haber sido creados por sus respectivas leyes autonómicas, en lo que supone una muestra de incoherencia” con sus propias leyes autonómicas.

También denuncia que “la ausencia de reconocimiento y entidad denunciada en todas nuestras declaraciones anuales se manifiesta, además, en unos casos, en la citada escasez de medios económicos y, en otros, en la absoluta falta de medios económicos propios, bien porque no disponen de ningún recurso o bien porque carecen de un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vinculan”.

Finalmente, recuerda que “la demanda de transparencia en la actuación pública y de información ajustada y veraz sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención, ha sido una constante presente en todos los Estados y las sociedades organizadas a nivel mundial. El suministro de la información al respecto ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población al posibilitar el conocimiento de los datos reales y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias”. 

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