Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia. En la inmensa mayoría de los casos, las corporaciones locales no mantienen un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos con todas las recibidas en todos sus departamentos, por lo que no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido. Ni tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.
