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«La cultura de la transparencia tardará en permear en la sociedad canaria y la española»

10/05/202429/04/2024 por admin

TIEMPO DE CANARIAS | THALÍA BELLO

Noticia reproducida de: https://tiempodecanarias.com/entrevista/politica/la-cultura-de-la-transparencia-tardara-en-permear-en-la-sociedad-canaria-y-la-espanola

Llega al despacho con gran nerviosismo, no por la presión que podría suponer una entrevista y ese temor a las preguntas incómodas de un periodista, sino por las ganas de expresar todo el conocimiento que atesora. Se apresura por atenderme, eso sí, no sin antes saludar a todos sus compañeros y compañeras, ya que quedan muy pocos días para que aquel lugar lleno de un gran equipo humano, estanterías y numerosos papeles dentro del Parlamento regional deje de ser su trabajo habitual para dedicarse plenamente a su merecida jubilación.

Daniel Cerdán, periodista de corazón –sí, de corazón, porque se le nota la pasión y el cariño por esta profesión en sus palabras y en su mirada–, ha afrontado la ardua labor de dirigir el Comisionado de Transparencia de Canarias durante nueve años desde que se inauguró en 2015, siendo el primer órgano de este calibre en toda España. Una tarea nada fácil y que ha estado precedida por un largo bagaje, tanto en los medios de comunicación como en las administraciones públicas canarias, que le han permitido lograr hitos tan importantes para las Islas en este departamento como el Índice de Transparencia de Canarias o el sistema de evaluación ‘T-Canaria’, aunque reconoce otras buenas ideas se quedan ‘en el tintero’. Sin embargo, a pesar de la mejoría de este aspecto en el territorio regional, Cerdán lamenta que «la cultura de la transparencia tardará en permear en la sociedad canaria y la española».

*Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias, posando para TIEMPO DE CANARIAS en el patio del Parlamento de Canarias. / Thalía Bello*

Lo primero, darle la enhorabuena por esos nueve años de andadura al frente del Comisionado de Transparencia de Canarias, que se dice pronto. ¿Cómo resumiría su experiencia desde que entró al cargo hasta la actualidad?

Mi experiencia ha sido que me encontré justamente en este mismo despacho, hace ya nueve años, en el Parlamento. Como era una institución que no existía, aunque somos un órgano auxiliar como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Defensor del Pueblo, decidieron crear el Comisionado de Transparencia de Canarias aquí. Empecé sólo aquí y luego fui incorporando a mi equipo, que en un primer momento fueron sólo dos o tres personas; al que se unieron pronto un grupo de tres becarios que ayudaron mucho, sin el cuál no hubiéramos podido tirar para adelante en los tres años siguientes.

Luego, progresivamente, fuimos creciendo y desarrollando lo que yo llamo la ‘singularidad’ del Comisionado de Transparencia de Canarias, que es que, además de resolver las reclamaciones por derecho acceso a los ciudadanos –que han superado las 3.500 en todos estos años–, incorporamos también masivamente la evaluación de los portales de transparencia como obligaba la ley.

Por tanto, se creó un Servicio de Evaluación que empezó a analizar a las 98 instituciones principales canarias y, luego, a todo su sector público dependiente y empresas públicas, un total de 340 aproximadamente. Hace cuatro años extendimos esa evaluación también a todo el conjunto de las más de 4.400 entidades privadas que reciben más de 60.000 euros de los gobiernos, cabildos o ayuntamientos, las cuales también están obligadas a tener un portal de transparencia muy pequeño, de apenas 16 obligaciones informativas.

Fruto de eso, hemos sido reconocidos por nuestra labor con varios premios, y eso es una satisfacción que uno se lleva de aquí. Sin embargo, de todos ellos, el más importante es el Premio de Innovación en la Gestión Pública que nos dio hace pocos años el Ministerio de Administraciones Públicas, y que de alguna manera viene a reconocer no solamente que hayamos sido los primeros del país, sino también el haberlo hecho con muy pocos medios y colaborando con la carga de datos de 3.000 personas de todo el Archipiélago que han hecho las declaraciones y nos han permitido a nosotros estructurar todo un mapa de niveles de cumplimiento.

Ahora, que se cumplen diez años desde que se creó la Ley de Transparencia, creemos que es el momento de señalar que la gente no puede considerar que es transparente porque en su portal tienen un cinco o un seis. Todos aquellos que estén por debajo del siete no son suficientemente transparentes y sólo los son los que sacan una magnífica nota, que ahora está entre un nueve y un diez.

Eso en lo que respecta a los portales, pero cabe decir que muchas instituciones sacan en portada su nota de transparencia, diciendo que tienen un nueve o un diez y nos parece que ese beneficio reputacional es importante; pero hay que recordar que la transparencia son dos cosas: tener un buen portal y responder a los ciudadanos cuando te preguntan. Y en eso, a veces, incluso las entidades que tienen un diez de nota fallan, porque no responden a los ciudadanos.

*El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, en su despacho ubicado en el Parlamento regional instantes antes de comenzar la entrevista con TIEMPO DE CANARIAS. / Thalía Bello*

Además de esa falta de recursos, ¿qué otros obstáculos se encontró al llegar al cargo y en qué punto se encuentra en este momento este organismo ahora que cede su puesto?

Al principio, el Consejo de Transparencia Estatal también comenzó con dos personas: la presidenta y un primer funcionario, que se encontraron que no tenían ni edificio. Tuvieron que alquilar en Dependencias de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que es otro órgano de control, y empezaron a montar su equipo con grandes dificultades para cubrir plantilla.

Pues lo mismo ocurrió aquí, como todos al principio, que siempre es difícil, pero también lo he reconocido siempre: tenido la suerte de que la Mesa del Parlamento de Canarias, los secretarios generales y los sucesivos presidentes han entendido que, cuanto más avanzábamos el trabajo, había que ir reforzándolo con puestos de trabajo.

“Yo siempre digo que cuando pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor”

No a grandes niveles, porque ahora mismo los ocupados son ocho y el costo –aunque algún partido, incluso, lo ha cuestionado– que tiene para Canarias una evaluación y control de una entidad es de 0,39 céntimos por habitante. Un costo que me parece perfectamente asumible, sobre todo sabiendo los beneficios que tiene la transparencia, aunque no se notan inmediatamente, sino a largo plazo. Yo siempre digo que cuando pueden saber lo que hacemos, lo hacemos mejor.

Entonces, a largo plazo, la transparencia induce a un mejor comportamiento público, más eficiencia en el control de los recursos… Pero eso no se ve en el día a día. De hecho, aquellos países que tienen una larga tradición en transparencia, sobre todo los nórdicos, tienen diagnósticos que demuestran que sus administraciones son más eficientes; precisamente porque son constantemente escrutadas y vigiladas.

De todas las acciones que ha desarrollado el Comisionado de Transparencia de Canarias en todos estos años y bajo su mandato, ¿qué medidas o iniciativas destacaría?

Precisamente, poner en marcha el Índice de Transparencia de Canarias, que es único en España, con el que logramos las 340 evaluaciones a todo el sector público de las Islas. Esto ha dado lugar a que todas ellas hayan llegado a unos niveles de transparencia aceptables, aunque no estamos tan satisfechos ni podemos decir que se cumple el derecho al acceso a la información porque todavía hay muchas instituciones que responden con silencio administrativo a los ciudadanos.

Asimismo, cabe destacar que los ciudadanos hicieron desde 2016 una media de 18.000 preguntas al conjunto de Administraciones públicas, y prácticamente una de cada seis llegó al comisionado, de las cuales el 80 % se estimaron obligando a la administración a entregar la información requerida. Por ende, estamos más satisfechos en el trabajo realizado en publicidad activa, ya que se han producido reconocimientos importantes, siendo el que más nos enorgullece el que nos dio el Ministerio de Administraciones Públicas y que sólo en el territorio lo posee el Instituto de Astrofísica, con lo que eso significa.

Por tanto, nos enorgullece que nosotros, siendo un equipo pequeñito, hayamos programado uno de los mejores programas informáticos de sistema de evaluación llamado ‘T-Canaria’ por un valor de 40 y 60 mil euros en varios años. Un programa que ha sido ejemplar y ha llegado a ser utilizado en Murcia, en Navarra y también está establecido en la Comunidad de Madrid. Creo que eso ha sido nuestra mayor satisfacción, aunque nos queda la espina de no haber conseguido un mayor nivel de respuesta de las instituciones de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí queda una tarea pendiente por la que seguir peleando.

*Otra de las fotografías tomadas a Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias, en el patio de la Cámara regional. / Thalía Bello*

En relación con esto último que me comenta, ¿qué otras medidas se quedan en el tintero? ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo el Archipiélago en materia de transparencia?

Precisamente eso, el cumplimiento del derecho al acceso a la información, así como de la respuesta de las preguntas que los ciudadanos hacen y no siempre obtienen. Sabemos que no es cómodo y no es simpático, pero estamos planteando para las futuras regulaciones de la Ley de Transparencia, tanto la canaria como la estatal, el contemplar multas coercitivas para aquellas responsables máximos de transparencia en las corporaciones cuando incumplan, sobre todo, el el derecho de acceso a la información o la entrega de la información.

Con ello, confío en que simplemente sea una medida de incentivo porque la única comunidad donde está establecida esta normativa, que es en Navarra desde la modificación de la Ley de Transparencia en el año 2018, no se ha puesto ni una multa. No hay incumplimientos porque la gente sabe que le pueden multar y eso a nadie le gusta. Estoy seguro de que esta iniciativa dinamiza mucho más la entrega de las preguntas a los ciudadanos y espero que, más tarde o más temprano, se lleve a cabo.

Entonces, por lo que me comenta sobre esa alta demanda ciudadana, parece que la población le ha dado más importancia a la transparencia de las instituciones con el paso de los años. ¿O me equivoco?

Yo creo que, aunque está bien pensar que la gente está muy preocupada por la transparencia, lo cierto es que sólo se han registrado cerca de 18.000 preguntas en nueve años, lo que suponen una media de seis preguntas al día entre las 345 entidades. Eso es muy poco. Es cierto que la transparencia nació como una respuesta revulsiva ante los casos de corrupción que había en aquellos años, entre el 2010 y 2015, pero ahora no está siendo utilizada como es potencialmente utilizable a pesar de la gratuidad y la sencillez para preguntar.

Y es que nada más se necesita el certificado electrónico, como cuando hacemos la declaración de la renta. Es una lástima, porque yo siempre he dicho que la Ley de Transparencia convierte a los ciudadanos en periodistas, ya que les permite hacer lo que hasta ahora hacíamos nosotros: preguntar en ruedas de prensa, que eso empodera mucho al profesional. Sin embargo, los ciudadanos no tienen que esperar a una rueda de prensa para hacer las preguntas, sino que las obtienen por esta vía y además son exclusivas.

Pero esa costumbre no se ha extendido y es algo que siempre recuerdo al público en general porque, las nuevas generaciones no, pero quizás la gente más mayor aún tienen en su cabeza esa manía que tenían nuestros padres de decirnos ‘niño, no preguntes’. La cultura de la transparencia, en ese sentido de la inhibición a preguntar, tardará en permear en la sociedad canaria y la española. Además, solo llevamos diez años de recorrido de transparencia gerente a otros países que llevan desde los años 60, es decir, cerca de 40 o 50 años. Pero espero que con campañas de sensibilización eso vaya creciendo.

Hemos centrado la conversación en el pasado y el presente, pero vamos a poner la mirada ahora en el futuro. ¿Qué cree que aportará su sucesora, Noelia García Leal, al Comisionado de Transparencia de Canarias?

Noelia García tiene una amplia experiencia en la administración pública canaria. Yo la conocí hace más de 20 años, cuando era diputada en este Parlamento y luego fue directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, alcaldesa del municipio palmero de Los Llanos de Aridane… En definitiva, tiene una experiencia muy amplia en diferentes niveles de administración: en la Cámara autonómica, en el Gobierno de Canarias, en ayuntamientos…

Por tanto, diríamos que va a llegar al cargo con un gran conocimiento de la administración y sus problemas gracias a su bagaje, que no siempre se tiene. Pienso que es bueno que, después de muchos años, una persona ha estado en una responsabilidad concreta deje paso a que se renueve. Por eso, hace ya más de un año, incluso antes de las elecciones regionales, puse mi cargo a disposición de los parlamentarios para que consideraran renovarme.

¿Cuál cree que será el principal reto al que se enfrentará Noelia García Leal al asumir el cargo y que consejo le daría para su nueva andadura?

Yo creo que Noelia García tiene tanta experiencia que no creo que le pueda dar ningún consejo indicativo o determinante. Lo que sí voy a estar dispuesto a que me pregunte todo lo que necesite cuando quiera. Además, pienso que es bueno compartir el conocimiento porque se trata de una pequeña institución pero que beneficia a todo el mundo, al conjunto de la sociedad, ya que también hablamos de realizar el mejor uso de los fondos públicos.

Insisto en que la transparencia llega, no solamente a las 435 administraciones, sino a los miles de entidades que usan fondos públicos y, que hasta ahora, ni el resto de España ni prácticamente nadie les obliga a informar públicamente sus páginas web sobre el uso de esos fondos.

Una última pregunta. En tan sólo quince días, usted se marcha del Comisionado de Transparencia de Canarias, ¿a qué se dedicará ahora?

Me voy a jubilar y, después, ya veré que hago. Desde luego, voy a dejar de trabajar, pero no me voy a quedar parado. Retomaré un poco el oficio de periodista, para escribir y colaborar con algunas organizaciones; quizás también estudie algunas artes que siempre me han gustado y no he podido desarrollar… En definitiva, tendré una jubilación bastante activa.

«Ser el Comisionado de Transparencia ha supuesto un colofón a mi carrera periodística»

10/05/202410/04/2023 por admin

TIEMPO DE CANARIAS | THALIA BELLO

La transparencia, ese indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos y del sector público, lleva siendo custodiada en Canarias desde 2015 por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1956). Tras décadas de experiencia en diversos medios de las Islas y haber estado al cargo de la comunicación de instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias –fue viceconsejero de Comunicación enero de 2003 y 2007, durante la presidencia de Adán Martín– o director general de Radio Televisión Canaria, en los últimos ocho años, Cerdán ha estado a cargo de vigilar el cumplimiento del deber de transparencia de las instituciones del Archipiélago, una labor que, en esta entrevista con TIEMPO DE CANARIAS, califica como el «un colofón de mi carrera periodística de cuarenta años».

Hay muchas personas que quizás no sepan cuál es la función del Comisionado de Transparencia. De forma sencilla, ¿Qué es el Comisionado de Transparencia? ¿Por qué es importante para la sociedad?

El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano autonómico más joven y el más pequeño, creado en 2015 como consecuencia de la Ley de Transparencia de Canarias. Asimismo, es dependiente del Parlamento, como lo es el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas, es decir, que es auxiliar y que ayuda a rendir cuentas ante todos los canarios de cómo se está cumpliendo la Ley de Transparencia de Canarias.

*Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, durante un momento de la entrevista en los estudios de TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora*

Fundamentalmente, lo hace en dos campos: en primer lugar, cómo las instituciones y las entidades que reciben fondos públicos cuentan en su portal de transparencia –a través de sus páginas webs– lo que la propia ley les obliga a contar; y, en segundo lugar, funciona como un medio de garantía de que a los ciudadanos, cuando preguntan en alguna administración por información pública, se les conteste. Si no se les contesta en un mes, tienen la opción sencilla a través de nuestra web de reclamar y de pedir que se les emita una resolución que obligue a esa administración a responderles a la pregunta o información que hayan solicitado.

Lleva al frente del Comisionado desde 2015, casi ocho años ejerciendo el cargo. ¿Qué ha supuesto para usted, tanto a nivel personal como profesional, esta experiencia?

Yo soy periodista de profesión. De hecho, soy el único periodista dentro de los consejos que conforman el Comisionado de Transparencia porque el resto, casi todos, proceden del ámbito del derecho público. Para mí ha supuesto un colofón de mi carrera periodística de más de cuarenta años, tanto en el ámbito de la información pública como en los periódicos canarios.

Esta es una nueva rama de la comunicación que surgió en España tardíamente, en esta última década, y que creo que es un buen campo de trabajo para que los periodistas podamos desplegar nuestra actividad.

¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria en el Comisionado de Transparencia y, sobre todo, en este último ejercicio?

La primera fase fue fundamental porque tuvimos que constituir algo que no existía y, por ende, tampoco teníamos referencias de cómo hacerlo. Prácticamente se empezó así en toda España, pues los primeros consejos fueron el Estatal y luego el de algunas comunidades autónomas, como los de Murcia, Cataluña o Canarias. Y, sobre todo, fue un reto hacerlo –como nos decían entonces– muy económicamente porque nacimos en medio de una crisis económica y cuando las administraciones estaban reduciendo gastos, aunque entendían que había que hacerlo porque se estableció una cierta alarma, como ha vuelto a producirse ahora, por la corrupción en aquellos años.

Por ello, se creyó que era bueno mejorar los mecanismos de integridad, como puede ser la transparencia. Entonces, nacimos con pocos medios y eso nos obligó a ser creativos en cuanto a consumir pocos recursos. A mí siempre me gusta recordar que el Comisionado empezó gastando 20 céntimos, y ahora ha subido a 30, por cada habitante al año. Como yo digo: lo que le cuesta a una familia un cortado, se financia el control de la transparencia en Canarias.

En cuanto a los retos de los últimos años, sobre todo a partir del 2018 hasta el 2021, en el control y evaluación de los portales de transparencia –en los que el sector público ha llegado por encima del notable, después de seis años– ha impulsado a los sectores públicos a no querer estar en la parte baja de la tabla y mejorar la calidad de sus páginas webs. Este último año hemos hecho un especial esfuerzo en el cumplimiento de la otra parte que antes hablaba: de la garantía del derecho al acceso a la información de los ciudadanos.

Siempre me gusta recordar que la Ley de Transparencia convierte a todos en periodistas porque le da a la gente la capacidad de preguntar, como han hecho los profesionales de la comunicación desde siempre. Así que, cuando no se les responde, vigilamos que nuestras resoluciones se cumplan porque detectamos hace un año que ha habido un relajamiento respecto a esto. De hecho, hubo un tercio de las resoluciones que no se cumplían y, debido a nuestra labor especial e insistente, lo hemos reducido por debajo del 10 % en 2022.

*El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, reflexiona sobre su trayectoria profesional en TIEMPO DE CANARIAS. / Enrique Mora*

En materia de derecho de acceso a la información pública, Canarias se sitúa a la cabeza de España en reclamaciones de este tipo, con 26 reclamaciones por 100.000 habitantes en el año 2022. Las reclamaciones aumentaron por tercer año consecutivo y se situaron en 575 el pasado año. ¿En qué se traduce este incremento?

Eso es el número de reclamaciones de ciudadanos que, habiendo preguntado al Gobierno, a cabildos o a los ayuntamientos, no les han respondido y acuden al Comisionado para obtener amparo ante esa falta de respuesta. La mayor parte, el 80%, es que han tenido silencio administrativo, es decir, que ni siquiera les han respondido. El otro 20 % restante es que les han dicho que no, que no se los dan por algún motivo. El ciudadano entiende que, a pesar de decirle que no, tiene razones para acceder y recurre a nosotros. Por tanto, esas son las cifras de ciudadanos frustrados.

Del número de preguntas que hay en el conjunto de las 98 instituciones principales de Canarias, no hay una estadística fiable. Nosotros hacemos una aproximación, pero no es fiable porque no lo hemos podido comprobar, aunque creemos que pueden rondar entre las 4.000 y 5.000. Menos todavía existe esa estadística a nivel de toda España, solamente sabemos el número de los que nos reclaman al Comisionado de Transparencia.

Quiero entender que es así porque, primero, el Comisionado de Transparencia fue de los primeros en crearse y hemos hecho una labor de difusión de la propia existencia de la ley y de este órgano, lo que ha hecho que seamos más conocidos que en la mayor parte del resto de Comunidades Autónomas españolas. Es más, en algunas partes de España ni siquiera existe, sino que se derivan a los ciudadanos al Consejo Estatal. Entonces, fruto de eso y de nuestra insistencia, creo que ha sido más conocido y utilizado. De hecho, ha empezado a ser utilizado por los propios funcionarios para temas de asuntos de personal, posiciones, promoción, exámenes, etc.

El pasado año se duplicó el número de expedientes administrativos hasta llegar a los 4.089 y, a su vez, se triplicó el número de evaluaciones de portales de transparencia alcanzando los 3.161. ¿Cómo interpretan este dato?

Esos 4.000 y pico expedientes incluyen las evaluaciones, que son 3.177, y fundamentalmente son las evaluaciones de los portales y las resoluciones por derecho de acceso. En el derecho de acceso generalmente los incrementos anuales suelen ser entre 5 y 10, un incremento natural habitual en otras comunidades. Sin embargo, esa triplicación del número de evaluaciones, y por lo tanto que supone duplicar el número de expedientes, obedeció a que nosotros ya llevamos 3 años evaluando aquellas entidades, empresas y oenegés que reciben fondos públicos por más de 60.000 euros al año.

Entonces, como en el año 2021 hubo un incremento fortísimo del número de subvenciones a consecuencia de las ayudas por el Covid-19, que fueron mil y pico millones de euros solamente en Canarias, pues llegamos a emplazar a más de 3.700 entidades privadas, sobre todo empresas que recibieron subvenciones tras cerrar las puertas y por haber reducido mucho su facturación. A su vez, esto produjo una elevación muy fuerte del número de evaluaciones.

Posiblemente, este ejercicio, que vamos a empezar a analizar las subvenciones otorgadas en el año 2022, ese número se reduzca, porque ya no hubo ayudas por la crisis sanitaria. No obstante, posiblemente en los futuros años vuelva a aumentar por las ayudas del Next Generation, es decir, las nuevas ayudas que vienen ahora para la recuperación económica, fundamentalmente con fondos europeos. Por lo tanto, eso estará en buena medida a la albur o en función de cómo se comporte el número de ayudas públicas cada año.

Antes de entrar a valorar las evaluaciones respecto a la transparencia, ¿Cuáles son los criterios que establece el Comisionado para determinar si una entidad, ya sea pública o privada, es más o menos transparente?

Nosotros atendemos estrictamente, al igual que otros comisionados de España, a la Ley de Transparencia, tanto la básica estatal del 2013, como a la canaria del 2014. En esas leyes se establecen una serie de obligaciones de información en los portales de transparencia que nosotros medimos si las entidades las están publicando o no. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias tiene 160 obligaciones de todo tipo, desde obligaciones de leyes que tienen en tramitación hasta planes normativos, presupuestos, rendición de cuentas sobre cómo han gastado el dinero público, el número de subvenciones que han dado, el número de contratos y sueldos públicos… En el caso de Cabildos y Ayuntamientos, bajan a alrededor de unas 100 obligaciones de ese estilo. Hay que tener en cuenta que la tipología de sujetos públicos es muy variada, por lo que se ajustan a las funcionalidades de cada uno. Por ello, el número de obligaciones informativas puede ser mayor o menor.

Las evaluaciones las hacemos a través de una herramienta informática que creamos, que se llama T-Canaria, en la que invitamos a las organizaciones a que se autoevalúen con ella, colocando las obligaciones que piensan que tienen publicadas, y el sistema les da una nota indicativa. Así, presentan su autoevaluación y nosotros verificamos que realmente lo que dicen es cierto. Por tanto, nuestro trabajo es pequeño en ese sentido, pues sin la autoevaluación de más de 3.000 personas de toda Canarias no podríamos sacar el ranking.

A partir de nuestra verificación sobre lo que ellos se autoevalúan, surge la nota cada año del nivel de transparencia activa. Hay que destacar que la evaluación es del nivel de transparencia de sus portales, que no es una puntuación de la totalidad de la transparencia que cabe esperar de una institución o de una empresa, sino solamente de la calidad de su portal de transparencia, que es una de las partes del conjunto de la seguridad social transparente.

¿Es importante esa nota, no solo para las entidades, sino también para los ciudadanos?

Sí. Yo creo que sirve para ver si la institución está cumpliendo, sobre todo cuando logra una buena puntuación de su portal de transparencia. Además, diríamos que está facilitando el que el ciudadano obtenga esa información cuando la precise rápidamente, sin tener que preguntarla. Creo que, al final, con el paso de los años, se convertirá en una especie de cuadro de mando, de elemento que permita comparar lo que hacen instituciones semejantes con lo que apareció en el curso.

Antes cuando un concejal, político o un funcionario tenía durante su cargo equis presupuesto para gastar y para ejecutar en un año, pero no tenía ninguna obligación de contarlo en alguna parte, pues podría, perfectamente, no ser tan cuidadoso en el gasto, porque nadie va a saber si había conseguido mucho o poco. Ahora, cuando por obligación debe saberse que se consigue en cada área y con cada presupuesto, repasando el portal de transparencia en términos de productos o de servicios, pues eso ayuda a que la gente diga ‘oiga, que lo pueden ver, por lo tanto lo voy a hacer mejor’.

El sector local (7,37) y las mancomunidades (5,32) siguen siendo los peores calificados dentro del sector público. ¿A qué se debe esto?

En el sector local, aún siendo el peor porque son las de más baja calificación, esto es bueno destacarlo, todos están por encima de las de los ayuntamientos. Están todos por encima del siete, que eso es una magnífica nota porque nosotros sabemos lo que cuesta llegar al siete, no es fácil. En general, es cierto que al ser casi 200 –88 ayuntamientos más sus sectores públicos–, al haber mucha variedad hay más posibilidad de que algunos estén en el uno y el dos. Aunque hay muchos ayuntamientos excelentes.

El sector autonómico sí mejoró, pasando de un 8,47 en 2021 a un 8,51 en 2022. ¿Qué han hecho para mejorar su nota?

Yo creo que, como son solamente cuatro centésimas, prácticamente es quedarse igual. Hay algunos, como en el caso de la Comunidad Autónoma, que algunas entidades han subido y otras han bajado. Más o menos las medias se conservan. Generalmente, el que alcanza una buena puntuación un año, ya no la baja, eso es lo positivo. Lo que cuesta a veces es llegar y, luego, mantenerse en el ámbito de la transparencia no cuesta tanto.

¿Cuál es la fotografía actual de los cabildos insulares en esta materia?

Es positiva. Los Cabildos son, de los tres niveles públicos de Canarias, los que mejor rendimiento presentan. No solamente en la media de la transparencia, sino también en la que es más difícil: la respuesta a los ciudadanos con una pregunta. Cierto es que no tienen tanta presión de preguntas ciudadanas como el Gobierno o los grandes ayuntamientos del Archipiélago, pero lo cierto es que, en los tres últimos años, todas las resoluciones que ha emitido el Comisionado las han cumplido. El contador de incumplimiento de derechos de acceso a la información está a cero. Solamente hay una pregunta del ejercicio anterior sin contestar, del Consorcio del Puerto de Fuerteventura, que es una entidad dependiente del Cabildo.

Me gusta destacarlo porque creo que es un elemento que no se producirá en casi ninguna región española que tenga varias diputaciones. Ese nivel en el que están los siete cabildos en cuanto a preguntas pendientes de resolver de los ciudadanos, creo que es muy positivo y que marcan el horizonte al que debía ir el conjunto del sector público.

¿Qué parámetros les queda por cumplir a los Cabildos para alcanzar el diez en materia de transparencia?

Nosotros emitimos un informe en el que no solamente les ponemos la nota, eso es lo que la gente ve en los periódicos cuando lo publicamos, sino que ellos se pueden descargar, una vez que se ha cerrado la elaboración, un informe que detalla lo que les falta. Entonces, en cada caso es diferente. Ya le digo que, en el caso de los cabildos, casi todos están bien y cada uno tendrá algún elemento que le firmará el informe para llegar al diez o la máxima puntuación.

¿Cómo valora que, por ejemplo, el Cabildo Gran Canaria sí haya logrado la máxima puntuación respecto a su portal web de transparencia?

Yo entiendo que al Cabildo Gran Canaria, cuando llega por primera vez a esa puntuación, les ha causado una especie de alegría. Yo espero que lo mantengan. No es fácil quedarse entre el nueve y el diez, pero cuando tienes todos los años un diez no es fácil. Yo creo que es bueno felicitarlo, como a todos los que lo han conseguido a ese nivel, porque siguen marcando el horizonte a los demás.

En el caso de ellos, además, tampoco tienen ninguna pregunta pendiente de responder de estos últimos años. Eso es una cosa que pocas instituciones en el conjunto español podrán decir. Creo que como le pasa también a otros cabildos, el de Gran Canaria es una referencia para el resto del sector público canario.

Haciendo un poco de autocrítica, ¿Qué diría usted que le hace falta al Comisionado de Transparencia para mejorar aún más?

Nosotros tardamos un poquito en verificar el cumplimiento de las resoluciones. Creo que tenemos que estar más vigilantes de que las resoluciones se cumplan e impulsar, como hemos tratado de impulsar, que en las futuras regulaciones de la transparencia se dispongan de más elementos coercitivos para que los ciudadanos, que tienen derecho a una información, la obtengan.

Para mí, llegar a este nivel en el ámbito de la evaluación de los portales, ha sido bastante satisfactorio. Seguramente, con la experiencia de estos últimos años, más que una función del comisionado, esperemos que sea una función de los parlamentos en general, así como del estatal que está en eso. Los parlamentos autonómicos deben mejorar o aumentar el número de obligaciones informativas que tienen porque eso produce salud democrática.

Quizás la tarea pendiente del Comisionado respecto a la transparencia, y también de los sectores públicos, es divulgar más entre la población la existencia de este derecho a la pregunta y de los propios portales, porque no siempre toda la población lo conoce. Para mí, cuando se está hablando de un gobierno abierto, que al final se traduce en más transparencia y participación, sin una sociedad previamente informada no es tan rica. Y una forma de participar, precisamente, es preguntar. Simplemente por el hecho de que haya una rendición de cuentas por parte del poder público, ya la gobernanza mejora.

En definitiva, el reto para el próximo año será el difundir más las capacidades del derecho a la información y la transparencia dentro de Canarias, que creo que eso nos permitirá ir avanzando en este campo en los próximos años.

¿Qué acciones han tomado o esperan ejecutar en el próximo ejercicio para acercar el funcionamiento del Comisionado de Transparencia y la importancia del mismo?

Yo creo que hemos hecho alguna cosa en los años pasados. Hicimos una campaña en la radio sobre ello, animando a la gente a preguntar. Cada año procuramos publicarlas, incluso como publicidad, para que sirva de alguna manera de acercarte a los que están abajo y tener un motivo para mejorar. Lo que nos falta es aumentar la difusión y garantizar que nuestras resoluciones, de alguna manera, se cumplen. Esos son los dos retos para el futuro.

Entrevista reproducida de: https://tiempodecanarias.com/entrevista/politica/ser-el-comisionado-de-transparencia-ha-supuesto-un-colofon-de-mi-carrera-periodistica