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El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado este miércoles 25 de mayo el informe anual de transparencia de 2019 y del avance de los informes de 2020 y 2021 en el pleno del Parlamento de Canarias. Dio cuenta de la puesta en marcha de un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a información a los ciudadanos que reclaman a esta entidad por la falta de respuesta de las 98 instituciones de Canarias.

Los datos señalan que, de las 384 resoluciones estimatorias para los ciudadanos frente a Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos en los años 2020 y 2021, en 201 expedientes no existía constancia de cumplimiento el pasado mes de enero. En cuatro meses se ha reducido ese incumplimiento en un tercio y ahora solo hay pendientes de cumplimiento 137 resoluciones. El equipo del Comisionado espera reducirlo otro tercio más el próximo cuatrimestre y que sean menos de treinta expedientes a final de año. “Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible”, indicó el comisionado.  

Cerdán anunció que la evaluación de este año con respecto al ejercicio 2021 comenzará el próximo 31 de mayo y se emplazará, además de a las administraciones y entidades públicas, a más de 3.200 entidades privadas que fueron perceptoras de subvenciones en 2021, frente a las 706 convocadas en el año anterior. El Comisionado de Transparencia “tiene la misión optimizar todo lo posible el sistema de rendición de cuentas informativas a los ciudadanos. Tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes de ellas; como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones, que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace dos años evaluamos” indicó el comisionado. El número de expedientes de evaluación gestionados por el equipo del Comisionado de Transparencia aumentará casi un 60 % más que el año pasado.

Todos los evaluados conforman el sistema canario de la transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la Audiencia de Cuentas o a las intervenciones de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. “Solo ya por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos, la eficiencia publica crece, mejora. Y lo hace, bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas en las leyes y en las garantías prestadas por consejos y comisionados de transparencia; y por los jueces en última instancia”, destacó Cerdán.

Con respecto a los datos de las evaluaciones anteriores, todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas  en los  portales de transparencia,   determinadas por las leyes estatal y autonómica.

El comisionado señaló que, en la quinta edición anual del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1.119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, 968 exactamente presentaron su autoevaluación de transparencia en 2021 a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. “Emplazar cada a año a que sean transparentes sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que no lo hacen lleva a la mejora, no lo duden. Está comprobado”, recalcó a los diputados presentes en el pleno.

Continúa incrementándose la participación año tras año, lo que permite al Comisionado calcular así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y al 95 % de todas las entidades del sector público. El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado ya a implantarse en dos comunidades autónomas y lo hará en más en el futuro. 

En cuanto al derecho de acceso a información, los datos no son tan positivos, como se señalaba al principio. El Comisionado de Transparencia ha podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso, derivado, según señaló Daniel Cerdán, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder; no solamente coste administrativo o político, sino también social o reputacional.  “El silencio administrativo –dijo– no es un despiste, es un silencio activo, decisivo muchas veces (del que decide). Una administración puede perfectamente negar una información porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera de cinco líneas que cuesta cinco minutos. El silencio no enuncia, no afirma ni niega, no indica, ni apunta, ni sugiere: desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un «en boca cerrada no entran moscas», que sentencia también el refranero. El silencio administrativo es una «gran vacuna contra la verdad». Y por eso debemos combatirlo”.

Turno de los grupos parlamentarios

Los portavoces de los grupos parlamentarios felicitaron a las personas responsables de la transparencia y de la rendición de información en las evaluaciones anuales por la mejora progresiva de los datos con respecto años anteriores.

Con respecto al silencio administrativo, Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del grupo parlamentario Mixto señaló “que ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno, en algunos casos, a la toma de decisiones que pueden tener como resultado la falta de generación de actividad económica, o simplemente la falta de información”.

Desde el Grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea pidió que se den los medios al Comisionado para que puedan realizar esta labor institucional porque con los recursos que tiene, hacen un trabajo ingente que cada vez va a más.

El portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, destacó que la competencia que hay entre las instituciones con respecto a las puntuaciones en el Índice de Transparencia “nos parece que es sana y que no se puede descuidar. Mucha gente se está poniendo las pilas para competir por la mayor transparencia”.

Por otro lado, Luis Alberto Campos, portavoz del grupo parlamentario Nueva Canarias, recalcó que el Comisionado es una institución que vela por seguir incrementando el nivel de transparencia y, por tanto, de la calidad de nuestra democracia y “si se mejora -desde el punto de vista de la transparencia- la rendición de cuentas; las sociedades avanzan, la calidad de las instituciones avanza”.

Por el grupo parlamentario Popular, Astrid Pérez manifestó que “en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news están a la orden del día y es en este contexto en el que la transparencia real es, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático”.

Para María del Socorro Beato, del grupo parlamentario Nacionalista Canario, hay una buena evolución de los resultados, pero siguen siendo insuficientes “porque -explicó- además de las leyes y además de los cambios institucionales es necesario un cambio cultural, que haya una verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer”.

Por último, Yolanda Mendoza, portavoz del grupo parlamentario Socialista, indicó que, haciendo balance de los siete años de vida del Comisionado de Transparencia y con los datos del informe, se puede afirmar “que el derecho de información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad”.