Las administraciones públicas recibieron 821 solicitudes de información más en 2018 que en el año anterior. El comisionado advierte que el silencio con que se reciben las peticiones desprestigia la prometida rendición de cuentas
Cada vez son más los ciudadanos que se valen de la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a las administraciones a que rindan cuentas de sus actos, aunque también siguen siendo demasiadas las que responden con el silencio.
Así lo pone de manifiesto el Comisionado de Transparencia en el informe correspondiente al año 2018. «El número de solicitudes de información es mayor: pasa de 1.286 en el año 2017 a 2.107 en el año 2018».
No obstante, «la demanda ciudadana continúa siendo escasa», se reconoce en el documento. «Todavía, después de cuatro años de vigencia de la ley, menos del 40% de los sujetos obligados ha recibido alguna pregunta», se expone en línea, además, de lo que sucede también a nivel nacional.
Aún así, el número de entidades que ha recibido alguna solicitud de información «aumenta ligeramente». En 2017, de las 345 entidades censadas únicamente 80 declararon haber tenido actividad, mientras que este año son 123, es decir, el 36,18% de los 340 sujetos obligados.
El responsable de la institución, Daniel Cerdán, apunta que una de las causas «principales» es el «desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos derivados de la ley de transparencia».
En el informe, también se reprocha a las administraciones que, en general, no suelen hacer campañas de difusión de la transparencia y además, se observa un «leve empeoramiento de la eficiencia de las entidades al tramitar las preguntas presentadas».
Así, en 2018, el porcentaje de resolución de las solicitudes de derecho de acceso de las 80 entidades cae al 84,62 %, mientras que el número de preguntas sin respuesta sube a 233 -11,06 %-; en 2017, el porcentaje de resolución fue del 85,46 %, quedando solo 46 de las 1.286 preguntas pendientes por silencio administrativo -3,58 %-.
Al respecto, Daniel Cerdán sostiene en el informe que «lo que más desprestigio está provocando a la práctica de la transparencia es el silencio administrativo como forma permanente de dar la callada por respuesta».
Los datos registrados por el comisionado llaman la atención: «En más de un 90 % de las reclamaciones admitidas a trámite el motivo es la falta de respuesta por parte de los entes públicos». Para mayor abundamiento, «en más de un 50 % de los trámites de audiencia que se dan a las administraciones reclamadas, la respuesta al comisionado es también el silencio».
Esta situación, así como la denegación de información o la inexactitud de los datos suministrados, es lo que motiva que el solicitante acuda a la institución que dirige Cerdán a reclamar.
Cabe aclarar que el Comisionado de Transparencia no puede admitir quejas derivadas del Parlamento o de organizaciones sociales, económicas y políticas que reciban menos de 60.000 euros de fondos públicos. La ley no se lo permite.
Pese a este matiz, a la institución encargada de vigilar la transparencia le cayeron el año pasado 355 expedientes frente a los 154 que se habían producido en el año 2017. Esto representa un aumento del 130,52 %.
En el informe, se puntualiza que en 2018 cinco personas físicas o jurídicas presentaron más de diez reclamaciones y tres de ellas, superaron las 28 reclamaciones cada una. Por lo tanto, el comisionado no prevé que la cifra registrada en 2018 sea superada en 2019; hasta el mes de septiembre se han registrado 176 reclamaciones.
En cuanto a las causas que motivan el descontento, la principal es el silencio administrativo -más del 90 %-, una tendencia que se arrastra de años anteriores.
Las administraciones públicas que peor se comportaron con las solicitudes de sus ciudadanos fueron los ayuntamientos capitalinos de Santa Cruz de Tenerife (51) -en su mayor parte, concejales-, Las Palmas de Gran Canaria (22), la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias (16), el ente público Radio Televisión Canaria (12), el Ayuntamiento de Guía de Isora (10), los cabildos de Gran Canaria (10) y de Tenerife (10).
El documento del comisionado que se someterá al pleno del Parlamento en el mes de enero hace referencia a la efectividad de dicha institución. De esta forma, del total de las 355 reclamaciones recibidas, 347 fueron resueltas al cierre del informe, 90 no fueron admitidas a trámite y cinco acabaron siendo desestimadas.
Tras la intervención de la institución, «más del 91 % de las personas con reclamaciones admitidas obtuvieron una resolución favorable a sus demandas». En el resto, la persona que reclamó había recibido la información por parte de la administración reclamada.
En relación a la influencia que tiene el Comisionado de Transparencia frente a los sujetos que han sido objeto de las reclamaciones, en el informe se afirma que «no se puede saber con exactitud si finalmente se ha entregado la información o no, salvo en las ocasiones en las que la persona reclamante pone en conocimiento del comisionado que no ha recibido la información». Bajo este supuesto se encuentran seis resoluciones.
El órgano estrena una herramienta interactiva que refleja la calidad de los portales públicos
El Comisionado de Transparencia, órgano dependiente del Parlamento de Canarias, estrena en su web un mapa interactivo del Archipiélago en el que puntúa la transparencia de los portales públicos de las instituciones de las Islas. Esta nueva herramienta tiene como objetivo sintetizar al máximo la información recogida en los informes anuales de 2016, 2017 y 2018. El mapa se elabora a través de la aplicación telemática T-Canaria, con la colaboración de más de 400 funcionarios públicos y el aporte de los más de dos millones de datos que facilitan su cálculo.
Las puntuaciones, que van del uno al diez, reflejan la calidad de los portales de transparencia del Gobierno canario, cabildos, ayuntamientos, universidades y entidades dependientes. Esta herramienta digital permite conocer cómo las 340 instituciones y entidades públicas isleñas cumplen con sus obligaciones informativas en sus respectivos portales.
El mapa interactivo da la opción de seleccionar entre los tres años de estudio (2016, 2017 o 2018), y entre las cuatro instituciones vigiladas: gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades. Las diferentes combinaciones facilitan el estudio de la evolución de las puntuaciones. En el apartado de ayuntamientos, la herramienta refleja con colores, -en rojo las zonas menos transparentes y en verde oscuro las más cumplidoras-, la puntuación de los municipios de las Islas.
Tanto la aplicación telemática T-Canaria, como este nuevo mapa interactivo, constituyen «dos pioneras singularidades canarias en el sistema institucional de la transparencia en España», según indican desde el Comisionado de Transparencia. Primero posibilitan la autoevaluación de cada una de las instituciones y entidades con una metodología «precisa y única». Y luego la evaluación de los portales de transparencia con un mismo patrón. Las herramientas obtuvieron el pasado mes de octubre dos distinciones nacionales: El Premio Excelencia Novagob en la categoría Ética Pública, gobierno abierto y lucha contra la corrupción. Y también el reconocimiento como una de Las 10 mejores prácticas de transparencia y buen gobierno de 2018 que conceden cada año la Fundación Compromiso y Transparencia y Telefónica.
El cuestionario contiene 36 preguntas que permitirán conocer cómo las administraciones han comunicado los datos y las acciones efectivamente acordadas y puestas en marcha en los tres últimos meses
El portavoz de del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias, Lluis Serra, presenta los datos que justifican el plan de desconfinamiento de Canarias. Efe/ Elvira Urquijo A.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha abierto esta semana un proceso de evaluación sobre la forma en que todas las 98 instituciones canarias y sus organismos administrativos han informado durante el periodo de alarma sobre las acciones realizadas para afrontar la pandemia provocada por la COVID-19.
En paralelo, se realiza el habitual proceso de autoevaluación del Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias) al que este año han sido emplazadas las 98 instituciones y sus entidades dependientes (340 en total), las 73 corporaciones de derecho público y las 497 organizaciones subvencionadas por el Gobierno de Canarias con más de 60.000 euros en 2019, informa el Comisionado en un comunicado.
El cuestionario contiene 36 preguntas que permitirán conocer cómo las administraciones han transparentado la actividad referida al COVID-19 sobre todo con los datos y las acciones efectivamente acordadas y puestas en marcha en los tres últimos meses.
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, indica que durante la crisis global provocada por la COVID-19, se ha evidenciado con mayor fuerza la necesidad de que las instituciones y todas sus entidades dependientes establezcan canales de información y comunicación transparente con la ciudadanía acerca de la gestión técnica, sanitaria, económica y administrativa de la crisis.
Pasado el mes de agosto, se llevará a cabo un segundo test semejante a este para comprobar en qué medida ha avanzado la transparencia sobre la emergencia después del periodo de alarma y para calibrar el nivel y la precisión de las informaciones ofrecidas sobre el conjunto de acciones que habrán de realizarse para, una vez superada la pandemia, afrontar los efectos de la crisis socioeconómica.
“¡Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar” es el título de la campaña divulgativa
El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha iniciado una campaña informativa llamada ‘Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar’, que tiene como reto que se conozcan las posibilidades que se le han abierto a todos los ciudadanos con las leyes de transparencia de la información oficial. Estas normas no solo han dado pie a la creación de portales de Internet en cada una de las Administraciones para airear su actividad, sino que les abren amplias posibilidades para que pregunten por cuestiones de su interés.
“Las leyes de transparencia convierten a todos los ciudadanos en periodistas en una continua ‘rueda de prensa permanente’ -las 24 horas de los 365 días del año- por medio de preguntas de fácil, rápido y gratuito acceso a través de las sedes electrónicas de las 98 instituciones canarias y de sus órganos dependientes”, indica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias.Los banners de la campaña conducen a los mapas de internet donde se hallan los 336 portales de transparencia públicos de Canarias y, sobre todo, los más de 110 sedes electrónicas que en Canarias pueden recibir sus preguntas. Las administraciones están obligadas a responder en un mes. De ser negativa la respuesta, los ciudadanos pueden presentar recurso o reclamación gratuita y sin gastos jurídicos desde su casa, cómodamente, a través del la sede del Comisionado.
La campaña informa asimismo de los resultados de la última Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCANARIAS) en la que han rendido cuentas sobre su transparencia 661 organizaciones: 322 públicas, 46 corporaciones de derecho público y 293 privadas.En su cuarta edición anual, 661 entidades públicas y privadas han presentado su autoevaluación de transparencia a través de la sede electrónica del Comisionado, frente a los 278 registradas el año anterior; es decir, se han incrementado un 137 % a pesar de las limitaciones impuestas a todos por el teletrabajo por la pandemia del Covid-19. Se calcula así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y a 224 de sus 238 entidades dependientes (a más del 95 % del sector público canario).Si el año pasado hubo 62 incumplidores de las 340 organizaciones públicas citadas (un 18 % del total) este año se han reducido a 14 de las 336 (apenas un 4 % del total). Se confirma así cada año una progresión positiva del conjunto de sujetos obligados, que mejoran sus portales de transparencia para no aparecer en mala posición en el ITCanarias.
En este ejercicio, Transparencia ha añadido al censo de entidades sujetas a la evaluación a las 487 empresas, ONGs y entidades privadas que recibieron más de 60.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias en 2019, y a las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales, sobre todo) de la Comunidad Autónoma. Así, el censo de entidades para la evaluación ha pasado de 340 instituciones del año pasado a 889 para el presente año. En los últimos meses ha iniciado una nueva línea trabajo sobre la transparencia en las páginas webs públicas sobre el COVID-19.
– «La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia»
– «Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados»
DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA
«Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.
Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.
Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.
Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.
Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.
Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.
En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.
En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.
Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.
Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.
En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.
Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.
Esta pandemia ha traído consigo una serie de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.
La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.
Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.
De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.
Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.
Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.
En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.
Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.
El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.
Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.
Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.
Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.
Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.
De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.
Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.
Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.
Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.
Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.
Alicante, a 28 de septiembre de 2021″
Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia en la lectura de la Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia
Intervienen en la lectura:
– Manuel Sánchez de Diego, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia
– Gonzalo Gómez de Villalobos, director de la Oficina de reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
– Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
– Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)
– Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
– Santiago Álvarez Carreño, vicepresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
– Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana
– Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón
– Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias
– Miren Martiarena Barcaiztegui, presidenta de la Comisión Vasca de acceso a la información pública
– Gonzalo Gómez de Villalobos en nombre de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública
– Antonio Rovira, consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid
– Rubén García López, secretario del Comisionado de Transparencia de Castilla y León
– José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
- En 20 años, desde Canarias solo el Instituto de Astrofísica lo había logrado
- Se premia al modelo canario de valoración de la transparencia, sobre el que se está construyendo un modelo de evaluación en abierto
Vídeo resumen de la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2020
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, entregó al Comisionado de Transparencia de Canarias el Accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020, concedido al Índice de Transparencia de Canarias y a su herramienta telemática T-Canaria. El primer premio de la modalidad lo obtuvo la Agencia Tributaria de España por su práctica “Digitalización de la devolución de IVA a viajeros (DIVA)”, entre los 54 proyectos analizados.
El modelo y la herramienta que lo soporta, T-Canaria, han sido diseñados por el equipo del comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, con el apoyo técnico de Galileo Ingeniería y Servicios. En los veinte años de convocatoria de estos premios, ninguna institución canaria había obtenido este reconocimiento, si bien en los años 2000 y 2001 había sido galardonado con el mismo un consorcio estatal-autonómico como es el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En la fase de evaluación participaron un total de 83 evaluadores, empleados públicos con acreditada experiencia. El premio está destinado a reconocer las prácticas innovadoras en la provisión de servicios públicos.
«El desarrollo de esta herramienta nunca hubiera sido posible sin el apoyo de más de 900 empleados públicos y privados canarios, implicados en estos años en la autoevaluación y rendición de cuentas de la transparencia, a los que la media docena de personas de nuestro equipo está muy agradecida. Ello ha hecho posible que el modelo esté siendo adoptado por otras comunidades autónomas, como Murcia y Navarra; y que antes ya hubiera sido distinguido en dos ocasiones, por la Fundación Novagob y por la Fundación Compromiso y Transparencia. Ahora el reto es que nuestra herramienta sea accesible también a los ciudadanos a través de la aplicación Evalúa-T, como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que podrá ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo», señala Daniel Cerdán.
El progresivo afinamiento durante estos cuatro años del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) ha permitido configurar un procedimiento administrativo interinstitucional completamente electrónico. La mediación telemática ha posibilitado un permanente grado de interactividad y colaboración cada año, entre las seis personas del equipo del Comisionado de Transparencia con los más de 900 empleados públicos y privados de todas las instituciones y entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias.
Además, la metodología y la herramienta informática empleadas para construir el ITCanarias no solo evalúan el cumplimiento de las normas de transparencia canarias, sino que han permitido también analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013); porque estas últimas están incluidas en los mapas de obligaciones de todas las entidades en T-Canaria.
El acta con las propuestas del Jurado se elevó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y se publicó la Orden de concesión de los Premios en el Boletín Oficial del Estado.
Según consta en la noticia publicada en el Portal de la Administración Electrónica, el Jurado estuvo presidido por el secretario general de Función Pública, Javier Rueda; e integrado por la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera, como vicepresidenta, y la subdirectora general de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado (AGE), Luisa Berrio, como secretaria. Los vocales del Jurado son: Rosa Fuentes, subdirectora adjunta de la Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social (como organización ganadora de los Premios a la Innovación y Ciudadanía de la edición anterior); Bárbara Egea, jefa de sección de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación de Tarragona (como organización ganadora del Premio a la Excelencia en la edición anterior); Avelino Brito, director general de la Asociación Española para la Calidad AEC; Juan Luis Martín, director general de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ); Rafael García Meiro, director general de AENOR, e Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión.
Accésit del Premio a la Innovación en la Gestión otorgado a la Aplicación telemática T-Canaria y al Índice de Transparencia de Canarias
El equipo del Comisionado de Transparencia en el año 2020: José María, Ivana, Teresa, Natalia, Daniel, Clara, Esther y Abel, al que ahora se han incorporado Alicia y Almudena. Desde Galileo, Juan Antonio Ubalde, José Velázquez y Andrea Rodríguez han tenido una importante participación en los proyectos de evaluación de la transparencia.
ANEXO: La síntesis valorativa del Jurado sobre el Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias
“Puntos fuertes más relevantes:
1.- El proyecto se basa en una novedosa metodología para medir el Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias) y su aplicación a través de la herramienta informática (T. Canaria), de evaluación del cumplimiento normativo de la legislación vigente en materia de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública para las instituciones públicas canarias.
2.- La innovación introducida viene a dar solución al Comisionado de Transparencia Canario para cumplir con el mandato que le atribuye la Ley Canaria 12/20174 de Transparencia y Acceso a La Información Pública para, entre otras las funciones, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y pasiva sobre las instituciones públicas canarias de la citada. Además de presentar el informe anual sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la ley que debe elaborar para su presentación al Parlamento de Canarias.
3.- El proyecto impacta en las instituciones públicas canarias de forma positiva para el cumplimiento de la normativa sobre transparencia al facilitar el conocimiento de las obligaciones y parte de su cumplimiento.
4.- El proyecto es fácilmente transferible y replicable en la diversidad de instituciones públicas del Estado español. Al basarse en MESTA (metodología evaluación cumplimiento la Ley Estatal de Transparencia) es utilizable por todas las organizaciones públicas en el ámbito de la Ley.
5.- Desde su concepción en el proyecto se aprecian importantes mejoras que impactan en los resultados (aumento de instituciones que se autoevalúan) como por ejemplo la introducción de la herramienta informática que viene a facilitar la cumplimentación y el envío de los formularios. Esta herramienta ha tenido un desarrollo evolutivo introduciendo propuestas de mejora de los propios usuarios y adaptaciones a nueva normativa (Ej Accesibilidad).
6.- El proyecto ha conseguido armar una completa estrategia de medición del cumplimiento normativo de la transparencia con relativamente pocos recursos. Es relevante que las sinergias generadas por los propios usuarios en las instituciones evaluadas con el Comisionada han favorecido la eficacia y eficiencia del proyecto.
7.- A pesar de la complejidad y diversidad de las instituciones a evaluar el proyecto ha conseguido reducir esta complejidad e igualar a éstas en la gestión y tramitación de las obligaciones de información ante el Comisionado.
8.- Después de tres años del inicio del proceso de implantación de la metodología de evaluación es contundente el aumento del número de actores institucionales implicados y comprometidos con la rendición de cuentas a través de esta autoevaluación del cumplimiento normativo de la transparencia.
Áreas de Mejora más relevantes:
Siempre aporta valor, someterse al escrutinio externo de expertos en metodologías de medición y transparencia institucional que validen, en este caso, los pesos de los indicadores establecidos y valoren la viabilidad de las ponderaciones que según la memoria quedarían por estudiar y aplicar.
Evaluar la transparencia no es solo evaluar cumplimiento normativo. Es necesario conocer con qué dificultades se encuentran aquellas instituciones que no se autoevaluaron o que puntúan muy deficitariamente (falta voluntad decisores, falta de personal específico, carencia de competencias y destrezas digitales empleados/as, falta de recursos presupuestarios (ej.: automatización datos en portales Transparencia, etc.), etc.
Sería de gran interés realizar un estudio comparado al respecto del sistema puesto en marcha por el Sindic de Greuges. Procuraría un aprendizaje colaborativo que generaría nuevas sinergias con un posible efecto reproductor en todo el Estado.
Se podría continuar con el desarrollo de herramienta informática sobre software libre anunciada en la Memoria (Evalua-T) porque, en caso contrario, su software propietario podría hacer que su replicabilidad y difusión tuviera un coste económico elevado.
Recomendamos referenciar el Proyecto con los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenibles) y la Agenda 2030 impulsados por Naciones Unidas con los que podría estar alineada.
Conclusiones (consensuadas por el equipo evaluador) de la práctica innovadora:
La aplicación telemática t-canaria e índice de transparencia de canarias (ITCANARIAS) para el autodiagnóstico y la evaluación de la transparencia institucional, representa un gran esfuerzo por evaluar el cumplimiento normativo que de una política pública.
La amplitud de mirada de todo el equipo que forma el Comisionado ha conseguido movilizando muy pocos recursos y sí muchas sinergias colaborativas, impactar en el último año en casi el 82% de las instituciones públicas canarias. Igualándolas en formas sencillas de cumplir con las obligaciones de facilitar la información al Comisionado, se ha conseguido, a buen seguro, ampliar la consciencia con respecto al valor que tiene una rendición de cuentas proactiva.”
El ministro de Función Pública concedió el reconocimiento a Índice de Transparencia de Canarias de la edición 2020
Daniel Cerdán y equipo en el Índice de Transparencia de Canarias. E. D.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, entregó al comisionado de Transparencia de Canarias el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020, concedido al Índice de Transparencia de Canarias y a su herramienta telemática, T-Canaria. El primer premio de la modalidad lo obtuvo la Agencia Tributaria de España por su práctica “Digitalización de la devolución de IVA a viajeros (DIVA)”, entre los 54 proyectos analizados.
El modelo y la herramienta que lo soporta, T-Canaria, fueron diseñados por el equipo del comisionado de Transparencia de las islas, Daniel Cerdán, con el apoyo técnico de Galileo Ingeniería y Servicios. En los veinte años de convocatoria de estos premios, ninguna institución canaria había obtenido este reconocimiento, si bien en los años 2000 y 2001 fue galardonado un consorcio estatal-autonómico, como es el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). En la evaluación participaron un total de 83 evaluadores, empleados públicos con acreditada experiencia.
El premio está destinado a reconocer prácticas innovadoras en la provisión de servicios públicos. “El desarrollo de esta herramienta nunca hubiera sido posible sin el apoyo de más de 900 empleados públicos y privados canarios, implicados en estos años en la autoevaluación y rendición de cuentas de la transparencia, a los que la media docena de personas de nuestro equipo está muy agradecida”, dijo Cerdán. Según el comisionado, “ello ha hecho posible que el modelo esté siendo adoptado por otras comunidades, como Murcia y Navarra; y que antes ya hubiera sido distinguido en dos ocasiones, por la Fundación Novagob y por la Fundación Compromiso y Transparencia”. “Ahora el reto es que nuestra herramienta sea accesible también a los ciudadanos a través de la aplicación Evalúa-T”, para estimular la transparencia, a través de un software libre que podrá ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo», señaló Daniel Cerdán.
Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo, de pie y de frente. C7
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha requerido al Cabildo que entregue a la consejera del PP Josefa Luzardo, en el plazo máximo de 15 días hábiles, la información que le denegó en febrero pasado sobre sus subvenciones a los proyectos Mozambique Pequeñas Semillas y Bamako, de la entidad Oportunidades de Vida, alegando que los datos solicitados «contienen información sensible de los beneficiarios de las ayudas concedidas».
El Comisionado ha estimado la reclamación de Luzardo contra la resolución del consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, que le denegó una copia de los reportajes fotográficos acreditativos de ambos proyectos de la entidad que preside Rafael Hernández, presidente también de COAG Canarias, subvencionados por el Cabildo con 51.000 y 34.000 euros, respectivamente, así como una copia de los billetes de avión incluidos en el proyecto Bamako por importe de 3.525 euros.
La resolución también reclama al Cabildo que, en el plazo de 15 días hábiles, remita al Comisionado de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante, con acreditación de su entrega, para comprobar así su cumplimiento.
Al examinar la reclamación el Comisionado concluye que la documentación solicitada por la consejera del PP obra en poder de un organismo sujeto a la Ley de Transparencia, elaborada en el ejercicio de sus funciones «y que, por tanto, es información pública accesible».
También explica que existen dos opciones en este caso para dar acceso a la información: mediante remisión de copia de la misma o bien trasladar el concreto enlace URL en el que la información está disponible en una página web.
El Comisionado mantiene que la reclamante no es un tercero ajeno a la corporación insular y que «su derecho de acceso a la información relativa a los servicios insulares es un derecho fundamental». Y se decanta por permitir el acceso a los datos que pide porque, entre otros motivos, al emitir su resolución el Cabildo no había dado respuesta al trámite de audiencia, ni remitido expediente alguno ni realizado alegaciones a la reclamación.
La resolución aclara que si en este particular primara la protección de datos personales «se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información» y subraya que, «en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante».
El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán (i), compareció en comisión parlamentaria para hacer un balance de su gestión que comenzó en el 2015 y finaliza este mes. EFE/Miguel Barreto
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, ha avisado este lunes de que el reparto de los fondos europeos Next Generation requerirá de “un ojo público más atento”, incluso que el que se aplicó para analizar las ayudas de urgencia por la pandemia de covid-19.
En su despedida en comisión parlamentaria tras nueve años en el cargo, Cerdán ha advertido de que tras evaluar a 2.500 entidades privadas “llega el momento de evaluar el flujo de más de 1.300 millones de euros que van a llegar por los fondos Next Generation”, que “posiblemente precisarán de una atención específica”.
Y así será porque presupone que las entidades privadas perceptoras de esas ayudas serán de mayor tamaño que las que se beneficiaron de los fondos covid, y porque los proyectos serán “más complejos” y merecerán “un ojo público más atento”.
Todo ello, ha continuado, en un contexto en el que “Europa está muy preocupada por -la distribución de- la enorme cantidad de fondos, decenas y decenas de millones de euros públicos tenga una transparencia especial”.
Daniel Cerdán ha recalcado que el Comisionado de Transparencia en Canarias ha hecho estos años “diez veces más” evaluaciones a portales de transparencia de entidades privadas que todas las comunidades que disponen de este organismo.
Ha insistido en la necesidad de “poner el foco donde nadie lo pone”, es decir, en cómo gastan fondos públicos entidades privadas que reciben subvenciones, toda vez que estas presentan una nota media de suspenso, frente a la nota media de la administración en Canarias, por encima del ocho.
Uno de los trabajos pendientes que deja a su sucesora, Noelia García Leal, es mejorar “la transparencia sobre la transparencia”, y en tal sentido ha informado de que se está trabajando en el portal de datos abiertos para acceder no solo a las notas de instituciones o entidades subvencionadas, sino a los informes completos.
Por lo demás, Daniel Cerdán ha reivindicado el papel del Comisionado de Transparencia, cuyo efecto ha comparado con el de un niño que cuando está ante sus padres, tíos o profesores, “su comportamiento mejora como por arte de magia”.
Ha abundado en que este organismo “pone a las instituciones ante los ciudadanos”, a los que les permite “que pregunten”, y las obliga a hacer “unos expedientes mejor construidos y de acuerdo con las reglas”, porque antes podían permanecer “en gavetas” pero ahora “pueden aflorar en cualquier momento”.
Y ha defendido su imparcialidad recordando que emite resoluciones que “estima de igual manera” a todos los partidos políticos ante las dudas expresadas por la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández sobre la “militancia partidaria” de su sucesora, Noelia García Leal, quien a su juicio “tiene que demostrar más que nadie el principio de neutralidad”.
Socorro Beato, del grupo Nacionalista, se ha mostrado convencida de que García Leal dará continuidad a la labor de Cerdán al frente del Comisionado de Transparencia “para ganar en confianza y credibilidad ciudadana”.
Mónica Muñoz (grupo Popular) ha pedido “no bajar la guardia” pese a ese 8 de nota media en transparencia de las administraciones públicas, y ha considerado que estas deben aportar datos sin la necesidad de un requerimiento ni de una denuncia por parte de particulares ni de agentes sociales.
Rosa Bella Cabrera (grupo Socialista) ha indicado que “contar con todas las garantías de transparencia en tiempos de desinformación y de bulos es primordial y esencial, de primera necesidad”.
Paula Jover (Vox) ha alabado el papel del Comisionado de Transparencia como “mecanismo contra la corrupción”, lo cual, ha dicho, “no es incompatible con la visión de Vox” de duplicidad con el órgano homólogo nacional.
Jesús Ramos (ASG) y Raúl Acosta (grupo Mixto) han coincidido en que hoy por hoy “nadie discute la necesidad” de este órgano y han valorado que Canarias esté “muy por encima” que el resto de comunidades autónomas en cuanto a reclamaciones de información.
Los colegios profesionales y las cámaras de comercio de las islas que no presenten su declaración de 2020 antes del 31 de julio serán sancionados
Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia de Canarias. c7
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha advertido este domingo que apercibirá a los colegios profesionales y las cámaras de comercio de las islas que no presenten su declaración de 2020 antes del 31 de julio, cuando concluye la segunda y última prórroga dada para remitir sus datos.
En un comunicado, el Comisionado ha informado de que las entidades que por segunda vez incumplan las obligaciones establecidas en las leyes de transparencia serán apercibidas a los efectos de que sus órganos de gobierno, sus colegiados y las instancias de control del Gobierno de Canarias dispongan del debido conocimiento.
En el Índice de Transparencia de Transparencia de 2019 los 62 colegios profesionales y las cuatro cámaras de comercio de Canarias a los que se requirió los datos tuvieron una nota de 4,5 puntos.
Y es que solo 46 rindieron cuentas ante el órgano garante de la transparencia, presentando su declaración de transparencia correspondiente a 2019 y las 20 que no lo hicieron han sido calificadas como «incumplidoras» de las obligaciones informativas de la Ley de Transparencia de Canarias, destaca la nota.
Para el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, esa puntuación, sin ser satisfactoria, no es tan negativa como pudiera parecer si se tiene en cuenta que el primer año que se chequearon los portales de transparencia de las administraciones públicas la nota media fue inferior a 4.
Cerdán, sin embargo, ha considerado que seis años después de estar en vigor la Ley de Transparencia de Canarias no puede ser aceptable que algunos colegios profesionales sigan sin dar cuenta a sus colegiados y a la ciudadanía en general de las informaciones que les requiere la normativa.
De las 46 entidades, 19 superaron el 5; 10 alcanzaron una puntuación superior a los 9 puntos, y dos, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Profesional de Químicos de Canarias, consiguieron un 10.
Así mismo, 27 entidades tuvieron una puntuación inferior a 5 y 21 no alcanzaron el 3, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia.
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