– Se entrega en Sevilla el Premio de Excelencia de Novagob, la mayor red social de servidores públicos de España e Iberoamérica
El modelo de evaluación de las instituciones públicas (ITCanarias) del Comisionado de Transparencia recibió el «Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad»; y en nombre del equipo lo recogieron su titular, Daniel Cerdán, y el jefe de servicio de Evaluación, José María Vázquez.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias y el jefe de servicio de Evaluación, José María Vázquez, recogen en Sevilla el «Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad»
El modelo de evaluación de los portales de transparencia de las 341 instituciones y entidades públicas canarias (ITCANARIAS) ha sido desarrollado por el Comisionado de Transparencia, órgano independiente vinculado al Parlamento de Canarias; y se lleva a cabo mediante la colaboración de más de 400 funcionarios del Archipiélago a través de una aplicación telemática propia, «T-Canaria», para presentar la «declaración de transparencia» en su sede electrónica: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion
En su comunicado, Novagob, la mayor red social de profesionales de la administración pública de España e Iberoamérica, donde comparten conocimiento y experiencia más de ocho mil empleados públicos, señala que «la fundación quiere visibilizar y reconocer las iniciativas más innovadoras y con mayor impacto para transformar la Administración pública y prestar servicios de valor a la ciudadanía». Y en esta edición «los Premios se han destacado en mayor medida si cabe por la alta participación de la comunidad de innovadoras e innovadores del sector público de Iberoamérica, que a través de la Red Social NovaGob han elegido con sus más de 2.500 votos emitidos las candidaturas finalistas que pasarían a Jurado de entre las 57 postuladas inicialmente».
«En realidad, el reconocimiento lo es también a los casi 400 empleados públicos (la mayoría de ayuntamientos) de todas las instituciones canarias y de sus entidades dependientes que han colaborado con nosotros en la carga de su autoevaluación y rendición de cuentas de la «transparencia sobre la transparencia». Sin ellos no hubiera sido posible el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y mejora determinados con las leyes», añade el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. «La continuidad de las evaluaciones que comenzamos a realizar en 2016 y que pueden apreciarse en nuestros informes anuales ha producido una muy evidente y demostrable mejora en la transparencia activa del conjunto de los portales canarios, los únicos auditados al completo en el país. Otra cosa más difícil de medir y de impulsar es la transparencia pasiva, el derecho de acceso a la información solicitada por los ciudadanos, en el que los cambios culturales que se necesitan en todo el país son más lentos».
La decisión en la fase final la ha tomado el jurado independiente, compuesto por personas pertenecientes a candidaturas que resultaron premiadas en la edición de 2018, e integrado por: Marta Macho Stadler (Universidad del País Vasco), Arantxa Sainz de Murieta (Komunikatik), Isabel Serra Roselló (Ayuntamiento de Alzira), Antonia Monteagudo Cantero (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid), Amalia López Acera (Ayuntamiento de Calp), Carmen Mayoral Peña (ex directiva FEMP), Tatiana Mendoza (Veeduría Distrital de Bogotá), Daniel Giménez Roig (Agencia de Salud Pública de Catalunya) y Asier Gallastegi Fullaondo (Consultor).
La deliberación para alcanzar el fallo definitivo se ha basado en una serie de criterios objetivos para examinar los proyectos, tales como su creatividad, conocimiento de innovación; impacto sobre la ciudadanía; transferencia y difusión; sostenibilidad; valor público generado; equilibrio de eficacia y eficiencia; grado de mejora; diversidad geográfica y votos obtenidos en la fase previa.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias junto a José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia y Clara Rodríguez, matemática del Comisionado de Transparencia, en la jornada de explicación de la evaluación con la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público.
Para conocer mejor el funcionamiento del modelo y de la herramienta telemática en la que esta basado (desarrollada conjuntamente con la empresa canaria Galileo Ingeniería y Servicios @sielocal) pueden visionar los últimos tutoriales en nuestro canal Youtube.
Modelo de Evaluación de Transparencia (ITCanarias)
Institución: Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias
Resumen: El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, como órgano garante de la transparencia, creó el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), tomando como base los trabajos realizados entre los años 2015 y 2017 por el Consejo dde Transparencia estatal (CTBG) y la extinta AEVAL, que elaboraron la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad pública (MESTA). El objetivo principal era establecer un método de evaluación de la publicidad activa único y común en todo el Estado, que permitiera a cada entidad pública obligada realizar un autodiagnóstico y una autoevaluación de su grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, a la vez que facilita al Comisionado comprobar y evaluar ese autodiagnóstico. Además, para simplificar el intercambio de información entre las entidades y el Comisionado, se aprobó mediante Resolución de 22 de diciembre de 2017, la aplicación telemática de Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), denominada T-Canaria. De esta forma, se hace posible un control y evaluación por parte de las entidades públicas del cumplimiento de sus obligaciones que en caso contrario exigiría unos recursos humanos y materiales considerables mucho mayores de los que este Comisionado tiene a su disposición. Por otra parte, este modelo de evaluación está siendo considerado como posible proyecto a incluir en el IV Programa de Gobierno Abierto de España. https://transparenciacanarias.org/el-comisionado-de-canarias-propone-una-metodologia-de-evaluacion-de-la-transparencia-en-el-iv-plan-de-gobierno-abierto-de-espana
Mecanismo de medición de resultados: El Índice de Transparencia de Canarias se basa en cuatro indicadores: el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria, el Indicador de Cumplimiento del Soporte web, el Indicador de Cumplimiento de Publicidad Activa y el Indicador de Transparencia Voluntaria. La propia aplicación T-Canaria proporciona los resultados de estos indicadores, a través de tres formularios que las entidades deben contestar: uno de publicidad activa, uno de derecho de acceso y uno de información general. Al mismo tiempo, permite el seguimiento anual e interanual de las entidades y posibilita el tratamiento de la información de evaluación y su comparativa entre distintas entidades públicas, independientemente de su naturaleza jurídica.
Resultados obtenidos: Se plasman en los informes anuales que el Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano del Parlamento, eleva al Pleno: https://transparenciacanarias.org/informes
El más detallado de ellos se refleja en el informe presentado el año pasado y referido al ejercicio 2017: Resumen Ejecutivo Informe 2017
Entre las consecuencias de la evaluación destacan:
– La óptima evolución global interanual de las entidades con la puesta en marcha de la aplicación T-Canaria.
– El hecho de que todas las entidades territoriales públicas de Canarias (98) y 111 de sus entidades dependientes presentaron sus cuestionarios de transparencia en el último informe del Comisionado.
– Aumento de la concienciación de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades sujetas.
– Mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de los portales de transparencia, de los derechos de acceso a la información y de las actividades de garantía y evaluación del Comisionado de Transparencia.
El modelo de evaluación de los portales de transparencia de las 351 instituciones y entidades públicas canarias(ITCANARIAS), desarrollado por el Comisionado de Transparencia de Canarias, ha sido incluido como candidato a los Premios Excelencia NovaGob 2019. Novagob es la mayor red social hispana especializada para profesionales de la administración pública, donde comparten conocimiento y experiencia más de 8.600 personas.
La votación estará abierta hasta el día 31 de mayo a las 15:00 horas (horario de Madrid-España). Las votaciones se realizan a través de su web: https://novagob.org/
Modelo de Evaluación de Transparencia (ITCanarias)
Institución: Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias
Resumen: El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, como órgano garante de la transparencia, creó el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), tomando como base los trabajos realizados entre los años 2015 y 2017 por el Consejo dde Transparencia estatal (CTBG) y la extinta AEVAL, que elaboraron la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad pública (MESTA). El objetivo principal era establecer un método de evaluación de la publicidad activa único y común en todo el Estado, que permitiera a cada entidad pública obligada realizar un autodiagnóstico y una autoevaluación de su grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, a la vez que facilita al Comisionado comprobar y evaluar ese autodiagnóstico. Además, para simplificar el intercambio de información entre las entidades y el Comisionado, se aprobó mediante Resolución de 22 de diciembre de 2017, la aplicación telemática de Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), denominada T-Canaria. De esta forma, se hace posible un control y evaluación por parte de las entidades públicas del cumplimiento de sus obligaciones que en caso contrario exigiría unos recursos humanos y materiales considerables mucho mayores de los que este Comisionado tiene a su disposición. Por otra parte, este modelo de evaluación está siendo considerado como posible proyecto a incluir en el IV Programa de Gobierno Abierto de España. https://transparenciacanarias.org/el-comisionado-de-canarias-propone-una-metodologia-de-evaluacion-de-la-transparencia-en-el-iv-plan-de-gobierno-abierto-de-espana
Mecanismo de medición de resultados: El Índice de Transparencia de Canarias se basa en cuatro indicadores: el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria, el Indicador de Cumplimiento del Soporte web, el Indicador de Cumplimiento de Publicidad Activa y el Indicador de Transparencia Voluntaria. La propia aplicación T-Canaria proporciona los resultados de estos indicadores, a través de tres formularios que las entidades deben contestar: uno de publicidad activa, uno de derecho de acceso y uno de información general. Al mismo tiempo, permite el seguimiento anual e interanual de las entidades y posibilita el tratamiento de la información de evaluación y su comparativa entre distintas entidades públicas, independientemente de su naturaleza jurídica.
Resultados obtenidos: Se plasman en los informes anuales que el Comisionado de Transparencia de Canarias, órgano del Parlamento, eleva al Pleno: https://transparenciacanarias.org/informes
El más detallado de ellos se refleja en el informe presentado el año pasado y referido al ejercicio 2017: Resumen Ejecutivo Informe 2017
Entre las consecuencias de la evaluación destacan:
– La óptima evolución global interanual de las entidades con la puesta en marcha de la aplicación T-Canaria.
– El hecho de que todas las entidades territoriales públicas de Canarias (98) y 111 de sus entidades dependientes presentaron sus cuestionarios de transparencia en el último informe del Comisionado.
– Aumento de la concienciación de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades sujetas.
– Mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de los portales de transparencia, de los derechos de acceso a la información y de las actividades de garantía y evaluación del Comisionado de Transparencia.
Dentro del Eje de Valores Ética pública, gobierno abierto y lucha contra la corrupción en que concurre el modelo de evaluación del ITCanarias figuran otra serie de proyectos a los que puedes presentar tu apoyo si formas parte de la red Novagob: https://red.novagob.org/candidaturas-presentadas-en-los-premios-novagob-2019/
La de La Laguna obtiene un 5,65 y la de Las Palmas un 4,86
Las universidades públicas de Canarias obtuvieron una nota semejante (con una media de 5,26) en la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones informativas en sus portales de transparencia; si bien la de La Laguna logró 5,65 puntos y la de Las Palmas 4,86 en una escala del 1 a 10. Así se concluye en el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias 2017) elaborado por el Comisionado de Transparencia de Canarias después de revisar la autoevaluación que en esa materia hizo cada centro docente.
Tabla 26. ITCanarias de las universidades públicas canarias
«Ambas universidades se mueven en los márgenes escuetos del aprobado en sus portales de transparencia; a pesar de ser grandes organizaciones con personal muy cualificado, a diferencia de los pequeños ayuntamientos o cabildos. Y en cuanto al derecho de acceso a la información cuando los ciudadanos les preguntan o les piden documentación, no nos consta que hayan habido muchos problemas en las universidades. Pero para ser precisos, también es verdad que los ciudadanos no están preguntando mucho ni a las universidades ni a ninguna administración», ha señalado el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán.
La transparencia de las universidades ha sido actualidad en estos días por las diferencias que se dan en cuanto al derecho de acceso a los trabajos de fin de grado o de máster y a las tesis doctorales. Aunque en otras comunidades autónomas se han planteado reclamaciones ante órganos garantes de transparencia frente a la negativa universitaria a entregar tesis doctorales (siempre favorables a los reclamantes) en Canarias no se han presentado reclamaciones de este tipo ante el Comisionado de Transparencia; y es posible que las universidades hayan recibido solicitudes de este tipo para los casos en que dichos trabajos académicos no estén publicados en TESEO o en los repositorios de ambas universidades.
Las cinco reclamaciones resueltas hasta ahora por el Comisionado frente a negaciones de información de las universidades canarias han sido favorables para los ciudadanos reclamantes y accesibles en el siguiente enlace: https://transparenciacanarias.org/tag/universidades/ En todos los casos consta que las universidades cumplieron las resoluciones del Comisionado de Transparencia, aunque en uno de ellos no hay confirmación de que la entregara totalmente.
En cuanto a sus portales de transparencia cabe destacar que ninguna de las universidades publica información sobre las Concesiones de servicios públicos, como se puede comprobar en la tabla adjunta. Además, solo la Universidad de La Laguna informa sobre la Normativa, el Patrimonio, las Obras públicas, las Ayudas y subvenciones y la Estadística, mientras que solo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria informa sobre sus Planes y programas.
Tabla 27. Indicadores de Cumplimiento de la Información Obligatoria de cada tipo de información de las universidades
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS (ITCANARIAS)
La arbitrariedad en la evaluación de se ha reducido todo lo posible al ser calculada matemáticamente por un algoritmo. Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de Canarias hicieron primero un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia.
Desde que en diciembre 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia, nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la Metodología de Evaluación de la Transparencia de la Actividad Pública (MESTA) de ámbito estatal y el Indice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que los adapta a la Ley de Transparencia de Canarias. Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas; hecho que constituye todo un hito, ya que hace dos años no llegaron al 40%; el pasado ejercicio fueron el 89% y este año se ha alcanzado al 100%.
La aplicación “T-Canaria” permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de institución ha de incluir en su portal de transparencia según la Ley: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público.
Diríase que Google es un adelantado del acceso a la información. En reconocimiento a esa capacidad visionaria, el Comisionado de Transparencia canario plantea al Consejo nacional que concierte un convenio con la empresa del socorrido buscador para “identificar las mayores y más importantes demandas de información pública que los españoles expresan en internet”.
Esta semana, ese organismo creado hace un año congregó por primera vez a las equivalencias instauradas en las comunidades autónomas para “garantizar el acceso” a la información pública: Andalucía, Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Madrid, Castilla y León y Galicia han optado por encargar esa tarea a instancias que ya estaban en funcionamiento. Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Ceuta confían la vigilancia a la entidad adscrita, “a efectos puramente organizativos”, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por Canarias estuvo Daniel Cerdán. “Hemos trasladado una serie de propuestas concretas de modificación que aumenten la eficiencia de la medición del cumplimiento de las obligaciones [nacionales y autonómicas], con el fin de que se logre un sistema de evaluación consensuado y compartido por todos”. El comisionado resalta que, en esta etapa de despliegue de las normativas, “el tamaño de las corporaciones marcará las diferencias en la aplicación de la ley, porque los ayuntamientos pequeños no tienen muchos recursos y les va a costar más”.
En marzo se hará un balance de la experimentación. “Aún es pronto para sacar conclusiones sobre las tendencias”, constata Cerdán. Además, en breve se actualizará el portal regional.
Un foro cierra la primera sesión de las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital
Las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, que acoge el Parlamento de Canarias, cerraron su primer día de trabajo con un foro en el que el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recordó que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza”
Abrió la sesión vespertina una exposición de varios representantes del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, organizador de la actividad, explicando datos del Informe Anual 2018 de esta institución.
María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, abordó las reclamaciones efectuadas durante el pasado año a este organismo en función del tipo de información. A la cabeza se situaron las relacionadas con el patrimonio, con 97, seguidas de otras temáticas como contratos (66), ordenación del territorio (33) o empleo en el sector público (30).
Natalia del Castillo, periodista del Comisionado de Transparencia, explicó el número de reclamaciones efectuadas a la institución. Han pasado de 18 en 2015 a 355 en 2018, lo que supone una ratio por cien mil habitantes de 0,9 frente a 16,7. En este índice, Canarias está por encima de comunidades como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana.
Mientras, José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia y Acceso a la Información, explicó el peso por el tipo de entidades objetivo de este proceso. Así, la Comunidad Autónoma pasó de 7,69% en 2016 al 9,04% en 2018; los cabildos, del 3,85% al 7,39%, los ayuntamientos del 3,03% al 5,16. Por último, las procedentes de universidades pasaron del 5,26% al 5,53& en 2018.
Por su parte, Clara Rodríguez, matemática adscrita a la institución, ofreció información relativa a la evaluación sobre los tipos de información obligatoria, es decir, la que se publica en la web correspondiente, en los que la comunidad autónoma y los cabildos ofrecen buenos muy niveles. Los ayuntamientos, por el contrario, tienen mucho margen de mejora.
Rodríguez también ofreció algunos indicadores sobre cómo se podría mejorar la puntuación en el apartado de las obligaciones, entre los que citó “revisar periódicamente la información y dejar constancia de ello en el portal de transparencia; publicar la fecha de los documentos y de la actualización de manera visible; publicar la no existencia de información; proporcionar la información en varios formatos, y cuando se publique información a través de otra plataforma, suministrar los parámetros para que los resultados se muestren directamente”.
Transparencia y estadística
Gonzalo Rodríguez López, director general del Instituto Canario de Estadística (Istac), intervino con la ponencia ‘La estadística Publica al Servicio de la Transparencia’, en la que ofreció diferentes reflexiones sobre el aporte de la institución que dirige en los requerimientos de la transparencia. Para ello habló sobre principios y valores de la estadística pública, afirmando que “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática que proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental”.
También hizo mención al Plan Estadístico de Canarias como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la comunidad autónomas, en el que aparecen diferentes operaciones ligadas a la transparencia. Así, hizo referencia a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para señalar que, en relación al papel de la estadística oficial, “las labores de auditoria tendrían que estar a cargo de agentes externos que deben ser órganos independientes” con autoridad pública y competencia estadística.
Foro de transparencia
La sesión de tarde finalizó con el Foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que intervinieron Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias; Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; y Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del gobierno de Canarias.
Matos manifestó su satisfacción por haber logrado hacer coincidir este apartado de las jornadas con el Foro Parlamentario, “una iniciativa en la que hemos procurado que, a partir de la puesta en común, este lugar sea un centro de ideas y de pensamiento”.
Por su parte, Rodríguez dijo que “uno nuestros principales objetivos es cumplir con una de las cuestiones más importantes que es la transparencia y la rendición de cuentas, columnas de todo gobierno abierto. En este sentido, —añadió— en el Gobierno de Canarias hemos arrancado con un proyecto ilusionante que enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible basado en la Gobernanza inteligente, en los datos, así como en la transparencia y la evaluación”.
El viceconsejero señaló que cuando hablamos de datos “tenemos que tener en cuenta lo que va a suceder en los próximos años, ya que algunas de las mejores empresas del mundo actualmente solo se dedican a gestionar datos. Debemos tener en cuenta —continuó— que las administraciones públicas son el mayor generador de datos que existe y en torno al 90% de esos dados han sido generados en los últimos años”.
Daniel Cerdán, por su parte, señaló que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza y para dar pasos hacia el cambio cultural en este sentido”.
Asimismo, recordó que “existen muchos datos, muy dispersos y que no se aprovechan” y que uno de los retos que tienen las administraciones es “cómo añadir a su gestión las obligaciones de la protección de datos”. En esa línea, sostuvo que “el protector de los datos y el encargado de gestionar la transparencia en las instituciones, a ser posible, deberían compartir la misma unidad orgánica en cualquier organización”.
Las administraciones públicas recibieron 821 solicitudes de información más en 2018 que en el año anterior. El comisionado advierte que el silencio con que se reciben las peticiones desprestigia la prometida rendición de cuentas
Cada vez son más los ciudadanos que se valen de la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a las administraciones a que rindan cuentas de sus actos, aunque también siguen siendo demasiadas las que responden con el silencio.
Así lo pone de manifiesto el Comisionado de Transparencia en el informe correspondiente al año 2018. «El número de solicitudes de información es mayor: pasa de 1.286 en el año 2017 a 2.107 en el año 2018».
No obstante, «la demanda ciudadana continúa siendo escasa», se reconoce en el documento. «Todavía, después de cuatro años de vigencia de la ley, menos del 40% de los sujetos obligados ha recibido alguna pregunta», se expone en línea, además, de lo que sucede también a nivel nacional.
Aún así, el número de entidades que ha recibido alguna solicitud de información «aumenta ligeramente». En 2017, de las 345 entidades censadas únicamente 80 declararon haber tenido actividad, mientras que este año son 123, es decir, el 36,18% de los 340 sujetos obligados.
El responsable de la institución, Daniel Cerdán, apunta que una de las causas «principales» es el «desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos derivados de la ley de transparencia».
En el informe, también se reprocha a las administraciones que, en general, no suelen hacer campañas de difusión de la transparencia y además, se observa un «leve empeoramiento de la eficiencia de las entidades al tramitar las preguntas presentadas».
Así, en 2018, el porcentaje de resolución de las solicitudes de derecho de acceso de las 80 entidades cae al 84,62 %, mientras que el número de preguntas sin respuesta sube a 233 -11,06 %-; en 2017, el porcentaje de resolución fue del 85,46 %, quedando solo 46 de las 1.286 preguntas pendientes por silencio administrativo -3,58 %-.
Al respecto, Daniel Cerdán sostiene en el informe que «lo que más desprestigio está provocando a la práctica de la transparencia es el silencio administrativo como forma permanente de dar la callada por respuesta».
Los datos registrados por el comisionado llaman la atención: «En más de un 90 % de las reclamaciones admitidas a trámite el motivo es la falta de respuesta por parte de los entes públicos». Para mayor abundamiento, «en más de un 50 % de los trámites de audiencia que se dan a las administraciones reclamadas, la respuesta al comisionado es también el silencio».
Esta situación, así como la denegación de información o la inexactitud de los datos suministrados, es lo que motiva que el solicitante acuda a la institución que dirige Cerdán a reclamar.
Cabe aclarar que el Comisionado de Transparencia no puede admitir quejas derivadas del Parlamento o de organizaciones sociales, económicas y políticas que reciban menos de 60.000 euros de fondos públicos. La ley no se lo permite.
Pese a este matiz, a la institución encargada de vigilar la transparencia le cayeron el año pasado 355 expedientes frente a los 154 que se habían producido en el año 2017. Esto representa un aumento del 130,52 %.
En el informe, se puntualiza que en 2018 cinco personas físicas o jurídicas presentaron más de diez reclamaciones y tres de ellas, superaron las 28 reclamaciones cada una. Por lo tanto, el comisionado no prevé que la cifra registrada en 2018 sea superada en 2019; hasta el mes de septiembre se han registrado 176 reclamaciones.
En cuanto a las causas que motivan el descontento, la principal es el silencio administrativo -más del 90 %-, una tendencia que se arrastra de años anteriores.
Las administraciones públicas que peor se comportaron con las solicitudes de sus ciudadanos fueron los ayuntamientos capitalinos de Santa Cruz de Tenerife (51) -en su mayor parte, concejales-, Las Palmas de Gran Canaria (22), la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias (16), el ente público Radio Televisión Canaria (12), el Ayuntamiento de Guía de Isora (10), los cabildos de Gran Canaria (10) y de Tenerife (10).
El documento del comisionado que se someterá al pleno del Parlamento en el mes de enero hace referencia a la efectividad de dicha institución. De esta forma, del total de las 355 reclamaciones recibidas, 347 fueron resueltas al cierre del informe, 90 no fueron admitidas a trámite y cinco acabaron siendo desestimadas.
Tras la intervención de la institución, «más del 91 % de las personas con reclamaciones admitidas obtuvieron una resolución favorable a sus demandas». En el resto, la persona que reclamó había recibido la información por parte de la administración reclamada.
En relación a la influencia que tiene el Comisionado de Transparencia frente a los sujetos que han sido objeto de las reclamaciones, en el informe se afirma que «no se puede saber con exactitud si finalmente se ha entregado la información o no, salvo en las ocasiones en las que la persona reclamante pone en conocimiento del comisionado que no ha recibido la información». Bajo este supuesto se encuentran seis resoluciones.
El órgano estrena una herramienta interactiva que refleja la calidad de los portales públicos
El Comisionado de Transparencia, órgano dependiente del Parlamento de Canarias, estrena en su web un mapa interactivo del Archipiélago en el que puntúa la transparencia de los portales públicos de las instituciones de las Islas. Esta nueva herramienta tiene como objetivo sintetizar al máximo la información recogida en los informes anuales de 2016, 2017 y 2018. El mapa se elabora a través de la aplicación telemática T-Canaria, con la colaboración de más de 400 funcionarios públicos y el aporte de los más de dos millones de datos que facilitan su cálculo.
Las puntuaciones, que van del uno al diez, reflejan la calidad de los portales de transparencia del Gobierno canario, cabildos, ayuntamientos, universidades y entidades dependientes. Esta herramienta digital permite conocer cómo las 340 instituciones y entidades públicas isleñas cumplen con sus obligaciones informativas en sus respectivos portales.
El mapa interactivo da la opción de seleccionar entre los tres años de estudio (2016, 2017 o 2018), y entre las cuatro instituciones vigiladas: gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades. Las diferentes combinaciones facilitan el estudio de la evolución de las puntuaciones. En el apartado de ayuntamientos, la herramienta refleja con colores, -en rojo las zonas menos transparentes y en verde oscuro las más cumplidoras-, la puntuación de los municipios de las Islas.
Tanto la aplicación telemática T-Canaria, como este nuevo mapa interactivo, constituyen «dos pioneras singularidades canarias en el sistema institucional de la transparencia en España», según indican desde el Comisionado de Transparencia. Primero posibilitan la autoevaluación de cada una de las instituciones y entidades con una metodología «precisa y única». Y luego la evaluación de los portales de transparencia con un mismo patrón. Las herramientas obtuvieron el pasado mes de octubre dos distinciones nacionales: El Premio Excelencia Novagob en la categoría Ética Pública, gobierno abierto y lucha contra la corrupción. Y también el reconocimiento como una de Las 10 mejores prácticas de transparencia y buen gobierno de 2018 que conceden cada año la Fundación Compromiso y Transparencia y Telefónica.
El cuestionario contiene 36 preguntas que permitirán conocer cómo las administraciones han comunicado los datos y las acciones efectivamente acordadas y puestas en marcha en los tres últimos meses
El portavoz de del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria en Canarias, Lluis Serra, presenta los datos que justifican el plan de desconfinamiento de Canarias. Efe/ Elvira Urquijo A.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha abierto esta semana un proceso de evaluación sobre la forma en que todas las 98 instituciones canarias y sus organismos administrativos han informado durante el periodo de alarma sobre las acciones realizadas para afrontar la pandemia provocada por la COVID-19.
En paralelo, se realiza el habitual proceso de autoevaluación del Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias) al que este año han sido emplazadas las 98 instituciones y sus entidades dependientes (340 en total), las 73 corporaciones de derecho público y las 497 organizaciones subvencionadas por el Gobierno de Canarias con más de 60.000 euros en 2019, informa el Comisionado en un comunicado.
El cuestionario contiene 36 preguntas que permitirán conocer cómo las administraciones han transparentado la actividad referida al COVID-19 sobre todo con los datos y las acciones efectivamente acordadas y puestas en marcha en los tres últimos meses.
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, indica que durante la crisis global provocada por la COVID-19, se ha evidenciado con mayor fuerza la necesidad de que las instituciones y todas sus entidades dependientes establezcan canales de información y comunicación transparente con la ciudadanía acerca de la gestión técnica, sanitaria, económica y administrativa de la crisis.
Pasado el mes de agosto, se llevará a cabo un segundo test semejante a este para comprobar en qué medida ha avanzado la transparencia sobre la emergencia después del periodo de alarma y para calibrar el nivel y la precisión de las informaciones ofrecidas sobre el conjunto de acciones que habrán de realizarse para, una vez superada la pandemia, afrontar los efectos de la crisis socioeconómica.
“¡Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar” es el título de la campaña divulgativa
El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán.
El Comisionado de Transparencia de Canarias ha iniciado una campaña informativa llamada ‘Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar’, que tiene como reto que se conozcan las posibilidades que se le han abierto a todos los ciudadanos con las leyes de transparencia de la información oficial. Estas normas no solo han dado pie a la creación de portales de Internet en cada una de las Administraciones para airear su actividad, sino que les abren amplias posibilidades para que pregunten por cuestiones de su interés.
“Las leyes de transparencia convierten a todos los ciudadanos en periodistas en una continua ‘rueda de prensa permanente’ -las 24 horas de los 365 días del año- por medio de preguntas de fácil, rápido y gratuito acceso a través de las sedes electrónicas de las 98 instituciones canarias y de sus órganos dependientes”, indica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias.Los banners de la campaña conducen a los mapas de internet donde se hallan los 336 portales de transparencia públicos de Canarias y, sobre todo, los más de 110 sedes electrónicas que en Canarias pueden recibir sus preguntas. Las administraciones están obligadas a responder en un mes. De ser negativa la respuesta, los ciudadanos pueden presentar recurso o reclamación gratuita y sin gastos jurídicos desde su casa, cómodamente, a través del la sede del Comisionado.
La campaña informa asimismo de los resultados de la última Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCANARIAS) en la que han rendido cuentas sobre su transparencia 661 organizaciones: 322 públicas, 46 corporaciones de derecho público y 293 privadas.En su cuarta edición anual, 661 entidades públicas y privadas han presentado su autoevaluación de transparencia a través de la sede electrónica del Comisionado, frente a los 278 registradas el año anterior; es decir, se han incrementado un 137 % a pesar de las limitaciones impuestas a todos por el teletrabajo por la pandemia del Covid-19. Se calcula así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y a 224 de sus 238 entidades dependientes (a más del 95 % del sector público canario).Si el año pasado hubo 62 incumplidores de las 340 organizaciones públicas citadas (un 18 % del total) este año se han reducido a 14 de las 336 (apenas un 4 % del total). Se confirma así cada año una progresión positiva del conjunto de sujetos obligados, que mejoran sus portales de transparencia para no aparecer en mala posición en el ITCanarias.
En este ejercicio, Transparencia ha añadido al censo de entidades sujetas a la evaluación a las 487 empresas, ONGs y entidades privadas que recibieron más de 60.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias en 2019, y a las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales, sobre todo) de la Comunidad Autónoma. Así, el censo de entidades para la evaluación ha pasado de 340 instituciones del año pasado a 889 para el presente año. En los últimos meses ha iniciado una nueva línea trabajo sobre la transparencia en las páginas webs públicas sobre el COVID-19.
– «La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia»
– «Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados»
DECLARACIÓN DE ALICANTE DE LA RED DE CONSEJOS Y COMISIONADOS DE LA TRANSPARENCIA
«Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.
Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.
Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.
Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.
Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.
Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.
En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.
En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.
Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.
Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.
En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.
Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.
Esta pandemia ha traído consigo una serie de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.
La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.
Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.
De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.
Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.
Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.
En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.
Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.
El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.
Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.
Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.
Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.
Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.
De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.
Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.
Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.
Confiamos en que esta solicitud, y la declaración que la contiene, merezca la aprobación y el apoyo de los organizadores del 6º Congreso Internacional de Transparencia y de las personalidades, asociaciones y organizaciones civiles activas en materia de transparencia y acceso a la información que participan en el mismo.
Muchísimas gracias a todos y todas por la atención que han prestado a esta declaración y por su apoyo a las peticiones, consideraciones y demandas en ella contenidas.
Alicante, a 28 de septiembre de 2021″
Representantes de los Consejos y Comisionados de Transparencia en la lectura de la Declaración de Alicante de la Red de Consejos y Comisionados de la Transparencia
Intervienen en la lectura:
– Manuel Sánchez de Diego, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y director del Congreso Internacional de Transparencia
– Gonzalo Gómez de Villalobos, director de la Oficina de reclamaciones de Administraciones Territoriales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
– Juan Luis Beltrán, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra
– Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP)
– Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
– Santiago Álvarez Carreño, vicepresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia
– Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana
– Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón
– Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias
– Miren Martiarena Barcaiztegui, presidenta de la Comisión Vasca de acceso a la información pública
– Gonzalo Gómez de Villalobos en nombre de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública
– Antonio Rovira, consejero del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid
– Rubén García López, secretario del Comisionado de Transparencia de Castilla y León
– José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
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Diríase que Google es un adelantado del acceso a la información. En reconocimiento a esa capacidad visionaria, el Comisionado de Transparencia canario plantea al Consejo nacional que concierte un convenio con la empresa del socorrido buscador para “identificar las mayores y más importantes demandas de información pública que los españoles expresan en internet”.
