Natalia del Castillo

• El Comisionado de Transparencia de Canarias ha propuesto como proyecto para el IV Plan de Gobierno Abierto la adopción de una metodología y un sistema común de evaluación de las obligaciones de transparencia de las leyes españolas. Se adjunta el PDF con la metodología completa.

Se trata de avanzar en el ejercicio de autoevaluación, rendición de cuentas telemática y evaluación del cumplimiento de obligaciones de publicidad activa definidas por las leyes de transparencia (básica 19/2013 y autonómicas) con un sistema semejante en todas las comunidades autónomas.

Este sistema se basa en el m del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) desarrollada por el Comisionado de Transparencia de Canarias en base a la metodología estatal MESTA y que se describe en el documento adjunto. Ya se ha aplicado y experimentado durante dos años consecutivos en Canarias.

 

Descripción de la propuesta principal
Se trata de trabajar en un modelo común basado en la metodología MESTA desarrollada por el Consejo de Transparencia y la AEVAL y en la experiencia de su implementación práctica aplicada durante dos años por el Comisionado de Transparencia de Canarias a toda la tipología de sujetos obligados de carácter público y de cualquier tamaño; pudiendo ser evaluados con la misma herramienta tanto según las obligaciones de la Ley básica (con  un patrón común en todo el país) como por su respectiva Ley autonómica. 

Esta metodología (que se detalla en el documento adjunto) sirve para evaluar con un mismo sistema a todos los sujetos públicos obligados por el artículo 2.1 de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (administraciones públicas, entidades gestoras, organismos autónomos, agencias, entidades públicas, corporaciones de derecho público, empresas públicas, fundaciones, etc.).

Por ello se concreta hasta el momento en 23 mapas de obligaciones distintos para cada tipo de sujeto; y permite comprobar tanto el cumplimiento de sus obligaciones informativas definidas en la norma básica estatal como de las respectivas leyes de transparencia autonómicas. Constituye una evolución y adaptación a la realidad de la metodología MESTA.

 

Propuesta colateral y derivada: «Cartografía de la transparencia activa»

En paralelo a su realización, o con carácter previo, merece la pena afrontar el proyecto de elaborar el conjunto de catálogos o mapas de obligaciones de transparencia activa de trazado común (inspirados también en MESTA) y en buen medida ya avanzados por el Consejo de Transparencia en los ámbitos estatal y autonómicos, para que los ciudadanos de cada comunidad, provincia o municipio conozcan con facilidad qué informaciones están obligadas a publicar sus administraciones en los portales de transparencia sin necesidad de estudiarse las leyes autonómicas u ordenanzas provinciales o municipales.

Estos mapas de obligaciones derivados de las leyes, ordenanzas y reglamentos son la base previa y necesaria para implementar el sistema de evaluación y es conveniente que esa «cartografía de la transparencia» en todo el país, pueda existir con independencia de que se haga o no evaluación más adelante; porque serían de mucha utilidad para los ciudadanos que con más intensidad hacen uso del derecho de acceso a la información pública.

 

JUSTIFICACIÓN 

Por su carácter transversal, tanto en materias como entre todos los niveles de las administraciones, atiende a los principales criterios señalados para la elección de los proyectos: los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad, propugnados por la Alianza de Gobierno Abierto, y conecta con la mayoría de los objetivos generales establecidos del IV Plan de Gobierno Abierto.

Su viabilidad jurídica es plena, porque además viene a dar cumplimiento a las obligaciones normativas de evaluación establecidas por las leyes y hasta ahora no desplegadas. Su viabilidad técnica y presupuestaria está ya comprobada en una comunidad autónoma como Canarias, con costes económicos muy asumibles, al estar basada en buena medida en la colaboración de los empleados públicos de todas las administraciones.

Es una iniciativa con un objetivo claro, realista y medible mediante indicadores, y cuyo logro puede ser alcanzado en el periodo de dos años.