El segundo Informe Anual 2016 sobre el Cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias ha de servir para enriquecer y perfeccionar la Estrategia Marco del Gobierno Abierto de la comunidad autónoma, que a través del eje «Gobierno Abierto» (uno de los seis que la integran) busca mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, entre otros fines.
Su máximo responsable, José Miguel Barragán, y el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo en el Parlamento de Canarias para analizar las vías de mejora del sistema canario de transparencia, articulado a través de los portales de transparencia y sistemas de respuesta a la información solicitada por la ciudadanía que mantienen el Ejecutivo canario, los 88 ayuntamientos, los siete cabildos, las dos universidades y sus 296 organismos dependientes en segundos niveles.
Apenas dos años después de que entraran en vigor las leyes de transparencia se consideró necesario mejorar los procedimientos y la colaboración entre instituciones para lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones de información. Solo 20 de las 96 principales instituciones citadas (Gobierno, tres cabildos y 16 ayuntamientos) obtuvieron más de cinco puntos sobre diez en la evaluación realizada por el Comisionado de Transparencia y recogida en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
Las 76 instituciones restantes empujaron muy a la baja la nota de las principales administraciones, hasta el punto de que la nota media del conjunto apenas supera el 3. Los 296 organismos autónomos, empresas públicas y entidades dependientes de las instituciones no han sido medidos con la misma precisión este año, pero arrojan índices de cumplimiento incluso inferiores. Los principales datos del ITCanarias se recogen con más detalle en esta sección del Informe Anual.
Esta lenta progresión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, sobre todo entre las instituciones más pequeñas, no es exclusiva de Canarias, sino se manifiesta en todo el país, indicó el comisionado. Pero para rentabilizar los esfuerzos realizados en mejores resultados para la ciudadanía se precisan nuevas medidas de automatización para la carga de información a través de la administración electrónica, más claridad operativa dentro de las instituciones con las demandas de información de la ciudadanía, los desarrollos reglamentarios pendientes de la Ley de Transparencia de Canarias; y una mayor cooperación con los ayuntamientos más pequeños para la gestión de sus portales; y la puesta en valor de los potentes sistemas de información digital de la comunidad autónoma ahora desvinculados de los portales de transparencia.
En la reunión de trabajo participaron asimismo el director general de Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens; y Pedro Pacheco y José María Vázquez, los dos jefes de servicio del Comisionado de Transparencia, órgano garante vinculado del Parlamento de Canarias.