02/10/2019 –EUROPA PRESS–
La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia ha firmado este miércoles en Málaga una declaración institucional en la que demandan a los poderes públicos que cumplan con la Declaración de Cádiz, documento que se formalizó hace justo un año y en la que los organismos de dicha Red solicitaban apoyo explícito a su labor en favor de la transparencia pública así como un compromiso decidido en la implantación de la nueva cultura de la transparencia.
Esta nueva declaración, que recuerda la necesidad de cumplir con las demandas recogidas en la anterior, ha sido firmada en Málaga, con motivo de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber y en el marco del IV Congreso Internacional de Transparencia, foro de encuentro de expertos en la materia celebrado en el auditorio de la Diputación malagueña. A la declaración se han adherido las principales organizaciones de la sociedad civil en materia de transparencia.
Todos los Consejos y Comisionados de Transparencia españoles reconocen en esta nueva declaración que, transcurrido un año desde que se adoptó la Declaración de Cádiz, «no se ha obtenido la respuesta deseada» por parte de los representantes públicos, lamentando que la política de transparencia «continúa siendo una gran olvidada en la agenda de los gobernantes y los grupos políticos».
La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia considera que no han «sido dotados de medios adecuados, ni en el terrero de los recursos humanos ni en el de los económicos y materiales» y destaca que existe «resistencia a esta nueva cultura de transparencia por parte de organismos e instituciones públicas», lo cual «supone un grave obstáculo para la eficacia de la actividad de los órganos garantes».
También se recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal continúa con una presidencia interina que dura casi dos años, han precisado en un comunicado.
Los firmantes de la declaración consideran que el compromiso de los responsables públicos con la transparencia «ha ido perdiendo peso en los últimos años» y advierten del peligro de dejar «morir de inanición» a los Consejos y Comisionados de Transparencia, encargados de defender los derechos de la ciudadanía ante la «opacidad» de las administraciones públicas.
El texto recoge también la necesidad de conectar la transparencia con otras cuestiones en un marco más general de integridad pública, tales como medidas de Gobierno Abierto, códigos éticos, control de la actividad de los grupos de interés o ‘lobbies’, la publicación de agendas de trabajo de autoridades públicas y altos cargos, así como la protección de los denunciantes de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico y la ética pública y la necesidad de redefinir la política establecida por la ley de transparencia y por las leyes autonómicas dictadas en su desarrollo.
DECLARACIÓN DE CÁDIZ
La Declaración de Cádiz, y en la que se reitera este año la importancia de su cumplimiento, fue firmada el 28 de septiembre de 2018, Día Internacional del Derecho a Saber, por la Red de Consejos y Comisiones de Transparencia y contó con el apoyo de 32 entidades de la sociedad civil.
En esta declaración institucional, todos los organismos públicos encargados de garantizar la transparencia en España lamentaban la falta de medios para ejercer su labor, reafirmaban su compromiso con la implantación de la transparencia en España y solicitaban a los poderes públicos apoyo y compromiso en la «implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia» así como una reforma que mejorara las garantías del «derecho de acceso», es decir, del derecho que tiene la ciudadanía a obtener información pública; y de la «transparencia activa» o la obligación que tienen las organizaciones públicas de informar sobre su actividad.
Entre las reformas que solicitaban estos organismos destacaban aquellas que supondrían un cambio legislativo, como reconocer el derecho de acceso como un derecho fundamental, modificar el procedimiento de solicitud de información para hacerlo más sencillo o reforzar los Consejos de Transparencia para que puedan sancionar a los organismos que no cumplen con las obligaciones de transparencia.
La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia está formada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de garantía de la transparencia a nivel estatal, así como por el resto de las autoridades de control de la transparencia creadas en el ámbito autonómico.
Dicha Red mantiene relaciones permanentes de colaboración a través de encuentros periódicos en los que se tratan las cuestiones que comúnmente les afectan y se intercambian experiencias prácticas que permiten un desarrollo de sus funciones más eficaz y coordinado.
Acceda al texto completo de la Declaración de Málaga aquí: https://congresotransparencia.