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LA PROVINCIA | Salvador Lachica

– Daniel Cerdán hace balance de sus nueve años como alto comisionado del derecho ciudadano a acceder a la información pública

– Noelia García lo sustituirá en el cargo el 8 de mayo

En la década de los 80 del pasado siglo era periodista, con posterioridad fue 20 años la sombra de Adán Martín tanto en el Cabildo tinerfeño como en el Gobierno canario y, desde 2015, es el alto representante del Parlamento que defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública de las administraciones. Cuando llegó al cargo existía la nada y ahora deja una institución que fue premiada por el Estado.

En mayo de 2015 usted llega a una institución que no existía. ¿Cómo fue ese desembarco en lo desconocido?

Pues llegué a un despacho vacío que el Parlamento me facilitó y comienzo a recabar reclamaciones de los ciudadanos a los que las administraciones no les había contestado. Como éramos absolutamente desconocidos, en aquel año solo recibimos 18 y ya el año siguiente fueron 80. Empezamos a preparar lo que ha sido la singularidad de este Comisionado, que es la evaluación. Pero al principio no tenía a nadie, fiché a un jefe de servicio, que fue Pedro Pacheco, que fue tan bueno que me lo quitaron, como yo digo siempre en broma, para presidir la Audiencia de Cuentas, y allí sigue. Y así es como empezamos a andar.

Y de ahí a conformar una institución que ha sido reconocida y premiada por el Gobierno de España.

Sí, es cierto. El entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, nos hizo entrega del accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 a nuestra herramienta telemática T-Canaria, que es con la que elaboramos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Y aunque no es un premio, también estamos orgullosos de que el Ministerio de Hacienda haya hecho suya la otra aplicación que creamos, la que llamamos Evalúa-T. Con ella, quisimos poner en marcha una herramienta accesible a los ciudadanos como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que puede ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo. El Ministerio nos pidió poder usarla y lo están haciendo.

¿Y la ciudadanía está usando esa aplicación?

La verdad es que no hay mucho activismo, pero yo siempre digo que la Ley de Transparencia convierte a todos los ciudadanos en periodistas y a todos los periodistas les da una herramienta electrónica fácil y gratuita para preguntar. Es cierto que los políticos no responderán en dos días, pero permite acceder a una información exclusiva que no se obtiene en una rueda de prensa. También pueden ir a los portales de transparencia, donde hay un montón ingente de información que, sin embargo, no se explota.

Por lo que dice, a la vez que han ido instando a la ciudadanía a usar su derecho a recibir información pública han tenido que enseñar a las administraciones a ser transparentes.

Sí, entre otras cosas porque todas las leyes tardan en conocerse y en aplicarse y, sobre todo, si no hay nadie que lo vaya recordando pues, en general los poderes públicos, los funcionarios, tienen otras cosas que hacer y si alguien preguntaba por escrito a una administración, le aplicaban el silencio administrativo, que es lo que menos cuesta y funciona como una negativa de facto. Y la gente no iba más allá porque tenía que gastarse dinero en abogados y esperar dos años a tener una sentencia. Cuando España, último país grande de la Unión Europea en hacerlo, aprueba su ley de transparencia, cambia el chip en las administraciones españolas. El ciudadano, de una manera muy rápida, sobre todo ahora con las sedes electrónicas, y sin ningún costo, pasado un mes de no haber sido respondido puede presentar una reclamación y en tres meses obtener una resolución a su reclamación, que es ejecutiva.

Entonces, ¿el Comisionado de Transparencia o la transparencia funcionan como el adversario que se enfrenta al silencio administrativo?

Sí, en realidad sí. No está mal vista esa apreciación. Es, diríamos, el correctivo del silencio administrativo.

Pero no es suficiente ¿no? Lo digo porque ha propuesto que una futura Ley del Comisionado incluya la capacidad de imponer multas coercitivas.

En la evaluación permanentemente, año tras año, los datos demuestran que no regalamos la nota y suspendemos cuando tenemos que suspender y eso ha hecho que las administraciones vayan mejorando porque a ningún ayuntamiento, a ningún cabildo ni a ninguna consejería del Gobierno les interesa aparecer en los medios de comunicación como denegadores de información a un ciudadano. Dicho esto, en un grupo de trabajo a nivel nacional, porque esto no es una ocurrencia mía, se sugirió lo de poder multar, y esa posibilidad, que ya se ejerce en Navarra, la incluí en el último informe anual.

A los políticos se les llena la boca de transparencia, ¿pero son transparentes realmente?

Bueno, yo creo que va por barrios. Hay instituciones que se resisten a entregar la información y otras que no. Por ejemplo, en el mandato pasado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue el más incumplidor, porque se negó sistemáticamente a entregar información a una concejala de Ciudadanos. Lo mismo pasó con la Consejería de Transición Ecológica respecto a la diputada Nereida Calero o con el Servicio Canario de Salud (SCS). Fuimos muy incisivos, muy persistentes en esos casos y debo decir que ahora esas situaciones se han revertido.

Ahora que se han puesto de moda las comisiones de investigación, ¿son más transparentes que el comisionado? ¿Sirven para transparentar más o van a servir para embarrar más?

Creo que serían más transparentes si se combinaran los dos mecanismos. Es decir, que cuando hay una sospecha razonable o no sobre comportamientos no adecuados o ilícitos, se debería pedir la documentación y, posteriormente, a la vista de esos datos estar en condiciones de a los comparecientes de las comisiones de investigación hacerles oportunas preguntas aclaratorias a lo que los datos dicen. Por ejemplo, en Canarias los contratos que están ahora en cuestión ya están colgados en la plataforma del comisionado de Transparencia y podrían haberlos consultado desde el año 2021, pero no lo hicieron ni los diputados ni los periodistas. Es cierto que nosotros no podemos pedir a una administración que nos diga si se vio o no se vio con tal persona u otra, si le llamó por teléfono o no o si realmente cuando hizo esto o aquello lo que pretendía era hacer otra cosa. Eso es tarea de las comisiones de investigación.

¿Le he entendido que todos los contratos de la época de la pandemia pueden ser consultados en la web del comisionado de Transparencia?

Cuando surgió la pandemia nos pareció, como no había en ninguna de las leyes que se contemplara a qué estaban obligadas a hacer las instituciones en una situación tan excepcional, pasamos a nuestro cuestionario de los índices de transparencia anuales, en paralelo, un cuestionario específico para que las administraciones nos contaran cómo estaban informando de lo que estaban haciendo, tanto en reparto de medicamentos, analíticas, reparto de mascarillas y contratos. Y más que lo que estaban haciendo, qué cosas estaban publicando. En función de eso elaboramos un documento, que lo tenemos colgado en la web en el que aparecen ahí todos los contratos. Ahí están y cualquier investigador, cualquier diputado, cualquier periodista, cualquier particular pudo tirar de esa información. Todo el mundo fue a analizar el informe anual y nadie se interesó por el otro informe. Ahí están todos los contratos de la parte dura de la pandemia, que fue de marzo a septiembre, que era cuando las administraciones estaban contratando sin seguir ningún procedimiento. Hicimos ese esfuerzo, lo pusimos en la web desde entonces y al libre acceso de quien quiera entrar. Sin embargo, nadie lo hizo.

Noticia reproducida de: https://www.laprovincia.es/canarias/2024/04/20/comisionado-transparencia-canarias-contratos-pandemia-101333907.html