La asesora técnica de evaluación y jefa de gabinete del Comisionado de Transparencia de Canarias, Clara Rodríguez, participó en la mesa ‘Experiencias compartidas en Gobierno Abierto 2’ de las II Jornadas ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria del Desarrollo Sostenible’, celebradas el 1 y 2 de diciembre de 2021 en Las palmas de Gran Canaria y organizadas por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.
Clara Rodríguez explica cómo, a través de la experiencia obtenida en estos años con la herramienta de evaluación de la transparencia ‘T-Canaria’, creada por el Comisionado de Transparencia de Canarias, se ha podido desarrollar otra herramienta de evaluación, el medidor de transparencia ‘evalua-T’, de software libre y accesible para cualquier persona que quiera evaluar la transparencia de un portal de toda España.
– Enlace a la presentación que usó Clara Rodríguez en su ponencia: https://view.genial.ly/61a7ac1dd355ba0de7417219
Síntesis de la ponencia
¿Por qué estamos evaluando?
La principal razón es porque es un mandato legal recogido en el artículo 63 de la Ley de Transparencia de Canarias.
¿A quién tenemos que evaluar?
En la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos que analizar la transparencia de todos los sujetos obligados por la ley: la Administración de la Comunidad Autónoma, los siete cabildos insulares y los 88 ayuntamientos, junto con todo su sector público dependiente; las 11 mancomunidades; las universidades públicas y su sector dependiente; dos asociaciones públicas canarias formadas por los cabildos y ayuntamientos que también están sujetas a la transparencia; y las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales y cámaras de comercio, principalmente).
Y a partir de 2019 incluimos a todas las entidades privadas que perciben subvenciones y fondos públicos, de momento, de la administración autonómica y de los cabildos insulares.
Actualmente, esto nos deja un censo de 1.119 sujetos obligados de los que respondieron -en la última evaluación- 968.
Nos queda un conjunto de entidades que todavía no hemos incluido en la evaluación de la transparencia que está formado por los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
¿Qué es lo que tenemos que evaluar?
Por supuesto, la Ley 19/2013 de Transparencia de ámbito estatal, la ley 12/2014 que se aplica a la Comunidad Autónoma y su sector público, las leyes de cabildos y municipios que entraron a regular la materia de transparencia y, con posterioridad, otras leyes sectoriales que han ido contemplando varias obligaciones de publicidad activa.
Nosotros hemos recogido todas estas leyes y las hemos traducido en lo que denominamos Mapa de obligaciones. Así, en la tabla resumen se puede observar que la Comunidad Autónoma tiene que publicar 120 obligaciones, cabildos y ayuntamientos 111, mancomunidades 94 y así va disminuyendo el número de obligaciones hasta llegar a las entidades privadas, que tienen que informar de 14.
¿Cómo vamos a valorar el cumplimiento, llegar a la puntuación?
Hemos visto que hacen falta datos, contenido, y un lugar en la web donde colocar todos esos datos.
Los contenidos nos van a dar el Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), y el soporte web donde se coloca esa información nos da el Indicador del Soporte Web (ICS). Estos dos indicadores se combinan y obtenemos el Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA). Esto sería la parte obligatoria.
Conforme fuimos realizando las evaluaciones, nos dimos cuenta de que había ciertas prácticas que potenciaban y mejoraban la transparencia de las entidades y además, era su compromiso por continuar mejorando en transparencia. Entonces, creamos el Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV). Ahora combinamos la parte voluntaria con la obligatoria y obtenemos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).
¿Qué es lo que hay que evaluar en cada una de estas piezas del Tetris?
Para las obligaciones de publicidad activa, por ejemplo para la Comunidad Autónoma, para cada una de esas 120 obligaciones, se evalúan cinco criterios: contenido, forma de publicación, actualización, accesibilidad y reutilización. Estos criterios se ponderan: 40 % el contenido, 30 % la actualización, 20 % la reutilización y 5 % la forma de publicación y la accesibilidad, respectivamente.
Para el soporte web, vamos a tener que valorar cuatro criterios: accesibilidad del portal de transparencia, el lugar de publicación, estructura y por último, si hay un buscador o un ‘mini Google’ que permita a la ciudadanía encontrar la información con mayor facilidad. En este caso, los criterios tienen todos el mismo peso y únicamente se valoran una vez porque hay un portal de transparencia.
Por último, para la transparencia voluntaria, tenemos en cuenta seis buenas prácticas:
si la entidad ha elaborado y publicado un informe anual sobre su propia transparencia; si tiene una ordenanza, reglamento o, en el caso de las entidades privadas, un protocolo de transparencia; si informa en el portal sobre las leyes de transparencia para que la ciudadanía sepa por qué se ha creado esa página y qué información puede encontrar; si tiene un enlace al Comisionado para encontrar más información y, en el caso de las entidades públicas sobre todo, que sepa que puede reclamar al Comisionado en el caso de que se le deniegue el derecho a la información o no se le dé una respuesta satisfactoria; si tiene un sistema de medición del tráfico de la web; y la colaboración con el Comisionado; en el proceso de evaluación se van dando plazos y, cuanto antes se remita, mayor puntuación se puede obtener en este indicador.
Como ocurre con las obligaciones de publicidad activa, estas buenas prácticas también se ponderan. El informe anual y la colaboración con el Comisionado son las más importantes (el 30%), y el 40% restante se divide entre las otras cuatro prácticas.
¿Dónde estamos realizando todo este proceso?
Hemos desarrollado la aplicación de T-Canaria que está alojada en nuestra sede electrónica. Todo el proceso se realiza a través de la aplicación y no se hace ningún trámite en papel.
El proceso de evaluación consta de seis fases. La primera de autorización de todas las personas que van a trabajar dentro de la aplicación y van a cargar la información y remitirla al Comisionado. La segunda fase de cumplimentación de esos cuestionarios que tenemos implementados en la aplicación; aquí es importante resaltar que la aplicación permite a las entidades realizar una autoevaluación sobre cómo están cumpliendo esas leyes de transparencia y cómo informan a la ciudadanía. Esto les permite ver cómo están y mejorar todo lo que puedan, y luego remitir la información al Comisionado en la tercera fase.
Tras la remisión, el servicio del Comisionado revisa todas esas declaraciones de transparencia que han hecho las entidades. Una vez se terminan, pasan al mismo tiempo a la fase de alegaciones y finalmente, sería la evaluación definitiva.
Evalúa-T
Con esta herramienta queremos conseguir los siguientes cuatro objetivos: involucrar a la ciudadanía en la creación de un sistema transparente, facilitar el control interno institucional, crear una plataforma de visualización de los resultados de las evaluaciones que hace el Comisionado de Transparencia y ayudar a cumplir el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible para conseguir instituciones eficaces y transparentes.
Se trata de una herramienta de software libre, vamos a colocar todos los ficheros en un repositorio para que cualquiera pueda descargarlos, desplegarlos y, sobre todo, también hacer aportaciones, innovaciones.
Tiene una interfaz intuitiva y dinámica.
Tiene un entorno de evaluación privado que permiten a las entidades hacer autoevaluaciones.
Cuenta también con una comunidad colaborativa de evaluadores con lo cual, esas evaluaciones que hacemos las podemos hacer públicas para que cualquier persona registrada en la aplicación pueda verlas e incluso, reutilizarlas.
Y es una solución escalable en cuatro niveles: permite incluir todos los mapas de obligaciones de las leyes de transparencia (ahora mismo hay tres mapas implementados: el canario, el estatal y uno más sencillo para familiarizarse con la aplicación y con el sistema de análisis); permite incluir a todas las entidades del sector público (ahora mismo hay 8.400 entidades que ya se pueden evaluar); así como a entidades privadas y extranjeras.
Les animamos a todos a acceder a esta nueva herramienta y empezar a analizar y, por supuesto, cualquier comentario o sugerencia que quieran hacer estamos encantados de que lo hagan. Los enlaces están publicados en nuestra web.