TIEMPO DE CANARIAS | THALIA BELLO
La transparencia, ese indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos y del sector público, lleva siendo custodiada en Canarias desde 2015 por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán (Olite, Navarra, 1956). Tras décadas de experiencia en diversos medios de las Islas y haber estado al cargo de la comunicación de instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias –fue viceconsejero de Comunicación enero de 2003 y 2007, durante la presidencia de Adán Martín– o director general de Radio Televisión Canaria, en los últimos ocho años, Cerdán ha estado a cargo de vigilar el cumplimiento del deber de transparencia de las instituciones del Archipiélago, una labor que, en esta entrevista con TIEMPO DE CANARIAS, califica como el «un colofón de mi carrera periodística de cuarenta años».
Hay muchas personas que quizás no sepan cuál es la función del Comisionado de Transparencia. De forma sencilla, ¿Qué es el Comisionado de Transparencia? ¿Por qué es importante para la sociedad?
El Comisionado de Transparencia de Canarias es el órgano autonómico más joven y el más pequeño, creado en 2015 como consecuencia de la Ley de Transparencia de Canarias. Asimismo, es dependiente del Parlamento, como lo es el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas, es decir, que es auxiliar y que ayuda a rendir cuentas ante todos los canarios de cómo se está cumpliendo la Ley de Transparencia de Canarias.
Fundamentalmente, lo hace en dos campos: en primer lugar, cómo las instituciones y las entidades que reciben fondos públicos cuentan en su portal de transparencia –a través de sus páginas webs– lo que la propia ley les obliga a contar; y, en segundo lugar, funciona como un medio de garantía de que a los ciudadanos, cuando preguntan en alguna administración por información pública, se les conteste. Si no se les contesta en un mes, tienen la opción sencilla a través de nuestra web de reclamar y de pedir que se les emita una resolución que obligue a esa administración a responderles a la pregunta o información que hayan solicitado.
Lleva al frente del Comisionado desde 2015, casi ocho años ejerciendo el cargo. ¿Qué ha supuesto para usted, tanto a nivel personal como profesional, esta experiencia?
Yo soy periodista de profesión. De hecho, soy el único periodista dentro de los consejos que conforman el Comisionado de Transparencia porque el resto, casi todos, proceden del ámbito del derecho público. Para mí ha supuesto un colofón de mi carrera periodística de más de cuarenta años, tanto en el ámbito de la información pública como en los periódicos canarios.
Esta es una nueva rama de la comunicación que surgió en España tardíamente, en esta última década, y que creo que es un buen campo de trabajo para que los periodistas podamos desplegar nuestra actividad.
¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria en el Comisionado de Transparencia y, sobre todo, en este último ejercicio?
La primera fase fue fundamental porque tuvimos que constituir algo que no existía y, por ende, tampoco teníamos referencias de cómo hacerlo. Prácticamente se empezó así en toda España, pues los primeros consejos fueron el Estatal y luego el de algunas comunidades autónomas, como los de Murcia, Cataluña o Canarias. Y, sobre todo, fue un reto hacerlo –como nos decían entonces– muy económicamente porque nacimos en medio de una crisis económica y cuando las administraciones estaban reduciendo gastos, aunque entendían que había que hacerlo porque se estableció una cierta alarma, como ha vuelto a producirse ahora, por la corrupción en aquellos años.
Por ello, se creyó que era bueno mejorar los mecanismos de integridad, como puede ser la transparencia. Entonces, nacimos con pocos medios y eso nos obligó a ser creativos en cuanto a consumir pocos recursos. A mí siempre me gusta recordar que el Comisionado empezó gastando 20 céntimos, y ahora ha subido a 30, por cada habitante al año. Como yo digo: lo que le cuesta a una familia un cortado, se financia el control de la transparencia en Canarias.
En cuanto a los retos de los últimos años, sobre todo a partir del 2018 hasta el 2021, en el control y evaluación de los portales de transparencia –en los que el sector público ha llegado por encima del notable, después de seis años– ha impulsado a los sectores públicos a no querer estar en la parte baja de la tabla y mejorar la calidad de sus páginas webs. Este último año hemos hecho un especial esfuerzo en el cumplimiento de la otra parte que antes hablaba: de la garantía del derecho al acceso a la información de los ciudadanos.
Siempre me gusta recordar que la Ley de Transparencia convierte a todos en periodistas porque le da a la gente la capacidad de preguntar, como han hecho los profesionales de la comunicación desde siempre. Así que, cuando no se les responde, vigilamos que nuestras resoluciones se cumplan porque detectamos hace un año que ha habido un relajamiento respecto a esto. De hecho, hubo un tercio de las resoluciones que no se cumplían y, debido a nuestra labor especial e insistente, lo hemos reducido por debajo del 10 % en 2022.
En materia de derecho de acceso a la información pública, Canarias se sitúa a la cabeza de España en reclamaciones de este tipo, con 26 reclamaciones por 100.000 habitantes en el año 2022. Las reclamaciones aumentaron por tercer año consecutivo y se situaron en 575 el pasado año. ¿En qué se traduce este incremento?
Eso es el número de reclamaciones de ciudadanos que, habiendo preguntado al Gobierno, a cabildos o a los ayuntamientos, no les han respondido y acuden al Comisionado para obtener amparo ante esa falta de respuesta. La mayor parte, el 80%, es que han tenido silencio administrativo, es decir, que ni siquiera les han respondido. El otro 20 % restante es que les han dicho que no, que no se los dan por algún motivo. El ciudadano entiende que, a pesar de decirle que no, tiene razones para acceder y recurre a nosotros. Por tanto, esas son las cifras de ciudadanos frustrados.
Del número de preguntas que hay en el conjunto de las 98 instituciones principales de Canarias, no hay una estadística fiable. Nosotros hacemos una aproximación, pero no es fiable porque no lo hemos podido comprobar, aunque creemos que pueden rondar entre las 4.000 y 5.000. Menos todavía existe esa estadística a nivel de toda España, solamente sabemos el número de los que nos reclaman al Comisionado de Transparencia.
Quiero entender que es así porque, primero, el Comisionado de Transparencia fue de los primeros en crearse y hemos hecho una labor de difusión de la propia existencia de la ley y de este órgano, lo que ha hecho que seamos más conocidos que en la mayor parte del resto de Comunidades Autónomas españolas. Es más, en algunas partes de España ni siquiera existe, sino que se derivan a los ciudadanos al Consejo Estatal. Entonces, fruto de eso y de nuestra insistencia, creo que ha sido más conocido y utilizado. De hecho, ha empezado a ser utilizado por los propios funcionarios para temas de asuntos de personal, posiciones, promoción, exámenes, etc.
El pasado año se duplicó el número de expedientes administrativos hasta llegar a los 4.089 y, a su vez, se triplicó el número de evaluaciones de portales de transparencia alcanzando los 3.161. ¿Cómo interpretan este dato?
Esos 4.000 y pico expedientes incluyen las evaluaciones, que son 3.177, y fundamentalmente son las evaluaciones de los portales y las resoluciones por derecho de acceso. En el derecho de acceso generalmente los incrementos anuales suelen ser entre 5 y 10, un incremento natural habitual en otras comunidades. Sin embargo, esa triplicación del número de evaluaciones, y por lo tanto que supone duplicar el número de expedientes, obedeció a que nosotros ya llevamos 3 años evaluando aquellas entidades, empresas y oenegés que reciben fondos públicos por más de 60.000 euros al año.
Entonces, como en el año 2021 hubo un incremento fortísimo del número de subvenciones a consecuencia de las ayudas por el Covid-19, que fueron mil y pico millones de euros solamente en Canarias, pues llegamos a emplazar a más de 3.700 entidades privadas, sobre todo empresas que recibieron subvenciones tras cerrar las puertas y por haber reducido mucho su facturación. A su vez, esto produjo una elevación muy fuerte del número de evaluaciones.
Posiblemente, este ejercicio, que vamos a empezar a analizar las subvenciones otorgadas en el año 2022, ese número se reduzca, porque ya no hubo ayudas por la crisis sanitaria. No obstante, posiblemente en los futuros años vuelva a aumentar por las ayudas del Next Generation, es decir, las nuevas ayudas que vienen ahora para la recuperación económica, fundamentalmente con fondos europeos. Por lo tanto, eso estará en buena medida a la albur o en función de cómo se comporte el número de ayudas públicas cada año.
Antes de entrar a valorar las evaluaciones respecto a la transparencia, ¿Cuáles son los criterios que establece el Comisionado para determinar si una entidad, ya sea pública o privada, es más o menos transparente?
Nosotros atendemos estrictamente, al igual que otros comisionados de España, a la Ley de Transparencia, tanto la básica estatal del 2013, como a la canaria del 2014. En esas leyes se establecen una serie de obligaciones de información en los portales de transparencia que nosotros medimos si las entidades las están publicando o no. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias tiene 160 obligaciones de todo tipo, desde obligaciones de leyes que tienen en tramitación hasta planes normativos, presupuestos, rendición de cuentas sobre cómo han gastado el dinero público, el número de subvenciones que han dado, el número de contratos y sueldos públicos… En el caso de Cabildos y Ayuntamientos, bajan a alrededor de unas 100 obligaciones de ese estilo. Hay que tener en cuenta que la tipología de sujetos públicos es muy variada, por lo que se ajustan a las funcionalidades de cada uno. Por ello, el número de obligaciones informativas puede ser mayor o menor.
Las evaluaciones las hacemos a través de una herramienta informática que creamos, que se llama T-Canaria, en la que invitamos a las organizaciones a que se autoevalúen con ella, colocando las obligaciones que piensan que tienen publicadas, y el sistema les da una nota indicativa. Así, presentan su autoevaluación y nosotros verificamos que realmente lo que dicen es cierto. Por tanto, nuestro trabajo es pequeño en ese sentido, pues sin la autoevaluación de más de 3.000 personas de toda Canarias no podríamos sacar el ranking.
A partir de nuestra verificación sobre lo que ellos se autoevalúan, surge la nota cada año del nivel de transparencia activa. Hay que destacar que la evaluación es del nivel de transparencia de sus portales, que no es una puntuación de la totalidad de la transparencia que cabe esperar de una institución o de una empresa, sino solamente de la calidad de su portal de transparencia, que es una de las partes del conjunto de la seguridad social transparente.
¿Es importante esa nota, no solo para las entidades, sino también para los ciudadanos?
Sí. Yo creo que sirve para ver si la institución está cumpliendo, sobre todo cuando logra una buena puntuación de su portal de transparencia. Además, diríamos que está facilitando el que el ciudadano obtenga esa información cuando la precise rápidamente, sin tener que preguntarla. Creo que, al final, con el paso de los años, se convertirá en una especie de cuadro de mando, de elemento que permita comparar lo que hacen instituciones semejantes con lo que apareció en el curso.
Antes cuando un concejal, político o un funcionario tenía durante su cargo equis presupuesto para gastar y para ejecutar en un año, pero no tenía ninguna obligación de contarlo en alguna parte, pues podría, perfectamente, no ser tan cuidadoso en el gasto, porque nadie va a saber si había conseguido mucho o poco. Ahora, cuando por obligación debe saberse que se consigue en cada área y con cada presupuesto, repasando el portal de transparencia en términos de productos o de servicios, pues eso ayuda a que la gente diga ‘oiga, que lo pueden ver, por lo tanto lo voy a hacer mejor’.
El sector local (7,37) y las mancomunidades (5,32) siguen siendo los peores calificados dentro del sector público. ¿A qué se debe esto?
En el sector local, aún siendo el peor porque son las de más baja calificación, esto es bueno destacarlo, todos están por encima de las de los ayuntamientos. Están todos por encima del siete, que eso es una magnífica nota porque nosotros sabemos lo que cuesta llegar al siete, no es fácil. En general, es cierto que al ser casi 200 –88 ayuntamientos más sus sectores públicos–, al haber mucha variedad hay más posibilidad de que algunos estén en el uno y el dos. Aunque hay muchos ayuntamientos excelentes.
El sector autonómico sí mejoró, pasando de un 8,47 en 2021 a un 8,51 en 2022. ¿Qué han hecho para mejorar su nota?
Yo creo que, como son solamente cuatro centésimas, prácticamente es quedarse igual. Hay algunos, como en el caso de la Comunidad Autónoma, que algunas entidades han subido y otras han bajado. Más o menos las medias se conservan. Generalmente, el que alcanza una buena puntuación un año, ya no la baja, eso es lo positivo. Lo que cuesta a veces es llegar y, luego, mantenerse en el ámbito de la transparencia no cuesta tanto.
¿Cuál es la fotografía actual de los cabildos insulares en esta materia?
Es positiva. Los Cabildos son, de los tres niveles públicos de Canarias, los que mejor rendimiento presentan. No solamente en la media de la transparencia, sino también en la que es más difícil: la respuesta a los ciudadanos con una pregunta. Cierto es que no tienen tanta presión de preguntas ciudadanas como el Gobierno o los grandes ayuntamientos del Archipiélago, pero lo cierto es que, en los tres últimos años, todas las resoluciones que ha emitido el Comisionado las han cumplido. El contador de incumplimiento de derechos de acceso a la información está a cero. Solamente hay una pregunta del ejercicio anterior sin contestar, del Consorcio del Puerto de Fuerteventura, que es una entidad dependiente del Cabildo.
Me gusta destacarlo porque creo que es un elemento que no se producirá en casi ninguna región española que tenga varias diputaciones. Ese nivel en el que están los siete cabildos en cuanto a preguntas pendientes de resolver de los ciudadanos, creo que es muy positivo y que marcan el horizonte al que debía ir el conjunto del sector público.
¿Qué parámetros les queda por cumplir a los Cabildos para alcanzar el diez en materia de transparencia?
Nosotros emitimos un informe en el que no solamente les ponemos la nota, eso es lo que la gente ve en los periódicos cuando lo publicamos, sino que ellos se pueden descargar, una vez que se ha cerrado la elaboración, un informe que detalla lo que les falta. Entonces, en cada caso es diferente. Ya le digo que, en el caso de los cabildos, casi todos están bien y cada uno tendrá algún elemento que le firmará el informe para llegar al diez o la máxima puntuación.
¿Cómo valora que, por ejemplo, el Cabildo Gran Canaria sí haya logrado la máxima puntuación respecto a su portal web de transparencia?
Yo entiendo que al Cabildo Gran Canaria, cuando llega por primera vez a esa puntuación, les ha causado una especie de alegría. Yo espero que lo mantengan. No es fácil quedarse entre el nueve y el diez, pero cuando tienes todos los años un diez no es fácil. Yo creo que es bueno felicitarlo, como a todos los que lo han conseguido a ese nivel, porque siguen marcando el horizonte a los demás.
En el caso de ellos, además, tampoco tienen ninguna pregunta pendiente de responder de estos últimos años. Eso es una cosa que pocas instituciones en el conjunto español podrán decir. Creo que como le pasa también a otros cabildos, el de Gran Canaria es una referencia para el resto del sector público canario.
Haciendo un poco de autocrítica, ¿Qué diría usted que le hace falta al Comisionado de Transparencia para mejorar aún más?
Nosotros tardamos un poquito en verificar el cumplimiento de las resoluciones. Creo que tenemos que estar más vigilantes de que las resoluciones se cumplan e impulsar, como hemos tratado de impulsar, que en las futuras regulaciones de la transparencia se dispongan de más elementos coercitivos para que los ciudadanos, que tienen derecho a una información, la obtengan.
Para mí, llegar a este nivel en el ámbito de la evaluación de los portales, ha sido bastante satisfactorio. Seguramente, con la experiencia de estos últimos años, más que una función del comisionado, esperemos que sea una función de los parlamentos en general, así como del estatal que está en eso. Los parlamentos autonómicos deben mejorar o aumentar el número de obligaciones informativas que tienen porque eso produce salud democrática.
Quizás la tarea pendiente del Comisionado respecto a la transparencia, y también de los sectores públicos, es divulgar más entre la población la existencia de este derecho a la pregunta y de los propios portales, porque no siempre toda la población lo conoce. Para mí, cuando se está hablando de un gobierno abierto, que al final se traduce en más transparencia y participación, sin una sociedad previamente informada no es tan rica. Y una forma de participar, precisamente, es preguntar. Simplemente por el hecho de que haya una rendición de cuentas por parte del poder público, ya la gobernanza mejora.
En definitiva, el reto para el próximo año será el difundir más las capacidades del derecho a la información y la transparencia dentro de Canarias, que creo que eso nos permitirá ir avanzando en este campo en los próximos años.
¿Qué acciones han tomado o esperan ejecutar en el próximo ejercicio para acercar el funcionamiento del Comisionado de Transparencia y la importancia del mismo?
Yo creo que hemos hecho alguna cosa en los años pasados. Hicimos una campaña en la radio sobre ello, animando a la gente a preguntar. Cada año procuramos publicarlas, incluso como publicidad, para que sirva de alguna manera de acercarte a los que están abajo y tener un motivo para mejorar. Lo que nos falta es aumentar la difusión y garantizar que nuestras resoluciones, de alguna manera, se cumplen. Esos son los dos retos para el futuro.
