– Hay que reformar la Ley de Transparencia y fortalecer sus órganos garantes
– Han de constituirse los consejos de Madrid, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria que sus leyes crearon
“Si bien es un hecho que, año a año y mes a mes, la política de transparencia en nuestro país va reafirmándose… la transparencia, el acceso a la información y los propios órganos garantes continúan estando ausentes de la agenda de los gobernantes y los grupos políticos”, indicó hoy José Molina en su despedida como presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y decano de los comisionados españoles. Es una de las partes significativas de los Declaración institucional de los doce titulares de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España en la clausura del V Congreso Internacional de Transparencia #CIT2020, celebrado durante toda esta semana virtualmente, a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la asistencia de más de 500 personas. Ha sido organizado por ACREDITRA y la Universidad Complutense de Madrid y dirigido y coordinado por Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra Rodríguez.
La declaración fue leída hoy antes de la clausura del Congreso por los titulares de once de los doce órganos garantes de la Red: País Vasco, Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valencia, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Castilla y León y España. No la suscribió Galicia y la han respaldado hasta hoy dieciséis organizaciones cívicas implicadas en el derecho acceso, como ocurrió en los últimos congresos de Cádiz y Málaga.
La Red apuesta por el fortalecimiento, normativo y material, de los órganos garantes de la transparencia. Anuncia sus propuestas de modificación de la Ley básica de Transparencia (“que ha quedado superada por las circunstancias”), tal como fueron definidas en la última reunión presencial de los comisionados. Entre estas modificaciones se halla la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados y del correspondiente régimen sancionador, basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un Registro estatal de Intereses y Grupos de Interés y la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones y las personas demandantes de información en caso de conflicto.
Asimismo, reclama el cumplimiento de sus resoluciones y la puesta en práctica de sus recomendaciones, de forma que se reduzca la alta litigiosidad actual en algunos ámbitos.
En este sentido, respecto a la minusvaloración que se ha hecho en unos casos de los órganos garantes de la transparencia, la Declaración afirma que “es preciso señalar que los Consejos de Transparencia de Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias y Cantabria continúan -incomprensiblemente- sin constituirse siquiera, hasta dos años más tarde de haber sido creados por sus respectivas leyes autonómicas, en lo que supone una muestra de incoherencia” con sus propias leyes autonómicas.
También denuncia que “la ausencia de reconocimiento y entidad denunciada en todas nuestras declaraciones anuales se manifiesta, además, en unos casos, en la citada escasez de medios económicos y, en otros, en la absoluta falta de medios económicos propios, bien porque no disponen de ningún recurso o bien porque carecen de un presupuesto propio y segregado de la institución a la que se vinculan”.
Finalmente, recuerda que “la demanda de transparencia en la actuación pública y de información ajustada y veraz sobre las consecuencias de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención, ha sido una constante presente en todos los Estados y las sociedades organizadas a nivel mundial. El suministro de la información al respecto ha sido la herramienta más eficaz para mitigar la alarma de la población al posibilitar el conocimiento de los datos reales y minimizar el efecto indeseable de las informaciones ficticias”.
