Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2026.- La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, ha participado en las jornadas “Las obligaciones de transparencia desde la perspectiva de las entidades locales de Canarias”, celebradas en la sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife, a las que asistieron responsables públicos de tres de los 31 ayuntamientos de la isla (El Rosario, Santa Úrsula y Arico), y personal técnico de diferentes administraciones locales de Tenerife.
García ha presentado los principales datos sobre el nivel de transparencia en la isla, subrayando el avance significativo de las entidades del sector público, así como los retos pendientes en el ámbito privado y en la garantía del derecho de acceso a la información.
Sector público y privado de Tenerife
El análisis de transparencia de las entidades públicas de Tenerife abarca más de un centenar de organismos, entre ayuntamientos, empresas públicas y entes dependientes. Los resultados reflejan un nivel medio-alto de cumplimiento, con una clara concentración de calificaciones entre el 8 y el 10. En términos generales, la transparencia en Tenerife alcanza un nivel notable alto de forma generalizada en lo que tiene que ver con la publicidad activa que las entidades deben incorporar en sus portales web. Destaca especialmente la solidez del bloque del Cabildo Insular de Tenerife y su sector público dependiente.
En contraste, los datos del sector privado evidencian un margen de mejora importante. De un total de 427 entidades evaluadas en la isla respecto a la información del año 2024, una parte significativa no alcanza los niveles exigibles: 143 entidades figuran como incumplidoras y casi la mitad del total no llega al aprobado.
“La transparencia no es un requisito accesorio, es un compromiso con la ciudadanía, con la confianza pública y con la calidad democrática”, señaló la comisionada.
Silencio administrativo
Desde el inicio de la actividad del Comisionado de Transparencia, las solicitudes de acceso a la información pública han experimentado un crecimiento sostenido del 20% anual. En 2025, se analizaron 207 reclamaciones en la isla de Tenerife, cuyos datos evidencian un problema relevante: la gran mayoría se debieron al silencio administrativo, con 177 casos (85,5%), frente a solo 30 resueltos mediante resolución expresa (14,5%).
Este fenómeno se concentra especialmente en administraciones con mayor volumen de gestión, como Santa Cruz de Tenerife, Arona, el Cabildo de Tenerife y La Laguna, donde se acumula un elevado número de casos sin respuesta, así como en otras entidades, como La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula o Granadilla de Abona.
García advirtió que el principal problema no radica en cómo se responde, sino en que en demasiadas ocasiones no se responde dentro de los plazos establecidos y concluyó su intervención con una llamada a la acción, ya que el silencio administrativo no puede convertirse en la norma.
