1) Resumen ejecutivo

Informe sobre la Evaluación de la Transparencia en Canarias

La nota media del Índice de Transparencia de las 98 instituciones de Canarias pasa de los 3,14 puntos del año 2016 a los 5,47 de 2017.

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 98 instituciones de las islas (ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades) se concretó en 2017 en un nota media de 5,47 puntos, cuando al año anterior apenas había llegado a 3,14 puntos. El avance ha sido notable. Buena parte de ellas mejoraron sus portales de transparencia al realizar la autoevaluación y rendir cuentas ante el Comisionado de Transparencia.

La tabla siguiente expresa la evolución entre 2016 y 2017 del ITCanarias de cada institución, generado por el Comisionado de Transparencia de Canarias a través de un programa telemático propio («T-Canarias»). Un total de 347 funcionarios y concejales cargaron los formularios y, de esa forma, se generaron 1.529.062 datos brutos al realizar su propia autoevaluación de transparencia a través de la sede electrónica del Comisionado. Una vez revisados, el algoritmo matemático ha calculado sin interferencias el primer índice público oficial que mide el cumplimiento de las obligaciones de las normas de transparencia en un territorio.

Tanto el manual de uso con el que se cargaron los datos de «T-Canarias» como el mapa de obligaciones de publicación de contenidos de cada institución o entidad en sus portales de transparencia se encuentran en la web: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion

La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90 % de las instituciones, ya que solo 7 redujeron su nota respecto a la obtenida en 2016. Cincuenta instituciones principales (el 51 %) superaron en 2017 la nota de 5; cuando el año anterior solo la habían rebasado 20. Pero todavía 48 no han alcanzado el valor 5 en la escala de 1 a 10; entre ellos instituciones con un ámbito poblacional importante superior a los 50.000 habitantes. Se ha comprobado que el hecho de autoevaluarse como su posterior rendición de su declaración de transparencia ante el Comisionado ha favorecido la notoria mejora de los portales de transparencia de Canarias.

Además de las 98 instituciones principales de Canarias han cumplido con la rendición de cuentas sobre su transparencia 111 de sus 247 entidades dependientes (organismos autónomos, empresas públicas, etc.). De las 111, 42 superaron la puntuación de 5; pero la nota media de este conjunto de órganos dependientes fue de solo 4,64 puntos. Las dos universidades obtuvieron una nota media de 5,26 puntos en 2017.

Así se ha calculado el ITCanarias

La arbitrariedad en la evaluación se ha reducido todo lo posible al ser calculada matemáticamente por un algoritmo. Por primera vez, todas las 98 instituciones públicas de Canarias hicieron primero un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; a través de la herramienta telemática “T-Canaria” en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia.

Desde que en diciembre de 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia, nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la Metodología de Evaluación de la Transparencia de la Actividad Pública (MESTA) de ámbito estatal y el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) que los adapta a la Ley de Transparencia de Canarias. Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas; hecho que constituye todo un hito, ya que hace dos años solo llegaron a evaluarse al 40 %; el pasado ejercicio fueron el 89 % y este año se ha alcanzado al 100 %.

La aplicación “T-Canaria” permite por primera vez a todas las instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas. Esta herramienta telemática permite calcular de una forma abierta el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking público de carácter autonómico creado hasta ahora. Su misión es ayudar a las instituciones a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y económica: ningún trámite se realiza ya en papel. Su algoritmo reduce la arbitrariedad en las comprobaciones y valoraciones, al ejecutarlas mediante cálculos matemáticos. Su funcionamiento se explica en el Manual de Uso publicado en la sede electrónica del Comisionado de Transparencia. En esa misma página se facilitan en una hoja de cálculo, llamada “Mapa de Obligaciones”, los contenidos informativos que cada tipo de institución ha de incluir en su portal de transparencia según la Ley: 187 la Comunidad Autónoma; 166 los ayuntamientos y cabildos; 107 los entes públicos y organismos autónomos; y 89 las empresas públicas de todas las instituciones canarias. Lo que cada ciudadano no encuentre en ellas puede preguntarlo a cada institución, que está obligada a responder en un mes, según determina la ley. Si no hay respuesta o es insuficiente, puede presentar recurso sin coste legal alguno ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, bien desde su casa a través de la sede electrónica, o bien en cualquier registro oficial público. https://sede.transparenciacanarias.org/publico/procedimiento/RE01

Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias)

Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)
ITCanarias de las 98 instituciones públicas canarias
Entidad principalITCanarias 2016ITCanarias 2017
Administración Pública del Gobierno de Canarias7,698,03
Ayuntamiento de Adeje0,633,67
Ayuntamiento de Agaete1,822,68
Ayuntamiento de Agüimes0,883,85
Ayuntamiento de Agulo2,947,74
Ayuntamiento de Alajeró2,866,14
Ayuntamiento de Antigua0,293,35
Ayuntamiento de Arafo4,336,78
Ayuntamiento de Arico7,248,63
Ayuntamiento de Arona5,116,56
Ayuntamiento de Arrecife6,997,5
Ayuntamiento de Artenara0,574,96
Ayuntamiento de Arucas3,249,17
Ayuntamiento de Barlovento1,21,77
Ayuntamiento de Betancuria3,073,31
Ayuntamiento de Breña Alta1,813,28
Ayuntamiento de Breña Baja0,572,65
Ayuntamiento de Buenavista del Norte1,319,41
Ayuntamiento de Candelaria6,299,04
Ayuntamiento de El Paso1,856,65
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro2,112,79
Ayuntamiento de El Rosario3,675,09
Ayuntamiento de El Sauzal7,29,74
Ayuntamiento de El Tanque1,864,01
Ayuntamiento de Fasnia8,99,6
Ayuntamiento de Firgas3,44,83
Ayuntamiento de Fuencaliente1,744,55
Ayuntamiento de Gáldar2,943,65
Ayuntamiento de Garachico2,136,82
Ayuntamiento de Garafía4,016,84
Ayuntamiento de Granadilla de Abona07,14
Ayuntamiento de Guía de Isora2,263,94
Ayuntamiento de Güímar7,596,65
Ayuntamiento de Haría2,683,09
Ayuntamiento de Hermigua2,862,72
Ayuntamiento de Icod de Los Vinos1,732,87
Ayuntamiento de Ingenio1,714,13
Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás0,863,28
Ayuntamiento de La Frontera8,568,48
Ayuntamiento de La Guancha2,892,84
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo2,497,77
Ayuntamiento de La Oliva03,14
Ayuntamiento de La Orotava1,096,09
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo1,858,73
Ayuntamiento de La Villa de Mazo0,862,52
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria7,148,33
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane3,056,21
Ayuntamiento de Los Realejos6,848,54
Ayuntamiento de Los Silos03,4
Ayuntamiento de Mogán1,15,38
Ayuntamiento de Moya3,43,88
Ayuntamiento de Pájara2,166,37
Ayuntamiento de Puerto de La Cruz2,343,21
Ayuntamiento de Puerto del Rosario2,183,4
Ayuntamiento de Puntagorda2,452,95
Ayuntamiento de Puntallana0,573,44
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces2,662,95
Ayuntamiento de San Bartolomé3,284,28
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana2,426,65
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna6,459,17
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla6,227,21
Ayuntamiento de San Miguel de Abona3,23,34
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera3,625,49
Ayuntamiento de Santa Brígida0,297,39
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma2,425,95
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife5,079,24
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana1,967,5
Ayuntamiento de Santa María de Guía4,424,25
Ayuntamiento de Santa Úrsula2,847,35
Ayuntamiento de Santiago del Teide58,62
Ayuntamiento de Tacoronte1,62,71
Ayuntamiento de Tazacorte1,222,55
Ayuntamiento de Tegueste4,437,67
Ayuntamiento de Teguise4,475,67
Ayuntamiento de Tejeda2,533,52
Ayuntamiento de Telde3,154,07
Ayuntamiento de Teror3,974,2
Ayuntamiento de Tías2,453,22
Ayuntamiento de Tijarafe2,472,72
Ayuntamiento de Tinajo3,044,27
Ayuntamiento de Tuineje5,246,38
Ayuntamiento de Valle Gran Rey3,217,28
Ayuntamiento de Vallehermoso1,148,47
Ayuntamiento de Valleseco33,28
Ayuntamiento de Valsequillo3,626,16
Ayuntamiento de Valverde5,324,36
Ayuntamiento de Vega de San Mateo1,511,08
Ayuntamiento de Vilaflor2,423,21
Ayuntamiento de Yaiza2,714,95
Cabildo Insular de El Hierro0,768,21
Cabildo Insular de Fuerteventura3,977,58
Cabildo Insular de Gran Canaria5,496,5
Cabildo Insular de La Gomera2,596,87
Cabildo Insular de La Palma5,546,41
Cabildo Insular de Lanzarote3,014,52
Cabildo Insular de Tenerife5,618,43
Universidad de La LagunaNC5,65
Universidad de Las Palmas de Gran CanariaNC4,86
Medias aritméticas de las 98 instituciones públicas canarias3,145,47
Media aritmética de las dos universidadesNC5,26
Media aritmética de los 88 ayuntamientos3,035,33
Media aritmética de los 7 cabildos3,856,93
ITCanarias de la Administración Pública del Gobierno de Canarias7,698,03

El Comisionado de Transparencia debe evaluar a todos los sujetos canarios obligados por las leyes 19/2013 (estatal), 12/2014 y 8/2015, esto es, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, las entidades públicas dependientes de las administraciones públicas, las entidades privadas que reciben subvenciones de las administraciones públicas, los partidos políticos, las ONGs que reciben ayudas de las administraciones públicas, etc.

En este informe solo se ha requerido la participación de 345 sujetos obligados: las 98 instituciones canarias y las 247 entidades dependientes de ellas.

En total, de las 345 entidades censadas 211 cumplimentaron los cuestionarios, es decir, el 61,16 % del censo, entre ellas, todas las administraciones públicas, las dos universidades, todas las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Candelaria y prácticamente todas las del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Las entidades debían cumplimentar y remitir posteriormente tres cuestionarios distintos que recopilaban información sobre sus obligaciones de publicación de contenidos en base a las normas de transparencia.

De esta forma se logró que, por primera vez desde la implantación de las leyes de transparencia en España, todas las instituciones administrativas de una misma comunidad autónoma hayan sido evaluadas y puntuadas con una misma metodología, la que configura el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), primer ranking de transparencia de carácter público en España.

Así, en total, durante todo el proceso 209 entidades de los 345 sujetos obligados canarios de carácter público colaboraron con el Comisionado de Transparencia, lo que supone el 60,58 % del censo; entre ellas el 100 % de las 98 instituciones principales: 88 ayuntamientos, 7 cabildos, 2 universidades y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Todo este proceso permitió recopilar una suma de 1.529.062 datos brutos, en base a los que se han realizado los cálculos del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de cada entidad o institución.

No obstante, aunque 209 entidades han podido ser evaluadas, otras 136 entidades no presentaron su Declaración de Transparencia, quedando por tanto clasificadas como “Incumplidoras”. Y si en el próximo ejercicio no presentan su declaración de transparencia atendiendo al deber de colaboración establecido en el artículo 64 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (LTAIP), se instará a las instituciones de las que dependen a que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma.

De entre los siete criterios de cada obligación de publicación en los portales de transparencia analizados, sin duda el más importante de ellos es el de «Contenido», en cuanto indica que la información obligada a publicar por las normas de transparencia está contenida en el portal.

La mayoría de las entidades publica sus obligaciones de transparencia en un portal o apartado de transparencia visible y fácil de encontrar para el ciudadano. Además, 132 entidades divulgan sus obligaciones conforme a la estructura de Ley canaria de Transparencia 12/2014, esto es, el 63,16 % de los sujetos obligados. Por el contrario, 9 entidades organizan la información según Transparencia Internacional y 33 no siguen ninguna estructura, es decir, el 4,31 % y 15,79 %, respectivamente.

Atendiendo a los criterios de la información, se puede ver que todos los rendimientos medios se encuentran por debajo del 50 %, debido a la cantidad de huecos de información. Por lo tanto, es necesario que el conjunto de los sujetos obligados haga un esfuerzo por mejorar esta situación.

Combinando los resultados del Cuestionario de Publicidad Activa y los del Cuestionario General de Transparencia (que nos añade información sobre la transparencia voluntaria de las entidades ITV) se obtienen los resultados de la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de 2017, que constituyen los resultados concluyentes de este análisis.

Estas calificaciones revelan que la media del ITCanarias de transparencia de las 209 entidades evaluadas es de 5,03, lo que significa que en conjunto ofrecen un nivel de transparencia por primera vez más que aceptable para el ciudadano; pero aún lejos de la excelencia que han demostrado 46 de ellos, con puntuaciones que superan el 7.

En el ejercicio del año 2017, 92 entidades obtuvieron un ITCanarias superior al 5 en el ejercicio de 2017, es decir, el 44,02 % de las entidades. Recuérdese que el año anterior, cuando solo se evaluaron las 96 instituciones principales, solo 20 superaban la puntuación de 5; es decir, se ha multiplicado por 4,5 el número de las que superan ese nivel. Un buen número de ellas lo hicieron a partir del momento en el que desde el Comisionado de Transparencia se les instó a realizar su propia autoevaluación a través de la aplicación “T-Canaria” para presentar luego su declaración de transparencia.

De todas ellas, 24 superan el 8, entre las que se encuentran la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos de Tenerife y de El Hierro, 14 ayuntamientos y 7 entes dependientes de varias administraciones públicas. Además, se debe destacar que únicamente 7 entidades superan el 9: son los ayuntamientos de El Sauzal, Fasnia, Buenavista del Norte, Santa Cruz de Tenerife, Arucas, San Cristóbal de La Laguna y Candelaria.

Por otro lado, de las 209 entidades evaluadas, 117 obtienen un índice de transparencia inferior a 5, esto es el 55,98 % de los sujetos.

ITCanarias de las administraciones públicas

En el informe de la transparencia elaborado por el Comisionado sobre el ejercicio de 2016, solo se evaluó a los 88 ayuntamientos, a los 7 cabildos y a la Comunidad Autónoma de Canarias. Así, se obtuvo una media aritmética del ITCanarias 2016 de 3,14. No obstante, si se hubiera tenido en cuenta la cantidad de población de cada ente y se hubiera calculado la media ponderada por la población, la media del conjunto en 2016 habría sido de 5,71.

En este nuevo informe sobre el ejercicio de 2017 se puede observar una clara mejoría de todas las administraciones públicas canarias, en primer lugar, porque todas respondieron a los requerimientos del Comisionado de Transparencia; y, en segundo lugar, porque la calidad y la cantidad de información analizada son mayores. Esta mejoría implica un aumento en las medias aritmética y ponderada de transparencia de las administraciones públicas canarias de alrededor de dos puntos, de tal forma que la media aritmética del ITCanarias 2017 del conjunto de las instituciones o administraciones públicas principales es 5,47 y la media ponderada por la población es 7,32.

De forma que 49 entidades tienen un ITCanarias 2017 superior o igual a 5, esto es, el 51,04 % de las administraciones públicas, mientras que en el informe 2016 solo 20 entidades aprobaron; es decir, se ha más que duplicado el número de las que superan ese nivel. Además, de los 49 sujetos obligados mencionados, 28 han obtenido un ITCanarias superior al 7, lo que implica que el 29,17 % de las administraciones públicas ofrece una transparencia notable para el ciudadano. Si además se tienen en cuenta dos hechos relevantes: el primero es que en el informe de 2016 solo 7 entidades ofrecían una transparencia semejante; y el segundo es que la metodología empleada para la evaluación en este informe es más exigente que la anterior; se puede observar claramente una tendencia positiva hacia la transparencia de las administraciones públicas.

Es más, entre estas entidades se ha evidenciado una mayor conciencia sobre la necesidad de mejora de sus portales de transparencia a pesar de la escasa presión social y ciudadana en ese sentido. Se ha podido comprobar que el hecho de realizar la autoevaluación ha conducido a muchas instituciones a realizar mejoras en sus portales de transparencia, estimuladas por la posibilidad de mejorar cada año en el ranking canario.

Por otro lado, de las 96 administraciones públicas, 47 obtienen un ITCanarias inferior al 5, esto es, el 48,96 % de las entidades, frente a las 76 del informe del año 2016. Además, de estos 47 sujetos obligados solo 14 se encuentran por debajo del 3, es decir, el 14,58 % de las administraciones públicas canarias, mientras que en el informe anterior ascendían a 54.

ITCanarias de los ayuntamientos

Si atendemos al nivel de cumplimiento de los ayuntamientos, los resultados muestran una clara mejoría pues la media aritmética del conjunto ha subido 2,30 puntos, pasando de un 3,03 del año 2016 a un 5,33 del año 2017. Por otro lado, si los agrupamos por islas, podemos ver que las islas que obtienen una media aritmética superior al cinco son Tenerife (6,42), La Gomera (6,31) y El Hierro (5,21); y si calculamos la media ponderada por población, únicamente las islas de La Palma y Fuerteventura se sitúan por debajo del cinco, con unos resultados de 4,72 y 4,25, respectivamente.

Si además lo relacionamos con los resultados del informe del 2016, podemos observar que todas las islas aumentan considerablemente las medias de transparencia, salvo en el caso de los ayuntamientos de la isla de El Hierro, para los cuales estas cifras disminuyen ligeramente. Esto significa que los ayuntamientos canarios de forma generalizada están trabajando para mejorar sus portales de transparencia.

Se puede apreciar que los apartados de información donde más flojean los ayuntamientos canarios son los de “Normativa” y “Planificación y programación”, donde obtienen solo valores de 0,24 puntos de media. Ello significa que, con la excepción de los ayuntamientos con buenos resultados en ambos parámetros, la mayoría de ellos no informan adecuadamente a los ciudadanos sobre las normativas aprobadas que tienen en vigor, ni sobre sus proyectos de actuación programados a futuro. Esta última carencia empobrece el ejercicio necesariamente posterior a la propia transparencia: la rendición de cuentas; es decir, el nivel de cumplimiento de lo que en el pasado se anunció que se iba a realizar.

Asimismo, se puede constatar que el tipo de información que más divulgan los ayuntamientos es el Institucional, ya que el 89,77 % de los ayuntamientos publica alguna de las obligaciones de este tipo de información.

Por el contrario, la Planificación y programación es la información que menos se divulga, ya que solo 37 de los 88 ayuntamientos informa sobre planes y programas, esto es, el 42,05 % de las entidades. Este hecho es un serio hándicap para que los niveles de transparencia permitan una adecuada rendición de cuentas; porque si no se publican programas y planes de gobierno no se pueden conocer sus incumplimientos.

Lo mismo ocurre con las Concesiones de servicios públicos, para las que solo 39 publican información, es decir, el 44,32 %. La información sobre planes y programas es muy relevante en el ámbito de la transparencia porque es la más indicada para que el ciudadano y distintos colectivos evalúen en cada mandato o periodo temporal analizado en qué medida los objetivos que se fijan en los planes y programas, se han cumplido y en qué grado.

ITCanarias de los Cabildos

Los cabildos insulares han casi duplicado entre 2016 y 2017 su nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicación de contenidos en sus portales de transparencia, que se refleja en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

La media aritmética de los corporaciones insulares pasa de los 3,85 puntos (sobre 10) alcanzado para el año 2016 a 6,93 en 2017. Refleja un esfuerzo importante en la mejora de sus portales de transparencia, la mayor de los cuatro niveles administrativos de Canarias, contando a las universidades. La media ponderada por la población de cada isla pasa de un 5,24 en 2016 a un 7,25 en 2017, porque las islas más pobladas obtienen notas más altas.

Los cabildos de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria y La Palma sacan más de 6 puntos en la evaluación de transparencia de 2017 del Comisionado de Canarias. El Cabildo de Lanzarote, sin embargo, apenas alcanza los 4,52 puntos sobre diez.

La corporación insular con mejor puntuación en el índice ITCanarias de 2017 es el Cabildo de Tenerife, con un 8,43, mientras en 2016 tenía un 5,61. Es además la institución insular que mejor ha rendido cuentas en esta materia porque la práctica totalidad de sus entidades dependientes presentaron también su autoevaluación de transparencia a través de la aplicación electrónica del Comisionado, “T-Canaria”.

El caso más singular en esta evaluación es el del Cabildo de El Hierro, ya que de un ejercicio a otro ha subido la nota en casi 7 puntos: de un 0,76 en 2016, cuando no tenía portal de transparencia, a un 8,21 en 2017, con este espacio web bien estructurado y bastante completo.

El tipo de información que menos publican los cabildos es Concesiones de servicios públicos, puesto que solo 3 de los 7 cabildos informan sobre ellas, es decir, el 42,86 %. Además, los tipos de información Personal de libre nombramiento, Normativa, Servicios y procedimientos y Obras públicas se cumplen en un 85,71 %, pues 6 de las 7 entidades informan sobre estas obligaciones; mientras que del resto de tipos de información todos los cabildos publican alguna obligación.

ITCanarias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Gobierno de Canarias, obtiene en el informe del año 2017 un ITCanarias de 8,03 puntos, frente a los 7,69 del ejercicio anterior; por lo que su margen de mejora era más reducido que el de la inmensa mayoría de las instituciones. Aún así, como ocurre con la mayor de las entidades evaluadas, se observa una mejoría tanto de la calidad como de la cantidad de información publicada en el portal de transparencia de la entidad.

En todo caso, dispone de muchos más medios que el resto de sujetos obligados, aunque enfrenta la complejidad de mantener adecuados los portales de transparencia de sus 42 entidades dependientes. De hecho, a finales del año 2017 muchas de ellas ni siquiera disponían de portales de transparencia y fue la proximidad de la evaluación lo que les impulsó a crearlos dentro de sus páginas webs.

El Gobierno de Canarias informa sobre todos los tipos de información, salvo sobre las concesiones de servicios públicos. Este hecho ya fue puesto de manifiesto por el Comisionado en el informe del año 2016, sin que a fecha de fin de la evaluación se corrigiera la falta de información.

ITCanarias de las Universidades públicas canarias

Las dos universidades públicas de Canarias alcanzan un ITCanarias que ronda el 5, por lo que se puede afirmar que la transparencia que ofrecen, siendo muy escueta para el nivel y cualificación de ambas organizaciones, es aceptable si se tiene en cuenta que el mapa de obligaciones es completamente nuevo para estas entidades y que es el primer año que son evaluadas. La Universidad lagunera obtuvo 5,65 puntos y las de Las Palmas de Gran Canaria, 4,86.

Se debe destacar que ninguna de las universidades publica información sobre las Concesiones de servicios públicos, por lo que es un hueco de información que estos sujetos deben cumplimentar en sus portales de transparencia.

ITCanarias de los entes vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos y de las universidades

Para facilitar la estructura del informe consideraremos que los entes vinculados o dependientes de las 98 instituciones principales se agrupan en cuatro grupos, en función del sector público en el que estén integrados: el sector público autonómico, insular, local o universitario. De este modo, uniendo los cuatro grupos se obtiene que en Canarias hay 247 sujetos públicos obligados a transparencia, dependientes de las 96 administraciones públicas y de las dos universidades.

Así, siendo este el primer informe en el que se analiza a estas entidades dependientes, se debe destacar que 111 de las 247 han podido ser evaluadas, lo que supone el 44,94 % de ellas. A continuación, se muestra el número de entidades dependientes evaluadas por institución principal.

Se debe destacar que en el sector público autonómico se integran 42 entidades dependientes o vinculadas a la Comunidad Autónoma y que todos los entes dependientes colaboraron con el Comisionado en esta evaluación. Lo mismo ocurre con las entidades dependientes del Ayuntamiento de Candelaria y de la Universidad de La Laguna. Esas fueron, por lo tanto, las únicas instituciones que, teniendo entidades vinculadas o dependientes, cumplieron por completo.

Por otro lado, cumplieron muy ampliamente los sectores públicos del Cabildo de Tenerife, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De estas instituciones dependen 38, 7 y 3 entidades respectivamente, de las que 37, 5 y 2 han podido ser analizadas, es decir, el 97,37 %, el 71,43 % y 66,67 %.

El resto de instituciones no sometieron a sus entidades dependientes a la evaluación del Comisionado, quedando clasificadas como “Incumplidoras” por parte del Comisionado.

En el sector público insular se aprecia un nivel de participación mayor que en el sector público local. De los 247 entes dependientes que conforman el sector público canario, 94 dependen de los cabildos insulares; y de esos 94 sujetos, 50 colaboraron con el Comisionado en esta evaluación presentando su declaración de transparencia.

Los resultados anteriores muestran que la empresa pública Parque Tecnológico de Fuerteventura, dependiente del Cabildo de Fuerteventura, es la que tiene un ITCanarias mayor, seguido muy de cerca de la empresa pública CULTESA, dependiente del Cabildo de Tenerife. Además, el 10 % de las entidades tiene un ITCanarias superior al 8, mientras que el 22 % se sitúa por encima del 7,5. Por otro lado, 7 entidades se encuentran por debajo del 3, esto es, el 14 % y 1 tiene un ITCanarias inferior a 1. No obstante, se debe destacar que, siendo la primera vez que son evaluadas estas entidades, el 36 % de las mismas tiene un ITCanarias superior al 5.

ITCanarias de los entes vinculados o dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias

De la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias dependen 42 entidades, esto es, el 17 % del censo de entidades que conforman el sector público canario; y de esos 42 sujetos el 100 % ha podido ser evaluado en este informe.

El escenario de los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias es más llamativo, ya que 7 de las 16 entidades tienen un ITCanarias superior al 5, esto es, el 43,75 % de los sujetos estudiados.

Procede realizar una anotación concreta sobre el Servicio Canario de la Salud (SCS), que ha logrado la mayor puntuación en el ITCanarias de las entidades que conforman el sector público autonómico, con 7,5 puntos. Aunque administrativamente figura entre entidades de segundo nivel dependientes del Gobierno de Canarias, en realidad en el ejercicio de 2017 el SCS disponía de una capacidad de gasto de 2.712 millones de euros; presupuesto que se planea superior a los 3.000 millones en el año 2019; es decir, más de un tercio de gasto total de la administración autonómica. Merece destacarse la positiva evolución respecto al año anterior del SCS, ya que por su dimensión y nivel de incidencia en la calidad de vida de todos los canarios ocupa sin duda el lugar más relevante entre todos los órganos dependientes del Gobierno.

En el informe referido al año 2016 se anotaba el hecho de que se había dejado de publicar las listas de espera sanitarias; circunstancia que se corrigió en el año 2017, volviéndose a publicar con la periodicidad semestral con que lo hacen las comunidades autónomas, que además está siendo auditada por académicos de las dos universidades públicas canarias. Y, por otra parte, configuró un portal de transparencia que está entre los mejores de las organizaciones vinculadas al Gobierno de Canarias.

Análisis de los resultados sobre las obligaciones en materia de Contratación y Planificación.

Se analizan los resultados de la evaluación de dos de los tipos de información de más relevancia desde el punto de vista de la utilidad de la transparencia de la información como punto de partida de la rendición de cuentas de las instituciones; en la medida en que los planes (incluidos los presupuestarios y normativos) anuncian a los ciudadanos que se quiere hacer y los contratos reflejan en buena parte el cómo se hace.

La contratación pública es una materia clave en el sistema de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía. A modo de ejemplo, los ayuntamientos y mancomunidades canarios han formalizado solo en el ejercicio 2016 un total de 993 contratos, por un importe de 311,3 millones de euros, como ha puesto de manifiesto la Audiencia de Cuentas de Canarias en su reciente informe IAC-004/18, que puede consultarse en su web si se desea conocer más información sobre transparencia en materia de contratos.

Los resultados de la evaluación de los Contratos revelan que el conjunto de entidades evaluadas debe realizar un mayor esfuerzo para publicar esta información conforme a las exigencias de las leyes de transparencia. De los 209 sujetos obligados, solo 59 han obtenido un Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria en materia de contratos superior a 5 puntos; esto es, el 28,23 % de las entidades, mientras que 150 se encuentran por debajo.

De los 59 sujetos obligados, 20 se sitúan por encima del siete; y ocho han obtenido un ICIO igual o superior a 8 puntos.

Por otro lado, de las 150 entidades que tienen un ICIO inferior a 5, 101 se sitúan por debajo del 3, es decir, el 67,33 %. Además, es especialmente llamativo que en esta materia no se ha podido valorar a 45 sujetos obligados, quedando todos puntuados con un 0.

En el análisis general de los criterios de información se comprobó que la Reutilización es el peor valorado de los cinco criterios, ya que es el más difícil de cumplir, mientras que los restantes cuatro habían obtenido medias más o menos similares. En materia de Contratos podemos observar que ocurre lo mismo: la Reutilización es el criterio peor valorado con diferencia, mientras que las medias aritméticas de los otros cuatro se mantienen próximas.

En la información sobre contratos el segundo criterio peor valorado es la Forma de publicación, es decir, si se proporciona la información de forma directa o indirecta. Este resultado es debido a que la mayoría de los sujetos obligados publican los contratos en sus perfiles del contratante o en el Portal de Contratación del Sector público, de tal manera que el portal de transparencia simplemente deriva al ciudadano a estas páginas.

Asimismo, las bajas puntuaciones de los contratos formalizados se deben a que no se informa de si ha habido o no modificaciones de los contratos, ni si se han impuesto penalidades por incumplimiento de los contratistas. Además, son bastantes las entidades que no publican la formalización de los contratos, indicando únicamente que están adjudicados, por lo que no se les puede valorar ninguna de las obligaciones referidas a los contratos formalizados.

Finalmente, en general, la información que se encuentra en los portales de transparencia sobre la contratación menor de los sujetos obligados es el número, el importe global de los mismos y el porcentaje sobre la contratación total de la entidad, faltando la relación de los contratos. Se debe destacar que la Ley 19/2013 especifica que se deben publicar todos los contratos, por lo que la relación de contratos menores es una obligación básica.

Respecto a la Planificación, la situación de este tipo de información es ligeramente mejor que la de la contratación pública. Las entidades deben realizar un mayor esfuerzo por ofrecer al ciudadano una información sobre su planificación y programación vigente.

Por otro lado, en esta materia los sujetos obligados deben publicar los objetivos concretos; las actividades, medios y el tiempo previsto para su consecución; los indicadores de medida; el órgano encargado de su ejecución; el grado de cumplimiento y la evaluación de los planes y programas. Además, los ayuntamientos y los cabildos deben hacer público el plan de cooperación en obras.

Por último, de los 95 sujetos obligados (siete cabildos y 88 ayuntamientos) que tienen la obligación de publicar los planes de cooperación en obras, 66 no han podido ser evaluados, pues no informan acerca de ellos en sus portales de transparencia.
Por otra parte, los planes normativos anuales de las instituciones aspiran a dar debido cumplimiento a la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar su calidad; sin

que sean instrumentos cerrados, imposibles de modificar a lo largo del año. Permiten a los ciudadanos estar en disposición de participar en ellos si es de su interés y son también un pilar esencial para la rendición de cuentas.

Nueve comunidades autónomas tienen publicados sus respectivos planes anuales. El Gobierno de Canarias mantiene vigente el plan normativo que aprobó para el conjunto de la legislatura y Cataluña, Galicia, Navarra, Asturias y Extremadura no reflejan en sus portales este instrumento de gestión.

Respecto al resto de las instituciones canarias, entre los cabildos únicamente el de Tenerife lo pública; y entre los ayuntamientos, apenas 22, uno de cada cuatro, lo tiene presente en el portal de transparencia.

Informe sobre las solicitudes de acceso a la información pública

Ochenta de las 209 instituciones y entidades colaboradoras habían recibido solicitudes de acceso a la información pública en el año 2017, esto es, el 38,28 % de las mismas, según su propia declaración. Asimismo, el total de solicitudes presentadas ascendió a 1.286.

Ambos indicadores evidencian la escasa demanda ciudadana en materia de solicitudes de información pública; en buena medida determinada por su escaso conocimiento (puesto de manifiesto en las encuestas del CIS) de sus nuevos derechos derivados de las leyes de transparencia; a pesar de las facilidades actuales para realizarlas de forma telemática.

Aunque no existen estadísticas consolidadas del conjunto de España, la situación no es muy diferente en el conjunto del país si nos atenemos al número de reclamaciones que se presentan al ante los órganos garantes estatal y autonómicos.

Del total de peticiones presentadas en Canarias, fueron tramitadas 1.145, esto es, el 89,04 % de las preguntas; de las cuales 1.018 fueron estimadas y solo 38 inadmitidas. Esto significa que el sistema canario de transparencia ha proporcionado el acceso a la información en el 88,91 % de los casos, según las declaraciones de las instituciones.

Como la experiencia de años pasados indicaba, no hay mucha seguridad en que los datos declarados sobre las solicitudes de información sean muy precisos, ya que la gran mayoría de las instituciones no cuentan con protocolo interno que permita agrupar este tipo de preguntas de los ciudadanos. Desde los registros oficiales se derivan a los departamentos o servicios pero en muchos casos no hay un control estadístico sobre el trámite de todas ellas, ni siempre se abre el oportuno expediente administrativo de acceso a la información. Ello se comprueba a veces cuando el ciudadano no obtiene respuesta y reclama al Comisionado de Transparencia.

Los ayuntamientos han recibido 799 solicitudes de acceso a la información pública en 2017, lo que supone el 62,13% del total de preguntas del sistema.

En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en el año 2016 desestimó vía silencio administrativo trece solicitudes de acceso a la información pública, se ha apreciado un evidente cambio de actitud porque, de las 41 peticiones de información que recibió en 2017, ninguna la denegó vía silencio administrativo.

En el año 2017 los cabildos insulares registraron un total de 120 solicitudes de información, lo que supone una media de 17 peticiones por cabildo. Únicamente el Cabildo de La Palma no ha recibido preguntas, teniendo todos los demás al menos una. Destaca el Cabildo de la Gomera, con 41 solicitudes.

Ninguna de las 120 peticiones presentadas en los cabildos fue desestimada, según sus propias declaraciones en el cuestionario. Pero en apartado donde se analizan las reclamaciones presentadas ante el Comisionado se comprobará (tabla 97) que el Cabildo de Gran Canaria tuvo 10 reclamaciones por desestimar solicitudes; el de Tenerife, 5; y el de El Hierro, 1. La falta de un procedimiento interno de control produce estas incongruencias, como se ha apreciado también al analizar los ayuntamientos.

En 2017 la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias recibió 182 solicitudes de acceso a la información pública, resultando ser el sujeto obligado al que más acuden los ciudadanos para resolver sus preguntas. Se debe destacar que de las 182 peticiones, se concedió el acceso en 129, es decir, en el 70,88 % de los casos. El número de solicitudes desestimadas por silencio administrativo asciende a 27.

Evolución del derecho de acceso entre 2015 y 2017

Podemos comprobar que cada año aumenta el número de entidades que recibe alguna solicitud de acceso a la información pública. En la tabla siguiente se puede comprobar que en 2015 solo 14 sujetos habían recibido alguna petición, mientras que en 2017 fueron 80, más del quíntuple.

En la tabla anterior se puede observar que el sistema público canario ha acumulado un total de 2.501 preguntas desde que el Comisionado de Transparencia comenzó a evaluar la Transparencia en Canarias. Además, en 2016 se registraron 565 solicitudes más que en 2015 y en 2017, 961 más. Aunque ya hemos señalado anteriormente que no existen en muchas instituciones buenos sistemas de registro estadístico sobre las mismas.

En cualquier caso, la ciudadanía es cada año más activa y aumenta así su exigencia de rendición de cuentas a las administraciones. No obstante, se debe destacar que todavía el número de personas que se dirigen a los sujetos obligados para ejercer su derecho a saber no alcanza 0,1 % de la población total de Canarias.

Como el resto de entidades, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias también ha registrado cada año un mayor número de solicitudes, acumulando un total de 357 solicitudes de acceso a la información pública en este periodo.

De las 98 entidades analizadas, 24 no tienen habilitado en su página web, ni en su sede electrónica, ni en su portal de transparencia ningún formulario, ni procedimiento a través del cual se pueda realizar una petición de información pública. Por lo tanto, el 25,51 % de las entidades incumple por completo su obligación de facilitar el derecho de acceso de los ciudadanos.

De las 74 entidades restantes que sí ofrecen un formulario de solicitud de información pública se pueden distinguir dos grupos: las que proporcionan un procedimiento directamente diferenciado y visible; y las que lo facilitan dentro del catálogo de procedimientos, lo que en ocasiones dificulta la búsqueda del mismo. El primer grupo está compuesto por 43 sujetos, mientras que el otro está formado por 31.

De estos 74 sujetos obligados hay nueve que no disponen de un procedimiento de solicitud de acceso a la información pública telemático.

En definitiva, el conjunto de las administraciones públicas debe mejorar la información sobre el procedimiento de solicitud de acceso a la información pública y sobre cómo reclamar ante el Comisionado de Transparencia en caso de denegación del acceso a la información pública. Además, se debe facilitar el acceso tanto de manera electrónica, como telefónica y presencial, y la identificación de la identidad del interesado no debe suponer impedimento alguno para acceder a la información.

Informe sobre las reclamaciones de derecho de acceso a la información ante el Comisionado

Para que este derecho de acceso a la información sea efectivo ha de contar con la garantía que supone que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de presentar una reclamación de rápida resolución, ante una autoridad independiente, o acudir directamente a los tribunales de justicia, opción que ha de mantener ante la resolución de esa autoridad independiente.

En desacuerdo con la falta de información recibida ante sus preguntas a las administraciones canarias, en 2017 se registraron 154 reclamaciones de ciudadanos y entidades ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Tal cifra representa un aumento del 69,7 % sobre las 91 tramitadas en 2016; un alto nivel de crecimiento que va a superarse en el ejercicio del año 2018, a tenor de las reclamaciones recibidas hasta septiembre. De ese conjunto de las 154 citadas, 136 reclamaciones fueron resueltas al cierre del informe y 18 están pendientes de resolución. En 2017 se tramitaron además siete denuncias y tres consultas; siendo 164 el número total de expedientes iniciados.

De las 136 reclamaciones resueltas, 15 no fueron admitidas a trámite, fundamentalmente porque lo que demandaban los solicitantes a las administraciones públicas no podía considerarse información pública en los términos contemplados en la ley, sino otro tipo de actuación que no corresponde analizar al Comisionado de Transparencia.

De las 121 restantes reclamaciones admitidas, solo 15 fueron desestimadas (el 12,40 %).

Se estimaron por completo, con un acceso total a la información solicitada, 69 (el 57 %). Fueron estimadas con acceso parcial a la información demandada 14 reclamaciones (el 11,5 %). Y se anotaron también 19 estimaciones formales (15,7 % de las admitidas), en las que los ciudadanos reclamantes lograron el acceso a la información durante el trámite del procedimiento, generalmente por la entrega de los datos fuera de plazo, después de que desde el Comisionado se solicitarán alegaciones a la administración reclamada.

Por lo tanto, más del 84 % de los sujetos con reclamaciones admitidas obtuvieron una resolución favorable a sus demandas.

Tabla 1. Reclamaciones de 2017. Estado de tramitación de las reclamaciones

Reclamaciones al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017
Reclamaciones presentadas154Resueltas13688,31%Admitidas12188,97%Estimadas totalmente6957,02%84,30%
Estimadas parcialmente1411,57%
Estimadas formalmente1915,70%
Otros (desistimiento)43,31%
Desestimadas1512,40%
Inadmitidas1511,03%
Pendientes1811,69%

Tabla 2. Reclamaciones. Número de resoluciones según el tipo de resolución entre 2015 y 2017.

Resoluciones del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre 2015 y 2017
Tipo de resoluciónNº Resoluciones
201520162017TOTAL
Inadmisión561526
Admisión1385121219
Estimación86469141
Estimación parcial161421
Estimación formal1919
Otros (desistimiento)18413
Desestimación371525
Total general1891136245

Del conjunto de las resoluciones emitidas por el Comisionado en 2017, consta que al menos 12 de ellas no han sido cumplidas por las administraciones obligadas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por otra parte, resultó condenado en octubre de 2017 en tres fallos judiciales que le obligaron a entregar a la asociación «El sol sale para todos» la información sobre la que había reclamado con resolución favorable del Comisionado de Transparencia. Los asuntos se referían al expediente de Citynet, el dossier «Acuerdos y documentos para la adecuación de Emalsa, elaborado por la consultora KPMG, y el expediente de creación del comité técnico asesor para el estudio del citado documento. Además de tener que entregar a la asociación los documentos solicitados, el Ayuntamiento debió afrontar el pago de las costas procesales.

Hasta septiembre de 2018, el Comisionado ha registrado a lo largo de este año más de 200 reclamaciones, superando en solo 9 meses las reclamaciones totales del 2017. Incluso en junio de 2018 ya se había superado al año anterior, con 176 reclamaciones hasta ese mes. Por ello no es descartable que en el ejercicio en curso se llegue casi a duplicar las reclamaciones presentadas en 2017. En el gráfico, siguiente se puede apreciar su evolución.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes han acumulado en 2017 un total de 60 reclamaciones, 14 de ellas formuladas frente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 12 por denegaciones de Radio Televisión Canaria y 9 frente al Servicio Canario de la Salud. Los cabildos han acumulado 16 reclamaciones en 2017, 10 de ellas frente al Cabildo de Gran Canaria, 5 ante el de Tenerife y una por denegación del Cabildo de El Hierro.

Por municipios, en 2017 los ciudadanos reclamaron ante el Comisionado contra 24 ayuntamientos de Canarias (que figuran en el cuadro siguiente), con un total de 65 reclamaciones. Siendo el más poblado del Archipiélago, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se posiciona como el ayuntamiento con más reclamaciones en el año 2017, 15 en total, seguido de Icod de los Vinos con 6 reclamaciones; Arico, Adeje y Hermigua, con 5 reclamaciones cada uno; y Arona con 4. El resto de ayuntamientos reclamados, tienen una o dos reclamaciones.

Se observa el progresivo crecimiento de los ratios de reclamación por cada 100.000 habitantes, a medida que los ciudadanos conocen más los nuevos derechos y posibilidades que les otorgan las normas reguladores de la transparencia y el derecho de acceso.

En Canarias se registró en 2016  un ratio de 4,3 reclamaciones por cada 100.000 habitantes [3,1 como media de las autonomías], que se elevó a 7,3 reclamaciones  en 2017 [5,4 la media de las autonomías].

Informe anual de Transparencia realizado por el Gobierno de Canarias

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana emitió el Informe sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública relativo al cumplimento de las obligaciones de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del resto del sector público autonómico.

Este informe interno determinado por la propia norma canaria contribuye de forma importante al conocimiento de la ciudadanía en esta materia; es decir, es un ejercicio de “transparencia sobre la transparencia” que lleva a cabo el propio ejecutivo y sus entidades dependientes, que no es realizado por la gran mayoría de las administraciones autonómicas: solo Murcia y País Vasco han llevado a cabo una autoevaluación semejante respecto al ejercicio de 2017. Aunque sus contenidos deben ser completados en los siguientes ejercicios, merece la pena destacar su elaboración, sobre todo si se piensa que la mayoría de las principales instituciones de todo el país se limitan a dar amplia publicidad a evaluaciones y rankings externos que, sin testear al completo el cumplimiento de todas las obligaciones de las leyes de transparencia, les atribuyen altas puntuaciones generalizadas.

Análisis de los datos generados por el portal de transparencia

El Portal de Transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias recibió 215.420 visitas a sus páginas web distribuidas en 52.045 sesiones. Comparado con el ejercicio 2016 estas cifras suponen unos incrementos del 15,09 % del número de páginas visitadas y del 57,23 % en el número de sesiones.

Por lo que respecta al número de usuarios únicos, se ha producido un incremento interanual del 71,60 %, al pasar de 20.781 usuarios en 2016 a 35.660 en 2017, lo que significa un ratio del 1,69 % de la población de Canarias en 2017, cifrada en 2.108.121 habitantes. En 2016 este ratio era de 0,99. Ahora bien, teniendo en cuenta como hemos visto, que al menos una cuarta parte de las visitas al portal proceden de fuera de Canarias, con lo que dicho ratio se quedaría reducido en dicha proporción, se aprecia que aproximadamente uno de cada cien canarios visita el portal de transparencia; a pesar de que el conjunto del portal web del Ejecutivo canario (del que el portal de transparencia es una parte) se encuentra entre los veinte sitios webs más visitados por los ciudadanos que acceden a internet desde Canarias. Ese ratio por habitante en Canarias es semejante a otros conocidos como el de Andalucía (439.000 accesos en los tres primeros años del portal) o el del portal de transparencia estatal, que en 2017 tuvo aproximadamente 900.000 visitantes (el 88 % desde territorio español).

Ni cuando se creó el portal en 2014 ni más adelante ha disfrutado de una campaña de difusión (como también ha ocurrido en el caso del portal estatal y en la mayoría de los autonómicos). Y es de esperar que la partida presupuestaria contemplada en este ejercicio para la publicidad institucional de la transparencia en Canarias pueda emplearse en dicho cometido. Porque es necesario incentivar su conocimiento de los portales de transparencia del conjunto de las administraciones canarias y el del resto de las potencialidades de las normas de transparencia; así como incrementar su accesibilidad y usabilidad.

Los escasos datos sobre visitas a los portales de transparencia evidencian que, aunque se ha duplicado el número de visitantes únicos, sigue siendo escaso el número de personas que acceden al Portal de Transparencia.

En cualquier caso, esto no es lo más relevante o importante; porque lo que resulta crucial en el mundo del derecho de acceso a la información pública (que en su inmensa mayoría suele ser árida y poco atractiva) es que toda la información posible esté disponible y actualizada debidamente para que todo el sector público pueda ser escrutado socialmente y no solo por sus sistemas de control interno. Los bondadosos efectos de la transparencia sobre los sistemas de gobierno y sobre su mayor o menor integridad y eficiencia se producen por el hecho de que la información esté permanentemente accesible en unos casos (portales de transparencia de las páginas webs) y fácilmente accesible cuando se pida por derecho de acceso.

En todo caso es importante mejorar las prestaciones de búsqueda del portal porque la mayoría de los ciudadanos esperan obtener mejores y más rápidos resultados mediante buscadores internos o externos.

Medios personales  y materiales del Comisionado

La precaria situación en materia de personal del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los años 2015, 2016 y 2017 ya ha sido puesta de manifiesto en los anteriores informes anuales, a los que nos remitimos; si bien en el ejercicio actual se reforzó el apoyo administrativo.

A la fecha de cierre de este informe está en trámite la modificación de la RPT del Parlamento de Canarias, en la que está prevista una ampliación de las plazas de funcionarios adscritos al Comisionado de Transparencia que pueda paliar la precariedad de personal.

Durante el mes de marzo de 2017 entró en funcionamiento la sede electrónica propia del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos componentes y características principales ya se incluyeron con detalle en el informe de 2016, en cuanto fueron definidos y diseñados en dicho ejercicio

A lo largo del año 2017 se continuó con los desarrollos informáticos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tanto del tramitador de expedientes electrónicos de reclamaciones por derecho de acceso y denuncias como en la aplicación de control y evaluación de la publicidad activa, que se denominó T-Canaria. En este sentido, a finales del año se publicó la Resolución del Comisionado de Transparencia de 22 de diciembre de 2017, por la que se aprueba la aplicación telemática sobre el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) para el autodiagnóstico de la transparencia institucional y el cumplimiento de las obligaciones de información al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de transparencia, resolución que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 3 de enero de 2018.

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y la aplicación informática que lo soporta (T-Canaria) constituyen una auténtica singularidad en la evaluación del grado de aplicación de las leyes de transparencia a nivel estatal, ya que ni en el Estado ni en las comunidades autónomas cuentan con unos instrumentos similares, siendo Canarias pionera en esta materia.

En el ejercicio 2017 los créditos iniciales del programa presupuestario 911P del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al igual que los de los otros órganos e instituciones dependientes del Parlamento de Canarias, no experimentaron variación alguna respecto a los del 2016, por lo que ascendieron a 477.702 euros.

El Comisionado de Transparencia ejecutó en 2017 el 87,51 % de su presupuesto inicial y el 60,50 % de su presupuesto total. No comprometió una parte importante de sus créditos para gastos corrientes de funcionamiento y de inversiones, en unos casos por criterios de austeridad en el gasto corriente, y en otros porque la carencia de medios técnicos y administrativos, no solo ha impedido acometer todas sus funciones, sino que obligó a sus dos primeros y únicos técnicos a realizar las tareas propias y las administrativas, por no contar con la provisión de la plaza de administrativo hasta bien entrado el año 2017. Ello afectó fundamentalmente a la tercera de las funciones principales del órgano: las actividades de fomento, formación y difusión de la transparencia; que se llevaron a cabo fundamentalmente a través de notas de prensa (descritas en otro apartado del informe) y sesiones formativas impartidas por su personal con funcionarios y responsables de transparencia de las siete islas.

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