FAQ privadas

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones por importe superior a 60.000 euros por el Gobierno de Canarias,  o bien de varias administraciones públicas canarias, que en conjunto superen los 100.000 €, quedan obligadas a cumplir con las obligaciones de publicidad activa, publicando información en un portal de transparencia.

El control del cumplimiento de dichas obligaciones de transparencia lo tiene encomendado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano de relevancia estatutaria (por el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Canarias) adscrito al Parlamento de Canarias, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia.

Entre las funciones que tiene encomendadas el Comisionado de Transparencia se encuentra el control de la publicidad de la información obligatoria en el portal web de las entidades privadas, quedando estas obligadas a colaborar con el Comisionado (artículo 64 de la Ley 12/2014).

Asimismo, en cumplimiento de su obligación de control, el Comisionado realiza cada año una evaluación de la transparencia de todas las entidades sujetas, públicas y privadas, al objeto de informar al Parlamento de Canarias sobre el cumplimiento de la Ley.

La evaluación consiste en cumplimentar unos cuestionarios a modo de autoevaluación que luego serán revisados por el equipo de evaluación del Comisionado de Transparencia.

El artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone lo siguiente:

“4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización.

Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas.”

Por tanto, toda entidad sujeta a transparencia y que no sea una organización sin ánimo de lucro con un presupuesto inferior a 50.000 euros debe tener una web y dentro de la misma, en un apartado de transparencia, debe publicar los contenidos de transparencia que establece la ley.

El concepto de portal de transparencia hace referencia al espacio web donde se publican las obligaciones de publicidad activa y, en su caso, de derecho de acceso. Puede ser tanto un portal diferenciado y externo a la web de la entidad, como un apartado dentro de la web principal.

Únicamente la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias está obligada a crear un Portal de Transparencia único y diferenciado de la web institucional. Por lo tanto, las entidades privadas no tienen la obligación de crear uno, pero sí de publicar la información en su web, para lo que se recomienda encarecidamente crear un apartado denominado “Transparencia” o “Portal de transparencia”.

El artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone lo siguiente:

“1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

1. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20.
2. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
3. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.”

El hecho de que no aparezcan algunas ayudas o subvenciones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones no exime a la entidad subvencionada de la obligación de cumplir los apartados 3 y 4 del artículo 18. Por lo tanto, en cualquier caso, como entidad subvencionada debe informar de todas las ayudas o subvenciones concedidas.

Si la entidad sujeta a evaluación y control de la transparencia considera que la información sobre las subvenciones concedidas que se publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones no es correcta, puede ejercer los derechos de oposición, rectificación y cancelación ante el órgano o la entidad que concede cada subvención, no ante el Comisionado de Transparencia.

El criterio que se sigue para considerar que una entidad privada está obligada a presentar su declaración de transparencia es que se le hayan concedido subvenciones el año anterior:

• Cuantías superiores a 60.000 euros por parte de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Cuantías que en su conjunto sean superiores a 100.000 euros por parte de una o varias administraciones públicas canarias.

Téngase en cuenta que lo anterior se aplica independientemente de que el importe total se perciba de forma fraccionada en varios años.

Así lo establecen el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a la publicidad de las subvenciones, y el artículo 20, relativo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Estos artículos se refieren siempre a las subvenciones concedidas, exigiendo a los beneficiarios que den la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

Igualmente, la publicidad de las subvenciones concedidas también está recogida en el artículo 7 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Aunque una entidad cambie de razón social o de actividad, mantiene ciertas obligaciones, entre las cuales están las de transparencia activa. En el caso de que la entidad experimente cambios, se debe hacer mención en su portal de transparencia de las alteraciones que se han llevado a cabo, ya sea en su denominación, ya en su objeto social o cualquier otro aspecto relevante.

Por el contrario, cuando se produce la liquidación y disolución de una entidad, cesan sus obligaciones de transparencia. En tal caso se debe acreditar su extinción ante el Comisionado de Transparencia para proceder a su baja del censo de evaluación.

Las comunidades de bienes sujetas a las obligaciones de transparencia que la ley dispone para las entidades privadas son las que ejercen actividades económicas (su número de identificación fiscal empieza por la letra E). No están sujetas las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal (su número de identificación fiscal empieza por la letra H).

Si la comunidad de bienes está constituida en régimen de propiedad horizontal y no ejerce actividades económicas, pero su NIF comienza por la letra E, debe solicitar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria un nuevo NIF que empiece por H, conforme a lo dispuesto en la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, y solicitar a continuación la baja en el censo de obligados del Comisionado.

El primer año en el que se emplaza a colaborar con el Comisionado a las entidades privadas, el efecto de los incumplimientos de las obligaciones de transparencia para las entidades privadas será reputacional mediante reprobación pública. El Comisionado, en acto público durante su comparecencia en la Comisión de Gobernación y en el Pleno del Parlamento de Canarias, rendirá cuenta de su informe dando traslado a la prensa para general conocimiento de las entidades incumplidoras y lo publicará en los medios de comunicación. Por tanto, este año el único perjuicio para la entidad sería en su imagen corporativa en relación con la transparencia pública.

Ahora bien, como la información de la subvención debe permanecer cuatro años publicada en la web de la entidad privada que la percibió, en los años siguientes, si persisten en el incumplimiento, el mismo ya se podría calificar de infracción administrativa muy grave o grave (artículo 69.1 de la Ley 12/2014) y sancionarse con multas desde 200 hasta 300.000 euros, con posible sanción accesoria de reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida. (artículo 69.2 de la Ley 12/2014).

Respecto al órgano que inicia de oficio los procedimientos para el ejercicio de las potestades sancionadoras es el competente en cada caso, conforme a los reglamentos orgánicos, ya sea por propia iniciativa, a instancia del Comisionado de Transparencia, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano dependiente del Parlamento de Canarias que se encarga del fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública, y también le corresponde instar al órgano competente el inicio de los procedimientos para el ejercicio de las potestades sancionadoras.

Por tanto, la misión principal del Comisionado no es la comprobación de la aplicación a su finalidad o la fiscalización de las subvenciones, que corresponde a otros órganos, sino la evaluación y control de la publicación de la información de transparencia de las mismas, informando de ello al Parlamento de Canarias para que adopte las decisiones con la información que le rinda el Comisionado de Transparencia.

No obstante, el incumplimiento de la obligación de publicar la información que les sea exigible conforme a la ley de transparencia constituye infracción administrativa que se calificará de leve, grave o muy grave conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 69 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y se podrán imponer, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, las sanciones previstas en el apartado 2 del citado artículo, consistentes en amonestaciones, multas desde 200 hasta 300.000 euros, pudiendo llegar a imponerse la sanción accesoria del reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida.