4) Actividades de evaluación de la transparencia para el cálculo del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias)

A. Instituciones y otros sujetos obligados por la Ley 12/2014 de transparencia de Canarias

I. Marco normativo

Entre las funciones que el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública atribuye al Comisionado de Transparencia, se encuentra el control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II de la Ley.

El resultado de dicho control, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la mencionada Ley, se deberá reflejar en el informe anual que el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe presentar al Parlamento de Canarias.

Previamente a esta evaluación anual, los órganos a los que estén adscritas las unidades responsables de la información (URIP) de cada institución, departamento o entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la ley en su respectivo ámbito, con el contenido que se establezca por orden del titular del departamento competente en materia de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Es en base a la evaluación descrita en las páginas siguientes cómo se ha calculado el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) referenciado anteriormente. Si bien, para 2016, solo se ha tenido en cuenta la evaluación de la transparencia de las instituciones canarias (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) y no sus organismos vinculados o dependientes, por lo general con más baja definición de sus obligaciones de publicidad activa. Tales organismos serán evaluados con más precisión y profundidad en el próximo ejercicio y, de no mejorar, lastrarán a la baja la puntuación obtenida por las instituciones de las que dependen. Sobre ellos hemos realizado un primer ejercicio de análisis muy somero, que se intensificará el próximo año y computará en la valoración global del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, que hasta ahora no han ejercido un control muy cercano sobre este tipo de entidades dependientes en esta materia. A esos efectos, una buena práctica futura será incluir anualmente su auditoría de transparencia como un capítulo más de las que cada año rinden sobre sus aspectos económico-financieros.

La concreción de los 394 sujetos obligados por la Ley de Transparencia (instituciones y sus entidades dependientes) se puede apreciar en el cuadro 14, según su forma jurídica; y la relación nominal de todos ellos se halla en la Tabla 1 del Anexo I, donde se listan por orden alfabético de la entidad territorial de la que dependen.

II. Identificación de los sujetos obligados

Para la evaluación del grado de cumplimiento de la Ley 12/2014 de transparencia y de acceso a la información pública (LTAIP), en primer lugar se han de identificar quiénes son los sujetos obligados a la misma, a los cuales dedica la ley los artículos 2 y 3.

Así, las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2.1 de la LTAIP determinan los sujetos obligados del sector público en Canarias, tanto autonómico como local, ascendiendo a un total de 394 sujetos obligados en el año 2016, frente a los 389 sujetos obligados del año 2015. Este incremento de cinco nuevos sujetos obligados es el resultado de 18 altas y 13 bajas de entes en el censo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuyo detalle es el siguiente:

Estos 394 sujetos obligados por la LTAIP engloban a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los cabildos insulares y a los ayuntamientos canarios, así como a todos los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles, consorcios, y demás entidades de Derecho Público, vinculadas o dependientes de los mismos. El desglose por entidad territorial y forma jurídica de los sujetos obligados se encuentra en el siguiente cuadro.

 

De este modo, se observa en el cuadro anterior que la Comunidad Autónoma de Canarias es la entidad territorial de la que dependen más sujetos obligados por la Ley 12/2014, sumando un total de 81 (la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 80 entidades de todo tipo vinculadas o dependientes de la misma); lo que significa el 20,56% del total. Seguidamente, la corporación insular de Tenerife tiene 44 (el Cabildo y sus 43 entidades vinculadas o dependientes del mismo), que suponen el 11,17%; y en tercer lugar, la corporación insular grancanaria, que tiene 23 sujetos obligados (el Cabildo y sus 22 entidades vinculadas o dependientes del mismo), equivalentes al 5,84%.

Si atendemos a la forma jurídica de los sujetos obligados en lugar de a la entidad territorial, se observa que destacan, por su número, las 135 sociedades mercantiles, que suponen el 34,26 % del total de los sujetos obligados. A continuación se sitúan los 88 ayuntamientos (22,34 %), seguidos de los 53 organismos autónomos administrativos (13,45 %), las 40 fundaciones (10,15%) y los 28 consorcios (7,11%).

Respecto a las obligaciones de transparencia de las asociaciones constituidas por cualquiera de los sujetos obligados del cuadro anterior -letra f) del artículo 2.1 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública- este Comisionado no puede determinar su número e identidad, ya que en los distintos registros públicos de las asociaciones no figura esa dependencia o vinculación. Así, el censo total de asociaciones que tienen su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Canarias asciende a 24.731 asociaciones frente a las 23.516 del informe del año pasado, según el siguiente detalle:

Cuadro 15. Asociaciones registradas en Canarias

Registro	Inscripciones
Registro de Asociaciones de Canarias (asociaciones en general)	17.417
Registro de Entidades Deportivas de Canarias (federaciones y asociaciones deportivas)	6.886
Registro de Entidades Religiosas (confesiones y entidades religiosas)	428
Total general asociaciones Canarias	24.731

Por último, los sujetos obligados por el artículo 3 de la Ley 12/2014 (“partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario”) no han sido determinados aún por el Gobierno de Canarias, ni existe información pública ni se ha trasladado a este Comisionado datos sobre los que percibieron ayudas o subvenciones en 2016 (y sus cuantías) con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario. Esto ocurre en buena medida porque la base de datos de ayudas y subvenciones no funciona correctamente y la información que se publica en el Boletín Oficial de Canarias está fundamentalmente compuesta por imágenes que impiden su tratamiento informático.

Uno de los objetivos de mejora de este año del Gobierno de Canarias ha de ser la publicación en su portal de transparencia de aquellos sujetos obligados a ejercer la publicidad activa sobre el empleo de los fondos públicos facilitados por la Comunidad Autónoma, con sus correspondientes enlaces.

III. Determinación de los sujetos obligados que se evalúan

Por todo ello, y en función de los medios de que se disponen, en este segundo informe que rinde el Comisionado de Transparencia ante el Parlamento de Canarias se atribuye una ponderación numérica para conformar el ITCanarias a las siguientes instituciones de primer nivel obligadas a la publicidad de sus actuaciones en el portal de transparencia o web: la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los siete cabildos insulares, los 88 ayuntamientos canarios y las dos universidades públicas canarias.

Las 81 entidades dependientes del Gobierno de Canarias se han analizado solo orientativamente, sin llegar a ponderaciones numéricas o índices. Sobre los mismos se profundizará en el informe del próximo año.

B. Metodología

I. Metodología y requerimientos de información para la evaluación

La determinación de la metodología de evaluación del grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, ha continuado siendo durante 2016 tema de debate en las reuniones entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los órganos autonómicos garantes de la transparencia; si bien nunca se ha llegado a acordar conjuntamente una propuesta de acuerdo global para ser aplicada en todo el país.

La evaluación de las obligaciones legales de transparencia por órganos de control públicos no cuenta en España con una metodología acordada por una parte o todos los órganos garantes; de forma que en Canarias hemos continuado con un sistema parecido al que empleamos en el ejercicio anterior, basado en el primer borrador de evaluación de la transparencia desarrollado por le AEVAL y el Consejo de Transparencia (CTBG) y puesto a disposición de los órganos autonómicos en octubre de 2015. Tal metodología la adaptamos a la singularidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias (LTAIP). Y con la experiencia adquirida del pasado año la hemos seguido afinando en los últimos meses.

El 28 de marzo de 2017 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno presentó una nueva metodología de evaluación y seguimiento de las obligaciones de transparencia pública (publicidad activa especialmente) determinadas por la Ley de Transparencia (LTAIBG); una herramienta operativa desarrollada con AEVAL, denominada MESTA. Ha sido empleada en los primeros meses de 2017 en el análisis de quince órganos de la Administración del Estado reseñados en el artículo 2.f de la Ley de Transparencia estatal (LTAIBG); completándose con indicadores de “transparencia voluntaria” (no contemplados en la Ley básica pero sí en la mayoría de las leyes de transparencia autonómicas) que fueron aportados y analizados por la fundación “Hay Derecho”. No nos consta que hasta ahora haya habido alguna adaptación a las singularidades normativas de las administraciones autonómicas, provinciales y locales.

El Comisionado de Transparencia recibió del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el documento descriptivo de la citada metodología MESTA; sobre el que es deseable trabajar para su despliegue homogéneo en todo el conjunto de las administraciones, con las adaptaciones necesarias en cada caso o las simplificaciones precisas para su aplicación en las pequeñas corporaciones insulares y locales.

Por consiguiente, ante la falta de una metodología global y conjunta aplicable en todas las comunidades autónomas, el Comisionado ha optado, al igual que el año pasado, por solicitar a los sujetos obligados, en un archivo Excel, los datos relativos a la publicidad activa y al derecho de acceso a la información pública. E introdujimos este año como novedad la cumplimentación de un cuestionario en formato web. Las fichas Excel se acompañaron de las correspondientes instrucciones; y en ellas se solicitaba información sobre la publicación de la información obligatoria en los portales de transparencia para la evaluación de la publicidad activa (hoja 1) y del derecho de acceso a la información (hoja 2). En concreto, se requería para cada tipo, categoría y subcategoría de la información, en la hoja 1, los datos, atributos y características de la información publicada y en la hoja 2, el desglose de las solicitudes por su estado de tramitación, con la siguiente sistemática:

Las fichas de evaluación íntegras se incorporan en el Anexo I de este informe como Tabla 2 publicidad activa de la Comunidad Autónoma de Canarias; Tabla 3 publicidad activa de los cabildos insulares; Tabla 4 publicidad activa de los ayuntamientos y Tabla 5 derecho de acceso, común para todas las administraciones, junto con sus correspondientes instrucciones que se incorporan como Tabla 6. Asimismo, el cuestionario web se incorpora en el Anexo II.

Con esta metodología se intenta evaluar la publicidad activa y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos, y además se evitan duplicidades en la rendición de datos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al Comisionado, ya que el Consejo había solicitado a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias datos sobre transparencia, que con este procedimiento solo se rendirían una única vez al Comisionado, y servirían simultáneamente para ambos órganos garantes de la transparencia.

Las fichas de evaluación, las instrucciones para su cumplimentación y el cuestionario web fueron aprobadas por el Comisionado de Transparencia el 14 de febrero de 2017; después de adaptar y ajustar las empleadas el año anterior con la experiencia adquirida en el primer informe anual, referido al ejercicio de 2015.

Una vez aprobadas las fichas, se emitieron en los días sucesivos, por correo electrónico y mediante oficio, 96 requerimientos de información dirigidos al Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, a los siete presidentes de los cabildos insulares y a los 88 alcaldes de Canarias, concediéndoles un plazo de 10 días naturales para su cumplimentación y remisión al Comisionado de Transparencia por el mismo medio, esto es, hasta el 27 de febrero de 2017 a los cabildos y el 3 de marzo de 2017 a los ayuntamientos. No obstante, estos plazos tuvieron que ser ampliados en tres ocasiones por el Comisionado.

II. Contestación a los requerimientos del Comisionado

Hasta el día 3 de abril de 2017 se estuvieron recibiendo contestaciones de las fichas de evaluación, y el último cuestionario web se recibió el 16 de abril de 2017, con el resultado que figura en el siguiente cuadro.

Por tanto, de los 96 sujetos obligados a los que se requirieron el formulario y las fichas de evaluación, respondieron al cuestionario web 88 sujetos obligados; o sea, el 91,66% del total de los requeridos; y a las fichas Excel de evaluación, 71 obligados, esto es, el 80,68% del total (frente al 38,54% del año anterior).

Respondieron al Comisionado la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los siete cabildos insulares y los 80 ayuntamientos reseñados en el cuadro anterior.

Por el contrario, no atendieron a ninguno de los requerimientos de información del Comisionado (fichas Excel de evaluación y/o cuestionario web) los ayuntamientos de Granadilla de Abona, La Oliva, Pájara, El Paso, Los Silos, Tazacorte, Tijarafe y La Victoria de Acentejo.
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C. Evaluación de las instituciones canarias

I. Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (Gobierno de Canarias)

a. Publicidad activa

Para facilitar el acceso a la información pública de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus entidades vinculadas o dependientes la Ley 12/2014 de Transparencia, en su artículo 34, dispuso la creación del portal de transparencia, configurándolo como un nuevo sitio web en el que se incluirá toda la información que debe ser objeto de publicidad obligatoria, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, sin perjuicio de que en el mismo se publiquen otras informaciones y servicios prestados por las entidades y organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, el Gobierno de Canarias, antes de la entrada en vigor de la Ley 12/2014, ya había creado su propio portal en materia de transparencia, que se mantuvo en funcionamiento durante todo el año 2015 hasta que fue sustituido por otro más funcional y adaptado a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

El nuevo portal de transparencia entró en funcionamiento el día 24 de febrero de 2016 y es accesible en la dirección de internet www.gobiernodecanarias.org/transparencia.

Para facilitar el acceso al Portal de transparencia, existe además un enlace destacado al mismo, a la derecha de la página principal o inicial de la web oficial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en www.gobiernodecanarias.org que vincula el tráfico entre ambas páginas web.

Además de los portales de trasparencia y web de la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades vinculadas o dependientes de la misma tienen sus propias páginas web, sedes electrónicas y portales de transparencia propios.

Al analizar la presencia digital de las 81 entidades que forman parte o son dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se comprueba que solo 15 han creado su sede electrónica propia; y que 72 de ellas disponen de página web (9 no) y, dentro de ellas, 27 cuentan con portales de transparencia y 54 no los han creado; es decir, no ofrecen su información pública estructurada según los bloque configurados en la Ley de Transparencia (LTAIP).

Ello no significa que todas estas entidades que no disponen de portal de transparencia estén incumpliendo necesariamente la Ley, que establece que la información relativa a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las entidades y organismos dependientes de aquella se hará pública en el portal de transparencia. Pero en el supuesto de que en el portal de transparencia del Gobierno no se pueda hallar esa información individualizada de cada una, sin perjuicio de que pudiera tener transparencia activa en su página web o su portal específico, se estaría produciendo una dificultad al acceso a la información pública. En este ejercicio no ha sido posible contrastar esta situación por falta de medios, pero se analizará con detalle en años posteriores.

La información que sobre las entidades autónomas o vinculadas se recoge en el portal del transparencia del Gobierno de Canarias es desigual (según las consejerías o departamentos de las que dependen) y en general mucho menor y más ambigua que la que aportan los departamentos. La información sobre las mismas dentro del portal de Transparencia del Gobierno de Canarias se circunscribe casi exclusivamente a dos aspectos:

La identificación de sus dirigentes y directivos:
https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/organizacion/informacion_organizativa/sociedades/

Y las retribuciones de los mismos:
https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/retribuciones/retribuciones_personal/retribuciones_organismoautonomos/

Los mayores lapsus y ausencias informativas de los organismos y entidades dependientes se producen en los ámbitos de información económico-financiera, contratación, planes y programas y contenidos estadísticos sobre su histórico de actividad.

Entre los organismos autónomos y entes dependientes del Gobierno es el Servicio Canario de Empleo (SCE) el que realiza un esfuerzo de transparencia activa más amplio, mientras el mayor organismo autónomo, el Servicio Canario de Salud (SCS), no tiene portal de transparencia ni informa sobre sus obligaciones de publicidad activa en su web y ha mantenido un largo oscurantismo respecto a datos de alto interés para la opinión pública como son las listas de espera.

En el próximo ejercicio, la publicidad activa de los organismos dependientes será sometida a la misma evaluación que la de los departamentos del Ejecutivo canario y computará en la valoración del conjunto de la Comunidad Autónoma; de forma que habrá de experimentar un notable avance para que no penalice o sea un lastre en la puntuación final obtenida por el Gobierno de Canarias.

Más adelante, dentro de este mismo bloque, en el apartado “Comprobación de los portales, sedes electrónicas y páginas web del sector público autonómico” se aportan más datos sobre el sector público dependiente del Gobierno de Canarias.

Los datos de las 81 entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias se reflejan en el cuadro siguiente:

La información que ofrece el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias se organiza siguiendo la estructura de Ley 12/2014 de transparencia, agrupando los datos en 16 tipos de información diferentes. Esta agrupación sigue la sistemática de dicha Ley y se corresponde con las rúbricas o títulos de los artículos 17 a 33 de dicha Ley, habiéndose refundido la información sobre concesión de servicios públicos (art. 30) con la de contratos (art. 28).

De los datos contenidos en las fichas remitidas el 10 de marzo de 2017 por Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia, se concluye que para acceder a la información que se publica por el Gobierno de Canarias de Canarias existen 390 URL, de las cuales 236 (el 60,51%) enlazan con el Portal de transparencia y 154 (el 39,49%) con la página web de la Comunidad Autónoma de Canarias, como se refleja en el cuadro siguiente, desglosado por tipo de información publicada y lugar de publicación.

Cuadro 18. Comunidad Autónoma de Canarias. Evolución de los enlaces de publicidad activa

Número enlaces	2015	2016
Portal de Transparencia	214	236
Página web o Sede Electrónica	73	154
Total enlaces	287	390

Por lo que se refiere al tipo de información publicada destaca, por un lado, la relativa a la organización de la Comunidad Autónoma, y por otro, la económico-financiera. De esta forma, la información organizativa (17,44%), económico financiera (13,85%) y de contratos (10,00%), suponen más de un tercio de toda la información que publica el Portal (el 41,28%); y si se suma la relativa al personal de libre nombramiento (9,74%), suponen más de la mitad de los enlaces de la información disponible (51,03%).

En el lado contrario, los tipos de información sobre ordenación del territorio, patrimonio, concesión de servicios públicos y estadística, no llegan en su conjunto al 5% de la información publicada (4,87%).

En comparación con el año anterior, en que no se publicaba ninguna información sobre la concesión de servicios públicos, este año ya se publica información de todos los tipos.

El mapa o índice detallado por tipo, categoría y subcategoría de la información a la que se puede acceder a través del portal de transparencia y la web de la Comunidad Autónoma de Canarias puede consultarse en la Tabla 7 del Anexo I a este informe.

Por lo que se refiere a la periodicidad con la que se actualiza la información del portal de transparencia, si bien no se informa de la misma de todos los ítems, si se puede obtener el siguiente cuadro:

Cuadro 20. Comunidad Autónoma de Canarias. Periodicidad de actualización de la información publicada

Periodicidad de actualización	Número de ítems
Anual	31
Otros	181
Semanal	1
Semestral	7
Trimestral	10
Total general	230

Del análisis de la información se concluye que la mayor parte de la información que publica la Administración de la Comunidad Autónoma (el 78,70%) se actualiza sin una periodicidad preestablecida, sin que exista un calendario previo de actualización para conocimiento de los ciudadanos impidiendo al Comisionado conocer si se cumple o no con la obligación de mantener actualizada la información que se publica.

En este sentido, conviene recordar el art. 34.3 de la Ley 12/2014, que remite a un desarrollo reglamentario por orden del titular del departamento competente en materia de información pública, la actualización de la información incluida en el portal de transparencia, orden que a fecha de hoy todavía no ha sido aprobada.

Analizada toda la información que ofrece el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde en este momento abordar qué tipo de información demandan los ciudadanos que acceden al portal.

A este respecto, en la Memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de transparencia elaborada por Gobierno de Canarias, así como en el cuestionario web remitido, se observa que las informaciones más consultadas por los ciudadanos en el portal de transparencia se refieren a altos cargos, organización, retribuciones, empleados públicos, instituciones, normativa y contratación.

La relación de las diez páginas más visitadas del portal de transparencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias es la que se refleja en el cuadro siguiente:

En el cuadro anterior se observa que el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias ha recibido en 2016 un total de 187.168 visitas de 20.781 ciudadanos, lo que significa un ratio del 0,99% de la población de Canarias en 2016, cifrada en 2.101.924 habitantes. Teniendo en cuenta que parte de las visitas son del exterior, se aprecia que menos de uno de cada cien canarios visita el portal; a pesar de que el conjunto del portal web del Ejecutivo canario (del que el portal de transparencia es una parte) se encuentra entre los veinte sitios webs más visitados por los ciudadanos que acceden a internet desde Canarias. Ni cuando se creó el portal en 2014 ni más adelante ha disfrutado de una mínima campaña de difusión (como también ha ocurrido en el caso del portal estatal y en la mayoría de los autonómicos). Y es de esperar que la partida presupuestaria contemplada en este ejercicio para la publicidad institucional de la transparencia en Canarias pueda ejecutarse. Porque es necesario incentivar su conocimiento de los portales y el del resto de las potencialidades de las normas de transparencia; así como incrementar su accesibilidad y usabilidad.

Las diez páginas del cuadro anterior suponen el 64,46% del tráfico de las visitas que recibe el portal de transparencia, casi dos tercios del total. Llama la atención que entre las diez páginas más visitadas ninguna lo sea de información económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, a pesar de la preocupación de la ciudadanía por la crisis que vivimos y los recortes presupuestarios; ni tampoco de contratos públicos, tan vinculados a los casos de corrupción política; si bien es cierto que la consulta de contratos aparece entre los quince primeros.
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b. Derecho de acceso a la información pública

Durante el año 2016, según la información recibida en las fichas de evaluación remitidas, se presentaron ante la administración pública del Gobierno de Canarias, organismos autónomos, entes públicos y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de la misma 170 solicitudes de acceso a la información pública frente a las 91 del año anterior. De éstas, 106 lo fueron ante las distintas consejerías de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (el 62,35% de las solicitudes) y 64 fueron dirigidas a organismos autónomos administrativos dependientes de la misma (el 37,65%).

La relación nominal de las preguntas fue requerida por el Comisionado, pero no le fue facilitada, a pesar de ser un documento de información pública al que tiene derecho de acceso cualquier ciudadano que lo solicite en base, precisamente, a la propia Ley de Transparencia. Y su publicación en los portales de transparencia constituye un ejercicio voluntario de buena práctica que llevan a cabo algunas administraciones.

El conocimiento de las preguntas que se realizan es necesario, además, para poder aplicar la norma legal que obliga a publicar en el portal de transparencia aquellas informaciones más demandadas.

Su número se refleja en el cuadro siguiente, desglosado por consejerías y organismos vinculados o dependientes:

 

Profundizando en el análisis de las solicitudes de información presentadas durante 2016 en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la mayoría de la información solicitada, 75 solicitudes (el 44,12%), se refiere al tipo de información “12. Contratos”, seguida de 32 solicitudes (el 18,82%) del tipo “7. Servicios y procedimientos”; siendo las solicitudes del resto de tipos de información muy inferiores en número.

Las consejerías de Canarias que más solicitudes de información pública registraron fueron las de Presidencia, Justicia e Igualdad, con 35 solicitudes (el 20,59%); seguida de Turismo, Cultura y Deportes, con 16 (9,41%); y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con 11 (el 6,47%). Por el contrario, la consejería que registró menor número de solicitudes de acceso a la información pública fue la de Obras Públicas y Transportes, con una única solicitud (el 0,59%).

En relación a los organismos autónomos administrativos, destacan con diferencia las 43 solicitudes del Servicio Canario de la Salud (25,29%), seguido de las 8 solicitudes presentadas ante el Servicio Canario de Empleo (SCE), que representa el 4,71% del total de solicitudes presentadas. En cambio, no tuvieron solicitudes de acceso a la información pública ni la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ni el Instituto Canario de Administración Pública ni el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Las sociedades mercantiles dependientes del Gobierno de Canarias tuvieron 4 solicitudes de acceso a la información pública (2,35%) y las entidades públicas empresariales 3 solicitudes (1,76%), mientras que los consorcios, fundaciones y demás entidades de derecho público no tuvieron solicitudes.

El resumen de las solicitudes según la naturaleza jurídica de las entidades públicas es el siguiente:

Cuadro 23. Solicitudes por la naturaleza jurídica del sujeto obligado

Sujetos obligados	Total de solicitudes
Departamentos (Consejerías)	106
Consorcios	0
Entidades Públicas Empresariales	3
Fundaciones	0
Organismos Autónomos	57
Sociedades mercantiles	4
Entidades de Derecho Público	0
Total general	170

Atendiendo al estado de tramitación de las solicitudes, se observa en el siguiente cuadro que de las 170 solicitudes presentadas a 31 de diciembre de 2016, ya se habían resuelto expresamente 155, esto es, el 91,18%%; quedando pendientes por resolver 15, el 8,82% de las presentadas.

 

En relación a esta información remitida por el Gobierno de Canarias, hay que indicar que, si bien en el apartado de solicitudes presentadas en la Consejería de Sanidad figuran solo 4 solicitudes; lo cierto es que al Comisionado de Transparencia le consta que se han presentado 11 reclamaciones por información no entregada, por lo que dicha cifra no puede ser correcta y evidencia la necesidad de contar con un sistema de registro mejor.

A pesar de que el año pasado se aprobó la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 16 de junio de 2016, por la que se regula la organización y funcionamiento del registro electrónico de solicitudes de acceso a la información pública (BOC 121, de 24.6.2016) , lo cierto es que no se ha logrado un buen sistema de gestión todavía; y ni siquiera se ha facilitado la relación completa de las preguntas realizadas por los ciudadanos; siendo así que existen casos de buenas prácticas en los que algunas comunidades hacen públicas, incluso y previamente anonimizadas, las respuestas completas.

De las 155 resoluciones emitidas por el Gobierno de Canarias respondiendo a los ciudadanos, en 143 (que representan el 92,26% de las solicitudes resueltas) se concedió acceso a la información pública (136 con acceso total y siete con acceso parcial); mientras que en 5 resoluciones se denegó el acceso (el 3,23%%). Finalmente, en otras cinco resoluciones se acordó la inadmisión de las solicitudes (el 3,23%), y en otras dos se acordó su archivo por desistimiento del interesado (el 1,29%).

En cuanto a los motivos para inadmitir las cinco solicitudes de acceso a la información pública, estos fueron los siguientes:

Por lo que se refiere a los motivos para la desestimación de las cinco solicitudes de acceso a la información, estos fueron los siguientes:

Por último, en cuanto a las causas para no resolver en plazo las solicitudes de acceso y entenderse desestimadas por silencio administrativo, la causa en todos los casos fue la inactividad de la administración, según el detalle del siguiente cuadro:

Y por último, otras dos solicitudes fueron archivadas por desistimiento del solicitante, según el siguiente detalle:

II. Cabildos insulares

a. Publicidad activa

Mientras que la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (LTIP) establece para la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la obligación de crear un portal de transparencia donde publicar la información sujeta a publicidad, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, dispone en su artículo 99 que la misma se hará pública preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web.

No obstante, de los siete cabildos insulares, seis disponen de portal de transparencia y solo El Hierro no cuenta con el mismo. En 2015 solo cuatro cabildos contaban con portal de transparencia, siendo su evolución la que refleja en el siguiente cuadro:

La información que se publica en estos seis portales no está agrupada conforme a las rúbricas o títulos de la Ley 12/2014 de transparencia (LTIP), o de la citada Ley 8/2015 de cabildos, que sigue una estructura similar a aquella en cuanto a la información a publicar. Es más, solo el Portal de Cabildo de Gran Canaria hace referencia a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y a la Ley 8/2015, de 8 de abril, de cabildos insulares. Los demás portales solo hacen referencia a la legislación estatal, en lo que es un claro error por omisión que han de subsanar.

Las páginas iniciales o principales de los portales de transparencia son las que se insertan a continuación:

Para favorecer los accesos a sus portales de transparencia los seis cabildos tienen en sus páginas iniciales o principales de la web oficial un enlace que vincula esta página con el portal de transparencia. Y, a mayor abundamiento, los cabildos de La Palma y de Tenerife tienen, además, en la página inicial de sus respectivas sedes electrónicas enlaces con sus portales de transparencia.

Por tanto, la situación de los portales de transparencia de los cabildos insulares es la que se refleja en el siguiente cuadro:

 

Por otro lado, las entidades vinculadas o dependientes de los cabildos de Tenerife (43) y Gran Canaria (22) tienen sus propias páginas web, sedes electrónicas y portales de transparencia.
Por lo tanto, la situación de las páginas de las entidades dependientes estos cabildos es la que se refleja en el cuadro siguiente:

 

De la información recibida en las fichas de evaluación se constata que los cabildos insulares disponen de 1.007 enlaces a la información que publican, frente a los 449 enlaces del año anterior. De estos enlaces, 806 enlaces apuntan a los portales de transparencia (el 80,04%) y solo 201 a las páginas web o sedes electrónicas (el 19,96%). Como se puede observar en el cuadro siguiente, casi toda la información publicada ya se enlaza fundamentalmente a los portales de transparencia; y, en menor medida, a las webs oficiales. En cuanto a la evolución de los enlaces, se refleja el siguiente cuadro:

Cuadro 32. Cabildos Insulares. Evolución del número de enlaces de publicidad activa

Número enlaces	2015	2016
Portal de Transparencia	377	806
Página web o Sede Electrónica	72	201
Total enlaces	449	1.007
Nº Cabildos que respondieron	3	7
Media de enlaces total	149,67	143,88

Al igual que sucedía con el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la mayoría de la información que publican los cabildos se refiere, por un lado, al tipo organizativa y personal de libre nombramiento, y por otro, a la información de contratos y económico-financiera, como se refleja en el cuadro siguiente. Si nos atenemos al número medio de enlaces por cabildo, no ha existido un enriquecimiento o mejora de la información entre los años 2015 y 2016.

 

En este cuadro se observa que el tipo de información que supone el mayor número de enlaces es la relativa al tipo “2. Organizativa”, con 141 enlaces (14,00%). Le sigue a continuación la información de tipo “12. Contratos” con 129 enlaces (12,81%), en tercer lugar la información “3. Personal de libre nombramiento” con 108 enlaces (10,72%) para en cuarto lugar publicar la información “8. Económico-financiera” con 99 enlaces (9,83%), que suponen casi la mitad de la información que publican los cabildos insulares.

Por el contrario, los tipos de información que tienen menor número de enlaces en los portales de los cabildos son el “14. Concesión de servicios públicos” con 10 enlaces (0,99%) y “16. Ordenación del territorio” con 15 enlaces (1,49%).

Por lo que se refiere a las páginas más visitadas de los portales de transparencia de los cabildos insulares, solo respondieron los cabildos de La Palma y Tenerife, siendo sus contestaciones las siguientes:

Se constata de nuevo que el interés de los visitantes a los portales de transparencia de los cabildos se decanta por la información institucional y organizativa, contratos y empleo; y además, en el Cabildo de Tenerife, la información económico-financiera.

b. Derecho de acceso a la información pública

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública se dispone de información de los siete cabildos insulares, al haber contestado todos los cabildos al Comisionado de Transparencia.

Así, durante 2016 se presentaron en los siete cabildos un total de 89 solicitudes de acceso a la información pública frente a las 15 presentadas en el año anterior. Es decir, el número de solicitudes se multiplicó por seis. De ellas, el Cabildo de Tenerife fue el que mayor número de solicitudes recibió, con 49 (55,06% del total); seguido por el Cabildo de Gran Canaria, con 23 (25,84%) y por el de Lanzarote con 12 (13,48%), cerrando el cómputo el Cabildo de Fuerteventura con 5 (5,62%). Por su parte, los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro no recibieron solicitud alguna.

El resumen de las solicitudes de acceso se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro 36. Cabildos Insulares. Número de solicitudes de acceso a la información pública

Cabildo	Número de solicitudes	% sobre total
El Hierro	0	0%
Fuerteventura	5	5,62%
Gran Canaria	23	25,84%
La Gomera	0	0%
La Palma	0	0%
Lanzarote	12	13,48%
Tenerife	49	55,06%
Total general	89	100%

En relación a esta información remitida por los cabildos Insulares, hay que indicar que si bien en el apartado de solicitudes presentadas en los Cabildos de El Hierro y La Gomera figuran cero solicitudes presentadas, al Comisionado de Transparencia le constan que nos han presentado una reclamación por denegación de información del Cabildo de El Hierro y 16 reclamaciones en el Cabildo de la Gomera, por lo que dichas cifras no pueden ser correctas.

Atendiendo al tipo de información solicitada a los cabildos insulares, la distribución de las solicitudes ha sido la que se refleja en el cuadro siguiente.

 

En el cuadro anterior se observa que entre los tipos de información más demandados destacan sobremanera las 32 solicitudes relativas al tipo de información “12. Contratos”, con más de un tercio de las solicitudes presentadas (35,96%) y a mucha distancia le siguen, “07. Servicios y procedimientos” y “99. Otra información” (aquellas que no se puede clasificar de la 1 a la 17) con 12 solicitudes por cada tipo de información (13,48% cada una), y la “08. Económico-financiera” con 9 solicitudes (10,11%). Por consiguiente, estos cuatro tipos de información acaparan el 73,03% de las solicitudes de información pública presentadas en los cabildos insulares.

Por el contrario, no se presentó ante los cabildos ninguna solicitud sobre, “3. Personal de libre nombramiento”, “6. Normativa”, “14. Concesión de servicios públicos”, “16. Ordenación del territorio” y “17. Estadística”.

Atendiendo al estado de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, de las 89 solicitudes presentadas durante el año 2016, a 31 de diciembre se habían resuelto expresamente 75, mientras que 9 se encontraban desestimadas por silencio administrativo y cinco se encontraban en plazo para resolver, por lo que a 31 de diciembre los cabildos tenían pendientes de resolución 14 solicitudes.

Cuadro 38. Cabildos Insulares. Solicitudes, tramitadas y pendientes

Cabildo	Solicitudes	Resueltas + silencio administrativo	Pendientes
Fuerteventura	5	4	1
Gran Canaria	23	19	9
Lanzarote	12	12	0
Tenerife	49	49	4
Total general	89	84	14

De las 75 resoluciones adoptadas, en una no se admitió la solicitud a trámite y en las 74 restantes se concedió el acceso total a la información solicitada; esto es, en el 98,66% de las solicitudes resueltas, si bien solo representan el 83,15% de las presentadas. El resumen de las solicitudes por su estado de tramitación es el que se refleja en el cuadro siguiente:

Respecto a las causas de inadmisión de la única solicitud que no fue admitida a trámite por el Cabildo de Tenerife, se motivó en que afectaba a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse. El detalle de las posibles causas de inadmisión que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro:

Respecto a las nueve solicitudes a las que se denegó el acceso, equivalentes al 10,11% del total de solicitudes presentadas, todas lo fueron por silencio administrativo, al haber trascurrido el plazo máximo de un mes para finalizar el procedimiento sin que se hubiese adoptado resolución alguna por inactividad de la administración, correspondiendo cinco al Cabildo de Gran Canaria y cuatro al de Tenerife.

El detalle de las posibles causas de denegación de las solicitudes de acceso a información pública que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro:

 

III. Ayuntamientos

a. Publicidad activa

Mientras que la Ley canaria 12/2014 de transparencia y de acceso a la información pública establece para la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la obligación de crear un portal de transparencia donde publicar la información sujeta a publicidad, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias dispone en su artículo 24 que la misma se hará pública preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web.

No obstante, de los 88 ayuntamientos existentes en Canarias, 81 disponen de un portal de transparencia en 2016 para publicar la información a la que están obligados, frente a los 70 del año 2015. Quedan por tanto, a fecha de este informe, 7 ayuntamientos pendientes de construir y publicar la información que obliga la LTAIP en sus portales de transparencia frente a los 18 ayuntamientos que no tenían portal el año pasado. En términos porcentuales, el 92,05% de los ayuntamientos canarios disponen en 2016 de un portal de transparencia frente al 79,54% en el año 2015, mientras que solo el 7,95% % no dispone del mismo.

Los nuevos ayuntamientos que cuentan de portal de transparencia son: Arona, Arucas, Barlovento, Breña Baja, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos, Pájara, Puntagorda, El Rosario, El Tanque, Santa Lucía y Vega de San Mateo. Por el contrario, el Ayuntamiento de Antigua tenía portal de transparencia en el informe de 2015 y no tiene Portal en 2016.
A su vez, de los 81 ayuntamientos que cuentan con portal de transparencia, 37 publican la información conforme a la sistemática de la Ley 12/2014 de transparencia, agrupando la información siguiendo las rúbricas o títulos de la misma; mientras que los 44 ayuntamientos restantes, aun teniendo portal de transparencia, no lo han adaptado y publican la información sin seguir las rúbricas o títulos de la Ley 12/2014 de transparencia.

Para favorecer los accesos a sus portales de transparencia, 48 ayuntamientos cuentan en la página inicial o principal de la web oficial del ayuntamiento con un enlace, banner o vínculo que relaciona esta web con su respectivo portal de transparencia. Y a mayor abundamiento, 62 ayuntamientos tienen, además, en la página inicial o principal de sus respectivas sedes electrónicas enlaces con los portales de transparencia.

Por tanto, la situación de los portales de transparencia de los ayuntamientos es la que se refleja en el cuadro siguiente:

 

En el informe de este año se ha efectuado un análisis distinto de los portales de transparencia de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los de menos de dicha cifra, dada la diferencia de medios tecnológicos y personales de ambos tipos de municipios y la posible asistencia que estos últimos pudieran recibir de su cabildo Insular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias.

Sin embargo, a veces el tamaño no ha sido óbice para realizar un buen ejercicio de transparencia activa en los portales de transparencia. Especialmente destacables son los resultados de ayuntamientos como Fasnia, Frontera, Güímar, Arico y El Sauzal, que son los que más destacan en el grupo de los municipios de menos de 20.000 habitantes; si bien hay que precisar que se les ha evaluado con menores requisitos de detalle que a los mayores, por lo que sus resultados no se pueden comparar con los alcanzados por los 27 mayores de 20.000 habitantes.

i. Municipios de más de 20.000 habitantes

De la información recibida en las fichas de evaluación de estos ayuntamientos se constata que existen 1.649 enlaces en los portales de transparencia (el 51,52%) y 1.552 enlaces en las páginas web o sedes electrónicas (el restante 48,48 %) a la información publicada; lo que hace un total de 3.201 enlaces de publicidad activa entre ambos, frente a los 1.044 enlaces recibidos en 2015.

Si atendemos a la evolución del número de enlaces, en el año 2015 había una media de 130,5 enlaces de publicidad activa por ayuntamiento, mientras que en 2016, la media es de 139,17. No se ha producido enriquecimiento notable de la información aportada el año anterior, tal como sea comentado en el caso de los cabildos. Este hecho se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 43. Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Evolución del número de enlaces de publicidad activa

Número enlaces	2015	2016
Portal de Transparencia	450	1649
Página web o Sede Electrónica	594	1552
Total enlaces	1.044	3.201
Nº Ayuntamientos que respondieron	8	23
Media de enlaces total	130,5	139,17

En cuanto al número de enlaces respondidos al Comisionado por cada ayuntamiento este año 2016, la información queda reflejada en el cuadro siguiente:

En el cuadro anterior se puede observar, por un lado, que algunos ayuntamientos solo tienen enlaces al portal de transparencia, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, Candelaria o Ingenio, mientras que otros prácticamente duplican la publicidad tanto en la web oficial del ayuntamiento como en su portal de transparencia, como es el caso de Arona, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y Teguise.

Por otra parte, se puede observar que los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, Telde, La Orotava, Adeje y Guía de Isora publican la información en la web del ayuntamiento y/o en la sede electrónica y no el portal de transparencia.

Al igual que sucedía con el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y los de los cabildos insulares, la mayoría de la información que publican los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se refiere, por un lado, al tipo organizativa (17,15%), contratos (12,12%), económico financiera (12,03%) e institucional (11,22%) como se puede observar en el siguiente cuadro:

 

ii. Municipios de menos de 20.000 habitantes

De la información recibida en las fichas de evaluación de estos ayuntamientos se constata que existen 3.189 enlaces en los Portales de Transparencia (el 65,21%) y 1.701 en las páginas web o sedes electrónicas (el restante 34,79%) a la información publicada, lo que hace un total de 4.890 enlaces de publicidad activa entre ambos, frente a los 1.149 enlaces recibidos en 2015.

Si atendemos a la evolución del número de enlaces, en el año 2015 había una media de 60,47 enlaces de publicidad activa por ayuntamiento, mientras que en 2016, la media es de 122,25.
Esta evolución evidencia que la transparencia activa ha mejorado más este año en los ayuntamientos pequeños, que en 2015 presentaban peores ratios. Las cifras se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 46. Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Evolución del número de enlaces de publicidad activa

Número enlaces	2015	2016
Portal de Transparencia	672	3.189
Página web o Sede Electrónica	477	1.701
Total enlaces	1.149	4.890
Nº Ayuntamientos que respondieron	19	40
Media de enlaces total	60,47	122,25

En cuanto al número de enlaces respondidos al Comisionado por cada ayuntamiento este año 2016, la información queda reflejada en el cuadro siguiente:

En el cuadro anterior se puede observar, por un lado, que algunos ayuntamientos solo tienen enlaces al portal de transparencia, como es el caso de Frontera, El Tanque, Vallehermoso, Valleseco, Yaiza, Haría y Arafo, mientras que otros prácticamente duplican la publicidad tanto en la página web del Ayuntamiento como en su portal de transparencia, como es el caso de Valle Gran Rey, San Bartolomé, San Miguel de Abona, La Guancha y Güímar.

Por otra parte, se puede observar que los ayuntamientos de El Sauzal, San Sebastián de La Gomera, Santa Úrsula, Tejeda, Valsequillo, Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, La Matanza, El Pinar, Hermigua, La Aldea de San Nicolás y Agulo publican la información en la web del ayuntamiento y/o en la sede electrónica y no el portal de transparencia.

Al igual que sucedía con el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, la mayoría de la información que publican los ayuntamientos se refiere, por un lado, al tipo organizativa (14,01%), contratos (13,46%), económico financiera (11,96%) e institucional (10,18%) como se puede observar en el siguiente cuadro:

 

b. Derecho de acceso a la información

i. Municipios de más de 20.000 habitantes

Durante el año 2016 se presentaron en los ayuntamientos canarios de más de 20.000 habitantes 573 solicitudes de acceso a la información pública, como se recoge en el cuadro siguiente. De ellas, 300 solicitudes se presentaron en el ayuntamiento de Arona (52,36% del total) y 138 en Ingenio (el 24,08%). Les sigue, con diferencia, el ayuntamiento de Arucas, que tuvo 66 solicitudes (11,52%).

El detalle de las solicitudes de acceso por ayuntamiento es el que se refleja en el siguiente cuadro:

Además de las solicitudes del cuadro anterior informadas por los propios Ayuntamientos, al Comisionado le constan las siguientes incidencias:

• El Ayuntamiento de Adeje tuvo 2 reclamaciones ante el Comisionado.
• El Ayuntamiento de Icod de los Vinos tuvo 2 reclamaciones
• El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo 6 reclamaciones
• El Ayuntamiento de Teguise tuvo 1 reclamación.
• El Ayuntamiento de Tías tuvo 1 reclamación.

Por todo ello, las cifras del cuadro anterior relacionadas con estos ayuntamientos no pueden ser correctas.

Por otro lado, al Comisionado le constan 5 reclamaciones al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el cual no respondió a los requerimientos durante el año 2016.

Atendiendo al tipo de información solicitada, se puede observar en el siguiente cuadro que 300 solicitudes (52,36% del total) fueron del tipo “16. Ordenación del territorio” y 172 (30,02%) fueron del tipo “99. Otra información”. El tercer tipo de información que más solicitudes de acceso ha recibido es el “7. Servicios y procedimientos” con 67 solicitudes (11,69%).

En cambio, no hubo solicitud alguna del tipo de información “2. Organizativa”, “3. Personal de libre nombramiento”, “5. Retribuciones”, “6. Normativa”, “9. Patrimonio”, “10. Planificación y programación”, “11. Obras públicas”, “13. Convenios y encomiendas de gestión” y “15. Ayudas y subvenciones”.

No obstante, al Comisionado de Transparencia le consta la realización durante 2016 de un trabajo de fin de grado en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Sección de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna, titulado Medidas de mejora de la Transparencia en Canarias. Visualización a través de Mapas Web cuyo autor, D. Javier Pestano Ron formuló una serie de solicitudes de derecho de acceso, al amparo de la Ley 12/2014, a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife y sin embargo, los ayuntamientos de Candelaria, Icod de los Vinos y La Orotava han respondido al Comisionado que no tuvieron ninguna solicitud de acceso a la información pública.

Las preguntas fueron:

1º.- Número de empleados públicos al día de la fecha que tienen la condición de personal Funcionario que prestan servicios en esa Administración, así como en las entidades vinculadas a la misma, distinguiendo aquellos que son funcionarios de carrera y aquellos que son interinos. Igualmente, dentro de cada tipo, el grupo al que corresponden.

2º.- Número de empleados públicos al día de la fecha que tienen la condición de personal eventual que prestan servicios en esa Administración.

3º.- Número de empleados públicos al día de la fecha que tienen la condición de personal laboral de esa Administración, distinguiendo aquellos que tienen un contrato fijo, indefinido o temporal.

Si atendemos al estado de tramitación de las solicitudes, en los cuadros siguientes se observa que 544 solicitudes de acceso a la información fueron resueltas expresamente, existiendo 28 solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2016, de las cuales cuatro se encontraban dentro del plazo de resolución y 24 se entendían desestimadas por silencio administrativo, al haber transcurrido dicho plazo. A la hora de analizarlos se ha de tener en cuenta que los ayuntamientos han respondido con diferentes criterios al calificar lo que es una solicitud de información afectada por la normativa de transparencia. Es por ello que Arona e Ingenio tienen un alto número de solicitudes, al haber incluido peticiones de carácter urbanístico que históricamente las administraciones municipales no tramitaban por esta vía. En el próximo año procuraremos clarificar mejor esta cuestión.

Cuadro 51. Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Solicitudes, tramitadas y pendientes.

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes	Solicitudes	Resueltas + silencio administrativo	Pendientes
Adeje	1	0	1
Arona	300	297	4
Arucas	66	66	0
Guía de Isora	1	1	0
Ingenio	138	138	0
Mogán	26	26	8
Palmas de Gran Canaria, Las	13	13	13
Puerto de la Cruz	23	23	0
Realejos, Los	1	1	0
San Cristóbal de La Laguna	3	3	2
Santa Cruz de Tenerife	1	1	0
Total general	573	569	28

De las 544 resoluciones adoptadas, en 465 se concedió el acceso a la información solicitada (se ha de tener en cuenta la distorsión a la que se alude en el párrafo anterior). El resumen de las solicitudes por su estado de tramitación es el que se refleja en el cuadro siguiente:

Respecto a las 25 solicitudes que no fueron admitidas a trámite, la causa principal fue el carácter repetitivo o abusivo de las mismas, circunscritas al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. El detalle de las posibles causas de inadmisión que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro:

El siguiente cuadro recoge las resoluciones concediendo el acceso a la información solicitada, desglosando si el mismo fue total o parcial:

Cuadro 54. Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Accesos concedidos

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes	Acceso total	Acceso parcial	Total general
Adeje	0	0	0
Arona	238	2	240
Arucas	66	0	66
Guía de Isora	0	0	0
Ingenio	138	0	138
Mogán	17	1	18
Palmas de Gran Canaria, Las	0	0	0
Puerto de la Cruz	0	0	0
Realejos, Los	1	0	1
San Cristóbal de La Laguna	1	0	1
Santa Cruz de Tenerife	0	1	1
Total general	461	4	465

Respecto a las 25 solicitudes en las que se denegó el acceso, 24 lo fueron por silencio administrativo, al haber trascurrido el plazo máximo de un mes para finalizar el procedimiento sin que se hubiese adoptado resolución alguna por inactividad de la administración; y solamente una por resolución expresa, en aplicación del límite de secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, correspondiente al ayuntamiento de Arona. Es de hacer notar que, cuando la denegación se produce por la vía del silencio administrativo se evita tener que aportar una justificación y, de alguna manera, se produce una doble omisión ante las expectativas del ciudadano.

El detalle de las posibles causas de denegación de las solicitudes de acceso a información pública que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro:

 

En este cuadro se observa que Las Palmas de Gran Canaria tenía a 31 de diciembre de 2016 pendiente de resolver, fuera de plazo, el 100% de sus trece solicitudes de derecho de acceso que le habían presentado los ciudadanos; La Laguna tenía 2 pendientes, dos tercios de las tres presentadas; y Mogán, una de las tres presentadas; y Arona apenas 0,3%, entendiéndose todas ellas desestimadas por silencio administrativo.

Es procedente destacar en este punto que, frente a la deficiente atención que el conjunto de las áreas departamentales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han prestado a las trece solicitudes de información que recibieron en 2016, el área que gestiona la publicidad activa (portal de transparencia) ha sido una de las que más ha avanzado en Canarias en 2016; y no solo por replantear completamente el portal, con criterios de usabilidad más avanzados, sino por publicar en abierto las propias preguntas a las que no responden los departamentos o empresas dependientes de la corporación. También logró la aprobación en febrero de la ordenanza de transparencia más ambiciosa de las que existen en Canarias y un buen procedimiento interno de gestión de las solicitudes.

Pero la justa correspondencia a estos avances ha de ser la respuesta efectiva a las preguntas de los ciudadanos. La nueva ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede descargarse aquí.

ii. Municipios de menos de 20.000 habitantes

Durante el año 2016 se presentaron en los ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes 58 solicitudes de acceso a la información pública como se recoge en el cuadro siguiente.

Cuadro 56. Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Número de solicitudes de acceso a la información pública

Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes	Solicitudes	% sobre total
Agulo	0	0,00%
Alajeró	0	0,00%
Aldea de San Nicolás, La	0	0,00%
Arafo	12	20,69%
Arico	13	22,41%
Breña Alta	0	0,00%
Buenavista del Norte	0	0,00%
Fasnia	1	1,72%
Firgas	0	0,00%
Frontera	5	8,62%
Guancha, La	0	0,00%
Güímar	0	0,00%
Haría	0	0,00%
Hermigua	0	0,00%
Matanza de Acentejo, La	20	34,48%
Moya	0	0,00%
Pinar de El Hierro, El	0	0,00%
Rosario, El	3	5,17%
San Andrés y Sauces	0	0,00%
San Bartolomé	0	0,00%
San Juan de la Rambla	0	0,00%
San Miguel de Abona	0	0,00%
San Sebastián de la Gomera	0	0,00%
Santa María de Guía	0	0,00%
Santa Úrsula	0	0,00%
Santiago del Teide	1	1,72%
Sauzal, El	0	0,00%
Tanque, El	0	0,00%
Tegueste	0	0,00%
Tejeda	0	0,00%
Teror	3	5,17%
Tuineje	0	0,00%
Valle Gran Rey	0	0,00%
Vallehermoso	0	0,00%
Valleseco	0	0,00%
Valsequillo	0	0,00%
Valverde	0	0,00%
Vega de San Mateo	0	0,00%
Villa de Mazo	0	0,00%
Yaiza	0	0,00%
Total general	58	100%

En cuanto a las reclamaciones de este año 2016, al Comisionado le consta una reclamación al ayuntamiento de Santa Úrsula, que ha respondido que no tuvo ninguna solicitud de información. Por lo tanto, esta cifra no puede ser correcta.

Como se observa en el cuadro anterior, destaca el ayuntamiento de La Matanza con 20 solicitudes (34,48% del total), seguido de Arico y Arafo, con 13 y 12 solicitudes respectivamente, y a mayor distancia, Frontera (5), El Rosario (3) y Teror (3). Por su parte, Fasnia y Santiago del Teide solo tuvieron una solicitud. El resto de ayuntamientos han respondido en sus fichas de evaluación que no tuvieron solicitudes de acceso a la información pública.

No obstante, al Comisionado de Transparencia le consta la realización durante 2016 de un trabajo de fin de grado en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Sección de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna, titulado “Medidas de mejora de la Transparencia en Canarias. Visualización a través de Mapas Web” cuyo autor, D. Javier Pestano Ron formuló una serie de solicitudes de derecho de acceso a todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife y sin embargo, los ayuntamientos de Buenavista del Norte, La Guancha, Güímar, San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, El Sauzal, El Tanque y Tegueste han respondido al Comisionado que no tuvieron ninguna solicitud de acceso a la información pública. Ya se han referido en el bloque anterior la relación de las tres preguntas realizadas a todos los ayuntamientos. Tanto estos datos como los contactos mantenidos con los ayuntamientos a través de la FECAM han evidenciado la ausencia de procedimientos o protocolos internos que permitan derivar correctamente las preguntas desde el registro al área o persona encargada de la transparencia; que a su vez ha de remitirlo al área donde la información esté disponible y controlar si los datos se deniegan o si se envían al solicitante; manteniendo una sencilla base de datos actualizada; para que sea posible la realización del informe anual que la Ley exige cada año. A esos efectos, el próximo año el Comisionado solicitará la relación nominal de todas las preguntas.

Atendiendo al tipo de información solicitada, se puede observar en el cuadro y gráficos siguientes que 17 solicitudes (29,31% del total) fueron del tipo “11. Obras Públicas”, 8 del tipo “8. Económico-financiera”, 7 del tipo “16. Ordenación del territorio” y 6 del tipo “12. Contratos”, lo que supone casi dos tercios del total de las solicitudes (65,52% del total).

 

En cambio, no hubo solicitud alguna del tipo de información “3. Personal de libre nombramiento”, “5. Retribuciones”, “6. Normativa”, “9. Patrimonio”, “10. Planificación y programación”, “17. Estadísticas” y “99. Otra información”.

Si atendemos al estado de tramitación de las solicitudes, en los cuadros siguientes se observa que 42 solicitudes de acceso a la información fueron resueltas expresamente, existiendo 16 solicitudes pendientes de resolver a 31 de diciembre de 2016, de las cuales 15 se encontraban dentro del plazo de resolución y una se entendía desestimadas por silencio administrativo, al haber transcurrido dicho plazo.

De las 42 resoluciones adoptadas, en 37 se concedió el acceso a la información solicitada, esto es, en el 88,10% de las solicitudes resueltas, si bien solo representan el 63,79% de las presentadas. El resumen de las solicitudes por su estado de tramitación es el que se refleja en el cuadro siguiente:

Respecto a las tres solicitudes que no fueron admitidas a trámite por el Ayuntamiento de Arico, las causas fueron el carácter repetitivo o abusivo de las mismas en dos solicitudes y la información de carácter auxiliar o de apoyo solicitada. El detalle de las posibles causas de inadmisión que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro:

El siguiente cuadro recoge las resoluciones concediendo el acceso a la información solicitada, desglosando si el mismo fue total o parcial:

Cuadro 61. Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Accesos concedidos

Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes	Acceso total	Acceso parcial	Total general
Arafo	12	0	12
Arico	2	0	2
Fasnia	1	0	1
Frontera	4	0	4
Matanza de Acentejo, La	13	0	13
Rosario, El	0	2	2
Santiago del Teide	1	0	1
Teror	2	0	2
Total general	35	2	37

Respecto a las dos solicitudes en las que se denegó el acceso, equivalentes al 3,45% del total de solicitudes presentadas, una lo fue por silencio administrativo, al haber trascurrido el plazo máximo de un mes para finalizar el procedimiento sin que se hubiese adoptado resolución alguna, y la otra por resolución expresa, en aplicación del límite de datos de carácter personal, correspondiente al ayuntamiento de Arico.

El detalle de las posibles causas de denegación de las solicitudes de acceso al a información pública que contempla la Ley 12/2014 es el reflejado en el siguiente cuadro, que, a pesar de su escasa aportación de datos decidimos mantener en el informe –como en otras ocasiones– para que en años sucesivos se pueda disponer de secuencias estadísticas comparativas.

IV. Comprobación de los portales, sedes electrónicas y páginas web del sector público autonómico

La comprobación de la publicación de la información en los portales de transparencia, sedes electrónicas y páginas web de las entidades vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha realizado teniendo en cuenta únicamente los tipos de información de la LTAIP en los que este tipo de entidades tiene habitualmente competencias. Es decir, se han empleado parámetros parecidos (no exactamente los mismos) que los aplicados a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, por falta de medios para profundizar en el análisis. Ello significa que solo se ha comprobado si existía algún tipo de contenido (sin diferenciar si era completo o parcial) en doce de los dieciséis “tipos de información” que venimos analizando para el conjunto de las instituciones públicas (Gobierno, cabildos y ayuntamientos).

No se han analizado los ítems “ordenación del territorio”, “ayudas y subvenciones”, “concesión de servicios públicos” y “obras públicas” porque este tipo de actividades no son desarrolladas por ninguna empresa y por menos del 10% del resto de los entes, aunque los dos principales organismos autónomos (Servicio Canario de Empleo y Servicio Canario de Salud) si tienen líneas de ayudas y subvenciones.

A efecto de posteriores evaluaciones, se indica que en la siguiente recogida de información, en los próximos meses de diciembre y enero, se evaluará a todos los organismos autónomos y entidades empresariales de derecho público autonómico con los mismos criterios y profundidad que a las consejerías del Gobierno de Canarias; en la medida en que constituyen prolongaciones de las capacidad operativa del Ejecutivo canario. Y se aplicará ese mismo nivel de evaluación a las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios con presupuestos superiores al medio millón de euros. Se emplearán esos mismos criterios con el sector público vinculado a los cabildos insulares y a los ayuntamientos canarios de ciudades de más de 100.000 habitantes.

Los resultados evidencian que solo un tercio de las 78 entidades vinculadas o dependientes del Gobierno de Canarias ofrecen información en al menos la mitad de los “tipos de información” y no siempre completa. Ello no quiere decir que solo sean las entidades de ese tercio las únicas que están trabajando bien; porque algunos de los que están por debajo de ese nivel ofrecen buena información en dos ítems importantes como son “planificación y programación” y “contratos” y, aun no reflejando puntuación en más de la mitad de las casillas, allí donde la ofrecen es buena y afecta a temáticas sensibles.

De todas ellas, destacan dos organismos autónomos: Servicio Canario de Empleo (SCE), Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Los dos obtienen los resultados más positivos. Sin duda, reflejo de un mayor esfuerzo en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, que es justo reconocer y estimular.

El más relevante de los organismos autónomos es el Servicio Canario de Salud; y no solo porque consumirá una cantidad superior a los 2.700 millones de euros en al año 2017, más de un tercio de todo el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias; sino por su decisiva influencia en la vida y bienestar de todos los residentes y visitantes. Ningún otro servicio es tan transversal y universal entre la ciudadanía; y el interés público sobre el conocimiento de su actividad es muy elevado.

Por ello causó justificada sorpresa y rechazo social el hecho de que se interrumpiera desde el pasado mes de enero la actualización mensual de sus estadísticas sobre las listas de espera sanitarias, uno los indicadores esenciales de rendición de cuentas de todo el sector público canario. Es decir, se produjo todo un retroceso en la transparencia de este indicador, que se ha convertido en una de las referencias fundamentales para medir la eficiencia del sector público. Se ha anunciado que en breve (en los próximos días o semanas) volverán a actualizarse con la misma periodicidad; lo que es absolutamente imprescindible para que se pueda verificar de forma permanente uno de los más reiterados objetivos anunciados en esta legislatura: la reducción de las listas de espera sanitarias. Por otra parte, sería deseable alcanzar criterios comunes de presentación de estos datos en todas las comunidades autónomas, porque si no se pueden comparar unas con otras con exactitud, no resultan todo lo útiles e interesantes que debieran.

Entre los que menos información aportan en sus webs o portales de transparencia hay que citar a los que, según se puede apreciar en el cuadro 17 de este informe, no tienen ni página web, ni sede, ni portal; en muchos casos por ser entidades o empresas ya inoperativas pero que mantienen su personalidad jurídica todavía en activo. Pero también a otras que, siendo relevantes, ofrecen poca información sobre sí mismas en sus páginas webs; no incluyen los contenidos que determina la Ley de Transparencia de Canarias (LTAIP). Es el caso del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, l Fundación Canaria de Acción Exterior, PROMOTUR, Museo Elder, Consorcio de la Zona Franca de Tenerife, Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, VISOCAN o GESPLAN.

Por lo tanto, es evidente que queda mucho trabajo por delante en materia de transparencia en el ámbito del sector público autonómico; que precisa estar más coordinado desde los servicios centrales de información pública de cada consejería.

V. Comprobación de los portales de transparencia de las universidades públicas canarias

Para analizar a las universidades públicas canarias, los servicios del Comisionado han elaborado un cuestionario Excel basado en el “Libro blanco sobre gestión de oficinas de transparencia” de María Pilar Cousido , cuyo contenido puede verse en la Tabla 8 del Anexo I. La metodología utilizada para la evaluación de este cuestionario se explica en la Componente 3: comprobación de los portales de transparencia (CPT) del cálculo del índice de transparencia de Canarias visto en el capítulo anterior.

Cabe destacar que para este análisis no se requirió información alguna a las universidades, sino que se ha tenido en cuenta la información publicada en sus portales de transparencia y en sus webs corporativas por la Universidad de La Laguna (ULL) y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El resultado de la comprobación de los portales de transparencia es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Teniendo en cuenta que cada tipo de información puede tener un máximo de 11,11%, se observa en el cuadro anterior que solo se publica íntegramente el tipo de información “1. Información general”. En el resto de los apartados el nivel de información en la mayoría de los casos es muy insuficiente. Las universidades canarias han de hacer un esfuerzo en publicar la información a la que vienen obligadas; y más siendo instituciones de referencia en ámbito del conocimiento, que debieran convertirse en pauta y modelo de buenas prácticas para el resto de las instituciones.

El contenido de cada tipo de información es el que se indica a continuación:

En el apartado “1. Información general”, se ha de publicar la información geográfica e histórica de la Universidad. Por el contrario, el tipo “2. Estructura organizativa”, contiene la información sobre las funciones de la institución, su estructura organizativa, incluyendo el organigrama actualizado y los perfiles o trayectorias profesionales de los miembros de los órganos de gobierno. Por esta razón, es el tipo de información que más categorías tiene, hasta 18.

En la información normativa, el título 3 de la ficha de evaluación, las universidades tienen la obligación de publicar la información sobre la normativa aplicable, como las directrices, instrucciones, circulares o consultas respondidas que tengan efectos jurídicos. De la misma forma, serán públicos los proyectos y expedientes normativos.

El tipo de información “4. Plan estratégico” agrupa las categorías de misión, los planes anuales y plurianuales de actividades y los plazos requeridos para su consecución, y de la misma forma, los programas anuales y plurianuales. La planificación estratégica de las universidades ha de verse reflejada en este punto.

También se tienen que publicar en el tipo “5. Resultados” las conclusiones de las auditorías externas que cada año pasan tanto la ULL como la ULPGC, además de los indicadores empleados y la valoración del grado de cumplimiento de los planes y programas.

En el tipo de información “6. Información económica” se incluye la publicación de los contratos de obras, suministros y servicios, sean mayores o menores, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Los convenios suscritos, las encomiendas de gestión y las subcontrataciones han de estar igualmente a la vista pública.

Dentro de la información económica, es de obligado cumplimiento publicar la información presupuestaria. Ha de especificarse de forma actualizada y comprensible el estado de ejecución de los presupuestos y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, junto con las cuentas anuales de las universidades.

Asimismo, se debe informar de las retribuciones percibidas por los altos cargos y máximos responsables de las entidades anualmente y sobre las indemnizaciones recibidas en caso de abandono del cargo.

Para completar la información económica, ha de presentarse la información estadística, relación de bienes e inmuebles de la Universidad y las subvenciones y ayudas concedidas.

En el tipo de información “7. Recursos humanos” tienen que aparecer las resoluciones de compatibilidad del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como sus retribuciones y los procesos de selección de este personal.

En la información “8. Alumnos”, las universidades públicas canarias han de mostrar el número de alumnos matriculados, especificando el tipo de titulación, de si están en el primer o segundo ciclo académico y de si pertenecen a centros propios o adscritos. También se exige la publicación de los informes de los egresados y el rendimiento académico de los grados, másteres y ciclos.

El último tipo, “9.Servicios de Información”, analiza en tres categorías la publicación de las vías de acceso a la información, ya sea presencial, telefónica u online. Y en una que se exponga la información demandada con mayor frecuencia.

Como complemento a este análisis realizado por los servicios del Comisionado de Transparencia de Canarias, es pertinente mencionar el informe de la Fundación Compromiso y Transparencia sobre la transparencia de las páginas web de las universidades españolas elaborado en 2015.

Su método de análisis consiste en comprobar la publicación de nueve tipos de información diferentes. No siguen de forma estricta los que establece la Ley de Transparencia, sino que inciden en otros a los que el documento legislativo resta importancia, como los indicadores de las áreas de gobierno y los de resultados.

Para distinguir entre cuatro tipos de universidades – transparentes, traslúcidas y opacas -, el estudio incluye, además, un criterio cualitativo: la publicación de los estados financieros y los informes de auditorías. Si una institución quiere ser clasificada como transparente, debe publicar estos indicadores.

Ninguna de las universidades públicas canarias llega a ser conceptuada en el estudio como “transparente”. Ambas son, según este informe, instituciones traslúcidas. Están situadas en un nivel medio-bajo del ranking hecho por la Fundación Compromiso y Transparencia; lugar en el que se encuentran la mayoría de instituciones académicas. La ULPGC cumple con 20 de los 26 indicadores y ocupa la posición número 12; junto con las universidades de Girona y de Salamanca. Por su parte, la ULL está en el puesto 15, al mismo nivel de transparencia que la Universidad de Sevilla y la Politécnica de Cartagena, con 16 indicadores publicados.

Las dos universidades canarias tienen claro margen de mejora. La ULPGC podría estar dentro del grupo de transparentes si tuviera a la vista pública los estados financieros y las cuentas anuales actualizadas. Por el contrario, la ULL tendría que hacer un esfuerzo mayor y mostrar también otros indicadores para ascender en el ranking y abandonar el conjunto de traslúcidas.

VI. Comprobación de la publicidad de los contratos menores

Se ha efectuado por el Comisionado la comprobación de todos los portales de transparencia, al objeto de verificar la correcta publicidad de los contratos menores, siendo el resultado el que se incorpora como Tabla 9 del Anexo I de este informe.

Puede concluirse que la información sobre contratos de las administraciones públicas sigue siendo muy insuficiente, ya que las áreas de contratación son por lo general las últimas en incorporarse a la plena gestión electrónica de sus expedientes, lo que facilita su trazabilidad y tratamiento informativo. Dada la desconfianza generalizada que se ha extendido sobre el conjunto de las contrataciones públicas, en el futuro la evaluación de la transparencia en la contratación será una de las auténticas piedra de toque del control de la transparencia; área en la que deberá producirse una colaboración mucho más estrecha entre los órganos garantes del derecho a saber y los órganos auditores de la cuentas públicas.

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, letras a), b) y c) de la LTAIP, se ha procedido a comprobar los siguientes extremos:

• Si se publican los contratos formalizados, y en su caso, si publican o especifican cuales de los contratos son menores
• Datos estadísticos sobre el porcentaje de los contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos.
• Número, importe y porcentaje de contratos menores formalizados trimestralmente.

Los resultados son los que se muestran en los siguientes gráficos:

Del gráfico anterior se puede afirmar que la mayoría de los sujetos obligados publican los contratos adjudicados (86,46%), frente a solo el 13,54% que no lo hace.

El porcentaje anterior desciende al 33,33% de los sujetos, que además de publicar los contratos, publica el porcentaje de los contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos previstos en la normativa de contratación del sector público.

Por último, el porcentaje de los sujetos obligados que publican el número, importe y porcentaje de los contratos menores con periodicidad trimestral desciende hasta el 12,50%, debiendo hacerse un esfuerzo en esta materia.
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VII. Resultados del cuestionario web a las administraciones canarias

Este año se ha incluido como novedad en los requerimientos efectuados por el Comisionado de Transparencia la cumplimentación de un cuestionario web que figura como Anexo II.

El cuestionario se ha estructurado en 58 preguntas distribuidas en cuatro apartados:

a) Identificación del sujeto obligado: preguntas 1 a la 11
b) Regulación y evaluación de la transparencia en la entidad: preguntas 12 a 15.
c) Publicidad activa: peguntas 16 a 47.
d) Derecho de acceso a la información pública: peguntas 48 a 58.

Se emitieron 96 requerimientos para la cumplimentación del cuestionario web y se recibieron 88 contestaciones como se puede observar en el Cuadro 16. Requerimientos y contestaciones.

a. Identificación del sujeto obligado

El resultado de las respuestas a las preguntas relativas a la identificación del sujeto o departamento obligado o responsable dentro de cada institución al cumplimiento de la transparencia de se observa en el siguiente cuadro:

En el mismo se observa que el área directiva al que se encomienda la transparencia se sitúa básicamente en la alcaldía (40,91%). Sin embargo, si este mismo cuadro se desglosa, por un lado, entre Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y cabildos; y, por otro, en Ayuntamientos, los resultados son los siguientes:

Por lo que se observa una diferente estructura entre ambas entidades, de tal forma que tanto la CAC como los cabildos encomiendan la transparencia a un área específica de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana (87,50%), mientras que los ayuntamientos todavía no han desarrollado dicha área (apenas un 7,50%), atribuyéndola a los alcaldes en un 45%. A mayor tamaño de la institución, mayor probabilidad de que se encomiende a un área especializada.

Si este mismo análisis lo hacemos desde la perspectiva de los puestos de trabajo de los empleados públicos que tienen encomendada las materias de transparencia, el resultado que obtenemos es el que se refleja en el cuadro siguiente:

b. Regulación y evaluación de la transparencia en la entidad

Respecto la regulación de la transparencia de la entidad, solamente han aprobado un reglamento, ordenanza o instrucción en materia de transparencia y acceso a la información pública el 25% de las entidades objeto de informe, según el siguiente detalle:

Respecto a la evaluación de la transparencia, el artículo 12 de la Ley 12/2014 establece la obligatoriedad de efectuar un informe anual para evaluar el grado de cumplimiento de la Ley. El contenido del citado informe fue establecido mediante orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 10 de junio de 2016, por la que se determina el contenido del informe sobre el grado de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de transparencia y de acceso a la información pública (BOC 118, de 21.6.2016).

En cumplimiento del citado mandato legal, con fecha 10 de marzo de 2017, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ha elaborado su Memoria relativa al cumplimento de las obligaciones de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del resto del sector público autonómico, que se incorpora en este informe como Anexo V.

Si comparamos el informe-memoria anual del Gobierno de Canarias con las obligaciones que el propio Ejecutivo se impuso en 2016 en la citada orden de 10 de junio de 2016 para confeccionar ese documento, se aprecia que la memoria no incluye toda la información sobre publicidad activa que se prescribe en el artículo 4.2 de la Orden:

a) Si ha sido elaborada, publicada y actualizada la información que debe hacerse pública en el Portal de Transparencia
b) Si se ha publicado y actualizado en la página web o sede electrónica del departamento, organismo entidades empresarial, sociedad mercantil, etc. la información específica de su organización y actividad
c) Si se ha hecho pública en el Portal de Transparencia la información cuyo acceso se ha solicitado con mayor frecuencia
d) Si la información ha sido publicada en formatos abiertos y reutilizables.

El informe-memoria cumple con lo determinado en la letra a) de la Orden relacionando las URL de los enlaces de la información al Portal de Transparencia, así como la periodicidad de actualización de la información.

La letra b) no se ha llevado a efecto, ya que no se indica nada sobre el sector público autonómico y de las letras c) y d), tampoco se expresa nada en el informe sobre su publicación en el Portal de Transparencia.

Por último, no se exponen los motivos que han impedido o dificultado el cumplimiento total de los puntos anteriores, como exige el citado precepto.

Respecto al derecho de acceso a la información pública (artículo 4.3 de la orden), la Memoria se ajusta a la Orden citada en lo relativo a la estadística del número de solicitudes presentadas, desagregadas por consejerías y organismos vinculados o dependientes, por tipo de información solicitada así como los motivos de inadmisión y desestimación, pero no informa sobre la relación concreta y nominal de las preguntas realizadas por los ciudadanos; información solicitada por el Comisionado de Transparencia que resulta muy relevante para -como establece la ley- actualizar los contenidos del Portal de Transparencia con los temas más interesantes para la ciudadanía. Como ocurre en los ámbitos insular y local, no hay un adecuado conocimiento en las instancias centrales de cada organización sobre cómo cada departamento, consejería o concejalía está respondiendo a las solicitudes de acceso a la información. Y ese sistema interno de información es muy importante para el adecuado despliegue de la Ley de Transparencia.

Respecto a la situación de cada uno de los sujetos obligados en relación con la emisión de la memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el resultado del cuestionario es el siguiente:

En resumen, se puede observar que solo 9 de los 88 sujetos obligados que respondieron al Comisionado elaboraron la memoria o el informe anual que exige la Ley 12/2014, esto es el 10,23% de los mismos, no cumpliendo con la obligación legal de evaluar el grado de aplicación de la Ley de Transparencia el 89,77%.
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c. Publicidad activa

Respecto a la publicidad activa, los portales de transparencia ya han sido analizados en el capítulo correspondiente, por lo que no se estudian en este punto.

De los 83 sujetos obligados que han contestado en el cuestionario web que disponen de portal de transparencia, se observa que apenas la mitad de los portales (en concreto, 42 portales) se estructuran de conformidad con la sistemática o rúbricas de la Ley de Transparencia canaria, mientras que 57 portales se estructuran siguiendo los indicadores de Transparencia Internacional.

Por lo que se refiere a los contratistas que desarrollan los portales de Transparencia, los datos que se han obtenido del cuestionario web son los siguientes:

Se observa que dos contratistas Galileo Ingeniería y Servicios y Espublico concentran casi tres cuartas partes de los portales de transparencia, fundamentalmente entre los ayuntamientos.

Por otra parte, de las 76 respuestas obtenidas a la pregunta de si en el portal de la entidad existe un enlace a la web del Comisionado de Transparencia para facilitar la interposición de reclamaciones, se comprueba que solo en 9 portales se hace referencia a éste; todo ello conforme al detalle del siguiente cuadro:

Por lo que se refiere a la información que las entidades facilitan sobre el Comisionado de Transparencia, los resultados que se obtienen son los siguientes:

Por tanto, solo el 11,84% de los Portales de Transparencia están vinculados con el Portal del Comisionado de Transparencia de Canarias, por lo que se limita la información sobre los que este órgano puede aportar a los ciudadanos y empresas para la realización de consultas o para garantizar su derecho a saber.

Respecto al sistema de medición del tráfico en el portal de transparencia, de las respuestas obtenidas se construye el siguiente cuadro:

Del cuadro anterior se observa que solo el 25% de los Portales cuenta con un sistema de medición del tráfico, mientras que en el 75% restante no se conoce ni el número de visitas, ni las páginas visitadas, llegando a la conclusión de que en general se desconoce qué información le interesa a los ciudadanos cuando visitan los portales.

Respecto a la información que facilitan los sujetos obligados por la LTAIP sobre la propia LTAIP, las respuestas han sido las del siguiente cuadro:

Del cuadro anterior se constata que solo el 20,45% de los portales informan de la Ley canaria de Transparencia, siendo necesario una mayor divulgación por parte de los sujetos obligados sobre la misma.

d. Derecho de acceso a la información pública

Respecto a las preguntas del cuestionario relativas al derecho de acceso a la información pública y a la existencia de un formulario en los portales para hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso y poder formular fácilmente solicitudes de acceso, las contestaciones fueron las siguientes:

En conclusión, solo el 22,73% de los obligados a la ley de transparencia facilita a sus ciudadanos mediante un modelo de solicitud el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En relación a la forma en que los ciudadanos pueden presentar sus solicitudes de acceso, ya sea presencial o telemáticamente, las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

El 69,32% de los sujetos obligados por la Ley de transparencia que respondieron al Comisionado permiten la presentación indistintamente por el canal presencial o en sede electrónica, mientras que en 27 portales (el 30,68% del total) solo se permite la presentación de la solicitud de derecho de acceso en papel por registro de entrada.

Por lo que se refiere a la información a los ciudadanos para reclamar ante el Comisionado de Transparencia, los resultados son los siguientes:

En solo seis portales se informa del derecho que tienen los ciudadanos a reclamar las denegaciones de acceso a la información ante el Comisionado de Transparencia, un 7,89%.

En relación al pie de recurso de las resoluciones que resuelven los procedimientos de acceso a la información pública, los datos son los siguientes:

Solo el 28,41% de los sujetos obligados que respondieron al cuestionario informan sobre la posibilidad de reclamar ante el Comisionado en las resoluciones que ponen término a los procedimientos de acceso a la información pública. En conclusión, el 71,59% de las entidades públicas no informan a sus ciudadanos de una vía importante de defensa de sus derechos de acceso a la información pública, como es el acceso a la reclamación ante el Comisionado de Transparencia.

Por lo que se refiere a la existencia de una norma reglamentaria (resolución, instrucción o circular) que regule la tramitación interna de las respuestas a las solicitudes de acceso, las respuestas fueron las siguientes:

Se aprecia que solo 12 de las instituciones que respondieron al cuestionario han dictado una resolución, instrucción u ordenanza que regule la forma en que se tramitan las respuestas, lo que en parte justifica la falta control existente sobre las solicitudes de acceso, llegando incluso a desconocer cuántas se han presentado.

Por lo que se refiere a las estadísticas sobre las preguntas más sencillas, no las de acceso a la información pública, que reciben los sujetos obligados, las respuestas han sido las del cuadro siguiente:

Del cuadro anterior se desprende que, de los 88 sujetos obligados que contestaron al Comisionado de Transparencia en 2016, sólo 8 disponen de estadísticas sobre las preguntas que no son de acceso a la información pública; esto es, las preguntas más sencillas que pueden hacer los ciudadanos a los sujetos obligados a transparencia. De estos 8 sujetos obligados, los ayuntamientos de Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, Santa Brígida y San Miguel de Abona y el Cabildo de La Palma realizan estadísticas de atención presencial; el Ayuntamiento de Adeje dispone de estadísticas de atención presencial, telefónica y vía web o por correo electrónico; el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna cuenta con estadísticas de atención presencial y vía web o por correo electrónico; y el Ayuntamiento de Arona lleva a cabo estadísticas de atención telefónica y vía web o por correo electrónico.

Por lo tanto, el 90,91% de los sujetos obligados a la ley de transparencia no disponen de información estadística sobre lo que los ciudadanos preguntan, lo cual no deja de ser preocupante a la hora de prestar los servicios públicos.

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