Velar por la transparencia es una tarea compleja y costosa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estatal lo ha demostrado desde 2015, gastando más de 60.000 euros en servicios jurídicos para afrontar las demandas de diversas instituciones y entidades públicas que preferían demandar al Consejo antes que cumplir con las solicitudes de los ciudadanos.

Un coste que, como el propio organismo comenta en sus memorias anuales, se podía ahorrar si dichas instituciones hubieran publicado desde el principio la información solicitada y cumplieran con las obligaciones de la Ley de transparencia. Pero este problema no es exclusivo del Consejo estatal, ya que el cumplimiento de las normas de transparencia por parte de entidades regionales y locales tampoco es exhaustivo.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, su Ley de transparencia entró en vigor en enero de 2015 y creó el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública para fomentar, analizar, controlar y proteger el derecho de los ciudadanos canarios a saber qué hacen sus instituciones públicas. Así que, en 2016, el Comisionado realizó su primera evaluación de las entidades principales que forman parte del Gobierno regional, de los siete cabildos y más de 80 ayuntamientos, pero ese año solo rindieron cuentas 37 entidades públicas de 96.

La representante de Dyntra destaca del sistema canario “la buena comunicación en relación a las evaluaciones” como uno de los puntos positivos, así como el laborioso trabajo que hay detrás de la revisión de cada uno de los informes de evaluación, donde se reporta punto por punto qué información está pendiente de mejora.

Asimismo, la Unidad Responsable de Información Pública del Servicio Canario de la Salud (URIP-SCS) afirma que esta metodología les permite detectar los puntos débiles para mejorarlos porque evalúa los distintos componentes que intervienen en la transparencia de la actividad pública: “esto explica que cada año la mayoría de las entidades mejoren o mantengan una determinada puntuación”, indican desde la entidad evaluada.

 

La importancia de evaluar cada mismo periodo de tiempo

Asimismo, la periodicidad de las evaluaciones, que se realizan sin excepción anualmente, sirve de aliciente para que “no se olvide el compromiso de cumplimiento”. Un elemento que el propio Cerdán ha destacado: “Si tuviera que pensar y definir algunos elementos que han podido hacernos caminar bien, el primero sería el haber hecho todos los años, isla por isla, antes de la pandemia, sesiones formativas a todos los operadores públicos”.

Según los expertos consultados, no solo basta con tener una buena norma sobre transparencia, sino que resulta igualmente necesario someterla a control. En este sentido, Gómez, de Dyntra, señala que otras áreas del Gobierno Abierto como es la reutilización de datos, si no está sometida a evaluación se toma menos en serio por muchas Administraciones públicas y termina siendo una de las cuestiones “olvidadas”.

“Cuando no existe un sistema de control, las Administraciones, que ya tienen un gran número de exigencias y cambios durante los últimos años, tienden a dejar desatendidas algunas normativas, pese a su carácter obligatorio”, señala Gómez.

Por otra parte, la evaluación anual tiene cierto “efecto emulador” entre las entidades y eso las impulsa también hacia la mejora colectiva. Gracias a las notas de excelentes, notables, aprobados rasos y suspensos, las instituciones y entidades canarias empezaron a copiar a quienes lo hacían bien, porque la lista de notas es publicada en la prensa canaria y ninguna quería figurar en los últimos lugares.

Desde el Servicio Canario de la Salud afirman que las evaluaciones anuales suponen “un proceso de mejora constante en el que no solo las Administraciones públicas, sino el sector privado obligado, se comprometen a mantener o superar su transparencia efectiva a través de la nota obtenida en el Índice de Transparencia de Canarias”.

En el índice de puntuaciones se puede ver que en 2018 la nota media de las entidades públicas era un escaso aprobado -un 5,27- y desde entonces ha ido mejorando hasta alcanzar un notable en 2023 -7,8-. Las otras entidades, como las corporaciones de derecho público y las entidades privadas subvencionadas, se han sumado a la autoevaluación a partir de 2019 y sus notas medias todavía son mejorables, ya que en el caso de las primeras apenas superan el aprobado -6,4- y las privadas ni siquiera lo alcanzan, aunque por poco -4,5-.

En muchos casos, se debe a que las entidades no conocían sus obligaciones y, gracias a los correos del Comisionado Canario se enteraron de que debían tener información sobre sus ayudas públicas en la web, por este motivo a partir de 2020 y 2021 se observa ese éxito en la respuesta de más de 300 entidades públicas y más de 2.700 entidades privadas que recibieron ayudas públicas para responder a la crisis del Covid-19.

 

No es una foto, se trata de progresar adecuadamente

En 2015, cuando comenzaron a hacerse las primeras evaluaciones, el Comisionado no disponía de la herramienta informática y los cuestionarios se rellenaban con tablas de Excel y debían enviarse por correo electrónico.

A partir de 2017, se produce el despegue de la autoevaluación al desarrollarse la aplicación T-Canaria y desde entonces, cada año ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a más de 3.300 entidades evaluadas en 2022.

Esta labor ha merecido el reconocimiento de la sociedad civil con el Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad por el “modelo de evaluación de las instituciones públicas” del Comisionado canario. Según explica Loredana Stan, directora de la Fundación NovaGob, cuyo objetivo es impulsar la innovación pública, estos galardones se conceden tras un proceso de selección donde la fundación no interviene, ya que las candidaturas aceptadas pasan a ser directamente votadas por la comunidad y, en algunos ejes, las tres que han obtenido más respaldo son evaluadas por un jurado independiente, como sucedió con la candidatura del Comisionado de Canarias.

Posteriormente, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en 2021 también le otorgó el Accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 por el desarrollo de la herramienta informática T-Canaria, que ha demostrado ser clave para extender la rendición de cuentas a todas las entidades canarias.

No obstante, Cerdán señala que lo “más complicado es haber armado un compromiso y una lealtad mutua entre las entidades llamadas a evaluarse y el equipo del Comisionado de Transparencia”, y eso lo han conseguido despertando la confianza de las entidades evaluadas cuando han podido comprobar que el Comisionado es una institución neutral y que el cálculo de las notas es absolutamente objetivo.

Desde la Unidad de Información del Servicio Canario de Salud señalan que las claves del éxito del sistema canario es que mide el rendimiento en materia de transparencia y hace públicos los resultados con el listado de entidades cumplidoras e incumplidoras, consiguiendo así una mayor implicación por la transparencia.

Actualmente, comunidades como Murcia y Navarra han extrapolado el sistema canario de autoevaluación y otras están estudiando su adaptación, ya que la metodología está disponible para cualquier institución y solo necesita adaptar el mapa de obligaciones a las características de las entidades de cada comunidad y sus normativas.

A nivel estatal, el modelo de evaluación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es parecido al canario, pero se diferencia en que no cuenta con el soporte colaborativo de la herramienta informática. Al realizarse la evaluación manualmente llegan a menos sujetos y, además, tienen un universo de evaluación mucho más grande, por lo que les resulta imposible tener un índice global que refleje el comportamiento de todo el sistema completo cada año.

Por otra parte, Gómez de Dyntra señala algunos puntos ciegos del sistema de autoevaluación canario, ya que considera que fomenta el cumplimiento de la transparencia sin tener en cuenta la perspectiva del ciudadano y no fiscaliza la veracidad de los datos publicados. Además, considera que se valora el esfuerzo en el momento de la evaluación y la mayoría de los ítems solo se actualizan para el momento de la nota: “Se olvida que la transparencia es un esfuerzo permanente por parte de las Administraciones”, afirma Gómez.

Cabe recordar que hay entidades canarias incumplidoras con la transparencia y en estos casos Cerdán explica que donde suelen fallar es en el cumplimiento de “la transparencia reactiva”, es decir, en las respuestas a las solicitudes de información de los ciudadanos y es ahí donde el nivel de cumplimiento es menor.

De cara al futuro, el Comisionado prevé que se mantendrá el alto nivel de autoevaluación, observando el aumento progresivo de entidades que cada año se someten al T-Canaria y, sobre todo, porque señalan como factor determinante el esfuerzo conjunto del Comisionado con más de 3.200 personas que en el último año (2022) se han dedicado a divulgar y formar sobre la Ley de transparencia a los operadores que se incorporan a la evaluación, fundamentalmente en empresas y entidades sin ánimo de lucro que reciben ayudas públicas, pero que todavía no conocen bien sus obligaciones informativas.

“No creo que se rebaje el nivel de cumplimiento porque nadie quiere dar pasos atrás cuando ha conseguido un nivel y ha logrado mantenerse durante años; además, la formación que ya tienen las más de 3.200 entidades que se autoevalúan, les supone que cada año cuesta menos realizarla y les supondrá menos esfuerzo mantener los portales de transparencia actualizados”, concluye Cerdán.