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En su cuarta edición anual, hasta el momento 661 entidades públicas y privadas han presentado su autoevaluación de transparencia a través de la sede electrónica del Comisionado, frente a los 278 registradas el año anterior; es decir, se han incrementado un 137 % a pesar de las limitaciones impuestas a todos por el teletrabajo. Se calcula así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y a 224 de sus 238 entidades dependientes (a más del 95 % de las mismas).

El modelo de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias ha sido incluido desde marzo en el Banco de Innovación de las Administraciones Públicas del INAP.

El Banco de Innovación de las Administraciones Públicas del INAP se autodefine como un repositorio de las buenas prácticas en las administraciones públicas: recursos generados por el equipo de expertos del INAP, siguiendo una metodología específica para la detección y documentación de buenas prácticas en las AAPP. Es el tercer reconocimiento obtenido en los últimos doce meses por el ITCanarias, después de los premios que le concedieron la red de innovación pública novagob.org y la Fundación Compromiso y Transparencia.

Han participado este año en el proceso de autoevaluación 915 funcionarios y trabajadores de entidades subvencionadas por el Ejecutivo autonómico, que han generado en la aplicación T-Canaria alrededor de 1.700.000 datos con lo que se puede determinar automáticamente mediante un algoritmo propio el mayor o menor grado de avance de transparencia activa de cada sujeto obligado. «Nada de nada hubiéramos podido avanzar sin la colaboración de esos más de 900 funcionarios y personas colaboradoras con las que contactamos cada año, a los que estamos muy agradecidos» -señala el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán-. «Esta vez hemos tenido que hacerlo a través de videotutoriales y seminarios web en nuestro canal de YouTube, ante la imposibilidad de realizar reuniones presenciales. Y las cifras nos demuestran que es el camino del futuro, el método que el año próximo permitirá al órgano garante de la transparencia en Canarias llegar a más de 1.300 sujetos obligados, al incorporar a todas las entidades subvencionadas por los cabildos y ayuntamientos, a las que las leyes de transparencia les exigen rendir cuentas».

El forzado teletrabajo desde que en marzo se inició la pandemia no ha impedido a las administraciones y a las entidades colaboradoras mejorar notablemente su nivel de cumplimiento. En el ejercicio anterior se presentaron 278 autoevaluaciones de transparencia, de los 340 sujetos públicos obligados a hacerlo. En esta evaluación se han presentado hasta el momento 322 declaraciones de las 336 obligadas en este nuevo ejercicio (varias entidades han sido dadas de baja por estar en proceso de liquidación).

Si el año pasado hubo 62 incumplidores de las 340 organizaciones públicas citadas (un 18 % del total) este año se han reducido a 14 de las 336 (apenas un 4 % del total). Se confirma así cada año una progresión positiva del conjunto de sujetos obligados, que mejoran sus portales de transparencia para no aparecer en mala posición en el ITCanarias.

En este ejercicio, el Comisionado de Transparencia ha añadido al censo de entidades sujetas a la evaluación a las 489 empresas, ONGs y entidades privadas que recibieron más de 60.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias en 2019, y a las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales, sobre todo) de la Comunidad Autónoma. Y así, el censo de entidades para la evaluación de la transparencia ha pasado de 340 instituciones del año pasado a 891 para el presente año. En los últimos meses ha iniciado una nueva línea trabajo sobre la transparencia en las páginas webs públicas sobre el COVID-19; con la que se ha logrado que todas las 98 instituciones canarias cuenten cómo han informado sobre el tema en sus webs públicas.

⇒ Anteriores noticias con más información sobre el tema:

• El día 18 de mayo se abre el plazo para la autoevaluación de transparencia de las instituciones canarias
• 497 entidades recibieron más de 60.000 € cada una del Gobierno de Canarias en 2019
• Comienza la evaluación de la transparencia de las 98 instituciones canarias sobre el COVID-19
• El modelo de evaluación de la Transparencia de Canarias (ITCanarias) recoge dos premios nacionales en el mes de octubre

⇒ Repositorio de herramientas de Evaluación

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El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, calificó este jueves la transparencia como una herramienta disuasoria “muy eficaz contra la corrupción pública”, durante su intervención en las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, celebradas en el Parlamento de Canarias con la organización del Comisionado de Transparencia.

Amorós Dorta abrió la sesión de clausura con la ponencia Balance de la Ley de Transparencia y perspectivas de futuro. Durante su exposición, hizo un resumen del primer quinquenio de esta norma durante el que se han realizado “21.000 solicitudes de acceso a información y cinco millones de accesos al portal de publicidad activa, aunque no es cierto –matizó— que la transparencia en España empezara en esa época, ya que existían normas sectoriales”.

“En ese balance quisiera destacar la fortaleza de la implantación de la Transparencia en España y, en ese sentido, hay motivos para ser optimistas porque en estos cinco años se ha conseguido que la transparencia se haya hecho presente en todas las administraciones y se trata de un aspecto que incide directamente en la actividad y en la cultura administrativa”, afirmó Amorós.

El presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, Jesús Colás Tena, habló de La Transparencia en la contratación pública, afirmando que la transparencia en la contratación pública resulta “fundamental y básica”, aunque tiene el inconveniente de que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) es “muy extensa”, pese a que a realiza una apuesta por la transparencia incluso desde su preámbulo.

A su vez, Agustí Cerrillo Martínez, catedrático de Derecho Administrativo de la UOC y experto en Administración Electrónica, Transparencia e Integridad Pública, tomó la palabra para desvelar ¿Cómo abrir las cajas negras de las Administraciones Públicas? La garantía de la transparencia en el uso de los algoritmos. Así, explicó que en el sector público se tiende hacia un nuevo paradigma de gestión denominado gobernanza inteligente, basado en el uso intensivo y en el análisis de la información para la satisfacción del interés general”.

Frente al reto que representa el uso de la inteligencia artificial respecto de los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, Cerrillo expuso que las administraciones públicas deberían “documentar el uso de estos algoritmos, aprobar formalmente su uso y publicar esta información; dar a conocer el código fuente de los algoritmos; y ofrecer garantías de su funcionamiento adecuado, a través de mecanismos de control y declaraciones de conformidad de los algoritmos”.

Agustí Cerrillo volvió a hacer uso de la palabra para exponer los resultados del estudio de investigación titulado Configuración legal, actuación y funciones de las autoridades de transparencia, en la que el ponente, Isaac Martín Delgado y Emilio Guichot Reina ofrecieron diferentes propuestas de mejora en esta materia.

Le siguió en el turno de palabra Elisabet Samarra, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, que habló sobre Casuística en reclamaciones: subvenciones a los grupos políticos municipales, fincas exentas de IBI y transparencia de estudios e informes.

Sobre las fincas exentas de IBI y el deber de reserva de acceso a la información, expuso que “entendemos que la información tributaria, por el mero hecho de tener ese carácter, no debe quedar fuera del alcanza de la Ley de Transparencia”. Y respecto de la transparencia de estudios e informes, adelantó que, a corto plazo, “no bastará con ofrecer la información contractual que se estaba dando hasta ahora, sino que ahora deberá incluirse el estudio y el informe en sí mismos”, dijo Samarra.

Juan Luis Beltrán Aguirre, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, habló sobre Sanidad y transparencia, en particular en la política del medicamento, recordando que una evaluación del Servicio Navarro de Salud realizada en julio de este año estableció que no era transparente, “con un cumplimiento medio del 49%”. No obstante, precisó que el estudio solo tuvo en cuenta criterios cuantitativos. “Si se hubieran estudiado también aspectos cualitativos, los resultados hubieran sido diferentes”, dijo.

José Nuño, secretario técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), intervino con la ponencia Buenas prácticas más destacadas en la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana y proyectos de futuro.

Antes precisó que la red, conformada por 242 entidades locales y 20 socios colaboradores, tiene entre sus objetivos promover las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local.

Nuño dio a conocer los resultados de un estudio entre sus miembros que puso de manifiesto que, en materia de publicidad activa, “se acortan las distancias entre los ayuntamientos en función de la población del municipio. En derecho de acceso a la información —continuó— sigue existiendo un déficit entre la ciudadanía, que desconoce la existencia de este derecho”. Y en materia de datos abiertos, recordó que “solo los grandes y medianos ayuntamientos conocen y aplican las recomendaciones”.

Balance de los comisionados

Los comisionados de distintas comunidades, o sus representantes presentes en la sesión de este jueves, subieron al escenario para dar su opinión sobre las perspectivas de futuro de las autoridades garantes de la transparencia.

Javier Amorós manifestó que “sería necesario que estuviéramos los recursos adecuados y necesarios para poder sancionar los incumplimientos de las resoluciones”. Y Enrique Gavira, subdirector del Consejero de Transparencia de Andalucía, dijo que “somos agentes de autoridad inmersos en un proceso lento, pero que lleva un paso firme”.

Por su parte, Elisabet Samarra, destacó “la dramática falta de medios que estamos sufriendo, lo que nos limita mucho nuestra capacidad de actuación”. En sentido contrario, Ana Isabel Beltrán, secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón, explicó que “aunque no tenemos personal, entre dos personas resolvemos todas las reclamaciones y estamos orgullosos de nuestro trabajo porque lo hacemos de forma altruista”.

Mientras, Juan Luis Beltrán apostó por la profesionalización de los consejos para que ejerciten sus funciones y apoyó, además, que los consejos tengan “capacidad sancionadora”.

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Las I Jornadas Canarias de Transparencia Digital y Derecho de Acceso, que acoge el Parlamento de Canarias, cerraron su primer día de trabajo con un foro en el que el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, recordó que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza”

Abrió la sesión vespertina de este miércoles una exposición de varios representantes del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, organizador de la actividad, explicando datos del Informe Anual 2018 de esta institución.

María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, abordó las reclamaciones efectuadas durante el pasado año a este organismo en función del tipo de información. A la cabeza se situaron las relacionadas con el patrimonio, con 97, seguidas de otras temáticas como contratos (66), ordenación del territorio (33) o empleo en el sector público (30).

Natalia del Castillo, periodista del Comisionado de Transparencia, explicó el número de reclamaciones efectuadas a la institución. Han pasado de 18 en 2015 a 355 en 2018, lo que supone una ratio por cien mil habitantes de 0,9 frente a 16,7. En este índice, Canarias está por encima de comunidades como Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana.

Mientras, José María Vázquez, jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia y Acceso a la Información, explicó el peso por el tipo de entidades objetivo de este proceso. Así, la Comunidad Autónoma pasó de 7,69 en 2016 al 9,04 en 2018; los cabildos, del 3,85 al 7,39, los ayuntamientos del 3,03 al 5,16. Por último, las procedentes de universidades pasaron del 5,26 al 5,53 en 2018.

Por su parte, Clara Rodríguez, matemática adscrita a la institución, ofreció información relativa a la evaluación sobre los tipos de información obligatoria, es decir, la que se publica en la web correspondiente, en los que la comunidad autónoma y los cabildos ofrecen buenos muy niveles. Los ayuntamientos, por el contrario, tienen mucho margen de mejora.

Rodríguez también ofreció algunos indicadores sobre cómo se podría mejorar la puntuación en el apartado de las obligaciones, entre los que citó “revisar periódicamente la información y dejar constancia de ello en el portal de transparencia; publicar la fecha de los documentos y de la actualización de manera visible; publicar la no existencia de información; proporcionar la información en varios formatos, y cuando se publique información a través de otra plataforma, suministrar los parámetros para que los resultados se muestren directamente”.

Transparencia y estadística

Gonzalo Rodríguez López, director general del Instituto Canario de Estadística (Istac), intervino con la ponencia La estadística Publica al Servicio de la Transparencia, en la que ofreció diferentes reflexiones sobre el aporte de la institución que dirige en los requerimientos de la transparencia. Para ello habló sobre principios y valores de la estadística publica, afirmando que “las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática que proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental”.

También hizo mención al Plan Estadístico de Canarias como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística pública de la comunidad autónomas, en el que aparecen diferentes operaciones ligadas a la transparencia. Así, hizo referencia a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para señalar que, en relación al papel de la estadística oficial, “las labores de auditoria tendrían que estar a cargo de agentes externos que deben ser órganos independientes” con autoridad pública y competencia estadística.

Foro de transparencia

La sesión de tarde finalizó con el Foro Transparencia, Rendición de Cuentas y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que intervinieron Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias; Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; y Alejandro Rodríguez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias.

Matos manifestó su satisfacción por haber logrado hacer coincidir este apartado de las jornadas con el Foro Parlamentario, “una iniciativa en la que hemos procurado que, a partir de la puesta en común, este lugar sea un centro de ideas y de pensamiento”.

Por su parte, Rodríguez dijo que “uno nuestros principales objetivos es cumplir con una de las cuestiones más importantes que es la transparencia y la rendición de cuentas, columnas de todo gobierno abierto. En este sentido, —añadió— en el Gobierno de Canarias hemos arrancado con un proyecto ilusionante que enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible basado en la Gobernanza inteligente, en los datos, así como en la transparencia y la evaluación”.

El viceconsejero señaló que cuando hablamos de datos “tenemos que tener en cuenta lo que va a suceder en los próximos años, ya que algunas de las mejores empresas del mundo actualmente solo se dedican a gestionar datos. Debemos tener en cuenta —continuó— que las administraciones públicas son el mayor generador de datos que existe y en torno al 90% de esos dados han sido generados en los últimos años”.

Daniel Cerdán, por su parte, señaló que la rendición de cuentas es “un salto cualitativo en en el camino de la transparencia y una posibilidad para mejorar la gobernanza y para dar pasos hacia el cambio cultural en este sentido”. 

Asimismo, recordó que “existen muchos datos, muy dispersos y que no se aprovechan” y que uno de los retos que tienen las administraciones es “cómo añadir a su gestión las obligaciones de la protección de datos”. En esa línea, sostuvo que “el protector de los datos y el encargado de gestionar la transparencia en las instituciones, a ser posible, deberían compartir la misma unidad orgánica en cualquier organización”.

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El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, aseguró este miércoles, durante la apertura de las I Jornadas Canarias de Transparencia y Derecho de Acceso, que la transparencia debe ser “una herramienta para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”. La intervención antecedió a la entrega de los I Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias en el marco de las I Jornadas de Transparencia y Derecho de Acceso.

La actividad, que se desarrolla hasta mañana en la sede de la cámara regional, está organizada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, cuyo titular, Daniel Cerdán, agradeció el trabajo de todas las personas que “han contribuido a que lleguemos hasta aquí desde la creación de la institución en 2014”.

Las jornadas acogerán, en tres sesiones de trabajo entre miércoles y jueves, a cerca de una veintena de expertos y técnicos en transparencia pública, que hablarán sobre buenas prácticas, autoevaluación, gobernanza de datos o rendición de cuentas, entre otras materias de interés. 

Gustavo Matos explicó que la transparencia es “un compromiso, una cultura que, con el paso del tiempo, a muy buena velocidad, la hemos ido adquiriendo y respetando hasta el punto de que hoy por hoy somos referentes en esta materia a nivel nacional y europeo”, dijo.

En el acto de apertura también intervinieron el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito.

La entrega de los Premios de Excelencia a la Transparencia Digital en Canarias reconoció, en su primera edición, las 86 instituciones y empresas públicas de las Islas que han obtenido una puntuación superior a 7 (en una escala de 1 a 10) en el Índice ITCanarias, que mide el grado de cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

La primera sesión de trabajo de las Jornadas consistió en ocho micro presentaciones a cargo de responsables de transparencia activa de instituciones canarias. Así, Raquel Oliva Quintero, secretaria general del Ayuntamiento de Los Realejos, aseguró no tener “ningún secreto” para haber contribuido a que su institución se situase entre las mejores en el ITCanarias 2018. “Simplemente, hemos seguido las directrices marcadas, hemos analizado en qué habíamos fallado en años anteriores y en qué podríamos mejorar este año”, dijo.

Mercedes Cejudo Rodríguez, directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aseguró, en la misma línea, que lo más importante es “tener el apoyo de un buen equipo y nosotros contamos con una unidad de modernización del ayuntamiento que son los encargados de reunir todos los datos”.

Mientras, Manuel Pérez, director general de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reveló que “ser muy pesado es la herramienta fundamental en este proceso”. Y Rafael Cedrés, técnico del servicio de Nuevas Tecnologías de Consorcio de Tributos de Tenerife, apuntó al objetivo de que el destinatario de esta información pública sea “el ciudadano. Para mantener la buena calificación que hemos obtenido hasta ahora estamos automatizando todos los procesos del flujo de información”, abundó.

Albérica García, coordinadora de Transparencia y Participación Ciudadana de la Dirección General de Transparencia del Gobierno de Canarias, indicó que “llegar al punto donde nos encontramos ha sido el trabajo de un equipo consolidado de personas y entidades que trabajan de forma colaborativa”. Por su lado, Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife, explicó que “partimos de una calificación de 0,7 y nos planteamos qué hacer a partir de ese punto […] Entre las cosas que nos quedan —aclaró— es hacer entendibles los datos para los ciudadanos y explicarles que se trata de datos abiertos”.

María Gladis Pajes, miembro de la URIP del Servicio Canario de Salud, aseguró que “el trabajo realizado tiene valor por todo el equipo que hay detrás”. Cerró las presentaciones Michael Baso Contreras, técnico informático del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, que dijo que el éxito, en su caso, “ha sido por la insistencia del comisionado. Puesto que para nosotros es complicado poner a una sola persona en esta materia, hemos decidido trabajar en equipo”.

Las jornadas continuaron con la ponencia Aplicación para la autoevaluación de la transparencia en España y en Canarias, que estuvo a cargo de Clara Rodríguez, matemática del Comisionado del Transparencia de Canarias. Explicó “cómo, por qué y a quién evaluar”, mientras que José María Vázquez, jefe del servicio de Evaluación y Control de la Transparencia del Comisionado de Transparencia de Canarias, explicó las fases de aplicación del proceso de evaluación, aclarando que se trata de un proceso “que se puede realizar tanto con el mapa de las obligaciones de la ley canaria, como en la estatal o cualquier otra ley de transparencia”.

A continuación, María Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia de Canarias habló sobre Balance sobre derecho de acceso a la información en Canarias, mientras que David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, disertó sobre Gobernanza inteligente basada en datos.

El programa matinal de las Jornadas se cerró con la presentación del Código de Transparencia y Acceso a la Información, obra del jurista José Miguel Hernández López. Se trata del cuarto volumen publicado en España sobre esta materia y que tendrá un acceso libre del repositorio digital del BOE. El comisionado Daniel Cerdán y el consejero regional de Administraciones Públicas, Julio Pérez, celebraron la oportunidad y calidad del libro.

Enlace a fotos de la jornada:

https://www.flickr.com/photos/parlamentodecanarias/albums/72157711972072021/page1

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El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, ha presentado esta mañana su informe anual de transparencia correspondiente al ejercicio 2018, al presidente del Parlamento de Canarias Gustavo Matos Expósito. Se trata del cuarto informe del Comisionado de Transparencia en cumplimiento de su obligación de elaborar anualmente un informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. En este, se recogen los datos tanto del derecho de acceso a la información pública de Canarias y de las reclamaciones recibidas por el Comisionado de Transparencia, como de los resultados en la evaluación de portales de transparencia con respecto al cumplimiento de la publicidad activa, que conforman el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias).

Daniel Cerdán ha destacado la singularidad de este Índice, que se ha ido desarrollando en los últimos tres años. Su elaboración es posible “no solo –dijo- gracias al pequeño equipo del Comisionado sino también a la colaboración de los más de 400 empleados públicos de todas las administraciones canarias y sus entidades dependientes que cargan y se autoevalúan en la herramienta T-Canaria, la cual les permite conocer cómo están cumpliendo con la publicidad activa, mejorar la información en los portales de transparencia, presentar su declaración, ver su nota provisional, presentar alegaciones y finalmente obtener una nota verificada por el Comisionado de Transparencia”.

El modelo de evaluación de la transparencia “ha llegado a configurar, lo que yo creo que ya, tres años después, podemos decir que es la principal evaluación de una política en la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, no hay ninguna otra política como la de transparencia que tenga una evaluación anual, permanente, consecutiva en tres años y que alcance a prácticamente el 80 %, no de las instituciones, sino también de las entidades dependientes de ellas”, señaló Daniel Cerdán.

Con respecto a los resultados de la evaluación, la nota media del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de 2018 de las 98 instituciones de las islas (ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades) es 5,36 puntos frente al 5,47 de 2017; y en 2016 apenas llegaba al 3,14.

La mayoría de las entidades han mejorado sus portales de transparencia entre 2016 y 2018 al realizar la autoevaluación y rendir cuentas ante el Comisionado de Transparencia, no obstante, se advierte un muy leve retroceso entre el año 2017 y 2018 en el ámbito municipal. Las puntuaciones la Comunidad Autónoma y de los cabildos insulares mejoraron sus niveles de transparencia, mientras que la media de los ayuntamientos se redujo ligeramente en 17 centésimas (de un 5,33 a un 5,16). Este descenso de la media es debido en primer lugar a la coincidencia de la autoevaluación con las elecciones municipales. Además, las administraciones locales dedicaron más tiempo a poner en marcha los portales de sus entidades dependientes que a actualizar los suyos propios. En 2017 se cargaron 111 portales de entidades dependientes y en el ejercicio de 2018 aumentaron muy notablemente, hasta 180, además de las 98 instituciones principales. Por último, todavía existen al menos 24 ayuntamientos con puntuaciones por debajo del 3, que siguen sin tomarse en serio la transparencia activa y arrastran hacia abajo la media municipal regional.

Media de las 98 instituciones principales de Canarias

El conjunto de los 278 sujetos evaluados, entre instituciones principales y entidades dependientes, ha alcanzado una nota media superior al 5, concretamente 5,27 en 2018 frente al 5,03 en 2017.

Únicamente 62 entidades públicas del total de las 340 existentes en Canarias no presentaron su declaración de transparencia, por lo que quedan reflejadas en el informe de 2018 del Comisionado de Transparencia como incumplidoras, con el principal objetivo de estimularlas a cumplir sus obligaciones en esta materia en el ejercicio anual siguiente.

– Acceso al Informe anual de Evaluación del Cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias 2018

– El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, recibe el Informe Anual del Comisionado de Transparencia de manos de Daniel Cerdán

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El modelo de evaluación de las instituciones públicas (ITCanarias) del Comisionado de Transparencia recibió el «Premio NovaGob Excelencia 2019 al buen gobierno e integridad»; y en nombre del equipo lo recogieron su titular, Daniel Cerdán, y el jefe de servicio de Evaluación, José María Vázquez.

Y hace dos semanas obtuvo en Madrid el reconocimiento como una de las diez mejores prácticas de transparencia y buen gobierno del año 2018, tanto en España como en América Latina; entregado por la Fundación Compromiso Empresarial y Telefónica.

 

 

El modelo de evaluación de los portales de transparencia de las 341 instituciones y entidades públicas canarias (ITCANARIAS) ha sido desarrollado por el Comisionado de Transparencia, órgano independiente vinculado al Parlamento de Canarias; y se lleva a cabo mediante la colaboración de más de 400 funcionarios del Archipiélago a través de una aplicación telemática propia, «T-Canaria», para presentar la «declaración de transparencia» en su sede electrónica: https://sede.transparenciacanarias.org/publico/evaluacion

 

En su comunicado, Novagob, la mayor red social de profesionales de la administración pública de España e Iberoamérica, donde comparten conocimiento y experiencia más de ocho mil empleados públicos, señala que «la fundación quiere visibilizar y reconocer las iniciativas más innovadoras y con mayor impacto para transformar la Administración pública y prestar servicios de valor a la ciudadanía». Y en esta edición «los Premios se han destacado en mayor medida si cabe por la alta participación de la comunidad de innovadoras e innovadores del sector público de Iberoamérica, que a través de la Red Social NovaGob han elegido con sus más de 2.500 votos emitidos las candidaturas finalistas que pasarían a Jurado de entre las 57 postuladas inicialmente».

 

«En realidad, el reconocimiento lo es también a los casi 400 empleados públicos (la mayoría de ayuntamientos) de todas las instituciones canarias y de sus entidades dependientes que han colaborado con nosotros en la carga de su autoevaluación y rendición de cuentas de la «transparencia sobre la transparencia». Sin ellos no hubiera sido posible el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y mejora determinados con las leyes», añade el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán. «La continuidad de las evaluaciones que comenzamos a realizar en 2016 y que pueden apreciarse en nuestros informes anuales ha producido una muy evidente y demostrable mejora en la transparencia activa del conjunto de los portales canarios, los únicos auditados al completo en el país. Otra cosa más difícil de medir y de impulsar es la transparencia pasiva, el derecho de acceso a la información solicitada por los ciudadanos, en el que los cambios culturales que se necesitan en todo el país son más lentos».

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