– Daniel Cerdán hace balance de sus nueve años como alto comisionado del derecho ciudadano a acceder a la información pública

– Noelia García lo sustituirá en el cargo el 8 de mayo

En la década de los 80 del pasado siglo era periodista, con posterioridad fue 20 años la sombra de Adán Martín tanto en el Cabildo tinerfeño como en el Gobierno canario y, desde 2015, es el alto representante del Parlamento que defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública de las administraciones. Cuando llegó al cargo existía la nada y ahora deja una institución que fue premiada por el Estado.

En mayo de 2015 usted llega a una institución que no existía. ¿Cómo fue ese desembarco en lo desconocido?

Pues llegué a un despacho vacío que el Parlamento me facilitó y comienzo a recabar reclamaciones de los ciudadanos a los que las administraciones no les había contestado. Como éramos absolutamente desconocidos, en aquel año solo recibimos 18 y ya el año siguiente fueron 80. Empezamos a preparar lo que ha sido la singularidad de este Comisionado, que es la evaluación. Pero al principio no tenía a nadie, fiché a un jefe de servicio, que fue Pedro Pacheco, que fue tan bueno que me lo quitaron, como yo digo siempre en broma, para presidir la Audiencia de Cuentas, y allí sigue. Y así es como empezamos a andar.

Y de ahí a conformar una institución que ha sido reconocida y premiada por el Gobierno de España.

Sí, es cierto. El entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, nos hizo entrega del accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020 a nuestra herramienta telemática T-Canaria, que es con la que elaboramos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias). Y aunque no es un premio, también estamos orgullosos de que el Ministerio de Hacienda haya hecho suya la otra aplicación que creamos, la que llamamos Evalúa-T. Con ella, quisimos poner en marcha una herramienta accesible a los ciudadanos como una forma de estímulo a la transparencia participativa, a través de un software libre que puede ser reutilizado por cualquiera en España y en todo el mundo. El Ministerio nos pidió poder usarla y lo están haciendo.

¿Y la ciudadanía está usando esa aplicación?

La verdad es que no hay mucho activismo, pero yo siempre digo que la Ley de Transparencia convierte a todos los ciudadanos en periodistas y a todos los periodistas les da una herramienta electrónica fácil y gratuita para preguntar. Es cierto que los políticos no responderán en dos días, pero permite acceder a una información exclusiva que no se obtiene en una rueda de prensa. También pueden ir a los portales de transparencia, donde hay un montón ingente de información que, sin embargo, no se explota.

Por lo que dice, a la vez que han ido instando a la ciudadanía a usar su derecho a recibir información pública han tenido que enseñar a las administraciones a ser transparentes.

Sí, entre otras cosas porque todas las leyes tardan en conocerse y en aplicarse y, sobre todo, si no hay nadie que lo vaya recordando pues, en general los poderes públicos, los funcionarios, tienen otras cosas que hacer y si alguien preguntaba por escrito a una administración, le aplicaban el silencio administrativo, que es lo que menos cuesta y funciona como una negativa de facto. Y la gente no iba más allá porque tenía que gastarse dinero en abogados y esperar dos años a tener una sentencia. Cuando España, último país grande de la Unión Europea en hacerlo, aprueba su ley de transparencia, cambia el chip en las administraciones españolas. El ciudadano, de una manera muy rápida, sobre todo ahora con las sedes electrónicas, y sin ningún costo, pasado un mes de no haber sido respondido puede presentar una reclamación y en tres meses obtener una resolución a su reclamación, que es ejecutiva.

Entonces, ¿el Comisionado de Transparencia o la transparencia funcionan como el adversario que se enfrenta al silencio administrativo?

Sí, en realidad sí. No está mal vista esa apreciación. Es, diríamos, el correctivo del silencio administrativo.

Pero no es suficiente ¿no? Lo digo porque ha propuesto que una futura Ley del Comisionado incluya la capacidad de imponer multas coercitivas.

En la evaluación permanentemente, año tras año, los datos demuestran que no regalamos la nota y suspendemos cuando tenemos que suspender y eso ha hecho que las administraciones vayan mejorando porque a ningún ayuntamiento, a ningún cabildo ni a ninguna consejería del Gobierno les interesa aparecer en los medios de comunicación como denegadores de información a un ciudadano. Dicho esto, en un grupo de trabajo a nivel nacional, porque esto no es una ocurrencia mía, se sugirió lo de poder multar, y esa posibilidad, que ya se ejerce en Navarra, la incluí en el último informe anual.

A los políticos se les llena la boca de transparencia, ¿pero son transparentes realmente?

Bueno, yo creo que va por barrios. Hay instituciones que se resisten a entregar la información y otras que no. Por ejemplo, en el mandato pasado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue el más incumplidor, porque se negó sistemáticamente a entregar información a una concejala de Ciudadanos. Lo mismo pasó con la Consejería de Transición Ecológica respecto a la diputada Nereida Calero o con el Servicio Canario de Salud (SCS). Fuimos muy incisivos, muy persistentes en esos casos y debo decir que ahora esas situaciones se han revertido.

Ahora que se han puesto de moda las comisiones de investigación, ¿son más transparentes que el comisionado? ¿Sirven para transparentar más o van a servir para embarrar más?

Creo que serían más transparentes si se combinaran los dos mecanismos. Es decir, que cuando hay una sospecha razonable o no sobre comportamientos no adecuados o ilícitos, se debería pedir la documentación y, posteriormente, a la vista de esos datos estar en condiciones de a los comparecientes de las comisiones de investigación hacerles oportunas preguntas aclaratorias a lo que los datos dicen. Por ejemplo, en Canarias los contratos que están ahora en cuestión ya están colgados en la plataforma del comisionado de Transparencia y podrían haberlos consultado desde el año 2021, pero no lo hicieron ni los diputados ni los periodistas. Es cierto que nosotros no podemos pedir a una administración que nos diga si se vio o no se vio con tal persona u otra, si le llamó por teléfono o no o si realmente cuando hizo esto o aquello lo que pretendía era hacer otra cosa. Eso es tarea de las comisiones de investigación.

¿Le he entendido que todos los contratos de la época de la pandemia pueden ser consultados en la web del comisionado de Transparencia?

Cuando surgió la pandemia nos pareció, como no había en ninguna de las leyes que se contemplara a qué estaban obligadas a hacer las instituciones en una situación tan excepcional, pasamos a nuestro cuestionario de los índices de transparencia anuales, en paralelo, un cuestionario específico para que las administraciones nos contaran cómo estaban informando de lo que estaban haciendo, tanto en reparto de medicamentos, analíticas, reparto de mascarillas y contratos. Y más que lo que estaban haciendo, qué cosas estaban publicando. En función de eso elaboramos un documento, que lo tenemos colgado en la web en el que aparecen ahí todos los contratos. Ahí están y cualquier investigador, cualquier diputado, cualquier periodista, cualquier particular pudo tirar de esa información. Todo el mundo fue a analizar el informe anual y nadie se interesó por el otro informe. Ahí están todos los contratos de la parte dura de la pandemia, que fue de marzo a septiembre, que era cuando las administraciones estaban contratando sin seguir ningún procedimiento. Hicimos ese esfuerzo, lo pusimos en la web desde entonces y al libre acceso de quien quiera entrar. Sin embargo, nadie lo hizo.

Noticia reproducida de: https://www.laprovincia.es/canarias/2024/04/20/comisionado-transparencia-canarias-contratos-pandemia-101333907.html

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Entrevista a Daniel Cerdán en La Provincia por Flora Marimón

El 80% de las instituciones canarias incumple la Ley de Transparencia. ¿Por qué es tan elevado el dato?

Lo que no llegan es al mínimo que podía esperarse. Hemos creado un Índice de Transparencia en Canarias, el primero que se hace en una autonomía, y hemos tratado de determinar diferentes exigencias tanto para el Gobierno y cabildos como para ayuntamientos grandes de más de 20.000 habitantes, y hemos encontrado que solo están llegando al mínimo, y fundamentalmente el resto no llega porque han entendido que cumplir con la Ley de Transparencia es abrir simplemente un portal. Y no es solo abrir un portal sino mantenerlo y actualizarlo con los datos que exige la norma, y eso cuesta tiempo y esfuerzo, y mientras no sientan una presión popular de mayor de demanda de los ciudadanos, las instituciones seguirán siendo poco transparentes.

¿Por qué los ciudadanos no presionan más? ¿Creen que no les van a contestar si piden información?

Es curioso. No presionan más porque no está en nuestra cultura canaria y española preguntar. De pequeños siempre se solía decir que es de mala educación preguntar, y parece que molestas si preguntas a tu alcalde o a tu concejal cosas delicadas. Pero si los ciudadanos no son exigentes la transparencia no se va a mover. Eso por una parte, pero es aún más difícil de entender por qué los profesionales de la pregunta, que son los periodistas, no lo utilizan más. Es cierto que tienen otras vías históricas, que son los gabinetes de prensa , pero también es cierto que esto les da más garantías porque aunque es un poco más lento, pues las instituciones tiene un mes de plazo para responder, tienen más garantías de que por esta vía se les responda, pero sin embargo no se quejan cuando buscan un dato que, en teoría, debería estar en el Portal de Transparencia y no está.

Es posible que no sepan cómo funciona, en general.

Puede ser, pero estoy seguro de que va evolucionar con el tiempo, aunque dependerá de que esa cultura cambie más rápido o menos rápido, porque la gente cuando aprecie todas la ventajas que suponen estos nuevos derechos de acceso a la información y que son relativamente rápidos los usarán más, porque si las administraciones no contestan en un mes pueden elevar un trámite gratuito ante el Comisionado, que genera una resolución ejecutiva para que respondan.

¿Cuáles son las cuestiones que las instituciones están dejando de poner en sus portales?

Fundamentalmente, y son temas que vamos a vigilar, es bastante escasa la información que ponen sobre planes y programas, y es un apartado de la ley que es muy claro, pues se indica que expliciten qué es lo que quieren hacer al principio de la legislatura para que la gente pueda saberlo y para que al final de una legislatura los ciudadanos puedan contrastar y ver en qué medida lo que dijeron que se iba a hacer, se ha ido haciendo y se ha hecho y, por lo tanto, la transparencia se convierta en una pieza fundamental para la rendición de cuentas. Luego, tampoco hay muy buena información ni muy accesible sobre contratos. Y esperamos en el próximo año poner especial atención sobre cómo las instituciones informan sobre su contratación. Esos dos temas son claramente mejorables en los portales de transparencia. A pesar de que la gente, en un primer momento, lo que iba era a mirar los sueldos de los políticos porque era la novedad ahora son estas cuestiones, como los contratos fundamentalmente.

¿Y qué preguntan sobre los contratos?

Pues de la contratación de múltiples servicios de las administraciones. Este tipo de información es la que ocupa más la atención de los ciudadanos y entidades.

El Gobierno tiene buena nota en transparencia, un 7,69 sobre diez, pero ¿bajaría si se contabilizaran las entidades dependientes del Ejecutivo?

El Gobierno ha hecho sus deberes iniciales en el Portal de la Transparencia, si bien en el primer año de la ley prácticamente hicimos una constatación de que las instituciones empezaron a aplicarla y tenían portal de transparencia; en el segundo año -2016- hemos elevado el listón de medida entendiendo que ya habían tenido más tiempo de aplicación de la ley y en esa elevación de listón ha habido algunas instituciones que han llegado al mínimo, entre ellas, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en materia de portales de transparencia, porque, digamos, hemos colocado un listón bastante accesible. El año que viene elevaremos más el listón y analizaremos mucha parte de la información obligada del Gobierno que está en el segundo nivel, como empresas y entes vinculados al Ejecutivo. Este año no lo hemos podido ver, entre otras cosas por nuestra ausencia de medios.

¿Qué medios tienen?

Dos funcionarios técnicos y un auxiliar y queremos medir el año que viene a todas las entidades dependientes del Gobierno, cabildos y de los ayuntamientos, al menos las más importantes, que son 81 del Gobierno, más de 60 de los dos cabildos principales y el resto, hasta 394, del conjunto de las administraciones canarias. Y en el caso del Gobierno, en el ámbito de la instituciones dependientes la transparencia no es tan alta. Por lo tanto, si hubiéramos tenido medios para hacer el análisis también de las 81 entidades del Gobierno posiblemente esa nota hubiera sido más baja.

Si están incumpliendo en general la Ley de Transparencia ¿es que no se la están tomando en serio?

Lo que ocurre es que como no sienten la presión ni de los medios ni de la población pues, evidentemente, los cargos públicos van atender con los recursos limitados que tienen allí donde hay demanda, no solo donde la ley obliga. La transparencia ha estado en la agenda política de este país en los últimos tiempos como elemento de regeneración democrática y ha habido un primer intento de decir: empiezo a cumplir y abro mi portal de transparencia para que no me penalicen en Transparencia Internacional o el Comisionado… Vamos, para no aparecer mal en la foto, pero una vez hecho esto, ahora hacen falta unos medios que no siempre están dispuestos a poner y, a veces, es solo cuestión de organización de trabajo.

¿Es Canarias una comunidad transparente con respecto a otras?

En estos momentos hay tres comunidades autónomas en las que se conozca una evaluación global de la transparencia, que son Cataluña, Canarias y Castilla-León, que ha hecho también un intento de medición, pero no se está midiendo casi la transparencia en las comunidades autónomas y, menos, con un sistema homogéneo, por lo tanto, no las podemos comparar. Se está pendiente de implementar un sistema homogéneo de medición, que lo ha encargado el Consejo de Transparencia español. Por tanto, ahora no hay herramientas para comparar entre comunidades.

¿Qué tipo de reclamaciones recibe?

En el año 2015 hemos tenido 18, el año pasado 91 y este año posiblemente vamos a llegar a las 300, y ya le decía antes que las reclamaciones son, fundamentalmente, en contratos de la administración de todo tipo. La gente quiere saber bien sobre contratos particulares o bien sobre lo que la administración ha contratado en alguna materia concreta.

¿Y le dan la información al final?

De las que hemos resuelto, 72 fueron favorables a los ciudadanos y de esas ha habido dos instituciones que han empezado a recurrir. Estos recursos se van a sustanciar ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al considerar que somos un órgano parlamentario. Uno de los que han recurrido al Comisionado porque no quiere entregar una información importante sobre un contrato es el Consorcio de Aguas de Lanzarote. Es un tema sensible, y es evidente que las administraciones se van a a tener que acostumbrar a trabajar dando más información a quien se la pida.

¿Los ayuntamientos pequeños son los que más dificultades tienen para ser transparentes?

Hay ayuntamientos como Fasnia, Frontera, Güímar, Arico, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Valverde, Tuineje y Santiago del Teide que, a pesar de ser pequeños, han hecho su esfuerzo y están mejor que muchos grandes. En el lado contrario hay mucho ayuntamiento que no se ha movido, como en municipios de La Palma. No siempre el ser pequeño te lleva a cumplir mal las obligaciones.

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